Derecho procesal penal
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Derecho procesal penal

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DR JOSE COLLAZO

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  • 1. Curso Básico de Derecho Procesal Penal (Procedimiento Criminal)Instructor: Dr. José Collazo González P. h. D. (y) E. d. D.
  • 2. ¿ Qué es el Derecho Procesal Penal ? (Procedimiento Criminal)• Área del Derecho Público constituida por elconjunto de disposiciones estatutarias ydecisiones jurisprudenciales, cuyo propósito esregular el proceso mediante el cual el Estadoidentifica, enjuicia y penaliza a la persona queha cometido un delito.
  • 3. Existen (3) tres tipos de normas:1. Las constitucionales: Son aquellas dirigidas a garantizar un debido proceso de ley (Artículo II, Sección, 7 Constitución del E.L.A), y cuyo objetivo es reglamentar los Derechos del Acusado (Artículo II, Secciones 10 (y) 11, y en el ejercicio del poder Judicial según el Artículo V de la citada Constitución.
  • 4. Continuación de Procedimiento Criminal• Incluye el estudio de la organización, funcionesy procedimientos con que el Estado cumple losfines de la justicia.• Significa que su objetivo primario serácanalizar la tramitación justa de lascontroversias de naturaleza penal.
  • 5. • Regula el proceso penal desde la investigacióninicial hasta la ejecución de la sentencia sucarácter es instrumental.• Significa que el Derecho Penal constituye elinstrumento para la aplicación de las normas deDerecho Penal sustantivo.
  • 6. Organigrama de las Etapas del Proceso Criminal Regla 6 de Investigación Procedimiento Criminal Vista Juicio Regla Lectura de Preliminar 111 P.C. por Acusación Regla 23 de Derecho o por Regla 34 P.C. P.C. Jurado Ingreso a Institución Penal (o) Absolución
  • 7. InterrogatoriosRueda de ArrestosDetenidos Registros y Confesiones Allanamientos
  • 8. Tribunales de JusticiaAcusados Fiscalía (Fiscales) Tribunales (Jueces) Agencias de Ley y Orden Policía. Testigos
  • 9. • Ley # 201 de 22 de Agosto de 2003 (enmendada) Tribunal Supremo de Puerto Rico (1952) Tribunal Apelativo de Puerto RicoTribunal TribunalMunicipal Superior Tribunal de Primera Instancia
  • 10. Agencias del Sistema de Justicia Criminal conJurisdicción y Competencia en Asuntos Criminales Policía de Puerto Rico Comisión del Delito Sistema Violación Fiscalía Correccional de Ley Penal Judicatura
  • 11. Asegurar la tramitación justa de todo proceso penal y evitar dilaciones y gastos injustificados (Regla 1 de P.C.)Regular y dirigir el Regular los procesos deejercicio de la voluntad naturaleza penal deabstracta de la ley penal manera que el Estado lesustantiva a través del garantice a todo individuoproceso penal el debido proceso de Ley DEBIDO PROCESO DE LEY
  • 12. • 1963 han sido enmendadas hasta el presente año 2010• Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.El artículo V, Secc. 6 dispone que: El Tribunal Supremoadoptará para los tribunales, Reglas de Evidencia y deProcedimiento Criminal que menoscaben, amplíen omodifiquen derechos sustantivos de las partes. Las reglas asíadoptadas se remitirán a la Asamblea Legislativa al comienzo de supróxima sesión ordinaria y regirán 60 días después de laterminación de dicha sesión, salvo desaprobación por la AsambleaLegislativa, la cual tendrá facultad tanto para enmendar , derrogaro complementar cualquiera de dichas reglas, mediante leyespecífica a tal efecto.
  • 13. Decisiones y opiniones delos Jueces Jurisprudencias .Son Concurrentes aquellas normas están todos los procesales creadas jueces de acuerdo por el el Tribunal con la decisión Supremo de Puerto Rico al interpretar las Disidentes algunosTribunales a través Leyes y la jueces no están dede los Jueces crean Constitución de acuerdo con la y emiten Puerto Rico decisión del caso Doctrinas. creadas por los Percurian todos los tratadistas y la llamada Jueces están de Ciencia del Derecho que acuerdo con la auxilian las decision pero no interpretaciones de las emiten opinión normas penales
  • 14. Funciones y deberes de los Jueces Municipales de Primera Instancia en el área criminal. Ley # 466 de septiembre de 2004 Enmendando varios artículos de la Ley # 201 de 22 de agosto de 2003 Ley de la Judicatura de Puerto Rico. Los casos de menores solamente se pueden ver en Determinación de el Tribunal de Adultos Solo esto nada causa probable en Regla 6 de P.C. para para arresto R-6 de expedir ordenes de más en menores P.C. Aprehensión o detención Expedir ordenes de Expedir ordenes aprehensión o de excarcelaciónOtras vistas de detención en Ley demenores solo las si presta la fianza Menoresven los Jueces delTribunal de DeterminarMenores Expedir ordenes Examinar las (y) fijar de encarcelación partes del caso en fianzas si no presta la la Regla 22 de R-6.1 P.C. fianza P.C. (sumariado)
  • 15. Instituto de AgenciasCiencias Forenses Corrección Tribunales Fiscalía Policía Otras con Facultad de realizar arrestos
  • 16. Delitos que más se destacan en el Procedimiento Criminal 4 Column1 Asesinatos 3 2 Drogas y Narcóticos Violencia Doméstica 1 0 0 1 2 3 4 Todas las violaciones al Código Penal requieren la aplicación de las Reglas de Procedimiento Criminal
  • 17. Métodos de Investigación Criminal 5 4 3 2 1 0 ReglaAdvertencias 252.1 P.C Regla 230-234al sospechoso
  • 18. Policía Fiscalía Cualquier De no tener los manifestación Derecho a estar medios el se puede asistido por un Estado está utilizar en su abogado obligado a contra proveerle uno Requisitos: El derecho a guardar silencio en la etapa investigativa.
  • 19. Todas estas seexaminan bajo la Regla Legalidad de las advertencias901 de las Reglas deEvidencia de enero de2010 Advertencias no Es un asunto de tienen nada que ver admisibilidad de con la legalidad del manifestaciones arresto. incriminatorias. Si esta bajo custodia Si el policía no hace policiaca (y) es las advertencias las cuestionada es deber manifestaciones no del policía hacerle son válidas. las advertencias.
  • 20. Mociones que se presentan antes del JuicioImpugnar legalidad dela evidencia recopiladao Supresión de la Moción de Moción defensa de paraevidencia insanidad rebaja de Renuncia de mental fianza Jurisdicción en asuntos de menores Moción para Moción de desestimar descubrimiento acusación o de prueba denunucia Moción de nuevo Juicio
  • 21. Juicio en su fondo Lectura de acusación Vista Preliminar R-23 de P.C. Regla 6 Vista de causa Procesos Básicos de para arresto por Procedimiento Criminal denuncias testigos o declaraciones juradas
  • 22. Validez de las ordenes de Registros y Allanamientos Registros y alllanamientos requieren una orden del Magistrado escrita y expedida por una declaración jurada del agente del orden público apoyada en juramento de lo contrario no es válida. Regla 230 de P.C.
  • 23. Funciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico Habeas Courpus. • Estado no puede Para solicitar una detenerlo más vista al tribunal por de 6 meses sin una detención ilegal una vista Mandamus. El • Destitución de Tribunal ordena Jueces y que se cumpla con Querellas contra el deber ministerial abogados Otros recursos • Jurisprudencias recursos que se o Normas determinen por ley Jurídicas
  • 24. Situaciones que la autoincriminacion no esta protegida • Exibición de gestos, voz, figura y características físicas de identificación que estén expuestas al público. Pueblo V.S. Adorno 101 D.P.R 429 (1973) •La disposición constitucional protege a la persona de toda evidencia de tipo testiminial, entiéndase manifestaciones verbales o escritas, cuyo contenido comunica información que incrimina a quien las hizo. • La evidencia real o física no esta protegida por la disposición constitucional ya que su contenido no es de naturaleza testimonial y su uso mayor es para propósitos de identificación.
  • 25. Otras situaciones no protegidas contra la autoincriminación• Huellas dactilares, fotografías y pruebas de sangre. Resuelto en el caso deSchmerber V.S. California, 384 U.S. 751 (1966); Pueblo V.S. TribunalSuperior, 96 D.P.R 397 (1986).• La letra de la persona se considera evidencia de identificación. Establecido en elcaso de Pueblo V.S. Efraín Meléndez 94 J.T.S 42. Excepto cuando la mismaequivale a una admision incriminatoria. Ejemplo cuando se trata de un delito defalsificacion. Establecido en el caso Pueblo V.S. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 397(1968)
  • 26. Normas establecidas en un interrogatorio criminalTanto en la esfera federal como en Puerto Rico, los tribunales han establecido unasnormas que deben seguir los investigadores del Estado en la etapa investigativapara evitar que se violen derechos fundamentales consagrados expresamente en laConstitución o la clausula del debido proceso de ley, en general cuando se estátratanto de obtener del interrogatorio una confesión o una admisión sustancial.Estas normas son diferentes dependiendo de que se trate de:• Sospechosos bajo custodia sobre quienes se ha centralizado la investigación oimputados de delitos.• Simplemente sospechosos.• Testigos.
  • 27. Advertencias de LeyEl caso de Sulman nos dice que hay que hacer las advertencias de ley, enlos casos de confesiones como en los casos de las admisionessustanciales. Pero hay que hacerlas solo cuando se interroga a unsospechoso bajo custodia gubernamental, y estas se realizaninmediatamente que está bajo custodia y se le intente interrogar. PuebloV.S. Pellot, 88 J.T.S. 109 (y) Pueblo V.S. J.A.B.C. 89 JTS 38.
  • 28. Declaraciones no admitidas como evidencias En Pueblo V.S. López Las declaraciones En estas confesiones 118 D.P.R. 515 el no son válidas y admisiones seTribunal aclaró cuando cuando son impugnan suse deben admitir como obligatorias o sea válidez medianteevidencia declaraciones bajo coacción si moción deincriminatorias hechas antes de declarar no supresión de en la etapa le hicieron las evidencia Regla 234 investigativa advertencias en ley de P.C. Admisiones y confesiones en la etapa investigativa
  • 29. Cuando no hay que hacer las advertencias legales Expresiones voluntarias del acusado Turnos de Si no ha Accidentes respuestas de sido rutinarios de los fiscales arrestada tránsito Cuando no son funcionarios públicos
  • 30. Situaciones que no están protegidas contra la autoincriminación Voz (y) los gestos Autoincriminación Huellas Corporaciones Dactilares La Letra de las personas
  • 31. Requisitos para que la confesión sea válidaQue sea prestada por quien Que sea recibida por la autoridad con facultad paratenga la condición jurídica ello. Puede ser inculpado o de procesado acusado por esa confesión La declaración instructiva o Que el procesado declare confesión es personal, por lo libremente, sintanto, solo el procesado puede ataduras, amenazas ni hacer esta declaración. Nadie presiones de parte de lospuede declarar en su nombre o investigadores representación.
  • 32. Continuación de la validez de la confesiónQue en su declaración, el procesado aceptetotal o parcialmente la imputación que se lehace y refiera la forma y circunstanciascomo el delito indicando los móviles que lollevo a cometer el hechoQue el procesado al momento de prestar suconfesión lo haga en condiciones psicológicasnormales.La confesión de un enfermo mental no tienevalor, porque como sabemos inclusive laautoincriminación de una persona sana noes válida sino se hacen otras pruebas quecorroboren tal afirmación
  • 33. Otras circunstancias de las confesiones para su válidez La confesión del mudo, del sordo y del sordomudo debe ser por escrito y si no sabe leer ni escribir debera nombrarsele obligatoriamente un perito. Validez de las confesiones del imputado Para la confesión de una persona que no habla el idioma español se le debe nombrar un interprete forzosamente. Constitución de Puerto Rico Derecho Regla 901 de Evidencia a la no autoincriminación Determinaciones Preliminares Los hechos deben ser ademas posibles y verosimiles atendiendo las circunstancias y condiciones personales del procesado Fiscal debe demostrar que la Derechos de los acusados confesión fue voluntaria y no coaccionada
  • 34. La Fianza como Derecho Constitucional en Puerto RicoEl artículo II, Sección 11 dispone en lo relativo a fianzas que todo acusadotendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallocondenatorio. La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis(6) meses, las fianzas y multas no serán excesivas. Nadie será encarceladopor deudas. Toda persona arrestada por cualquer delito tendra el derechoconstitucional a quedar en libertad provisional, bajo fianza y/o bajocondiciones impuestas por el tribunal hasta tanto fuere convicta.
  • 35. Continuación del concepto de la fianza Fianza Libertad provisional Comparecencia del acusado Permanecer en libertad hasta el dia del juicio
  • 36. Fianzas consideraciones a tomarse en su imposición• Naturaleza y circunstancia del delito imputado.• Nexos del imputado con la comunidad, entre ellos, tiempo de residencia, historial de empleo.• Carácter y condición mental del imputado.• Recursos económicos del imputado.• Historial de previas comparecencias y cumplimiento de ordenes judiciales.• Evaluación, informe y recomendaciones de la oficina de Servicios con Antelación al Juicio.• Si constituye un riesgo para la sociedad en general.• Si es un reincidente en la comisión del hecho delictivo.• El Juez toma en consideración todos estos elementos al imponer la fianzas.
  • 37. Registros y allanamientos en Puerto Rico y Estados UnidosEn Puerto Rico los Registros y allanamientos están regulados por la Constitución dePuerto Rico. Artículo II Sección 10. Dispone que No se violará el derecho del puebloa la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contraregistros, incautaciones y allanamientos irrazonables. No se interceptará lacomunicación telefónica. Solo se expedirán mandamientos autorizandoregistros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello unicamente apoyadaen juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse y laspersonas a detenerse o las cosas a ocuparse. Evidencia obtenida en violación a estásección será inadmisible en los tribunales.
  • 38. La labor investigativa de los agentes frente a la protección constitucionalEl Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aceptado la entrada de los agentes apropiedad privada como parte de sus funciones investigativas bajo las siguientescondiciones: El caso resuelto Pueblo V.S. Torres Resto 102 D.P.R. 532 (1974)establece que no hay allanamiento ilegal por el mero hecho de que un agente de lapolicía haya penetrado, los linderos de la propiedad en funciones investigativaspara conversar con los ocupantes si en el transcurso de la actividad legítimaobserva dentro de la residencia o en sus inmediaciones ( Curtilage) la comisión deun delito, el arresto y registro incidental sera válido siempre que el mismo sea paraocupar armas y/o evidencia de naturaleza delictiva. Sin embargo, el agente nopuede pararse junto a la puerta o ventanas para escuchar lo que alli sedice, establecido esto último en el caso Pueblo V.S. Meléndez Rodríguez 136 D.P.R.587 (1994).
  • 39. Continuación de Registros y allanamientos Pueblo V.S. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 524 (1974) Se sanciona la mala práctica de los agentes encubiertos de disfrazarce mientras realizan investigaciones sobre las actividades ilegales. En el caso de Pueblo Caso Hoffa V.S. United V.S. Pérez Pérez, 115 States, 385 U.S. 293 D.P.R. 827 (1984): (1966) el Tribunalseguido por Pueblo V.S. Federal indicó que una Meléndez vez una persona deja Rodríguez, 136 entrar a otra en su D.P.R.587 (1994) en propiedad, corre elresidenciales públicos se peligro de perder su prohibe la entrada no derecho a la intimidadautorizada de un agente sin importar si fue en zonas comunes legítima su visita
  • 40. Otras Jurisprudencias relacionadas a los Registros y Allanamientos • Se validó la ocupación de un teléfono celular en un operativo policiaco. Recibida una llamada para un propósito criminal. Dado el propósito la intrusión fue legítima y razonable por lo que no Pueblo V.S. Colón se violó su derecho, el policía no lo utilizó para enterarse sino que lo contestóRafucci 139 D.P.R. 959 • Tampoco se llevó a cabo una intercepción teléfonica (1996) • Se examina la validez constitucional de las pruebas de dopaje a la luz de la protección contra registros y allanamientos irrazonables. Bajo un análisis de razonabilidad el Estado debe demostrar un interés estatal que supere la expectativa de intimidad.Soto Ortega V.S. AIJ • En el caso Pueblo V.S. Arroyo Rattan Specialties 117 D.P.R. 35 (1986) se resolvió que se violenta el 99JTS 109 derecho a la intimidad cuando se le requiere a una persona someterse a la prueba del polígrafo. • Los clientes y depositantes de un banco tienen expectativa de intimidad sobre la información dada RDT Construction V.S. Colon Carlo 96 en transacciones bancarias y pueden impugnar cualquier subpoena duces tecum. JTS 111 • Para expedir una orden de allanamiento es necesario que en la declaración jurada surjan todos los elementos para determinar causa probable para poder expedir dicha orden.
  • 41. Normas y procedimientos de la Rueda de Detenidos (line up)• Está reglamentado por la Regla 252.1 de Procedimiento Criminal.• Tiene derecho a estar asistido de abogado al celebrarse la misma si ya se hubiese presentado una denuncia o acusación.• Puede renunciar a la asistencia de abogado pero debe ser por escrito ante (2) dos testigos.• El abogado podrá presenciar el proceso completo, así como también escuchar cualquier conversación entre los testigos y la policía.• El abogado estará impedido de interrogar a los testigos.• Puede indicarle al funcionario encargado de la Rueda de Detenidos cualquier infracción o proceso mal hecho para que lo corrija.
  • 42. • La Composición de la rueda de detenidos estará integrada por un número no menor de (5) personas, incluyendo al sospechoso, o sea es lo mismo que decir no menos de (4) personas pero debe incluirse otro un sospechoso siempre en cada rueda de detenidos, es decir pueden ser más de cinco (5) pueden ser (6) o (7) pero nunca menos de (5) incluyendo al sospechoso.• Los integrantes deben compartir características parecidas al sospechoso, en relación a sexo, color, raza y hasta donde sea posible, estatura,edad,peso y vestimentas.• Habrá un sospechoso por cada rueda o sea si se detienen (3) sospechosos se harán (3) tres ruedas de detenidos un sospechoso en cada una.• No se permitirán indicios visibles de forma que identifique al sospechoso.
  • 43. Procedimiento de la Rueda de Detenidos• El testigo no podrá ver al sospechoso ni a los demás integrantes de la rueda antes de su celebración.• No se le informará al testigo identificante de la existencia de un sospechoso.• No viola el debido proceso de ley que se le diga al testigo que hay un sospechoso en una rueda de identificación. Lo que está prohibido es hacer alguna sugerencia que tienda a particularizar al sospechoso, resuelto en el caso Pueblo V.S. Rivera Navarro, 113 D.P.R. 642 (1982) u obligar a escoger alguna persona en particular entre las personas que están en la rueda de detenidos, o enseñar en la rueda a un solo sospechoso mientras se le pregunta al testigo si ese fue, caso resuelto en Schmer,724 F.2d.249 (1984).
  • 44. Registros y allanamientos hechos por los caninos (perros policías)• Caso resuelto en Pueblo V.S. Díaz Medina, 2009 T.S.P.R. 138, el TribunalSupremo determinó que la evidencia detectada a pleno olfato de un canino(perro) puede ser incautada sin orden judicial de registro. El Supremo aclaraque el hecho que un perro como detector de olores sea más habilidoso que unapersona, no transforma el olfato de dicho animal en uno ilegal, pues eltribunal, pues al igual que la evidencia a plena vista de un oficial puede serregistrada sin orden judicial, previa evidencia a pleno olfato sin necesidad de serdetectada sin orden.
  • 45. Continuación de Registro por los caninos (perros policias)• El supremo también aparenta equipar la doctrina de sospecha individualizadacon la determinación de causa probable ya que explica que en circunstanciasparticulares de necesidad especial del Estado un registro sin previa ordenjudicial es válida, si existe causa probable por sospecha individualizada.• El Tribunal Supremo añade que con relación a la sospecha individualizadarazonable que surge luego de realizar una investigación criminal, la misma sedebe equiparar a los motivos fundados para un arresto conforme lo estatuyela regla 11 de Procedimiento Criminal.
  • 46. Testimonio Estereotipado de los Agentes del Orden Público (Policías)• En el caso Pueblo V.S. Espinet 112 D.P.R. 53 se resolvióque en una época losagentes de la policía, para evitar las complicaciones técnicas de tener que probarque un registro era razonable, comenzaron a declarar en los tribunales a base de lalínea de menor resistencia, que era decir que habían visto el objeto a plena vista oque el acusado lo había abandonado. Entonces el Supremo estableció la normajurídica que los jueces en aquellos casos en que el agente declara que el acusadotiró el material o que la transacción delictiva se realiza a plena vista, los juecesno le deben creer a menos que haya otras circunstancias que corroborren ladeclaración del agente. Ó sea que esas declaraciones se deben tomar con cautela.
  • 47. Registros de Emergencia sin Orden de Allanamientos y/o Registro• Se puede registrar sin orden cuando hay circunstancias de emergenciao extraordinarias que justifican el registro para evitar que desaparezcala evidencia.• El caso de Pueblo V.S. Nieves, 101 D.P.R. 263, la prueba indicaba quePérez López y Pantojas intentaban cotejar unas listas de bolita dentro deun automóvil, la policía tenía una información y encontró el automóvil ya las (2) dos personas dentro. ¿Qué pasaba si iban a buscar la orden deallanamiento? Qué el automóvil no iba a estar allí y las listas muchomenos. Así que en ese caso se justificaba.
  • 48. Continuación de Registros y Allanamientos sin orden• Cuando el registro se hace durante la persecusión a raíz de un delito(crimen), cometido esto se conoce como ( Hot Pursuit) persecución caliente.• Cuando se penetra en un local para intervenir en auxilio de una personaenferma, o inconsciente, o en fuego o en pelea de matrimonio, etc, resueltopor el Tribunal Supremo de P.R. en el Caso de Pueblo V.S. Rivera 122 D.P.R.408. (1988)
  • 49. Termino de tiempo luego del arresto Derecho a juicio rápido• En el caso de Pueblo V.S. Aponte Nolasco (2006) T.S.P.R. 62 el TribunalSupemo de P.R. estableció un termino de tiempo de 36 horas para que elEstado una vez la persona esta arrestada someta la regla 6 de ProcedimientoCriminal de lo contrario si pasan las 36 horas sin radicar esta regla seconsidera ilegal esa intervención, salvo que el Estado demuestre queexistieron causas apremiantes que provocaron esa tardanza.
  • 50. Doctrina de las Advertencias según el Tribunal Supremo de Puerto Rico• Las advertencias se hacen tanto en las admisiones como en las confesiones.•En el caso de Pueblo V.S. Santiago, 139 D.P.R. 361 (1995) , resolvió que hayque hacer las advertencias tanto en casos de confesiones como en los casosde admisiones sustanciales.• Hay que hacerlas solo cuando se interroga a un sospechoso bajo custodiagubernamental, y hay que hacerlas inmediatamente que esta bajo custodia yse le intenta interrogar.
  • 51. Diferencia entre confesión y admisión• El caso de Pueblo V.S. Delgado 128 D.P.R. 721 (1991), resolvió y explicóque la confesión admite todos los elementos de un delito de parte deldeclarante y en si es una declaración de culpabilidad.• Resolvió también que la admisión, por el contrario, se limita a admitir unoo más eslabones de prueba que conducen a la culpabilidad, es decir, seadmiten unos elementos del delito, pero no todos.
  • 52. Renuncia voluntaria del acusado a su derecho contra la autoincriminación• Durante la etapa del juicio, el fiscal debe y le corresponde demostrar que sehicieron las advertencias de rigor y que el acusado renunció voluntariamentee inteligentemente a su derecho a mantener silencio, e hizo las admisiones oconfesiones que lo incriminan. Si el fiscal no prueba que la renuncia y laadmisión ocurrió en esta forma, la prueba sobre las admisiones o confesionesno se admitirá en el juicio.• El caso de Pueblo V.S. Rivera 141 D.P.R. 865 (1996) resolvió que el juez debeconsiderar la totalidad de las circunstancias para determinar si fue voluntariao no esa renuncia.
  • 53. Las circunstancias que debe examinar el juez para ver la voluntariedad• Las circunstancias personales del sospechoso.• Período de tiempo bajo custodia antes de prestar la confesión.• La conducta policiaca durante la custodia.• Si efectivamente estuvo asistido o no por un abogado al contestarcuando estaba bajo la custodia de los agentes que realizaba elinterrogatorio.• El caso de Pueblo V.S. Viruet, 2008 T.S.P.R. 60 amplía más sobre este particular.
  • 54. Regla 6 de Procedimiento Criminal Doctrinas del Tribunal Supremo Regla 6 de P.C. Vista de Causa para Arresto En el caso de Pueblo V.S. Rivera Exige que se lleve a la persona 145 D.P.R. 366 el Supremo aclaró arrestada sin demora innecesaria que en la vista de causa para ante un magistrado arresto el imputado tiene derecho a tener abogado Estos derechos se activan solo Si el fiscal presenta el caso a base En esta etapa puede cuando la vista de Regla 6 de de la denuncia o declaración contrainterrogar testigos y a P.C. se hace en presencia del jurada el imputado no tiene ofrecer prueba a su favor imputado derecho a contrainterrogar
  • 55. Continuación de la Vista de Causa para el arresto El magistrado puede determinar causa probable para arresto a base de ladenuncia , de las declaraciones juradas que se unen a la misma o a base delexamen bajo juramento de un testigo con conocimiento personal de loshechos. La determinación también se puede basar en declaraciones hechaspor información o creencia, siempre que tengan suficientes garantías deconfiabilidad. Lo importante es que la información provista sea suficientepara que el magistrado encuentre causa probable para creer que se hacometido un delito y que el imputado lo cometió. Resuelto en el caso dePueblo V.S. Rivera Martel, 2008 T.S.P.R. 64. En Pueblo V.S. APSHealthcare of Puerto Rico 2009 T.S.P.R. 11.
  • 56. Identificación de la voz en la Rueda de detenidos Tribunal Supremo de P.R. Caso Pueblo V.S. Hernández 2009 T.S.P.R. 7 sostiene que en una rueda de detenidos para identificar a una persona mediante su voz, debe grabarse dicho procedimiento.Pueblo V.S. Adorno101 D.P.R. 429resuelve gestos de vozno esta protegido porel privilegio deautoincriminación. La falta de grabación incide sobre el derecho del acusado a impugnar la identificación por sugestiva o poco confiable.
  • 57. Criterios para evaluar y determinar si una identificación fue sugestiva o no 1 2 3 5 4El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció los criterios para evaluar unaidentificación extrajudicial a la luz de la totalidad de las circunstancias.1. Oportunidad y tiempo durante el cual el testigo identificante pudo observar al sospechoso: incluye, por ejemplo, la distancia que lo vio, cantidad de luz presente.2. Grado de atención y/o capacidad perceptiva demostrado por el testigo identificante.3. Grado de certeza demostrado por el identificante al realizar la identificación.4. Exactitud de la descripción previa dada sobre el sospechoso con este luego de ser identificado.5. Tiempo que transcurre entre la comisión del delito y el momento en que se hace la identificación.6. Oportunidad que tuvo el Estado para hacer la rueda de detenidos.
  • 58. Continuación de las normas relacionadas a la identificación del sospechoso.En los casos de Pueblo V.S. Peterson 107 D.P.R. 172 (1978) ; Pueblo V.S. CalderónOrta 110 D.P.R. 835 (1981) ; Pueblo V.S. Ortiz Pérez 123 D.P.R. 216 (1989) ; PuebloV.S. Robledo ; 127 D.P.R. 964 (1991) ; y Pueblo V.S. Rodríguez Román 128 D.P.R. 121(1991). El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió y estableció la norma de queaunque la identificación tenga elementos de sugestividad, no se viola el debidoproceso de ley si se presentan suficientes elementos de confiabilidad a la luz de latotalidad de las circunstancias. El caso normativo Pueblo V.S. Hernández 126 D.P.R.427 (1990) se aclaró que el hecho de que la vestimenta de todos no fuera similar, nohace mandatorio invalidar el procedimiento de la rueda de detenidos.
  • 59. Fotografías como medio de identificación Regla 252.2 de Procedimiento Criminal El caso de Pueblo V.S. Rosaly 128 D.P.R. 729 (1991) Estableció las pautas para identificar al sospechoso mediante fotografías y estableció que el uso de fotografías para identificar solo se usarán cuando no sea posible usar la rueda de detenidos, o cuando no esté el sospechoso presente para realizar una rueda de detenidos, o cuando existiendo una persona sospechosa esta se negare a participar en dicha rueda de detenidos.
  • 60. Impugnación de la evidencia bajo la regla 234 de P. C. Supresión de evidenciaEl caso de Pueblo V.S. Rey 109 D.P.R. 739 (1980) resolvió que si el acusadosostiene que hubo alguna irregularidad sobre si fue sugestiva laidentificación durante la investigación, tiene que radicar una moción desupresión de evidencia con (5) días de anticipación al juicio, según la regla234 de P.C. a menos que el acusado se entere de la irregularidad en el actodel juicio. Si no la plantea o la solicita se entiende que esta renunciando aeste derecho de solicitar radicar la moción de supresión de evidencia.
  • 61. Detención de un automóvil con propósitos investigativosEl caso normativo de Pueblo V.S. Malavet 120 D.P.R. 470 (1988), el TribunalSupremo de Puerto Rico aclaró la diferencia entre detener un automóvil porinfracciones a la Ley de Tránsito o cuando ocurre un accidente y arrestan alconductor. Son (2) dos cosas distintas. Las consecuencias sobre ocupación deobjetos a plena vista y el registro del automóvil también son distintas. Cuando setrata de una infracción de carácter grave a la Ley de Tránsito como rebasar (6) seisluces sin parar se puede detener un vehículo. Esto se considera como una detencióninvestigativa ya que se hace con propósitos específicos y por un período de tiempolimitado. En un caso así, desde luego la policía podría ocupar cualquier evidenciadelictiva que estuviera a plena vista.
  • 62. Normas acerca de los arrestos de parte del EstadoLuego que se ha terminado la investigación, el próximo paso consiste en hacer que elsospechoso responda por el delito que se alega haber cometido, ante los tribunales dejusticia. A veces este sospechoso puede ser arrestado, aún antes de que un juez expidala correspondiente orden de arresto. Otras veces, el proceso comenzarȧ al revés, osea, se planteará primero el asunto ante el juez y este procederá entonces a ordenar elarresto. La Ley número, 317 de 15 de septiembre de 2004 enmendó las Reglas 8 (y) 10de P.C. sobre los arrestos.
  • 63. Continuación de las normas procesales para realizar un arrestoPueden diligenciar ordenes de arresto o citaciones alguaciles de cualquier sala de untribunal, cualquier agente del orden público (policía) , cualquier otro funcionarioautorizado en ley se incluyeron agentes federales cuando arrestan por violaciones alas Leyes Estatales. Se puede arrestar fuera de Puerto Rico cuando existan tratados oconvenios ratificados por los Estados Unidos de América, así lo permitan. El CódigoPenal de Puerto Rico autoriza su aplicación en casos cometidos fuera de Puerto Ricopor funcionarios públicos que hayan cometido violación a este código estando en susfunciones de su cargo y en delitos cometidos por personas particulares cuando estosproducen su resultado en Puerto Rico ejemplo una llamada para secuestrar en PuertoRico.
  • 64. Jurisprudencias y doctrinas resueltas por el Tribunal Supremo de arrestosLa regla 10 de P.C. establece que la orden de arresto podrá diligenciarse en cualquierhora del día o de la noche salvo en el caso de delitos menos graves o en delitos gravesde cuarto grado, en cuyo caso el arresto no podrá hacerse por la noche, a menos que elmagistrado (Juez) que expidió la orden lo autorice en la orden de arresto. Un policíano puede tumbarle la puerta de su hogar para arrestarlo a las 2:00 a.m. por un delitode alteración a la paz. En este caso o cualquier otro menos grave la norma es que paraarrestar de noche el propio Juez que expidió la orden ordene se haga de noche. Sonpocas las probabilidades salvo algo que sea extraordinario.
  • 65. Continuación de doctrinas y normas resueltas de arrestosLa Regla 11 del Cuando tuviese motivos En el caso de losfuncionario público fundados para creer que se funcionarios públicos ladetermina cuando se hará ha cometido un delito regla es mȧs liberal que elel arresto grave, independientemente del ciudano particular• Cuando el funcionario de que el delito se hubiere • En el arresto por un tenga motivos fundados cometido en realidad. ciudadano particular se para creer que la persona Pueblo V.S. Cruz, 156 debe de haber cometido cometio el delito. D.P.R. 61 (2002) en su presencia y ese• Cuando se hubiese • Motivo fundado es lo que arresto debe ser lo maȧ cometido un delito lleve a una persona a rȧpido posible. grave, aún cuando no pensar que la persona • Si pasa mucho tiempo o no fuese en su inmediata intervenida es su presencia debe llamar presencia. razonablemente y al policía para que haga el prudentemente pudo arresto. haber estado envuelto en ese hecho.
  • 66. Doctrina de información policiáca colectiva al momento del arrestoEn los casos Pueblo V.S. Bonilla 120 D.P.R. 92 y en el caso Pueblo V.S. Luzón 113D.P.R. 315, el Tribunal Supremo sostuvo que el concepto Motivo fundado es compatiblecon la acción concertada y coordinada de agentes de la policía; o sea, que cuando losagentes trabajan cerca y se mantienen informados, el conocimiento de cada uno se leatribuye a los demás. Puede establecerse la existencia de causa probable para justificarun arresto sin orden a base de información policiáca colectiva al momento del arresto.En este caso es suficiente con que el agente que inició la cadena de comunicaciones queculmina en el arresto tenga información de primera mano. Si se determina que esteagente que inicio la cadena de comunicaciones estaba mintiendo entonces el arresto esilegal.
  • 67. Continuación de arrestos doctrinas del tribunalLa regla 12 de P.C. permite a una persona particular arrestar en (2) dos ocasionessin una orden de arresto, de un Juez, aunque tampoco tiene facultad para arrestohabiendo una orden. Cuando se cometa cualquier delito en su presencia. Cuando enrealidad se hubiere cometido un delito grave y el ciudadano tuviere motivosfundados para creer que el arrestado lo cometió. Nótese ese motivo fundado debeser más seguro que el del policía o sea no puede ser porque otro se lo informó y el nolo observó o no estuvo en el lugar en este caso debe ser el agente del orden público.
  • 68. Diferencias entre el arresto del funcionario público y el ciudadano particularEn el caso de Pueblo V.S. Velázco 128 D.P.R. 180 (1991), el Tribunal Supremo de P.R.aclaró (2) dos puntos importantes: 1. La facultad que tiene un ciudadano para arrestarbajo la regla 12 es más limitada que la que tiene el funcionario para arrestar bajo laregla 11. La regla 12 requiere certeza de la comisión de un delito o de su tentativa. Laregla 11 autoriza al funcionario a hacer un arresto cuando tenga motivos fundadospara creer que la persona ha cometidó un delito en su presencia. 2. El caso aclará loque significá funcionario del orden público, incluye policías estatales, pero tambiéncomprende los facultados por leyes especiales como policías munincipales, agentes delN.I.E. guardias penales, inspectores médicos y de salud, Vigilantes de RecursosNaturales y Vigilantes de Aereopuertos. Pueblo V.S. Cruz 2002 T.S.P.R. 5 reitera estanorma.
  • 69. Inclusión de los Agentes Federales para realizar arrestos bajo la Regla 11 de P.C.La Ley 206 de 2006 calificó e incorporó entre otros a los oficiales federales y policíasdel Departamento de Homeland Security, el United Customs Service, delU.S.D.A., Forest Services, la Administración de Veteranos, la Administración deServicios Generales, el Departamento de la Defensa, el Servicio Postal y el Food andDrug Administration (FDA) como funcionarios del orden público para facultarles arealizar arrestos bajo la regla 11 de Procedimento Criminal de P.R.
  • 70. Arresto realizado por Guardias PrivadosEl Tribunal Supremo de P.R. resolvió en el caso de Pueblo V.S. Rosario 129 D.P.R.1055 (1992) que una Agencia como la Autoridad de Tierras no tiene facultad legal denombrar guardias con poder de efectuar arrestos en calidad de funcionarios delorden público, estos guardias así contratados no serían funcionarios del ordenpúblico para los fines de la regla 11 de P.C. Por tanto, si arrestan a una personaactuarán como personas particulares y tendrían que cumplir con la regla 12 parapoder arrestar validamente. Otro caso que resuelve este planteamiento es el dePueblo en interés del menor N.R.O., 136 D.P.R. 949 (1994)
  • 71. Vista de causa para arresto en ausencia del imputado implicaciones legalesEl Tribunal Supremo de P.R. resolvió de forma inequívoca que, en ausencia decircunstancias excepcionales, el ministerio público deberá citar a los imputados quepuedan asistir a la vista de causa probable para arresto. Pueblo V.S. Rivera Martell2008 T.S.P.R. 64. El tribunal, por excepción, podrá celebrar dicha vista en ausenciacuando el Estado justifique la ausencia del imputado a saber estas son: 1. Cuandoel imputado es citado y no comparece. 2. Cuando se pretende realizar arrestos enserie o un operativo haya dado lugar a múltiples denuncias que hagan onerosocitar previamente a todos los imputados.
  • 72. Continuación vista de causa en ausencia del imputado3. Cuando, a pesar del esfuerzo realizado por el ministerio público, no puedelocalizar al imputado. 4. Cuando la seguridad de las víctimas o testigos aconsejanque se celebre el proceso en ausencia del imputado y para evitar que se malogre unainvestigación en curso. El tribunal hará esta determinación caso a caso, basado en latotalidad de las circunstancias. El Tribunal Supremo regañó fuertemente alMinisterio Público por esta práctica de someter los casos en ausencia del imputadoen este caso de Rivera Martell (2008)
  • 73. Consentimiento prestado por una tercera persona en los Registros y AllanamientosUna persona no puede prestar un consentimiento válido para que se registrepropiedad bajo exclusiva de otra persona. En el caso de Pueblo V.S. NarváezCruz, 121 D.P.R. 429 (1988), el Tribunal Supremo de P.R. adopta el criterioestablecido en United States V.S. Mattock, 415 U.S. 164 (1974) de que elconsentimiento prestado por una persona es válido si tenía autoridad común ocualquier otra relación suficiente con respecto a la propiedad a ser registrada. Bajoeste criterio un mero invitado o visitante ocasional, o amigo del dueño, no puedeprestar el consentimiento para que se registre. Reiterado en el caso de Pueblo V.S.Ramos Santos, 132 D.P.R. 363 (1992).
  • 74. Continuación de los Registros y AllanamientosCuando los oficiales del orden público solicitan el consentimiento para hacer unregistro, deberán pedirle a la persona que se identifique y preguntarle si esdueño del lugar o que autoridad tiene con respecto al lugar donde se encuentra.Resuelto en Pueblo V.S. Narváez Cruz 121 D.P.R. 429 (1988). De la totalidad delas circunstancias se determina si la persona tenía autoridad común paraconsentir el registro, reiterado en el caso de Pueblo V.S. Miranda Alvarado, 97J.T.S. 84.
  • 75. La validez del consentimiento en los registros y allanamientosEl caso de Pueblo V.S. Miranda 143 D.P.R. 356 (1997) sostuvo que existen (5) cincocriterios básicos para determinar la validez referente al consentimiento de unapersona para que registren su propiedad. 1. Si existió fuerza o violencia de parte de lapolicía. 2. Si el registro se efectuó después de un arresto. 3. Si se encontraba unapersona presente al momento del registro. 4. El ambiente en el cual se presentó elconsentimiento. 5. Las características personales del que consienteedad, inteligencia, educación, si está bajo intoxificación o efectos de drogas, si habíasido arrestado anteriormente.
  • 76. Continuación del consentimiento válidoLa norma general de que personas pueden dar el consentimiento aparece en elnormativo Pueblo V.S. Rivera 128 D.P.R. (1991). Explica que el consentimiento tieneque prestarlo el dueño del lugar, residente o cualquier persona con suficienteautoridad sobre la admisión de visitantes al hogar o el lugar protegido. Referente ala esposa el caso federal Georgia V.S. Randolph 126 S. CT 1515 (2006), explica quela policía no podrá efectuar un registro con el consentimiento de uno de loscónyuges, si el otro conyuge no consciente cuando dicho cónyuge está presente en ellugar que se pretende registrar. O sea la falta de consentimiento de un cónyuge anulael consentimiento del otro.
  • 77. Consentimiento en los casos de menores de edad para registrarEl caso de Pueblo en interés del menor F.J.M.R. 111 D.P.R. 501, sostuvo que comoregla general el padre o la madre puede dar el consentimiento a los policías pararegistrar la habitación o el lugar donde reside el menor siempre y cuando sean lospadres los que estén pagando la renta de ese hogar. No puede consentir 1. Si es elmenor el que paga la renta de su propia habitación, los padres no pueden consentir. 2. Si se trata de pertenencias en posesión exclusiva del menor, tampoco es válido elconsentimiento de los padres. 3. Cuando el menor está enmancipado.
  • 78. Expectativa de intimidad en los hotelesLas personas que pernoctan en los hoteles tienen una expectativa de intimidad ensu habitación del hotel y el administrador del hotel no puede dar el consentimientopara que se registre ninguna de las habitaciones que están siendo ocupadas por losclientes que allí se encuentran. En el normativo Pueblo V.S. Ramos 132 D.P.R. 363(1992) se resolvió que una persona que se encuentra ilegalmente en un lugar notiene legitimación activa (standing) para solicitar la supresión de la evidencia allíocupada, puesto que el no tiene expectativa alguna de intimidad en ese lugar.Además es válido si el policía entra al lugar con el consentimiento válido deldueño. Es válido y razonable un registro sin orden de allanamiento cuando se hahecho un arresto legal y se registran los lugares y muebles al alcance inmediato delarrestado.
  • 79. Registro incidental a un arresto legalidadEl normativo Pueblo V.S. Serrano Reyes 2009 T.S.P.R. 126 reiteró la norma en lassituaciones en que se puede registrar el cuerpo del arrestado y el área inmediatadonde se encuentra siempre que sea: 1. Evitar que se destruya la evidencia de undelito. 2. Evitar que pueda tomar un arma de un lugar cercano. 3. Evitar que se tomealgun instrumento para fugarse del lugar. 4. Todas estas acciones deben sercontemporáneas al momento de realizar los registros si pasa mucho tiempo entoncesno aplicaría este tipo de registro válido en ausencia de una orden de allanamientoexpedida por un juez.
  • 80. Evaluación de la declaración jurada del agente para expedir la ordenEl caso de Pueblo V.S. Santiago 147 D.P.R. 160 (1998) afirmó (4) cuatro criteriosbásicos. 1. Si el confidente de verdad conduce hacía el criminal en términos delugar y tiempo. Se debe recordar que las observaciones del agente son remotas leresta validez. 2. Si el confidente anteriormente había sumistrado la informacióncorrecta. 3. Si la corroboración se relaciona con delitos cometidos o en proceso decometerse. 4. Si la confidencia fue corroborada por observación del agente o porinformación de otras fuentes
  • 81. Bloqueos en las carreteras legalidad de los registrosLa norma resuelta por el Tribunal Supremo de P.R. en el caso Pueblo de P.R. V.S.Berríos 142 D.P.R. 386 (1997), estableció (3) normas para la legalidad de losbloqueos. 1. La Constitución exige del gobierno que sea razonable cuando detiene unvehículo en un bloqueo de carreteras. Sin embargo, no constituye una incautacióninsconstitucional el que en un bloqueo solo se obligue al conductor a reducir lavelocidad al atravesar el bloqueo.
  • 82. Continuación de la legalidad de los bloqueosEs constitucionalmente válido el bloqueo de automóviles cerca de las fronterasinternacionales. Esto puede hacerse aunque no haya sospecha individualizadacontra un conductor, porque se justifica para detectar inmigrantes ilegales.3. También es válido un bloqueo para examinar brevemente si los conductoresconducen bajo los efectos del alcohol. En este caso tienen que existircircunstancias que inclinen el balance de interés en favor del gobierno.
  • 83. Jurisprudencia Federal de bloqueos en la carreteraEl caso Federal Ilinois V.S. Lidter, 124 S.Ct. 885 (2004) estableció (3) tres factoresimportantes para la práctica de bloquear y detener vehículos de motor referente a lavalidez de las intervenciones hechas por los agentes de la policía en este tipo deregistro y tomará en consideración la determinación de su validez a la luz de lascircunstancias que a continuación se describen.
  • 84. Continuación de la validez de los bloqueos en las carreteras1. El grado de interés público que se protege con la incautación.2. El grado en que la incautación adelante ese interés público V.S.3. El grado de interferencia con la libertad e intimidad del individuo afectado. El bloqueo con el propósito de localizar a cualquiera que haya cometido un delito no justifica la validez de la detención, pues, como regla general, el bloqueo con el propósito de hacer cumplir la ley es un acto ilegal. En el caso de que todos los vehículos no sean detenidos en el bloqueo, deben establecerse previamente patrones objetivos para que las detenciones no sean discriminatorias por sexo, raza o edad de los ocupantes.
  • 85. Continuación bloqueos en la carreteraComo las detenciones en los bloqueos deben ser breves, se violará el derechoconstitucional al exigir que una persona baje del auto a menos que existancircunstancias que establezcan motivo fundado de que se ha cometido undelito, hacerle preguntas más alla de las necesarias sobre la identidad delconductor o requerir su licencia, hacer un bloqueo que no sea visible, consuficiente iluminación y avisos de la actividad policiáca, hacer un bloqueo queen gran medida interfiera con el flujo normal del tránsito.
  • 86. Continuación de bloqueosEn resumen, para que sean válidos los bloqueos de carreteras debe controlarse laarbitrariedad de los oficiales de la policía. Para ello deben establecerse unas guíasprevias por oficiales supervisores. Dichas guías deben incluir aspectos tales como:hora del evento, duración del mismo, normas de seguridad, criterios de lasdetenciones de los vehículos y todo aquello que se dirija a que las intervencionescon los conductores sean al azar y no de grupos estereotipados de lo contrario noserían legales estas intervenciones, como norma general se intervendrán con losautomóviles de una forma objetiva y no selectiva.
  • 87. Implicaciones legales de la regla 23 de P.C. Vista PreliminarSe trata de una vista cuyo fin es la determinación de causa probable parapresentar acusación en delitos graves. La intención es que esta vista sirva decedazo y evite someter al ciudadano imputado del delito y que es arrestado por undelito grave a los rigores de un juicio criminal. El fiscal podrá estarpresente, pero de no estarlo, el juez examinará la prueba del Estado. En esta vistano se lleva transcripción, ni grabación, sino las notas oficiales del juez. Los casosnormativos son: Pueblo V.S. Martínez Vega 98 D.P.R. 946 (1970). Pueblo V.S.López Camacho 98 D.P.R. 700 (1970). Pueblo V.S. Rodríguez Aponte 116 D.P.R.653 (1985). El Vocero V.S. E.L.A, 131 D.P.R. 356 (1992).
  • 88. Continuación de la vista preliminarEl fiscal no está obligado a presentar en una vista preliminar toda la pruebade que dispone para establecer en su día la culpabilidad del acusado. Le bastacon presentar aquella prueba que convenza al magistrado ante quien secelebra que se ha cometido un delito y de que hay causa probable para creerque el acusado lo cometió. En la vista preliminar el fiscal no tiene que probarla culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. Esa es su obligaciónen el acto del juicio, basta con una cintilla de prueba para apoyar ladeterminación de causa probable, esto último se resolvió en el caso de elVocero V.S. E.L.A. 131 D.P.R. 356 (1992)
  • 89. Continuación de la Vista PreliminarEn esta etapa del proceso tampoco se dirimirán (discutirán) conflictosrelacionados a las pruebas, se trata de pues de un proceso dirigido a presentarevidencia sobre los elementos del delito y relacionar al imputado con esos delitosa los fines de determinar si esta justificado procesarlo como sospechoso deldelito, el cual se le esta imputando como parte del proceso.
  • 90. Continuación regla 23 de P.C.Esta vista se puede celebrar, ante cualquier juez del Tribunal de PrimeraInstancia, pero normalmente se celebra ante un juez munincipal. Sobre sunaturaleza, en el caso de Pueblo V.S. Martínez 116 D.P.R. 793, en el cual surgeun interesante debate sobre si el imputado tiene derecho a que se celebre unavista preliminar cuando se le imputa un delito menos grave, pero al cuál ellegislador le ha fijado una pena mayor de (6) seis meses de cárcel. El debate loprovocó el hecho de que ya en el caso de Pueblo V.S. Laureano Burgos, 115D.P.R. 447 el Tribunal Supremo había reconocido que un imputado si teníaderecho a juicio por jurado cuando se le imputaba delito menos grave cuyapena excedía de (6) seis meses.
  • 91. Norma Jurídica del Caso de Pueblo V.S. Martínez 116 D.P.R. 7931. El imputado en estos casos menos graves aunque tenga derecho constitucional a jurado no tiene derecho a vista preliminar.2. El fundamento para la diferencia es que el derecho a jurado es constitucional para los delitos graves y son realmente graves cuando la pena excede de (6) seis meses, mientras que el derecho a vista preliminar es uno surge de una ley de la legislatura.
  • 92. Norma Jurídica del Caso de Pueblo V.S. Rodríguez Aponte 116 D.P.R. 653.•La vista preliminar no es un mini juicio.• No entra en juego la presunción de que si el fiscal renuncia al testigo, tiene queponerlo a disposición de la defensa.• Si el juez determina que existe causa probable, aún así el fiscal no vieneobligado a acusar. Pero el juez podría determinar que existe causa probable paraacusar por un delito distinto al que imputó el fiscal en su queja o denuncia. Aúnasí, el fiscal tiene la última palabra sobre si acusa o no al imputado. Estadiscreción del fiscal, desde luego, no es absoluta, porque el fiscal no podríaejercer su discreción para acusar o no apoyándose en fundamentos deraza, afiliación política o sexo. Ver caso de Pueblo V.S. Dávila 143 D.P.R. 157(1997).
  • 93. Continuación de la vista preliminar• El abogado no tiene derecho a que el juez le cite a los testigos de cargo paraque la defensa los interrogue en la vista preliminar. Lo puede solicitar ensituaciones excepciones. El juez, en ese caso, examinará la declaración juradadel o los testigos en su despacho y si surge alguna probabilidad de que dichostestigos aporten pruebas para exonerar, entonces los citará. Desde luego, nadiepuede impedir que cualquier testigo acceda voluntariamente a declarar a favorde la defensa en la vista preliminar.
  • 94. Termino de tiempo para celebrar la vista preliminarLas reglas de P.C. establece que se citará al imputado por lo menos (5) cinco díasantes de la vista preliminar. El caso de Pueblo V.S. Cartagena 152 D.P.R. 243(2000), afirmó que la regla 64 (n) de P.C. específica que el termino para celebrarla vista preliminar es de 30 días a partir del arresto o citación si el imputado seencuentra encarcelado (sumariado), y 60 días si no está encarcelado.
  • 95. Continuación de terminos de días• El acusado puede renuciar a la V.P.• El tribunal puede prorrogarlo por justa causa, entre ellas, demora atribuibleal acusado o su abogado.• En el caso de Pueblo V.S. Báez, 129 D.P.R. 129 D.P.R. 663 (1991) se establecióque si el imputado no comparece no se determinará causa probable contra élpor esa sola razón. Lo que ocurre es que, en este caso, el juez puede escuchar laprueba en su ausencia y determinar causa probable para acusarlo si la pruebaasí lo justifica
  • 96. Continuación norma jurídica• El caso de Pueblo en interés de F.R.F., 133 D.P.R. 172 (1993), el TribunalSupremo aclaró que la incomparecencia voluntaria e injustificada delimputado a una vista preliminar después de haber sido debidamentecitado, autoriza al juez tanto a celebrar la vista en ausencia como hacer unadeterminación automática de que existe causa probable para acusar. Estasituación no se considera como alguna causa justificada que pueda tomarsecomo una excepción válida permitida para excusarlo del proceso.
  • 97. El derecho a obtener copia de las declaraciones juradas en la V.P.El Tribunal Supremo de P.R. resolvió en el caso de Pueblo V.S. Rodríguez 156D.P.R. 42 (2002), que un imputado de delito grave no tiene derecho a obtener copiade las declaraciones juradas de los testigos interrogados durante la vista de causaprobable para arresto, antes de que se celebre la vista preliminar. Si dichos testigosno declaran en la vista preliminar, el imputado debe esperar hasta que se presentela acusación, y entonces solicitar el descubrimiento de prueba bajo la regla 95 deProcedimiento Criminal. Esta norma se reiteró en el caso de Pueblo V.S. IrrizaryQuiñones, 2003 T.S.P.R. 160.
  • 98. Implicaciones legales de la orden de arresto expedida por un magistradoEs un mandamiento escrito a nombre del Pueblo de Puerto Rico, basado en unadeterminación de causa probabable por un juez en su carácter oficial, requiriendoal funcionario del orden público que ponga a una persona determinada bajocustodia y la lleve sin demora ante un juez para instruirle de los cargos y lostrámites ulteriores, esta aseveración está contenida en la regla 6-(b) de P.C y laregla 22 (a). El Tribunal Supremo de P.R. estableció un término de 36 horas parainiciar este proceso salvo que existan situaciones apremientes de parte del Estado.
  • 99. Continuación de arrestosEs mandatoria la orden o el arresto inmediato en delitos graves vistos ante unmagistrado o cuando se comete en la presencia del policía o ciudadano particular. Debedescribir, el delito imputado en la denuncia, a base del cuál se determinó causaprobable para arrestar. Especificar el nombre de la persona arrestada. Cuando este sedesconoce, debe designarse a dicha persona mediante la descripción más adecuadaposible que la identifique con razonable certeza regla 6-b e incluir el nombre tanpronto sea llevada ante el juez regla -9-b, resuelto en el caso de Pueblo V.S. De la CruzMaceira, 106 D.P.R. 378 (1977). Además debe incluir la fecha y lugar de laexpedición, indicar la fianza. Los requisitos de especificar esto según la regla 6 –b deP.C. aquí descritos, responde al mandato constitucional del artículo II, sección 10, de laConstitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
  • 100. Continuación de las implicaciones de los arrestosCuando la orden de arresto no nombra o describe con certeza a la persona o al delitoque se imputa, si hay causa probable para creer que la persona ha cometido el delito uotro delito, se presentará una nueva denuncia y/o expedirá una nueva orden dearresto, según sea el caso. De no haber causa probable se dejará a la persona enlibertad. Regla 9-b. El Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales podrá realizararrestos por violaciones a las leyes administrativas de dicho departamento. Otros sonOficiales de Custodia, Oficina de Servicios con Antelación al Juicio oficina dearrestos, oficiales de la Autoridad de los Puertos y los oficiales federales adscritos a lasagencias de ley y orden (Law enforcement)
  • 101. Registros y allanamientos Federal y el EstatalLa claúsula de Puerto Rico ha sido interpretada como que se redactó con el propósitofundamental de proteger el derecho a la intimidad. En la de Puerto Rico laConstitución dice expresamente que el Estado no intercepterá la comunicacióntelefónica. La federal nada dice expresamente. El caso de Pueblo V.S. Santiago 139D.P.R. 361 (1995). Sostuvo que la prohibición de la interceptación de comunicacionestelefónicas, que aparece en el artículo II, sección 10, no prohibe que, medianteadecuada orden judicial, se intercepten otro tipo de comunicaciones no telefónicas yhasta que se graben bajo ciertas circunstancias.
  • 102. Registros y allanamientos Federal y LocalEn el caso de Pueblo V.S. Serrano Reyes, 2009 T.S.P.R. 126, el Tribunal Supremosuprimió una evidencia que se había incautado sin orden judicial, ya que el ministeriopúblico no presentó prueba sobre la razonabilidad del registro. Según explicó elSupremo, en ausencia de la orden judicial, el ministerio público tiene la obligación depresentar prueba y persuadir sobre la razonabilidad del registro. El fiscal debedemostrar en casos donde no exista una orden de registro y allanamiento, que paraque sea una excepción a la regla sin orden de allanamiento el ministerio público debedemostrar que se cumplió con los requisitos que se exigen como normas jurídicasestablecidas por el Tribunal Supremo de P.R. para estos casos.
  • 103. Continuación de la norma jurídica de registros y allanamientosEl Supremo aclaró en el caso de Pueblo V.S. Nieves Hernández, 2008 T.S.P.R. 162, quecuando el registro se efectua al amparo de una orden judicial impera una presunciónde legítimidad, pues toda determinación judicial se acompaña de una presunción decorrección. En esos casos, el acusado tiene el peso de la prueba para rebatir lalegalidad y razonabilidad de la actuación gubernamental. Es la defensa la que tieneque atacar la validez de la actuación de los agentes del orden público que realizarondicho registro y allanamiento para impugnar su validez en los tribunales.
  • 104. Capacidad para solicitar la vista preliminar en alzadaLa regla 6 (c) de P.C. enfatiza la capacidad exclusiva del ministerio público parasolicitar la vista en alzada al declarar que cuando la determinación del magistradofuera distinto a aquel que el fiscal entendiere procedente este podrá someter el asuntonuevamente. El caso de Pueblo V.S. Pérez Suárez 116 D.P.R. 897 (1996) cuestiona lacapacidad de los demás funcionarios facultados en la regla 5 de P.C. para serdenunciantes. Resolvió este caso que los policías o agentes del orden público no estánfacultados para impugnar la determinación de no causa probable en la regla 6 de p.c.son los fiscales los que si los agentes lo solicitan, evaluarán esa determinación ydeberá entonces obtener una orden por escrito del fiscal para acudir en alzadanuevamente.
  • 105. Procedimiento para solicitar la vista en alzadaEl magistrado, una vez tenga ante si dicha solicitud, podrá expedir u ordenar alsecretario del tribunal que expida citación tanto al imputado como los testigos de cargoanunciados, las cuales serán diligenciadas por los alguaciles del tribunal o sus delegados.Se dispone que el magistrado celebre la vista con prontitud. Si no existe causa probableel imputado será exonerado y no existe una tercera oportunidad incluyendo suradicación por primera vez. Se puede dar el caso que el Juez encuentre causa no por eldelito imputado y si por otro delito distinto o inferior al ya radicado.
  • 106. Continuación de la vista preliminar en alzadaEl caso resuelto de Pueblo V.S. Miró González 133 D.P.R. 813 (1993) resolvióque en aquellos casos en que exista una determinación de no causa no se podíaextender por analogía el término de 60 días jurisprudencialmente establecidopara la celebración de la vista preliminar en alzada. Esto significa quecontinuan vigente los 60 días para la celebración de la V.P. En esta situación seactiva el derecho a juicio rápido establecido por la Constitución de PuertoRico.
  • 107. Moción de desestimación de la denuncia o acusaciónLa regla 64-N-1hasta la N-8.La Ley 317 del 16 de septiembre de 2004 , en su artículo 7se enmienda el inciso (N) de esta regla e incorpora en el inciso 8 que se puede pedir ladesestimación por haber celebrado una vista preliminar luego de los 60 días de ladeterminación de no causa en dicha vista. Se reitera la norma resuelta en el caso dePueblo V.S. Miró González 133 D.P.R. 813 se sigue velando por el derecho a juiciorápido consagrado en la Constitución de P.R.
  • 108. La Constitución Federal y los arrestos de los ciudadanosLa cuarta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos no tiene el propósito deeliminar todo contacto entre la policía y la ciudadanía y si el prevenir todainterferencia arbitraria y opresiva por parte de estos con la intimidad y la seguridadde los ciudadanos. Se entiende que una persona ha sido arrestada, a la luz de lacuarta enmienda constitucional federal, solo si, a la luz de la totalidad de lascircunstancias que rodean el incidente entre la policía y el presunto arrestado, unapersona razonable hubiese creído que no estaba en libertad de poder marcharse dellugar. Cualquier otra detención siempre que sea voluntariamente aceptada, no poseecarácter de incautación por lo que no presenta indicio de ser irrazonableconstitucionalmente hablando.
  • 109. Decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos ( Supreme Court of U.S.) El caso de Agnello V.S. United States, 269 U.S. 20 (1925) y en Puerto Rico el caso normativo de Pueblo V.S. Sosa Díaz 90 D.P.R. 622 (1964) establecieron como norma jurídica respecto al arresto y registro sin orden previa, que por el mero hecho de que un agente haga un arresto legal no conválida ipso facto(de por si) un registro o una incautación sin orden de arresto, nótese que deben estar presentes las circunstancias requeridas por el tribunal supremo de P.R. que la vida del agente esté en peligro y/o que la propiedad pueda ser destruída y/o desaparecida al momento de la intervención.
  • 110. Evidencia a plena vista en cuanto a registros y allanamientosEn cuanto a las intervenciones policiácas respecto a la doctrina a plena vista elTribunal Supremo de P.R. en el caso de Pueblo V.S. Ríos Colón 129 D.P.R. 71 y elcaso de Pueblo V.S. Alonso 91 J.T.S. 66, expresó que no puede aplicarse la normade evidencia a plena vista para justificar una incautación sin orden judicialcuando los funcionarios no tenían justificación previa para estar en el lugar desdedónde hacen las observaciones aún justificada la presencia, la evidencia ocupadano puede hallarse en un recipiente cerrado, sin que surgiera causa probable deque contenía material delictivo, pues entonces no puede decirse que la naturalezadelictiva de lo ocupado surgiera de la simple observación, ni que lo ocupado fueradescubierto inadvertidamente.
  • 111. Observación Policiáca a través de binoculares por parte de la policíaEl caso de Pueblo V.S. Espinet 112 D.P.R. 351 (1982) se permite que unos agentes de lapolicía observen con binoculares desde la vía pública hacia una finca, para determinarsi en la misma se hallaba un prófugo contra quien se ha expedido una orden de arresto.Al entrar en busca del prófugo, encontraron otra persona y vieron evidencia delictiva aplena vista. El arresto y registro fueron válidos. Otro caso federal U.S. V.S. Dunn, 40CRL, 3313 (1987), utilizaron una linterna para sus funciones investigativas y paraobservar hacia una granga que resultó ser un laboratorio de drogas, a base de estaobservación obtuvieron la orden de allanamiento sosteniendo el tribunal que laintervención fue válida.
  • 112. Implicaciones legales del registro de una persona arrestada por seguridadEl funcionario del orden público puede validamente catear o registrarsuperficialmente a una persona que ha sido arrestada antes de llevarla donde el juez.El propósito es uno de protección a la vida y seguridad del agente y de tercerapersonas. El cateo se limita a detectar armas. Esta norma se reitera en los casosresueltos Pueblo V.S. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 150 (1971) y Pueblo V.S. Zayas120 D.P.R. 158 (1987). Existe una diferencia en esta situación con lo que se consideracomo un registro incidental al arresto, como ya se ha reiterado el último registro escon el propósito de evitar la pérdida de la evidencia y la seguridad del agente queinterviene en el arresto.
  • 113. Registro a plena vistaEl caso de Pueblo V.S. Dolce, 105 D.P.R. 170 (1976). Sostuvo que se autoriza laincautación de la evidencia sin orden de registro previa, siempre que se den lossiguientes requisitos: 1. El artículo debe haberse descubierto por estar a plena vista yno por razón de un registro sin orden. 2. El agente que observa la evidencia debehaber tenido derecho previo a estar en el lugar desde donde vio la misma. 3. El objetodebe ser descubierto inadvertidamente. 4. La naturaleza delictiva debe surgir de lasimple observación, no puede abrir gavetas o buscar debajo de los asientos de losautomóviles. 5. Incluye evidencia delictiva que se capte por los oídos y el olfato.Resuelto en el caso de Pueblo V.S. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770 (1982) y el casofederal United States V.s. Johns, 469 U.S 478 (1985)
  • 114. Evidencia abandonada o arrojada legalidadLa garantía constitucional contra registros y allanamientos irrazonables no cubre laincautación de evidencia que es abandonada, arrojada o lanzada al suelo, resuelto enlos casos Pueblo V.S. Saura Gómez 90 D.P.R. 80 (1964). Tampoco están protegidoslugares donde existan estructuras abandonadas. Resuelto en el caso de Pueblo V.S.Eurasquín, 96 D.P.R. 1 (1968). Estas modalidades se conocen como testimoniosestereotipados y se dan en transacciones que se amparan en la clandestinidad y se dande parte de agentes encubiertos de la policía donde siempre se alega que el imputadoal verse descubierto por el agente, trata o quiere desacerse de la evidencia en supoder, arrojandola al suelo.
  • 115. Criterios para satifacer el testimonio estereotipadoEn el caso de Pueblo V.S. González del Valle, 102 D.P.R. 374, Pueblo V.S.Almodóvar , 109 D.P.R. 117 (1979); y Pueblo V.S. Rodríguez Cruz 109 D.P.R. 591(1980), el Tribunal Supremo de P.R. estableció los siguientes criterios paradeterminar su validez: 1. Todo testimonio estereotipado debe escudriñarse conespecial rigor de parte del fiscal al traer su prueba y del Juez al adjudicar lacontroversia. 2. Tanto en los casos de evidencia arrojada como en los casos de actoílegal a plena vista deben, en ausencia de otras consideraciones inducir sospecha dela posible existencia de testimonio estereotipado.
  • 116. Continuación de testimonio estereotipado3. Si el testimonio es inherente irreal o improbable debe ser rechazado. 4. Eltestimonio estereotipado puede perder tal condición, si además de probar losrequisitos mínimos de un delito, se le rodea de las circunstancias en que funciona elagente, el termino de la investigación, los resultados obtenidos fuera del caso entrámite y otros detalles. 5. La presencia de contradicciones o vaguedades en eltestimonio debe tender a reforzar el recelo con que hay que escuchar esta clase dedeclaración. 6. El peso de la prueba de librar el testimonio estereotipado desospecha recae en el fiscal, la prueba de cargo a tales efectos no podrá ser flaca ydescarnada.
  • 117. Doctrinas jurídicas de campo o espacio abiertoEl caso de Pueblo V.S. Bogard, 100 D.P.R. 565 (1972) sostuvo que no se necesita unaorden de allanamiento y para efectos de lo que allí se vea se tratará como si fueseuna intervención a plena vista. Pueblo V.S. Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979) reiteró lanorma que estableció, para que se considere un espacio abierto para fines de estaexcepción, el mismo no debe dar base a expectativa razonable de intimidad. Lanorma es que una persona no puede demandar derecho a una expectativa razonablede intimidad en cuánto a actividades al aire libre en campo abierto, excepto encuánto al área inmediatamente alrededor de la casa y la asociada con esta.
  • 118. Doctrina en cuanto a la persecusión caliente (Hot pursuit)Pueblo V.S. Riscard, 95 D.P.R. 405 (1967) reiteró la norma jurídica que postula queel agente del orden público está autorizado, mientras persigue a una persona que hacometido un delito, a entrar a todos los lugares donde esta persona entra y ocupatoda la evidencia que vea en el curso de la persecusión. Otros casos Payton V.S. NewYork, 443 U.S. 573; y Pueblo V.S. Turner, 110 D.P.R. 734 (1981). Sostuvieron que lapolicía no puede entrar a la residencia del sospechoso bajo el pretexto de diligenciarun arresto, si no tiene una orden de allanamiento u obtiene el consentimiento de losresidentes de la casa para entrar al lugar a ser intervenido.
  • 119. Registro administrativoSe trata de aquel registro que bajo el poder de razón de Estado se autoriza paraproteger la seguridad y bienestar general mediante inspecciones administrativasque no tienen el propósito de descubrir evidencia delictiva. Las investigacionesadministrativas están sujetas a la garantía constitucional contra registros yallanamientos irrazonables. El registro administrativo se presume irrazonable si serealiza sin orden judicial, reiterado en los casos E.L.A. V.S. Coca Cola, 115 D.P.R.197 (1984) y Pueblo V.S. Ríos Colón, 129 D.P.R. 71 (1991), excepto en los siguientescasos: casos de registros para proteger la salud de la población, situaciones deemergencia, o cuando no comparte objetivos de naturaleza penal, resuelto tambiénen los casos Cámara Municipal V.S. Court, 387 U.S. 523 (1967); Pagán V.S. U.P.R.107 D.P.R. 720 (1978); Pueblo V.S. Amador Rodríguez, 2000 J.T.S. 111.
  • 120. Continuación de los registros administrativosEl estándar para medir la existencia de causa probable para expedir una orden deallanamiento es menos rigurosa que el del registro criminal dirigido a penalizar por undelito. El criterio debe ser la ausencia de arbitrariedad en la selección del lugar ainspeccionar y la razonabilidad del registro o que la inspección tenga como objetivo uninterés legítimo gubernamental y que este bajo la autoridad de la agencia. Larazonabilidad del requerimiento administrativo depende de: 1. la investigación debeestar dentro de la autoridad conferida por la ley a la agencia. 2. El requerimiento nodebe ser indefinido. 3. La información solicitada debe ser razonablemente pertinente.Los depósitos de chatarra son negocios muy reglamentados donde la policía puedehacer registros administrativos sin orden previa, sujeto al interés público, (y) a que elezquema regulador sea un sustituto constitucional adecuado en cuánto a certeza yregularidad de la intervención, sostenido en el caso resuelto Pueblo V.S. FerreiraMorales, 98 J.T.S. 150.
  • 121. Registro tipo inventarioCuando se registra con el objetivo de hacer un inventario de la propiedad conformeun procedimiento administrativo válido no se requiere orden de registro previo. Elcaso de Pueblo V.S. Rodríguez, Rodríguez, 128 D.P.R. 438 (1991) sostuvo lalegalidad de este registro, al momento en que un agente de la policía confeccionabaun inventario mediante el documento P.P.R. 128, encontró un revólver bajo unaalfombra del auto. El Tribunal Supremo lo convalidó como uno legal y razonable yaque sus ocupantes habían sido arrestados por la comisión de un delito mediante unarresto legal. Además el caso de Pueblo V.S. Sanchez Molina 134 D.P.R. 577 (1993).Añadió que un registro realizado en un vehículo de motor o en cualquier otrapropiedad sujeta a confiscación bajo la ley, o las pertenencias de una persona queha sido arrestada y va a ser ingresada a una institución penal.
  • 122. Registro de fronteras sin ordenTodo estado soberano está autorizado a identificar a las personas que entran a susfronteras y examinar la propiedad que estas traigan para introducir al país. Pararealizar esta inspección no se necesita causa probable, siempre que se haga en lafrontera o en su equivalente funcional. Esta norma se resolvió en los casos federalesde Carrol V.S. United States, 267 U.S. 132 (1925), Almedida Sánchez V.S. UnitedStates 413 U.S. 266 (1973) y en el caso C.F. U.S. Ramsey U.S.L.W, 4577 (1977) seestableció también que se permite abrir correspondencia del extrangero, sin orden alefecto, siempre que haya causa probable para sospechar que la misma contieneevidencia delictiva. El caso de Illinois V.S. Archeas 463 U.S. 765 (1983) y el caso dePueblo V.S. Pérez Narváez, 130 D.P.R. 618 (1992) se validó la doctrina interiorcuando se registró un paquete proveniente de Saint Thomas por un empleado de lacompañía privada de servicio aéreo donde este notificó a las autoridades que conteníadrogas ílicitas.
  • 123. Aplicación en Puerto Rico de la doctrina de registro de fronterasLa norma jurídica del caso Torres V.S. Puerto Rico 442 U.S. 465 (1979), establecióque el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no tiene autoridad soberana paraefectos del registro de fronteras. Tal autoridad descansa en los Estados Unidos a serejercida por los funcionarios federales de aduana e imigración. En relación a laspersonas que entran a Puerto Rico, este lo más que puede hacer es regular paraimplantar normas de seguridad y salud, sin obviar la IV Enmienda de laConstitución Federal.
  • 124. Registro de automóviles jurisprudencia aplicableEn el caso de los registros de automóviles se discuten (2) temas importantes:1. La movilidad inherente del vehículo de motor. 2. La noción de que un automóvil laexpectativa de intimidad que tienen sus ocupantes es menor que en una residencia.Esta última aseveración la reiteró el caso resuelto de Carroll V.S. United States, 267U.S. 132 (1925), además, el Estado tiene derecho a reglamentar los vehículos y sutránsito en las vías públicas como parte de la seguridad del pueblo. Otro caso el deCady V.S. Dombrowski, 413 U.S. 433 (1973). Estableció que ese derecho fue ampliadopor el Tribunal Supremo Federal hasta permitir que un policía verifique el númerode identificación de un automóvil, por lo general visible desde el interior delmismo, introduciéndose en el automóvil y removiendo papeles que le obstaculizan suvisibilidad, luego de haber detenido a su conductor por violaciones a la ley detránsito.
  • 125. Continuación de registro de automóvilesEn Puerto Rico la doctrina se expone en el caso de Pueblo V.S. Sosa Díaz 90D.P.R. 622 (1994), que impide el registro de un automóvil sin la obtención previade una orden judicial a esos fines en casos de una infracción menor de tránsito yen su ausencia de circunstancias especiales que justifiquen el registro sin ordenpor lo que no se considera como uno válido. Significa que para que laintervención sea válida debe ser por una infracción grave de la ley de tránsito quelleve al agente a tener el motivo fundado para hacer el registro. Otros casos sonPueblo V.S. De Jesús Robles, 92 D.P.R. 331 (1965); y Pueblo V.S. Dolce, 105 D.P.R170 (1976); Pueblo V.S. Malavé, 120 D.P.R. 470 (1988).
  • 126. Circunstancias para que sea legal el registro de automóvilesEl caso de Pueblo V.S. Gerandino del Río, 113 D.P.R. 684 (1982), expresaclaramente el alcance del requisito de las circunstancias especiales o apremiantespara justificar un registro sin orden judicial. En ese caso se observó al apelanteabordar el automóvil mientras portaba un arma de fuego. El policía detuvo alapelante, quien ya había comenzado a dar marcha a su vehículo. Se arrestó yentonces se registró el automóvil para ocupar el arma vista previamente. Eltribunal entiende que en esas circunstancias, la necesidad de ocupar armas defuego que puedan utilizarse para causar daño o huir justifican el arrestoinmediato.
  • 127. Continuación de registro de automóvilesEn el caso de Pueblo V.S. De Jesús Robles, 92 D.P.R. 331 (1965), se reconoce ladistinción entre el ámbito de razonabilidad de un registro de una recidencia ovivienda inamóvible y el de un vehículo que puede ser puesto en movimiento. Sinembargo, se indica que tal distinción no elimina el requisito de obtener una ordenjudicial para llevar a cabo el registro del automóvil. Otros casos que reiteran estanorma son: Pueblo V.S. Conde, 115 D.P.R. 307 (1984); Pueblo V.S. Malavé 120 D.P.R.470 (1988) y Pueblo V.S. Cruz Torres, 137 D.P.R. 42 (1994).
  • 128. Norma federal acerca de registro de automóviles y de Puerto RicoEl caso federal Delaware V.S. Prouse, 440 U.S. 648 (1979), interpretando unadispocisión similar a la sección. 1192 (d) de la Ley de Vehículos y Tránsito(9 L.P.R.A.), se resolvió que una detención de un conductor en la vía pública paraexaminar su licencia de conducir y la licencia del auto, sin que el policía tenga causaprobable para creer o sospechar de que se está violando la ley, constituye unaviolación a las enmiendas IV y XIV de la Constitución Federal. La decisión no impideque los Estados desarrollen métodos de inspección que no involucren un ejercicio dediscreción limitada y que provean una menor intervención Estatal con las personas.Esta norma se reiteró en el caso de Michigan State Police V.S. Sitz, 496 U.S. 444(1990).
  • 129. Registro de prisionesEn las prisiones no se reconoce expectativa razonable de intimidad a los prisioneros ensu celda individual, por lo que las mismas pueden ser registradas sin causa probable ysin que el ocupante esté presente. Se entiende que ello es parte de los objetivosinstitucionales de la prisión. Esta norma se resolvió en el caso de Hudson V.S.Palmer, 104 S. C.t. 3194 (1984). Tampoco se viola el debido proceso de ley medianteregistros considerados como irregulares y al azar a las celdas de sumariados en suausencia. Se permiten estos registros como una respuesta razonable a preocupacioneslegítimas de seguridad. Se reiteró en el caso de Block V.S. Rutherford, 104 S. Ct. 3227.
  • 130. Doctrina jurídica en prisiones de Puerto RicoEn el caso de Pueblo V.S. Falú, 116 D.P.R. 828 (1986) se adoptó la norma existente enla jurisdicción federal relativas al requisito de causa probable como parte de unregistro legal. Otro caso Pueblo V.S. Rodríguez, 128 D.P.R. 438 (1991) resolvió que elregistro incidental al fichar al arrestado y hacer un inventario de sus pertenenciasprevio a ingresarlo a una institución penal, se considera como un registroadministrativo tipo inventario. Un caso de importancia es el de Pueblo V.S. Bonilla 99J.T.S. 157, el mismo aclaró que un registro al desnudo de un visitante a una prisióndebe hacerse previa existencia de motivos fundados y debe estar estrictamenteconforme lo disponga el reglamento de la Administración de Correción.
  • 131. Registro por personas privadasLa protección constitucional no aplica cuando el registro es llevado a cabo porciudadanos privados sin intervención gubernamental, en este caso un registrorutinario por un empleado de una compañía de transporte áereo comercial. Noobstante , si se demostrara que el ciudadano actuó como agente o en coperación conel Estado, entonces se activa la protección constitucional. Esta última doctrina seresolvió en el caso de Pueblo V.S. Rosario Igartúa, 129 D.P.R. 1055 (1992).
  • 132. Consentimiento implícito al registro sin ordenPor dispocisiones estatutarias (ejemplo) leyes da salud, bienestar público, licencias ypatentes y otras, se autoriza a determinados funcionarios públicos a entrar a ciertoslugares, de conformidad con lo contemplado en cada ley que crea ese departamentocon el propósito de verificar que las licencias expedidas por el Estado se les estédando el debido uso, su propósito es la fiscalización, solo se limitarán a realizar esasfunciones, cualquier registro que no sea con esos propósitos se considerará como unoilegal. El caso de Pueblo V.S. Rodríguez 107 D.P.R. 804 (1974), el Tribunal Supremode P.R. indicó que por dispocisión estatutaria se autoriza al Secretario de Hacienda aentrar a cualquier establecimiento donde se venda licor al público para ver si exibela correspondiente licencia y esto equivale a una orden de allanamiento.
  • 133. Consentimiento expreso de la persona en los registrosTratándose de un derecho constitucional el consentimiento debe ser personal einteligentemente, resuelto en el caso de Pueblo V.S. Acevedo Escobar 112 D.P.R. 770(1982) y en el caso de Pueblo V.S. Reynolds Román 137 D.P.R. 801 (1995). Lavoluntariedad del consentimiento dependerá de la totalidad de las circunstancias.Cuando el registro es incidental al arresto debe probarse clara y convincentementeque no hubo coacción por parte del Estado para que esa persona hubieseconsentido hacer ese registro en ausencia de la orden de registro. La capacidadjurídica para prestar el consentimiento la tiene la persona a ser registrada oaquella persona que tiene la expectativa de intimidad sobre el lugar a serallanado, pues es ella la que tiene conocimiento, control y manejo del lugar y de laevidencia que pudiera ocuparse.
  • 134. Orden de allanamiento e incautación de material obscenoLa incautación del material debe cumplir con la protección constitucional contraregistros y allanamientos irrazonables. Este material podría estar compuesto porlibros, películas, revistas, discos y cintas grabadas. Estas intervenciones debenseguir un criterio riguroso al expedir una orden de allanamiento, de manera que elEstado no incurra en una censura previa. Se requiere una determinación judicialbasada en causa probable de que el material a incautar es obsceno. El criterio decausa probable es riguroso por tratarse de casos que podrían involucrar derechosbajo la libertad de expresión. Las declaraciones juradas prestadas por los agentesdeben satisfacer las guías establecidas en el caso resuelto en Miller V.S.California, 413 U.S. 15 (1973). En casos de películas obscenas no es necesario queel juez la vea antes de expedir la orden de incautación de dicho material.
  • 135. Ordenes para grabaciones no telefónicasEn Puerto Rico se hace a través de la solicitud y petición a un juez superior, firmadapor el Secretario de Justicia donde le solicita la autoriazión para grabarcomunicaciones orales no telefónicas de una persona contra quien el peticionario tienemotivos fundados para creer que esta involucrado en un patrón de actividad delcrimen organizado. Este proceso lo regula la Ley # 36 del 19 de junio de 1987, artículo.Esto significa que tiene que ser una empresa criminal de (2) dos o más personas paraser considerado como una empresa criminal. En ningún momento se trata degrabaciones de teléfonos, ya que esta totalmente prohíbido por la Constitución dePuerto Rico.
  • 136. Continuación de grabaciones orales no telefónicasLa petición debe incluir lo siguiente: 1.Una relación de los hechos que dan base a ladeterminación de motivo fundado de que la persona se dedica a, o participa encualquier actividad del crimen organizada, según tal término se define estaley, establecer el patrón de actividad de crimen organizado y que una comunicaciónoral relacionada al crimen organizado sera obtenida de la grabación que se interesahacer. 2. El tipo de artefacto o mecanismo de grabación a ser utilizado. 3. El tiemponecesario estimado durante el cual se grabara la comunicación oral. 4. El nombrede la persona o personas cuyas comunicaciones orales serán grabadas y cuál es surelación con el asunto de la investigación. La petición debe presentarsepersonalmente por el agente declarante y ser jurada por este. Resuelto en el caso dePueblo V.S. Santiago Feliciano V.S. 139 D.P.R. 361 (1995).
  • 137. Expedición de la orden de grabaciónEl juez autoriza la grabación solicitada si los hechos expuestos en la petición tuvieramotivos fundados para creer que la persona se dedica a participar en actividades delcrimen organizado y que la grabación servirá para obtener una comunicación oralrelacionada con el crimen organizado. La orden no podrá exceder de un período de (3)tres meses, el cuál podrá extenderse por (3) tres meses adicionales si se justificaremediante una nueva solicitud ante el Juez. El Secretario de Justicia deberá informar aljuez que expidió la orden, cualquier cambio en las circunstancias que motivaron lapetición. Lo único se puede grabar son las conversaciones concretas identificas en laorden.
  • 138. Continuación de grabacionesEl investigador que se le autorice para hacer la grabación deberá llevar un récorddetallado de cada comunicación grabada, que incluya un récord detallado de cadacomunicación grabada, que incluya, fecha, hora, sitio, nombre de losparticipantes, nombre del participante que consintió a la grabación y un resumen dela comunicación. Semanalmente debe informar al Secretario de Justicia de lasgrabaciones hechas y los resultados obtenidos. La grabación será realizadaunicamente por el investigador o persona privada que actúe como informante oagente encubierto, a quien se autorice mediante la orden. Cuándo tal persona seaparte de la comunicación, debe dar su consentimiento previo a la grabación.
  • 139. El descubrimiento de la prueba bajo la regla 95-a (y) 95-bLos casos resueltos de Pueblo V.S. Calderón, 140 D.P.R. 627 (1996), Pueblo V.S.Echevarría, 128 D.P.R. 729 (1991), y Pueblo V.S. Rosaly, 128 D.P.R. 729 (1991).Establecieron las normas sobre descubrimiento de prueba en casos criminales enPuerto Rico. No se permite el descubrimiento de prueba, ni de parte de la defensa nidel fiscal en ciertos documentos de índole confidencial y/o las estrategias queutilizarán ambos para su litigación en el tribunal. El Tribunal Supremo aclaró queel derecho del acusado a este proceso, no es absoluto. Hay que sopesar ese derechofrente al derecho de intimidad de la víctima. Solo se concederá esta solicitud cuandoel acusado demuestre una clara necesidad de hacerlo, lo que supere el derecho a laintimidad de la víctima. Esta última norma se resolvió en el caso de Pueblo V.S.Olmeda Zayas, 2009 T.S.P.R. 94.
  • 140. Continuación del descubrimiento de pruebaEl sumario fiscal (el expediente del fiscal) es privado y secreto, es el expediente de lainvestigación donde están las declaraciones juradas y las pruebas que tiene elfiscal, como regla general, esta evidencia es información oficial protegida por laantigua regla 31 de evidencia, por tanto, el acusado no puede pedir como en locivil, que le permitan descubrir toda la prueba que tiene el fiscal. En casoscriminales durante la etapa de investigación es un proceso ex-parte, el acusado notiene derecho a estos documentos, solo puede solicitar algunos durante otras etapasdel proceso. En el caso de Santiago V.S. 117 D.P.R. 153 se resolvió que en casosextraordinarios, donde el acusado demuestre que es indispensable para confrontarsecon los testigos del fiscal, que el conozca informes, papeles y memorandospreparados por los agentes del gobierno, en estos casos puede pedirlos.
  • 141. Evidencia exculpatoria en poder del fiscalEn los casos de Pueblo V.S. Echevarría, 128 D.P.R. 229 (1991) y en Pueblo V.S. SantaCruz Bacardí, 149 D.P.R. 223 (1999), se incorporó en P.R. la norma de que porimperativo del debido proceso de ley el fiscal tiene el deber de revelar a la defensacualquier evidencia exculpatoria, testimonio perjuro o indicios de falsedad en laprueba que tenga en su poder. El Tribunal Supremo reiteró esta norma en PuebloV.S. Velázquez Colón, 2008 T.S.P.R. 124. Ejemplo si uno de los testigos que va adeclarar cometió perjurio y ofreció al fiscal declaraciones inconsistentes entre si, oincompatibles con la relación de los hechos que los demás testigos hacen.
  • 142. Caso de Pueblo V.S. Morales 117 D.P.R. 497En este caso el Tribunal Supremo de P.R. expresó que aunque el fiscal tiene obligaciónde revelar prueba favorablemente al acusado, se requiere alguna demostraciónafirmativa, por parte del acusado de la existencia de la prueba. Ello es así porque elacusado no tiene derecho a una expedición de pesca en los archivos del fiscal. Elacusado debe demostrar que existe base sustancial para creer que existe la prueba yque la misma es de gran materialidad para su defensa. Es importante que seestablezca que el solicitante demuestra la importancia de esa prueba exculpatoria quequiere adquirir y que la misma se relaciona con su defensa, como parte de ese proceso.
  • 143. Documentos que se pueden fotocopiar como parte del proceso• Resultados de exámenes físicos o mentales, pruebas científicas y experimentos que elfiscal utilizará en el juicio o que sean pertinentes. Resuelto en el caso de Pueblo V.S.Olmeda Zayas, 2009 T.S.P.R. 94.• Libros, documentos, y objetos pertinentes que el fiscal utilizará en el juicio o quehubiesen sido ocupados al acusado.• Récord de convicciones previas del acusado.• Cualquier informe sobre delito contra el acusado preparado por la policía y que seapertinente.• No se pueden inspeccionar documentos internos que contengan opiniones, teorías oconclusiones del fiscal.
  • 144. Continuación del descubrimiento de pruebaEn el caso de Pueblo V.S. Guzmán Meléndez, 2004 T.S.P.R. 13, el Tribunal Supremo deP.R. resolvió que un acusado tenía el derecho a la documentación relacionada con elmantenimiento del instrumento para conducir pruebas de aliento que mide alcohol enla sangre (Intoxylizer), y la información o certificación de los perítos de dichoinstrumento. Este tipo de prueba debe ser entregado dentro de un términorazonable, en consideración al precepto de derecho a juicio rápido. La entrega deestas pruebas tardiamente, sin unas causas justificadas violente el derecho a juiciorápido y el magistrado tiene la facultad para desestimar y archivar la correspondientedenuncia o acusación.
  • 145. Deposiciones en casos criminales bajo la regla 94 de P.C.La regla 94 de P.C. permite a ambas partes acusado y fiscal tomar deposicionescuando, de medir circunstancias excepcionales y en interés de la justicia, el tribunallo ordene en cualquier momento después de haberse presentado una denuncia oacusación. De mediar una estipulación de las partes y el consentimiento deltribunal, se puede tomar cualquier clase de deposición. En este proceso criminal estose hace solo para preservar la evidencia, mientras que en los casos civiles es paradescubrir evidencias. Estas pruebas se pueden usar en el juicio si el deponente hafallecido, si tiene una enfermedad grave que le impida acudir al tribunal y que hayaevadido la jurisdicción voluntariamente y las autorides hayan gestionado la citacióny no se pueda localizar.
  • 146. Defensa de incapacidad mental o trastorno mental transitorio• Deberá proveer los nombre de los testigos con los que se propone establecer la defensao incapacidad mental o de trastorno mental transitorio.• La dirección de los testigos que se van a utilizar en el proceso.• Los documentos a ser utilizados para sostener la defensa, supliendo copia de losmismos, y de no poseerlos, informar en poder de quien se encuentran talesdocumentos, autorizando a que los mismos sean fotocopiados.• Hospital u hospitales en que estuvo recibiendo tratamiento y las fechas en que lasrecibió.• Médicos o facultativos que hubiesen tratado o atendido al imputado en relación a suincapacidad mental o condición de trastorno mental transitorio.
  • 147. El Juicio en Puerto RicoEn Puerto Rico el juicio se da de (2) dos maneras, el juicio por derecho y el juiciopor jurado. En el juicio por derecho el Juez que ve el caso admite laspruebas, adjudica credibilidad y adjudica la resolución del caso. En los juiciospor jurado es el jurado el que adjudica la inocencia o culpabilidad del imputadosegún la creedibilidad de los testigos, en esté proceso el jurado es sacado afueramientras el juez admite o rechaza las pruebas a ser admitidas, una vez sonadmitidas entonces se llama al jurado para escuchar las pruebas. Debenconcurrir por lo menos (9) personas de los (12) que componen ese jurado. Eljuicio por jurado es un derecho constitucional a los que los imputados tienenderecho en los procesos criminales.
  • 148. Renuncia al juicio por juradoLa renuncia al jurado se hará expresa y personalmente por el acusado.Cerciorándose el juez de que la misma es inteligente y voluntaria. De ser ello así ysolicitarse la renuncia antes de comenzar el juicio, el juez tiene que conocerla. Estanorma se resolvió en los casos de Pueblo V.S. Rivera Suárez 94 D.P.R. 510 (1967); yPueblo V.S. Juarbe de la Rosa, 95 D.P.R. 753 (1968) además resolvió que los jueces deprimera instancia tienen la obligación de explicarle al acusado las consecuencias derenunciar al juicio por jurado. El Tribunal Supremo de P.R afirmó que cuando larenuncia se presenta una vez comenzado el juicio será discrecional del juez aceptarla.En este contexto esto significa que cuando comienza el juicio se ha movido, lamaquinaria de la justicia en la fecha y hora señalada para la celebración del juicio.
  • 149. Factores a considerar en la renuncia del juicio por juradoEn el caso de Pueblo V.S. Borrero Robles, 113 D.P.R. 387 (1982), se aclaró que losfactores a considerar en la renuncia del juicio por jurado una vez comenzado el juicioson: 1. Posibles trastornos a la justicia. 2. Tardanza de la defensa en formular supetición, peso de las razones que lleve a la defensa al formular su petición, posicióndel ministerio público al respecto y la existencía o no de condiciones que puedanamenazar el derecho a un juicio justo imparcial. En este último factor se reconoceque puede haber circunstancias en que sea imperativo renunciar al jurado ycontinuar por tribunal de derecho a los fines de garantizar el derecho constitucional aun juicio justo e imparcial, si este fuere el caso habra que aceptar la renuncia aljurado.
  • 150. Requisitos para ser jurado en Puerto Rico• La Regla 96 de P.C. indica los requisitos para ser jurado en Puerto Rico.• Ser ciudadano de los Estados Unidos de América y del Estado Libre Asociado de P.R.• Tener entre (18) a (70) años de edad.• Tener (1) año de residencia en Puerto Rico y (90) días en el distrito o región, previo a la inscripción de su nombre en la lista de jurados.• Saber leer y escribir.• Hallarse en poseción de sus facultades mentales y físicas; tener regular inteligencia y no estar décrepito.• No haber sido convicto de delito grave, o de cualquier otro delito que implique depravación moral.• No haber servido de jurado en los últimos (2) años.
  • 151. La detención preventiva y el término de tiempo de comienzo del juicioEl Supremo aclaró en el caso de Pueblo V.S. Paonesa Arroyo, 2008 T.S.P.R. 34, quepara propósitos de la claúsula de detención preventiva, el juicio comienza desde que eljuez toma la juramentación preliminar del jurado. Esta juramentación al jurado es laque da inicio al juicio, está definido este concepto en la regla 119 de P.C. para que a unacusado no haya que liberarlo por un Habeas Courpus antes de los (6) meses sincelebrarle un juicio, el juez debería tomarle la juramentación al jurado antes de los (6)meses, ya que la norma reiterada en el caso citado establece que una vez esténjuramentados los miembros del panel del jurado entonces se considera iniciado elproceso de juicio.
  • 152. Desinsaculación del JuradoEsto significa que se comienza con la selección del jurado, se hace antes de leerle laacusación antes del inicio del juicio. El caso de Pueblo V.S. Rivera Santiago, 2009T.S.P.R. 136, aclaró que este procedimiento evita la selección de un candidato a juradoque pueda tener un juicio obnubilado o denote visos de parcialidad. El procesocomienza con unas preguntas que el Juez le hace a los candidatos, luego le permitepreguntar al fiscal y el abogado defensor, las preguntas se dirigen a verificar si loscandidatos cumplen o no cumplen con los requisitos y para comprobar que no existeningún intéres de ellos a favor o en contra del acusado para que no se vicie el proceso yeste sea el más objetivo posible.
  • 153. Medidas que el Juez debe tomar para garantizar un juicio justoEl caso de Pueblo V.S. Hernández, 126 D.P.R. 427 (1990) explicó que el juez tiene losinstrumentos necesarios durante la etapa de desinsaculación del jurado paraseleccionar los candidatos idóneos para jurado y minimizar la publicidad adversa alacusado. Entre ellas están: 1. Permitir un Voir dire extenso y riguroso que permitaexaminar el efecto de la publicidad perjudicial sobre cada candidato a jurado arecusar a los que tengan opinión formada. El Voir dire es para observar la capacidadde los miembros del jurado para no estar prejuiciado. También el Juez puedeextender el secuestro del Jurado en algunos casos extraordinarios.
  • 154. Diferencia entre las recusaciones motivadas y las perentoriasUna recusación es una objección que se le hace a los miembros de jurado, con el finde establecer que no debe pertenecer a dicho jurado. La recusación motivadarequiere un fundamento legal y ese fundamento legal sería uno de los que aparecenen las reglas 121, 122 y 123 de P.C., por ejemplo que un miembro del jurado quetiene menos de 18 años o más de 70 en este caso no puede ser jurado, o que esemiembro del jurado este sordo, cuando ha leído el caso que va a resolver en losperiódicos, esta última lo que le impide ser parte del jurado es si le preguntan que siesa opinión que tuvo al leer el periódico le impediría formarse de una opiniónobjetiva del asunto en el que el es parte, a base de la prueba que se le va a presentaren ese juicio. En la recusación perentoria no hay que tener fundamento es cuandoambas partes deseen pedirla. Son (10) perentorias en asesinato en primer gradopara ambas partes fiscal y abogado. En otros casos (7) para ambas partes.
  • 155. Veredicto del jurado por mayoríaLa inocencia o culpabilidad puede ser por mayoría de (9) a (3) o estos otros númerostambién, (10) a (2) o (11) a (1). En las Cortes Federales los casos criminales deben serde (12) por unanimidad, esto se resolvió en el caso de Williams V.S. Florida, 299 U.S.78. En Puerto Rico para poder renunciar al jurado se debe cumplir con (3) requisitosque son: 1.Tiene que renunciarlo el abogado personalmente. No puede renunciarlo porescrito. 2. El juez tiene que interrogar al acusado para ver si comprende el alcance deesa renuncia por parte del acusado. 3. El acusado tiene que renunciar personalmenteen el tribunal. El caso de Pueblo V.S. Guzmán 100 D.P.R. 198, aclaró que el acusado ysu abogado tienen derecho absoluto a renunciar al jurado al momento de comenzar eljuicio. La defensa escoge lo que quiera hacer en ese momento y el juez no se lo puedenegar. Pero si el juicio ha comenzado es discrecional del juez negarle ese derecho arenunciar al juicio por jurado.
  • 156. Conferencia con antelación al juicioPor orden del tribunal, a iniciativa propia o de una de las partes se puede ordenaruna conferencia con antelación al juicio para estipular o resolver asuntos suceptiblesde ser determinados con antelación al mismo. Se celebrará (10) días antes del juiciosalvo alguna situación excepcional y la misma se puede solicitar tan pronto se radicala acusación o denuncia. El Juez que ve este proceso no está imposibilitado de ver eljuicio, si el acusado presta una confesión o una admisión la misma deberá serfirmada por este y debe autorizar su uso el día del juicio. Esta etapa está diseñadapara que las partes puedan estipular los preacuerdos entre ambos.
  • 157. Continuación de las alegaciones preacordadas7. Las partes notificarán al tribunal del acuerdo en sesión pública o en cámara.8. Deberá redactarse un récord del acuerdo.9. El tribunal podrá aceptar o rechazareste acuerdo. El Juez podrá posponer su decisión hasta recibir el informepresentencia. 10.Si la negociación incluye una recomendación sobre una sentenciaen particular, el juez deberá advertir al acusado que no está obligado a imponer talsentencia y que una vez acepte su alegación no podrá retirarla. 11. El tribunaldeberá verificar que la alegación del acusado es voluntaria einteligente, además, deberá cerciorarse que la negociación se hizo según la ley y laética, y que aceptar la alegación sirve a los mejores intereses de la administración dela justicia. 12. El Tribunal está en la obligación de investigar si hay base en loshechos para la alegación de culpabilidad. El caso de Pueblo V.S. SantiagoAgricourt, 98 J.T.S. 148 sostuvo que para estos fines, puede requerir a las partesinformación y documentos que estime necesarios y podrá examinar al acusado o untestigo, regla 72 (7).
  • 158. Alegaciones preacordadas antes del juicioEl procedimiento a seguir esta en la regla 72 de P.C. y se da entre la defensa y elfiscal, pero debe haber un consentimiento de los perjudicados y del Secretario deJusticia através del Preocurador General que es el jefe de los fiscales. Ladeterminación final de si se acepta o no es del Juez que tiene el caso asignado. Losrequisitos son los siguientes: 1.La negociación entre el fiscal y la defensa será entérminos de que el acusado se declara culpable del delito imputado en la acusación o deuno menor en ese grado u otro delito relacionado. 2. Solicitar el archivo de otros cargospendientes contra el acusado. 3. No alegar reincidencia o reincidencia habitual. 4.Recomendar determinada sentencia o no oponerse a la que solicite la defensa. 5.Acordar con la defensa que determinada sentencia es la apropiada. 6. El tribunal noparticipará en estas conversaciones ni estará obligado por las mismas.
  • 159. Continuación de alegación preacordadaLa Ley 337 de 2 de septiembre de 2000, estableció que si el acusado no es ciudadano delos Estados Unidos, el juez deberá advertirle que aceptar una alegación preacordadapodría conllevar su deportación o la denegatoria de su naturalización. Si el tribunalacepta la alegación preacordada le notificará al acusado que la misma se hará formarparte de la sentencia. Si el tribunal rechaza la alegación preacordada, le dará alimputado la oportunidad de retirar su alegación, advirtiéndole las consecuencias de nohacerlo. El caso de Pueblo V.S. Antonsanti, 99 J.T.S. 55, advirtió a los jueces que nopueden abusar de su discreción al denegar una alegación preacordada. La notificaciónal tribunal de una alegación preacordada debera hacerse antes deljuicio, preferiblemente en la lectura de acusación. No obstante, el tribunal podrádiscresionalmente aceptar la alegación en cualquier momento durante la celebracióndel juicio.
  • 160. Consecuencias de las alegaciones preacordadasSi el imputado se declara culpable en la alegación preacordada entonces, no se va acelebrar el juicio, el juez lo va citar directamente a la lectura de sentencia. En casode que se declare como no culpable, entonces si se va a citar para la celebración deljuicio. El caso de Pueblo V.S. Ayala Rodríguez, 116 D.P.R. 382 (1985), afirmó que losjueces pueden requerirle a los abogados que en el acto de lectura de acusaciónindiquen si desean entrar en conversaciones con fiscalía para llevar a cabo unaalegación preacordada. Ello permitirá señalar el juicio para una fecha en que elfiscal tenga autorización del Departamento de Justicia para recomendar unaalegación preacordada segun se requiere en la orden administrativa delDepartamento de Justicia. Cualquiera de las partes puede retirar su consentimientoa un acuerdo de alegación preacordada con anterioridad a que el mismo seaaceptado por el tribunal y el acusado haga alegación de culpabilidad o realizadoalgún otro acto en detrimento de sus derechos.
  • 161. Las sentencias suspendidasEn el caso de Pueblo V.S. Álvarez, 154 D.P.R. 566 (2001), el Supremo aclaró quequedan excluídos del beneficio de las sentencias suspendidas los convictos que hanutilizado o intentado utilizar un arma de fuego en la comisión de un delito grave osu tentativa. La Ley # 135 de 3 de junio de 2004 también excluye de los beneficos deesta sentencia, todo convicto de delito de portar o transportar armas de fuegoilegalmente. El Tribunal Supremo reiteró en el caso de Cruz V.S. Superintendentede la Policía de P.R. 125 D.P.R. 603 (1990), que la eliminación de un delito delrecord penal, bajo el 34 L.P.R.A. 1731, tiene el efecto de eliminación para todoasunto jurídico, como sentencias suspendidas, licencias de portar armas y otrasgestiones. Una vez borrado los delitos del expediente no se puede discriminar y seconsidera que esta apto para el trámite.
  • 162. La libertad bajo palabraEl caso de Pueblo V.S. Quiles, 2006 T.S.P.R. 45, nos explica que el beneficio de lalibertad bajo palabra no es un derecho reclamable sino un privilegio, cuyaconseción y administración recae en el tribunal o en la Junta de Libertad BajoPalabra. Sin embargo, el Tribunal Supremo aclaró que una vez conferida la libertadbajo palabra, el convicto goza de un interés de libertad del cuál no puede serdespojado sin un debido proceso de ley. Esto requiere que el Estado le proveaciertas garantías mínimas antes de revocar su libertad bajo palabra a saber, unavista preliminar y una vista final.
  • 163. Las distintas sentencias impuestas por el tribunalLas sentencias suspendidas, son las que impone el tribunal suspendiendo el ingreso ala institución penal, pero a su vez se reportan a los oficiales probatorios adscritos altribunal, quedandose los sentenciados bajo la custodia del propio tribunal, incurriren violación a las condiciones impuestas conllevaría revocar esta sentencia y suposterior ingreso a una institución penal luego de una vista ante un magistrado. No sepuede otorgar en los delitos de asesinato, robo, incesto, extorsión, agresiónsexual, sodomía, (eliminado del Código Penal), actos lascivos e impudicos cuando lavíctima fuere menor de 14 años, secuestro, escalamiento, incendio malicioso, sabotajede servicios públicos, Ley de Armas, Ley de Explosivos, Ley de substanciascontroladas o cuando se utilicen armas de fuego en la comisión de un delito.
  • 164. Sentencia concurrenteEsta sentencia se impone en una sola cuando el imputado se le impone más de unasentencia por delitos diferentes en este caso cumpliría la sentencia mayor. Ejemplouna sentencia de (8) años por robo y otra sentencia de (10) años porescalamiento, solo cumpliría los (10) años ya que esta cumpliendo los (8) años en lamisma sentencia de los (10) años. Esta sentencia solamente las impone el juez a sudiscreción, no se impone en todos los casos. Cuando el tribunal no indica la maneraen que habrá de cumplirse la reclusión, se entenderá que la sentencia esconcurrente, salvo que se trate de uno de los delitos en que la ley dispone que la penasea consecutiva.
  • 165. Sentencia consecutivaLa sentencia consecutiva es aquella que se debe cumplir una detrás de la otra, sedebe esperar que concluya una para empezar la otra. Se impondráconsecutivamente cuando la persona sea sentenciada por un delito cometidomientras estuviere en apelación de la sentencia por otro delito. Mientrasestuviera en libertad por haberse anulado los efectos de una sentenciacondenatoria, o mientras estuviere recluído por defecto de pago de multa. Enotros casos graves el juez puede imponerla también de forma consecutiva.Además si el imputado constituye un riesgo para la comunidad.
  • 166. Moción de nuevo juicioLa regla 188 de P.C. postula que se puede solicitar un nuevo juicio, si se descubrenueva evidencia sustancial que no pudo ser descubierta a pesar de que se hicieron lasdiligencias razonables. El caso de Pueblo V.S. Morales 115 D.P.R. 107, dictaminó quela moción de nuevo juicio solo procederá cuando la prueba que se va a presentarcumpla con los requisitos impuestos en este caso. Esta moción se dirige a la discrecióndel Juez que va a ver esa apelación. De ser denegada el Tribunal Supremo nointervendrá con esa decisión, salvo que se demuestre claramente un abuso dediscreción por parte del Tribunal de Instancia que resolvió la petición.
  • 167. Continuación de la moción de nuevo juicioLos requisitos para que se pueda ver un nuevo juicio son los siguientes. 1. No se pudodescubrir la prueba nueva con razonable diligencia antes del juicio. 2. No esmeramente acumulativo. 3.No impugna la prueba aducida durante el juicio. 4. Escreíble esa nueva prueba. 5. Probablemente produciría un resultado distinto. Entrelos abusos de discreción por parte del juez de instancia de acuerdo al caso resueltopor el Tribunal Supremo de Puerto Rico se encuentran: 1. Si ese veredicto sedeterminó por suerte. 2. Si el veredicto fue contrario a derecho o a la pruebapresentada. Si el acusado no estuvo presente en una etapa del juicio en que serequiere su presencia. Se requiere en la lectura de acusación, pero recuerden que elacusado tiene derecho a estar, si el quiere en todo el juicio y el juez en algúnmomento lo ha echado afuera sin razón o si se ha comunicado con el jurado aespaldas del acusado, aunque sea para darle instrucciones.
  • 168. Apelaciones el Certiorrari y el Habeas CourpusEn noviembre de 2003 entró en vigor la Ley de la Judicatura de Puerto Rico. Esta leydispone en el artículo 5.001 que el Tribunal de Primera Instancia tendrá jurisdicciónen general en todo caso de naturaleza civil o criminal en el Estado Libre Asociado deP.R. de toda causa por delitos graves o menos graves. Todas las infracciones a lasLeyes Municipales y cualquier otra que se determine por ley. El Tribunal Apelativotendrá jurisdicción en todo asunto donde surja una causa criminal y se hayapracticado una detención ilegal, a través de la radicación de un Habeas Courpus. Encasos de Certiorrari las partes perjudicadas tienen 30 días para solicitar esta revisiónde una decisión interlocutoria contados desde la notificación de la resolución final delTribunal de Instancia. Resuelto en el caso de Pueblo V.S. Rodríguez, 2006 T.S.P.R. 37.
  • 169. Criterios para celebrar un nuevo juicio bajo la regla 192 de P.C.El caso de Pueblo V.S. Marcano 152 T.S.P.R. (2000), resolvió que aunque tanto laregla 188 (nuevo juicio) como la 192 se refieren a una solicitud de nuevo juiciopresentando nuevas pruebas, la regla 192 solo procede después que se ha dictado lasentencia condenatoria, y esta haber advenido firme. Es decir, se busca controvertiruna sentencia ya impuesta por el tribunal. La diferencia es que bajo la regla 188 deP.C. se exige prueba que probablemente hubiera cambiado el fallo o veredicto deculpabilidad. Bajo la regla 192 de P.C. el criterio bajo esta regla es un poco mayor.La regla 192.1 se utiliza para solicitar una correción de una sentencia mal impuestapor un magistrado.
  • 170. Moción de reconsideración del juicioLa regla 216 de P.C. autoriza al acusado convicto a presentar una moción dereconsideración solicitando del juez que reconsidere la sentencia o el fallo deculpabilidad adjudicado por el juez o el jurado. Para estos casos la Ley 251 de1995 impone un término de prescripción improrrogable de 15 días para solicitarla reconsideración de esa decisión. De no solicitarla se considerará que laadjudicación será final y firme dentro de esa jurisdicción, pero con derecho asolicitar cualquier apelación cuando entienda que exista algún error en derecho.
  • 171. Presencia de la prensa en el juicio criminalLos casos federales Globe Newspaper V.S. Superior Court, 102 S. Ct. 2613 (1982) yRichmond Newspapers V.S. Virginia, 100 S. Ct. 2814 (1980), establecen que bajo laprimera y décimocuarta enmiendas los periodistas son los representantes del público ytienen derecho a representarlos en sala. En consecuencia una regla de exclusióncompulsoria que requiera, bajo cualquiera de las circunstancias, la exclusión delpúblico y prensa del juicio en su fondo durante el testimonio de la víctima de delitosexual es inválida por estar en abierta contravención con la primera enmienda.
  • 172. Continuación del acceso a la prensaEn el caso de el Vocero V.S. E.L.A. 131 D.P.R. 356, se planteó la constitucionalidad dela regla 23 de P.C. que ordena que la vista preliminar sea en privado, a menos que elimputado solicite que sea pública. El Tribunal Supremo Federal en el caso de el VoceroV.S. Puerto Rico 113 S. Ct. 2004 (1993) resolvió que como la vista preliminar es muyparecida a un juicio, la primera enmienda de la Constitución Federal exige que sepermita el acceso del público y no puede ser en privado. Por tanto dicha regla esinconstitucional. En Puerto Rico la Ley 197 del 12 de agosto de 1995 enmendó el inciso(c) de la regla 23 de suerte que ahora la vista es pública, con ciertas excepciones dondeel tribunal debe celebrar otra vista para justificar el cierre en privado de la vistapreliminar. El caso de Pueblo V.S. Pepín Cortés, 2008 T.S.P.R. 101 explíca estadoctrina.
  • 173. Imposición de la sentenciaEl tribunal deberá explicar verbalmente o por escrito las razones para imponer dichasentencia. La regla 162 de P.C. provee un término para que se dicte sentencia dentro de24 horas en los delitos menos graves y (3) tres días después del fallo en delitos graves.El debido proceso de ley requiere que la sentencia sea pronuciada dentro de un términorazonable. Los casos de Pueblo V.S. Aponte, 105 D.P.R. 901 (1977); Pueblo V.S.Kuilan, 113 D.P.R 831 (1983) establecieron que no es irrazonable ni ílegal cuando sedebe a que el convicto cumple sentencia en otra jurisdicción. Si la persona nocomparece de ser citada, se procederá a dictar sentencia, ya que su ausencia sepresume voluntaria salvo que demuestre lo contrario resuelto en Pueblo V.S. LouridoPérez, 115 D.P.R. 798 (1994).
  • 174. Cuando no se debe dictar sentenciaLa regla 168 de P.C. establece los fundamentos para presentar una moción para queno se dicte sentencia, una es cuando el imputado desarrolla una incapacidad mentalluego del fallo o veredicto. En este caso se solicita la suspensión de la sentencia porimprocesabilidad según la regla 240 de P.C. enviándose al imputado a un tratamientohasta que pueda comprender los otros procesos que se le harán en su contra. Una vezeste apto se le ordena una nueva fecha para dictarle su sentencia. Este proceso se haceya que la Constitución ordena que la persona pueda entender los procesos en sucontra. Además no se puede dictar sentencia cuando el delito ha prescrito o cuando noes la persona contra quien se dicta la sentencia impuesta.
  • 175. Ley de extradiciones de Puerto RicoEn Puerto Rico se adoptó la Ley # 4 del 24 de mayo de 1960. Se preparó amparada enNacional Conference on Uniform on Crime. Esta Ley de Puerto Rico hizo algunasenmiendas a la Ley Federal de Extradiciones incorporándole artículos que seadaptarán a la realidad nuestra. El propósito era que fuera uniforme con los otrosestados de la nación americana. El procedimiento lo inicia el estado reclamantemediante la presentación de una demanda. Esta demanda se presentará alGobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, solicitándole que arreste yentregue a las autoridades ejecutivas del estado reclamante a toda persona que hasido acusada o convicta de un delito en dicho estado y hubiere huído delmismo, encontrandose en Puerto Rico.
  • 176. Continuación de la Ley de extradicionesLa extradición de un país a otro se da por delitos graves o menos graves pero no aplicaa las faltas administrativas. La demanda deberá cumplir con los siguientes requisitosformales entre los que se encuentran los siguientes: 1. La solicitud será por escrito. 2. Alegar que la persona reclamada estaba en el estado reclamante al momento en quese cometió el delito imputado, excepto cuando se trata de una persona que cometió actosque generaron responsabilidad en el estado reclamante, aún cuando no estaba en elmomento de la comisión del delito en dicho estado. En este último caso bastarámencionar tal hecho. 3. Alegar que la persona reclamada se evadió de la jurisdicción delestado reclamante.
  • 177. Continuación de extradiciones4. Acompañar con la demanda de extradición de una copia debidamente auténticadapor las autoridades ejecutivas que hicieren la demanda, de la acusación del GranJurado, o de la acusación del fiscal basada en una declaración jurada prestada en elestado que tuviere jurisdicción sobre el delito, o una declaración jurada ante unmagistrado de dicho estado junto con la copia de cualquier orden de arresto odetención que se hubiera expedido, o la copia debidamente auténticada de un fallocondenatorio o de una sentencia impuesta por ejecución del mismo, acompañada deuna declaración de las autoridades ejecutivas del estado reclamante en cuanto a que lapersona reclamada ha escapado de la cárcel o institución reclusiva, ha violado lostérminos de su fianza, libertad a prueba o libertad bajo palabra. Estos documentosdeberán imputar sustancialmente a la persona reclamada la comisión de un delitobajo las leyes del estado reclamante.
  • 178. Deberes del Gobernador en cuanto a la Ley de extradicionesEl Gobernador ordenará al Secretario de Justicia que investigue o refiera parainvestigación la demanda y le rinda un informe sobre la situación y circunstancias dela persona reclamada con las recomendaciones correspondientes. La culpabilidad oinocencia de la persona reclamada en cuanto al delito imputado en el estadoreclamante no podrá ser investigada en sus meritos por el Gobernador, limitándosesu intervención a lo relativo a la identificación de la persona detenida. Los tribunalesde federales tienen autoridad para obligar al Gobernador de un estado o territorio acumplir con una solicitud válida de extradición de parte de otro Gobernador.Resuelto en el caso Puerto Rico V.S. Branstand, 483 U.S. 219 (1987)
  • 179. Continuación de los deberes del GobernadorEn Puerto Rico cuando se ha iniciado una acción penal contra la persona reclamada ola persona esta cumpliendo sentencia por un delito, el Gobernador podrádiscrecionalmente entregar a la autoridad ejecutiva del estado reclamante a lapersona, o retenerla hasta que haya sido juzgada y exonerada, o convicta y castigadaen Puerto Rico. De proceder la demanda de extradición, el Gobernador por conductodel Secretario de Justicia solicitará de un juez del Tribunal Superior de PrimeraInstancia de Puerto Rico que expida la correspondiente orden de arresto, la cualpodrá ser diligenciada por cualquier funcionario del orden público o personaautorizada para ello. En la orden deberán consignarse sustancialmente los hechosnecesarios para su validez.