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La libertad de prensa es esencial para el hombre de la calle y para el buenfuncionamiento de la democracia.20 La misma est...
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que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derechoincluye el de no ser molestado a c...
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60     El Vocero, 131 D.P.R. en la pág. 425.61     Id. en la pág. 429. Véase: la fuerte y acertada disensión del Juez Asoc...
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Dr. jose collazo constitucional 21

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  1. 1. DERECHOS CONSTITUCIONALES EN CONFLICTOS: EL DERECHO A LA INTIMIDAD FRENTE AL DERECHO A LA LIBERTAD DE PRENSA Karla Z. Pacheco Álvarez* Los derechos y deberes de los seres humanos no constituyen usualmente imperios de fronteras precisas e inmutables. Chocan a menudo entre sí, por lo que es importante definir sus lindes y efectuar acomodos, situación a situación, conforme a los postulados y valores de una sociedad cambiante. Trías Monge I. INTRODUCCIÓNEn una sociedad dinámica como la nuestra, donde abundan los conflictos sociales y elreclamo creciente de derechos de los ciudadanos y los grupos de presión, es predecibleel choque entre dos o más derechos fundamentales. Una de las pugnas más notorias enel ámbito jurídico puertorriqueño, ocurre entre el derecho a la libertad de prensa y elderecho a la intimidad.Ambos derechos fundamentales están garantizados por la Constitución del Estado LibreAsociado de Puerto Rico. El derecho a la libertad de prensa, como es sabido, se refiereal derecho a la información que tiene el pueblo en una democracia, y el derecho a laintimidad, a su vez, se fundamenta en el derecho a la vida privada y a la dignidad quetiene el ciudadano a vivir una vida plena y sin restricciones innecesarias del Estado.Cuando en el teatro de la vida ambosPágina 411
  2. 2. derechos colisionan, necesariamente, se tienen que armonizar y conformarlos con losprincipios y valores de nuestra sociedad.Dentro de ese marco teórico, la jurisprudencia puertorriqueña ha ido desarrollando loslinderos de cada uno de los derechos aludidos cuando están en conflicto. En esteartículo aspiramos a evaluar los casos más significativos, resueltos por el TribunalSupremo de Puerto Rico, en los que armonizan ambos derechos. Para ello,comenzaremos analizando el desarrollo jurisprudencial del derecho a la intimidad y delderecho a la libertad de prensa en Puerto Rico y luego, esbozaremos la trayectoria decuál derecho prepondera cuando han chocado entre sí. De esa manera, expondremos ladoctrina prevaleciente en Puerto Rico a la luz de las tendencias culturales y jurídicas deEstados Unidos y España. II. EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA INTIMIDADTodo ser humano tiene derecho a mantener su vida privada libre de la intromisión,“tanto del Estado como de los ciudadanos privados”.1 La vida privada es “la esfera ozona de actividad que es propia de cada uno”2 en la cual nadie debe inmiscuirse, sinestar autorizado. A ese derecho se le reconoció e identificó como el derecho a laintimidad.El derecho a la intimidad está consagrado expresamente en la Carta de Derechos denuestra Constitución. La misma dispone en la sección 8, propuesta por don HeraclioRivera Colón,3 que “toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataquesabusivos a la honra, a la reputación y a la vida privada o familiar.”4 Igualmente, elderecho a la intimidad surge de las secciones 1 y 10 de la Carta de Derechos quedisponen, respectivamente, que “[l]a dignidad del ser humano es inviolable...”5 y que“[n]o se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, cosas, papeles yefectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables...” 6La existencia del derecho a la intimidad responde a unos valores éticos y morales queson indispensables para la convivencia en una sociedad democrática.
  3. 3. Página 412Este derecho se concibió como uno “supremo, innato, privado e inherente a todo serhumano” 7 y se reconoció en respuesta al concepto del individuo, como ser humano, queestá “hondamente arraigado en nuestra cultura.”8En la Convención Constituyente se indicó que “la intimidad es un valor que mereceprotección cabal, no sólo frente a atentados provenientes de otros particulares, sinotambién contra injerencias abusivas de las autoridades”.9 Así el derecho a la intimidadsurge con un “carácter dual de derecho y de protección tanto frente al Estado como anteotras personas”.10De igual manera, el derecho a la intimidad en Puerto Rico tiene como característicaparticular que opera ex propio vigore, o sea no necesita legislación para implantarla.11Además, consta con un historial distinto y más amplio que el plasmado en lajurisdicción federal.12En los Estados Unidos de América, el derecho a la intimidad no se encuentra de formaexpresa en su Constitución. Aunque no se ha determinado con exactitud la verdaderafuente, se ha dicho que este derecho se deriva de varias cláusulas de la Constitución delos Estados Unidos.13 Igualmente, el derecho a la intimidad en los Estados Unidos noopera contra personas privadas. Así que, como colorario, podemos afirmar que elderecho a la intimidad, en el ámbito puertorriqueño, es de factura más ancha que elreconocido en los Estados Unidos de América.Por otro lado, cabe señalar que el artículo II, sección 8 de nuestra Constitución, “es unacopia del artículo V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes delHombre y entronca también con el artículo XII de la Declaración Universal de losDerechos del Hombre”.14Página 413
  4. 4. En resumen, el derecho a la intimidad en Puerto Rico se caracteriza, primero, por ser underecho fundamental; segundo, por estar expresamente establecido en nuestraConstitución; tercero, por operar ex propio vigore, (no necesita una ley que loestablezca); cuarto, por ser oponible ante el Estado y ante personas privadas; quinto, portener un alcance de mayor envergadura que el de Estados Unidos; y sexto, por coincidircon la Declaración Universal de los Derechos Humanos. III. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE PRENSAEl derecho a la libertad de prensa, por su parte, está consagrado en la Constitución delEstado Libre Asociado de Puerto Rico y en la Constitución de los Estados Unidos.15 Elmismo se reconoce en ambos ordenamientos jurídicos como un derecho fundamental.Nuestra Constitución en el artículo II, sección 4, expone que “[n]o se aprobará leyalguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del Pueblo a reunirseen asamblea pacífica y pedir al gobierno la reparación de agravios”.16La Constitución de los Estados Unidos expone fundamentalmente lo mismo cuandodice:[c]ongress shall make no Law respecting an establishment of religion, or prohibiting thefree exercise thereof; or abridging the freedom of speech, of the press, or the right of thepeople peaceably to assemble, and to petition the Government for redress ofgrievances.17El objetivo de la libertad de prensa es que se divulgue la mayor cantidad de informaciónsin que esté vedada por el gobierno a su conveniencia. No importa la “veracidad,popularidad o simpatía”18 de la información, el gobierno no tienePágina 414autoridad para restringir este derecho por el “mensaje o ideas,”19 que la informacióncomunique.
  5. 5. La libertad de prensa es esencial para el hombre de la calle y para el buenfuncionamiento de la democracia.20 La misma está protegida contra la censura previaque en su “sentido histórico se refiere al sistema mediante el cual el Estado exigepermisos o licencias previamente a la publicación de los escritos.21 Al proteger elderecho a la libertad de prensa se busca “evitar que el gobierno maneje los asuntospúblicos en secreto y disminuya el flujo constante de información al público enmenoscabo de la participación en asuntos que le conciernen”.22Existe la concepción de la prensa como una institución social que tiene el derecho aejercitar, como cualquier persona, la libertad expresiva que le es propia.23 Así lo expresónuestro Tribunal Supremo en Oliveras v. Paniagua Diez,24 en el que dijo que la prensa yla ciudadanía tienen iguales derechos y privilegios de expresión. Además, expuso que“el reconocimiento de unos derechos a la prensa inexorablemente conlleva extenderiguales derechos y privilegios a la ciudadanía en particular [mediante] la cláusula [de]libertad de expresión.” 25Es sabido que:la prensa constituye un vehículo de información y opinión [para] informar y educar alpúblico, ofrecer críticas, proveer un foro para la discusión y el debate.26 Además, laprensa ejerce una función significativa por su contribución a la crítica y al debatepúblico, buscando mantener saneado el sistema político.27En el ámbito político, los medios informativos han sido llamados “la cuarta rama delgobierno, nombre que describe la función del periodismo como guardiánPágina 415fiel y motivador de las otras tres ramas”.28 A ese respecto ha dicho el Tribunal Supremoque “aún con todas la imperfecciones de esos medios de comunicación, en unademocracia, la publicidad tiende a garantizar un control constructivo sobre la obragubernamental, incluso la administración de justicia y sobre todo, fomenta sucredibilidad”.29
  6. 6. En síntesis, el derecho a la libertad de prensa es un derecho fundamental reconocidoexpresamente en nuestra Constitución y en la de los Estados Unidos. Se utiliza enfunción al ejercicio de la libertad de expresión y tiene un importantísimo valor socialpara nuestro sistema democrático. IV. TRAYECTORIA JURISPRUDENCIAL DEL DERECHO A LA INTIMIDADLa jurisprudencia puertorriqueña repetidamente ha enfatizado en sus decisiones lotrascendental30 y el sitial preferente31 que tiene el derecho a la intimidad en nuestrasociedad.Por ejemplo, cuando se confrontó el derecho a la intimidad, en cuanto a la protección dela vida privada o familiar de un funcionario público, frente a las libertades de expresióny asamblea de una organización laboral prevaleció el primero sobre el segundo. Así lodispuso nuestro más alto foro en la opinión de E.L.A. v. Hermandad de Empleados,32 enla que privó a una organización laboral de realizar un piquete frente al hogar de unfuncionario público. El tribunal estableció su dictamen basado en la idea de que “noconc[ibe] derecho de posición preferente a la libertad de estar y sentirse tranquilo en sucasa.”33En este caso se ilustra un buen ejemplo en el que prevaleció el derecho a la intimidad, alenfrentarse en un balance de intereses, sobre otro derecho de igual jerarquía como lo esel derecho a la libertad de expresión. Se reconoció, pues, en el aludido caso que elderecho a la protección contra ataques abusivos a la vida privada o familiar es underecho preponderante cuando está en juego la tranquilidad del hogar.Página 416De igual manera, el derecho a la intimidad prevaleció cuando se enfrentó al derechoconstitucional de libertad de culto. Se confirmó nuevamente el “alto sitial que disfruta elderecho al sosiego del hogar en la escala de valores del pueblo puertorriqueño.”34 Así seresolvió en Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal,35 en el que se dijo que aunque el
  7. 7. Estado “no puede intervenir con la devoción y creencia religiosa de los ciudadanos, sípuede intervenir con el método de sus practicantes cuando éste hiere y lastima hastaanular el derecho de intimidad (privacy) de la familia.”Además, el derecho a la intimidad prevaleció aún frente a la “legislación limitante de ladecisión de los cónyuges que por mutuo acuerdo optan por terminar su matrimonio” 36En Figueroa Ferrer v. E.L.A.,37 nuestro Tribunal Supremo, por voz del juez TríasMonge, utilizó un escrutinio estricto, por lo que en ausencia de intereses públicosapremiantes, el Estado no puede violar la zona de intimidad protegida por nuestraConstitución. Expresó el Tribunal, que tanto la sección 1, que establece que la dignidaddel ser humano es inviolable como la sección 8, que protege el derecho a la intimidad,del artículo II de nuestra Constitución, “no permiten limitar los fundamentos deldivorcio en Puerto Rico dentro de las circunstancias de este caso a causales derivadasdel concepto de la culpa.”38Además, en el caso Colón v. Romero Barceló39 en el que se confrontó el derecho a laintimidad y el derecho de un grupo de personas a publicar unas fotografías, basado en suderecho de libertad de expresión, se decidió que el derecho a la intimidad es de superiorjerarquía frente al derecho a la libertad de expresión. Este caso gira en torno a unafotografía del cadáver de una persona asesinada que fue usada en un anuncio detelevisión, sin el consentimiento y contra la voluntad de los familiares. El anuncio teníacomo motivo crear conciencia pública sobre la alta criminalidad en el país durante lacampaña pública del referéndum sobre la enmienda constitucional al derecho de fianzaen casos criminales.Ante la alegación de los familiares en sentido de que el anuncio invadió su intimidad, elTribunal Supremo sostuvo que “el derecho a la intimidad impone aPágina 417toda persona el deber de no inmiscuirse en la vida privada o familiar de los demás sereshumanos”.40 Asimismo reconoció “que el interés público puede ser defensa en casossiempre que la intromisión en la intimidad sea necesaria e inevitable y constituya el
  8. 8. medio más adecuado para lograr un fin lícito”.41 Sin embargo, resolvió el tribunal quesegún las circunstancias del caso los demandados podían expresar su mensaje de otraforma sin tener que utilizar la fotografía, por lo que no se justificó la invasión a laintimidad.En Arroyo v. Rattan Specialties,42 en el que se cuestionó el uso del polígrafo en lasrelaciones obrero-patronal, el tribunal dijo que el derecho a la intimidad “goza de la másalta jerarquía y su protección es necesaria para que se pueda lograr una adecuada pazsocial o colectiva.”43 La restricción al derecho fundamental a la intimidad sólo sejustifica ... cuando se demuestra un interés apremiante del Estado.” 44En ese mismo caso se dijo que aunque el derecho a la intimidad es un derechofundamental, no es absoluto y circunstancias apremiantes de mayor peso, en ausencia deotras alternativas efectivas, podrían justificar que el Estado, mediante legislación quecontenga las salvaguardas necesarias, restrinja este derecho. Ahora bien, esto sólo sejustifica cuando existe un “interés apremiante del Estado; como por ejemplo,circunstancias especiales de amenaza real a la seguridad nacional o un grave peligropara el orden social,”45 o cuando se ha renunciado de forma “patente, específica einequívoca,” a ese derecho de intimidad.46Por otro lado, la jurisprudencia ha puntualizado que aunque el derecho a la intimidad es,sin duda, altamente privilegiado en nuestro orden de valores, no constituye un muroinfranqueable. Añade el tribunal que: “en efecto, no podemos convertir el derecho a laintimidad en mero artilegio de escape para liberar a los ciudadanos de las consecuenciasde sus errores de juicio”.47 Esto se dijo en el contexto en que dos personas, porseparado, solicitaron al Tribunal una orden dirigida a la Puerto Rico Telephone Co. paraque ésta interceptara sus respectivos teléfonos a fin de determinar la procedencia deunas llamadas anónimas que estaban recibiendo. El tribunal, en la opinión escrita por eljuez Torres Rigual, resuelve el asunto estableciendo una limitación al derecho a laintimidad.Página 418
  9. 9. Como hemos visto, un número considerable de decisiones de nuestro Tribunal Supremoexaminan el derecho a la intimidad frente a actuaciones del Estado y frente a otrosderechos de igual jerarquía. Se puede apreciar una tendencia a favorecer el derecho a laintimidad cuando es contrapuesto, en el balance de intereses, a otro derechofundamental. Igualmente ha sido categórico el Tribunal Supremo en enunciar que elEstado no puede restringir el derecho a la intimidad sin antes tener un interésapremiante que lo justifique. V. TRAYECTORIA JURISPRUDENCIAL DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE PRENSAEn cuanto al derecho a la libertad de prensa, que como dijimos antes es parte delderecho a la libertad de expresión, la jurisprudencia puertorriqueña se ha expresado deamplia manera.En una opinión escrita por el juez Hernández Denton se dijo que:existe un derecho fundamental de la prensa de publicar lo ocurrido en el sistema dejusticia criminal, lo cual es una exigencia de una sociedad democrática. Pero, ante losderechos del acusado, el tribunal tiene que tomar unas medidas necesarias para noafectar tales derechos.48En el caso Claridad v Secretario de Hacienda,49 el Tribunal Supremo negó expedir elrecurso para revisar la decisión del Tribunal de Primera Instancia. El tribunal a quoordenó la entrega al periódico Claridad del acuerdo contributivo entre el Secretario deHacienda y El Nuevo Día, pero tachando de dicho acuerdo todas las cifras en dólaresque apareciesen en el mismo. Estimó el foro a quo que de ese modo se “satisfacían tantoel interés del periódico, respecto a divulgar el acuerdo contributivo, como el derecho dela corporación a la secretividad de sus planillas.”50El foro de instancia resolvió que al:Página 419
  10. 10. entregar los acuerdos finales con las cifras en dólares tapadas... hace el único balanceposible entre esos dos extremos, y permite al periódico Claridad conocer e informaradecuadamente al pueblo sobre todo lo que éste necesita saber, pero sin revelar aquellainformación confidencial del negocio del periódico interventor, y sin vulnerar elprincipio de la secretividad de las planillas de contribución sobre ingresos.51En este caso tanto el juez Negrón García como el juez Fuster Berlingeri disintieron enopiniones separadas. Ambos entendieron que se debió entrar a los méritos del caso. Larazón del juez Fuster Berlingeri, a la que se unió el juez Alonso Alonso, era que existíaun alto interés público en el novedoso asunto planteado en esta petición de revisión y,además, el asunto contenía varias cuestiones de derecho nunca antes resueltas por esteforo. El juez Negrón García, por su parte, razonó que se debió exigir al Secretario deHacienda divulgar al periódico Claridad las sumas contenidas en el acuerdo final sobrelas planillas de contribuciones del periódico El Nuevo Día basado en el derecho de queno se puede restringir la libertad de palabra o de prensa.52Otro caso en que se discutió ampliamente el derecho a la libertad de prensa lo esDisidente Universal, Inc. v. Departamento de Estado.53 En dicho caso al Director deuna organización periodística, dedicada a velar y denunciar las violaciones de losDerechos Humanos en Cuba, le negaron la tablilla especial de prensa por no ser “el 54periodismo su medio principal de vida.” El tribunal reconoció que la libertad deprensa es un derecho fundamental. Sin embargo, el requisito de ser periodista a tiempocompleto para conceder la tablilla especial de prensa, no regula ni controla la libertad deprensa. Sostuvo el tribunal, que su efecto sobre ese derecho, si alguno, era incidental.En este caso, la opinión disidente del juez Hernández Denton expresó que la mayoría noprotegió los derechos constitucionales de los individuos y grupos que se encuentranindefensos o sin influencia frente al gobierno. Concluyó lo siguiente:Al exigir que un miembro de la prensa cumpla con los requisitos de dedicarse día a día ala búsqueda de información y que éste sea su medio principal de vida como requisito deumbral para
  11. 11. Página 420expedirle una credencial de prensa que le servirá como identificación al llevar a cabosus labores periodísticas, restringe de manera peligrosa la definición de prensa enPuerto Rico e incide de un modo inaceptable en el derecho a la libertad de prensareconocido en el Art. II Sec. 4 de nuestra Constitución y en la Primera Enmiendade la Constitución de los Estados Unidos de América.55 Es necesario proteger a laprensa de un trato diferenciador y selectivo por parte del Estado ya que muchas veces esel resultado de un intento indirecto para controlar ciertas publicaciones y su contenido.Conceder a ciertos miembros de la prensa un tratamiento favorable sobre otros mediosde la prensa también representa un precedente peligroso. Al otorgar el beneficio de lastablillas especiales de prensa a base de un criterio económico, existe la posibilidad realde estar excluyendo del mismo a todo un sector de la prensa que representa posiciones ypuntos de vista que no gozan del endoso de la mayoría.56La jurisprudencia anteriormente reseñada nos demuestra cómo el Tribunal Supremo noha sido tan enfático en destacar el carácter fundamental del derecho a la libertad deprensa. VI. CAMBIO EN EL ANÁLISIS JURISPRUDENCIALLa trayectoria jurisprudencial de nuestro Tribunal Supremo se ha caracterizado pordefender, a través del tiempo, de manera categórica el derecho a la intimidad. Nóteseque, cuando se enfrentó ese derecho al derecho a la libertad de prensa nuestro más altoforo prefirió el derecho a la intimidad. Así ocurrió en el caso El Vocero v. E.L.A.,57 en elque el tribunal atendió la controversia de si la prensa y el público gozan de un derechoconstitucional de tener acceso a las Vistas Preliminares. Entendió la mayoría que elderecho de intimidad del sospechoso prevalecía por encima del derecho que tiene elpúblico y la prensa a estar informado. Este caso consagró el derecho a la intimidadcomo uno altamente protegido en nuestra sociedad. Pero, la historia demuestra que esatendencia no duró mucho tiempo.Página 421
  12. 12. Poco después, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó por unanimidad y enopinión Per Curiam la decisión de El Vocero v. E.L.A.58 El Tribunal Federal entendióque aplicaba en Puerto Rico lo resuelto en Press Enterprise Co. v. Superior Court ofCalifornia,59 en el que ya se había decidido que el derecho de acceso bajo la PrimeraEnmienda se extiende a procedimientos de Vistas Preliminares como la de California.El tribunal federal no validó el intento de nuestro Tribunal Supremo en distinguir lavista preliminar celebrada en California frente a la celebrada en Puerto Rico.De esta forma, quedó sin efecto la decisión de El Vocero v. E.L.A. y suspronunciamientos en cuanto a que “toda medida que en el balance de intereses proteja yrefuerce el derecho del imputado a la presunción de inocencia y a que no se le expongainjustificadamente a la pérdida de su intimidad y dignidad, debe prevalecer.”60Igualmente, quedó sin efecto lo expresado en cuanto a que “en la esfera de nuestroderecho puertorriqueño, el derecho a la intimidad tiene una más amplia protecciónconstitucional”.61Luego que se revocó El Vocero v. E.L.A, la jurisprudencia puertorriqueña ha cambiadola manera de entender el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de prensa. Porejemplo, en un caso civil, Fulana de Tal v. Demandado A,62 las demandantes solicitaronal Tribunal de Primera Instancia excluir a la prensa y al público de la sala mientras sepresentaban unas películas en las que aparecen éstas sosteniendo relaciones sexualescon el demandado. Al revisar el Tribunal Supremo la decisión del tribunal sentenciador,establece como doctrina, que en los procedimientos de naturaleza civiles existeimplícitamente una garantía constitucional sobre la apertura de los procedimientossimilar, a la que existe en los casos criminales.Luego, procedió el Tribunal Supremo a decidir la controversia del caso según loshechos particulares del mismo. Entendió el tribunal que las demandantes demostraronjusta causa para impedir el acceso de la prensa y el público mientras se pasara pruebasobre las películas. De lo contrario, el derecho a la intimidad de las demandanteshubiese quedado irreparablemente afectado si se hubieran proyectado las películas sinrestricciones de clase alguna.
  13. 13. El juez Fuster Berlingeri concurrió con el resultado, pero discrepó de la decisiónmayoritaria de elevar a rango constitucional el derecho de acceso a losPágina 422juicios civiles y sujetado al más exigente estándar de adjudicación judicial. Además,sostuvo que con esta decisión se ofrece más de lo que la jurisprudencia federal haconcedido en materia de acceso a casos civiles. Según el juez Fuster Berlingeri, eseproceder supone una reducción de la protección del derecho a la intimidad, que hastaeste caso había ocupado un sitial de preferencia dentro del ordenamiento constitucionalpuertorriqueño.El tercer caso que demuestra cómo han ido cambiando las decisiones del TribunalSupremo en cuanto al derecho a la intimidad y el derecho de la libertad de prensa es elcaso Pérez Vda. de Muñiz v. Criado.63 En este caso, el Tribunal resolvió unacontroversia que llevaba alrededor de quince (15) años sometida a su consideración. Loshechos del caso se remontan al año 1984 cuando el periódico La Crónica, de circulaciónlimitada, publicó en varias ocasiones unas fotografías del cadáver de una personabrutalmente asesinada sin obtener previo consentimiento de sus familiares. Estas fotosfueron tomadas durante la autopsia del cadáver y se alegó que el periódico obtuvo lasfotografías ilegalmente.El Tribunal resolvió que el derecho de intimidad, aunque abarcador y relevante, nojustifica la imposición de censura previa, máxima manifestación de la violación de lalibertad de prensa. El Tribunal limitó a un reclamo de daños y perjuicios el derecho delos ciudadanos a protegerse de que un periódico utilice material obtenido ilegalmente.En la disensión del caso, argumenta el juez Hernández Denton que el mismo nopresenta una cuestión de libertad de prensa ni de evitar la publicación de información deinterés público o la divulgación de ideas. No se buscaba siquiera vedar la publicación defotografías corrientes del difunto. Sólo se pretendía prohibir el contenido de unasfotografías muy particulares, obtenidas ilícitamente. El juez disidente criticó que la
  14. 14. mayoría en este caso trata a la supuesta libertad de prensa como si fuera un derechoabsoluto sin que importe el, también fundamental, derecho a la intimidad que les asiste alos familiares del fallecido.En resumen, a través del caso de Pérez Vda. de Muñiz v. Criado podemos apreciar comonuestro Tribunal Supremo ha inclinando la balanza a no favorecer el derecho a laintimidad contrario a la tendencia desplegada en decisiones anteriores. Incluso, enFulana de Tal v. Demandado A,64 al establecer como rango constitucional el acceso delpúblico a los casos civiles, tiene el efecto de crear el precedente de que en futurasdecisiones se incline la balanza en contra del derecho a la intimidad. En ambasdecisiones se advierte una actitud distinta hacia el derecho a la intimidad de la percibidaen el caso E.L.A. v. El Vocero, que según como indicamos fue revocado por el TribunalSupremo Federal.Página 423 VII. POSIBLES RAZONES DEL CAMBIO EN LA JURISPRUDENCIA PUERTORRIQUEÑALa Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos según interpretadapor el Tribunal Supremo Federal, impone a los Estados de la Nación unos límites. 65 Deeste modo, los Estados no pueden “achicar las fronteras en cuanto al alcance de losderechos constitucionales, pero sí pueden expandirlas”.66 Esta norma se conoce como la“Doctrina del Ámbito Mínimo Federal.”Esta doctrina es aplicable a Puerto Rico y, como consecuencia, nuestra jurisdicciónpuede dar al derecho a la intimidad el alcance que quiera siempre que satisfaga elalcance mínimo de ese derecho bajo la Constitución Federal.67 Por tal razón, cuandonuestro Tribunal Supremo busca balancear derechos en colisión, como por ejemplo elderecho a la intimidad y la libertad de prensa, no puede resolver la controversia enmenoscabo de lo resuelto en el “balance federal.”68
  15. 15. Dicho esto, entendemos el espacio limitado que tiene nuestro Tribunal en cuanto ainterpretar cuál debe ser el “resultado de un choque entre dos derechos individuales quetienen un equivalente en la Constitución Federal.”69 Ciertamente, las limitacionesindicadas que tiene para actuar el Tribunal Supremo de Puerto Rico confirman quenuestra más Alta Superioridad está subordinada a lo que decida el Tribunal SupremoFederal en cuanto a los derechos constitucionales.No hay que profundizar mucho para afirmar que en los Estados Unidos el derecho a lalibertad de expresión y libertad de prensa tienen un sitial preeminente. Se ha dicho, porejemplo, que “existe al servicio de la libertad de prensa la jurisprudencia másdecididamente defensora que puede encontrarse en ningún otro país occidental.”70Además, este derecho fue uno de los primeros derechos consignados en la ConstituciónFederal, siendo objeto de la Primera Enmienda.Por el contrario, el derecho a la intimidad en los Estados Unidos no está expresamenteestablecido en su Constitución, sino que se desprende de lasPágina 424Penumbras71 de algunas de sus cláusulas y sólo es oponible a actuacionesgubernamentales.Recientemente, el Tribunal Supremo Federal en Bartnicki v. Vopper72 se enfrentó a unasituación de hechos en la que era necesario hacer un balance de intereses entre elderecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión. En el mismo, la mayoríadecidió a favor del derecho de la libertad de expresión.En dicho caso, los hechos versan sobre una conversación vía celular que fueinterceptada por una persona no identificada que grabó la conversación y luego lamisma fue pasada por varios medios de comunicación. La conversación surge duranteunas negociaciones que se estaban llevando a cabo entre la unión que representaba a losmaestros de la escuela secundaria de Pennsylvania y la junta de directores de unaescuela local.
  16. 16. Se instó una demanda bajo la ley Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968,según enmendada73 y bajo el Pennsylvania Wiretapping Statute. Las alegaciones de lademanda consistían en que se violó el estatuto74 que prohíbe a una persona divulgar elcontenido de una comunicación, cuando la persona sepa o tenga una razón para creerque la información revelada fue obtenida a través de una intercepción telefónica ilegal.La mayoría del Tribunal Supremo Federal expresó que estaban convencidos de que lapublicación hecha por los medios de comunicación se encontraba protegida por laPrimera Enmienda. Esto por ser el asunto de interés público, aún cuando ellos, alreproducir la grabación, conocían, o al menos tenían conocimiento de que laintercepción fue hecha en violación de la ley. Este caso muestra una tendencia en elTribunal Supremo de los Estados Unidos a proteger la libertad de expresión y de prensapor encima del derecho a la intimidad en aquellos casos en que está envuelto un “publicconcern”.Sin embargo, Estados Unidos no es el único país que presenta esa tendencia.Tomemos por ejemplo a España, a modo de análisis comparado, que tiene consignadoen su Constitución tanto el derecho a la intimidad como el derecho a la libertad deprensa. El artículo 18 de la Constitución de España lee como sigue “[s]e garantiza elderecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.”75 Por suparte, el artículo 20.1 (a) reconoce y protege el derecho a “expresar y difundirlibremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito ocualquier otro medio de reproducción.”76 Además, el artículoPágina 42520.1 (d) reconoce el derecho a “comunicar o recibir libremente información veraz porcualquier medio de difusión ...”77Sin embargo, el artículo 20.A de la Constitución de España dispone que:
  17. 17. estas libertades tienen sus límites en el respeto a los derechos reconocidos en esteTítulo, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derechoal honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de lainfancia.78A simple vista pareciera que la Constitución de España reconoce el derecho a laintimidad con preferencia al “derecho de información o expresión”. Sin embargo, endistintas Sentencias del Tribunal Constitucional de España se hareiterado que existe una dimensión preferente de la libertad de expresión sobre elderecho al honor (también sobre la intimidad y la propia imagen) debido a que esgarantía y condición necesaria del pluralismo político y de la formación de las opinionespúblicas.79Además, existe en la jurisdicción española una presunción a favor del derecho a lainformación, que tiene que ser destruida por quien considera que la información ha sidouna intromisión o injerencia en su derecho al honor, la intimidad o la propia imagen.80Por otro lado, además de haber una tendencia en la jurisprudencia de Estados Unidos yde España, a favorecer el derecho a la libertad de expresión sobre el derecho a laintimidad, también se está dando un fenómeno cultural a nivel mundial en el que cadavez más son las personas que tienen la tendencia a reducir su espacio de intimidad. Laproliferación de programas como “realty show” y “talk show”, son algunos de losejemplos en que muchas personas renuncian a su vida privada para contar a miles depersonas sus más íntimos secretos. Estos programas, cuyo fin de ganar mayor “rating”,los lleva a que se disuelva la línea entre lo público y lo privado.Además, con los avances en la tecnología y el desarrollo de los medios de comunicaciónen masa, nuestra vida cotidiana está siendo cada vez más vigilada. Por ejemplo,continuamente estamos siendo observados por cámara de video enPágina 426
  18. 18. las calles, pasillos, tiendas, restaurantes, edificios públicos, plazas de peajes y hasta ennuestros propios trabajos. También, todas nuestras transacciones bancarias, llamadastelefónicas y mensajes de correo electrónicos son grabados y guardados en bases dedatos. También, existe una fuerte amenaza a la privacidad del ser humano por losadelantos en la Internet. Todo ello, requiere que haya algún equilibrio entre nuestroderecho a la intimidad y la vida moderna.Como hemos visto, son más de una las posibles razones que han llevado a lajurisprudencia puertorriqueña a preferir el derecho a la libertad de prensa y a la libertadde expresión sobre el derecho a la intimidad. VIII. CONCLUSIÓNEl problema de los derechos constitucionales son sus límites. Es obvio que no existenderechos absolutos, ilegislables en un Estado de Derecho social y democrático. Pero,lograr un buen balance sin menoscabar deliberada y descabelladamente un derechosobre el otro es el reto que nos presentan los nuevos cambios sociales.La jurisprudencia puertorriqueña ha cambiado dramáticamente su tendencia a favorecerel derecho a la intimidad, vis a vis el derecho a la libertad de prensa. De esta manera, sehace eco de la tendencia cultural a nivel mundial y de las más recientes decisiones delTribunal Supremo Federal y del Tribunal Constitucional de España.Sin embargo, no podemos permitir que esta tendencia sea el principio del fin delderecho a la intimidad. El derecho a la intimidad nos deja retener nuestra autonomía,nuestra dignidad. La intensidad y complejidad de la vida, nos requieren algún retiro delmundo por lo que el deseo a que se respete nuestra intimidad se ha convertido en algomás esencial para el individuo.Cada individuo tiene la libertad y el derecho de mantener ciertos aspectos de su vidaprivada de forma tal que sólo su voluntad sea quien decida a qué personas hace partícipede esos aspectos. Por lo cual, los tribunales no deben contribuir a la extinción delderecho a la intimidad permitiendo que la prensa, amparándose en su libertad deexpresión, continúe indistintamente revelando información privada.
  19. 19. Desde luego, la libertad de expresión y de prensa es un derecho importante para nuestrasociedad democrática, pero, el ejercicio de este derecho debe hacerse en formamoralmente responsable. “La convivencia civil y democrática presupone que no seabusará de los derechos.”81Página 427Una “Constitución es un texto político, además de jurídico, y debe consiguientemente,estar a la altura de su tiempo.”82 La interpretación que se haga de los derechos que enella están contenidos debe responder a los principios y aspiraciones de la sociedad a laque le aplica. Ciertamente, las constituciones tienen que ceñirse y adaptarse a lostiempos en que vivimos por ser la fuente de Derecho del Pueblo. Para que se legitimisendeben ir acorde con los principios y anhelos del pueblo, en forma colectiva.Aunque, existe una tendencia hoy día en esta generación a ceder el derecho a laintimidad sin mayores reparos a cambio de otros intereses, aún existe el deseo en lo másprofundo de cada individuo de proteger y guardar una parte de sí libre de intromisión.Ese es un derecho inalienable que es propio de cada individuo, el cual no se debedesechar ni despreciar, ni mucho menos convertir en un derecho muerto.Aunque la libertad de prensa es muy importante para nuestra sociedad, no por ellodebemos contribuir al menoscabo del derecho a la intimidad cuando entra en conflictocon otros derechos de igual jerarquía. La armonía y el justo balance debe ser la normaque impere cuando colisionen los derechos constitucionales reseñados precedentemente.Página 428__________________________* Estudiante de tercer año de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericanade Puerto Rico, miembro de la Junta Editora, semestre enero a mayo de 2003. La autora
  20. 20. desea agradecer la ayuda del Prof. Carlos Ramos González, Lcdo. Noel PachecoFraticelli, Lcdo. Noel Yamil Pacheco Álvarez e Ing. Heriberto Arzuaga Quintana.1 Arroyo v. Rattan Specialties, 117 D.P.R. 35, 59 (1986).2 Fernando Garrido Falla et al., Comentarios a la Constitución, 400 (3ra ed. Civitas2001).3 Proposición Núm. 11 de la Convención Constituyente, en Cortés Portalatín.4 Const. E.L.A. art. 11, § 8.5 Id, en la § 1. En el informe rendido por la Comisión de la Carta de Derechos a laAsamblea Constituyente se señaló la relación entre las secciones 1 y 8. En el mismo seexpresó que “la protección contra ataques a la honra y a la reputación y vida privadaconstituye también un principio que complementa el concepto de la dignidad humanamantenida en la Constitución”. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente2566.6 Id, en la § 10.7 Arroyo, 117 D.P.R. en la pág. 59.8 E.L.A. v Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436, 439-440 (1975).9 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2566 y 2567 (1951).10 Arroyo, 117 D.P.R. en la pág. 75. (Opinión Concurrente y Disidente del JuezAsociado Hernández Denton).11 EL Vocero v. E.L.A., 131 D.P.R. 356, 430 (1992).12 Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573, 576 (1982).13 Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 260 (1978). El derecho de la intimidad enlos Estados Unidos se deriva: del concepto “libertad”, contenido en las cláusulas sobreel debido procedimiento de ley de la quinta y decimocuarta enmiendas de laConstitución de los Estados Unidos, de la novena enmienda, de la cláusula sobreprivilegio e inmunidades, de las emanaciones y penumbras de las primeras cincoenmiendas y del Preámbulo de la Constitución.14 Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. en la pág. 439. Nota: Art. 12 de la DeclaraciónUniversal de los Derechos del Hombre, dispone que: “Nadie será objeto de ingerenciaarbitraria en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni deataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de laley contra tales ingerencias o ataques.”15 El derecho a la libertad de prensa está reconocido también por el derechointernacional. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice
  21. 21. que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derechoincluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibirinformaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquiermedio de expresión. (París 10 de diciembre de 1948). Adoptado por la ONU 1948.16 Const. E.L.A. art. II, § 4.17 Const. EE.UU. enmd. 1.18 Coss v. C.E.E., 137 D.P.R. 877 (1995); Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282(1971); Murdock v. Pennsylvania, 319 U.S. 105 (1943).19 L.H. Tribe, American Constitucional Law 790 (2nd ed. 1988), traducido y citasomitidas.20 Javier Pérez Royo, Curso de Derecho Constitucional 26 (Madrid Marcial Pons 1998).21 Near v. Minnesota, 283 U.S. 697 (1931).22 Santiago v. Bobb, 117 D.P.R. 153, 159 (1986).23 Robert Anderson, La Prensa en Puerto Rico, Comisión de Derechos Civiles (1977),en Raúl Serrano Geyls, Derecho Constitucional Puertorriqueño 1562 (1998).24 Oliveras v. Paniagua Diez, 115 D.P.R. 257 (1984).25 Id. en la pág. 268.26 Id.; Santiago, 117 D.P.R. en la pág. 159.; B. J. Chamberlain & C. J. Brown, The FirstAmendment Reconsidered 110 (New York, Longman 1982).27 Santiago Muñiz Machado, Libertad de Prensa y Procesos por Difamación 88(Editorial Ariel Barcelona 1988).28 L. Brown, Responsabilidad Social de la Prensa 9 (México 1977); Leonard Levy,Emergence of a Free Press (New York Oxford University Press 2da ed., 1985).29 Soto v. Secretario de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982).30 P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D. P. R. 328, 329 (1983); El Vocero v. ELA., 131D.P.R. 356 (1992).31 E.L.A. 104 D.P.R. en la pág. 440. Nota: En Pueblo v. Torres, 115 D.P.R. 128, 134(1984), se dijo que el derecho a la intimidad es parte de los derechos “ilegislables” detoda persona.32 Id.33 Id. en la pág. 441.34 Torres v. Rodríguez, 101 D.P.R. 177, 178 (1973); Sucn. de Victoria v. IglesiaPentecostal, 102 D.P.R. 20 (1974); Hermandad, 104 D.P.R. en la pág. 440.
  22. 22. 35 Nota: Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, fue revocado en cuanto a loconcerniente al Estorbo Público por la Ley de Injunction.36 Alberto Medina Carrero et. al., Los Derechos del Acusado en Etapas Anteriores alJuicio y la Libertad de Prensa: Informe de la Comisión de Derechos Civiles de PuertoRico, 62 Rev. Col. Abog. 127 (2001).37 Figueroa Ferrer, 107 D.P.R. 250.38 Id. en la pág. 276.39 Colón, 112 D.P.R. 573.40 Id. en la pág. 576.41 Id. en la pág. 581.42 Arroyo, 117 D.P.R. en la pág 35.43 Id. en la pág. 62.44 Id. en la pág. 61.45 Id.46 Id. en la pág. 63. En este caso el tribunal incluye el concepto de “expectativa deintimidad” parecido al concepto utilizado en el análisis de los registros y allanamiento.47 P.R.T C. v. Martínez, 114 D.P.R. 328, 352 (1983).48 Pueblo v. Hernández Mercado, 126 D.P.R. 427, 435 (1990). Trata sobre un convictoque apeló el fallo condenatorio de un jurado alegando que las reseñas de los periódicossobre el caso le privaron de su derecho a juicio justo e imparcial. En este caso el tribunalentendió que se tomaron medidas preventivas suficientes, por lo tanto, no se afectaronlos derechos del acusado.49 Claridad v. Secretario de Hacienda, 138 D.P.R. 29 (1995).50 Id. en la pág. 33.51 Id.52 Id. (J. Negrón García disintiendo).53 Disidente Universal v. Revisión Administrativa Departamento de Estado, 98 T.S.P.R.68, dec. 12 de junio de 1998.54 Id.55 Id.56 Id.57 El Vocero, 131 D.P.R. en la pág. 356.58 Vocero v. Puerto Rico, 117 S. Ct. 2004 (1993).59 Press Enterprise Co. v. Superior Court of California, 478 U.S. 1 (1986).
  23. 23. 60 El Vocero, 131 D.P.R. en la pág. 425.61 Id. en la pág. 429. Véase: la fuerte y acertada disensión del Juez Asociado HernándezDenton en El Vocero v. E.L.A. La misma fue avalada por el Tribunal Supremo Federalal revocar dicho caso.62 Fulana de Tal v. Demandado A, 138 D.P.R. 610 (1995).63 Pérez Vda. De Muñiz v. Criado, 2000 T.S.P.R. 92,19 de junio de 2000.64 Fulana de Tal, 138 D.P.R. en la pág. 610.65 Véase Ernesto L. Chiesa, Los Derechos de los Acusados y la Factura más Ancha, 92Rev. Jurídica U.P.R. 83 (1996).66 Véase Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 ,427- 428 (1976).67 Id.68 Véase Chiesa, supra n. 65, en la pág. 92.69 Id.70 Pérez Royo, supra n. 20, en la pág. 88. Esa valoración se hizo también en Inglaterra elinforme Faulks emitido por el Committee against Defamation. El informe se publicó en1975 (HMSO, Comed 5909) en el que se estimó excesivamente favorables a la libertadde prensa alguna jurisprudencia americana sobre asuntos públicos.71 Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1995).72 Bartnicki v. Vopper, 532 U.S. 514 (2001).73 18 U.S.C.S. §2510 et seq.74 18 U.S.C.S. §2511(1)(c).75 Const. de España art. 18 (1978).76 Id. en el art. 20 §1(a).77 Id. en el art. 20 § 1 (d).78 Id. en el art. 20 §4. Subrayado nuestro.79 Sentencias del Tribunal Constitucional: 104/1986, 165/1987, 15/1993.80 Pérez Royo, supra n. 20, en la pág. 303.81 Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282 (1971).82 Garrido Falla et al., supra n. 2, en la pág. 187.

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