Policy Paper ESCENARIOS PROSPECTIVOS DE LA SEGURIDAD EN COLOMBIA FRENTE AL PROCESO DE PAZ

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Análisis sobre escenarios de seguridad y convivencia ciudadana en un escenario de post-conflicto en Colombia.
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Policy Paper ESCENARIOS PROSPECTIVOS DE LA SEGURIDAD EN COLOMBIA FRENTE AL PROCESO DE PAZ

  1. 1. POLICY PAPER Escenarios Prospectivos de La Seguridad en Colombia Frente al Proceso de Paz Aproximaciones
  2. 2. Obra auspiciada por la Fundación Konrad Adenauer Hernán Beltz Peralta Presidente Honorario Rodrigo Pombo Cajiao Presidente Giovanni Alberto Rocha Mahecha Director Ejecutivo Escenarios Prospectivos de la Seguridad en Colombia Frente al Proceso de Paz - Aproximaciones - Jhon Anzola Morales Camilo Parada Ruiz German Sahid Garnica Autores ISBN: 978-958-57361-8-4 © CORPORACIÓN PENSAMIENTO SIGLO XXI Avenida 82 No. 7 – 22, Oficina 104. Bogotá, D.C. – Colombia Teléfono 6216963. Fax 2369122 asistente@pensamientosigloxxi.com www.pensamientosigloxxi.com Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en, o transmitida por, sistemas de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquí- mico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro medio, sin el permiso previo por escrito de los editores.
  3. 3. Como parte de la serie de“Policy Papers”que ha ve- nido produciendo la Corporación Pensamiento Si- glo XXI, éste, intitulado Escenarios Prospectivos de la Seguridad en Colombia frente al Proceso de Paz, tie- ne un mérito que de entrada vale la pena resaltar: no se inscribe ni en un“voluntarismo de paz”ni en un “voluntarismo de guerra” sino en el cam- po de la estrategia. Alguien podrá anotar que no podía ser“voluntarista”puesto que se enfoca en“la seguridad”, lo cual es válido; pero también es cierto que durante la última década considerables secto- res de la opinión colombiana equivocadamente se acostumbraron a considerar que la seguridad na- cional está estrechamente ligada a la prevalencia de operaciones militares ofensivas, aquellas que le imprimen el sello más distintivo a la guerra. En fin, el punto a destacar es que este “Policy Pa- per” bien puede inscribirse en el ámbito de la Es- trategia de Seguridad por cuanto contiene insumos que mirados con el detenimiento que ameritan servirán a los correspondientes tomadores de deci- sión en el Estado para ir elaborando una“Estrategia Nacional para el Post-conflicto”. Y esto en un país que en buena parte se ha acostumbrado a no tener visión de mediano y largo plazo, sería un impor- tante avance para rediseñar de manera estratégica la seguridad como requisito indispensable para el progresivo asentamiento de la paz. Son tres los autores, Camilo Parada Ruiz, Jhon An- zola Morales y German Sahid Garnica, y tres los ejes (o apartados) sobre los que se articula el docu- mento: “De los Escenarios Internos en un eventual Post-conflicto”, “Seguridad Ciudadana en Colom- bia: Retos y Perspectivas en un escenario de Post- conflicto” y “Escenarios Estratégicos de las FARC desde sus Documentos Rectores”. De estos a conti- nuación me referiré a los aportes relacionados con los tópicos que más han tendido a estar presentes en la agenda pública desde que se iniciaron oficial- mente las negociaciones para terminar el conflicto con las FARC. Del primero es destacable el aporte respecto a la inserción dentro del sistema político colombiano de las estructuras políticas de las FARC. En él se muestra cómo la política territorial, en la periferia que no en el centro, tomaría un sentido especial en un escenario de postconflicto si se sabe articular lo hasta ahora ilegal con lo legal, que a decir verdad ha estado más escrito en las leyes que vivido en la realidad en esas áreas por mucho tiempo margi- nales al sistema político. Por esto el autor sostiene que “la dicotomía legal-ilegal del ejercicio político de las estructuras (de las FARC) también podría ser vista desde la visión normativo-real-práctica”. En este orden de ideas, argumenta que gran parte del problema consistirá en“incorporar en la legalidad y a los procedimientos del mismo orden, un ejercicio que en la práctica ya vienen haciendo en algunas zonas del país hace décadas”. En esa incorporación en lo legal se incluye el control territorial, la red de milicias, la construcción y promulgación de leyes y sanciones, el control de la violencia y el efectivo control del“negocio del narcotráfico”. En lo atinente a la Seguridad Ciudadana, por una parte el autor hace un adecuado análisis de la evo- lución de las políticas públicas de este campo pues- tas en marcha durante las administraciones Uribe y Santos, mostrando sus aciertos y algunos vacíos que se hace aún más imperativo llenar en un esce- nario post-conflicto. Por otra parte, es de destacar lo relativo a la reintegración de los excombatientes: entre estos – sostiene el autor- algunos requerirán educación, capacitación y en general formación para vincularse al mercado laboral o para idear una actividad económica independiente. Con otros se podría “contemplar la posibilidad de involucrarlos en actividades de seguridad ciudadana como se- rían una policía cívica, comunitaria o una guardia rural”. A lo que el suscrito agrega la necesidad de un previo examen sicométrico elaborado con los más altos estándares de calidad y confiabilidad, enfocado en detectar la propensión a la violencia de cada candidato, para así evitar que aquellas per- sonas moral y sicológicamente descompuestas por la guerra integren esas posibles organizaciones y más bien se incluyan en tratamientos que les per- mitan rehacer sus proyectos de vida en otro tipo de actividad. PRESENTACIÓN
  4. 4. En el último apartado su autor plantea unos posi- bles escenarios que tendrían lugar antes de llegar al post-conflicto, con sus respectivos elementos de favorabilidad o no para el Estado y para las FARC, sin arriesgarse en la valoración de los más proba- bles quizás por insuficiencia de elementos de juicio fácticos. De todas maneras, los escenarios se cons- truyen acertadamente teniendo en mente una variable de análisis realista que corre transversal a todos: el poder político que pretende la guerrilla. En efecto, las FARC no han desistido de“luchar”por alcanzar la meta trazada sin ambages desde la sép- tima conferencia. Esto es la obtención del poder político incluyendo para ello el uso de la violencia muy al estilo marxista-leninista. Lo anterior se co- rrobora en la respuesta a la pregunta de si espera- ban poder participar en elecciones en busca de di- cho poder, formulada recientemente (29-04-2013) por Vicky Dávila de la FM a Rodrigo Granda, uno de los negociadores en La Habana, pues el entre- vistado afirmó sin titubeos “sin poder no se puede lograr nada”. Es más, también de manera acertada el autor sostiene que desde dicha conferencia las FARC han venido implementando y reajustando una estrategia en la que el esfuerzo militar es del 30% frente al 70% correspondiente a las líneas de acción política. Sin embargo es criticable la siguiente afirmación hecha hacia el final del escrito en la que se niega que las FARC tengan voluntad de paz: “… se pue- de establecer que los diálogos de paz son solo una estrategia de guerra de las FARC tal como lo de- muestra el Pleno del Estado Mayor Central de 2000 donde se plasma lo siguiente: ‘…Adelantamos los diálogos con el Gobierno como parte del Plan Es- tratégico. Debemos analizar hasta donde podre- mos avanzar en el logro del objetivo de acuerdo a las circunstancias políticas y de confrontación existentes, buscando que ante la opinión siempre quede clara nuestra voluntad por encontrar salidas políticas dejando en el estado terrorista la respon- sabilidad del agotamiento de esa opción’ “ (subra- yados del autor, negrillas mías). En este argumento no se tuvo en cuenta que dicho Pleno tuvo lugar hace más de doce años cuando, debido a los éxitos militares que cosecharon en el lapso 1996 – 98 (La Delicias, Patascoy, El Billar, Mitú etc..), las FARC se percibían a sí mismos como una especie de“estado naciente” que negociaba con uno “convaleciente” que además les había otorgado todo lo que exi- gieron para sentarse a conversar (despeje de cinco municipios etc…). Es decir, escribieron lo que cita el autor en circunstancias político-militares muy di- ferentes a las del presente. Es más, se soslayó de la cita de las FARC la parte en negrillas. Esto no quiere decir que durante las negociaciones esa guerrilla no vaya a seguir jugando ajedrez buscando el po- der político y que el Gobierno no deba pasar del póker al juego ciencia so pena de verse sorprendi- do; pero sí hay que poner en duda el argumento del autor quien, repito, sostiene que las FARC aún no tienen voluntad de ponerle fin al conflicto ar- mado. ¿Son conscientes de todo lo anterior los tomadores de decisión en el Estado? ¿Cuál de los escenarios de vislumbra como el más probable? ¿Partiendo de dichas premisas se están diseñando al menos bo- rradores de las estrategias para llegar al post-con- flicto? ¿Con que cuota de poder se conformarían las FARC? ¿Cuál cuota está dispuesto a permitir el Estado? ¿los colombianos? Estas y otras preguntas quedan pendientes de respuesta para un futuro análisis del naciente Centro de Análisis Estratégico (CAE) de la Corporación Pensamiento Siglo XXI. Bogotá D.C. 1 de mayo de 2013. Coronel (R) Carlos Alfonso Velásquez R. Corporación Pensamiento Siglo XXI Centro de Análisis Estratégico. 4
  5. 5. INTRODUCCIÓN La seguridad es un elemento decisivo para el buen funcionamiento del Estado de Derecho. Colombia presenta unos problemas en diversos aspectos que disminuyen la calidad de vida y deteriora el clima de negocios, haciendo a su vez que la informalidad sea una gran aliada de las diversas manifestaciones de violencia y terror que se presentan en nuestra sociedad. El presente Paper, que se construye a partir de una iniciativa de la Corporación Pensamiento Siglo XXI y su Centro de Análisis Estratégico – CAE, el cual preguntó que pasa con la FARC y los diálogos con el gobierno desde una perspectiva de futuro. Es por ello que hemos estructurado en este peque- ño documento tres escenarios o si lo prefieren, tres marcos de análisis en los cuales se abordan temas y escenarios en los cuales los exguerrileros y la so- ciedad colombiana pueden asumir, como parte de un proceso integrador, que es mucho más amplio y de mayores alcances que los propuestos en este documento, sin desconocer que se ha pretendido lograr una análisis estructural de temas claves para los estudios en seguridad. En sintesis es documento consta de tres partes, una en la cual se aprecia posibles escenarios de pos- conflicto, (bajo el entendido de un acuerdo de Paz del Gobierno de Santos y las FARC), un segundo capitulo que hace una mirada a la seguridad ciuda- dana y sus implicaciones en una eventual paz.Y Por último se presenta posibles rutas de acción de las FARC, dentro de sus estrategias políticas y militares que permitan dilusidar hechos y efectos a partir de sus lineas estratégicas, en ralación con el actual proceso de paz. Esperamos que el lector encuntre una mirada di- fernte, precisa, pero propositiva de lo que puede ser la seguridad en Colombia en un escenario de posconflicto. I. DE LOS ESCENARIOS INTERNOS EN UN EVENTUAL POST-CONFLICTO 1. Terminación del conflicto y bacrimización de estructuras armadas de las FARC Parte del temor gubernamental de la academia y de la población en general se remite a la posibilidad inminente de que algunas estructuras del grupo ar- mado ilegal, tras la terminación oficial del conflicto, presenten una mutación hacia el fenómeno cono- cido como Bandas Criminales o BACRIM. ESCENARIOS PROSPECTIVOS DE LA SEGURIDAD EN COLOMBIA FRENTE AL PROCESO DE PAZ - Aproximaciones - Autores: Camilo Parada Ruiz @cparadaruiz Investigador Centro de Investigación en Guerra Asimétrica Jhon Anzola Morales @metropolisDC Investigador Fundación Ideas para la Paz German Sahid Garnica @GermanSahid Profesor Universidad del Rosario 5
  6. 6. 6 El desarrollo del narcotráfico como dinámica eco- nómica y la instauración de todo el proceso pro- ductivo y de distribución que se presentó en el país a partir de los años 70, más la inoperancia por parte del Estado para controlar dicho negocio, hizo de este un caldo de cultivo ideal en la construcción de riquezas inimaginables sostenidas en un pivote basado en la infiltración de la política y la construc- ción de estructuras armadas. La constitución de carteles organizados a la luz de este negocio, construyó una mutante manera de delinquir, donde factores sociales propios del tercer mundo (pobreza, marginalidad política, ex- clusión social) alimentaban los índices de crimina- lidad y la tendencia a enriquecerse por fuera de la legalidad. Con la destrucción de los visibles y anacrónicos carteles, el fenómeno del narcotráfico tomó dos caminos distintos. Por un lado, antiguos narcotra- ficantes menores, herederos de los carteles, com- prendieron que el negocio podía ser más rentable y menos peligroso si adquirían una visibilidad me- nor y una capacidad mayor de infiltración de au- toridades e instituciones locales, que les permitiría un control del micro-tráfico y la consolidación de las redes económicas provenientes del negocio. Por el otro, ciertos frentes de las FARC estaban ubi- cados geográficamente en zonas donde era posi- ble realizar todo el proceso productivo del alcaloi- de (Frentes 1, 6, 7 y 27) y tomar el negocio como parte de financiación de la máquina militar que requerían para combatir a los sistemas de defensa del Estado. Vale la pena aclarar que estas dinámicas no son ex- cluyentes, ya que en algunas zonas del país existen Bandas Criminales que conviven y cohabitan con estructuras de las FARC, como sucede en el noroc- cidente antioqueño con el Frente 58 o en la fron- tera con Panamá donde el 57 convive con redes criminales de Los urabeños. La inserción de las nuevas dinámicas en el esce- nario del crimen organizado internacional es otro elemento a analizar. Redes criminales provenien- tes de Brasil o México serían auspiciadoras de esta nueva mutación de las estructuras guerrilleras; es más, en algunas regiones del país (Catatumbo) ya hay indicios de dicha transformación: estructuras armadas de las FARC, el ELN y del antiguo Bloque Catatumbo de las Autodefensas, se han organizado como red de producción y distribución de la droga. Viendoelpanoramaconestaslucesdeaproximación, se puede proyectar la constante y latente posibilidad de la construcción de Bandas Criminales financiadas por quienes controlan la producción y distribución de alcaloides, de donde surge la enorme preocupa- ción por la legalización de la droga en el país. 2. Estructuras Políticas de las FARC e inserción dentro del Sistema político Dentro del proceso de paz vigente en La Habana, un punto de discusión central es la posibilidad de que los militantes de las FARC ingresen al sistema político según la dinámica de la elegibilidad. Frente a esta coyuntura, es necesario hacer un paréntesis sobre la organización política insurgente. Las FARC son concebidas por ellas mismas como una organización político-militar que mediante la combinación de todas las formas de lucha y la gue- rra popular prolongada, puedan alcanzar el poder político y desmontar el régimen oligárquico. Para ello, tienen toda una organización política que pretenden legitimar sus acciones armadas deriva- das de la causa insurgente. Dicha organización tie- ne un alcance tanto externo (Cominter, Comisión Internacional) que busca el apoyo internacional a la causa subversiva, como interno (PC3, Partido Co- munista Colombiano Clandestino) que pretende en teoría, acompañar las prácticas militares y actos terroristas desde la lógica de la causa insurgente. En su estructura piramidal, se deriva hacia la pobla- ción el alcance de las compañías políticas de cada estructura o Frente a partir de una jefatura zonal, que termina llegando a la sociedad civil en su juris-
  7. 7. 7 dicción delictiva por medio de las milicias que jue- gan un papel legitimador de la misma estructura y en ocasiones, de administrador de justicia en dichas zonas. Bajo esta lógica, se vislumbra en algunas regiones del país, cómo funcionaría la cuestión política. Hay diversos cuestionamientos de la opinión pública y de los opositores del proceso, ante la posibilidad que los miembros de la guerrilla pudieran ser ele- gidos a corporaciones de nivel municipal, regional o nacional. El dilema se enmarca en la inserción de los guerrilleros en el sistema político democrático como salida a su ejercicio militar y terrorista, legiti- mando la acción subversiva como mecanismo de acceso a este. Pero observando las dinámicas históricas respecto a la cuestión territorial y el acceso del Estado como institución reguladora de la vida social de ciudada- nos por medio del uso de la fuerza legítima, se evi- dencia que dicho ejercicio se ha quedado corto. Es por esto que la cuestión política territorial toma un particular sentido en un escenario de postconflic- to. Es allí donde el ejercicio político realizado por las estructuras descritas anteriormente toma parti- cular importancia. La dicotomía legal-ilegal del ejercicio político de las estructuras también podría ser vista desde la visión normativo-real-práctica. Es decir, gran parte del problema en sí, es incorporar en la legalidad y a los procedimientos del mismo orden, un ejercicio que en la práctica ya vienen haciendo en algunas zonas del país hace décadas. La legitimación del proceso y la inserción de dicho ejercicio, se hacen imperativas como resultado esperado del proceso. Esta inclusión normativa, además del acompañamiento político nacional de movimientos como Marcha Patriótica (cuya bandera es de reivindicación social de campe- sinos, trabajadores y movimientos regionales) deno- ta una estrategia municipal, regional y nacional. Se espera también, como parte del proceso de in- clusión a las dinámicas de la legalidad de los proce- dimientos prácticos que hace la insurgencia en zo- nas controladas por ellos, que sean acompañados por las Organizaciones No Gubernamentales que han sido parte de la estrategia de guerra política frente a los organismos de seguridad del Estado. Así, dichas ONGs actuarían como articuladoras en- tre la nueva condición de las compañías políticas antes ilegales, el sistema internacional y la pobla- ción civil. 3. Institucionalidad e Imaginarios políticos El gran reto que conllevaría el proceso de paz y la posible dejación de armas por parte de la guerri- lla de las FARC es la deconstrucción del imaginario colectivo sobre este grupo armado y la transforma- ción del ejercicio constructor de institucionalidad. Cuando se describe el proceso histórico de cons- trucción de institucionalidad republicana, se apela casi que de manera sistemática a un centralismo político, unos partidos políticos que sean fuertes canalizadores de las demandas poblacionales y una institucionalidad débil en su ejercicio práctico en regiones apartadas. Fue así como se construyó técnicamente una ten- sión respecto a dicha institucionalidad; por un lado, un centro creyente de la legalidad, de los procedi- mientos normativos derivados de una modernidad occidental; y por otro lado, una periferia lejana de dichos procedimientos donde la institucionalidad se construía a partir de interacciones sociales ba- sadas en el uso de la fuerza y de la justicia según intereses privados constituidos en dicho espacio topográfico. Entonces, lo normativo se excluye en sí mismo dando paso a un control territorial basa- do en procedimientos lejanos de la racionalidad instrumental de la norma. Estos dos países, herederos de una dinámica colo- nial sin una transición clara a la institucionalidad republicana, acrecentaron la tensión centro-perife- ria, sociedad rural-sociedad urbana que desvinculó la idea de un Estado-Nacional con una relación en- tre el constituyente primario y la toma de decisio- nes públicas.
  8. 8. 8 La pregunta central derivada de esta descripción es cómo construir institucionalidad con las ten- siones planteadas. Todo parecería indicar que una respuesta federalizada a la cuestión de la tierra y el control político-institucional de ella, daría aparen- temente una solución a la tensión planteada, sin otorgar a esta alternativa un juicio valorativo. La petición de las FARC para renovar el catastro rural, el planteamiento de la necesidad de una autonomía territorial campesina, el ambiente po- lítico de la legalización de la droga y el salto a un estado federado regional, como contemplan los académicos, otorgaría luces a este escenario post- negociaciones. La autonomía territorial derivada de los diálogos permitiría en unas regiones del país articular para las FARC una institucionalidad tácita en un marco de legalidad, generando nuevas construcciones imaginarias sobre la causa política de su lucha por más de 60 años, olvidando de tajo, las víctimas de este proceso subversivo. El movimiento Marcha Patriótica sirve como punta de lanza de la construcción de los nuevos imagi- narios. El elemento discursivo basado en la cate- goría de la reivindicación de derechos colectivos, es inherente a la misión de la democracia liberal; la inclusión de eticidades (en términos de Rawls) antes excluidas, genera mayor legitimidad y ampli- tud a un sistema político antes cerrado y estático. Como se observa, en este escenario“todos ganan”: el sistema democrático, el Gobierno, las FARC, “los excluidos”y la aparente institucionalidad construi- da como resultado de un proceso de paz. 4. Construcción de nuevos paradigmas de subversión en áreas determinadas. Uno de los elementos problémicos que presenta el escenario de post-conflicto es la consolidación del ejercicio de la fuerza en un territorio determinado. Por décadas, la lógica de defensa del Estado colom- biano ha estado direccionada hacia su interior. Las amenazas de este se han configurado como facto- res subversivos o de inestabilidad al statu-quo. En un posible escenario de post-conflicto, se pre- sentaría una translocalización de la amenaza y por ende, de los esfuerzos de los organismos de segu- ridad del Estado a un blanco externo y a la Inteli- gencia estratégica. La consolidación del proceso de paz no se presen- ta como un asunto netamente legal. Las dinámicas de violencia que históricamente ha presentado el país, reversarían inmediatamente un proceso de inclusión real de la subversión en la vida legal, ya que en la cultura de muchos de sus miembros, existe una construcción valorativa de principios éticos por fuera de la misma legalidad, lo que en un caso provocaría la construcción de reductos guerrilleros en un espacio controlado por sus an- tiguos camaradas. En otros términos, estructuras que han sacado provecho de la ilegalidad, podrían construir movimientos subversivos en zonas de control (ahora legal) de estructuras otrora ilegales. Por esto se hace importante el acompañamiento y la consolidación del proceso a partir de la inte- gralidad de procesos estatales inexistentes hasta ahora. 5. Estratagema política dentro de la combi- nación de las formas de lucha Una de las hipótesis más consensuadas en el ámbi- to de los analistas de las FARC como organización político-militar, es analizar el proceso de paz como medio y no como fin de su lucha subversiva. El proceso histórico de las FARC llevaría a pensar dentro de este escenario, en la posibilidad de en- caminar los procesos de diálogo como una estrate- gia que conlleva tres puntos esenciales: La visibilidad y legitimación en el escenario internacional como grupo subversivo que encarna la voluntad de un pueblo sometido y explotado. La reconfiguración en el teatro de operacio- nes que le permite reconstituirse y reorgani- zar sus estructuras militares y políticas.
  9. 9. 9 La posibilidad de establecer sus demandas en una Asamblea Nacional Constituyente como parte de la guerra popular prolongada sin de- jación de armas, disminuyendo la voluntad de lucha de los miembros de los organismos de seguridad del Estado. Estas posibilidades se enmarcan dentro de los pla- nes estratégicos que las FARC han ido modificando y adaptando a cada uno de los momentos del con- flicto que se les han presentado. Narcotráfico y Post-conflicto Capítulo aparte merece este tema dentro del análi- sis de un escenario real de Post-conflicto. Cabe re- cordar que el fenómeno del narcotráfico es multi- causal y que involucra enormes capas poblaciona- les que, en algunos casos, hacen parte de su modus vivendi como práctica legitimada en su entorno social, lo que cataloga este negocio como un pro- blema que va más allá de lo netamente económico en un marco de legalidad. En algunas zonas del país (la mayoría remotas, con población indígena y sin presencia real del Estado) el narcotráfico ha encontrado el caldo de cultivo propicio para establecer redes completas de pro- ducción y distribución del alcaloide. Las FARC entendieron la rentabilidad que genera el negocio del narcotráfico y la ventaja comparativa en términos de legitimidad al usar este mecanismo (clandestino y alejado) y no otros mecanismos de financiación como el secuestro o la extorsión para financiar su lucha armada. La consolidación territorial de algunas estructuras armadas (Frente 7 en la ribera del Río Guayabero –Guaviare- y el Frente 6 en el Cauca, por citar dos ejemplos específicos) puede evidenciar la proble- mática citada anteriormente. Estas dos estructuras poseen características similares: Control territorial, sofisticada y eficiente red de milicias, construcción y promulgación de leyes y sanciones, control de la violencia y efectivo control del negocio del narco- tráfico. En estas dos zonas, la siembra y recolección de la hoja de coca y la producción química de la misma establecen relaciones económicas entre sus habi- tantes, siendo reguladas por la estructura subver- siva, lo que determina el accionar de la región y su movilidad con base en un negocio ilícito. Viendo esta lógica, el panorama prospectivo res- pecto al narcotráfico, se visualiza desde la posibili- dad del control legal-territorial por parte de las es- tructuras desmovilizadas legalmente constituidas, con autonomía total administrativa y excluyendo la posibilidad del ingreso a estas zonas de la fuer- za pública o de cualquier organismo de control del Estado. El otro escenario se vislumbra dentro de la posibilidad de la legalización de la droga, lo que generaría una lógica distinta respecto al negocio. II. SEGURIDAD CIUDADANA EN COLOMBIA: RETOS Y PERSPECTIVAS EN UN ESCENARIO DE POST-CONFLICTO Enelaño2002elpaísseenfrentabaaunadelaspeo- res crisis políticas, económicas e institucionales de su historia. El fracaso del proceso de diálogo lleva- do a cabo en el Caguán (Caquetá) por el presidente Andrés Pastrana (1998-2002) con las Fuerzas Arma- das Revolucionarias de Colombia (FARC) –el grupo guerrillero más antiguo y fuerte del país-, minó la confianza de la ciudadanía, no solo en el gobierno nacional sino también en sus Fuerzas Militares. Adi- cionalmente, los grupos de autodefensas se habían fortalecido y estaban en un proceso de expansión territorial y política que tuvo el beneplácito de im- portantes círculos de poder nacional y local. Para este año, la tasa de homicidios en Colom- bia era de 69 por cada 100 mil habitantes (28.837 casos)1 y según el Ministerio de Defensa Nacional 1 Fuente: Ministerio de Defensa Nacional (2010).
  10. 10. 10 se cometieron 680 masacres,2 se reportaron 1.708 secuestros extorsivos (698 de ellos en retenes ilega- les o ‘pescas milagrosas’) y 1.645 actos de terroris- mo.3 La Fuerza Pública tenía un total 313.406 efec- tivos, las FARC sumaban 18 mil hombres alzados en armas, se presentaron 209 ataques a municipios y se estimaba que en el territorio nacional se encon- traban sembradas 102.071 hectáreas de coca.4 Las condiciones anteriormente descritas conduje- ron a que incluso el país llegara a ser catalogado como un Estado fallido, sensación que compartían los colombianos, decepcionados por el malogra- do proceso de paz, por la crisis económica y por la intensificación de un conflicto armado interno cada vez más degradado, que cobraba más vidas y afectaba a millones de personas, tanto en el cam- po como en la ciudades. No obstante, al final de la administración Pastrana, el Estado colombiano por medio del Plan Colombia había sentado las bases para el fortalecimiento y la modernización de sus Fuerzas Armadas y de Policía. En lo referente a los delitos contra la vida, la inte- gridad personal y el patrimonio, las cifras daban 2 Son aquellos hechos en los cuales resultan muertos cuatro (4) o más personas; no se contabilizan aque- llos casos en donde por acción de la Fuerza Pública, en cumplimiento de su deber constitucional, resultan muertos cuatro (4) o más delincuentes; tampoco se tie- nen en cuenta las víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública cuando exceden de cuatro (4). Para que sea catalogado como homicidio colectivo, se requiere que el ilícito sea cometido en el mismo lugar, a la misma hora, por los mismos autores y en personas en esta- do de indefensión. Estos hechos no son contabilizados como actos terroristas. Ministerio de Defensa Nacional (2010). 3 - ción de provocar o mantener en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad físi- medios de comunicación, transporte, procesamiento o de medios capaces de causar estragos. Ídem. 4 Fuente: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – SIMCI. cuenta que para 2002 -además de la tasa de ho- micidio ya mencionada-, en el país se presenta- ron 107.387 casos de lesiones personales, 33.431 hurtos a personas, 16.093 hurtos a hogares, 11.984 hurtos a establecimientos comerciales, 17.303 ca- sos de hurto de automotores (vehículos) y 12.974 hurtos de motos.5 1. Álvaro Uribe y la Política de Defensa y Segu- ridad Democrática (2003 – 2010) Este escenario propició las condiciones para que Álvaro UribeVélez alcanzara la victoria en la prime- ra vuelta de las elecciones presidenciales de 2002, cimentando su campaña principalmente en la promesa de derrotar militarmente a los grupos ar- mados ilegales (especialmente a las FARC). Para tal fin, a partir del año 2003 el gobierno de Uribe Vé- lez implementó la Política de Defensa y Seguridad Democrática, cuyo objetivo principal era “reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el terri- torio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la par- ticipación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común”.6 Según este documento, la se- guridad fue definida como“(…) el bien común por excelencia de toda la sociedad (…), la protección del ciudadano y de la democracia por parte del Es- tado, con la cooperación solidaria y el compromiso de toda la sociedad”. La política de seguridad democrática estableció como sus pilares fundamentales: (i.) la protección de los derechos de todos los ciudadanos, (ii.) la protección de los valores, la pluralidad y las institu- ciones democráticas y (iii.) la solidaridad y la coo- peración de toda la ciudadanía en defensa de los valores democráticos. De igual forma, se identifi- caron como principales amenazas para el país y la 5 Fuente: Observatorio del Delito de la DIJIN - Policía Nacional 6 Presidencia de la República - Ministerio de Defensa Nacional (2003). Política de Defensa y Seguridad De- mocrática. Bogotá D.C.
  11. 11. 11 ciudadanía en general: (i.) el terrorismo, (ii.) el ne- gocio de las drogas ilícitas, (iii.) las finanzas ilícitas, (iv.) el tráfico de armas, municiones y explosivos, (v.) el secuestro y la extorsión, y (vi.) el homicidio.7 Su implementación durante los ocho años de go- bierno de Uribe (2002-2010) presentó resultados exitosos, particularmente frente a la lucha contra los grupos armados ilegales. De esta manera, para 2010 el país evidenció un descenso en la tasa de homicidios, ubicándose en 34.9 por cada 100 mil habitantes (15.459 casos). También se registraron 184 masacres (reducción del 73%), 188 secuestros extorsivos (solo uno de ellos en retenes ilegales; re- ducción del 89%) y 471 actos de terrorismo (reduc- ción del 71%). En cuanto al pie de fuerza, se pasó a contar con 435.367 efectivos (Fuerzas Militares y Policía Nacional), las FARC pasaron a tener cerca de 8 mil hombres, se redujeron a tan solo cinco los ataques a municipios, y las hectáreas sembradas con coca disminuyeron a 68.025.8 A pesar de lo anterior, la política de seguridad de- mocrática se formuló y ejecutó, principalmente, para darle respuesta a los desafíos que suponían para el gobierno las acciones de los grupos arma- dos ilegales en el marco del conflicto armado. En Colombia, tradicionalmente la política de segu- ridad ciudadana estuvo ligada a la política de se- guridad nacional. Aunque esta situación cambió luego de la Constitución Política de 1991, cuando los mandatarios locales asumieron el rol de prime- ra autoridad de policía de sus territorios, hasta el momento no se implementaron estrategias que permitan establecer el impacto real que el conflic- to armado tiene sobre la situación de seguridad de las ciudades. Es el caso de los desmovilizados y de los despla- zados, sobre quienes existe una estigmatización social como fuentes de violencia en las ciudades, aunque nunca se han desarrollado estudios serios que permitan determinar cuántos de ellos y de 7 Ibíd. P. 24 8 Fuente: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – SIMCI. qué manera terminan involucrados en la comisión de delitos en las áreas urbanas. Durante el gobierno Uribe, las políticas de seguri- dad ciudadana en los centros urbanos estuvieron definidas esencialmente, por la Policía Nacional y los gobiernos locales, quienes obtuvieron resulta- dos importantes –como en el caso de Bogotá- en la reducción de los principales indicadores de delitos contra la vida y el patrimonio, los cuales no estaban necesariamente relacionados con las dinámicas del conflicto armado interno. Al final del segundo periodo presidencial de Uribe, en los delitos contra la vida y el patrimonio solo se apreciaron reducciones en la tasa de homicidios –que pasó de 69 a 34.9 por cada 100 mil habitan- tes, debido en buena parte a la desmovilización y neutralización de miembros de los grupos armados ilegales- y en el hurto de automotores (8.049 casos, reducción del 53.5%); en los demás indicadores se registró una tendencia al alza. Para el año 2010, en Colombia se presentaron 145.184 casos de lesiones personales (incremento del 35.2% con respecto a 2002), 61.069 hurtos a personas (+82.7%), 17.242 hurtos a residencias (+7.1%), 12.918 hurtos a esta- blecimientos comerciales (+7.8%) y 13.177 hurtos de motos (+1.6%). Es importante señalar el impacto que tuvo sobre las cifras de seguridad ciudadana el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el año 2005. La Agencia Co- lombiana para la Reintegración (ACR) estima que para 2010, el total de integrantes de este grupo pa- ramilitar que dejaron las armas alcanzó la cifra de 33.542 personas.9 No obstante, este proceso gene- ró nuevos desafíos para la seguridad en Colombia, debido a que muchos de ellos reincidieron en actos delictivos –por lo general asociados al narcotráfico- y otros no completaron el proceso de reinserción y terminaron enlistándose en la nueva expresión del 9 http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/des- movilizados/ARCHIVO/ARCHIVO-12224321-0.pdf
  12. 12. 12 paramilitarismo, como lo son las Bandas Crimina- les (BACRIM). El caso de los desmovilizados de las AUC eviden- cia cómo la política de seguridad democrática enfatizó su accionar en el combate de los grupos armados ilegales pero no contempló medidas de carácter nacional relacionadas con la seguridad en las ciudades y tampoco los efectos que sobre ellas podrían tener las dinámicas asociadas al conflicto armado interno (desmovilizaciones, nuevos gru- pos criminales,‘Know How’). 2. El gobierno Santos y la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (2010) Pocos meses después de su elección, la adminis- tración del presidente Juan Manuel Santos creó la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, cuyo principal objetivo es “definir una estrategia integral para combatir los delitos que más afectan a los colombianos en las principales ciudades, y que atentan contra su vida y su patrimonio”.10 De esta manera, los temas que involucran la vio- lencia y los delitos en las áreas urbanas del país, empezaron a tener un manejo independiente de las dinámicas del conflicto armado –sin perjuicio de las relaciones que pueden generarse en estos ámbitos, -por ejemplo en el caso del narcotráfico-, que los analiza y enfrenta desde la perspectiva de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC), herramienta de política públi- ca formulada para tramitar estas clases de conflic- tos sociales. Mediante esta política, el gobierno de Santos busca intervenir en la seguridad ciudadana des- de cinco ejes estratégicos: (i.) prevención social y situacional, (ii.) presencia y control policial, y justi- 10 http://wsp.presidencia.gov.co/seguridad-ciudadana/ consejeria/paginas/consejeria.aspx cia; (iii.) víctimas y resocialización, (iv.) cultura de la legalidad y convivencia, y (v.) ciudadanía activa y responsable. Adicionalmente, se establecieron dos ejes transversales, el primero de los cuales se de- nomina Sistemas de información y estudio de las políticas públicas, y el segundo, Desarrollos nor- mativos.11 La prevención social se establece desde la pers- pectiva que resulta menos costoso para la socie- dad colombiana prevenir que rehabilitar. En el as- pecto situacional, se contempla la importancia de tener espacios físicos adecuados que incidan en la reducción de las probabilidades de ocurrencia de un crimen –inspirada en la teoría de las ventanas rotas-. En lo relacionado con la presencia y control policial, la política se centra en la necesidad de me- jorar la comunicación entre la Policía Nacional y la ciudadanía, focalizando su actividad en las zonas más críticas de ocurrencia de delitos, en articula- ción con los objetivos del Plan Nacional de Vigilan- cia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC). El eje de justicia, víctimas y resocialización busca el fortalecimiento de los sistemas penales para adultos y para adolescentes, enfatizando en la importancia de diferenciar el trato que tienen los adolescentes que cometen delitos, en función de su edad, gravedad, reincidencia y conducta. Por úl- timo, el eje de cultura de la legalidad y ciudadanía activa y responsable, promueve el respeto de las normas, la autorregulación de los ciudadanos y su participación activa en la prevención del delito, así como el mejoramiento de los niveles de denuncia e intercambio de información, con el objetivo de generar óptimas condiciones de convivencia y se- guridad ciudadana. En noviembre de 2012, el gobierno de Juan Ma- nuel Santos inició un proceso de diálogo con las FARC en La Habana (Cuba), con el objetivo de ponerle fin a casi cincuenta años de conflicto. La agenda que se pactó contiene cinco temas funda- mentales –que se dividen, a su vez, en subtemas-, 11 Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP).
  13. 13. 13 los cuales son: (i.) Política de desarrollo agrario in- tegral, (ii.) Participación política, (iii.) Fin del conflic- to, (iv.) Solución al problema de las drogas ilícitas y (v.) Víctimas y verdad. Aunque los aspectos de seguridad ciudadana no se contemplen –de hecho, no es el escenario para tratarlos-, es indiscutible que, en una etapa de postconflicto, muchos de los acuerdos que se lo- gren en la mesa deben encontrar soporte en políti- cas públicas que los consoliden. Tal es el caso de la política de seguridad ciudadana, un tema invisible hasta el momento, pero que al ser observada con detalle, se relaciona directamente con cada uno de los puntos de la agenda. Una adecuada y equilibrada política de seguridad se convertirá en una herramienta fundamental para la consolidación de un hipotético escenario de postconflicto. Por tal motivo, a continuación se examinan algunos aspectos que pueden conside- rarse como los desafíos que la política deberá sor- tear en su formulación e implementación. 3. Retos y perspectivas de la seguridad ciuda- dana en un escenario de postconflicto Ante el escenario planteado por el incipiente pro- ceso de paz que se lleva a cabo con las FARC, es preponderante que en una situación de postcon- flicto se integren las lecciones aprendidas de an- teriores procesos de desmovilización –como es el caso de las AUC- con los avances y planteamien- tos de la PNSCC. De esta forma, será posible que el Estado tenga las herramientas para prevenir un aumento en los niveles de delincuencia en el país, particularmente en las ciudades, y no repetir expe- riencias como las acontecidas en algunos países centroamericanos después de los procesos de paz que allí tuvieron lugar. Por tal motivo, los retos y perspectivas en materia de seguridad ciudadana que subyacen a una hipo- tética solución del conflicto armado en Colombia, deben involucrar componentes de desmoviliza- ción y reinserción articulados con las estrategias de la PNSCC, la cual debe ser reformulada, de ser necesario. En el componente de desmovilización y reinser- ción12 se deben tener elementos generales como el apoyo político en la planeación, ejecución y eva- luación del proceso, y la flexibilidad para contem- plar diferentes variables que ocurran durante el proceso y puedan afectarlo. El fracaso de una política de desmovilización y reinserción se reflejará en nuevas y graves moda- lidades de violencia política, social y criminal de mayor impacto social a mediano plazo y con más elevados costos para el conjunto de la sociedad colombiana. Para evitarlo, se debe dar un carácter estratégico a la reintegración de los excombatien- tes. Por ello, debe promoverse la aceptación de la sociedad, principalmente a través del equilibrio entre la reconciliación y los derechos a la verdad, justicia y reparación. Algunos desmovilizados que desean salir de la guerra requieren educación y capacitación para vincularse al mercado laboral o para crear una acti- vidad económica independiente. También debería contemplarse la posibilidad de involucrarlos en ac- tividades de seguridad ciudadana como serían una policía cívica, comunitaria o una guardia rural. Sin minimizar la responsabilidad del Estado, es preciso darle un papel importante a la familia en el proceso de reinserción porque en algunos casos el núcleo familiar también se enfrenta a un proceso de reinserción (por seguridad o por rechazo de la comunidad receptora). La seguridad es pieza clave de cualquier proceso de desmovilización y reinser- ción, debe comprometer todos los organismos del Estado e incluir sistemas de inteligencia, alerta y reacción que les garantice la vida. 12 Este apartado se fundamenta en el Documento de Polí- escrito por Alejo Vargas y Rocío Rubio. Editado por la Fundación Social y FESCOL, febrero de 2004.
  14. 14. 14 Por último, para una ejecución exitosa de este com- ponente es fundamental el diseño de un sistema de monitoreo de la política –probablemente con actores internacionales- para identificar los obstá- culos y formular recomendaciones puntuales para superarlos. En los anteriores puntos se encuentran algunos elementos que pueden articularse con los planteamientos de la PNSCC. En el componente de seguridad y convivencia ciudadana, es menester partir de un enfoque di- ferencial que facilite la reintegración de los excom- batientes y fortalezca las instancias nacionales y locales involucradas en la materia, la participación de la comunidad y la capacidad operativa de la fuerza pública. En vista de lo anterior, es pertinente que el gobierno nacional tenga en cuenta algunas experiencias adquiridas en la implementación de políticas con este enfoque. En este sentido, los nuevos programas y proyectos en materia de seguridad deben propender por de- finir un“perímetro”con problemáticas puntuales a intervenir, evitando que sea un ámbito de injeren- cia demasiado amplio, pues esto dispersa los recur- sos (humanos, técnicos y financieros) y minimiza la efectividad de las políticas públicas. De igual for- ma, estos deben contener, desde su formulación, herramientas metodológicas (indicadores, metas) que permitan establecer con certeza su alcance y el cumplimiento de los objetivos que se plantean. También deben diseñarse las herramientas meto- dológicas para determinar la incidencia de los pro- gramas de tipo social sobre la seguridad ciudada- na. Téngase en cuenta que no hay investigaciones ni líneas de base que permitan establecer esta cla- se de relaciones. Por este motivo, debe recopilar- se información que permita establecer -mediante criterios metodológicos consistentes-, la real in- cidencia de la reintegración en el deterioro de la seguridad. De igual manera, es fundamental promover que los ciudadanos denuncien los delitos de los que son víctimas. En la actualidad, los niveles de de- nuncia son muy bajos, lo cual repercute en que las cifras de delitos que se llevan por parte de las au- toridades y las entidades distritales, presenten un alto subregistro. El escenario de postconflicto en Colombia exige del gobierno nacional y de los gobiernos locales, adecuar una estructura institucional que permita acoger a los excombatientes en la sociedad, prove- yéndoles de las herramientas necesarias para una adecuada reintegración. Pero estas deben comple- mentarse con políticas que permitan mitigar los posibles impactos que este proceso tenga sobre la seguridad y la convivencia ciudadana. Son muchas las experiencias a nivel nacional e internacional de las cuales se puede aprender. La cuestión primor- dial es articular y encontrar un equilibrio entre las políticas de desmovilización y las de seguridad, que permitan consolidar la paz, más allá de la fina- lización del conflicto. III. ESCENARIOS ESTRATÉGICOS DE LAS FARC DESDE SUS DOCUMENTOS RECTORES El grupo insurgente Farc-Ep construye su estrate- gia político-militar con base en la séptima confe- rencia nacional guerrillera realizada en Cubaral, Meta en Mayo de 1982. En dicho evento el grupo define su estrategia militar en la implementación de la guerra popular prolongada de Mao Tse Tung. Dicho planteamiento militar no busca la imple- mentación de una guerrilla sino el largo proceso de construcción de un ejército revolucionario que eventualmente remplace las Fueras Militares legal- mente constituidas. En dicha conferencia, el Estado Mayor de las Farc decide que el propósito de la organización es la toma del poder mediante el esfuerzo militar pero sobre todo político otorgándole valores del 30% y 70% respectivamente. De la misma manera se de- cide que el esfuerzo militar debe ser contundente con el fin de obligar a negociar al gobierno para la consecución de una paralización de operaciones de las Fuerzas Militares, crear un falso ambiente de paz y buscar el co-gobierno.
  15. 15. 15 En abril de 1993 se realiza la octava conferencia nacional guerrillera donde la organización guerrillera decide priorizar al trabajo político y clandestinizar el 70% mencionado con ante- rioridad. En ese orden de ideas, las Farc deter- mina la institucionalización hacia adentro de: Las milicias bolivarianas (rurales) y las milicias populares (urbanas) encargadas de realizar la inteligencia y planear las estratagemas para volver más eficiente el esfuerzo militar. El Partido Comunista Colombiano Clandesti- no con la función de: realizar la Inteligencia estratégica, la penetración e infiltración en el Estado, la dirección del Movimiento Boliva- riano, el diseño de propuestas políticas y la búsqueda de la conformación de un consejo patriótico. Movimiento Bolivariano que es el encargado de conformar el movimiento de masas para el partido una vez este salga de la clandestini- dad. Cabe mencionar que durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez tanto el esfuerzo militar como el político fueron diezmados. Sin em- bargo, las Farc como organización no tienen pre- mura en el tiempo en virtud de la guerra popular prolongada. Una vez el cabecilla “Alfonso Cano” toma el control de la organización en comunica- ción con los otros miembros del secretariado de las Farc realiza un diagnostico e identifica varias vulnerabilidades en la organización por: Por primera vez los encuadrillados pierden la perspectiva de la victoria por la desmoraliza- ción creciente y la presión militar sostenida. La pérdida de capacidad ofensiva, el bloqueo del apoyo logístico y la precaria subsistencia. Pérdida del control del centro de despliegue estratégico (cordillera oriental) y Pérdida de territorialidad. Ruptura del sistema de comando y control; la línea media de mando se encuentra fractura- da por el incremento de capturas y desercio- nes, haciendo difícil la comunicación entre miembros del Secretariado. Debilitamiento del acumulado estratégico por la obtención por parte del Estado de informa- ción privilegiada de las relaciones con actores, elite política y gobiernos extranjeros. De acuerdo a lo anterior el cabecilla Cano imple- mente un nuevo plan denominado“Renacer Revo- lucionario de las Masas”, vigente a 2013, que puede definirse como una estrategia basada en la aplica- ción continua de la guerra de guerrillas y el trabajo organizativo de masas para neutralizar el plan de campaña del ejército y afectar la institucionalidad del Estado. En ese sentido se plantean dos líneas de acción: una en el plano estratégico y otra en el táctico y cada uno con una serie de elementos que la configuran. En el plano estratégico se pretende adquirir armas estratégicas (misiles anti aéreos), ganarse el apoyo político de personalidades públicas, mejorar las relaciones con el ELN (inclusive buscando fusio- narse), y fortalecer el Movimiento Bolivariano y el Partido Comunista Colombiano Clandestino. En el plano táctico se busca el incremento de campos minados, uno de francotiradores, guerra de guerri- llas, acciones tipo comando y de resonancia mediá- tica, el fortalecimiento de las milicias, el aumento de los cursos para explosivistas, la retoma de Cun- dinamarca y el incremento de las infiltraciones en las Fuerzas Militares y de Policía. El fin último de esta estrategia político – militar es el de realizar una pausa en la guerra, con lo que se evita el desgaste de los combates conservando efectivos, acumulados y movilidad. La pausa les es de utilidad en la medida que permite en lo táctico evitar el aniquilamiento de frentes, fortalecer los frentes debilitados y evitar las desmovilizaciones colectivas. En lo estratégico la pausa ayuda a un re- planteamiento de la estrategia armada, el aumento
  16. 16. 16 del reclutamiento, nuevas medidas para evitar fu- gas y sobre todo, aumento en los golpes selecti- vos. Todo lo anterior para incrementar la moral re- volucionaria al interior de la organización y buscar nublar la opinión que se tiene sobre su capacidad armada. Además de lo anterior, el plan renacer pretende proyectar una falsa intención de paz, ofrecieron un proceso de diálogo bajo sus condiciones e incre- mentaron el activismo social - estudiantil a través del Movimiento Bolivariano y el Partido Comunista colombiano Clandestino. De la misma manera el secretariado decidió que dentro de su estrategia comunicativa iba a minimizar los ataques por los cuales son catalogados como terroristas. Es decir, minimizar las bajas civiles y maximizar los a las Fuerzas Militares y de Policía. Más importante aún es buscar la forma de insertarse en formas legales de la economía con el fin de dejar de ser llamados narcotraficantes, y el negocio de las drogas ilícitas es manejado en alianza con las Bacrin mediante el intercambio de armas por cocaína. Además del plan renacer, el Bloque Oriental de las Farc ha es- tructurado el plan 2010-2012 para la retoma de Cundinamarca con la reactivación de los siguien- tes frentes: Frente 22 desdoblado del Frente 1, de- linque en la Serranía de la Macarena. El 42 Frente comparte área de injerencia del Frente 40 (Mese- tas), el Frente 52 en el área de Brisas del Guayabero, el Frente 54, el Frente Esteban Ramírez desdoblado del Frente 1, el Frente Manuela Beltrán desdoblado del F-44, el Frente Policarpa Salavarrieta ubicado al sur del municipio de La Uribe, el FrenteVladimir Es- tiven y el Frente Reinaldo Cuellar, ubicado en elá- rea de Tomachipán (Guaviare). De manera que el análisis prospectivos del grupo armado Farc no debe basarse solo en el desarrollo de los diálogos de paz iniciados en La Habana sino en los planes desarrollados por el Secretariado y el Estado Mayor de la Organización. Existen algunos posibles “Escenarios Estratégicos” que pueden be- neficiar o afectar a cada una de las partes involu- cradas. Se trata de seis espacios, cada uno de los cuales cuenta con sus respectivos elementos: 1. Replanteamiento político, proceso de nego- ciación serio y desmovilización 2. Negociaciones de paz bajo viejos paráme- tros 3. Continuación de la“lucha armada”, repliegue estratégico y espera de las elecciones 4. Reinvención armada y fortalecimiento del trabajo político 5. Sorpresa estratégica Desintegración, pérdida de control y desmovi- lizaciones regionales El análisis debe partir sobre las unas consideracio- nes iniciales que a través de la contextualización resultan ser la estrategia del péndulo y el replie- gue estratégico. Por tal motivo, los tres principales retos de las FARC serían: Consolidar la dirección político-militar, Mantener el consenso interno y Evaluar y ajustar la estrategia política y armada. Lo anterior evidencia que la principal preocupación de las FARC es mantener su viabilidad como orga- nización política en armas. Existe un primer escenario que buscaría replan- teamiento político, proceso de negociación serio y desmovilización. En pocas palabras, significaría una situación favorable para el Gobierno y para las FARC, debido a que en ambas partes habría un cambio de percepciones, lo cual tendría algunas implicaciones. En este caso, las dificultades serían: desconfianza histórica en el“Establecimiento”, cul- tura política heredada de las lógicas de guerra fría, formación marxista dogmática y antidemocrática de sus cabecillas, auto-protagonismo, predominio de tendencias“militaristas”, autismo político y falta de opción y credibilidad política. El posible segundo escenario sería el de negocia- ciones bajo viejos parámetros, que resultaría des- favorable para el Estado, debido a que sería un mo- delo similar al del Caguán. En suma, estaríamos en presencia de una serie de elementos contradicto- rios con el Estado, como unas condiciones previas, reposicionamiento político y armado, etc.
  17. 17. 17 En un tercer escenario se observaría la continua- ción de la lucha armada bajo un repliegue estra- tégico, lo cual sería desfavorable para el Estado debido a la constante presión y alerta a que estaría sometida la Fuerza Pública. Este escenario tendría elementos como la defensa del Estado y la conser- vación del pie de fuerza por un lado, y por el otro, se acentuaría la guerra de guerrillas dentro de la estrategia de Guerra popular prolongada, dificul- tándole al Estado allanar un punto de inflexión para la derrota. En el cuarto escenario se obtendría la reinven- ción armada y el fortalecimiento del trabajo po- lítico, que sería desfavorable para el Estado si no se logra el punto de inflexión decisivo. Para que el asunto resulte efectivo y se fortalezca el trabajo de masas y organizaciones, las FARC en sus diferentes componentes (cuadrillas, milicias populares, mi- licias bolivarianas, PC3 y MB) deben llevar a cabo un proceso de reingeniería donde se haga énfasis en mayor autonomía de los mandos medios, for- talecimiento de la imagen política, minimización de riesgos de desórdenes y excesos, recuperación del control sobre estructuras, regionalización del poder, mejoramiento de las alianzas con las Bacrin y control de las deserciones de los cabecillas de fi- nanzas. En un posible quinto escenario, el factor de sor- presa estratégica es desfavorable para el Estado, sustentado en que el componente característico es el ataque sorpresivo. Entre sus elementos tene- mos: la utilización masiva de misiles tierra – aire y de cohetería artesanal, los riesgos de desórdenes y excesos, los vehículos blindados improvisados y el aumento del terrorismo selectivo (mandos, minis- tros, personalidades). Por último, existe un sexto posible escenario que se basa en la desintegración, pérdida de control y desmovilizaciones masivas, que sería favorable para el Estado. En la actualidad se puede afirmar que el proceso se adecúa a la situación real, y que los elementos que configuran este escenario son: la rigidez y la fragilidad del consenso interno, la in- capacidad de replanteamiento, la desmoralización creciente, la pérdida de mando y control, la pérdi- da de territorios claves, el declive en la experiencia “militar”y el rechazo social. La transformación estratégica de las FARC debe ser manejada en dos ámbitos: el militar y el políti- co. Al hablar del ámbito militar se hace referencia a la defensa estratégica y en tal sentido, a la ofen- siva táctica. Este ámbito se compone de algunos elementos significativos que son: la contracción del dispositivo en áreas de retaguardia, que busca evitar confrontación y negar resultados y al mismo tiempo maximizar la movilidad, volver mas eficien- te la guerra de guerrillas, en donde cabe destacar el uso de campos minados y francotiradores así como el uso de engaños y estratagemas. En la parte política se hace referencia a los dos mo- dos tradicionales de trabajo en las Farc, el abierto y el clandestino. En el abierto, realizado a través del Movimiento Bolivariano se pretende influir la agen- da electoral a través de acciones como: presionar la firma de un acuerdo de paz y crear un falso ambiente de paz En el trabajo político clandestino y operacionaliza- doporelPartidoComunistaColombianoClandesti- no se propenderá por infiltrar y buscar la presencia en diferentes sectores de la sociedad utilizando las siguientes herramientas: creación de un bloque de estudiantes opositores, desencadenamiento mani- festaciones sociales, buscar el fortalecimiento po- lítico interno, mejorar la capacitación de cuadros, fortalecimiento de milicias y urbanizar el conflicto. De acuerdo a lo anterior, se puede establecer que los diálogos de paz son solo una estrategia de gue- rra de las Farc tal como lo demuestra el Pleno del Estado Mayor Central de 2000 donde se plasma lo siguiente: “… Adelantamos los diálogos con el Go- bierno como parte del Plan Estratégico. Debemos analizar hasta dónde podremos avanzar en el logro del objetivo de acuerdo a las circunstancias políti- cas y de confrontación existentes, buscando que ante la opinión siempre quede clara nuestra voluntad
  18. 18. 18 por encontrar salidas políticas, dejando en el estado terrorista la responsabilidad del agotamiento de esa opción”. En ese orden de ideas, cabe mencionar que el gru- po armado ilegal Farc regresa a lo básico, es decir a la implementación de la guerra de guerrillas con una directriz estratégica clara de recuperar lo per- dido en lo político y militar. A modo de conclusión se debe mencionar la im- periosa necesidad de las Farc para sentarse a dia- logar con el gobierno nacional por las siguientes razones: Rehacer el sistema de dirección y control que hasta inicios del año 2013 se encontraba afec- tado. Generar acciones de resonancia política para recuperar espacios y volver a salir de sus áreas de retaguardia. Generar espacios territoriales a través de las eventuales zonas de reserva campesina para entrenar y adiestrar a los nuevos cuadros y mandos. Recuperar la presencia internacional y rehacer contactos con diferentes organizaciones lega- les e ilegales. Fortalecer el financiamiento por vías legales e ilegales que no generen extradición como lo es la minería ilegal y el robo de tierras y gana- do; y de esta forma reconstruir el sistema logís- tico. Búsqueda de armas estratégicas para sostener el crecimiento y asegurar la recuperación del centro de despliegue estratégico (cordillera oriental) que es el eje fundamental del plan estratégico. Y, construir el movimiento de masas como requisito indispensable de la guerra popular prolongada.
  19. 19. 19
  20. 20. La Corporación Pensamiento Siglo XXI es una entidad sin ánimo de lucro estable- cida en 2004 con el propósito de divulgar, enseñar y fortalecer las ideas de centro derecha en Colombia y Latinoamérica. La Corporación ha establecido alianzas es- tratégicas con fundaciones y centros de pensamiento nacionales e internacionales, y se ha consolidado como un puente para el desarrollo de proyectos académicos, editoriales y de seguimiento legislativo, enfocados a influir positivamente en el dise- ño de políticas públicas en Colombia. La Corporación es un centro de pensamiento autónomo e independiente de cualquier empresa, gobierno, universidad, persona natural o partido político, sin que ello sea óbice para que pueda ubicarse y estable- cer alianzas con cualquiera de dichas organizaciones. Por su parte la KAS orienta su trabajo bajo los principios de libertad, justicia y soli- daridad, y es una fundación política allegada a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), partido político de la cual fue cofundador Konrad Adenauer(1876-1967). Como pri- mer canciller de la República Federal de Alemania, cargo que ejerció durante 14 años, Adenauer estuvo al frente de las opciones a favor de la reconstrucción de la RFA, después de la segunda guerra mundial, de la superación de las cargas que que- daron como consecuencia de la guerra y la decisión a favor de una economía social de mercado. En lo que toca la política exterior, Adenauer no solo fomentó la alianza con Estados Unidos y el acercamiento a Francia, sino que fue uno de los padres de la Unión Europea. Las actividades de la KAS se rigen por los principios trazados por la obra de Konrad Adenauer, por eso, a través de más de 70 oficinas y proyectos en 120 países del mundo, la KAS se ocupa por iniciativa propia de fomentar la democracia, el esta- do de derecho y la economía social de mercado. La KAS trabaja en cooperación con instituciones estatales, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, así como élites seleccionadas, para consolidar la paz y la libertad. La KAS apoya el conti- nuo dialogo sobre política exterior y seguridad, al igual que el intercambio entre las distintas culturas y religiones.

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