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Discurso en el debate sobre el Estado de la Comunidad de 1996
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Discurso en el debate sobre el Estado de la Comunidad de 1996

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Discurso en el debate sobre el Estado de la Comunidad de 1996. José Ángel Biel.

Discurso en el debate sobre el Estado de la Comunidad de 1996. José Ángel Biel.

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  • 1. DISCURSO DE JOSÉ ÁNGEL BIEL EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD DE 1996 Esta mañana, con motivo del primer café, me decía un ilustre parlamentario de esta cámara que a este tipo de debates conviene añadirles algunas dosis de ironía. Yo siento defraudarles porque si, además de hacer los equilibrios que en política siempre hay que hacer, nos entra la risa, corremos el riesgo de caernos, y no es eso lo que pretendemos exactamente hoy. Aunque habría una manera de evitar ciertos debates dialécticos o ciertos equilibrios, y es llamar a las cosas por su nombre: coger el AVE e irnos todos a Madrid, porque, en definitiva, el estado de esta Comunidad depende casi en exclusiva de Madrid. Y digo que depende casi en exclusiva de Madrid porque esta mañana más me daba a mí la impresión de que asistía a un debate en la Carrera de San Jerónimo que a un debate en la Aljafería. Yo creo que conviene centrar las cosas en sus términos justos y llamar a cada cosa por su nombre. Señor Presidente, señorías, transcurridos más de quince meses desde la constitución del actual Gobierno de Aragón al comienzo de la presente legislatura, nos corresponde hoy lo estamos haciendo reflexionar en voz alta sobre el estado de nuestra Comunidad. Es claro, señorías, que de un debate de esta naturaleza cada Grupo Parlamentario espera obtener resultados diferentes y lo utiliza con fines distintos, casi siempre más acordes con su siempre legítimos intereses políticos que con lo que, eufemísticamente, denominados todos «interés general de Aragón», y que suele tener de general con comillas lo que coincide con lo particular de algunos. 1
  • 2. Conviene dejar claro que del estado de la Comunidad, para empezar, somos todos responsables, y, por supuesto, en la parte alícuota que a cada uno nos corresponda, pero a todos nos toca alguna parte, incluso a muchos que no se sientan en estos escaños. Que nadie intente, pues, pasar de rondón por este debate, como planeando por encima del bien y del mal. En un debate de esta naturaleza nos examinamos todos, y no sólo el Gobierno, su Presidente y los consejeros. Por supuesto, si alguien espera de esta discusión una especie de monográfico sobre el estado de salud de la coalición PP-PAR, y no sobre el estado general de la Comunidad, que abandone de entrada toda esperanza morbosa: vamos a hablar del estado de la Comunidad principalmente y del Gobierno en sus justas proporciones. Para nuestro Grupo Parlamentario este debate es una magnífica oportunidad para explicar algunas cosas y tratar de enfocar adecuadamente otras. Antes, sin embargo, de desarrollar nuestra opinión sobre cómo vemos a Aragón, si está mejor o peor que hace un año, dos o tres, en sus aspectos generales o parciales, antes de eso, conviene hacer algunas consideraciones previas que pueden servir de punto de referencia para entender lo que después diremos. Primera consideración. Nuestro Grupo Parlamentario aporta a este debate unas concepciones ideológicas que nos diferencian sustancialmente de todos y cada uno de los Grupos de esta cámara; me atrevería a decir que nos situamos en una posición casi equidistante del resto de los grupos políticos. A modo de ejemplo, no pensamos en la concepción del Estado igual que partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista; no pensamos en otras cuestiones ideológicas igual que la CHA o que 2
  • 3. Izquierda Unida; somos equidistantes, y no por eso, supongo, que se nos podrá negar la posibilidad de entendernos con todos y cada uno de los Grupos de esta cámara. Porque, claro, si al final sólo nos podemos entender con los que son idénticos a nosotros, es que el PAR sobra de esta cámara, y les puedo asegurar a sus señorías que el PAR en modo alguno sobra en esta cámara. Como tuve la oportunidad de decir en el debate de investidura del actual Presidente y cito textualmente, «nuestro programa no se limita, como creen los simplistas, a la aprobación del Estatuto y al aprovechamiento integral de nuestras aguas; aspiramos, además, a lo que nuestros estatutos llaman la convergencia social de clases, y eso es el principio de una serie inexcusable de previsiones que tienden a la igualdad social». Quede claro, por tanto, que los propósitos del PAR no se agotan aún, ni, por supuesto, en un programa de mínimos. En consecuencia, cualesquiera que sean los avatares y condicionamientos de la vida política, en ningún caso haremos dejación de nuestras concepciones ideológicas. Pero nuestro partido no es un fin en sí mismo; nuestro partido es un medio que pretende transformar la realidad en la que vivimos mediante la aplicación, en su máxima extensión posible, de nuestras ideas y nuestros programas. Segunda consideración. Participamos en este debate en nombre de un Grupo Parlamentario que cuenta con catorce, de los sesenta y siete, Diputados de la cámara, ni uno más ni uno menos, ni uno más ni uno menos: catorce, de los sesenta y siete: ésa es la fuerza de nuestro Grupo Parlamentario. A pesar de que el PAR no ha conseguido todavía ser la primera fuerza política de nuestra Comunidad, nos parece, sin embargo, 3
  • 4. evidente reconocer que su presencia y participación en la vida política aragonesa han sido determinantes desde 1977, y muy especialmente desde 1983, fecha en que se celebraron las primeras elecciones autonómicas. En Aragón, sin el PAR es nuestra concepción, las cosas no hubieran ocurrido exactamente igual; me atrevería a decir que, de alguna forma, el PAR ha marcado la diferencia de esta Comunidad Autónoma con otras de similares características. El PAR, mediante su participación activa en la vida política, a través de acuerdos y desacuerdos, que de todo ha habido, desde el Gobierno y desde la oposición, ha sido decisivo en la resolución o encauzamiento de buena parte de los problemas de esta tierra, o ha evitado otros. Las peores épocas posiblemente coinciden con aquellos períodos en los que el PAR o apenas contaba o no participaba en la negociación de acuerdos y decisiones. Reclamo para nuestro partido, para nuestro Grupo Parlamentario, el derecho a elegir la fórmula de participación política que considere más conveniente para los intereses de Aragón. Visto el panorama extraído de las elecciones de mayo del noventa y cinco (cinco Grupos Parlamentarios: ninguno con mayoría absoluta), hay que decir que sin el PAR no es posible el gobierno ni su alternativa. Y esta función decisiva es la que nos crea la mayoría de los problemas a nuestro propio Grupo Parlamentario o a nuestro propio partido: esa posibilidad de decidir quién es gobierno y quién es oposición. Si el PAR no es posible ni el gobierno ni su alternativa. Que sólo acabarán los problemas internos o no internos cuando los aragoneses nos den los votos necesarios para decidir por nosotros mismos. Hasta entonces, la política es la que es, con 4
  • 5. sus tensiones y desacuerdos, con acuerdos más o menos fructíferos. En definitiva, la política es intentar hacer lo posible y lo difícil, pero no se nos exija lo imposible, no se nos pida a catorce Diputados del PAR lo que al menos deben hacer treinta y cuatro. Tercera consideración. A través de un pacto de coalición con el Partido Popular, el PAR forma parte del Gobierno de Aragón. Desde esa posición, nos corresponde hablar en este debate. Pretender cualquier otra filigrana dialéctica sería una incoherencia de tal magnitud que, desde luego, este Portavoz se siente incapaz de intentar. Señor Presidente del Gobierno de Aragón, si su señoría tiene la bondad de releer con paciencia nuestra intervención en el debate de su investidura, seguramente encontrará muchas claves que le servirán para entender mejor lo sucedido en estos quince meses, y le serán de gran utilidad para continuar el camino que su Gobierno deber recorrer en el tiempo que resta hasta las próximas elecciones. Decíamos hace quince meses que, una vez constatado que en las elecciones del 28 de mayo de 1995 ningún partido político había obtenido la mayoría absoluta, el PAR, tras un intenso debate interno, que no ocultamos entonces ni ocultamos ahora, había optado por suscribir con el Partido Popular un acuerdo que asegurara la gobernabilidad de Aragón mediante la obtención de mayorías estables y suficientes. Decíamos entonces que iba a ser un pacto que requería una interpretación cuidadosa para asegurar que se cumplieran los fines que cada partido procura legítimamente y para que no generara graves discrepancias; que el PAR procuraría colaborar lealmente a que fuera posible esa pacífica interpretación de lo pactado, y, para ello, lo más necesario era la 5
  • 6. predisposición psicológica de cada parte a entender las exigencias y las limitaciones de la otra. Nosotros decíamos hace quince meses respetaremos siempre el carácter del Partido Popular como partido de ámbito estatal y que tiene, por ello, obligaciones que cumplir en otros territorios; pero esperamos a cambio que también se respete el carácter del PAR, cuyas preocupaciones se centran en esta Comunidad Autónoma. En consecuencia, que no se espere del PAR que haga nada que quebrante su identidad. Pero no tengan dudas, sus señorías decíamos hace quince meses, de que el PAR cumplirá lo acordado; hemos primado los intereses generales de los aragoneses por encima de los intereses partidarios. Nos parece que eso es lo que Aragón y los aragoneses le pedían al PAR: que diera estabilidad y sosiego a la política aragonesa, propiciando la apertura de una nueva etapa en la que tengan mayor peso específico y trascendencia los acuerdos que los desacuerdos. Desde diciembre de 1988 venimos diciendo lo mismo: que la estabilidad institucional y la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma son objetivos prioritarios del PAR y una necesidad ineludible para asegurar el futuro de Aragón. El PAR subordina sus propios intereses al logro de estos objetivos, y a ello dirigirá consecuentemente su acción política. Señorías, en estos últimos quince meses Aragón ha tenido un gobierno con mayoría amplia, un gobierno estable; atendiendo a la aritmética parlamentaria, el más estable desde la aprobación del Estatuto de Autonomía: cuarenta y un Diputados y la casi imposible existencia de otra alternativa a la actual mayoría dotan a este Gobierno de una estabilidad casi absoluta. Es esta una oportunidad única en la historia de 6
  • 7. Aragón que no deberíamos perder entregando el gobierno a los quebrantahuesos de siempre. Pero, señorías, un gobierno estable no es necesariamente un gobierno fuerte o todo lo fuerte que Aragón necesita. Para que un gobierno estable tenga, además lo decíamos entonces, la fortaleza necesaria, no basta con tener garantizada una amplia mayoría parlamentaria; es necesario, además, que haga gala de una especial capacidad de diálogo; que se sitúe por encima en el panorama de los llamados «otros poderes»; que consiga ser el primer poder de esta Comunidad Autónoma y el referente más importante para los poderes ajenos a Aragón; que sea reivindicativo cuando convenga a los intereses de Aragón. Pero, señorías, hablemos ya del Aragón sobre el que pretendemos actuar desde los poderes públicos. Cuando se sube a esta tribuna, se tiene la impresión de que llevamos años hablando de los mismos temas. Repasando otros debates similares a éste, uno tiene la impresión de que el tiempo no ha transcurrido apenas: unos gobiernos han ido sucediendo a otros, y aquí seguimos reflexionando en voz alta sobre los mismos temas que ya preocupaban a la asamblea de parlamentarios allá por los años 1977 y 1978. Prueba evidente de lo que digo es el escaso autogobierno que disfrutamos, o, mejor, padecemos, en esta tierra. Porque, señorías y esta es la clave del estado de Aragón, ¿creen ustedes que los aragoneses tenemos autonomía suficiente para decidir sobre nosotros mismos después de un debate de esta naturaleza? Hablaremos luego de este asunto, cuando opinemos sobre el desarrollo del Estado de las 7
  • 8. autonomías, que el tema de las autonomías no es sólo una cuestión de Estatuto, sino de concepción del Estado de las autonomías. Sobre un territorio de cuarenta y siete mil kilómetros cuadrados, rodeado de importantes comunidades con gran peso político, viven poco más de un millón cien mil personas en casi mil núcleos, especialmente rurales. En un solo municipio viven más de la mitad de los aragoneses. Los importantes recursos naturales de Aragón apenas son todavía explotados en beneficio de sus habitantes. La ausencia, por razones históricas y demográficas, de una importante entre comillas burguesía culta ha sido sustituida por algunos poderes locales o localistas muy poco vertebradores del tejido social. Los desequilibrios intraterritoriales en Aragón son evidentes. Reconozcamos, además, que la visión unitaria de Aragón era una mera ilusión hasta el reconocimiento jurídico de nuestro autogobierno. Hasta esa fecha, hasta la creación de las instituciones aragonesas de autogobierno, ninguna política sectorial se realizaba en Aragón con perspectiva aragonesa; ni las carreteras, ni la cultura, ni los servicios esenciales, se construían, se fomentaban o se establecían con visión aragonesa global. Sobre esta realidad, señorías, operan, sin coordinación aparente, diferentes administraciones públicas: un gobierno autónomo, tres diputaciones provinciales, setecientos veintinueve ayuntamientos y una compleja y, en parte, residual Administración periférica del Estado. Señorías, comprendo que los treinta minutos que me otorga el Reglamento, aun contando con que el señor Presidente me haga donación de algún tiempo suplementario, es un tiempo demasiado corto para desarrollar todo un programa en relación con el estado de nuestra 8
  • 9. Comunidad. Ni siquiera sería tiempo suficiente para hacer un diagnóstico detallado de cómo se encuentra nuestra Comunidad a estas alturas de la legislatura, lo que se espera que diga el PAR en un debate de esta naturaleza. Desde luego, no nos corresponde hacer el papel del portavoz del Partido Popular, ni, por supuesto, el papel de los portavoces de los Grupos de la oposición. Quede claro que, en este sentido, no vamos a hacer ninguno de los dos papeles. El PAR puede hacer, sin embargo, una petición, y quizás una propuesta. Una petición al Presidente de la Comunidad para que no se limite a oír, sino que, como sé que hace, escuche con todas sus consecuencias los argumentos que el PAR está aportando al debate. Y una propuesta la cámara, y especialmente al Grupo Popular, de continuar haciendo cuanto esté en nuestra mano en orden a dotar al Gobierno de Aragón de la fortaleza y capacidad de decisión necesarias para no perder la oportunidad histórica que nos brinda la existencia, en casi todas las instituciones de Aragón, de mayorías estables y suficientes. Sin embargo, para que esta petición y esta propuesta sean efectivas, quizás sería bueno, con carácter previo, fijar algunos conceptos para que sus señorías conozcan nuestro pensamiento en los aspectos fundamentales que deben definir, a nuestro juicio, la política aragonesa. A nada de lo que expondré a continuación renunciaremos, cualquiera que sea nuestra ubicación en la política, sea en el Gobierno o sea en la oposición. De lo que hablaré a continuación depende en buena medida el futuro de nuestra Comunidad, y de los acuerdos en estas materias depende la eficacia del Gobierno y la utilidad de estas Cortes. ¿Creen, sus 9
  • 10. señorías, por ejemplo, que el estado de nuestra Comunidad puede modificarse con unos presupuestos que son resultado presupuestos económicos de un modelo de financiación nada descentralizador, o que están prácticamente comprometidos o condicionados en su 80%? ¿Creen sinceramente que eso es posible? Las posibilidades de modificar el estado de la Comunidad, que es de lo que hemos venido a hablar aquí, depende de cómo resolvamos algunas cuestiones que ahora plantearé, y sobre las cuales comprendo que puede haber diferencias; pero, bueno, ahí está el esfuerzo que tenemos que hacer todos y cada uno de los Grupos de esta cámara. En relación con lo que denominamos «concepción del Estado», partimos de la base de que el desarrollo del Estado de las autonomías previsto en la Constitución no tiene límite prefijado ni fecha de culminación del proceso. En consecuencia, entendemos que de ningún modo puede afirmarse, por muchos pactos autonómicos que se firmen, que el Estado de las autonomías está terminado. No se puede poner fecha a la imaginación; aunque aún recuerdo cuando, allá por el año 1984, el entonces señor Vicepresidente del Gobierno vino a Zaragoza a firmar entre comillas la culminación del proceso de transferencias. Debe reconocerse que desde la aprobación de los estatutos de autonomía en el verano de 1982, consecuencia directa de la voluntad de los constituyentes, hasta la fecha de hoy, las cosas no han sucedido como se preveía en 1978. La Administración central ha crecido desmesuradamente, a pesar de la vigencia de la Ley del proceso autonómico y del traspaso a las diecisiete comunidades autónomas de gran número de competencias exclusivas. La Administración periférica del 10
  • 11. Estado apenas se ha reducido, manteniéndose hasta la fecha las figuras más anacrónicas del siglo XX. El traspaso de servicios correspondientes a competencias atribuidas a las comunidades autónomas por sus respectivos estatutos se hizo aplicando una metodología para la valoración del coste, que en nada tenía que ver con los principios constituyentes de descentralización política. Mediante la aprobación de leyes orgánicas o de bases, se han limitado de hecho las competencias de las comunidades autónomas (ejemplo: Ley de aguas) o se han transferido competencias a las comunidades autónomas sin valorar los servicios (ejemplo: Ley de protección civil). Indirectamente, se obliga a las comunidades autónomas a financiar competencias que no son propias de tales comunidades y cuyo ejercicio es muy difícil, sin embargo, de rechazar porque el ciudadano quiere que se financien servicios sin distinguir la Administración competente. Y, así, se da la paradoja de que con un modelo de financiación basado en el coste de las competencias transferidas, hay que financiar de hecho servicios que no son competencia de la Comunidad Autónoma, como, por ejemplo, centros de salud en su época, haciendas locales a través de un fondo de participación municipal, convenios con Renfe, expropiaciones del Pacto del Agua, etcétera, etcétera. ¿No se dan cuenta sus señorías de que es ridículo aceptar unas reglas que no tienen ningún sentido? El modelo de financiación autonómica previsto por la LOFCA ha nacido viciado de origen, al basarse exclusivamente en la valoración del coste de los servicios transferidos, lo cual demuestra que no se ha ejecutado el proceso de descentralización política previsto en la 11
  • 12. Constitución, sino un proceso meramente de descentralización administrativa, a pesar de la existencia de diecisiete parlamentos autonómicos. Nunca podremos asentar en consecuencia un modelo de financiación basado en esta concepción; no podemos aceptar un modelo donde Aragón, a modo de ejemplo, gestiona la centésima parte del presupuesto general del Estado. No podemos aceptar un modelo donde Aragón es la centésima parte de España; eso es lo que estamos gestionando en este momento: la centésima parte del presupuesto general del Estado. Todo ello, como es lógico, obliga a la comunidades autónomas a endeudarse, aunque sólo sea para justificar su propia existencia, y de ahí surgen un montón de problemas sobre los cuales ya hemos debatido bastante en este tema. En este asunto resumo, de alguna manera, diciendo que, de hecho, sobre un mismo territorio, el español, y una misma población, la española, funcionan de hecho dos organizaciones del Estado, la central y la autonómica, superpuestas. Coincidirán conmigo, señorías, que con estas premisas el PAR debe manifestar su inconformismo respecto al desarrollo autonómico, y somos especialmente inconformistas respecto al autogobierno de Aragón. Y aunque defendemos como propio el proyecto de reforma del Estatuto de 30 de junio de 1994, lo hacemos porque pensábamos que era un proyecto posible, por ser fruto del acuerdo de las fuerzas políticas presentes entonces en esta cámara. Pero por muy posibilistas, con cierta ingenuidad, que seamos, éste no es en plenitud el estatuto del PAR, y no lo puede ser porque es el de todos, y cuando el Estatuto es el de todos, no es el de ninguno en particular. Sin embargo, a pesar de ello, en la materia 12
  • 13. de aplicación de los principios políticos previstos en el título VIII de la Constitución, a pesar del posibilismo, no esperen en ningún caso que el PAR diga un día: estamos plenamente satisfechos. Háganse a la idea de que eso nunca sucederá, y nos acabaran entendiendo mejor si es que quieren entenderse con nosotros para hacer algo útil por esta tierra. Comprenderán, en consecuencia, sus señorías, que si el Estatuto de 30 de junio de 1994 no es en plenitud el Estatuto del PAR, porque insisto no puede serlo por ser el de todos, aunque lo aceptemos como propio, menos lo será el que salga de las Cortes Generales, si las enmiendas presentadas por los dos Grupos mayoritarios en aquella cámara prosperan al final del trayecto legislativo. Y en este punto constatamos y lo dejamos así de esta forma dicho, al haberse presentado enmiendas por el Partido Popular, que se han incumplido dos pactos: el de coalición de gobierno de 1995 y el de coalición electoral de 1996, y un compromiso refrendado en el debate de investidura del 7 de julio de 1995. Y que se ha incumplido, además, el compromiso aceptado por los dos Grupos enmendantes en Madrid de respaldar el proyecto de reforma tal y como se aprobó en estas Cortes. En consecuencia, deberán ser estas Cortes las primeras en decidir sobre dicho incumplimiento. Desde luego, nuestro partido no votará ni en el Congreso ni en el Senado las enmiendas, y nos reservamos las decisiones políticas, que, desde luego, nuestro Grupo Parlamentario, no es el competente para resolverlas, sino los órganos competentes. Quienes lo enmendaron, que lo arreglen. En la Ponencia sólo el PAR se opuso, porque quiero recordar que el ponente de Izquierda Unida ni asistió; tendría gracia que ahora fuera el PAR el culpable del desaguisado. 13
  • 14. En materia de política territorial, asignatura pendiente de resolver en estas Cortes y sobre lo cual se ha hablado muy poco esta mañana, afirmamos que esta cuestión no es un capricho de nuestro Grupo Parlamentario; es una necesidad: sin el territorio, señoras y señores Diputados, no seríamos Aragón; nos limitaríamos a ser Zaragoza. Es preciso, en consecuencia, desarrollar una política de organización territorial más acorde con las necesidades del siglo XXI y con el establecimiento de servicios esenciales en todo el medio rural. Con una adecuada política territorial aplicada por el Gobierno en el ejercicio de sus competencias de ordenación del territorio, no se hubieran producido los desastrosos efectos de la aplicación de la LOGSE. Como forma de completar lo que ayer dijo el señor Presidente en esta materia recordamos, simplemente, la necesidad de desarrollar las resoluciones aprobadas por unanimidad en esta cámara en noviembre del año 1991, y referidas a la potenciación de las mancomunidades de servicios y desarrollo paulatino, oportunamente incentivado, de la comarcalización; aprobación y aplicación del mapa comarcal; desarrollo del área metropolitana de Zaragoza; transferencia o delegación de competencias a los ayuntamientos de más de cinco mil habitantes y comarcas, en su caso; reordenación de competencias con las diputaciones provinciales, mediante la aplicación de las leyes sectoriales ya aprobadas, pero con las comisiones mixtas de transferencias negociando el traspaso, no como se pretendía hacer con los hospitales de Huesca y de Zaragoza, u otras que se aprueben en el futuro; exigir del Estado, que es el competente, la aplicación de un modelo de autonomía financiera de los entes locales no podemos pagar lo que no es de nuestra competencia, sobre todo, teniendo en cuenta que nuestro modelo de financiación se 14
  • 15. basa sólo y exclusivamente en competencias propias; ¿cómo podemos pagar las competencias ajenas si no hemos resuelto, todavía, nuestro modelo de financiación?, y, por supuesto, la coordinación de los planes de obras y servicios de las diputaciones provinciales. Y, hablando de coordinación, el Gobierno de Aragón debería ser el impulsor de una fuerte política y me consta que lo va a hacer de coordinación en relación con las políticas sectoriales aplicadas por las diferentes administraciones públicas que operan en Aragón. Se dan, señorías, las condiciones políticas para ello: está en el pacto PP-PAR la extensión del mismo a todas las instituciones, desde el Gobierno de Aragón, aplicando principios de cooperación y coordinación, se pueden coordinar las políticas sectoriales de setecientos veintinueve ayuntamientos, respetándose, en cualquier caso, su autonomía, de tres diputaciones provinciales y de la Administración del Estado, sea ésta, periférica o central, y, por supuesto, de los seis departamentos del Gobierno autónomo. Nunca un Presidente, a nuestro juicio, a tenido tantas posibilidades de hacer cosas en esta Comunidad Autónoma. Y, en el llamamiento que hace a «empujar el carro», nos encontrará. Nos reafirmamos, por otro lado, en el contenido del acuerdo de Gobierno suscrito en 1995, y ratificado en 1996, con motivo de la coalición electoral PP-PAR para las elecciones generales de marzo. Es un pacto para toda la legislatura, hasta 1999, fecha en la que podremos juzgar si se ha cumplido o no; porque tiene gracia que se pida ahora lo que realmente tiene que terminarse en 1999. Es, por su contenido, un buen pacto: el que Aragón precisaba en 1995. Recuerden cómo estaba Aragón en ese momento, y no seamos olvidadizos. Sin embargo y ello es 15
  • 16. una prueba más de nuestra escasa autonomía política y financiera, es un pacto que hay que reconocer, cuya ejecución depende esencialmente del Gobierno de Madrid. Por esa razón pedimos reiteradamente al señor Presidente que sea más reivindicativo, que utilice, si es preciso y entrecomillo a sus socios del PAR como punta de lanza ante Madrid. Pregúntense, pregúntese su señoría cuál habría sido el resultado electoral en marzo de 1996 si no se hubiera planteado la coalición PP-PAR, y encontrará el señor Presidente muchas razones para que el Gobierno central atienda a esta Comunidad. Reafirmamos, en consecuencia, nuestro apoyo decidido al Pacto del Agua lo dice el pacto; lo cual significa ejecutar de un modo integral las obras allí contempladas, sin dilaciones, ni tácticas filibusteras, ni que Aragón pague lo que no nos corresponde por ejemplo, las expropiaciones. De esta forma se hace imposible cualquier trasvase de futuro. Promoción, apoyo y ejecución de infraestructuras en materia de comunicaciones, señalando como prioritarias las autovías Sagunto- Somport, Huesca-Pamplona y Lérida-Huesca, y, por supuesto, sobre este tema me congratulo por los anuncios públicos que se han hecho en esta Comunidad Autónoma. Impulso a la apertura de accesos directos de Aragón a Francia por ferrocarril y carretera, y potenciación del aeropuerto de Zaragoza. Impulso al Plan especial de Teruel; nos congratulamos de su incremento, siempre insuficiente, porque lo sabe especialmente el señor Presidente. Incorporación a los planes de enseñanza de todos los niveles educativos de las materias que aseguran el conocimiento de Aragón. 16
  • 17. Establecimiento de estudios superiores de la Universidad de Zaragoza, en las provincias de Huesca y Teruel, mediante la implantación de carreras de ciclo completo que no reiteren las que pueden cursarse en otro lugar del distrito universitario. Y analizaremos, en consecuencia, con detalle la anunciada ley de inversiones. Actualización y puesta en ejecución de las directrices del plan estratégico de Aragón. No a la macrocárcel de Zuera y a la línea Aragón-Cazaril. Fomento del reequilibrio territorial, avanzando en el proceso de comercalización y desarrollando una política activa de desarrollo y potenciación del medio rural. No, por tanto, a la política del Ministerio de Educación de aplicar una política de centros que atentan contra la supervivencia del medio rural. Estudiaremos el pacto por la educación que nos oferta el señor Presidente con el interés que merecen siempre para nuestro Grupo Parlamentario las propuestas del Presidente de la Comunidad Autónoma. Tenía puesto aquí que un portavoz del PAR no puede olvidarse de los departamentos que de alguna manera gestiona directamente el PAR; pero me voy a olvidar, y me voy a olvidar dado que se enciende el semáforo, y, como tengo confianza con los dos consejeros, va a ser difícil que pueda decir todo lo bueno, y mucho, y barato, que iba a manifestar que han hecho los departamentos. Señor Presidente, señorías, no olvidamos, por supuesto, a otros sectores de la actividad pública, como no los olvidamos con motivo del debate de investidura. Allí consta nuestra opinión en las materias de educación y cultura, modernización de la Administración autonómica; 17
  • 18. ordenación del territorio, carreteras, creación de empleo. Sobre todas y cada una de estas cuestiones, mi Grupo Parlamentario presentará resoluciones después del debate; pero ninguna política sectorial concreta será posible, por muy querida que nos sea como la educación, si no articulamos antes una política coherente en las materias esenciales que he citado como causa del estado de nuestra Comunidad. Lo que opinamos, señorías, asimismo, sobre una determinada concepción del Estado; sobre unos determinados modelos de financiación de las comunidades autónomas y de las haciendas locales; coordinación, desde la Diputación General, de las políticas sectoriales de las administraciones que operan en Aragón; política de organización territorial; cumplimiento estricto, hasta 1999, del programa de la coalición PP-PAR. Desde estas ideas, con estas ideas, estamos en el Gobierno; formamos parte del Gobierno; somos Gobierno; nuestra aportación refuerza, o debería reforzar, la posición del Gobierno, salvo que éste pretenda convertirse en una mera sucursal de Madrid, o limitarse a administrar los escasos recursos que, por mor de un deficiente modelo de financiación, tiene esta Comunidad Autónoma. Pretendemos, como es lógico, perfeccionar el funcionamiento de un Gobierno de coalición para no perder la mejor oportunidad de Aragón. Señor Presidente, déjese ayudar: un Gobierno de coalición no exige necesariamente el acuerdo en todos los temas; pero sí exige la «codecisión», no sólo la «cogestión» o «coadministración». Habrá asuntos en los que nunca llegaremos a acuerdo porque somos dos partidos diferentes. Es cierto, por ejemplo, que administramos dos Departamentos del Gobierno de Aragón; pero nuestra presencia no puede limitarse a 18
  • 19. hacer lo que nos parezca en dichos Departamentos, y aceptar como hecho consumado lo que se decida en el resto de las áreas sin contar con lo que el PAR representa. De este debate debe salir un Gobierno, a nuestro juicio, reforzado. Un Gobierno fuerte es el mejor instrumento para hacer cosas por Aragón, día a día, en todos los campos de la actividad pública. Me consta, porque le conozco bien, que el señor Presidente de la Comunidad Autónoma, al señor Presidente sólo le mueve el interés general de Aragón: el mismo interés que mueve a mi Partido. No desaprovechemos esta magnífica ocasión porque nadie lo entendería, ni los más agoreros de esta tierra. Nada más. Y muchas gracias. 19

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