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Contencioso salario social
 

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    Contencioso salario social Contencioso salario social Document Transcript

    • X AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE HUELVA Nº. 1. Procedimiento Abreviado 171/2013. Negociado NU DOÑA XXXXXXXXX, Abogada, Col.XXXX con despacho profesional en Huelva, Calle XXXXXXX, Tlfno. XXXX y Fax. XXXXX, actuando en nombre de DON XXXXX, mayor de edad, cuya representación se acredita con DESIGNACION POR TURNO DE OFICIO, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO Que habiendo sido notificado para formalizar la demanda en el plazo de veinte días, por el presente escrito y, de conformidad con el artículo 52 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, formulo demanda que baso en los siguientes HECHOS PRIMERO.- Que DON XXXXXX, PRESENTO SOLICTUD DE ACCESO AL Programa de Solidaridad de los Andaluces, el día 23/04/2012. Que se presento recurso de alzada contra la resolución dictada el 29/05/2012, en el EXPEDIENTE DPHU 551-2012-00017212-1, por la Delegación Provincial de la Consejeria de Salud y Bienestar Social en Huelva, que fue desestimado por resolución de fecha 25/07/2013. SEGUNDO.- Que alega la Administración demandada, que nuestro representado no cumple con los requisitos previstos en el artículo 3.2.Apdo. a del Decreto 2/1999, es decir;
    • “...al no cumplir el solicitante el requisito exigido para entender que constituye una unidad familiar unipersonal a efectos del PROGRAMA DE SOLIDARIDAD DE LOS ANDALUCES, al no vivir solo.”. TERCERO.- Que nuestro representado cierto es que no vive solo como cierto es que lo hace con DOÑA XXXXXXXXX. Que el demandante es padre de un hijo menor, como consta en autos. CUARTO.- Que en una interpretación extensiva de la normativa, del Decreto 2/1999, de 12 de enero de 1999, y de su artículo 3, habría que entender que nos encontramos con una unidad familiar constituida por mi representado y su hijo menor. Para el caso de no considerarse que ello constituya una unidad familiar, en base a lo dispuesto en el artículo 3 2. a), podemos entender que el demandante vive solo. A estos hechos son de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO A) DE DERECHO PROCESAL 1.- Jurisdicción y Competencia. Concurren en el Juzgado al que se dirige este escrito. 2.- Legitimación de las partes. La tiene activa mi representado conforme al arts 18 y 19.1 apartado a) de la Ley 29/1998, por tener interés directo en este procedimiento, al haberle denegado el permiso de residencia y trabajo solicitado en virtud de la resolución que se impugna.
    • La tiene pasiva el Estado en virtud del artículo 21 de la misma norma legal. 3.- Postulación. Al dirigirnos a un órgano unipersonal, el recurrente, conforme dispone el artículo 23.1 de la LJCA, comparece por medio de Letrado quien asume tanto la defensa como la representación de su cliente. 4.- Objeto. Tiene por Objeto la impugnación la Resolución dictada el 25-01-2013, por la DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, DEPENDIENTE DE LA CONSEJERIA DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, por la que se desestima el Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución de fecha 29-05-2012, de la Delegada Provincial de la Consejeria para la Igualdad y Bienestar Social, que denegaba la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los andaluces, solicitada por Don XXXXXX, por lo que considerando que ambas resoluciones resultan contrarias a derecho y atentan a los intereses de esta parte. 5.- Plazo. La presente demanda se interpone dentro del plazo de 20 dias de acuerdo con lo establecido en el art. el art. 52 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. B.- DE DERECHO MATERIAL. 1.- Infracción de los artículos 2.2 y 3.2 a) del Decreto 2/1999, DE 12-01- 1999. 2.- Infracción del artículo 14 de la Constitución Española. Planteamos a este Tribunal la siguiente interrogante.
    • ¿Aquellas personas que vivan y pernocten en albergues, centros de Cruz Roja, casas de acogida, tienen o no derecho a acceder al programa de Solidaridad previsto en el Decreto 2/1999?. ¿Viven solas o lo hacen en compañía de otros? ¿Cabes aplicarles el artículo 3.2.Apdo. a) y por tanto aún teniendo más de 25 años y vivir solas en esos centros no tienen derecho a acceder al programa?. Tal y como se ha manifestado y acreditado el recurrente entendemos que cumple con los requisitos exigidos, pues nos encontraríamos con supuestos total y realmente discriminatorios, desde el momento, que dada la actual situación económica de nuestro país, está proliferando una figura social, como es la de compartir habitación, donde varias personas comparten habitación en una vivienda, no teniendo, otra relación que el espacio físico que comparten, cocina, aseo, terraza o cualquier otro compartimiento común de la vivienda, y no por ello se puede considerar como lo hace la administración recurrida que estas personas NO VIVEN SOLAS, PUES de otro modo, a dichas personas se les estaría excluyendo de cualquier ámbito de protección social, incumpliéndose de este modo uno de los principios que promulga el DECRETO 2/1999, 12 DE ENERO DE 1999, de la Consejeria de Igualdad de Andalucía, pues esta expone en su exposición de motivos que: “La presente norma sigue manteniendo una realidad interdepartamental y pluricompetencial, el esfuerzo es por tanto de varias áreas de la acción del gobierno andaluz, siendo especialmente destacado el papel globalizador y coordinador de la Consejería de Asuntos Sociales en la visión global e integral de todo lo concerniente a la lucha contra la exclusión social. Dentro de este marco, la regulación definitiva de todas las medidas sociales del Gobierno Andaluz, y las incluidas en el Programa de Solidaridad está prevista realizarla en la futura Ley contra la Exclusión Social, cumpliéndose de esta forma el compromiso adquirido y previsto en el calendario legislativo de la Consejería de Asuntos Sociales”. E igualmente se estaría quebrando aquello que el propio DECRETO establece en su artículo 1:
    • “El presente Decreto tiene por objeto regular el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía”. A colación con todo lo anterior no podemos olvidar también que el demandado es padre de un hijo menor de edad a quien, como consta acreditado en el expediente administrativo, debe abonar mensualmente una pensión alimenticia, y que debido a la desgraciada y penosa situación socioeconómica de mi representado, esta provocando no en pocas ocasiones, que el menor no pueda estar asistido por su progenitor no custodio, lo que genera igualmente un estado de MARGINACION Y DESIGUALDAD, en la figura del menor que quebranta los principios de igualdad y no discriminación instaurados en nuestra Carta Magna. Del mismo modo, no considerar que el menor forma parte de la unidad familiar, vulnera lo establecido en los arts 2 y 3 del DECRETO 2/1999. De otra parte, es preciso fijar que nuestro representado, se encuentra en una situación de desigualdad total frente a quienes por sus orígenes familiares y sociales, por su “status” social, económico y familiar pueden permitirse el disponer de una vivienda, en propiedad o en régimen de alquiler, y vivir solos, por lo que hacer una interpretación no extensiva de lo dispuesto en el articulado del Decreto 2/1999, lleva a amparar situaciones de personas que sin necesidad, puedan acceder al Programa de Solidad, marginando y excluyendo a aquel que realmente necesita de esa ayuda de la Administración. Los motivos por los que entendemos vulnerado el artículo 14 CE, concretamente el principio de igualdad, es el dato de que aquella persona, que siendo hijo de un médico, registrador de la propiedad, Notario, Empresario de Multinacional etc tenga más posibilidades de percibir dicha ayuda desde el momento que puede tener mas facilidades de acceder a una vivienda en régimen de alquiler , que aquella persona que por sus orígenes familiares sociales, personales, profesionales al no disponer de capacidad económica, se encuentra vetado a acceder a una vivienda en solitario, encentrándose en la
    • tesitura de tener que compartir habitación de una vivienda con personas con las que realmente no comparte mas que ese espacio físico, quedando por ello fuera del ámbito de protección social. Cuantía: Conforme a lo establecido en el artículo 40.1 LJCA se manifiesta: COMO INDETERMINADA. Costas: Es de aplicación el artículo 139 LJCA , que prevé la imposición de costas a la parte que hubiera actuado con mala fe o temeridad, o cuando de no imponerse el recurso perdería su finalidad legitima. Por lo expuesto, SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito con los documentos adjuntos y copia de todo ello, se sirva admitirlo, y tenga por formalizada, en tiempo y forma DEMANDA de Recurso Contencioso Administrativo contra la Resolución dictada el 25-01-2013, por la DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, por la que se desestima el Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución de fecha 29-05-2012, de la Delegada Provincial de la Consejeria para la Igualdad y Bienestar Social, que denegaba la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los andaluces, solicitada por Don XXXXXXXXX, por lo que considerando que ambas resoluciones resultan contrarias a derecho, y atentan a los intereses de esta parte, se dicte sentencia por la que estimando la presente demandada se revoque las resoluciones y, en consecuencia, se acuerde, por sentencia: 1º.- EL ACCESO AL PROGRMA DE SOLIDARIDAD DE LOS ANDALUCES, REGULADO POR EL DECRETO 2/1999, DE 12 DE ENERO DE 1999, A DON XXXXXXXXX. 2º.- SE OTORGUE A DON XXXXXXXX, las acciones contempladas en el artículo 5 del DECRETO 2/1999, DE 12-1-1999, entre otras El
    • Ingreso Mínimo de Solidaridad, previsto en los arts 5 y 6 del citado Decreto, desde la fecha de presentación de la solicitud el 24—04- 2012. 3º.- Obligando a la administración demandada a estar y pasar por dicha declaración. 4º.- Que se declare contraria a Derecho la actuación de la Administración. En Huelva a 31 de mayo de 2013. OTROSI DIGO, que para el supuesto de disconformidad con los hechos relatados en la demanda se solicita el recibimiento del pleito a prueba al amparo del artículo 60 de la Ley Contenciosa, dejando interesadas las pruebas de las que esta parte intenta valerse, y que aquí se proponen: Documental: para que se tengan por aportados los documentos que acompañan la presente demanda e igualmente sea aportado de contrario el expediente administrativo obrante en su poder, instruyendo a esta parte de su contenido con antelación a la realización de la vista. La documental que se tenga por aporta la presentada con escrito de fecha 19-4-13, consiste en: 1º.- COPIA DE DESIGNACION POR TURNO DE OFICO, Para acreditar la defensa de nuestro representado. 2º.- SOLICITUD DE PROGRAMA DE SOLIDARIDAD. 3º.- RESOLUCION DE FECHA 29-5-2012, objeto de recurso, cuya copia consta en autos de expte administrativo. 4º.- RESOLUCION DE FECHA 25-1-2013, que resuelve el recurso de alzada planteado contra la resolución de fecha 29-5-12, objeto de recurso. 5º.- CERTIFICADO DE NACIMINEO DEL HIJO MENOR DEL DEMADANTE. 6º.- COPIA DE TARJETA DE DEMADANDA DE EMPLEO DEL DEMADANTE.
    • Se dejan designados los archivos de los diferentes organismos a efectos de valor probatorio, así como la posibilidad de aportar prueba en función de las alegaciones de la parte demandada. SEGUNDO OTROSI DIGO, que la cuantía del presente recurso es indeterminada. SUPLICO A LA SALA tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos legales oportunos. TERCERO OTROSÍ DIGO que, amparo de lo dispuesto en el art. 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria, esta parte manifiesta su voluntad de corregir cualquier defecto de carácter procesal en que pudiera haber incurrido. SUPLICO A LA SALA tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos legales oportunos. CUARTO OTROSI DIGO: Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se acuerde que se confiera trámite para la preparación de conclusiones escritas, en el momento procesal que corresponda SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por realizadas las anteriores manifestaciones, se sirva admitirlas, actuando según lo interesado y expresado en las mismas. Por ser Justicia que se pide en fecha y lugar “ut supra”.