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Declaracion lesividad torre cajasol  rueda prensa
 

Declaracion lesividad torre cajasol rueda prensa

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    Declaracion lesividad torre cajasol  rueda prensa Declaracion lesividad torre cajasol rueda prensa Document Transcript

    • RUEDA DE PRENSA5 de Octubre de 2011Sobre la petición de lesividad delas licencias de obra de la TorreCajasolConvoca: Túmbala y Manifiesto Contra la Torre Cajasol
    • (El Ayuntamiento de Sevilla será el)… “garante último del citado derecho al paisaje, debiendo ejercer las funciones de información, fomento, asesoramiento, regulación, vigilancia y sanción, en relación con la implantación o el desarrollo de los usos e intervenciones con mayor incidencia paisajística”. PLAN GENERAL DE SEVILLA, APROBADO EL 7 SEPT. 2006CAPILLA DEL CACHORRO
    • El art. 28 de la Leydel PatrimonioHistórico trata delentorno de losBienes de InterésCultural y precisaque “estará formadopor aquellosinmuebles y espacioscuya alteraciónpudiera afectar a losvalores propios delBien de que se trate,de su contemplación,apreciación oestudio, pudiendoestar constituidotanto por losinmueblescolindantesinmediatos, comopor los nocolindantes oalejados”.LEY 14/2007, DE 26DE NOVIEMBRE, DEPATRIMONIOHISTÓRICO DEANDALUCÍADESDE EL INTERIORDE LA PLAZA DETOROS DE LAMAESTRANZA
    • El art. 28 de la Ley trata del entorno de los Bienes de Interés Cultural y precisa que “estará formado por aquellos inmuebles y espacios cuya alteración pudiera DESDE CALLEafectar a los valores propios del Bien de que se trate, de su contemplación, apreciación o estudio, pudiendo estar constituido tanto por los inmuebles CASTILLA, CONJUNTOcolindantes inmediatos, como por los no colindantes o alejados” HISTÓRICO DE TRIANALEY 14/2007, DE 26 NOV. DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA
    • DESDE EL MUELLE DE LA SAL“Las nuevas construcciones y alteraciones de las existentes deberán adecuarse en su diseño y composición con el ambiente urbano en el que estuvieren situadas. A talesefectos la Administración Urbanística Municipal podrá exigir como documentación complementaria del proyecto de edificación la aportación de análisis de impactosobre el entorno, con empleo de documentos gráficos del conjunto de los espacios públicos a que las construcciones proyectadas dieren frente y otros aspectos desde loslugares que permitieren su vista”.PLAN GENERAL DE SEVILLA 7 SEPT, 2006
    • DESDE EL PUENTE DE SAN TELMODISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones a quienes corresponda su aplicación quedarán también sujetas a losAcuerdos internacionales válidamente celebrados por España. La actividad de tales Administraciones estará asimismo encaminada al cumplimiento de las resoluciones yrecomendaciones que, para la protección del Patrimonio Histórico, adopten los Organismos internacionales de los que España sea miembro.LEY 16/1985, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOLEL COMITÉ DE PATRIMONIO MUNDIAL, EN SESIÓN CELEBRADA EN PARIS DEL 19 AL 29 DE JUNIO 2011 · expresa su preocupación por el posible impacto negativo de la torre sobre el Valor Universal Excepcional de los edificios Patrimonio Mundial: Catedral, Alcázar y Archivo de Indias; · reitera su petición a España de parar su construcción y reconsiderar el proyecto para evitar cualquier posible impacto negativo sobre el Valor Universal Excepcional del bien.
    • DESDE EL PUENTE DE TRIANA“Las nuevas construcciones o alteraciones de las existentes deberán adecuarse en su diseño y composición con el ambiente urbano en el que estuvieran situadas. En lossupuestos en que la singularidad de la solución formal o el tamaño de la actuación así lo aconsejen, podrá abrirse un período de participación ciudadana para conocertanto la opinión de la población de la zona como de especialistas de reconocido prestigio”.PLAN GENERAL DE SEVILLA. 7 SEPT. 2006
    • PUENTE DE TRIANA“Las nuevas construcciones y alteraciones de las existentes deberán adecuarse en su diseño ycomposición con el ambiente urbano en el que estuvieren situadas.”PLAN GENERAL DE SEVILLA. APROBADO EL 7 SEPT. 2006
    • PUENTE DE TRIANA DESDELa contaminación visual o perceptiva es “aquella intervención, uso o acción en el bien o su entorno de protección que degrade los valores de un bien CALLE BETISinmueble integrante del Patrimonio Histórico y toda interferencia que impide o distorsione su contemplación. 1. Los municipios en los que se encuentren bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía deberán recoger en el planeamiento urbanístico o en las ordenanzas municipales [...] medidas que eviten su contaminación visual o perceptiva. Tales medidas comprenderán [...]: 2. Las construcciones o instalaciones de carácter permanente o temporal que por su altura, volumetría o distancia puedan perturbar su percepción …….”LEY 14/2007, DE 26 DE NOV. DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA
    • “La protección del Patrimonio Histórico comprende también su defensa frente a lo que se ha dado en llamar “contaminación visual o MONASTERIO DE LA CARTUJAperceptiva”. El impacto que producen sobre nuestro patrimonio determinados elementos e instalaciones exige conjugar las demandas delas tecnologías[...] con la preservación de la calidad ambiental, siendo necesario para ello coordinar la actuación de las diferentesAdministraciones Públicas”.LEY 14/2007, DE 26 DE NOV. DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ
    • RELACIÓN TORRE PELLI - GIRALDAArtículo 5 – Medidas generalesCada Parte se compromete a:a) reconocer jurídicamente los paisajes como elemento fundamental del entorno humano, expresión de la diversidad de su patrimonio común cultural y natural y comofundamento de su identidad.b) definir y aplicar en materia de paisajes políticas destinadas a la protección, gestión y ordenación del paisaje mediante la adopción de las medidas específicas contempladasen el artículo 6.c) establecer procedimientos para la participación pública, así como las autoridades locales y regionales y otras partes interesadas en la formulación y aplicación de laspolíticas en materia de paisaje mencionadas en la anterior letra b).d) integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus políticas en materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como encualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje.CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. FLORENCIA, 2.000
    • AL SR. ALCALDE‐PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.‐   FERNANDO  MENDOZA  CASTELLS,  Arquitecto,  con  D.N.I.  nº  29.690.985‐D;  JUAN CARLOS  AGUILAR  MORENO,  Abogado,  con  D.N.I.  nº  27.931.839‐H;  JOSÉ  GARCÍA‐TAPIAL  Y LEÓN,  Arquitecto,  con  D.N.I.  nº  28.230.642‐M;  ÁNGEL  TARANCÓN  MARTÍNEZ,  Abogado,  con D.N.I.  nº  27.624.044‐D;  DON  VENTURA  FULGENCIO  GALERA  NAVARRO,  con  D.N.I.  nº 27.572.618‐H, en nombre de la ASOCIACIÓN ARQUITECTURA Y COMPROMISO SOCIAL y DOÑA ANA  MARÍA  ÁVILA  ÁLVAREZ,  con  D.N.I.  nº  28.525.875‐X,  en  nombre  de  ASOCIACIÓN  DE PROFESORES  PARA  LA  DIFUSIÓN  Y  PROTECCIÓN  DEL  PATRIMONIO  HISTÓRICO  BEN‐BASSO, todos mayores de edad y vecinos de Sevilla, con único domicilio, a efectos de oír Notificaciones en el Estudio Profesional del primero, calle Alhóndiga, 53, C.P. 41003 y teléfonos 954225160 y 608250477, en nombre propio, como mejor proceda DECIMOS:   Que la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión celebrada el  17/9/2008,  concedió  Licencia  para  la  ejecución  de  obras  “de  nueva  planta  de  un  conjunto edificatorio compuesto por un edificio basamento desarrollado en dos plantas y cuatro plantas bajo  rasante,  destinándose  las  plantas  sobre  rasante  y  la  primera  planta  de  sótano  a  usos terciarios,  con  una  plaza  ajardinada  a  éste  último  nivel,  una  planta  de  la  planta  segunda  de sótano a usos complementarios del usos terciario principal, las otras tres plantas bajo rasante a  sótano  aparcamiento  con  un  total  de  3.066  plazas  y  una  torre  desarrollada  en  36  plantas, destinada  a  oficinas,  un  restaurante  en  la  última  planta  y  terraza  mirador  en  calle  Inca Garcilaso, Puerta Triana, Isla de la Cartuja (de Sevilla)”. Ello en el Expediente nº 3.268/2007, en adelante EA.   Que  mediante  el  presente  Escrito,  INTERESAMOS  QUE  POR  EL  AYUNTAMIENTO PLENO QUE VD. PRESIDE Y EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 103 DE LA LEY 30/1992, DE  LAS  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS  Y  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  COMÚN (LAPPAC) SE DECLARE LESIVA PARA EL INTERÉS PÚBLICO LA CITADA LICENCIA, A FIN DE QUE POR  ESE  AYUNTAMIENTO  SE  PROCEDA  A  SU  ULTERIOR  IMPUGNACIÓN  ANTE  EL  ORDEN JUSRIDICCIONAL CONTENCIOSO‐ADMINISTRATIVO. El citado precepto –recordamos‐ faculta a las administraciones públicas para declarar lesivos para el interés público los actos favorables para  los  interesados  que  sean  anulables  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  art.  63  de  esta  Ley, precepto éste que establece que son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.   A tal fin, formulamos las siguientes CONSIDERACIONES:  PRIMERA.‐  La  citada  Licencia,  se  otorga  antes  de  la  publicación  del  Proyecto  de Urbanización,  se  concede  de  acuerdo  con  las  previsiones  del  PERI,  aunque  también  contra alguna  de  sus  Disposiciones,  previsiones  aquellas  que  resultarán  contrarias  y,  por  tanto, ilegales  a  las  determinaciones  insoslayables  del  PGOU.  Esto  es  lo  que  vamos  a  examinar seguidamente:  1.‐  Detengámonos  en  lo  subrayado  en  el  párrafo  más  arriba  transcrito  de  la  citada Resolución  de  la  Comisión  Ejecutiva:  Se  reconoce  expresamente  que  el  primer  sótano  está destinado a usos terciarios. Ello se opone radicalmente a lo establecido tanto por el PGOU en  1  
    • su  Ficha  Urbanística  del  ARI‐DT‐10,  como  en  el  PERI,  que  lo  reserva  exclusivamente  para “aparcamientos y servicios complementarios de la instalación y actividades principales”. Luego la “actividad principal” (terciario: comercios y oficinas) no puede ir al sótano. La forma en que esto  se  “disfraza”  en  la  Memoria  y  Planos  del  Proyecto  Básico  presentado  –folios  65  y  ss.‐ merece el siguiente párrafo:   La propuesta de edificación se formula en el apartado 1.3.1 de esta última –folio 73 EA‐ diciendo que está constituida por una torre de oficinas y un podio. La Torre –párr. 1.3.1.2‐ tiene 37 plantas sobre rasante: 35 de ellas dedicadas a oficinas, y las dos últimas, abiertas al público, con  un restaurante en la 36 y un  mirador  en la última.  El podio –párr. 1.3.1.3.‐ está constituido por dos edificaciones alargadas que denominan “cintas” de 3 y 4 plantas. Refiere después,  dentro  de  este  mismo  párrafo,  la  existencia  de  superficies  dedicadas  a  Centros  de Negocio,  locales  comerciales  y  de  restauración  y  a  salón  de  usos  múltiples  (SUM),  teniendo buen cuidado de no explicitar que tales superficies a las que se tiene acceso desde un espacio que denomina “plaza” se encuentran, al igual que ésta, bajo rasante de la calle, extremo éste que  nos  interesa  resaltar  porque,  como  es  sabido,  la  rasante  calle  es  la  que  determina  la calificación  de  sótano  para  las  plantas  y/o  superficies  que  estén  ubicadas  por  debajo  de  la misma, calificación que tanta importancia tendrá para lo que después diremos. Y no sólo no se explicita tal circunstancia, sino que se intenta “camuflarla” sibilinamente. Y así, en el párrafo “La  Plaza”  se  dice  que  a  ésta,  “flanqueada  por  locales  comerciales,  deportivos,  cafés  y restaurantes”, se accede “desde el nivel de calle, aproximadamente (a) + 8,00 hasta los locales comerciales  en  el  nivel  +4,30”,  cuidándose  muy  mucho  de  no  precisar  que  tales  niveles positivos lo son sobre el nivel del mar, es decir, el nivel calle está a +8 metros de dicho nivel del mar (que es la cota altimétrica media del suelo de Sevilla) y la plaza y las superficies referidas a sólo +4,30 sobre dicho nivel del mar, o sea, a 3,50 metros bajo rasante, bajo el nivel calle. Se intenta camuflar así una ilegalidad evidente al situar bajo rasante los usos terciarios.   Ocurre, sin embargo, que los autores del Proyecto no tienen más remedio que definir, aunque  sea  a  regañadientes,  la  situación  de  cada  planta  y/o  superficie  destinada  a  un  uso  si está  ubicada  o  no  en  sótano.  Y  lo  tienen  que  hacer  en  el  Anejo  A.5.‐  Cuadros  de  Superficies Útiles y Construidas –folios 226 a 240 E.A.‐ del citado Proyecto Básico. Hemos dicho que, aún aquí,  lo  hacen  a  regañadientes,  si  bien  declaran  que  los  aparcamientos  3,  2  y  1  y  en  éste  el SUM (Salón de Usos Múltiples) se ubican respectivamente en los sótanos 4, 3 y 2, al referirse a las superficies ubicadas a nivel planta plaza –folios 237 a 239 EA‐ vuelven a silenciar que ésta se ubica en la planta sótano 1.   Por otra parte, es de resaltar que el Ayuntamiento, al conceder la Licencia, no sólo ha permitido  ubicar  usos  terciarios  en  los  sótanos  1  y  2  sino  que,  además,  aplicando incorrectamente,  como  después  razonaremos,  el  art.  3.1.2  de  las  Normas  Urbanísticas  del PGOU,  únicamente  ha  contabilizado  el  50%  de  la  edificabilidad  en  ambos  sótanos,  con  el consiguiente beneficio que ello supone para la Promotora. Una tal conducta del Ayuntamiento confirma, por otra parte, lo que ya hemos puesto de relieve, es decir, que el nivel Plaza es un sótano a todos los efectos.   2  
    •   ¿Y  cuánto  suman  las  distintas  superficies  edificadas?  De  los  planos  04‐Dis‐03,  04‐Dis‐04, 04‐Dis‐05 y 01‐Gen‐05 del Proyecto Técnico (folios 226 a 240  E.A.), así como de las páginas 163 a 177 de su Memoria, se obtienen las que reseñamos seguidamente, no sin antes precisar que  tales  mediciones  se  han  realizado  de  acuerdo  con  las  normas  del  PGOU  de  Sevilla  y,  en concreto,  de  los  arts.  3.1.2;  6.2.3;  7.3.17  y  7.3.18.  Aquellas  superficies  se  detallan seguidamente  excluyendo  las  destinadas  a  circulación  y  aparcamiento  de  vehículos  que  no consumen edificabilidad:   Edificio soterrado   2º sótano: Centro de Congresos (Oficinas)        3.886,19 m2   Edificios Podio   Sótano 1:  Centro de negocios (Oficinas)        6.172,89 m2       Comercial y restaurantes         9.310,33 m2   Planta baja: Edificios Podio (Oficinas)          9.948,53 m2   1ª planta:   “      “        “          6.545,07 m2   2ª planta:  “      “        “          2.883,56 m2   Total superficie construida en soterrado y Podio              38.296,57m2   De los que sólo 9.310,33 m2 son comerciales, situados, además, en el primer sótano y 28.986,24  m2  son  oficinas,  superficies  éstas,  las  de  oficinas,  de  las  que  10.059,08  m2  se localizan en los sótanos 2 y 1 (3.886,19 m2 + 6.172,89 m2)   Torre   Sótano 1(instalaciones complementarias)        1.470,06 m2   Planta baja                1.052,15 m2   18 siguientes plantas:  1.383,65 x 18 =                   24.905,70 m2   Plantas 19 y 20: 1.320,35 x 2 =            2.640,70 m2   15 plantas siguientes: 1.247,58 x 15 =                  18.713,70 m2   Plantas restaurante y mirador            2.712,14 m2   Total superficie construida Torre                  51.494,45 m2   Total superficie construida en la parcela                89.791,02 m2   De los que son Comerciales              9.310,33 m2  3  
    •       Y de Oficinas            80.480,69 m2  De esta superficie, 19.369,41 m2  se sitúan en sótanos bajo rasante y, además de no ser autorizables, sólo se han contabilizados al 50%, esto es 9.684,70 m2.  Del  contenido  del  citado  Proyecto,  pondremos  de  relieve  además  que,  según  su Memoria Descriptiva y Justificativa:   En  este  momento  ocurre,  sin  embargo,  que  la  edificabilidad  máxima  para  estos  usos establecida en la Ficha Urbanística del PGOU es de 68.000 m2, por lo que el incremento ilegal concedido en la Licencia que se impugna supone un 32,04 %. Es otra muestra de la conducta favorecedora de los intereses de la Promotora que, vamos viendo, infunde todo el actuar de la Administración.   2.‐  Por  otra  parte,  en  el  Proyecto  presentado,  que  sirve  para  la  concesión  de  la Licencia,  no  se  han  contabilizado,  como  superficie  edificada,  15.898,66  m2  ocupados  por  los ascensores, escaleras e instalaciones auxiliares y no se ha hecho porque a ello, según se dice, autoriza el art. 9 del PERI en el supuesto de edificios de más de 100 m de altura, Pero dicho precepto es nulo de pleno derecho por las siguientes razones:  a) Porque el artículo 34, c) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, LOUA,  dice lo siguiente:  “Artículo 34. Efectos de la aprobación de los instrumentos de planeamiento o, en su  caso, de la resolución que ponga fin al correspondiente procedimiento.  c).  La  obligatoriedad  del  cumplimiento  de  sus  disposiciones  por  todos  los  sujetos,  públicos y privados, siendo nulas cualesquiera reservas de dispensación.  Es decir, no se puede excluir del cumplimiento de las Normas Urbanísticas a una sola parcela, como es el caso de la Torre Cajasol, so pena de nulidad.  b) Porque  el  art.  7.3.18  del  PGOU  es  rotundo  y  no  contempla  excepción  alguna  cuando  deja  establecido  que  “Computarán  íntegramente  los  cuartos  de  caldera,  basuras, contadores y otros análogos así como las edificaciones auxiliares”.  En  la  ilegalidad  del  citado  art.  9  del  PERI  coincide,  además,  la  Dirección  General  de Inspección  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Vivienda,  de  la  Consejería  de  Obras Públicas y Vivienda, de la Junta de Andalucía. En efecto, formulada el 12/3/2010, denuncia por mis representados ante el Sr. Fiscal Jefe de la Audiencia de Sevilla por si algunos de los hechos que  concurrieron  en  la  aprobación  de  las  Licencias  ahora  impugnadas  pudieran  tener repercusión en el ámbito penal, la correspondiente Sección de dicha Fiscalía recabó, antes de emitir  el  correspondiente  Decreto  –Documento  nº  1  anexo‐  Informe  de  aquel  Organismo  –Documento  nº 2 anexo‐  que, como se deja establecido en el  Fundamento  de Derecho sexto del  citado  Decreto  “no  comparte  el  criterio  del  Plan  Especial  ‘Puerto  Triana’  respecto  a  la exclusión  del  cómputo  de  edificabilidad  de  determinados  espacios,  como  los  destinados  a instalaciones y os de evacuación vertical (art. 9 del PERI). Consideran que la alteración de los criterios de cómputo debería haberse hecho a través de las condiciones particulares del PGOU, pero  no  del  Plan  Especial,  que  a  lo  sumo  puede  modificar  condiciones  de  la  zona  que  no  4  
    • impliquen  aumentos  de  edificabilidad...  no  compartiendo  los  peritos  el  criterio  de  que  ese instrumento  de  rango  inferior  sea  el  apropiado  para  asignar  edificabilidad  para  edificio terciario”.  El  repetido  Informe,  que  el  Sr.  Fiscal  califica  de  Pericial  –Antecedente  de  Hecho Segundo de su Decreto‐ dice textualmente al respecto en el punto 3 de su apartado B) Informe PERI  ARI‐DT‐10  ‘Puerto  Triana’:  “El  PERI  establece  en  su  art.  9,  dentro  de  las  condiciones relativas  a  la  intensidad  de  uso  en  la  manzana  de  Centro  Terciario  C11  que  ‘los  espacios destinados a instalaciones, como por ejemplo plantas técnicas, y los espacios destinados a vías de evacuación vertical no serán computables a efectos de edificabilidad’. Dicho criterio provoca una  diferencia  relevante  entre  la  superficie  realmente  construida  y  aquella  que  computa  a efectos de edificabilidad. Debe indicarse por otro lado que el PGOU, dentro de las Condiciones Generales de Edificación, incluye en su art. 7.3.18 los criterios para el cómputo de la superficie edificable  con  carácter  general  para  la  totalidad  del  T.M.  (Término  municipal)  de  Sevilla, estableciendo  que  deberán  computarse  íntegramente,  salvo  que  las  normas  de  zona establezcan otra cosa, cuartos de caldera, basura, contadores y otros análogos. Las normas de zona aplicables en este caso (Servicios Terciarios) no hacen mención ninguna a los criterios de cómputo de edificabilidad. Por tanto, la alteración de los criterios de cómputo se ha realizado a través del PERI, no de las condiciones particulares del PGOU. En este sentido, el art. 12.1.2 del PGOU recoge la posibilidad de que mediante un Plan Especial se  modifiquen las condiciones de zona, siempre que no impliquen incrementos de edificabilidad, como es el caso que nos ocupa. Por  ello,  el  establecimiento  de  los  criterios  mencionados  con  anterioridad  a  través  del  PERI supone  una  extralimitación  de  los  cometidos  de  tal  Instrumento  de  Planeamiento  que  ha permitido que a la hora de conceder la Licencia se dejen de computar determinados espacios que  debían  haber  sido  computados  como  superficie  edificada,  produciéndose  con  ello  un agravio  comparativo  con  los  propietarios  de  otros  suelos.  Hay  que  concluir  que,  si  bien  la edificabilidad efectivamente computada se corresponde con la referida en la ficha del RI‐DT‐10, el  establecimiento  de  los  criterios  mencionados  a  través  del  art.  9  del  PERI  desvirtúa  la asignación de edificabilidad máxima establecida por el PGOU como ordenación estructural, no siendo el Plan Especial el Instrumento de Planeamiento apropiado para el establecimiento de los  mismos,  sino  que  la  inclusión  de  tales  criterios  debiera  haberse  realizado  a  través  de  una innovación del PGOU”.  3.‐  Nos  referiremos  también,  seguidamente,  a  la  siguiente  denuncia  que  en  la tramitación del Expediente 27/05 de aprobación del Plan Especial, formuló la Arquitecto de la Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Obras  Públicas  y  Transportes  en  el  Informe  que suscribe  el  10/3/2007  –folios  66  a  69  del  Expediente  Administrativo  27/2005.  Tomo  II,  en adelante  EAPERI  II‐,  Informe  que  es  asumido  íntegramente  por  su  Delegado  Provincial  el siguiente  día  22  –folio  69  EAPERI  II‐,  donde  se  denuncian  los  siguientes  y  significativos incumplimientos del PGOU:  En  su  apartado  4.‐  Análisis  de  las  determinaciones  y,  concretamente  en  su  epígrafe 4.2.‐  En  relación  con  el  planeamiento  superior  vigente,  denuncia  que  “Se  detectan  las siguientes  deficiencias  que  deben  subsanarse  antes  de  su  aprobación  definitiva:  a)  El Documento deberá recoger un resumen con las superficies destinadas a cada uso, y la suma de  5  
    • éstos, en correspondencia con la superficie total del ámbito y más aún teniendo en cuenta que, de  las  superficies  parciales  que  recoge  el  Documento  en  sus  distintos  apartados  no  hay exacta coincidencia con las superficies totales  establecidas por el  PGOU para el ámbito del Plan”  (Los  subrayados  son  nuestros).  Es  decir,  a  la  mencionada  Técnico  de  la  Delegación Provincial  de  la  Consejería  de  Obras  Públicas  no  le  salen  las  cuentas  de  las  superficies  que plantea el PERI respecto a las determinaciones del PGOU Veamos por qué:  El Plan General establece:  Superficie total del ámbito del PERI        180.558 m2  Zona verde                84.064 m2  Equipamiento: Pabellón de la Navegación        17.996 m2  Idem. Dotación Local (Servicios de Interés Público y Social)     12.592 m2  Viario (aproximada)              35.902 m2  Total superficie de equipamientos   exigida por Plan Especial…………………………….….150.524 m2  El  resto,  hasta  los  180.558  m2,  o  sea,  30.034  m2,  sería  lo  que  correspondería  a  la parcela lucrativa privada.   El Plan Especial por su parte parece respetar estas dotaciones:   Superficie total del ámbito del PERI:                180.558 m2   Servicios de Interés Público y Social (SIPS):      10.684 m2   Viario:              37.810 m2   Parcela lucrativa:            41.331 m2   Pabellón de la Navegación:         17.966 m2   Espacios libres (zona verde):        84.064 m2  Si  comparamos  ambos  cuadros  veremos  que  un  solo  sumando  ha  disminuido  en  el correspondiente al PERI (el del SIPS, en apenas 2.000 m2) y otros dos han aumentado en más de 13.000 m2 (viario y parcela lucrativa) y, sin embargo la superficie total, 180.558 m2 no se ha alterado, lo que no resulta posible.  En efecto, si sumamos todas las superficies que indica  el PERI (10.684 + 37.810 + 41.331+ 17.966 + 84.064) obtendremos 191.855 m2 como superficie total  del  Área  planificada,  cuando  ésta  sólo  mide  180.588  m2.  ¿De  dónde  han  salido  estos nuevos 11.297 m2? y, sobre todo ¿dónde ha ido a parar esta superficie de más? Casualmente a  la  parcela  lucrativa  de  Puerto  Triana,  S.A.  que  de  30.034  m2  asignados  por  el  PGOU  ha pasado  a  41.331  m2  ¿Y  cómo  se  ha  obrado  esta  multiplicación  de  los  metros  lucrativos? cuando, además, el Viario ha ocupado finalmente en el PERI 37.810 m2, es decir, una superficie mayor  que  la  estimada  de  modo  aproximado  por  el  PGOU.  Porque  con  este  mayor  Viario  la superficie terciaria se tendría que haber reducido hasta los 28.126 m2. ¿Cómo es posible que la  parcela  que  este  PERI  reserva  para  uso  comercial  haya  aumentado  hasta  los  41.331  m2?  Con estas contradicciones no es extraño que al Técnico de la Consejería citada no le cuadrasen los números y pidiera que se los explicasen. (Lo que por cierto nadie hizo) En el apartado 1.6  6  
    • del  Capítulo  de  VALORACIONES  y  RAZONAMIENTOS  del  presente  escrito  trataremos  de resolver estas incógnitas y en el Fundamento Jurídico‐Material siguiente saldremos al paso de la  afirmación  contenida  en  la  propuesta  del  Sr.  Gerente  del  GMU  (–folios  03  a  05  del  EA  nº 27/2005  Tomo  II.‐  Servicio  de  Planeamiento  y  Gestión  Urbanística.  Sección  Jurídico‐administrativa.  Instruido  con  Plan  Especial  de  Reforma  Interior  del  ámbito  denominado  ARI‐DT‐10 “Puerto Triana”‐) de que esta denuncia no fue tenida en cuenta porque el Informe de la Técnico  no  obró  en  poder  de  la  Gerencia  en  el  plazo  establecido  de  un  mes,  es  decir,  no  se consideró por aplicación de la doctrina del silencio administrativo positivo.  4.‐ La segunda de las “deficiencias” que se pormenorizan en el Informe de referencia es la siguiente:  “b) En el Documento –es decir, en el PERI‐ se denominan ‘sistema general de espacios  libres’  y  ‘sistema  general  de  equipamientos’,  sin  embargo  en  la  ficha  del  ámbito  del  PGOU  de  Sevilla,  dentro  de  su  ordenación  pormenorizada  preceptiva,  las  establecía  como ‘Dotaciones Locales’”.  Este  cambio  supone:  1º)  Una  transgresión  del  PGOU  que  había  establecido  la calificación de “Dotaciones Locales” dentro de su “Ordenación pormenorizada preceptiva”, es decir,  de  obligado  cumplimiento  y  2º)  Origina  un  importante  beneficio  económico  para  la Promotora  porque  como  dice,  por  ejemplo,  la  Sentencia  del  TSJ  de  Navarra,  de  19/11/1999, “La  diferencia  en  materia  de  distribución  de  beneficios  y  cargas  respecto  a  los  sistemas generales  reside  en  el  hecho  de  que,  mientras  que  los  gastos  y  cargas  de  ejecución  del planeamiento y urbanización en sede de sistemas generales los asume la Administración, los de los  sistemas  locales  son  a  cargo  de  los  particulares  integrantes  de  la  unidad  o  ámbito  de ejecución, en el caso de que la ejecución fuera de iniciativa particular”.  Si los incumplimientos reseñados del PGOU son claros, aún lo es más el que la Técnico denuncia en el siguiente y último apartado  5.‐ “c) El PGOU de Sevilla –dice‐ fija la dotación local de SIPS en 12.592 m2 dentro de su ordenación pormenorizada preceptiva, sin embargo del Documento (el PERI) se desprende que ésta  se  reduce  a  10.684  m2,  no  siendo  admisible  esta  reducción  desde  este  instrumento  de planeamiento”.  Esta  infracción  del  PGOU  supone  reducir  en  más  de  un  15%  el  equipamiento  exigido por él, en beneficio nuevamente de la Promotora, esto es, de Puerto Triana, propiedad de la Caja de Ahorros Cajasol.   A  este  respecto,  una  observación:  El  repetido  Informe  de  la  Técnico  citada,  asumido totalmente,  ya  lo  hemos  dicho,  por  el  Delegado  Provincial  de  la  mencionada  Consejería  de Obras Públicas, el 22 de marzo, es decir, dos días después de haberlo aquella suscrito, no sale, sin  embargo  de  dicho  Organismo  hasta  el  16  de  abril  siguiente  –obrante  al  folio  65  EAPERI (casualmente 5 días después de su aprobación definitiva). Y esto sucede porque entretanto, el Sr.  Gerente  de  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo,  suscribió  el  mismo  día  22/3/2007,  su Propuesta  al  Consejo  de  Gobierno,  de  aprobación  definitiva  del  PERI,  que  fue  acordada  el  7  
    • 11/4/2007  –folios  03  a  05  EAPERI‐.  En  dicha  propuesta  se  dice  que  se  formula  sin  que  la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transporte haya emitido Informe en plazo,  por  lo  que  procede  continuar  la  tramitación  en  orden  a  la  aprobación  definitiva  del mismo, utilizando para ello, sin fundamento legal alguno como luego veremos, la doctrina del silencio administrativo positivo.   SEGUNDA.‐  Se  concede  la  Licencia  para  la  construcción  de,  entre  otros  edificios,  una torre  desarrollada  en  36  plantas,  destinada  a  oficinas,  un  restaurante  en  la  última  planta  y terraza  mirador.  Altura  completamente  inusual  en  la  ciudad,  no  contemplada  en  el  Plan General de Sevilla, ni en sus objetivos y criterios generales, ni prevista en sus determinaciones y ordenaciones más detalladas. Y ello se hace apoyándose en un sorprendente artículo de las ordenanzas de un PERI, el DT‐10 “Puerto Triana” de redacción, contenido y tramitación ilegales como más adelante expondremos.  TERCERA.‐ Dicha Licencia también contraviene, directamente, incluso lo establecido en el  propio  PERI.  El  Proyecto  Básico,  al  que  no  se  opone  reparo  alguno  por  la  GMU,  plantea, además de la Torre, dos edificios lineales con frentes continuos de longitud superior a 250 m, máxima  permitida  por  el  PERI  en  su  art.  9.  El  edificio  próximo  al  Camino  de  los Descubrimientos tiene, en su fachada interior, una longitud de 296 m y el edificio inmediato a la  calle  Inca  Garcilaso,  318,50  m,  también  en  su  fachada  interior.  Ello,  según  las  mediciones obtenidas del Plano O.4 – DIS O5, documento nº 1 anexo.  CUARTA.‐  Esta  Licencia  se  concede  el  17  de  septiembre  de  2008  esto  es,  con posterioridad a la promulgación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Comunidad Autónoma de Andalucía,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental  (GICA)  y,  por  tanto,  ésta  le  es  de aplicación.  Esta  Licencia  autoriza  la  construcción,  en  varios  sótanos,  de  un  total  de  3.066  plazas para automóviles, lo que hace de él el mayor aparcamiento de vehículos de Andalucía. En consecuencia, ello obliga a considerarlo como un “Aparcamiento de uso público de interés metropolitano”.  Según  el  Anexo  I  de  la  citada  Ley,  apartado  13.27,  este  gigantesco  aparcamiento hubiera necesitado, previa la concesión de la Licencia de Obras  una “Autorización Ambiental Unificada”.   Esta autorización está definida por el artículo 19 de la Ley:   “Artículo 19. Definiciones.  1. Autorización ambiental unificada: Resolución de la Consejería competente en materia  de  medio  ambiente  en  la  que  se  determina,  a  los  efectos  de  protección  del  medio  ambiente,  la  viabilidad  de  la  ejecución  y  las  condiciones  en  que  deben  realizarse  las  actuaciones  sometidas  a  dicha  autorización  conforme  a  lo  previsto  en  esta  Ley  y  lo  indicado en su Anexo I. En la autorización ambiental unificada se integrarán todas las  autorizaciones  y  pronunciamientos  ambientales  que  correspondan  a  la  Consejería  competente en materia de medio ambiente y que sean necesarios con carácter previo a  la implantación y puesta en marcha de las actuaciones.”  8  
    • De  no  considerarse  el  aparcamiento  de  “interés  metropolitano”,  en  cualquier  caso, hubiera  necesitado  la  Calificación  Ambiental,  definida  en  el  artículo  13.27  de  esta  Ley  para “Aparcamientos de uso público no incluidos en la categoría 13.27”.  La  Calificación  Ambiental  está  también  definida  en  el  punto  2  del  artículo  19  con  el siguiente texto:  2. “Calificación ambiental: Informe resultante de la evaluación de los efectos ambientales  de  las  actuaciones  sometidas  a  este  instrumento  de  prevención  y  control  ambiental,  que se debe integrar en la licencia municipal.”  Ninguno  de  estos  dos  requerimientos  se  cumplimentó  en  la  concesión  de  la  Licencia  de Obras, lo que constituye un nuevo motivo de ilegalidad manifiesta.   QUINTA.‐  Otras  irregularidades  en  que  se  ha  incurrido  al  conceder  la  Licencia  ahora denunciada han merecido también los siguientes pronunciamientos:  1) De la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea que ha denunciado –Documento  nº  3  anexo‐  que  el  Plan  Especial  PERI  ARI‐DT‐10  “Puerto  Triana”  no  ha  sido sometido al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica a pesar de constituir un elemento de planeamiento,  por  lo  que  incumple  lo  dispuesto  en  la  Directiva  2001/42/CE.  La  citada Directiva,  no  hace  falta  decirlo,  fue  expresamente  incorporada  al  Ordenamiento  Jurídico Español por el art. 1 de la Ley 9/2006, de 28 de abril. No puede argumentarse que bastaría con el Estudio de Impacto Ambiental realizado para el Plan General para suplir al correspondiente a  la  construcción  de  la  Torre  Cajasol,  ya  que  esta  torre  no  estaba  prevista,  ni  expresa  ni implícitamente, dentro de las determinaciones del PGOU.  2)  De  la  Comisión  de  Patrimonio  de  la  Unesco,  de  la  que  España  es  miembro,  que  en  su reunión anual celebrada el 26 de junio del año 2009, en Sevilla, adoptó la DECISIÓN 33 COM 7B 123 que, reproducimos seguidamente –Documento nº 4 anexo‐, obtenido por internet, en su versión inglesa, cuya traducción al español es como sigue:  “El  Comité  del  Patrimonio  Mundial:  1.‐  Habiendo  examinado  el  Documento  WHC‐ 09/33.COM/7B.Adicional. 2.‐ Expresa su preocupación de que el Estado Miembro (España)  no  haya  proporcionado  ninguna  información  sobre  la  propuesta  Torre  Cajasol,  según  dispone  el  Párrafo  172  del  Manual  Operacional;  3.‐  Toma  nota  de  la  documentación  aportada por el Estado Miembro en mayo de 2009; 4.‐ Urge al Estado Miembro a llevar a  cabo,  si  no  se  ha  realizado  ya,  una  valoración  total  del  impacto  que  los  desarrollos  propuestos (la torre) tendrán sobre los Extraordinarios Valores Universales del Patrimonio  Mundial  (de  Sevilla)  y  su  localización;  5.‐  También  urge  al  País  Miembro  para  que  cese  cualquier  trabajo  de  construcción  en  este  proyecto  hasta  que  esta  valoración  total  de  impacto haya sido completada y revisada por ICOMOS...”  Como  de  todos  es  sabido,  la  petición  contenida  en  el  anterior  apartado  5  de  la  citada Decisión, no ha sido atendida, habiendo continuado los trabajos.  9  
    • El  mismo  Comité,  reunido  este  año  de  2010  en  Brasilia,  entre  los  días  25  de  Julio  y  3  de Agosto, tomó la siguiente Decisión –Documento nº 5 anexo‐, obtenido asimismo por internet en su versión inglesa, cuya traducción al español es como sigue:  “Decisión    34  COM  7B.100.El  Comité  del  Patrimonio  Mundial,  1.‐Habiendo  examinado  el  Documento WHC‐10/34.COM/7B , 2.‐Recordando la Decisión 33 COM 7B.123, adoptada en  su sesión 33 (Sevilla, 2009) 3.‐ Reconoce la información proporcionada por el Estado Parte  sobre  las  conclusiones  del  Comité  de  Expertos  creado  para  evaluar  el  impacto  de  la  propuesta  Torre  Cajasol  sobre  el  Valor  Excepcional  Universal  de  la  propiedad  (Catedral,  Archivo  de  Indias  y  Alcázar),  y  que  esta  torre  tendrá  un  impacto  potencial  adverso  en  el  área  de  “transición”  de  la  ciudad  histórica;4.‐  Lamenta  que  el  Estado  Parte  no  paró  los  trabajos de construcción de este proyecto y toma nota que el Estado Parte ha comenzado  trabajos preliminares sobre este proyecto; 5.‐ Solicita del Estado Parte que reconsidere  el  actual  proyecto  para  evitar  cualquier  impacto  posible  adverso  sobre  el  Valor  Excepcional  Universal de la propiedad;  6.‐ También solicita del Estado Parte que presente al Centro del  Patrimonio Mundial, hacia junio de 2011, un informe sobre  el estado de conservación de la  propiedad y de los pasos tomados para evitar cualquier impacto adverso sobre los Valores  Excepcionales  Universales  de  los  mismos,  para  su  examen  por  el  Comité  de  Patrimonio  Mundial en su sesión 35 de 2011.”  Y por último, hasta ahora, el mismo Comité en su 35 Sesión celebrada en la sede central de la  UNESCO,  en  París,  del  19  al  29  de  junio  ppdo.,  constataba  que  ninguna  de  sus  anteriores peticiones se habían cumplido y vuelve a reiterarlas.  Es  decir,  el  Comité  del  Patrimonio  Mundial  máximo  órgano  cultural  del  planeta,  lamenta que  no  se  hayan  parado  los  trabajos  y  exige    al  Gobierno  Español  la  reconsideración  del Proyecto y que, a Junio de 2011, presente un Informe sobre las medidas tomadas para evitar la construcción del rascacielos Cajasol.  3)  De  la  Agencia  Estatal  de  Seguridad  Aérea  que  por  Oficio  fechado  el  5/5/2010  –Documento  nº  8  anexo‐  ha  dado  cuenta  de  su  Acuerdo  iniciando  Expediente  Sancionador frente a la Constructora Puerto Triana, S.A., bajo la referencia PSSA/00001/10, “en base a una presunta vulneración de las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla así como de la Legislación aeronáutica sectorial aplicable al mismo.  VALORACIONES Y RAZONAMIENTOS SOBRE LOS HECHOS CITADOS 1.‐ El PERI ARI‐DT‐10 es manifiestamente contrario al PGOU de Sevilla.   1.1.‐ Sobre la interpretación del citado PERI.‐ Antes de nada, permítasenos reproducir los principios, extraídos del PGOU, que debieron tenerse en cuenta (pero que en absoluto se tuvieron) al abordarse la tramitación y aprobación del tan reiterado PERI.   Establece el PGOU:  10  
    • En su art. 1.1.4. Finalidades y principios rectores de la ordenación urbanística  el Plan señala algunos de tales principios rectores que, como veremos, no se han tenido en cuenta en nuestro caso:  “a.  La  promoción  de  un  desarrollo  sostenible  y  cohesionado  de  la  Ciudad  y  de  su  territorio  en  términos  sociales,  culturales,  económicos  y  ambientales,  con  el  objetivo  fundamental de mantener y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes...  d.  La  subordinación  de  los  usos  del  suelo  y  de  las  edificaciones,  sea  cual  fuera  su  titularidad, al interés general definido por la ordenación urbanística del presente Plan,  evitando todo intento de especulación, y a tal fin, delimita el contenido del derecho  de propiedad conforme a su función social y utilidad pública”.  Es decir, es la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Plan General de Sevilla quienes  conceden  y  delimitan  el  derecho  de  propiedad  y  que,  por  tanto,  éste  no  puede alterarse  por  posteriores  instrumentos  de  planeamiento  de  menor  rango,  como  se  ha  hecho en el presente caso.  En  su  art.  1.2.2.‐  Determinaciones  y  su  interpretación,  el  PGOU  establece  las  reglas para  la  interpretación  de  las  normas  Urbanísticas  que  contiene.  En  su  apartado  f)  concreta: “De  no  ser  posible  salvar  las  contradicciones  que  se  apreciasen  conforme  a  las  reglas establecidas en los apartados anteriores, se estará  la interpretación que mejor se acomode a la función social del derecho de propiedad y al sometimiento de éste al interés público general, concretado  en  el  logro  de  un  desarrollo  cohesionado  y  sostenible  de  la  ciudad  y  en  una utilización  racional  de  los  recursos  naturales.  Por  ello,  en  estos  casos  prevalecerán  los siguientes criterios para disipar las dudas interpretativas que pudieran presentarse: la menor edificabilidad,  los  mayores  espacios  públicos,  el  mayor  grado  de  protección  y  conservación del patrimonio cultural, el menor impacto ambiental y paisajístico y la menor transformación en los usos y prácticas tradicionales”. O sea, y como resulta del examen que estamos llevando a  cabo,  el  PERI,  por  el  contrario  trata  de  entronizar  los  criterios  opuestos:  obtener  la  mayor edificabilidad privada, reducir los espacios públicos, el mayor impacto ambiental y paisajístico y la mayor transformación de los usos y prácticas tradicionales.  Por otra parte, el art. 1.2.3 del PGOU‐ Determinaciones del Plan General. Carácter de las mismas.‐ dice en su párrafo quinto que “Todos los terrenos y parcelas particularizadas del término  municipal,  en  cualquiera  de  las  clases  de  suelos  anteriores,  vienen  calificados expresamente  mediante  alguno  de  los  usos  globales  o  pormenorizados  que  se  señalan  en  los planes respectivos del Plan General, con la zonificación general de uso y destino del suelo y de la edificación”. Y más adelante: “La calificación del suelo y de la edificación mediante los usos tiene como objetivos: a) Organizar equilibradamente las actividades en el espacio, en tanto que generadoras de movimientos de población. b) Regular sus relaciones de compatibilidad según su ubicación en el espacio, su contigüidad y molestias, en tanto que actividades competitivas, afines  o  contrarias,  y  generadoras  de  rentas  económicas  diferenciales.  c)  Determinar  la intensidad  de  utilización  del  suelo  y  edificación  correspondiente  a  cada  uso,  en  tanto  que gradación  de  las  concentraciones  de  actividades.  d)  Determinar  el  contenido  normal  de  la  11  
    • propiedad  completando,  junto  con  la  edificación,  el  aprovechamiento  urbanístico  de  los terrenos”.   Este artículo concluye: “9.‐ Cualquier otra pretensión de alteración de la calificación del suelo determinada por el Plan, o cuyos efectos virtuales urbanísticos constituyan o pretendan una    modificación  de  la  clasificación  del  suelo  del  mismo...  requerirán  una  alteración  del planeamiento  general  por  el  procedimiento  legalmente  establecido  o  serán  reputadas ilegales”.  1.2.‐  La  altura  de  la  torre  Cajasol  infringe  claramente  las  determinaciones  del  Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, PGOU.   Del contenido de éste respecto a los objetivos y criterios de ordenación, recogidos en la Ficha Urbanística correspondiente no resulta la posibilidad de dar cabida a una edificación de gran altura. Antes al contrario, al establecer el Uso Comercial como dominante, con más del 70% de su edificabilidad para esta actividad que, lógicamente se desarrolla en poca altura (una o  dos  plantas),  parece  proponer  un  desarrollo  fundamentalmente  horizontal.  A  mayor abundamiento, en los planos de ordenación completa del PGOU, la zona de ordenanza en que se  incluye,  dentro  del  ámbito  de  la  ARI  DT  10,  la  manzana  destinada  a  Terciario  (CT1)  por  el PERI, es la de Servicios Terciarios. Así se grafía en la hoja 13‐11 del PGOU. Su regulación figura en el Capítulo XII del Título XII de las Normas Urbanísticas. Para edificación abierta, el artículo 12.12.3, en su apartado 2.5 indica que “para el caso de inexistencia de determinación de altura en  los  planos,  el  número  máximo  de  plantas  se  determinará  mediante  la  redacción  de  un estudio  de  detalle  que  armonice  la  edificabilidad  permitida  y  demás  condiciones  de edificación  a  la  morfología  y  tipologías  del  entorno,  sin  que  en  ningún  caso  pueda  ser superior  a  las  cuatro  (4)  plantas”.  Por  si  no  fuera  suficientemente  explícita  esta  limitación, recordemos  que  en  el  entorno  las  edificaciones  no  superan  las  3  plantas  en  Triana,  ni  las  6 plantas en Cartuja. Es decir, la edificación en dicha parcela no puede exceder, en ningún caso, las 4 plantas de altura.  Esta normativa es válida para todo el Suelo Urbano, sea o no Consolidado. En el PGOU de  Sevilla,  este  asunto  está  totalmente  determinado  en  el  artículo  12.1.1.3.  de  las  Normas Urbanísticas, incluido entre las disposiciones comunes a todo el suelo urbano, ya que establece lo siguiente:  “Las Normas  contenidas en este Título  se aplican  en Suelo Urbano Consolidado, en el  Suelo Urbano No Consolidado y en el Urbanizable Ordenado en todo aquello que no se  oponga  a  las  condiciones  particulares  establecidas  en  las  fichas  anexas  para  cada  sector o área de reforma interior”.  Este artículo se complementa con el que le sigue, el 12.1.2.1, que señala:  “Mediante  Planes  Especiales  podrán  alterarse  puntualmente  las  condiciones  particulares  de ordenanza siempre que no implique incremento de la  edificabilidad ni  de  la  densidad,  ni  supongan  alteraciones  sustanciales  que  desnaturalicen  la  configuración que para cada una de ellas se establecen en los Capítulos siguientes.”  12  
    • Aquí, mediante un Plan Especial, el PERI ARI DT 10, se ha vulnerado la altura máxima establecida por el Plan General (cuatro plantas) y, además, se ha incrementado ilegalmente la edificabilidad;  se  han  planteado  alteraciones  sustanciales  que  han  desnaturalizado  la  ficha urbanística (predominancia del uso oficinas sobre el comercial), y posibilitado usos prohibidos en sótanos y muchas otras transgresiones adicionales.  Así pues, tanto en la ordenación prevista por el PERI ARI‐DT‐10 como en las Licencias de Obras concedidas se supera desmesuradamente la altura máxima establecida en el artículo 12.12.3.  del  PGOU  que  la  fija,  para  las  Zonas  de  Servicios  Terciarios,  tanto  en  Suelo Consolidado como No Consolidado, en cuatro (4) plantas.  Cuatro plantas supone una altura comprendida entre 18 y 24 metros. Recordemos que el  PERI  ARI‐DT‐10  prevé  la  construcción  en  suelo  de  Servicios  Terciarios  de  un  edificio  de  50 plantas  de  altura  con  un  tope  de  225  metros  de  altura,  que  pudieran  superarse  además “cuando  motivadamente  el  uso  así  lo  exija”.  Acogiéndose  a  este  PERI,  el  Proyecto  cuyas Licencias  impugnamos,  ha  planteado  un  edificio  de  36  plantas  y  182  metros  de  altura,  en evidente contradicción con el PGOU.  1.3.‐ Sobre los usos.‐ Los usos y actividades admisibles en cada uno de los suelos que integran  el  término  municipal  de  la  Ciudad  vienen  perfectamente  establecidos  en  su  Plan General. En el caso del Suelo Urbano No Consolidado (en el que estamos) los mismos aparecen reflejados en la oportuna  Ficha  Urbanística, en nuestro caso la correspondiente al ARI‐DT‐10 “PUERTO TRIANA”. (Hoja 12‐15, Área de Reparto T‐09/UR del PGOU). En ella encontramos en su  primer  epígrafe  “ORDENACIÓN”,  el  primer  apartado  correspondiente  a  “OBJETIVOS  Y CRITERIOS  (ORDENACIÓN  PORMENORIZADA  PRECEPTIVA”),  después  de  lo  cual,  continúa  la Ficha exponiendo los criterios de esta Ordenación:  “La propuesta –se dice textualmente‐ pretende la regeneración del área a través de la  convivencia  adecuada  entre  los  usos  de  oficinas,  comerciales,  hoteleros,  servicios  privados  y  equipamientos,  confiando  en  la  mezcla,  en  la  fusión,  como  elementos  de  valor en la configuración de la ciudad moderna”.   Detengámonos  en  este  Objetivo  del  PGOU:  tanto  en  el  momento  de  su  redacción como  en  la  actualidad  el  área  de  la  Cartuja  se  encuentra  totalmente  desprovista  de  usos comerciales,  hoteleros  así  como  de  servicios  privados.  La  práctica  totalidad  de  su  suelo  se encuentra ocupado por oficinas tanto privadas como públicas. Resulta evidente, por tanto, el criterio  del  planificador  de  equilibrar  esta  situación  introduciendo  unos  nuevos  usos  que, incluso,  ha  relacionado  como  acabamos  de  ver.  No  se  entendería  por  el  contrario,  la formulación  de  este  objetivo  si  su  intención  fuera  la  de  dedicar  casi  toda  la  edificabilidad prevista a nuevas oficinas. ¿Dónde quedaría la “convivencia adecuada”, la “mezcla” y la “fusión de usos”, todo lo cual forma parte de la Ordenación Pormenorizada Preceptiva?   Más  adelante,  y  siempre  dentro  de  dicha  Ordenación  Pormenorizada  Preceptiva,  al referirse  a  Otras  condiciones  para  su  desarrollo,  solamente  pormenoriza  un  uso:  el  de  Gran Superficie  Comercial,  si  bien  fijándole  claramente  un  tope  (48.000  m2),  para  que  pueda convivir  con  otros  usos  (hoteleros,  servicios  privados,  etc.),  posibilitando  esa  “mezcla”  y  esa  13  
    • “fusión” que se pretende. En los artículos del PGOU, a los que nos referimos seguidamente, se explicitan estos conceptos.  Art.  1.2.5.  Determinaciones  de  la  ordenación  pormenorizada  preceptiva.‐  Aclaremos antes  los  conceptos  de  ordenación  pormenorizada  preceptiva  (art.  1.2.5)  y  ordenación pormenorizada  potestativa  (art.  1.2.6).  En  ésta  última,  las  determinaciones  del  PGOU  sobre volúmenes y trazados viarios tienen carácter indicativo, de recomendaciones. Por el contrario, en  la  ordenación  pormenorizada  preceptiva  han  de  respetarse  los  criterios  y  directrices,  los usos, densidades y edificabilidades de la Ficha Urbanística, que son vinculantes.   La  Ficha  Urbanística  de  la  ARI‐DT‐10  establece,  con  el  carácter  de  Ordenación Pormenorizada  Preceptiva,  es  decir,  reiteramos  “obligatoria”:  “1.2.5.c)  En  el  suelo  urbano  no consolidado (que es nuestro caso), los criterios y directrices para la ordenación detallada de los distintos sectores definidos en esta clase de suelo que precisen planeamiento de desarrollo, así como las previsiones de programación y gestión”.  El PGOU dedica su art. 2.2.8 a Los Planes Especiales, y en su párrafo tercero establece que: “Los Planes Especiales, según su especificidad sectorial o ámbito que traten, contendrán las especificaciones o particularidades apropiadas a su finalidad y las demás limitaciones que le impusiera,  en  su  caso,  el  Plan  o  Norma  de  los  cuales  sean  derivados.  Cuando  viniesen expresamente  delimitados  en  el  presente  Plan,  se  atendrán  a  las  determinaciones estructurales y preceptivas que éste señale, sin perjuicio de las demás que les correspondan por su naturaleza, según la Ley y los Reglamentos”.  La Ficha Urbanística del Plan General fijaba, ya lo hemos dicho, un Uso Pormenorizado Preceptivo (Gran Superficie Comercial) con una edificabilidad de 48.000 m2 quedando un resto de 20.000 m2 para otros usos admisibles dentro del global terciario.  El  PERI  ARI‐DT‐10  no  reconoce  esta  especificidad  de  carácter  preceptivo,  obligatorio, del Uso Pormenorizado  (Gran Superficie Comercial) establecida  por el Plan General, como es exigible. Por  el contrario, lo engloba dentro de un  conjunto de  nuevos usos pormenorizados no  incluidos  por  el  PGOU:  Servicios  terciarios,  Oficinas,  hotelero,  recreativos,  etc.  Usos  que, por  cierto,  han  quedado  reducidos  en  la  licencia  concedida  a  un  porcentaje  mínimo  para  los comerciales,  la  práctica  totalidad  para  el  de  oficina,  despareciendo  los  restantes  (hoteleros, recreativos, etc.) que el PGOU pretendía introducir.  Con  esta  alteración  realizada  por  el  PERI,  se  ha  intentado  eliminar  el  carácter  de preceptivo  que  tiene  el  Uso  Pormenorizado  (comercial)  y,  sobre  todo,  su  dominancia.  Esta posición de “dominancia” la ocupa ahora el nuevo Uso Pormenorizado que se ha incluido: el de Oficinas, “traicionando” con ello las determinaciones, criterios y objetivos del Plan General.  En  este  momento  no  está  de  más  que  explicitemos  también  lo  que  se  dice  en  el apartado 5 segundo párrafo, art. 2.2.8, de las Normas Urbanísticas del PGOU: “A tal efecto se consideran determinaciones de carácter obligatorio y vinculante para cada uno de los Planes Especiales previstos en el presente Plan General para las áreas de reforma interior, (nuestro caso) las decisiones pertenecientes a la ordenación estructural o pormenorizada preceptiva:  14  
    • tales su adscripción al Área de Reparto, su aprovechamiento medio, la edificabilidad máxima, la densidad y los usos globales... (salvo mínimas adaptaciones físicas de detalle al terreno que constituyan una mejora de sus efectos ambientales, costes menores, o mayor racionabilidad de diseño  o  función  y  que  no  afecten  a  terceros)  y  los  criterios  y  directrices  para  la  ordenación detallada,  y  que  podrán  referirse  a  las  tipologías  admisibles,  usos  dominantes,  alturas máximas...”.  Para  mayor  aclaración  de  estos  conceptos,  en  su  tercer  párrafo  añade:  “Se aplicarán a los Planes Especiales de Reforma Interior de redacción obligatoria previstos en este Plan  General  para  los  ámbitos  de  áreas  de  reforma  interior  de  suelo  urbano  no  consolidado (como  es  nuestro  caso),  la  regulación  contenida  en  el  apartado  8  del  art.  anterior”.  Dicho apartado  8  del  art.  2.2.7  dice:  “El  Plan  Parcial  deberá  ajustarse  a  la  distribución  entre  los diversos  usos  pormenorizados  que  de  la  edificabilidad  global  se  realiza  en  la  ficha  de  cada ámbito de planeamiento en el Anexo I de las Normas Urbanísticas. No obstante, el Plan Parcial podrá  ajustar  dentro  de  los  siguientes  límites  esa  concreta  distribución  de  edificabilidad entre  los  usos  pormenorizados:  a)  En  ningún  caso  podrá  suponer  aumento  de  la edificabilidad  total  asignada  al  ámbito”.  Esta  exigencia,  apostillamos  nosotros,  ha  sido incumplida, tanto en el PERI, como en las Licencias concedidas, al no contabilizarse superficies que el PGOU sí establece que han de contabilizarse,  lo que supone, en la práctica, un aumento de la edificabilidad asignada por el Plan General.  Tras dos apartados dedicados a la vivienda protegida, el cuarto apartado fija:  “d)  La  alteración  de  la  edificabilidad  que  el  Plan  Parcial  establezca  para  cada  uso  pormenorizado,  no  podrá  suponer  una  variación  (en  más  o  en  menos)  del  15%  de  la  cuantía asignada por este Plan para dicho uso en la correspondiente Ficha, ni suponer  una desviación en más de 5 puntos con respecto al porcentaje asignado en la Ficha a  dicho uso con respecto a la edificabilidad total del sector. No obstante, cuando en la  Ficha  se  establezca  para  el  Sector  un  único  uso  pormenorizado  (en  nuestro  caso,  el  comercial),  podrán  admitirse  otros  Usos  Pormenorizados  pertenecientes  al  uso  global  asignado  como  estructural  (terciario),  siempre  que  se  garantice  la  dominancia  del  pormenorizado  específico  identificado  en  la  Ficha”.  Es  decir,  el  PGOU  concede  unos  márgenes de flexibilidad en el desarrollo posterior de los Planes Parciales y Especiales,  pero  márgenes  muy  acotados,  para  evitar  la  desnaturalización  de  sus  criterios  y  objetivos,  y  siempre  manteniendo  la  proporción  predominante  entre  unos  usos  preestablecidos y otros que pudieran añadirse.  Aplicando estos límites al caso que nos ocupa:   El Plan General establece que:  La edificabilidad total del ámbito del PERI ARI‐DT‐10 es de 68.000 m2   El Uso Global es terciario   Sólo  existe  un  Uso  Pormenorizado  Específico:  Gran  Superficie  Comercial  con  una edificabilidad máxima de 48.000 m2    Ésta  edificabilidad  sólo  puede  variar,  en  más  o  en  menos  del  15%,  lo  que  quiere decir que podría oscilar entre 55.200 y 40.800 m2    15  
    • Tampoco  puede  desviarse  el  Uso  Pormenorizado  en  más  de  5  puntos  del  porcentaje existente  de  este  Uso  respecto  al  total  (art.  2.2.8  apdo.  8  d  de  las  Normas  Urbanísticas  del PGOU).  Si  el  porcentaje  señalado  por  el  PGOU  es  del  70,58%,  la  oscilación,  en  términos porcentuales  iría  del  65,58%  (44.594,40  m2)  hasta  el  75,58%  (51.394,40m2).  Éste  último intervalo sería, por tanto, el de aplicación por ser el más restrictivo.  Luego  el  mínimo  admisible  para  el  Uso  Pormenorizado  Específico  establecido  por  el Plan General (Gran Superficie Comercial), sería de 44.594,40 m2. Se podrían admitir otros Usos (locales  comerciales,  oficinas,  hoteles,  etc.)  pero  no  podrían  superar,  en  su  conjunto,  los 23.405,60 m2 restantes. Y siempre respetando la “dominancia del Pormenorizado Específico identificado en la Ficha”, que es la Gran Superficie Comercial.  El  Proyecto  de  “Centro  de  Servicios  Terciarios  en  la  parcela  CT1  del  PERI‐ARI‐DT10”, con Licencia de 17/9/2008, incumple rotundamente también este artículo: ha reducido el Uso Pormenorizado Específico de 48.000 m2 a 9.310,33 m2, en beneficio de otros no previstos, sin respetar la dominancia que el Uso Pormenorizado Específico (comercial) debe tener, según las determinaciones del PGOU que hemos analizado.  El  PERI,  en  el  apartado  “Intensidades  de  uso”  del  art.  9  de  sus  ordenanzas  fijó  los distintos usos autorizables:  “Oficinas,  hotelero,  comercial  y  equipamiento  y  servicios  privados:  68.000  m2,  con  un  máximo para el uso comercial de 48.000 m2”  Al  hacer  esto,  el  PERI  está  introduciendo  nuevos  usos  pormenorizados  (oficinas, hotelero,  equipamiento  y  servicios  privados)  junto  al  único  Uso  Pormenorizado  específico establecido por el PGOU (comercial), pero lo hace sin respetar ni garantizar la dominancia de éste en los términos exigidos por el PGOU en los artículos antes citados.  Aunque no es sólo el PERI quien incumple el PGOU. Al solicitarse la segunda Licencia de  Obras  debió  tenerse  en  cuenta  la  dominancia,  ya  lo  hemos  dicho,  del  tan  repetido  Uso Pormenorizado Específico proyectando un edificio donde las superficies destinadas a cada uso cumplieran  las  proporciones  establecidas  por  el  Plan  General.  Por  el  contrario,  la  segunda licencia que se concede lo hace a un edificio exclusivamente de oficinas (la Torre) junto a otros dos  edificios  también  mayoritariamente  de  oficinas  salvo  unas  insuficientes  superficies comerciales  relegadas,  además,  al  primer  sótano,  lo  que  constituye  otro  incumplimiento  del PGOU.  1.4.‐ Sobre el cómputo de la edificabilidad‐   En el Hecho Primero hicimos alusión a este beneficio edificatorio y, a la vez económico otorgado a este promotor concreto, obviando entre otros, estos artículos del PGOU:  Art.  7.3.17  del  PGOU.‐  Superficie  edificada  por  planta,  superficie  edificada  total; superficie útil, superficie edificable y coeficiente de edificabilidad neta.‐  16  
    • “1.‐  Superficie  edificada  por  planta  es  la  superficie  comprendida  entre  los  límites  exteriores de cada una de las plantas de edificación. 2.‐ Superficie edificada total es la  suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas que componen el edificio.  3.‐  Superficie  útil  es  la  superficie  comprendida  en  el  interior  de  sus  paramentos  verticales, que es de directa utilización para el uso a que se destine. Es superficie útil de  una planta o del edificio la suma de las superficies útiles de los locales que la integren.  4.‐ Superficie edificable es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie  edificada total que puede construirse en una parcela”.  El  Proyecto  de  Torre  al  que  se  ha  concedido  Licencia  no  contabiliza  como  superficie edificada las escaleras, ascensores, los espacios para instalaciones y similares.  Esta  deducción,  en  un  edificio  en  altura  de  las  características  de  éste  en  que  las comunicaciones verticales tienen una gran importancia dimensional, supone en la práctica un incremento  de  la  superficie  útil  y  por  tanto  de  la  superficie  edificable,  de,  como  mínimo,  un 30% más de los 68.000 m2  establecidos como máximo por el PGOU.  Los autores del Proyecto se sienten autorizados para ello por lo dispuesto en el art. 9 (apartado  Intensidades  de  uso,  párr.  4º,  del  Plan  Especial  ARI‐DT‐10    y  que  transcribimos seguidamente:  “Para  posibilitar  la  construcción  de  edificación  en  altura,  de  acuerdo  con  la posibilidad que ofrecen estas Ordenanzas para esta zona, entendiendo como tales edificaciones en altura aquellas cuya altura sea superior a cien metros (100 m), en estos edificios los espacios destinados a instalaciones, como por ejemplo plantas técnicas y los espacios destinados a vías de evacuación vertical no serán computables a efectos de edificabilidad”.  Pero dicho art. del PERI es ilegal y nulo de pleno derecho por ser contrario a lo expresa y  rotundamente  establecido  en  el  art.  7.3.18.  apartado    2,  del  P.G.O.U.:  “Computarán íntegramente  los  cuartos  de  caldera,  basuras,  contadores  y  otros  análogos,  así  como  las edificaciones auxiliares”, rotundidad avalada por lo dispuesto en los arts. 1.1.4, 1.2.2 y 1.2.3 ya  transcritos  sobre  Finalidades  y  Principios  Rectores  de  la  Ordenación  Urbanística  y  las Determinaciones  del  Plan  General  y  su  Interpretación  y  el  Carácter  de  las  mismas,  precepto especialmente  reforzado  por  lo  dispuesto  en  el  art.  34.c)  de  la  LOUA.  Este  criterio  es plenamente compartido por la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, en  su  informe  de  23/06/2010,  documento  nº  4  anexo  emitido  a  instancias  de  la  Fiscalía  de Sevilla, Sección de Medio Ambiente y Urbanismo, al que antes nos hemos referido.  En el Proyecto aprobado no se han contabilizado 15.898,66 m2 por estos conceptos, de los 51.494,45 m2 totales de la Torre, lo que supone el 30,87% de su superficie. Ello supone un beneficio económico extra para la Promotora de 15.898,66 m2 de oficinas, que añadir a los 19.358,45  m2  ya  indicados  por  la  construcción  indebida  bajo  rasante,  esto  es  un  total 35.257,11  m2  de  más  sobre  los  68.000  m2,  máximos  establecidos  por  el  PGOU  como Ordenación  Pormenorizada  Preceptiva,  alcanzando  una  superficie  total  construida  de 103.257,11 m2.   1.5.‐ Sobre las reservas dotacionales.  17  
    • En el Hecho Primero anterior hemos hecho referencia a las contradicciones advertidas por la Técnico de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la  Junta  de  Andalucía,  entre  las  superficies  de  equipamiento  exigidas  por  el  PGOU  y  las indicadas en el Plan Especial que nos ocupa. También allí nos preguntábamos cómo se habría obrado  esta  multiplicación,  cuasi  milagrosa,  de  los  metros  lucrativos.  Porque  como  el  Viario había  aumentado  también,  algunos  de  los  equipamientos  habrían  tenido  que  reducirse.  Los SIPS  han  perdido  algo  de  espacio,  pero  esto  no  es  suficiente.  Los  restantes  (Pabellón  de  la Navegación  y  espacios  libres)  aparecen  con  la  misma  superficie  que  antes  tenían.  ¿Cómo  es posible esta paradoja? Muy sencillo: se ha contabilizado la espléndida edificación del Pabellón de la Navegación como zona verde, incluyéndola en el cómputo como si fuera un espacio libre. No  se  ha  reconocido  con  esa  claridad  en  la  Memoria  del  PERI,  pero  sí  aparece  reflejado perfectamente en el “Plano O.1. Zonificación y Denominación de Manzanas” del PERI –CD‐Rom PERI‐,  en  el  que  el  Pabellón  aparece  englobado  dentro  de  una  parcela  de  84.064  m2  de superficie y denominada “E.L.1” (espacios libres). Este intento de cambio de calificación no es posible  ni  legal  porque  en  el  PGOU,  tanto  en  el  correspondiente  Plano  de  Ordenación Pormenorizada  como  en  la  Ficha  del  ARI‐DT‐10,  el  Pabellón  aparece  claramente  identificado con el color de los equipamientos y como tal ha de ser considerado y contabilizado. Dado que la  extensión  de  este  edificio  es  de  17.966  m2,  la  superficie  real  de  la  zona  verde  (o  espacios libres)  que  ha  reservado  el  Plan  Especial  es,  en  realidad,  de  solamente  66.098  m2  (que  es  la que resulta precisamente de una medición según planos) frente a los 84.064 m2 exigidos por el PGOU,  como  Ordenación  Pormenorizada  Preceptiva.  A  esta  irregularidad  hacía  referencia  el Informe  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Obras  Públicas  y  Transporte,  de  la Junta de Andalucía de 19 de marzo de 2007 –folio 65 a 69 del Tomo II del Exp. 27/2005 de la GMU, de Tramitación y Aprobación del PERI.  También  es  irregular  que  la  parcela  SIPS  se  reduzca  de  los  12.592  m2  exigidos  por  el PGOU como Ordenación Pormenorizada Preceptiva a solamente 10.684 m2. Esta reducción es inadmisible porque un Plan Especial, por su menor rango, no puede disminuir las dotaciones establecidas por un Plan General. Lo que también fue objeto de aviso en el reiterado Informe de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas, así como también en el Informe de  la  Dirección  General  de  Inspección  y  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Vivienda, aportado ahora como documento nº 2 anexo.  En el escrito del Sr. Fiscal, aportado también como hemos dicho como documento nº 1 anexo,  se  denuncia  como  inaceptable  –párr.  3  Fundamento  de  Derecho  Cuarto,  siguiendo  el citado Informe de la Dirección General de Inspección‐ que la superficie del SIPS se ha reducido desde  los  12.592  m2  del  PGOU  a  los  10.684  m2  del  PERI,  pero  acepta  que,  en  un  Estudio  de Detalle posterior ésta disminución se ha suavizado un poco dejándolo en 11.500 m2. Aunque al efecto que ahora nos ocupa no tiene mayor importancia porque, en todo caso, tan inaceptable es una “dispensa” o “regalo” de 1.092 m2, como de 1.908 m2, pero permítasenos decir que el “regalo” realmente habido ha sido de 1.908 m2. En efecto, si analizamos el Estudio de Detalle de  la  Manzana  SIPS‐1  aprobado  el  20/2/2009  (esto  es,  dos  años  después  de  aprobado definitivamente el PERI y tras las primeras polémicas por la torre) y publicado en el BOP de 23 de  abril  del  mismo  año  comprobamos  que  se  han  modificado  las  dimensiones  de  la  parcela SIPS, incrementando en 7 m su longitud a costa de reducir la sección del viario contiguo, que lo  18  
    • separa  de  la  parcela  de  Puerto  Triana,  S.A.,  de  32  m  a  25  m.  Pero  esto  debe  rechazarse  por inaceptable legalmente:   La  finalidad  de  los  Planes  Especiales  es  establecer  la  ordenación  detallada  de  las  áreas urbanas y, por tanto, señalar las parcelas, sus usos y dimensiones así como el  trazado  y  sección  de  los  viarios.  El  PERI  que  nos  ocupa  fijó  las  dimensiones  y  ubicación relativa de cada parcela en los planos 0.1 “Zonificación y denominación  de manzanas” y 0.3 “Alineaciones y alturas”, CD‐Rom PERI.   Igualmente,  el  viario  intermedio  entre  la  parcela  lucrativa  y  la  del  SIPS  aparece  reflejado en todos los planos de nuestro PERI, incluso con su nombre: calle López  Pintado. Más aún, en el citado plano 0.3 y en el 0.4 “Viario” aparece acotado con  su  anchura:  32  m.  En  este  último  plano  0.4  figura,  además,  a  mayor  escala,  la  sección transversal detallada de este vial.   Así  pues,  tanto  las  dimensiones  de  las  parcelas  como  la  sección  del  viario  son  determinaciones  del  Plan  Especial  que  no  pueden  ser  alteradas  por  un  planeamiento de menor rango como es un Estudio de Detalle cuya misión se limita  a  fijar  las  alineaciones  interiores  de  la  edificación  y  la  ordenación  de  sus  volúmenes.   Además,  al  modificar  la  dimensión  de  una  parcela  a  costa  de  la  vecina  se  ha  cambiado  la  calificación  de  una  franja  de  terreno  de  116,23  x  7,02  m2,  lo  que  supone  una  alteración  significativa  de  una  de  las  determinaciones  del  Plan  Especial,  como  es  la  asignación  de  usos,  que  no  puede  efectuarse  más  que  mediante la tramitación de una Modificación del PERI, tal y como el PGOU y el art.  38 de la LOUA exigen.    ¿Por qué se ha redactado, pues, este Estudio de Detalle? El PERI no exige su redacción como  condición  previa  para  la  edificación.  Además,  analizando  dicho  Estudio  de  Detalle,  se comprueba que no se ha establecido en él ninguna alineación interior ni se pretende ordenar la  volumetría  de  la  futura  edificación,  que  es  lo  que  debería  fijar  un  instrumento  de planeamiento de este rango. Lo único que se ha pretendido modificar con dicho documento es la sección de la calle López Pintado que pasa de 32 a 25 m y la superficie del SIPS de 10.686 m2 a  11.500  m2.  Porque  como  se  reconoce  en  su  propia  Memoria,  apartado  1.5  “Justificación  y objeto del Documento”: “El objeto del presente documento es marcar una nueva alineación de la  manzana  SIPS  hacia  la  calle  López  Pintado”.  Y  añade,  a  continuación  en  el  apartado  1.6..‐ “Nuevas  determinaciones  urbanísticas”:  “El  documento  de  Estudio  de  Detalle  fija  una  nueva alineación a la futura calle López Pintado reflejada en la planimetría, manteniendo el resto de alineaciones,  modificándose  la  superficie  de  la  parcela  que  pasa  a  tener  11.500  m2”.  Es evidente  que  se  redactó  un  Estudio  de  Detalle  no  obligatorio  con  la  exclusiva  finalidad  de aumentar  la  insuficiente  superficie  del  SIPS  y  con  posterioridad  a  que  tal  insuficiencia  fuera denunciada  por  el  Informe  Técnico  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Obras Públicas y Transportes, antes citado. 2.‐ El Proyecto al que se ha concedido la Licencia incumple directamente Normas del PGOU.  En  el  Capítulo  anterior  hemos  detallado  como  el  PERI  del  ARI‐DT‐10,  ha  incumplido numerosas  Normas  del  Plan  General,  algunas  de  incidencia  directa  en  la  licencia  de  la  torre, como  la  altura  y  el  incremento  de  edificabilidad  que  supone  el  distinto  criterio  de  cómputo, mientras  que,  en  otras  la  incidencia  ha  sido  indirecta,  como  la  reducción  de  equipamiento  y  19  
    • zonas verdes que ha permitido disponer a Puerto Triana de una parcela lucrativa más grande. Pero  existen  otros  aspectos  aún  donde  la  licencia  ha  incumplido  directamente  una  serie  de Normas del PGOU de aplicación directa.   Ya apuntamos en el apartado 1.3 del presente escrito que, en lo referente a los usos, el PERI  había  obviado  la  Dominancia  que  el  Uso  Global  Pormenorizado  Específico  (comercial) debiera tener sobre los nuevos usos introducidos por él. Y también que el Proyecto pudo haber solucionado  esta  carencia,  respetando  en  su  reparto  de  usos  los  establecidos pormenorizadamente  por  el  PGOU.  Al    no  respetarlo,  haciendo  que  el  uso  de  oficinas  sea  el dominante,  ha contravenido una Norma del PGOU de aplicación directa.  Pero  aún  es  más  grave  el  Régimen  de  usos  que  el  Proyecto,  al  que  se  concedió  la Licencia,  ha  implantado  en  el  subsuelo  de  las  edificaciones,  en  clara  contradicción  con  lo establecido por el PGOU en sus Normas y en su Ficha Urbanística:  La Licencia concedida ha autorizado la ubicación de comercios y oficinas en el primer sótano  y  una  sala  de  congresos  en  el  segundo,  como  hemos  descrito  en  el  apartado  1º  del Hecho  Primero.  Los  artículos  de  las  Normas  Urbanísticas  del  PGOU  que,  entendemos  se incumplen son los siguientes:    Art. 3.1.2 del PGOU‐ Régimen del subsuelo.‐   “1.‐  El  uso  urbanístico  del  subsuelo  se  acomodará  a  las  previsiones  de  este  Plan,  quedando  en  todo  caso  su  aprovechamiento  subordinado  a  las  exigencias  del  interés  público y de implantación de instalaciones, equipamiento y servicios de todo tipo”.  No  es,  por  tanto,  una  planta  más  con  los  mismos  usos  de  las  plantas  superiores: oficinas o comercios. Su aprovechamiento se subordina a las exigencias del interés público y en él  han  de  implantarse  instalaciones,  equipamientos  y  servicios  de  todo  tipo.  Sólo  en  este supuesto  (instalaciones,  equipamientos,  servicios,  etc.)  se  podrá  admitir,  además,  el coeficiente  reductor  que  recoge  el  apartado  4  de  este  mismo  artículo.  Por  poner  algunos ejemplos:  Si  en  la  planta  baja  hay  un  local  comercial,  en  el  sótano  pueden  instalarse  sus almacenes, o si hay un restaurante, abajo pueden estar sus cámaras frigoríficas. Pero en modo alguno  pueden  englobarse  en  estos  conceptos  los  siguientes  usos  recogidos  en  el  primer sótano  del  Proyecto  aprobado  y  que  transcribimos  con  sus  superficies  construidas  que aparecen así expresadas en las páginas 169 y 170 de la Memoria del Proyecto (folios 232 y 233 EA):   Deportivo .................................................................................................. 4.113,29 m2   Centro de Negocios Este .............................................................................. 568,84 m2   Comercial y restaurantes Este .................................................................. 5.835,04 m2   Centro de Negocios Oeste ........................................................................ 1.135,88 m2   Comercial y restaurantes Oeste ................................................................ 3.862,86 m2  Lo que suma un total de ................................................................................ 15.515,71 m2 (No hemos incluido los espacios denominados “Mecánicos”, “Servicios” y “Carga y Descarga”)  20  
    • Superficie  ésta  que  se  ha  contabilizado,  además,  sólo  al  50%,  es  decir,  sólo  se  han computado 7.757,85 m2.  Hay por tanto aquí dos incumplimientos:   Los usos previstos y aprobados no pueden estar en este primer sótano y   Aunque pudieran ubicarse ahí, no pueden contabilizarse al 50%    El siguiente art. que transcribimos aclara cualquier duda.  Art. 6.2.3. del PGOU.‐ Usos en los sótanos.‐  “En los sótanos sólo podrán establecerse:  a) Las instalaciones al servicio de la edificación  b) Aparcamientos y garajes en cualquier planta del sótano.  c)  Se  podrá  compatibilizar  la  extensión  de  cualquier  uso  de  la  primera  planta  sótano,  cuando las condiciones de evacuación, ventilación, etc. así lo permitan y no exista una  Norma específica que lo prohíba”.  En  este  caso  sí  existe  esa  Norma  específica  porque  la  correspondiente  Ficha Urbanística  del  PGOU  señala  que  el  subsuelo  será  “con  destino  exclusivo  a  aparcamientos  y servicios  complementarios  de  la  instalación  y  actividades  principales”.  Y  los  comercios, restaurantes, gimnasios, etc., no están incluidos evidentemente en tales conceptos.  Además  en  el  segundo  sótano  (nivel  S2)  se  ha  ubicado  un  denominado  Centro  de Congresos de 3.842,74 m2 (según Cuadro de pág. 167 de la Memoria, folio 230 EA) ubicación que ha de volver a rechazarse, no sólo por estar bajo rasante de la calle y por no figurar su uso entre los permitidos, sino porque además éste llamado Centro de Congresos, que en realidad es un auditorio, no es la extensión de ningún edificio superior, dado que se encuentra aislado y  bajo  un  espacio  libre.  Dicho  Centro  de  Congresos  que,  por  su  uso  y  magnitud  debería haberse situado en superficie y exento, aunque solo fuera por razones de imagen y seguridad, se  coloca  bajo  rasante,  al  parecer  por  la  única  razón  de  no  contabilizar  su  superficie construida  como  le  corresponde  según  Normas.  Este  Centro  de  Congresos,  de  3.842,74  m2 construidos,  sumados  a  los  otros  15.515,71  m2  de  comercios  y  oficinas  proyectados  bajo rasante arroja un total de 19.358,45 m2 ilegalmente autorizados por la Licencia de Obras.  Si  alguien  tachase  estas  nuestras  conclusiones  de  erróneas,  podríamos  replicarle  que las  mismas  quedan  reforzadas  por  lo  dispuesto  en  el  apartado  f)  del  art.  1.2.2  del  mismo PGOU, donde se concreta que “De no ser posible salvar las contradicciones que se apreciasen conforme  a  las  Reglas  establecidas  en  los  apartados  anteriores,  se  estará  a  la  interpretación que mejor se acomode a la función social del Derecho de propiedad y al sometimiento de éste al interés público general concretado en el logro de un desarrollo cohesionado y sostenible de la  Ciudad  y  en  una  utilización  racional  de  los  recursos  naturales.  Por  ello,  en  estos  casos prevalecerán  los  siguientes  criterios  para  disipar  las  dudas  interpretativas  que  pudieran presentarse:  la  menor  edificabilidad,  los  mayores  espacios  públicos...  y  la  menor  21  
    • transformación  en  los  usos  y  prácticas  tradicionales”.  Es  decir,  justo  lo  contrario  a  lo considerado en la segunda licencia concedida.   3.‐  El  Proyecto  con  arreglo  al  cual  se  ha  concedido  la  Licencia  infringe,  también,  el propio PERI   Este PERI que, precisamente fue redactado y aprobado específicamente para viabilizar la construcción del rascacielos también es ignorado y transgredido, y lo hace porque la Licencia de Edificación concedida incumple lo dispuesto en el art. 9 párr. 6º del propio PERI ARI‐DT‐10:  “Condiciones de la manzana de Centro Terciario CT1: El proyecto arquitectónico que se desarrolle deberá garantizar la permeabilidad visual entre las calles Inca Garcilaso y Camino de los Descubrimientos, al menos en un punto y de forma que se eviten frentes continuos de una longitud superior a 250 m”.   Según  hemos  dejado  expuesto  en  el  anterior  Hecho  Quinto,  este  límite  de  250  m  ha quedado rebasado en los dos edificios lineales o “cintas” proyectados y aprobados.  4.‐ Algo más sobre la concesión de esta licencia.‐   La  Licencia  concedida  lo  fue  sin  estar  vigente  el  Proyecto  de  Urbanización  y  no  lo estaba  porque  el  art.  70.2  de  la  Ley  2/1985,  de  2  de  abril,  Reguladoras  de  las  Bases  del Régimen Local establece taxativamente que: “2.‐ Los acuerdos que adopten las Corporaciones Locales  se  publican  o  notifican  en  la  forma  prevista  por  la  Ley,  las  Ordenanzas,  incluidos  en articulado de las Normas de los Planes Urbanísticos, así como los Acuerdos correspondientes a estos cuya aprobación definitiva sea competencia de los Entes Locales, se publican en el Boletín Oficial  de  la  Provincia  y  no  entran  en  vigor  hasta  que  se  haya  publicado  completamente  su Texto”. Dado que el acuerdo de aprobación del Proyecto de Urbanización no se publicó en el BOP hasta mayo de 2010, las licencias de edificación concedidas con mucha anterioridad, no pueden ser legales.  En  el  Hecho  Cuarto  hemos  puesto  de  manifiesto  que  la  concesión  de  la  Licencia  que autorizaba  la  edificación  de  un  gran  aparcamiento  de  3.066  plazas,  requería  la  Autorización Ambiental  Unificada  por  parte  de  la  Consejería  competente  o,  en  su  caso,  la  Calificación Ambiental, según lo establecido en la Ley 7/2007 de 9 de julio. Lo que no se ha producido en el presente caso, añadiendo con ello un  nuevo incumplimiento normativo.   5.‐ Sobre la protección del paisaje‐   La ordenación prevista  por el PERI, permitiendo una torre con 50 plantas  de altura y concretada en el Proyecto, es completamente contraria a lo establecido por el PGOU para la protección de los recursos paisajísticos de la Ciudad y su entorno. En efecto, el Plan General establece, en su Capítulo IV.‐ Protección de los Recursos paisajísticos.‐  Art. 9.4.2.‐ Principios Generales.‐  “a)  Se  reconoce  el  derecho  de  los  ciudadanos  del  municipio  de  Sevilla  a  disfrutar  del  paisaje heredado, así como disfrutar de unos niveles de calidad paisajística adecuados  22  
    • en  los  espacios  donde  desarrollan  sus  actividades  personales,  profesionales  y  sociales  .... c) El Ayuntamiento de Sevilla, a través de órgano u órganos que se determinen, se  constituye  en  el  garante  último  del  citado  derecho  al  paisaje,  debiendo  ejercer  las  funciones de información, fomento, asesoramiento, regulación, vigilancia y sanción, en  relación  con  la  implantación  o  el  desarrollo  de  los  usos  e  intervenciones  con  mayor  incidencia paisajística”.  Desafortunadamente, el propio garante, el Ayuntamiento de Sevilla, se ha convertido en  el  principal  infractor  de  su  propia  Norma.  Por  ello,  como  hemos  dejado  explicitado  en  el Hecho Cuarto anterior, la Comisión de Patrimonio de la UNESCO ha decidido intervenir para: 1) Urgir  a  España,  a  su  Gobierno,  a  que  realice  una  valoración  total  del  impacto  que  la  Torre tendrá  sobre  los  extraordinarios  valores  universales  del  Patrimonio  Mundial  (de  Sevilla)  y  su localización  y,  2)  A  que  mientras  tanto  paralice  las  obras,  lo  que  nadie  ha  hecho,  3)  A  que reconsidere  el  Proyecto  por  ser  agresivo  con  el  paisaje  histórico  de  Sevilla,  y  4)  A  que  el Gobierno  español  redacte  un  Informe  explicando  las  medidas  llevadas  a  cabo  para  evitar  el posible impacto adverso.   Las  transgresiones  denunciadas  del  PGOU,  que  el  PERI  y  el  Proyecto  materializan,  se hacen más evidentes, si cabe, contemplándolas bajo el foco de los principios inspiradores del Plan General que se explicitan en su Memoria que es –digamos‐ la Exposición de Motivos de esta  “Ley  Urbana”  y  desde  los  cuales  procede  abordar  su  interpretación.  Y  así,  en  la introducción  de  su  Memoria  de  Ordenación  plasma,  en  su  párrafo  3,  las  siguientes consideraciones  específicas  sobre  el  paisaje  urbano  de  Sevilla:  “Por  su  significación  histórica, cultural  y  etnográfica,  cabría  hablar  incluso  de  una  imagen  simbólica  de  Sevilla,  generada  a partir  de  rasgos  o  elementos  parciales  de  la  realidad,  que  extiende  el  reconocimiento  de  la Ciudad  más  allá  de  las  fronteras  nacionales,  convirtiéndola  en  un  referente  de  escala internacional  y  proporcionándole  indudables  beneficios  económicos.  El  análisis  de  este reconocimiento  internacional  de  Sevilla,  en  el  que  intervienen  circunstancias  de  marcado carácter  paisajístico  (reconocimiento  y  difusión  de  sus  hitos  más  destacados,  calidad  y singularidad  escénica  de  ciertos  sectores  urbanos,  importancia  de  las  representaciones gráficas de la ciudad...”   Asimismo, en su párrafo 4 añade “Relaciones visuales de la ciudad con su entorno... .‐ La  visión  detallada  de  fachadas  completas  y  de  imágenes  en  las  que  aparecen  varios  hitos urbanos  precisan  una  mayor  proximidad  a  la  localidad.  En  este  sentido,  el  área  de  máxima influencia de la ciudad (y, por tanto, aclaramos nosotros, la que exige una mayor protección paisajística) estaría definida por el curso del río y su llanura aluvial desde el Cerro Blanco hasta el  mirador  del  barrio  alto  de  San  Juan  de  Aznalfarache.  La  actuación  que  denunciamos  tiene lugar, precisamente, en el corazón de esta ‘área de máxima influencia’”.   Y  en  su  párrafo  5  añade  “...  el  municipio  debe  ser  consciente  de  la  importancia paisajista de algunos de sus frentes urbanos (Cartuja, el puerto, Tablada, el Pítamo, ...) por lo que, en la medida de lo posible, las intervenciones urbanísticas que se desarrollen en los citados frentes tendrán también en cuenta su incidencia en el paisaje metropolitano. procurando en todo momento no incidir negativamente en los recursos escénicos colectivos o en los de los  23  
    • municipios  adyacentes”  (El  subrayado  es  nuestro  y  añadimos  que  el  primero  de  los  frentes urbanos que cita es el de La Cartuja, sin que esto merezca la mínima atención en el PERI ni a la hora de conceder las Licencias).   Por otra parte, hemos de señalar que entre las prioridades del PGOU recogidas en su Memoria de Ordenación y, concretamente, por ejemplo, en su epígrafe 1 “Marco Conceptual y justificación  teórica”  concluye,  apartado  B:  “Mantener  en  lo  sustancial  las  tipologías edificatorias,  las  edificabilidades  y  las  densidades  preexistentes  en  la  ciudad  consolidada” exigencia que tampoco ha sido respetada al introducir una tipología no preexistente en modo alguno e incrementar tan desmesuradamente las edificabilidades y densidades.   Más adelante, en el primer apartado “El reto de la sostenibilidad” del epígrafe 2.2.‐ “La componente ética”, el PGOU fija como parámetro a tener en cuenta: “Aportar una dimensión proyectual  a  la  propuesta  de  ordenación,  instrumentada  desde  el  paisaje.  Podíamos  definirla  como  la  valoración  de  la  huella  paisajística.  Se  trata,  en  síntesis,  en  primer  lugar  de compatibilizar el desarrollo urbanístico con el mantenimiento de los recursos paisajísticos de su entorno”.   En  el  caso  de  Sevilla  este  aspecto  es  esencial.  La  extraordinaria  horizontalidad  de  la ciudad de Sevilla, emplazada en el valle del Guadalquivir entre el Aljarafe, al oeste y las colinas de Los Alcores al este, hace del paisaje urbano de Sevilla uno de los más singulares de España entre las poblaciones de su rango.   La constante preocupación que nos revela la Memoria del PGOU por el mantenimiento y mejora del paisaje “Que ha hecho que Sevilla sea una ciudad mundialmente reconocida”, por las tipologías preexistentes y por el carácter de la ciudad consolidada se refleja también en el apartado  2.3  de  la  misma  Memoria  al  referirse  a  la  denominada  “Componente  Estética”, considerando que ésta “ha de ser un principio que acompañe todas las decisiones de diseño urbano.  No  se  trata  de  proporcionar  un  repertorio  de  artefactos  desmesurados, propagandísticos  y  ficticios”,  calificativos  todos  aplicables  al  presente  caso,  comentamos nosotros.   Continuando  con  la  Memoria  de  Ordenación  del  PGOU  llegamos  a  su  Capítulo  XVI “Medidas  de  Protección  del  Medio  Ambiente  urbano  y  natural  en  el  Plan  General”.  En  su epígrafe 2 “La protección de los recursos paisajísticos”, textualmente afirma: “La aparición de modelos  de  expansión  urbana,  con  altas  tasas  de  ocupación  espacial  y  poco  respetuosas  con los recursos naturales del entorno ha propiciado una degradación generalizada del entorno lo que,  paralelamente,  ha  generado  fuertes  presiones  sobre  aquellas  áreas  con  mejores condiciones escénicas... habitualmente estas presiones se han materializado en ocupaciones más  o  menos  planificadas  que  han  propiciado  la  privatización  de  importantes  recursos visuales, la desaparición o desfiguración de las características que, inicialmente, otorgaban una  cierta  calidad  paisajística  a  estas  áreas”.  Hay  que  reconocer,  apostillamos  nosotros  un valor casi profético a esta descripción de destrucción paisajística, increíblemente similar al que se está llevando a cabo  con la construcción  de la Torre Cajasol: altísimas tasas de ocupación espacial,  poco  o  ningún  respeto  con  el  entorno,  intervenciones  “más  o  menos”  planificadas, privatización de recursos visuales y desfiguración de la calidad paisajística de la ciudad.  24  
    •   Para que ello no pudiera suceder, en el epígrafe 2.3.‐ “La incorporación del paisaje a las Normas” se establecieron por el PGOU, por lo visto gratuitamente, las garantías siguientes: “Las nuevas construcciones o alteraciones de las existentes deberán adecuarse en su diseño y composición con el ambiente urbano en el que estuvieran situadas. En los supuestos en que la singularidad de la solución formal o el tamaño de la actuación así lo aconsejen, podrá abrirse un periodo de participación ciudadana para conocer tanto la opinión de la población de la zona como de especialistas de reconocido prestigio”. Ninguna de estas dos premisas se ha respetado en nuestro caso.   Más adelante, el mismo epígrafe es mucho más explícito:    “De igual modo, se determina que las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando  en  consideración  la  topografía  del  terreno,  la  vegetación  existente,  la  posición  del terreno  respecto  a  cornisas,  hitos  u  otros  elementos  visuales,  el  impacto  visual  de  la construcción proyectada sobre el medio que la rodea y el perfil de la zona... la adecuación de la solución formal a las tipologías y materiales del área, y demás parámetros definidores de su integración en el medio urbano. Es importante destacar igualmente, la exigencia de que los Planes  Parciales,  Planes  Especiales  y  Estudio  de  Detalles,  demuestren  la  consecución  de unidades  coherentes  en  el  aspecto  formal,  mediante  los  correspondientes  Estudios  de Impacto”.   Ni  qué  decir  tiene  que  tampoco  estos  aspectos  se  han  tenido  en  cuenta  pues  ni  la solución  formal  (el  rascacielos)  se  adecua  a  las  tipologías  y  materiales  del  área,  ni  el  Plan Especial que lo ha viabilizado contiene Estudio de Impacto alguno.  6.‐ Sobre el PGOU y la movilidad.‐   No nos resistimos a formular las siguientes consideraciones que, desde este punto de vista, subrayan la incongruencia de un Proyecto como el rascacielos Cajasol que se caracteriza por ir totalmente en contra de las determinaciones municipales al concentrar un gran número de puestos de trabajo y aparcamientos, sin un sistema de transporte público alternativo y ello en el tramo más colapsado en dirección hacia la Sevilla central desde el oeste y el Aljarafe.   La Memoria de Ordenación del PGOU dedica el capítulo 4 de su Tomo 1º a “Las nuevas formas  de  accesibilidad  en  la  Ciudad  Metropolitana”,  definiendo  en  su  primer  apartado  los “Criterios que fundamentan las propuestas de transportes y la accesibilidad del Plan General”. De  entre  ellos  destacamos  los  que  se  expresan  en  el  epígrafe  “La  mejora  de  la  accesibilidad urbana de la Ciudad”:  “De  esta  manera,  en  la  solución  a  los  conflictos  y  en  las  decisiones  que  afecten  a  las  características  y  parámetros  de  la  vía  pública,  se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes  prioridades:  en primer lugar el carácter peatonal  preferente a continuación el criterio  de  favorecer  el  uso  de  la  bicicleta,  el  transporte  público  y  por  último  el  transporte  privado.  Frente  a  los  planteamientos  que  favorecen  la  movilidad  del  vehículo  privado, se propone recuperar una ciudad a la medida de los ciudadanos en toda su  dimensión y en todos sus espacios y circunstancias”.  25  
    •   Concentrar  en  un  rascacielos  de  oficinas,  superando  con  creces  además,  toda  la edificabilidad y toda la actividad de una gran parcela de más de cuatro hectáreas y, bajo ella construir  el  mayor  aparcamiento  subterráneo  de  toda  la  Comunidad  Autónoma  con  más  de 3.000  plazas,  privilegiando  así  el  transporte  privado,  no  puede  considerarse  una  decisión razonable para “recuperar una ciudad a la medida de los ciudadanos”.    Veamos  cómo  se  contempla  la  movilidad  en  otros  documentos  de  obligado cumplimiento:   El  25  de  abril  de  1996,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Sevilla  decidió  adherirse  a  la denominada  Carta  de  Aalborg  que  acordó  un  Plan  de  Acción  que  los  Estados  debían  llevar  a cabo  para  transformar  el  modelo  de  desarrollo  actual,  basado  en  una  explotación  de  los recursos  naturales  como  si  fuesen  ilimitados  y  en  un  acceso  desigual  a  sus  beneficios,  en  un nuevo modelo que satisfaciese las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. A tal fin, aprobó y promulgó la denominada Agenda 21 Local de Sevilla donde en relación con la línea estratégica 7. Diversidad en el transporte, mejor movilidad y reducción del tráfico se afirma lo siguiente:  “El  tráfico  y  la  movilidad,  en  sus  expresiones  motorizadas,  forman  parte  del  núcleo  duro de la problemática ecológica de Sevilla, siendo la causa principal de los aspectos  más conflictivos del medio ambiente, como el consumo excesivo de recursos (energía,  suelo, etc.), y el impacto en el medio urbano (contaminación, ruido, barreras locales  de accesibilidad, inseguridad, etc.)...”  “La  reducción  del  número  de  vehículos  es  condición  necesaria  para  la  mejora  de  la  accesibilidad interna, y de la habitabilidad, tanto del centro histórico como del resto de  la  ciudad.  Para  ello,  hay  que  penalizar  el  uso  urbano  del  coche,  especialmente  en  las  áreas y trayectos de mayor actividad, mediante medidas fiscales y de regulación de la  circulación y el aparcamiento, eliminando sus privilegios en el uso de la ciudad respecto  a los peatones y el transporte público”.  “Es necesario un pacto municipal por el tráfico para solucionar una situación que en  la últimas décadas ofrece un balance negativo y augura presagios pesimistas si no se  ejecutan  de  manera  inminente  Actuaciones  que  reinviertan  la  actual  evolución  del  tráfico en Sevilla”.   Estas afirmaciones tan contundentes subrayan la incongruencia de un proyecto como el  rascacielos  Cajasol  que  se  caracteriza  por  ir  claramente  en  contra  de  todas  estas determinaciones  municipales,  al  concentrar  un  gran  número  de  puestos  de  trabajo  y aparcamientos  sin  un  sistema  potente  de  transporte  público  alternativo,  en  un  punto  tan colapsado, ya lo hemos dicho, de los accesos a la Sevilla central desde el oeste.   La Torre también ejerce un impacto negativo sobre el modelo de transporte tendencial en el acceso a Sevilla por el oeste. Y ello, porque en el lugar de paso estratégico donde se ubica el  complejo  de  la  Torre  Cajasol  se  manifiestan  los  efectos  de  dos  tendencias  del  área metropolitana  que  la  hacen  absolutamente  desaconsejable.  Una,  es  la  excesiva  dependencia  26  
    • metropolitana  de  la  Sevilla  central  al  acumular  ésta  los  centros  de  poder  y  gestión autonómicos,  una  gran  concentración  de  servicios  especiales  (banca,  asesorías  fiscales, jurídicas,  financiera,  publicidad,  ...)  y  los  más  importantes  centros  médicos,  instalaciones culturales  y  de  ocio,  lo  que  fomenta  un  fuerte  tráfico  radiocéntricamente  orientado  hacia  el espacio central. La otra, es que el caótico urbanismo residencial de la periferia ha ubicado en el Aljarafe gran cantidad de población de la que una parte muy importante, casi toda, mantiene el empleo en la Sevilla central lo que genera un enorme tráfico convergente hacia ella.   Conviene,  además,  resaltar  que  en  el  espacio  occidental  se  ubica  Torre  Cajasol concurren circunstancias geográficas muy específicas al estar situado entre Sevilla y su río por un lado y la corta y la cornisa del Aljarafe por el otro. El río y la corta son una doble barrera natural  para  el  gran  tráfico  rodado  que  se  ha  generado  hacia  Sevilla  al  canalizarlo  por  sólo cuatro pasos muy distanciados (puente del Alamillo, puente del Cachorro y los dos puentes a San Juan) y la cornisa del Aljarafe supone otra barrera para el paso de tráfico rodado por las cuatro vías de acceso: la A‐8077 de Camas‐Albaida; la A‐49; la antigua carretera a Huelva y la Autovía  al  sur  del  Aljarafe,  que  después  se  reducen  a  sólo  una  cuando  en  la  Pañoleta  se unifican.   Y aun con esas limitaciones de acceso a Sevilla, fue surgiendo, después de la Expo’92, un  crecimiento  urbanístico  descontrolado  que  generó  muy  importantes  asentamientos residenciales  en  Camas,  Coria,  Gelves,  Puebla  del  Río  y  después  en  Santiponce,  Guillena,  Las Pajanosas, etc., así como también una gran concentración de usos terciarios desde la Pañoleta hacia el sur y, sobre todo, una enorme acumulación residencial en la primera y segunda corona del  Aljarafe,  habiéndose  ido  ubicando,  en  la  periferia  oeste,  gran  cantidad  de  población  con empleo en la Sevilla central, lo que ha contribuido aún más a la generación del excesivo tráfico hacia ella que hoy padecemos.   Ello ha determinado la saturación y colapso de los pasos por el río en las horas críticas. Y ante ese problema se han propuesto medidas: el incremento del transporte público frente al uso del transporte privado, la línea Metro 1, el carril bus, el tren de cercanías, otra autovía, ..., medidas  que,  aunque  pudieran  atenuar  el  problema  nunca  podrían  invertirlo  hasta  su  casi desaparición, siendo de destacar que el incremento en el número de pasos (puentes) por el río no  resolvería  nada  por  estar  agotada  la  capacidad  de  acogida  de  vehículos  privados  en  la Sevilla central (Centro Histórico + La Cartuja + Triana + Los Remedios + Nervión), tal como bien analizaba,  en  2006,  el  Plan  de  Transporte  Metropolitano  del  Área  de  Sevilla  (PTMAS)  de  la Consejería de Obras Públicas en cuyas páginas 26 y 28 diagnosticaba:   “a)  La  creciente  congestión  del  viario  urbano  y  del  agotamiento  de  la  capacidad  de  acogida (de aparcamiento) de la Ciudad Central; b) Que la línea 1 de Metro al Aljarafe  y el Metrocentro (si bien) tienden a romper ese modelo ... pueden no ser suficientes por  sí mismas para cambiar las tendencias de un proceso que ... aparece como claramente  no viable a medio y largo plazo; c) Que la capacidad viaria actual se encuentra agotada  en  todo  los  corredores  de  acceso  a  Sevilla”;  que  la  Ciudad  Central  “d)  Carece  de  capacidad para absorber la movilidad metropolitana e interna a medio plazo, si esta se  produce en vehículo privado”; e) Que “el impacto ambiental del modelo de transporte  27  
    • tendencial no es asumible desde criterios de sostenibilidad y compromisos ambientales  internacionales”.   Las  anteriores  conclusiones  del  citado  PTMAS  se  hicieron  basándose  en  datos  de tráfico y población correspondientes a 2004, hoy muy superados.   Por  ello,  sorprende  que  en  una  de  las  dos  vías  de  paso  por  el  río  más  colapsadas  de toda  el  área  metropolitana,  cuando  aquella  dinámica  no  ha  dejado  de  agravarse,  se  haya aceptado la construcción del rascacielos Cajasol para oficinas, con una enorme concentración de actividad y con los miles de aparcamientos para vehículos privados que dicha Torre aporta (3.066  plazas),  lo  que  generará  en  torno  a  la  misma  y  en  esa  zona  un  gran  aumento  de  los desplazamientos individuales. 7.‐ Sobre la sostenibilidad y la agresión a la misma que supone el Rascacielos a levantar.   El  concepto  de  sostenibilidad  y  la  exigencia  que  el  mismo  supone  a  efectos  de  su correcta defensa y acogida en cualquier instrumento de planeamiento –por supuesto, también en  cualquier  P.E.R.I.‐  ha  sido  detenidamente  estudiado  por  la  Sentencia  de  la  Sala  de  lo Contencioso‐Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dictada el 4 de junio de 2009 en el Recurso nº 941/2006 contra la Resolución de 19 de julio de 2006  que  aprobó  definitivamente  la  revisión  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de Sevilla, en lo referente al Proyecto de Construcción de una Biblioteca en los terrenos ocupados por  el  Parque  del  Prado  de  San  Sebastián.  En  su  Fundamento  de  Derecho  Tercero  se  dice textualmente:  “El desarrollo sostenible denominado también principio de sostenibilidad, se erige en el  fin  último  a  conseguir  en  la  nueva  perspectiva  ambiental  que  desde  el  derecho  comunitario se otorga al suelo en su vertiente urbanística y territorial. En la estrategia  europea de desarrollo sostenible, que propugna la compatibilidad entre el crecimiento  económico, la protección del medio ambiente y la calidad de vida, se vincula el principio  de integración, entendido como la incorporación del componente ambiental a todas las  políticas y acciones con incidencia sobre el medio, con el fin de  mejorar la política de  protección medioambiental comunitaria. Esta conexión del principio de integración y el  de sostenibilidad se debe a la Iniciativa de Cardiff. El desarrollo sostenible se contiene  en el Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992, que introdujo por primera vez en  el  plano  del  Derecho  Comunitario  una  definición  formal  en  su  art.  2:  ‘La  Comunidad  tiene por misión: ... promover un desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades  económicas en el conjunto de la Comunidad, un crecimiento durable y no inflacionista  respetando  el  medio  ambiente’.  El  tratado  de  Ámsterdam  lo  define  en  su  art.  2:  ‘La  Comunidad  tiene  por  misión  promover  ...  un  desarrollo  armonioso  y  sostenible  de  las  actividades económicas en el conjunto de la Comunidad ... un alto nivel de protección y  de mejora de la calidad del medio ambiente ...’. El principio de integración se recoge en  el  art.  6  del  Tratado  de  Ámsterdam,  con  el  antecedente  inmediato  del  Tratado  de  Maastricht y el Cuarto Programa de Acción. El documento que consagra este principio  fue  el  Quinto  Programa  ‘Hacia  un  desarrollo  sostenible  (1993‐2000)’  publicado  como  Resolución  del  Consejo  y  de  los  representantes  de  los  Gobiernos  de  los  Estados  28  
    • Miembros,  reunidos  en  el  seno  del  Consejo,  en  fecha  1  de  febrero  de  1993,  sobre  el  Programa Comunitario de Política y Actuación en materia medioambiental y desarrollo  sostenible.  La  Ley  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre)  asume  el  principio  de  desarrollo  sostenible,  pues  uno  de  los  fines  de  la  actividad  urbanística  regulado  en  el  art.  3.1,  apartado  a)  es  el  de  conseguir  un  desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades y del territorio en términos sociales,  culturales,  económicos  y  ambientales,  con  el  objetivo  fundamental  de  mantener  y  mejorar las condiciones de calidad de vida en Andalucía. De igual manera, el principio  se  contempla  en  el  RDLeg  2/2008,  de  20  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido de la Ley del Suelo, de promulgación posterior a la revisión del Plan General  objeto  del  presente  Recurso,  en  cuyo  art.  2,  con  el  título  de  Principio  de  desarrollo  territorial  y  urbano  sostenible,  se  expresa  en  el  apartado  1:  Las  políticas  públicas  relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen  como  fin  común  la  utilización  de  este  recurso  conforme  al  interés  general  y  según  el  principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan  las Leyes. 2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere  el  apartado  anterior  deben  propiciar  el  uso  racional  de  los  recursos  naturales  armonizando  los  requerimientos  de  la  economía,  el  empleo,  la  cohesión  social,  la  igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la salud y seguridad de  las  personas  y  la  protección  del  medio  ambiente,  contribuyendo  a  la  prevención  y  reducción de la contaminación, y procurando en particular:   a)  La  eficacia  de  las  medidas  de  conservación  y  mejora  de  la  naturaleza,  la  flora  y  la  fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje.   ......................  c)  Un  medio  urbano  en  el  que  la  ocupación  del  suelo  sea  eficiente,  que  esté  suficientemente dotado por las infraestructuras y los servicios que le son propios y en el  que  los  usos  se  combinen  de  forma  funcional  y  se  implante  efectivamente,  cuando  cumplan una función social.  La persecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que resulten del modelo  territorial adoptado en cada caso por los poderes públicos competentes en materia de  ordenación territorial y urbanística”.   Y en su siguiente Fundamento de Derecho Cuarto se insiste:  “En la Memoria de Ordenación de la Revisión del Plan General, (Tomo I.III) como no  puede ser de otra manera, se asume el concepto de sostenibilidad y se expresa que la  meta de la sostenibilidad exige revisar, relajar y condicionar la presión que han venido  ejerciendo las ciudades sobre el resto del territorio y, por lo tanto, imponer un control  social al desarrollo de la ciudad. Repensar las ciudades en clave de sostenibilidad exige,  antes  que  nada,  creerse  que  la  sostenibilidad  no  es  ni  un  dogma,  ni  un  discurso  retórico,  ni  una  fórmula  mágica.  Es  un  proceso  inteligente  y  autoorganizativo  que  aprende paso a paso mientras se desarrolla. La expresión del impacto de las ciudades  29  
    • en el territorio se puede medir con un indicador conocido como Huella Ecológica, que  calcula,  en  unidades  de  superficie  productiva,  todas  las  necesidades  materiales  energéticas  de  la  ciudad,  incluyendo  la  extensión  ocupada  por  edificaciones  e  infraestructuras. El valor de ese indicador para Andalucía y para Sevilla, según la Junta  de Andalucía en el año 2001, demuestran la insostenibilidad física de nuestro modelo,  se  indica  que  la  Aglomeración  Urbana  de  Sevilla  poseía,  a  mediados  de  la  década  pasada, un huella ecológica que excedía en casi 24 veces su superficie y en 2,6 la de  toda la provincia. Como criterios básicos del nuevo Plan para la configuración de una  ciudad  sostenible, se explica en  la  Memoria que  haya que  tener  en cuenta cuando se  habla  de  sostenibilidad  de  las  ciudad,  hoy,  a  diferencia  de  ayer,  es  posible  hablar  de  sostenibilidades  locales  en  una  marco  de  insostenibilidad  general.  El  desarrollo  sostenible constituye la referencia esencial para el modelo territorial que determina  el Nuevo Plan General de Sevilla  y es significativo el aserto de que, probablemente,  la  ordenación  urbano‐territorial  constituye  uno  de  los  instrumentos  más  poderosos  de los que dispone una comunidad local para definir una estrategia de sostenibilidad  (el resaltado es nuestro). Una estrategia de desarrollo sostenible para Sevilla se define  en la Memoria como la búsqueda de factores de equilibrio entre naturaleza y ciudad,  entre tradición y progreso, entre procesos globales y procesos locales, entre individuo y  sociedad, todo ello sobre un escenario territorial atravesado por flujos de materiales y  energía y desde esa perspectiva se definen los criterios generales de reequilibrio entre  naturaleza  y  ciudad,  redistribución  de  los  recursos  y  servicios  sobre  el  territorio,  desarrollo local, habitabilidad y cohesión social”.   Por nuestra parte, permítasenos añadir que, continuando con el análisis de la Memoria de  Ordenación  del  PGOU,  encontramos  explicitados  en  su  Capítulo  Tercero  los  “Criterios básicos  del  nuevo  Plan  General  de  Sevilla  para  la  configuración  de  una  ciudad  sostenible”, donde,  tras  plantear  la  muy  diferente  sostenibilidad  del  modelo  anglosajón  frente  al mediterráneo, resumía:   “Sevilla,  nuestra  ciudad,  partía  de  una  condiciones  relativamente  buenas  para  este  ejercicio  de  sostenibilidad  ya  que  hasta  hace  bien  poco  se  ajustaba  bastante  a  este  patrón  de  ciudad  mediterránea,  compacta  y  densa,  con  continuidad  formal,  multifuncional,  heterogénea  y  diversa  en  toda  su  extensión,  con  una  vida  social  cohesionada y un notable ahorro de suelo, energía y recursos materiales.  Desgraciadamente,  la  tendencia  imperante  se  dirige  de  forma  aparentemente  imparable  hacia  el  modelo  opuesto,  grandes  infraestructuras  pensadas  para  el  automóvil,  proliferación  de  grandes  superficies  de  compra,  aparición  de  centros  de  ocio, tercialización del centro histórico, etc.”.  “La  hegemonía  abrumadora  de  esta  mentalidad  durante  los  últimos  30  años,  y  el  enorme  avance  técnico  de  nuestra  sociedad,  ha  transformada  la  ciudad  tradicional,  subvirtiendo  el  orden  urbano  y  humano  conseguido  con  el  esfuerzo  de  decenas  de  generaciones de sevillanos, en la Sevilla que conocemos”.  30  
    •   La  intervención  que  nos  ocupa,  con  un  rascacielos  y  aparcamiento  gigantescos,  es claramente  contraria  a  la  ciudad  mediterránea  tradicional  y  supone  la  destrucción  de  ese “orden urbano y humano” de la “Sevilla que conocemos”.   En  contraste  con  lo  antedicho  por  la  Sala  de  lo  Contencioso,  resulta  evidente  que  el rascacielos Cajasol supondrá un gran incremento global en el gasto energético, en la emisión de gases y ruidos, en la atracción‐generación de tráfico y en mayor congestión en el nudo más polucionado  de  la  Ciudad.  Ello,  en  una  zona  con  la  mayor  emisión  de  gases  y  ruidos contaminantes de toda Sevilla, según los datos de calidad del aire para 2008 obtenidos en la Estación de calle Torneo. 8.‐ Sobre la falta de participación ciudadana en la aprobación del PERI ARI DT 10.‐  El PERI ARI DT 10, que da origen a las licencias de obra de la Torre, carece del obligado apartado de la Memoria destinado a las medidas y actuaciones previstas para el fomento de la participación ciudadana y el resultado  de éstas  como exige el art. 19.1.a) 4ª de la LOUA  que literalmente establece que:  “Deberá  especificar  las  medidas  de  actuaciones  previstas  para  el  fomento  de  la  participación ciudadana, el resultado de éstas y de la información pública”  No hay constancia de fomento alguno de la participación pública. A lo más que se llegó fue al anuncio de exposición al público en la propia Oficina Municipal.  Sobre  la  altura  prevista  en  el  PGOU  para  este  ámbito  se  ha  intentado  deducir  que permitía  la  construcción  de  un  rascacielos.  No  es  cierto.  En  el  primer  Documento  del  Plan General para su Aprobación Inicial que salió a Información Pública, figuraba esta parcela con la indicación de altura de 30 plantas. Sobre este aspecto se formularon alegaciones por parte de la  Asociación  para  la  Defensa  del  Patrimonio  Artístico  (ADEPA)  y  del  Grupo  Municipal  del Partido Andalucista. Tras estas alegaciones, tanto en el Documento de Aprobación Provisional y  en  el  de  Aprobación  Definitiva  como  en  el  Texto  Refundido  aprobado  por  la  Junta  de Andalucía desaparece toda referencia a la altura o número de plantas a levantar en esa parcela como sería exigible en cualquier caso, y aún más en éste, donde la altura es decisiva. No se han realizado  fotomontajes  de  su  inserción,  ni  en  el  paisaje  de  la  Ciudad  ni  en  sus  entornos protegidos. Tampoco, en el obligado plano de alturas, se refleja la misma limitándose, en este punto, a remitirnos a las Ordenanzas. En efecto. En el Plano O3, denominado precisamente, de Alineaciones y Alturas, CD‐Rom PERI, ésta, la altura, sólo se indica para la contigua parcela SIPS (B+6) pero no para la parcela de centro terciario a la que venimos refiriéndonos. Sólo una nota a pié de dicho plano nos remite genéricamente a las Ordenanzas.  Pero  es  que,  además,  en  la  parte  gráfica  del  documento  PERI  ARI‐DT‐10  se  evitó dibujar la aparición del elemento más significativo, a la vez que conflictivo, del Plan Especial: la torre de 50 plantas. Así esta importantísima construcción no se ha representado en alzados ni en secciones.   Algo parecido sucede con la parte literaria del PERI donde, salvo en el artículo 9 de las Ordenanzas, no figura referencia expresa a la que debía ser la principal razón de ser de este  31  
    • planeamiento  o  sea,  la  Torre.  No  se  menciona  ni  en  la  Introducción  ni  en  la  Memoria  de Información.  Tampoco  se  cita  la  misma  entre  los  Objetivos  del  Plan  que  se  exponen  en  la Propuesta  al  Pleno  Municipal  (folio  38  al  41,  ambos  inclusive  del  Expediente  27/2005, aportado como parte de EA) de los que únicamente se enumeran los siguientes:  - la cesión de amplios espacios libres  - la conformación de un espacio económico y de oportunidad  - recuperación y acceso público de la margen del río  - la prolongación de los viales existentes  - la ejecución de una nueva pasarela sobre el río.  - la recuperación del Pabellón de la Navegación.  En  el  mismo  intento  de  ocultar  la  altura  pretendida  se  incurre  en  la  Memoria  de Ordenación donde se desarrollan los aspectos menos conflictivos del Plan. Y al referirse a las alturas se apunta con calculada ambigüedad:  “Como elemento singular, el Plan Especial autoriza un cuerpo esbelto, de gran altura,  con un porcentaje de ocupación muy reducido, que permita efectivamente la creación  de  una  propuesta  arquitectónica  de  calidad  que  se  constituya  en  un  elemento  de  referencia en el paisaje urbano y en el perfil de la ciudad”  Nada más. Ninguna concreción mayor. Solamente quien  apurase el documento hasta su  penúltima  Ordenanza  descubriría  el  secreto  mejor  guardado  de  este  Plan:  la  Torre  de  50 plantas.  La falta de transparencia de que adolece este Plan no sólo afecta a la documentación técnica, sino también y muy significativamente, a su tramitación jurídico‐administrativa.  La Propuesta de Aprobación Inicial, elevada por el Sr. Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo, a la que antes nos hemos referido, elimina de su exposición cualquier referencia a la torre de 50 plantas, ni siquiera se habla de los ambiguos “cuerpos esbeltos” o del “perfil de la  ciudad”.  Sólo  se  mencionan  los  beneficios  que  se  obtendrán  y  que  antes  citamos:  nuevas pasarelas,  recuperación  del  río,  equipamientos,  etc.  Esta  omisión  resulta  especialmente significativa porque dicha Propuesta toma como base el Informe del Arquitecto del Servicio de Planeamiento,  Sr.  Flores  de  Santis  (folios  32  a  34  del  citado  Expediente  27/2005)  del  que  se transcribieron  literalmente,  en  la  citada  Propuesta,  la  mayor  parte  de  sus  párrafos  salvo, casualmente,  el  que  hace  referencia  expresa  a  la  altura  de  la  Torre  que  se  ha  omitido  al completo.  No  encontraremos  en  aquella  Propuesta  de  Aprobación  ningún  dato  que  pueda poner  sobre  la  pista  de  lo  que  realmente  se  pretende.  Se  insiste  en  que  los  suelos  están inactivos y desconectados de la Ciudad. Con una tal redacción nadie pudo alarmarse. Esto se llama  falta  de  transparencia  o  mejor  ocultación  deliberada  que  busca  burlar  la  participación ciudadana en flagrante incumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía  El Plan Especial que pretendió legitimar la torre Cajasol tuvo una información pública insuficiente con una documentación deliberadamente engañosa. Además, en ningún momento se  redactó  ni  tramitó  el  necesario  Estudio  de  impacto  de  la  misma  ni  siquiera  la  simple  e imprescindible representación de sus alzados.  32  
    • Toda la tramitación de la Licencia de la Torre ha vulnerado claramente el espíritu y la letra  del  artículo  6  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de Andalucía que dice lo siguiente  “Artículo 6. La participación ciudadana.  1.  Los  ciudadanos  tienen  el  derecho  a  participar  en  los  procesos  de  elaboración,  tramitación y aprobación de instrumentos de ordenación y ejecución urbanística, en  las  formas  que  se  habiliten  al  efecto,  y  en  todo  caso,  mediante  la  formulación  de  propuestas  y  alegaciones  durante  el  período  de  información  pública  al  que  preceptivamente deban  ser aquéllos  sometidos.  También  tienen el  derecho  a exigir el  cumplimiento  de  la  legalidad  urbanística,  tanto  en  vía  administrativa  como  en  vía  jurisdiccional, mediante las acciones que correspondan.  2. En la gestión y desarrollo de la actividad de ejecución urbanística, la Administración  actuante  debe  fomentar  y  asegurar  la  participación  de  los  ciudadanos  y  de  las  entidades  por  éstos  constituidas  para  la  defensa  de  sus  intereses,  así  como  velar  por  sus derechos de información e iniciativa.  También  ha  supuesto  un  impedimento  deliberado  a  la  participación  pública  en  el planeamiento.  Ésta  no  es  un  hecho  graciable  de  los  políticos  ante  los  ciudadanos.  Es fundamental en el proceso de aprobación de los Planes Urbanísticos, no sólo por elementales razones  de  coherencia  política,  responsabilidad  democrática  y  economía  administrativa  sino, sobre todo, porque así lo establece la legislación vigente. Por ejemplo, la LOUA (7/2002) de 17 de  diciembre  de  2002,  en  su  Exposición  de  Motivos,  apartado  7  de  los  Objetivos  de  la  Ley, establece el respeto de   “los  principios  de  publicidad  y  participación  pública  en  los  actos  administrativos  que  vayan a contener las principales decisiones de planificación y ejecución urbanística, en  el  entendimiento  de  que  con  ello  se  garantiza  la  transparencia  de  los  mismos  y  se  permite la concurrencia de los afectados y/o de los interesados.”   Queremos    llamar  aquí  la  atención  sobre  las  dos  expresiones  que  hemos  subrayado: “principales decisiones de planificación” (y ésta sin duda lo es) y “transparencia” (inexistente).  Por  ello,  no  fue  posible  plantear  alegaciones,  ya  que  este  desmesurado  edificio  no estaba  definido  sino  oculto  en  la  información  pública  que  se  llevó  a  cabo  durante  la tramitación  del  Plan  Especial,  información  que  fue  manifiestamente  insuficiente  y  engañosa dada  la  envergadura  del  edificio  planteado  y  de  los  problemas  que  podría  generar  para  la Ciudad.  Parece  oportuno  recordar  aquí  lo  manifestado  recientemente  por  el  Ilmo.  Sr. Presidente  del  Consejo  Consultivo  de  Andalucía,  D.  Juan  Cano  Bueso,  recogidas  en  la  prensa diaria (Diario de Sevilla de 31 de octubre de 2009). En relación con los delitos urbanísticos,  33  
    • “se  refirió  así  a  aquellos  expedientes  maliciosamente  confusos  y  engañosos,  que  pretenden  ocultar  operaciones,  beneficios  y  plusvalías,  que  no  responden  al  interés  general ni son conformes al ordenamiento jurídico vigente”. De  esta  concatenación  de  hechos,  concluimos  que  los  documentos  administrativos  y urbanísticos que dan lugar a la Torre Cajasol, están realizados sin la participación ciudadana, ocultando  desde  el  principio  el  edificio  que  más  relevancia  va  a  tener  sobre  el  paisaje histórico sevillano en los últimos quinientos años.   Por lo expuesto SOLICITAMOS  que,  previos  los  trámites  oportunos,  por  el  Ayuntamiento  Pleno  de  Sevilla  se adopte Resolución, de acuerdo con lo establecido en el art. 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, declarando lesiva para el interés público la Licencia de Obra reseñada al comienzo del  presente  Escrito,  acordando  seguidamente  su  impugnación  ante  el  Orden  Jurisdiccional Contencioso‐Administrativo. OTROSÍ DECIMOS que, estimamos, no está de más poner de relieve que: a) De acuerdo con el art.  103  LAPPAC  a  que  nos  hemos  referido  al  comienzo  de  este  Escrito,  la  declaración  de lesividad  no  podrá  adoptarse  una  vez  transcurridos  cuatro  años  desde  que  se  dictó  la Resolución  concediendo  la  Licencia  ‐17/9/2008‐  y  b)  Que  transcurridos  seis  meses  desde  la iniciación del Procedimiento, sin que el Ayuntamiento Pleno hubiese acordado declarar lesiva la mencionada Licencia, se produciría la caducidad de dicho Procedimiento.   Sevilla, a   de septiembre de 2011.  34