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  1. 1. Lunes, 24 Enero 2011En una carta abierta enviada al vicepresidente, Angelino Garzón, el director de la fundación HumanRights Watch, José Miguel Vivanco, señala los graves problemas de derechos humanos que estápadeciendo Colombia.En la carta Vivanco le dice a Garzón que “esperamos poder debatir esos temas”.Vivanco reconoce que es positivo el hecho de que el gobierno de Juan Manuel Santos promueva unaley “para restituir tierras a personas desplazadas y reparar a las víctimas de abusos cometidos poragentes del estado”, así como el respeto que ha mostrado por el equilibrio de los poderes públicos.No obstante, Vivanco hace un recuento de los índices de violencia. Por ejemplo, aduce que segúncifras oficiales el año pasado en Colombia se cometieron más homicidios que en todos los añosdespués de 2005. “Las 38 masacres ocurridas entre enero y noviembre de 2010 representan unincremento del 41 por ciento respecto del mismo período del año anterior”, agrega la comunicación.El director de HRW alerta que en Colombia continúa los homicidios de sindicalistas y defensores dederechos humanos; y la impunidad. Esta es la carta enviada por Vivanco al vicepresidente AngelinoGarzón.Washington, D.C. – 20 de enero de 2011Angelino GarzónVicepresidenteVicepresidencia de la República de ColombiaBogotá, ColombiaDe mi mayor consideración:Con motivo de su próxima visita a Washington, tengo el honor de dirigirme a V.E. con el fin de llamarsu atención sobre algunos problemas urgentes de derechos humanos que enfrenta Colombia.Esperamos poder debatir estos temas con V.E. y continuar el diálogo constructivo que iniciamosdurante nuestro viaje a Bogotá en octubre pasado.Desde que el Dr. Juan Manuel Santos asumió la presidencia, el gobierno ha impulsado importantesiniciativas de derechos humanos, como el proyecto de ley para restituir tierras a personasdesplazadas y reparar a las víctimas de abusos cometidos por agentes del estado. Consideramospositivo el respeto mostrado por el gobierno del Dr. Santos por la independencia del poder judicial ysus declaraciones públicas de apoyo al trabajo realizado por defensores de derechos humanos, lo
  2. 2. cual demuestra un cambio respecto de la postura del gobierno anterior. No obstante, seguramentecoincidirá con nosotros en que Colombia continúa enfrentando graves problemas de derechoshumanos que requieren que el gobierno actual adopte medidas contundentes para abordarlos.Durante su visita a Washington, quisiéramos compartir nuestra preocupación ante la persistencia degraves abusos en Colombia y recomendar diversas medidas concretas que podría adoptar elgobierno para responder a estos problemas, entre los cuales se incluyen:a) El incremento en la cantidad de masacres perpetradas durante 2010, que, según cifras oficiales,superó las cifras totales anuales de cada año después de 2005. Una opción para combatir estoscrímenes atroces podría ser fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría delPueblo, y reformar la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) para asegurar latransparencia de sus decisiones.b) La persistencia de altos índices de asesinatos de sindicalistas y la impunidad generalizada deestos crímenes. A fin de obtener verdad y justicia en los casos de crímenes contra sindicalistas,recomendamos a V.E. que inste a la Fiscal General de la Nación, Dra. Viviane Morales Hoyos, quienrecientemente asumió su puesto, a que modifique la metodología deficiente empleada por la fiscalíaen la investigación de asesinatos de sindicalistas.c) Los continuos asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, en especiallíderes de desplazados que exigen la restitución de tierras. Recomendamos respetuosamente quedefina e implemente una política de protección que garantice la seguridad de las personasdesplazadas que reclaman su derecho a la restitución de tierras, así como de las familias que estánen proceso de regresar a las tierras despojadas.Masacres en aumentoDurante 2010, el número de masacres perpetradas en Colombia fue superior al registrado encualquier año después de 2005, cuando comenzó el proceso de Justicia y Paz. Las 38 masacresocurridas entre enero y noviembre de 2010 representan un incremento del 41 por ciento respecto delmismo período del año anterior. Como señalamos en nuestro informe Herederos de los Paramilitares(publicado en febrero de 2010), los grupos sucesores del paramilitarismo, que surgieron a partir deldeficiente proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son uno delos principales responsables de estas atrocidades.Cuando nos reunimos con usted y el Presidente Santos en octubre, consideramos alentador sucompromiso expreso de combatir a estos grupos que el gobierno denomina ―bandas criminalesemergentes‖ (BACRIM). Reconocemos que el gobierno del Dr. Santos ha tomado medidas positivaspara hacer frente a estos grupos, entre las cuales pueden mencionarse diversos operativos militaresy policiales para capturar a sus presuntos líderes.No obstante, a la luz de la persistencia histórica que han tenido los paramilitares, la extensión de susredes delictivas y el poder político y económico que han acumulado, creemos que el gobierno del Dr.Santos debe tomar medidas adicionales para desarticular a estos grupos. Esto incluye asegurar quelas autoridades investiguen y juzguen con eficacia a funcionarios contra quienes pesen denunciascreíbles de que han tolerado a estos grupos o colaborado con ellos.Una medida concreta que permitiría proteger inmediatamente a civiles frente a ataques de grupossucesores del paramilitarismo consiste en garantizar fondos suficientes para que la Defensoría delPueblo amplíe el funcionamiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT). El SAT cumple un rolfundamental en el monitoreo de los riesgos que representan los grupos armados para la población
  3. 3. civil y la preparación de ―informes de riesgo‖ que promueven medidas para prevenir abusos. Losanalistas regionales del programa son, a menudo, los primeros funcionarios públicos que setrasladan hasta zonas remotas donde viven civiles que están bajo la amenaza de un ataqueinminente. Por ello, es importante que el SAT tenga fondos suficientes para asegurar una presenciaefectiva de estos analistas en regiones donde los grupos armados cometen abusos.A su vez, la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) debería ser reformada a fin degarantizar la transparencia de sus decisiones. La comisión está a cargo de evaluar los informes deriesgo del SAT y determinar si corresponde recomendar al Ministro del Interior y Justicia que emitauna ―alerta temprana‖ y las recomendaciones correspondientes para que las autoridades adoptenmedidas preventivas. Esta transparencia asegurará que la comisión rinda cuentas por las decisionesadoptadas. El Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas – que funcionaba anteriormente enlugar de la comisión – ha sido criticado por no adoptar, en varias ocasiones, las medidascorrespondientes como consecuencia de informes de riesgo alarmantes, en algunos casos conconsecuencias fatales. Por último, al margen de que los grupos sucesores se denominen bandascriminales o paramilitares, la comisión debería recomendar que se emitan alertas tempranas cuandoestos grupos estén a punto de cometer abusos.Continúa la violencia contra sindicalistas con impunidadTambién nos preocupan los índices alarmantes de asesinatos de sindicalistas en Colombia, quecontinúa siendo el país con el mayor número de asesinatos de este tipo en todo el mundo. Cuarentay cuatro sindicalistas fueron asesinados en 2010, según la Escuela Nacional Sindical (ENS), la ONGcolombiana líder en el monitoreo de derechos laborales. La gran mayoría de los asesinatos desindicalistas continúan impunes: la subunidad de la Fiscalía General de la Nación dedicada ainvestigar los delitos contra sindicalistas tan sólo investiga el 25 por ciento de los más de 2.800asesinatos de sindicalistas documentados por la ENS desde 1986. Hasta octubre de 2010, de lacantidad limitada de casos de violencia contra sindicalistas investigados por la unidad especializada,sólo en el 15 por ciento se habían dictado condenas, según fuentes oficiales.Quisiéramos llamar su atención específicamente sobre las graves deficiencias en la metodologíaempleada por las autoridades para investigar los hechos de violencia contra sindicalistas. Segúntenemos entendido, los casos de delitos contra sindicalistas estarían siendo investigados de maneraaislada y muchas de las investigaciones se estarían cerrando sin indagar debidamente si lasactividades sindicales de la víctima fueron parte del móvil del crimen. Los casos frecuentementeconcluyen sin que se identifique ni juzgue a todas las personas penalmente responsables,incluyendo aquellas que ordenaron la comisión del crimen.Por ejemplo, en algunos casos, ex paramilitares que rinden versiones libres en el marco del procesode Justicia y Paz han confesado su responsabilidad por el asesinato de un sindicalista, justificándolocomo la muerte de un guerrillero. Cuando la subunidad de la fiscalía especializada en casos deviolencia sindical recibe de la Unidad de Justicia y Paz una copia compulsada con dicha información,en lugar de iniciar una investigación, utiliza esa autoinculpación del ex paramilitar para cerrar el caso,llegando a atribuir la calidad de terrorista a un sindicalista sólo sobre la base de ese testimonio.Estas metodologías de investigación deficientes han permitido la impunidad de casos de violenciacontra sindicalistas. También han propiciado la adopción de conclusiones infundadas sobre lanaturaleza de los asesinatos de sindicalistas, como la idea que se trata simplemente de casosaislados de delincuencia común. Estas interpretaciones sin fundamento no hacen más que agravar elproblema de los asesinatos de sindicalistas en Colombia donde, según la Confederación SindicalInternacional, se produjo el 47 por ciento de los crímenes de este tipo registrados en todo el mundodurante 2009.
  4. 4. Pese a que la impunidad generalizada por la violencia contra sindicalistas ha logrado que en lamayoría de los asesinatos se desconozca quiénes fueron los responsables, las pruebas indican quelos sindicalistas suelen ser víctimas de ataques deliberados por parte de grupos armados, enparticular de paramilitares y sus organizaciones sucesoras. Según la información recabada por laFiscalía General de la Nación y los análisis de la ENS, la mayor parte de los asesinatos habrían sidocometidos por paramilitares, quienes perciben a la actividad sindical como una amenaza para susintereses y estigmatizan a los sindicalistas como colaboradores de la guerrilla. Asimismo, lasamenazas proferidas por grupos sucesores del paramilitarismo contra sindicalistas indican que sonresponsables de muchos de los asesinatos recientes: según la ENS, de las más de 900 amenazasdenunciadas por sindicalistas en 2008 y 2009, 401 habrían provenido de grupos sucesores de losparamilitares.Si bien agentes del Estado son directamente responsables de un porcentaje menor de los asesinatosde sindicalistas, el Estado colombiano no está libre de responsabilidad por estos crímenes. Losgrupos paramilitares, los principales responsables detrás de la violencia contra sindicalistas, hanactuado históricamente—y continúan haciéndolo—con la tolerancia o incluso el apoyo activo demiembros de la fuerza pública. La complicidad del Estado con los paramilitares no se limita a lasfuerzas de seguridad: en los últimos años, se iniciaron investigaciones sobre más de 100congresistas por sus presuntos vínculos con paramilitares. El ex director del servicio de inteligencianacional (DAS) entre 2002 y 2005 está siendo juzgado actualmente por haber proporcionadoinformación a paramilitares sobre sindicalistas y otros líderes sociales que posteriormente fueronasesinados por estos grupos.El nombramiento de la Dra. Viviane Morales Hoyos como nueva Fiscal General de la Naciónrepresenta una oportunidad valiosa para corregir las metodologías deficientes que se utilizan parainvestigar el asesinato de sindicalistas. Le solicitamos respetuosamente que señale estasdeficiencias a la Dra. Morales y la inste a que tome las medidas necesarias para asegurar que losfiscales investiguen el asesinato de sindicalistas como parte de un patrón de delitos que tenga encuenta el sindicato al cual pertenecía la víctima, el período y el lugar en que se produjeron loscrímenes y el contexto de los grupos armados con presencia en la región donde se cometieron loscrímenes. Los fiscales deberían identificar el móvil del crimen e investigar no sólo al autor materialdel asesinato, sino a todas las personas que son penalmente responsables, incluyendo aquellos queordenaron el asesinato. Estas medidas correctivas son indispensables para reducir la impunidad porlos asesinatos de sindicalistas y esclarecer la verdad sobre estos crímenes aberrantes. Ambascondiciones son esenciales también para terminar con los abusos que se cometen actualmente.Asesinatos recurrentes de defensores de derechos humanos y líderes socialesPor último, quisiéramos expresar nuestra preocupación ante los continuos asesinatos de defensoresde derechos humanos y líderes sociales. Nos preocupa especialmente el asesinato de, al menos,siete líderes de desplazados durante 2010, incluido el asesinato de Óscar Maussa en noviembre.Maussa había recibido amenazas de los paramilitares y, en 2006, la Comisión Interamericana deDerechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares en su favor.Valoramos que V.E. haya repudiado públicamente el asesinato de Maussa y exigido a lasautoridades que investiguen el crimen y castiguen a los responsables. Creemos que susdeclaraciones trasmitieron un mensaje clave que el gobierno de Santos no tolerará la violenciacontra personas que exigen la restitución de tierras.No obstante, los asesinatos continúan. Como V.E. sostuvo públicamente, a principios de enero de2011 se encontró el cuerpo del líder de desplazados, José Alfonso Delgado Villamil, en el
  5. 5. departamento de Tolima. La muerte de Villamil se suma a una larga lista de más de 45 líderes degrupos de víctimas que reclamaban la restitución de tierras y fueron asesinados desde 2005. Lasautoridades encontraron el cuerpo de Villamil junto a otros dos miembros de una organización depersonas desplazadas. Todos ellos habrían sido desplazados por paramilitares desde la SierraNevada de Santa Marta.Consideramos sumamente alentador que el gobierno del Dr. Santos incluya como una de susprioridades la restitución de millones de hectáreas de tierras robadas y abandonadas a personasdesplazadas. El éxito de estas iniciativas de restitución de tierras dependerá de la capacidad delgobierno de desarrollar e implementar una política efectiva para prevenir estos asesinatos y de llevara cabo investigaciones serias cuando estos se produzcan.Los profundos problemas de derechos humanos que existen en Colombia desde hace mucho tiempono se resolverán de un día para otro. Sin embargo, teniendo en cuenta la gravedad y urgencia de losmismos y la nueva actitud asumida por el actual gobierno, creemos que la administración delpresidente Santos tiene la posibilidad de mejorar la situación de derechos humanos en el país. Paraello, Colombia deberá reevaluar sus políticas y prácticas en este ámbito, además de considerar laadopción de las propuestas básicas incluidas en esta carta. Esperamos poder mantener un diálogoproductivo sobre estos temas durante su próxima visita a Washington.Aprovecho la oportunidad para expresarle a V.E. los sentimientos de mi más alta consideración yestima.Dr. José Miguel Vivanco

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