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Boletín de Antioquia Visible. Entrevista a Juan Diego Gómez.

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  1. 1. / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / Juliana Toro, Mariana Arrubla, Estefanía Bolívar, Alejandro Cortés, Sara Vélez Zapata, Cindy Suaza Lotero, Kelly Valencia Uribe, María Camila Suárez, María Adelaida López, Laura Fuentes, Andrés Giraldo, María Fernanda Moncada, Felipe Pastrana, Andrés Flórez, Silvia Junca, Claudia Mejía, Juan Pablo Trujillo. Voluntarios: Antioquia Visible Boletín del programa Antioquia Visible Centro de Análisis Político Pregrado en Ciencias Políticas Universidad EAFIT Alejandra Ríos RamírezDirección: antioquiavisible@eafit.edu.co Teléfono: (4) 2619500 Extensiones 9003/9410. Medellín / Colombia septiembre 20135 Volúmen 1, Número 5 Volúmen 1, Número 5 ISSN2248-5864 CONTENIDO 1 - Editorial 2 - Contexto general: Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 3 - Los congresistas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 4 - Proceso de restitución de tierras en el país. 5 - La Consulta Previa: Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 6 - Cara a cara: Entrevista al Representante a la Cámara Juan Diego Gómez. El Boletín No.5 de Antioquia Visible, programa permanente del pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT y adscrito al Centro de Análisis Político de la misma Universidad, ofrece en esta ocasión un examen de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como un intento por analizar una de las leyes más ambiciosas en lo que respecta a la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano. Los lectores podrán encontrar en la publicación los precedentes legislativos inmediatos de lo que hoy es esta normativa nacional. Por ello, abordamos el contexto general de la Ley 1448 de 2011 y, en particular, el capítulo referido a la restitución de tierras como mecanismo de reparación de las personas víctimas del despojo de tierras, abandono o desplazamiento forzado. Y aunque en el trámite del proyecto de ley 107/10 que fue radicado en la Cámara de Representantes el 27 de septiembre de 2010, no participó ningún congresista antioqueño ni como autor ni como ponente, indagamos por su participación, tanto en Cámara de Representantes como en Senado, a través de las votaciones nominales y las abstenciones. Editorial En lo que se refiere al capítulo especial sobre restitución de tierras, el equipo de Antioquia Visible, indagó hasta junio de 2013, cómo iba el proceso de restitución en las zonas más afectadas del país. Antioquia, como sabemos, ha sido uno de los departamentos más golpeados por el abandono, despojo de tierras y desplazamiento forzado. Para complementar el análisis de la problemática sobre la restitución de tierras, decidimos separar un espacio para abordar el mecanismo de la Consulta Previa para el caso de la Ley 1448 de 2011. En este espacio, el lector podrá encontrar un análisis del problemático y doloroso impacto que el conflicto armado ha tenido sobre las comunidades afro, indígenas y rom/gitanos de la nación colombiana. Como parte de la indagación por los precedentes de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Antioquia Visible entrevistó a Juan Diego Gómez, Representante a la Cámara por Antioquia y miembro del Partido Conservador, sobre su participación en el proyecto de ley 22/10 “Por medio de la cual se dictan medidas de protección a las víctimas de la violencia”, con el fin de contrastar el contenido del proyecto de ley que fue acumulado, con la actual Ley 1448 de 2011. Esperamos que esta nueva edición del medio de difusión de Antioquia Visible sirva para comprender, entre otras cosas, la importancia de la relación entre la legislación nacional y las problemáticas regionales y locales, al tiempo que comprender que es por medio del compromiso con los problemas y dificultades locales que la ciudadanía puede demandar eficacia y responsabilidad en la formulación de las leyes que rigen cada una de las regiones de nuestro país. ** AntioquiaVisibleCentrodeAnálisisPolítico-UniversidadEAFIT
  2. 2. Contexto general de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / 2Boletín Antioquia Visible, Vol. 1 N° 4 enero 2013 ISSN: 2248 - 5864 20135 ..................................................................................................................................... / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / 2 septiembre ..................................................................................................................................... ¿Por qué se crea la ley? El conflicto armado colombiano como fenómeno social, prolongado e intensivo, ha dejado un sinnúmero de víctimas a su paso. En respuesta a esta situación, el Estado y la sociedad colombiana se han visto en la obligación de reparar a dichas víctimas con miras a restablecer los derechos que les fueron afectados. La reparación es entonces un mecanismo que pretende impedir que se fecunden potenciales resentimientos que, a largo plazo, se pueden traducir en el retorno a la violencia como medio de resolución de conflictos. En este sentido, el 21 de julio de 2010 se radicó por parte de la bancada del Partido Conservador Colombiano en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley número 22/10 “Por la cual se dictan medidas de protección a las víctimas de la violencia”. Entre los 14 autores del proyecto de ley, figuran 5 Representantes a la Cámara por Antioquia, Nidia Marcela Osorio, Germán Alcides Blanco, Carlos Alberto Zuluaga, Juan Diego Gómez y Juan Carlos Sánchez . El proyecto fue retirado el 6 de octubre del mismo año a petición del Gobierno Nacional, pues este último pretendía tener en cuenta otros factores y componentes que complementaran su propósito, a la vez que articularlo con el nuevo Plan de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para todos”. Posteriormente, el 27 de septiembre de 2010 fue radicado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto de iniciativa mixta que luego se convertiría en la ley 1448 de 2011: “Por la cual se dictan medidas de atención y reparación integral a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Teniendo en cuenta que el proyecto fue de iniciativa mixta, para el capítulo especial de restitución de Encuentre el proyecto en http://bit.ly/14tDtdN Los demás congresistas que participaron en la autoría del proyecto de ley fueron: Gustavo Hernán Puentes Díaz, Heriberto Sanabria Astudillo, Hernando Cárdenas Cardoso, Jorge Hernán Mesa Botero, Oscar Fernando Bravo Realpe, Diela Liliana Benavides Solarte, Julio Eugenio Gallardo Archbold, Diego Alberto Naranjo Escobar, Buenaventura León León. Los congresistas que fueron autores del proyecto de ley son: Armando Benedetti (Partido de la U), José Darío Salazar (Partido Conservador), Juan Fernando Cristo (Partido Liberal), Juan Francisco Lozano (Partido de la U), Guillermo Abel Rivera (Partido Liberal), Fuad Ricardo Char (Partido Cambio Radical). Encuentre el proyecto en http://bit.ly/167LsRM tierras se tuvo en cuenta el trabajo que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio del interior y de Justicia venían adelantando por medio de otro proyecto dedicado específicamente a la restitución de tierras y radicado el 9 de julio de 2010. El 2 de noviembre del mismo año este proyecto fue acumulado y articulado al nuevo que se había construido en conjunto por el Gobierno y el Legislativo. ¿Qué es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras? La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es una herramienta legal que reconoce los daños producidos a los colombianos por el conflicto armado interno. Las víctimas de dicha violencia tienen derecho a saber cuál es la verdad respecto de lo que les sucedió, a que se haga justicia y a obtener una justa reparación . Además, su propósito es establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, tanto de tipo individual como colectivo, en beneficio de las víctimas, en un marco de justicia transicional. Un asunto de suma relevancia es el reconocimiento de la condición de víctima. El artículo 3 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, reconoce como víctimas a quienes a partir del 1º de enero de 1985 y con ocasión del conflicto armado interno, se les hayan violentado sus derechos bajo los estándares del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En el mismo artículo se reconoce como sujetos de derecho de restitución de tierras a quienes fueron desplazados u obligados a abandonar forzosamente sus predios a partir del 1º de enero de 1991 . 20135 ..................................................................................................................................... septiembre ..................................................................................................................................... La justicia transicional busca equilibrar dos valores de gran importancia: la paz y la justicia. Para esto, permite que se otorguen perdones parciales a quienes han par- ticipado como actores en el conflicto armado, pero al mismo tiempo exige que estos reparen a sus víctimas, pidan perdón a la sociedad, y reciban algún tipo de castigo por sus actos. Justicia transicional Encuentre el proyecto en http://bit.ly/13hnkhq El ABC de la Ley de víctimas. Hechos de paz: http://bit.ly/14fl3mV Artículo 1 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras Para una explicación más completa del término “Justicia transicional”, remítase a: http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Transitional-Justice-2009-Spanish.pdf Artículo 3 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 5 1 2 3 4 6 7 8 9 Boletín Antioquia Visible, Vol. 1 N° 5 septiembre 2013 ISSN: 2248 - 5864 1 2 3 4 5 6 8 7 9 o
  3. 3. / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / 3 septiembre 20135 ..................................................................................................................................... Como lo menciona Gerardo Vega Medina, director de la Fundación Forjando Futuros, La ley establece el derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad, las razones y circunstancias en que se cometieron las violaciones a sus derechos, los de sus familiares o seres queridos. Así mismo, establece que los familiares tienen derecho a saber sobre la suerte de la víctima y al esclarecimiento de su paradero en caso de desaparición o fallecimiento. El derecho a la justicia aborda el deber que tiene el Estado de investigar y esclarecer los hechos que dieron lugar a los crímenes, e identificar y sancionar a los responsables. Por reparación integral se debe entender el derecho de las víctimas a ser reparadas por el daño que han sufrido, a través de indemnizaciones económicas, simbólicas y acompañamiento continuo . ¿Qué es la restitución de tierras? Además de brindar asistencia y permitir establecer la verdad de lo que sucedió a todas las víctimas, el Gobierno también asumió el compromiso de restituir las tierras: devolver los predios a las víctimas cuando estos hayan sido despojados o abandonados a causa de la violencia. Como lo mencionamos anteriormente, la restitución de tierras es un capítulo especial dentro de la ley. Su objetivo consiste en tratar el tema de la restitución de la tierra a las víctimas de la violencia, con fines de mejorar las condiciones socioeconómicas de las mismas para que obtengan una vida digna, a través de una justa reparación. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, “Las personas que tienen derecho a la restitución son las propietarias o poseedoras de predios o explotadoras de baldíos que hayan sido o sean víctimas de despojo o abandono forzado de sus tierras a causa del conflicto armado, desde enero de 1991 hasta el 10 de junio de 2021”. La ley no discrimina si las personas han sido víctimas de aban- dono forzado o despojo de tierra, sino que ambas tienen derecho a ser cobijadas por la misma. La restitución se da de dos maneras: por vía judicial o material. La primera permite que las personas adquieran el derecho de propiedad sobre la tierra y que tengan todos sus documentos en regla. Esto es así ya que muchos campesinos o grupos étnicos han adquirido la tierra de manera informal, es decir, mediante la mera palabra o documentos no certifica- dos. Así, luego de esta restitución judicial, la persona se convierte en propietaria. La segunda vía, la material, se refiere a la restitución de los títulos y los derechos de propiedad de las vícti- mas que fueron obligadas a abandonar sus predios o territorios, al igual que al acompañamiento por parte de la Unidad de Restitución para que las mismas retomen sus tierras y vuelvan a establecer la relación que tenían con estas . Es decir, volver a cultivar, arar o llevar a cabo las actividades productivas que realizaban antes de ser despojados u obligados a abandonar su tierra. Ahora, como se enunció anteriormente, la restitución de tierras sólo constituye un aspecto de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La víctima podrá, con tranquilidad, acceder a otro tipo de beneficios que le posibilitarán tener una reparación integral: reclamar la indemnización, rehabilitación, garantías de satis- facción y garantías de no repetición. Para hacer efectivo este derecho, las personas que se consideran víctimas por despojo o abandono forzado deben acudir a alguna de las 17 oficinas de Resti- tución de Tierras presentes en el territorio nacional y realizar el respectivo proceso. 5 ..................................................................................................................................... septiembre ..................................................................................................................................... La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras integra el reconocimiento a las víctimas de agentes del Estado –que antes no eran reconocidas ni reparadas como víctimas–, a víctimas de la guerrilla y a víctimas de las autodefensas. Esta ley establece un capítulo aparte, autónomo, para que se le devuelva la tierra, el predio o la parcela a las personas y los campesinos de todo el país, a quienes se las quitaron con ocasión del conflicto. La ventaja de esta ley es que es autónoma, es una ley dedicada a las víctimas independientemente del uniforme del que causaba el hecho. 10 Entrevista a Gerardo Vega Medina. Encuéntrela en: http://bit.ly/157Ga4X 11 Artículos 23-25 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras Despojo Se da cuando las personas fueron obligadas por grupos armados u oportunistas a vender su predio o territorio, o cuando los títulos de propiedad sobre sus bienes fueron alterados . 12 Cartilla Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. http://bit.ly/179KYeV 13 Entrevista realizada en mayo de 2013 a Leonor Cadavid Restrepo Asesora social de la Unidad de Restitución de Tierras de la ciudad de Medellín: http://bit.ly/1daV04N 14 Entrevista realizada en mayo de 2013 a Leonor Cadavid Restrepo Asesora social de la Unidad de Restitución de Tierras de la ciudad de Medellín: http://bit.ly/1daV04N Boletín Antioquia Visible, Vol. 1 N° 5 septiembre 2013 ISSN: 2248 - 5864 10 11 12 13 14
  4. 4. / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / 4 septiembre 20135 ..................................................................................................................................... Según esta ley, es claro que la reparación debe ir más allá de lo económico. A razón de esto, la ley señala en concordancia con sus objetivos, que se haga una restitución de tierras o una indemnización en caso de que esta primera no sea posible, al igual que un acompañamiento psicológico a las víctimas. ** Los congresistas y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras Luego de 4 debates y aprobada la conciliación en Cámara de Representantes y en Senado, el 10 de junio de 2011 fue sancionada por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, la Ley 1448 de 2011. A partir de esta fecha, las víctimas del conflicto armado colombiano quedaron amparadas por una ley, bajo la cual pueden exigir verdad, justicia, repa- ración y garantías de no repetición. Para hacer efecti- vo el cumplimiento de este mandato legal, el Congreso de la República cuenta con una comisión legal dedicada a realizar seguimiento a la imple- mentación y avances de la Ley de Víctimas y Resti- tución de Tierras. A esta pertenece un miembro de cada uno de los partidos que tienen representación en las comisiones primeras de ambas cámaras; la comisión está conformada por: Senadores: Juan Fernando Cristo (Partido Liberal), Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador), Roy Leonardo Barreras (Partido de la U), Jorge Londoño (Partido Verde), Luis Avellaneda (Partido Polo Democrático Alternativo), Hemel Hurtado (Partido de Integración Nacional). Representantes a la Cámara: Guillermo Rivera (Partido Liberal), Oscar Fernando Bravo (Partido Conservador), Berner Zambrano (Partido de la U), Hernando Alfonso Prada (Partido Verde), Germán Navas Talero (Partido Polo Democrático Alternativo), Fernando de la Peña (Partido de Integración Nacional), Jorge Rozo (Partido Cambio Radical). Como lo señaló el coordinador de esta comisión, Juan Fernando Cristo (Partido Liberal): “la tarea del Congreso de la República no termina con la expedición de la ley. Así, la Comisión tiene como propósito hacer seguimiento al proceso […] con el objeto de contribuir a que el Gobierno acierte en (la) […] implementación (y) busca que dicho proceso responda al espíritu de la ley.” En las discusiones que posibilita la comisión, asisten diferentes actores sociales y gubernamentales, quienes dan cuenta de los avances respecto de la implementación de la ley, a su vez que realizan recomendaciones y aportes para el mejoramiento y adaptación de la misma en los diferentes espacios del territorio nacional. Ahora bien, en lo que se refiere a la participación de los congresistas antioqueños en la formulación de la ley, ninguno de ellos participó como autor de este proyecto y tampoco tuvieron participación en las ponencias del mismo. La intervención de los Senadores y Representantes a la Cámara antioqueños en este proyecto se dio a través de las votaciones. Se debe aclarar que estos congresistas no participaron en todas las votaciones del proyecto, ya que no tenían participación en las comisiones en que se realizó la aprobación del mismo. Gráfica 1 Votaciones de los Congresistas antioqueños en la Ley 1448 5 .......................................................................................................................................................................................................................................................................... Abandono forzado Es la situación en la cual la víctima se ve obligada a dejar sus tierras para proteger su derecho a la vida y el de su familia, razón por la cual se le hace imposible volver a usar y explotar su predio . Está relacionado con el desplazamiento. 15 Cartilla Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. http://bit.ly/179KYeV Boletín Antioquia Visible, Vol. 1 N° 5 septiembre 2013 ISSN: 2248 - 5864 Fuente: Antioquia Visible. Sí Se abstuvo No 337 162 122 15
  5. 5. / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / 5 septiembre 20135 ..................................................................................................................................... En el momento de votar por cada artículo, los congresistas tienen tres posibilidades: la primera es abstenerse de votar, lo cual implica asistir a la sesión pero no ejercer su voto; la segunda posibilidad es apoyar lo propuesto a través del sí, y la tercera oponerse al proyecto con el no. Así, la bancada antioqueña tuvo un total de 162 abstenciones, 337 votos por el sí y 122 por el no en las votaciones que realizaron sobre el proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Gráfica 2 Fuente: Antioquia Visible. Discriminando por cámara, puede verse que del total de las votaciones de los senadores antioqueños hubo: 23 abstenciones, 54 votos por el sí y 17 votaciones por el no. Es importante aclarar que no todos los senadores participaron en la votación del mismo número de artículos, así, el senador Juan Carlos Vélez Uribe (Partido de la U) participó en la votación de 41 artículos, los senadores Gabriel Ignacio Zapata (Partido Conservador), Liliana María Rendón Roldán (Partido Conservador), Germán Darío Hoyos (Partido de la U) y Eugenio Prieto Soto (Partido Liberal) en un total de 11 artículos cada uno, mientras que Olga Lucia Suárez tuvo la menor participación votando solo en 9 del total de artículos. El senador Luis Fernando Duque (Partido Liberal) no participó en el desarrollo de este proyecto ya que en ese momento la curul la ocupaba la ex senadora Amparo Arbeláez Escalante. Gráfica 3 Votaciones Representantes a la Cámara Por otra parte, los Representantes a la Cámara antioqueños participaron en la votación de 31 artículos del proyecto. Donde se destacan 139 abstenciones, 283 votos por el sí y 105 votos por el no. Esta mirada a las votaciones nominales realizadas por los representantes de la región antioqueña, una de las más afectadas en lo que tiene que ver con el tema de abandonos forzados y despojos, nos permite observar que hubo una favorable tendencia de los congresistas antioqueños en cuanto a la apro- bación de la Ley 1448. La mayoría de sus votos estu- vieron dirigidos a la aprobación de los artículos en cuestión, aunque se destacan también las absten- ciones, las cuales constituyen el 26% del total de votaciones. ** Proceso de restitución de tierras a nivel nacional y regional Según las estadísticas presentadas el 4 de febrero de 2013 por la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, en el país se han recibido un total de 32.688 solicitudes de restitución lo que corresponde a 2.368.908 hectáreas. De estas solicitudes, 1.184 ya se encuentran en manos de los jueces esperando el fallo respectivo. Fuente: Antioquia Visible. 5 .......................................................................................................................................................................................................................................................................... Boletín Antioquia Visible, Vol. 1 N° 5 septiembre 2013 ISSN: 2248 - 5864 Votaciones Senadores 16 La exsenadora ocupó la curul hasta el 17 de agosto de 2011, pues la Procuraduría General de la Nación le impuso sanción disciplinaria por celebración indebida de contratos. Sí Se abstuvo No 54 23 17 Sí Se abstuvo No 238 139 105 16
  6. 6. / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / 6 septiembre 20135 ..................................................................................................................................... El departamento antioqueño ha sido una de las zonas más afectadas por el abandono y despojo de tierras. Por esta razón fue priorizado en su totalidad, y dentro del mismo se hizo énfasis en las subregiones del Urabá, Bajo Cauca y el Oriente antioqueño. En el caso del Urabá antioqueño los casos más comunes han sido sobre despojos. Por el contrario, los casos en el Oriente antioqueño se han caracterizado por el abandono de la tierra y el desplazamiento forzado, lo que ha llevado a la tenencia informal de la misma por parte de campesinos u otras personas que se apropiaron del lugar y comenzaron a realizar actividades productivas sin tener escrituras o cualquier otro documento que probara su derecho de propiedad sobre el predio. Mientras tanto, en el Bajo Cauca se han presentado ambas dinámicas con una mayor tendencia hacia el despojo. En Antioquia se cuenta con tres Unidades de Restitución de Tierras. Una de ellas está ubicada en la ciudad de Medellín y atiende todos los casos que no sean de la región de Urabá ni del Bajo Cauca. Para el Urabá se tiene una oficina adscrita en Apartadó y para el Bajo Cauca la oficina se encuentra ubicada en Caucasia. Según la subdirectora nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, Ivonne Moreno, hasta ahora hay 833 solicitudes que se están procesando en Antioquia, de las cuales 575 han sido en el Oriente antioqueño, y las restantes en la subregión de Urabá. De estas 833 solicitudes solo una ha logrado llegar a sentencia para la ejecución de la restitución, la cual se produjo en la subregión del Oriente antioqueño. Cabe mencionar que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras está basada en un principio de gradualidad y progresividad, que se refiere al cumplimiento de las metas y objetivos de la misma en un espacio de 10 años. Por lo tanto, los resultados observados durante un año y medio luego de la sanción de la ley deben ser evaluados desde esta perspectiva, teniendo presente que la mayoría de las Unidades de Restitución comenzaron su funcionamiento pleno hace aproximadamente un año y que el proceso mismo de restitución dura alrededor de diez u once meses. 3 Gráfica 4 Número de solicitudes según año Se debe tener en cuenta que para el inicio del proceso de restitución de tierras, la ley contempla que se prioricen las áreas más afectadas por esta problemática. Así, es en estas zonas donde deben comenzar las intervenciones que, actualmente, se concentran en 12 departamentos: Antioquia, Bolívar, Cesar, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca, Santander y Sucre. A nivel nacional y en junio de 2013, ya se habían restituido más de 13.000 hectáreas, restitución exigida por las sentencias de los organismos judiciales en el marco de la Ley 1448. Según Ivonne Moreno, Subdirectora nacional de la Unidad de Restitución de tierras, este ha sido un avance importante, ya que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no lleva mucho tiempo de haber sido sancionada, y las Unidades de Restitución comenzaron a funcionar hace un año aproximadamente . Las Oficinas o Unidades de Restitución que han recibido un mayor número de solicitudes son las de Bogotá (4.906), la Dirección Nacional (3.442), la de Medellín (2.841) y la de Ibagué (2.599). Por otro lado, las unidades que han presentado un menor número de solicitudes son las oficinas de Mocoa (800), Carmen de Bolívar (693) y Urabá (83) . 5 .......................................................................................................................................................................................................................................................................... Boletín Antioquia Visible, Vol. 1 N° 5 septiembre 2013 ISSN: 2248 - 5864 2012 2011 2013 26,626 4,632 1,430 Fuente: Antioquia Visible. 17 Entrevista realizada a Ivonne Moreno, Subdirectora nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, Mayo de 2013., en: http://bit.ly/1daV04N 18 Para más información al respecto, remitirse a “Solicitudes de ingreso al registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente según el año de registro”, en: http://bit.ly/147uyzo 19 Entrevista realizada a Ivonne Moreno, Subdirectora nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, Mayo de 2013., en: http://bit.ly/1daV04N 17 18 19
  7. 7. / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / 7 septiembre 20135 ..................................................................................................................................... La Consulta Previa para el caso de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras El conflicto armado que vive el país ha afectado principalmente a la población civil , y puede afirmarse que una gran porción de quienes adolecen sus efectos han sido los grupos étnicos. Históricamente, estos grupos no solo han sido víctimas de la vulneración de sus derechos por su condición de minoría, sino que adicionalmente han sido afectados por discriminación social y política, impidiéndoles el acceso a oportunidades básicas de desarrollo como comunidad y como individuos miembros de la nación. En la actualidad, es tal la magnitud del efecto del conflicto sobre estas comunidades, que más de 34 pueblos indígenas están expuestos a una posible extinción; lo propio ocurre con más de 60 comunidades afrodescendientes. Según los investigadores españoles Javier Soledad y Carmen Egea “En el volumen total de población étnica desplazada, la población afro es la que detenta los porcentajes más elevados, situación lógica si se tiene en cuenta que es el grupo más numeroso; así, desde 2001 a 2009 el 73,3% de la población desplazada de origen étnico es afro, el 21,3% indígena y el 5,4% ROM”. Las cifras hablan por sí solas y nos indican que indígenas y afros han sufrido no solo la ausencia del Estado en sus territorios, sino la violencia producida por los grupos en conflicto, tanto por parte de las guerrillas FARC, EPL y ELN, como por grupos paramilitares, bandas criminales, y por la propia fuerza pública. Según el CODHES en su documento 24 , la razón principal por la que estos grupos étnicos se ven amenazados radica en que sus territorios son fuente inmensa de riqueza y diversidad natural, razón por la cual son motivo de disputa y conflicto entre variados grupos con intere- -ses económicos tanto de tipo legal como ilegal, asociados al narcotráfico, minería o la agroindustria de alto formato. Según afirman Soledad y Egea, en rastreo hecho hasta 2009: La composición étnica de las personas desplazadas refleja el impacto que el conflicto está teniendo en los grupos étnicos del país. Una primera aproximación a este hecho se manifiesta en que, a escala nacional, las personas desplazadas pertenecientes a alguna etnia superan a los que no se identifican con ninguna, salvo en 2006 y 2007, acercándose en 2009 a la cuarta parte del total de desplazados (Soledad y Egea, 2010:141). Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que la diversidad cultural y el pluralismo étnico, reconocidas por la Constitución Colombiana de 1991 como una realidad y principio constitutivo de la nación colombiana, están siendo gravemente afectadas. Es decir, el desarraigo que produce el desplazamiento y el abandono forzado de las tierras, sumado al irreparable dolor por el asesinato, la desaparición o el secuestro de familiares y miembros de la misma comunidad, son motivos suficientes para creer que las comunidades étnicas sufren el peligro de perder su identidad y continuidad cultural. A todo esto se suma que gran parte de los sujetos afectados por el reclutamiento forzado o por el propio desplazamiento, son niños y jóvenes; aquellos en quienes necesariamente recaería la labor de continuar con las tradiciones de la etnia que les ha dado vida como sujetos diversos y plurales. En vista de la magnitud de los crímenes cometidos: asesinatos, desapariciones, desplazamiento forza- do, despojo, abandono de tierras, entre otras atro- cidades vividas por los colombianos, se han imple- mentado mecanismos legales con los cuales se busca reparar el daño que han sufrido las víctimas del conflicto. La importancia de la Ley 1448 de 2011 radica justamente en que esta actúa como una herra- mienta legal que busca reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado colombiano. 5 .......................................................................................................................................................................................................................................................................... Boletín Antioquia Visible, Vol. 1 N° 5 septiembre 2013 ISSN: 2248 - 5864 1 Según la Revista Semana en su edición especial del pasado mes de junio, denominada “Proyecto vícti- mas”, el conflicto armado colombiano ha producido un saldo de casi 5,5 millones de víctimas desde 1985. Los crímenes que con más frecuencia se han perpetrado son: homicidio, que pasan de 100.000; entre 1990 y 2012, 17.771 personas han sido víctimas de desaparición forzada; entre 1996 y 2012, se han presentado 16.123 secuestros extorsivos, desde 1990 10.272 personas han sido víctimas de minas antipersonas (MAP) y otras municiones sin explotar abandonadas (MUSE), entre 1983 y 2011 se han registrado 2.087 masacres en las cuales fueron asesinadas 9.509 personas. No son menos importantes los saldos que han dejado otros tipos de delitos tales como: falsos positivos, actos terroristas, reclutamiento forzado, violencia sexual, despla- zamiento, despojo y abandono forzado de tierras, entre otros. Para información más detallada al respecto véase: http://bit.ly/12MXqjg 2 Soledad Suescún, Javier Iván; Egea Jiménez, Carmen (2010) Comunicación "Desplazamiento forzado de los grupos étnicos en Colombia", en: IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población. Condicio- nes y transformaciones culturales. Factores económicos y tendencias demográficas, La Habana (Cuba). Dis- ponible en: http://bit.ly/13OUOnI 3 Véase: http://bit.ly/17TLo7i 4 Según el DANE, en su documento “Colombia, un espacio de vida y encuentro pluricultural” publicado en mayo de 2007, en el país “se hablan 64 lenguas amerindias, el bandé, lengua de los raizales del Archipié- lago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el palenquero, lengua criolla de las comunidades de San Basilio de Palenque, -primer pueblo libre de América, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad- y el Romaní o Romanés lengua Rom”. Para acceder al informe completo remítase a: http://bit.ly/cinsLl 5 “La Ley prevé el diseño e implementación de una política mixta de reparaciones, con una vertiente dirigi- da a la restitución de tierras por vía judicial, y otra dirigida al diseño e implementación de un mecanismo ex- trajudicial y masivo de reparación integral a las víctimas por vía administrativa, que comprenderá el otorga- miento de una indemnización por vía administrativa, medidas de rehabilitación, de satisfacción y garantías de no repetición”. Disponible en: http://bit.ly/ZNmp3E .Consultado el 8 de agosto de 2013. 1 2 3 4 5
  8. 8. / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / 8 ..................................................................................................................................... Conforme lo afirman César Rodríguez y Natalia Orduz, los daños colectivos que emanan de la violencia no son sólo la muerte y la violación de derechos colectivos, sino también la desintegración de estructuras políticas, económicas y culturales (Rodríguez y Orduz, 2012). Por dicha razón en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, las víctimas pertenecientes a minorías afro, ROM/gitanos e indígenas, exigieron jugar un papel especial, a saber, que para el trámite de dicha ley se hiciera efectivo el mecanismo de la Consulta Previa, mandato que se deriva del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo que Colombia suscribe en 1991 mediante la Ley 21 del 4 de marzo de ese año . La Consulta Previa, según la define la Corte Constitucional “es un instrumento básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social” , y aunque por definición debe ser previa al inicio del trámite del proyecto de ley, para el caso de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no fue así. Como señalan Rodríguez y Orduz, después de presentado el proyecto, tanto organizaciones como expertos llamaron la atención sobre la alta probabilidad de que el proyecto de ley fuera demandado ante la Corte Constitucional por ausencia del mecanismo de Consulta Previa, y por ende pudiera ser declarado inconstitucional. No obstante, en la Mesa Permanente de Concertación (MPC) se aceptó que la Consulta fuera realizada a través de mecanismos excepcionales, sólo para el caso de esta ley. Como resultado de las discusiones que se dieron en la mesa se definió la metodología de la Consulta de las tres minorías: afro, ROM/gitano e indígena, y se planteó la necesidad de la expedición de tres decretos. Ellos fueron: el 4633 “Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades indígenas", el 4634 “Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo ROM o Gitano” y el 4635 “Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras". El hecho de que la Consulta Previa esté permeada por un sinnúmero de dilemas permite comprender la incertidumbre que surge a la hora de traer el mecanismo a la práctica. Ahora bien, como lo afirmaron los autores mencionados anteriormente, el mecanismo de Consulta Previa para el caso de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha sido un caso a partir del cual se ha demostrado que la puesta en práctica de la Consulta Previa no es imposible. Finalmente es importante recordar que la Consulta es un medio a partir del cual se pretenden proteger derechos fundamentales y no un fin en sí mismo (Rodríguez y Orduz, 2012). ** CARA A CARA Entrevista al Representante a la Cámara Juan Diego Gómez (Partido Conservador) Antioquia Visible: ¿Cuál fue su participación en el proyecto de ley radicado en el 2010 “Por medio de la cual se dictan medidas de protección a las víctimas de la violencia”? Rep. Juan Diego Gómez: Esa era una ley que se venía trabajando por parte de la bancada conservadora en la Cámara de Representantes y que había sido liderada por el Secretario General de la Cámara J orge Humberto Mantilla, quien en 20135 ..................................................................................................................................... septiembre ..................................................................................................................................... Boletín Antioquia Visible, Vol. 1 N° 5 septiembre 2013 ISSN: 2248 - 5864 6 Rodríguez Garavito, César; Orduz Salinas, Natalia (2012) Consulta Previa: dilemas y soluciones. Lecciones del proceso de construcción del decreto de reparación y restitución de tierras para pueblos indígenas en Colombia. Dejusticia. Texto disponible en: http://www.dejusticia.org 7 Para consultar la ley diríjase a: http://bit.ly/12zkFgG 8 Corte Constitucional, Sentencia C-418 de 2002. 9 “La Mesa Permanente de Concertación [con los Pueblos y Organizaciones Indígenas], MPC, es un escena- rio creado en 1996 mediante el Decreto 1397, fruto de las demandas y exigibilidad de las comunidades indí- genas para socializar y concertar con el gobierno nacional temas, programas, proyectos y políticas que con- ciernen a los 102 pueblos indígenas en aspectos que son pilares de vida para las comunidades como el terri- torio, la autonomía, la pervivencia cultural, la garantía de sus Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales, DESCA, el Derecho Fundamental a la Consulta y el seguimiento al proceso de implementa- ción de los mandatos constitucionales, legales y jurisprudenciales, entre otros. La MPC está conformada por delegados indígenas de las organizaciones regionales y representantes de la Autoridad Nacional de Gobier- no Indígena, ONIC, y de las tres organizaciones regionales del sur, centro-pacífico y norte del país como son: Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, Autoridades Indígenas de Colombia y Con- federación Indígena Tayrona”. Disponible en: http://bit.ly/15kX2t6 .Consultado el 8 de agosto de 2013. 6 7 8 9
  9. 9. / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / 9 ..................................................................................................................................... su momento hacía parte de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Cuando llegamos al Congreso en Julio del 2010 esta ley se había hundido por trámite, por lo cual nos pidieron a los compañeros de la bancada que la acompañáramos. Una vez socializado el proyecto de ley entre toda la bancada, se llegó a la conclusión de que era importante hablar de verdad y reparación hacia las víctimas del conflicto armado, esto a todas luces requería de un componente de tipo económico que complementara dicha reparación. Sin embargo, cuando el proyecto de ley había avanzado en su trámite legislativo, el Gobierno Nacional pidió que se retirara el mismo, pues el Presidente Santos pretendía radicar un proyecto de ley para las víctimas, que tuviera componentes adicionales a los que consideraba el proyecto radicado por nuestra bancada. Antioquia Visible: ¿Por qué fue retirada la ley? Rep. Juan Diego Gómez: Fue retirada, esencialmente, porque el Gobierno Nacional lo pidió. El Gobierno quería el proyecto tal cual como estaba, pero quería enriquecerlo un poco más y además quería involucrar unos componentes del Plan de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad Para Todos”. Pero sobre todo, lo que quería el Gobierno era que dicho proyecto de ley estuviera articulado al Plan de Desarrollo y no que este proyecto impusiera cargas al mismo. Valga mencionar, que en ese momento las condiciones estaban dadas para que a partir del nuevo Gobierno y un Congreso renovado en un 70%, se pudiera realizar una ley capaz de responder a las demandas de las víctimas y cumplir sus expectativas. Antioquia Visible: ¿Cuáles fueron las motivaciones concretas para la radicación de este proyecto de ley por parte de la bancada conservadora? Rep. Juan Diego Gómez: Lo que creíamos nosotros en su momento, es que ya se habían producido alrededor de treinta mil desmovilizaciones de grupos de autodefensas y grupos guerrilleros, y aunque si bien era cierto que se estaba dando acompañamiento a los desmovilizados y a las personas que estaban acogiéndose a la justicia, había que hacer un esfuerzo mucho mayor por darles una atención integral a las víctimas de ese conflicto. En este sentido, lo que se buscaba era tener un 20135 ..................................................................................................................................... septiembre ..................................................................................................................................... Boletín Antioquia Visible, Vol. 1 N° 5 septiembre 2013 ISSN: 2248 - 5864 equilibrio entre la Ley de Justicia y Paz, una ley que brindara un mayor acompañamiento y participación a las víctimas en todo lo referente a sus procesos de reparación. Antioquia Visible: ¿Cuál considera usted son las diferencias sustanciales entre la Ley de Víctimas radicada en el 2010 y la nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras sancionada en el 2011? Rep. Juan Diego Gómez: La primera diferencia es sustancial. La primera ley, se llamaba Ley de Víctimas y buscaba compensaciones, como una especie de reparación a las víctimas. La segunda, se denomina Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es decir, en esta ley se encontró que la mejor forma de reparar esas víctimas en las zonas rurales, era incorporando ese capítulo de restitución de tierras. Otra diferencia importante fueron las discusiones que se dieron sobre si se debía incluir a las víctimas de actores del Estado; a partir de qué año la ley cobijaría a las personas afectadas por el conflicto armado y hasta qué fecha las víctimas tendrían tiempo de presentar sus reclamaciones, denuncias, o lo que correspondiera. Antioquia Visible: Podríamos afirmar que, ¿la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras amplía un poco más la protección para las víctimas? Rep. Juan Diego Gómez: Por supuesto, no solo amplía la protección para las víctimas, sino que pone a Colombia en un escenario de pos conflicto. Esto ha sido bien visto a nivel internacional y le ha abierto las puertas a Colombia tanto en defensa y derechos humanos como en el reconocimiento de los derechos de estas personas. Esto constituye un gran avance, a pesar de la polémica y de los demás componentes que ha tenido sobre sostenibilidad fiscal y otros asuntos, pero creo que es un asunto que empieza a poner a Colombia como un Estado moderno y como un Estado de pos conflicto. Antioquia Visible: ¿Qué opina usted sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y cómo cree que va su implementación? Rep. Juan Diego Gómez: A mi juicio creo que va bien, falta mejorar algunos temas en materia de aplicación de los jueces y de los tribunales encar-
  10. 10. / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / 10 ..................................................................................................................................... 20135 ..................................................................................................................................... septiembre ..................................................................................................................................... Boletín Antioquia Visible, Vol. 1 N° 5 septiembre 2013 ISSN: 2248 - 5864 -gados de hacer efectivo los elementos que trae la ley y además ha habido demoras y retrasos en el proceso. Sin embargo, indiscutiblemente se ha avanzado muchísimo, incluso ya se han venido dando una serie de reparaciones. Además, el hecho de haber dado instituciones autónomas administrativas a la Unidad de Víctimas y a la Unidad de Tierras ha permitido mayor movilidad. Creo que quienes han estado vinculados en este proceso entienden que se ha avanzado muchísimo. Antioquia Visible: Trasladándonos al contexto local: Medellín, en el cual hay un alto porcentaje de víctimas de desplazamiento intraurbano, ¿cree usted importante incluir estas víctimas dentro de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras? Rep. Juan Diego Gómez: Lo que creo es que todos somos conscientes de la problemática de seguridad ciudadana que vive el país, especialmente la ciudad de Medellín, donde incluso esos desplazamientos intraurbanos se empezaron a ver hace muchísimos años, en el año 2001-2002 o incluso antes en 1999 con las dificultades que tuvimos en la Comuna 13, donde había barrios prácticamente despoblados completamente. Me parece que es riesgoso ampliar la cobertura de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras a esta situación, pero sí creo que existe la necesidad de que se legisle en esa materia, se podría buscar un mecanismo transitorio, un mecanismo alternativo que le permita a las personas que tengan ese tipo de situaciones similares de conflicto, desplazamiento, desaparición forzada, etc, tener una reparación integral. Bajo este tipo de circunstancias, en las que se presentan problemáticas como las señaladas, se podría tener otra ley, pues la ley actual intenta atender a personas víctimas del conflicto y lo que vemos en las ciudades no es tanto de grupos guerrilleros y paramilitares, sino delincuencia común organizada. Antioquia Visible: ¿Actualmente existe un mecanismo que ayude a que estas personas tengan reparación? Rep. Juan Diego Gómez: Directamente en los procesos penales en contra de esos grupos o en contra de esas personas que están involucradas en esas acciones delictivas. Creo que allí se puede buscar una reparación constituyendo la parte civil del proceso, pero hay que tener en cuenta que cuando existe delincuencia organizada, es común que la gente tema a denunciar y tema hacer ese tipo de reclamaciones ante una instancia del Estado. **
  11. 11. Antioquia Visible Boletín del programa Antioquia Visible Centro de Análisis Político Pregrado en Ciencias Políticas Universidad EAFIT AntioquiaVisibleCentrodeAnálisisPolítico-UniversidadEAFIT

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