Historia de sistema penitenciario en mexico
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Historia de sistema penitenciario en mexico

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  • 1. HISTORIA DE SISTEMA PENITENCIARIO EN MEXICOPresentación.El sistema penitenciario actual representa un gran costo social, que no readapta, no capacita para el trabajo, noeduca, no dignifica a la persona y lo más grave: no propicia la reparación de daños causados a las víctimas, ni ala sociedad.Se abusa de la prisión preventiva, y se genera sobrepoblación en los penales. Para las personas detenidas estose convierte en una larga pesadilla y en jugosas ganancias para quienes se aprovechan de la situación.Replantear que las penas se encaminen a resarcir los daños a las víctimas; el canje de las penas por trabajo a lacomunidad, y la vigilancia en la reparación de daños debería ser la orientación del sistema penitenciario haciael año 2000.Puesto que existe una correlación evidente entre crisis económica e índice de delincuencia, las políticas deprevención de los delitos deberían propiciar la creación de programas de atención a la pobreza; la creación deempleos; mejoras laborales; programas sociales y culturales que eviten la descomposición de la sociedadLos organismos de derechos humanos demandamos poner un alto a la impunidad; que en la persecución de losdelitos y el castigo a la delincuencia se preserven los derechos humanos de acuerdo a las normas establecidasen los pactos y convenios internacionales de derechos humanos. Marco Juridico Del Sistema Penitenciario Marco jurídico del sistema penitenciario Las normas generales que sustentan y regulan el sistema penitenciario son de carácter internacional, internacional, nacional y estatal. Las normas de carácter internacional vendrían siendo, la declaración universal de los derechos humanos; quefue proclamada el 10 de diciembre de 1948, este tiene el compromiso de asegurar el respeto universal y efectivo de los derechos y libertad fundamentales del hombre.Otra de estas, es la de reglas mínimas de naciones unidas para el tratamiento de reclusos; esta fue aprobada el 31 de junio de 1957. Este es el conjunto de principios y reglas para una adecuada organización penitenciaria y tratamiento de los reclusos, que son consideradas como las condiciones mínimas admitidas por la ONU. Otra de estas normas es el pacto internacional de derechos civiles y políticos, este pacto internacional fue aprobado el 16de diciembre de 1966, el acuerda contempla algunos principios que sustenta el sistema penitenciario; uno de los cales dice: el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Así como también la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de las naciones unidas; esta convención fue adoptada el 10 de diciembre de 1984, en este documento se desprenden las obligaciones de los estados, parte con relación al sistema penitenciario; de la cual dice ; tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que este bajo su jurisdicción , y no podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de
  • 2. una autoridad publica como justificación de la tortura.Las normas de carácter federal vienen siendo la constitución política de estados unidos mexicanos y la ley que establece las normas mínimas sobre la readaptación social de sentenciados. ANTECEDENTESA lo largo del tiempo esta institución ha sufrido cambios con el propósito de instaurar mejorasorganizacionales como de carácter técnico por lo que continuación se presentara algunosantecedentes, ordenamientos jurídicos y atribuciones con la finalidad de dar a conocer suforma de operación actual.1900.- Fue inaugurada la Penitenciaria de Lecumberri la cual opero hasta 1976.1957.- Se inauguró la Penitenciaria del Distrito Federal.1959.- Entra en funciones el Centro de Sanciones Administrativas.1970.- Se crea la Dirección Jurídica y de Gobierno, así como la Dirección y Coordinación delSistema Penitenciario.1976.- Se inauguran los Reclusorios Preventivos Oriente y Norte. Mediante reformas a la leyOrgánica del Departamento del DF., se Fundamenta la creación de la Comisión Técnica deReclusorios del Distrito Federal.Se crea el Centro Medico de Reclusorios, el cual atendía casosPsiquiátricos, quirúrgicos y de médica especializada.1977.- Se crea la Dirección General de Reclusorios o Centros de Readaptación Social.1979.- Se expide el Reglamento de Reclusorios del DF., que viene a Complementar el marcojurídico penitenciario del DF.Se inaugura el Reclusorio Preventivo Sur.1982.- La población interna de la Cárcel de Mujeres fue trasladada al Centro Femenil deReadaptación Social.1989.- Se inaugura el Reclusorio Preventivo Femenil Norte.1991.- Entra en operación el Reclusorio Preventivo Femenil Norte.1995.- Se determina que la Dirección General de reclusorios y Centros de ReadaptaciónSocial.1999.- Se determina la denominación actual de esta Unidad Administrativa Como DirecciónGeneral de Prevención y Readaptación Social.2003.- Se inaugura el Centro Varonil de Readaptación Social de Santa Martha, en donde a lafecha se encuentran recluidos jóvenes Primo delincuentes.2004.- Se inaugura el Centro Femenil de Santa Martha.Se expide el Reglamento de los Centros de Reclusorios del DF. QueActualiza el marco Jurídico penitenciario del DF. MARCO JURIDICO
  • 3. ° Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.° Estatuto de Gobierno del DF.° Ley Orgánica de la Administración publica del DF.Ley de Ejecuciones de Sanciones Penales para el DF.° Ley que establece las normas mínimas sobre Readaptación Social deSentenciados.° Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público.° Ley de Adquisiciones del DF.° Código Penal para el DF.° Código de Procedimientos Penales para el DF.° Dictamen emitido por la Oficialía Mayor de la readscripción de laDirección General de Prevención y Readaptación Social. Cárceles en México: Un Estado de SituaciónIntroducciónEste informe presenta alguno de los datos más sobresalientes de la crisis carcelaria enMéxico. El propósito es describir un cuadro de situación y analizar alguno de losDeterminantes de la crisis. Utilizando distintas fuentes, que incluyen estadísticas oficiales y naencuesta realizada a más de 1600 internos en el Distrito federal, Estado de México y elEstado de Morelos en el año 2002, este trabajo busca explicar las razones del crecimientoexplosivo de la población carcelaria, pretende iluminar las razones de las carencias deinfraestructura adecuada, y examina a la luz de la evidencia empírica los problemas másrelevantes de las instituciones penitenciarias.El argumento central es que el crecimiento de la población carcelaria en la última décadaobedece a un endurecimiento de los castigos más que a un incremento de la capacidad dedetección de las autoridades. A pesar que el delito creció, no se observa un significativoaumento en el número de sentencias. La estructura burocrática de la administración deJusticia ha sido estable, sin embargo no lo fue la actividad delictiva.El incremento en las condenas y la extensión de las mismas provocó una explosión en lapoblación carcelaria que no ha podido ser subsanada con un ligero aumento de lainfraestructura carcelaria. La precariedad de los programas de readaptación social seprofundizó con el aumento de los reclusos. Así, la corrupción parece haber aumentado, losrecursos por interno disminuyeron, el control interno de las cárceles está cada vez más enmanos de pandillas y liderazgos de algunos reclusos, los programas de educaciónreentrenamiento son poco efectivos, y la desolación es cada vez mayor.Sin embrago, a pesar que los presupuestos no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas,el problema no es sólo de recursos sino de administración y control efectivo hacia dentro delos reclusorios. La falta de coordinación institucional, el endurecimiento de castigos paradelitos menores, y la falta adecuada de planificación y recursos convierten alas cárceles de México en un espacio de castigo para pobres y marginados, en centros deabuso donde los derechos humanos no parecen ser
  • 4. claramente respetados. El efecto disuasorio de la privación de la libertad eslimitado ya que quienes terminan en la cárcel no son por lo general los delincuentes máspeligrosos y sofisticados sino mayoritariamentequienes no pudieron corromper a lasautoridades o no pudieron montar una defensaadecuada. En un ambiente social de creciente inseguridad, no parece haber la voluntadpolítica ni social para revertir esta situación. Factores que inciden en el incremento de la población penitenciariaEntre los factores que han incidido en el incremento del cien por ciento que ha tenido lapoblación penitenciaria del país entre 1992 y 2003, cabe referir los siguientes:1 a) incrementoen los índices delictivos; b) reformas a los códigos que han endurecido las penas y, c)medidas administrativas que prolongan la estancia en prisión. Analizaremos brevemente cadauno de ellos.a) Incremento en los índices delictivos. El número de delitos que se denunciaron en el paísaumentó de 809 mil delitos en 1991 a un millón 517 mil en 2001, lo que representa unincremento del 88% en sólo diez años. En cuanto al número de delitos denunciados por cadamil habitantes, el punto máximo se alcanzó en 1997 con 16.18, bajando a 14.26 en el 2000 yvolviendo a subir a 15.1 en el 2002. Las entidades con los índices deDelincuencia más elevados, son: Baja California, Distrito Federal y Quintana Roo.1 En algunas entidades el incremento ha sido todavía mayor. En el Distrito Federal, porejemplo, la población en prisión se triplicó entre 1993 y 2002 al pasar de 7,800 internos a23,000 (Tenorio, 2002b).Vale la pena señalar que este incremento en el número de delitos denunciados ha tenido lugara pesar de que, de acuerdo con todas las encuestas de victimización que se han levantado, elporcentaje de delitos que no se denuncian también se habría incrementado año con añodurante los últimos siete años. En efecto, de acuerdo con estas encuestas, entre 70 y 80% delos delitos que han tenido lugar durante dicho periodo no han sidoDenunciados a las autoridades. De igual modo conviene tomar en cuenta que 93% de losdelitos quedan impunes dado que sólo 7% de los delitos que son denunciados dan lugar a quese inicie un proceso ante el poder judicial (Secretaría de Seguridad Pública, 2003; Zepeda,2002).b) Reformas que han endurecido las penas. Otro factor que ha contribuido a incrementar lapoblación de las prisiones, es el de las reformas a los códigos penales que tuvieron lugar apartir de 1994 mediante las cuales se tipificaron como graves una gran cantidad de delitosdando por resultado que se elevaran las penas. Asimismo, diversos delitos quedaron exentosde la posibilidad que se otorgaran beneficios de preliberación a quienes los cometieran,incrementándose considerablemente su permanencia en prisiónEs el caso de los delitos contra la salud (tráfico de drogas) para los que no se admitereducción alguna de la pena impuesta por los jueces.c) Medidas administrativas. De igual forma, debe tomarse en cuenta que quienes finalmenteresuelven sobre la permanencia de los internos en prisión no son los jueces sino el personaltécnico de los centros penitenciarios que cuenta con amplias facultades para conceder onegar los beneficios de preliberación. Ello ocasiona que las penas efectivas nonecesariamente guarden proporción con la gravedad del delito y que losBeneficios se otorguen de manera arbitraria e inoportuna, sobre todo si se considera quedicho personal tiene a su cargo la revisión de muchos más expedientes de los que puedetramitar. Es el caso, por ejemplo, del Distrito Federal donde cada uno de los funcionarios
  • 5. facultados para conceder beneficios tiene entre 400 y 2,000 expedientes a su cargo, lo queexplica que no logren otorgarlos oportunamente.No existen estudios que demuestren cuál de estos u otros factores tienen un mayor impactosobre el crecimiento de la población penitenciaria. Los datos apuntan, no obstante, a que másque un crecimiento de flujo nos encontramos frente a un típico aumento de stock. Es decir, laevidencia inicial apunta a que la población creció más por la extensión de las condenas quepor el número de ingresos. Para apoyar esta hipótesis basta con observar el número total desentencias que se presenta en el siguiente cuadro:2 Nos referimos a las encuestas que han levantado el periódico Reforma, la revista Este País,el InstitutoCiudadano de Estudios sobre la Inseguridad y la empresa ACNielsen.100120140160180 La Población Carcelaria y el Tipo de DelitoComo se verá, la distribución de los internos por delito que encontramos en las prisiones,obedece a la capacidad de los sistemas de procuración de justicia de aprehender a lossospechosos y a la de los tribunales de imponer sanción a los culpables. Es decir, lacomposición de la población por delito no corresponde sólo a la distribución de los delitos queefectivamente se cometen multiplicados por la duración de las penas que les corresponden,sino, más bien, a la capacidad que tienen las instituciones del sistema deJusticia para aprehender y condenar a los responsables.Como lo muestra el cuadro siguiente, los internos detenidos por delitos violentos constituyen elgrupo mayoritario. Esto no sólo se debe a que sus sentencias son más prolongadas, sinotambién refleja el incremento que este tipo de delitos ha tenido durante los últimos años.Tabla 6: Distribución de la Población Carcelaria por Delitos de acuerdo a la Encuesta deReclusos (2002)Delitos contra la propiedadDelitos contra persona físicaDelitos contra la salud delitos sexualesDelitos de cuello blancoDISTRITOFEDERAL32.9% 49.9% 5.8% 9.7% 1.6% 100.0%EDOMEX21.0% 64.0% 5.2% 7.9% 1.9% 100.0%MORELOS16.4% 45.8% 21.8% 16.0% 100.0%
  • 6. % deESTADO26.5% 53.9% 8.1% 10.1% 1.4% 100.0%Fuente: Encuesta en Centros Penitenciarios, CIDE, 2002El delito que más se ha incrementado durante la última década es el robo con violencia. Deacuerdo a los datos de la encuesta el 57% de los acusados por robo con violencia admitióhaber utilizado un arma así como 56% de los acusados por delitos contra las personas,también lo hizo. La imposición de condenas más severas, y por lo tanto el incremento en elnúmero de internos, también refleja una incidencia mayor de delitos violentos.Una dimensión de los delitosDado que no existen encuestas de victimización que puedan medir en el tiempo la tendenciadelictiva, los datos de los delitos reportados representan hasta ahora el mejor índice de lacriminalidad. Algunas encuestas parciales ubican la cifra negra en 75%, o sea, que sólo 1 decada 4 delitos son reportados, y para 2001 se registraron 4,400 delitos por cada 100,000habitantes (ICESI 2002). Sin embrago, en esta encuesta, la mayoría de los delitos registradosno son de alta gravedad dónde la cifra negra sería seguramente mucho menor.Según distintas fuentes oficiales, la delincuencia alcanzó su pico máximo en 1997 y a partir deentonces habría comenzado a descender moderadamente. Este descenso habría sido másnotorio en algunos delitos que en otros. El número de denuncias por robo, por ejemplo,descendió 10% entre 1997 y 2001. Sin embargo, las denuncias por robo de vehículo seincrementaron 2%. Lo mismo puede observarse en relación con los delitos violentos: mientrasque el homicidio descendió 11%, las lesiones, en cambio, se incrementaron 12%.Así también, mientras que el rubro de otros delitos descendió, los daños, amenazas, fraude yabusos de confianza, se habrían incrementado. Lo mismo ocurrió con las violaciones queaumentaron 12%. En conjunto, se habría producido un descenso sólo del 4% en el número decasos denunciados en 2001 respecto a los reportados en 1997.Del total de delitos reportados en 1998, 43% fueron robos; 18% lesiones; 10% daño enpropiedad ajena; 5% delitos contra la salud (tráfico de drogas); 4% amenazas; 4% fraude y 3%homicidio. En cuanto al robo, el promedio fue de 583 robos por 100 mil habitantes. De acuerdocon otra clasificación, en 2001 los delitos se distribuyeron de la siguiente manera: robo 37.2%;lesiones 17.9%; daños a bienes de las personas 9.8% y otros delitos 35.1%(Secretaría de Seguridad Pública, 2003) Como se observa, la denuncia de delitos ante lasautoridades muestra un fuerte sesgo en el que prevalecen los delitos menores a los que seimponen sentencias cortas. De ser así, por lo menos en una primera lectura, la poblacióncarcelaria dista mucho de reflejar la distribución de la actividad delictiva que realmente tienelugar en la sociedad.Delitos contra la salud. Algunos de los datos que obtuvimos mediante la encuesta, son lossiguientes: 8% de los internos se halla cumpliendo una sentencia por este tipo de delito, en sumayoría, por comercio de drogas. En 56% de los casos se les acusó por comercio demarihuana y en 34% de cocaína. Es importante hacer notar que 10% de los acusados porcomerciar con substancias prohibidas señaló que había actuado en complicidad conautoridades, principalmente, policías.Asimismo, de acuerdo con la información que proporcionaron los internos, el valor promedioque obtuvieron de la comercialización de las substancias, fue de 1,168 pesos (100 dólaresaproximadamente) Esto significa que, para la gran mayoría, los montos de comercializaciónfueron considerablemente bajos. De hecho, sólo en 10% de los casos los montos excedían los3,900 pesos (400 dólares aproximadamente), lo que indica que la gran mayoría de quienes
  • 7. cumplen una sentencia por delitos contra la salud purgan sentencias por tráfico de drogas demuy baja cuantía. Lo que abunda en las prisiones, entonces, no son los traficantes de mayorenvergadura sino los comerciantes en pequeño, o probablemente consumidores que fuerondetenidos con cantidades que apenas superaban las toleradas para el consumo personal.Robo. La gran mayoría de la población carcelaria sirve condenas cortas por robos simples.De acuerdo con los datos que arrojó la encuesta, en las prisiones estudiadas hay un númeroconsiderable, (casi 25% de quienes están por robo simple), que habría robado menos de1,000 pesos (menos de 100 dólares) De igual modo, la mitad de quienes se hallan internos porrobo simple, habrían robado menos de 6,000 pesos (menos de 600 USD).Dado que más de 70% de los internos por este delito sostuvo que, de haber tenido recursospara sobornar a las autoridades en el momento que lo detuvieron, habría logrado evitar ir aprisión, ello permite inferir que, quienes cometen robos mayores y disponen de más recursos,efectivamente logran eludir la sanción punitiva. Es decir, que el sistema de justicia seconcentra mayoritariamente en la sanción de delitos contra la propiedad de quienes cometenrobos de poca cuantía. De hecho, según la encuesta, sólo 5% de los reclusos que están pordelitos contra la propiedad han robado montos superiores a los 75 mil pesos (7,500 USD), loque refuerza la idea de que las instituciones encargadas de indagar, perseguir y sancionar,fallan claramente en sancionar a este segmento de delincuentes.Lo anterior permitió concluir que, en los centros penitenciarios de las entidades estudiadas, nose encuentran los delincuentes más peligrosos sino aquéllos cuya detención ofrece menosdificultades.El acceso diferencial a recursos como la defensa o la posibilidad que algunos tienen desustraerse a la justicia mediante el soborno, ocasiona que exista un gran número de pobres enlas prisiones mientras que una elevada proporción de delincuentes profesionales queda fuerade ellas.Homicidios.En las tres entidades federativas encuestadas, 10% de los internos se encuentracumpliendo una sentencia por homicidio doloso y 5% por homicidio culposo. Debe tomarse encuenta, sin embargo, que los internos por este delito aparecen sobre representados en lamuestra ya que, por la gravedad del mismo, permanecen por más tiempo en prisión.Secuestro. Con respecto al número de secuestros, durante 2001 las procuradurías registraronun total de 345 casos a nivel nacional: casi un secuestro diario, en promedio. Sin embargo, unorganismo que agrupa a empresarios (Coparmex) señaló que en el mismo año registró otros297 casos que no fueron denunciados a las autoridades por lo que, de ser así, habría habido642 casos de secuestro durante dicho año, sin contar los denominados secuestros Express,que duran unas horas. En las entidades encuestadas, 4% de los internos se hallan cumpliendouna sentencia por privación ilegal de la libertad (secuestro). CONCLUCIONES Y REFLEXINES FINALESLa institución carcelaria en México no ocupa un lugar de importancia en el esquema social decontención y lucha frente al incremento de la criminalidad. Parece responder más a unaestrategia de castigo diferencial dirigida hacia quienes no pudieron evitar ser procesados ysentenciados, que a una política articulada y consistente que enfrente la criminalidad dentrode un marco de respeto a la legalidad y a las garantías constitucionales. Las conclusionesmás relevantes que, de este modo, obtuvimos tanto del análisis de los datos oficiales como delos que arrojó la encuesta, son las siguientes:
  • 8. 1. Durante la última década, la población en prisión en México se duplicó al pasar de 87 milinternos en 1992 a 191 mil en 2003. La evidencia inicial sugiere que este incremento obedecemás al aumento en la severidad de los castigos y la negativa en concederles beneficios depreliberación, que a la detención de un mayor número de delincuentes.2. La provisión de servicios básicos dentro de las presiones, el mantenimiento de la higiene yla seguridad, así como los programas de rehabilitación se encuentran en un estado deprofundo deterioro. Los internos dependen de sus familias para servicios básicos, lacorrupción es rampante, y la arbitrariedad y abusos violan los mínimos derechos humanosdentro de las cárceles.3. En los centros penitenciarios del país no habitan, en general, los delincuentes que hancometido los delitos más peligrosos, sino los pobres. La gran masa de la poblaciónpenitenciaria está compuesta por internos responsables de delitos relativamente menores, loque contrasta con la magnitud y gravedad de la creciente criminalidad.La proporción de internos recluidos por delitos graves es muy baja mientras que existenevidencias de que este tipo de delincuentes logra eludir con mayor frecuencia las sancionespenales.4. Existe un incumplimiento de estándares básicos en todos los niveles del sistema deprocuración y administración de justicia. En cada una de las instancias, desde la aprehensióndel detenido hasta su confinamiento en la prisión, existe una alarmante falta de apego aestándares mínimos del debido proceso legal que minan la credibilidad del sistema de justiciapenal en su conjunto.Finalmente, una reflexión acerca del rol que cumplen las cárceles en México a la luz de lafunción y objetivos que cualquier institución penitenciaria puede tener. Estos pueden ser:1) Un instrumento de disuasiónexterna para aquellos que consideran cometer delitos. Paraello quien viola la ley debe tener una sensación subjetiva por la cual es medianamenteprobable que sea aprehendido y encarcelado. En el caso mexicano la gran mayoría consideraque es improbable ser detectado en un ilícito, por lo tanto el efecto disuasorio es limitado2) Puede ser un instrumento de contencióny reducción de delitos. Si un homicida serial estatras las rejas seguramente la sociedad se “ahorrara” un numero de homicidios adicionales. Eneste caso es menester encarcelar al mayor número de delincuentes que cometen numerososy costosos delitos. Nuevamente, de acuerdo a esta muestra, las cárceles concentran más deun 50% de presos por delitos menores y muy probablemente la inmensa mayoría de losdelincuentes peligrosos permanecen libres.3) Puede ser un instrumento de castigo o retribución. En este caso las cárceles se utilizancomo instrumento de castigo simplemente para penalizar a quien comete ciertas violaciones ala convivencia. Si bien su alcance es limitado, los resultados de esta encuesta parecen apoyarmoderadamente este objetivo. Sin embargo, para ser efectivo, el numero de castigos pareceser limitado y sesgado hacia los sectores mas marginales de la sociedad. Es decir, son raroslos castigos a los delincuentes con poder.4) Puede ser un instrumento de rehabilitación. La institución carcelaria se convierte en unvehículo de rehabilitación y reinserción social para quienes la sociedad fallo en proporcionarlos medios adecuados para una exitosa participación social. A pesar de ser este el mandatode la constitución mexicana, claramente la encuesta nos demuestra un total fracaso de esteobjetivo.En resumen, de los cuatro mayores objetivos sociales de la institución carcelaria, en Méxicosolo el efecto castigo (ojo por ojo) parece cumplir, y aún en forma muy limitada y sesgadahacia los sectores más desprotegidos de la sociedad. El abandono de los otros tres objetivos
  • 9. debe prender focos rojos en la sociedad y autoridades si es que se desea trascender el únicoaspecto vengativo de la institución que parece cumplir.BibliografíaArango, Arturo (2004). Sistema de Información Delictiva, INACIPE.Bergman, Marcelo, Elena Azaola, Ana Laura Magaloni y Layda Negrete (2003). Mapalongitudinal de patrones e historias delictivas. Resultados de la encuesta a población enreclusión en tres entidades de la República Mexicana: Distrito Federal, Estado de México y deMorelos, Centro de Investigación y Docencia Económicas, en prensa.CIDE, Encuesta en Centros Penitenciarios, 2002.Gertz Manero, Alejandro (2001). Minuta de la comparecencia del Secretario de SeguridadPública ante el Poder Legislativo, octubre 2001.Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad. Primera Encuesta Nacional sobreInseguridad (ENSI-1), mayo 2002: ICESI.Instituto Nacional de Ciencias Penales. Estadísticas delictivas, 2003: INACIPE.Organización de las Naciones Unidas (2005). Los derechos civiles y políticos, en particular lascuestiones de la tortura y la detención. Informe del grupo de trabajo sobre la detenciónarbitraria acerca de su visita a México (27/10/02 al 10/11/02), E/CN.4/2003/8/Add.3.Secretaría de Gobernación. Estadísticas Penitenciarias (1992-2000).Secretaría de Seguridad Pública, Estadísticas Delictivas, 2003Secretaría de Seguridad Pública (2003). Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006. México D.F.: Diario Oficial, 14/01/2003.Ungar, Mark (2003). Prisons and Politics in Contemporary Latin America.(Forthcomingpublication), Human RightsQuarterly, August.Zepeda, Guillermo (2002). Entre la delincuencia y la impunidad: el desempeño de lasinstituciones de procuración de justicia penal de México frente a los desafíos de laSeguridad Ciudadana, inédito.BIBLIOGRAFÍA.1.- ÁNDRES MARTÍNEZ, Jerónimo Miguel, Derecho Penitenciario (Federal y Estatal),primera edición, Flores Editores y Distribuidores, México 2007.2.- VILLARREAL PALOS, Arturo, Culpabilidad y Pena, Editorial Porrúa, México, 1994.3.- MENDOZA BREMAUNTZ, Emma, Derecho Penitenciario, Editorial McGRAW-HILL,México 1998. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SISTEMA PENITENCIARIO MEXICANO
  • 10. Nombre: Karla Viridiana López Pantoja Materia: Derecho Penal I Trabajo finalReprobado el Sistema Penitenciario Mexicano: CNDHEl Sistema Penitenciario Mexicano está reprobado en materia de readaptación social yrespeto a los Derechos Humanos, la CNDH le da un 2 de calificaciónCIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 13, 2004.-El Sistema Penitenciario Mexicano estáreprobado en materia de readaptación social y respeto a los Derechos Humanos, afirmó laComisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).José Antonio Bernal Guerrero, tercer visitador de la Comisión Nacional de los DerechosHumanos, sostuvo que “creo que en lo general no llegaría ni al dos, porque realmente noexiste la readaptación social en este país".Los tradicionales y severos problemas de hacinamiento, sobrepoblación y violencia que seviven en las cárceles estatales y municipales de México, se ven agravados por la corrupción yautogobierno que promueven o solapan las mismas autoridades."Al interior de los reclusorios se han quedado grupos de poder denominados autogobiernos,los cuales enmascaran un poco la actividad de corrupción de las autoridades, ya que se valende estos grupos de poder o autogobierno para extorsionar a los internos, para cobrarles porcualquier servicio que estarían obligadas a proporcionar gratuitamente", aseveró BernalGuerrero.A estas irregularidades se suma el tráfico de drogas, actividad a la que no son ajenos niautoridades ni custodios de estas prisiones."Son muchas veces los propios servidores públicos o autoridades de los reclusorios quienesintroducen estos narcóticos, estas sustancias a los mismos, y muchas veces a través de losmismos el personal de custodia o del autogobierno se encargan de hacer la distribución ocobro indebido de estas sustancias", señaló el visitador de la CNDH.Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los penales estatales y municipalesdonde mayor número de irregularidades se detectan son el Estado de México, el DistritoFederal, Jalisco y Quintana Roo.Por el contrario, donde se perciben más esfuerzos para abatir esta problemática es enAguascalientes, Nuevo León, Zacatecas y Tlaxcala.Para evitar que en el corto plazo pudieran registrarse hechos de violencia y muerte como losocurridos en cárceles Centroamericanas y Sudamericanas, la CND se pronuncia en favor dellevar a cabo una reforma integral del Sistema Penitenciario mexicano.Los focos rojos están prendidos, advierte esta institución. LOS DERECHOS HUMANOS Y EL SISTEMA PENITENCIARIOLOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTADLa expresión “derechos humanos de los reclusos” se refiere a los derechos que tienen laspersonas recluidas en centros penitenciarios, que se desprenden de los derechos humanosuniversales.Toda persona privada de la libertad goza de iguales derechos que cualquier otra, salvo losexplícitamente afectados por la ley. Tiene derecho a ser tratada con el respeto que merece su
  • 11. dignidad y valor como ser humano. El sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientosinherentes a la privación de la libertad.En caso de violación de sus derechos, las personas privadas de libertad pueden promoverquejas, así como otros recursos previstos en la ley. El ejercicio de esta garantía no debe sermotivo de represalias por parte del personal administrativo o de custodia.Estos derechos deben ser respetados por todos los servidores de la administración pública delDistrito Federal, en especial por los custodios, el personal administrativo, técnico, médico yprofesional del sistema penitenciario, así como de los consejos tutelares para menores.La fundamentación jurídica de estos derechos se encuentra en nuestra Constitución, enparticular en su artículo 18, en el Reglamento de Reclusorios y Centros de ReadaptaciónSocial del Distrito Federal y en los instrumentos y tratados internacionales de derechoshumanos suscritos y ratificados por México que, de acuerdo con el artículo 133 constitucional,son la Ley Suprema de la Unión.VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOSCualquier acción u omisión por parte del personal de reclusorios o por internos, con mandatoexpreso, permiso, conocimiento o consentimiento de la autoridad, que dañe o ponga enpeligro el ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad, tales como la vida, lasalud, la integridad física y psicológica, o cualquier otro derecho, constituye una violación dederechos humanos.LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS FAMILIARES DE PERSONAS PRIVADAS DELIBERTADDe acuerdo con la legislación mexicana, las penas impuestas a una persona privada delibertad no pueden trascender a su familia.Los internos tienen derecho a conservar, fortalecer y, en su caso, restablecer sus relacionesfamiliares, de amistad y de compañerismo; para tal efecto, las autoridades de losestablecimientos deben tomar las medidas pertinentes.El interno será autorizado a salir de la institución en los casos de fallecimiento o enfermedadgrave debidamente comprobados, de los padres, hijos, hermanos o de quienes constituyeranen la vida en libertad el núcleo familiar del recluso. El Consejo Técnico interdisciplinario podráotorgar a los internos autorización para salir bajo custodia para asistir a los actos del estadocivil tanto del recluso como de sus más cercanos allegados.Las autoridades darán facilidades a todos los internos para que se comuniquentelefónicamente con sus familiares y defensores; los establecimientos deben contar con líneassuficientes y las llamadas deben ser gratuitas.Las autoridades permitirán, a solicitud de los internos o sus familiares, la asistencia espiritual,según el credo que profesen.El director de la institución comunicará por escrito, dentro de las 24 horas siguientes alsuceso, el traslado del interno a otro reclusorio o centro hospitalario; en caso de enfermedad oaccidente grave o fallecimiento, se le comunicará al cónyuge, al pariente más cercano o a lapersona que designe el interno a su ingreso. Asimismo, se notificarán los traslados dedormitorio o cualquier otra medida disciplinaria. Cuando se trate de extranjeros, se informarátambién a la Secretaría de Gobernación y a la embajada o consulado correspondiente.DIAGNÓSTICO INTERINSTITUCIONAL SOBRE EL SISTEMA PENITENCIARIOEl resumen que a continuación se presenta forma parte del Diagnóstico Interinstitucional sobreel Sistema Penitenciario que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio aconocer en noviembre de 2002.
  • 12. El objetivo del diagnóstico —el primero en su tipo que involucra a autoridades responsables enla materia— fue el de detectar los principales problemas existentes en los centrospenitenciarios y proponer soluciones aplicables a corto, mediano y largo plazo.Es necesario establecer que la administración de los centros penitenciarios está regida por laLey Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y su Reglamento, así como porla Ley de Ejecuciones de Sanciones Penales y el Reglamento de Reclusorios y Centros deReadaptación Social del Distrito Federal.En materia internacional, los documentos más relevantes suscritos por México y que tienenque ver con materia penitenciaria son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elPacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos, las Reglas Mínimas para elTratamiento de los Reclusorios y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre lasMedidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio); todos éstos deberían regirdirectamente la dirección, la organización y el tratamiento implementados en los CentrosPenitenciarios del D.FEl Gobierno del Distrito Federal administra nueve centros penitenciarios, con una poblaciónaproximada de 22 721 personas, de las cuales 95% son hombres y 5% son mujeres.Uno de los principales problemas es la sobrepoblación, como en los casos del ReclusorioFemenil Oriente, con una sobrepoblación de 196%, y los Varoniles Norte y Oriente, con 167%y 171%, respectivamente. Una situación que afecta las condiciones de vida digna de losinternos y el acceso a diversos servicios dentro de los Centros. El diagnóstico penitenciario permite observar que una de las violaciones a los derechos humanos que con más frecuencia sufren las personas recluidas es la vulneración de las garantías en el debido proceso legal. En este sentido, y desde el inicio del proceso, el inculpado debe ser informado de los derechos que en su favor consigna la Constitución y los ordenamientos que se aplican en forma supletoria, algo que en muy pocas ocasiones sucede, vulnerándose así esos derechos. No se cuenta con una defensoría de oficio adecuada, lo que repercute más en las personas de escasos recursos; del total de internos que fueron entrevistados por personal de la Comisión, 22% refirió no contar con un abogado, 32% cuenta con un abogado particular y 46% tiene un defensor de oficio; también expresaron no estar bien representados o sentirse completamente abandonados. Una de las grandes irregularidades manifestadas por los entrevistados fue que la duración de sus procesos penales superaban los plazos establecidos en la Constitución. La obtención de los beneficiarios de ley, como el tratamiento de externación y la libertad anticipada, es otro derecho vulnerado; la libertad anticipada consta de tres modalidades: el tratamiento preliberacional, la libertad preparatoria y la remisión parcial de la pena. En las visitas de verificación realizadas, 53% de la población manifestó no conocer sus derechos sobre beneficios de ley ni los requisitos para obtenerlos. En este sentido, las autoridades tienen la obligación de comunicar a la población acerca de los beneficios a los que se hace acreedora y notificar a la autoridad competente para que se emita la resolución conducente. La ley refiere que para poder obtener los beneficios de libertad anticipada es necesario que internos e internas participen regularmente en actividades educativas y que se les realicen los estudios de personalidad correspondientes.En este sentido, las condiciones que se observan dentro de los centros es de una falta total deespacio para hacer posible esas actividades y, por otro lado, la práctica de los estudios depersonalidad está basada en criterios subjetivos.
  • 13. Otros problemas son la falta de personal médico para cubrir la demanda y el difícil acceso alservicio médico por el limitado número de fichas que se distribuyen al día. Mención especialmerece el caso de las mujeres, ya que en los Centros Femeniles, Oriente y Norte no se cuentacon médicossuficientes, los servicios son controlados por puestos de socorro, sin personal adecuado paratratamiento de atención inmediata ni especialistas en ginecología y atención pediátrica parahijos e hijas de las internas.LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS CONDICIONES DE VIDA DIGNA EN LOS CENTROSPENITENCIARIOSUno de los aspectos fundamentales de los que se deben ocupar los derechos humanos sonlas condiciones de vida digna dentro de los centros penitenciarios. Las personas recluidastienen como derecho fundamental una estancia digna y segura. El Estado mexicano tienecomo obligación que las instalaciones y los servicios que otorga sean los adecuados para queno pongan en peligro la vida ni la integridad física y psíquica de los reclusos.De acuerdo con el artículo 41 constitucional, “Toda persona tiene el derecho a un medioambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”; las personas privadas de su libertad noson ajenas a tal precepto.Un aspecto fundamental que no debe soslayarse es que “sólo por delitos que merezca penacorporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinarepara la extinción de las penas y estarán completamente separados” (artículo 18constitucional); con ello se pretende lograr la no contaminación criminógena y que los centroscuenten con mejores condiciones para la estancia de los internos.De acuerdo con el Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del D.F., elEstado está obligado a proporcionarles los recursos suficientes para que los internos vivandignamente y reciban alimentación de buena calidad.Para reestablecer los vínculos familiares y con ello lograr una mejor readaptación social, losinternos tienen derecho a conservar y fortalecer sus relaciones familiares, de amistad y decompañerismo; asimismo, las autoridades de los reclusorios deben dar facilidades a todos losinternos desde su ingreso para que se comuniquen telefónicamente con sus familiares ydefensores, para evitar que los internos permanezcan incomunicados.Por otro lado, los internos deben ser autorizados, conforme al artículo 85 del Reglamento deReclusorios y Centros de Readaptación Social, por el director o el encargado del centro, a salirde la institución en los casos de fallecimiento o enfermedad grave debidamente comprobados,de los padres, hijos, hermanos o quienes constituyeran en la vida en libertad el núcleo familiardel recluso; el centro establecerá las circunstancias y los aspectos logísticos para ello.Es un derecho fundamental que los centros cuenten permanentemente con serviciosmedicoquirúrgicos generales y los especiales de psicología, psiquiatría y odontología paraproporcionar con oportunidad y efi-ciencia la atención que los internos requieran, sobre todo porque en este rubro las condicionesde atención médica son un reclamo generalizado de los internos que se comprobó en elanálisis del diagnóstico penitenciario.En cuanto a los centros de reclusión para mujeres, es necesario proporcionar atención médicaespecializada, servicios ginecológicos y obstétricos, sobre todo durante el embarazo.Los hijos y las hijas de las internas del reclusorio para mujeres recibirán atención pediátrica,educación inicial y preescolar hasta la edad de seis años; se procurará que después de estaedad no permanezcan alojados en las estancias infantiles de los reclusorios, sólo si lasituación de niños y niñas lo amerita.
  • 14. Estos temas se desarrollan con base en los “Puntos relevantes para formular el Diagnósticodel Sistema Penitenciario en el Distrito Federal” (Coordinación de Seguimiento deRecomendaciones de la CDHDF, México, 2002).LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS SANCIONES DISCIPLINARIASLos internos de los centros penitenciarios deben cumplir con las normas establecidas en susreglamentos internos, y cuando esto no suceda así se hará de su conocimiento que puedenaplicarse diversas sanciones, siempre apegadas a derecho y al respeto de los derechoshumanos.Dentro de los centros, uno de los principales problemas es la aplicación de diversas sancionesdisciplinarias con el objeto de establecer el orden y una convivencia pacífica.Por lo tanto, es necesario diferenciar dos tipos de infracciones: las faltas administrativas, queson violaciones a las normas internas de los centros y están previstas en su reglamento, y losdelitos, que son conductas u omisiones previstas en las normas penales. Si el interno infringeun ordenamiento penal es necesario dar parte a las autoridades competentes para que seinicie la investigación correspondiente y el deslinde de responsabilidades.Para garantizar los derechos humanos de los internos en la aplicación de una sanciónadministrativa es necesario cumplir con los principios establecidos en las constituciones y enlas leyes.La imposición de sanciones corresponde al consejo técnico y al director, de acuerdo con elreglamento interno; los demás servidores públicos solamente se limitarán a aportación deinformación, cuando así le solicite, la cual estará sujeta a verificación. Por lo tanto, el personalde custodia no puede decidir la aplicación de ninguna sanción, mucho menos otros internos.Toda sanción debe aplicarse de acuerdo con los principios de seguridad jurídica,proporcionalidad, no trascendencia de la pena, dignidad humana, legalidad, jerarquía denormas, presunción de inocencia, derecho de defensa y de revisión.Ningún recluso podrá desempeñar en los servicios del establecimiento un empleo que permitaejercitar una facultad disciplinaria.Son inadmisibles las sanciones colectivas cuando se ignora quien cometió la falta que sequiere castigar. Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a la ley o el reglamento, sinque pueda serlo nunca dos veces por la misma infracción. Ningún recluso será sancionado sinhaber sido informado de lainfracción que se le atribuye y sin que se le haya permitido previamente presentar su defensa.La autoridad competente procederá a un examencompleto del caso. En la medida en que sea necesario y viable, se permitirá al recluso quepresente su defensa por medio de un intérprete.Nadie puede ser sancionado sin que medie un procedimiento que le permita defenderse, sinque haya sido escuchado lo que tiene que decir en su favor, sin haberle dado la oportunidadde presentar pruebas en su favor o de replicar las que son presentadas en su contra.Ninguna sanción debe producir un daño mayor del que pretende castigar. Las visitasfamiliares e íntimas no pueden ser suspendidas como medida disciplinaria pues afectatambién a la familia del interno. Por ninguna razón se puede faltar al respeto, humillar, insultaru ofender a los internos. Son inaceptables como medidas disciplinarias los golpes, atar, rapar,desnudar, privar de alimentos, imponer ejercicios físicos o trabajos forzados, esposar u obligara los internos a realizar cualquier acto cruel, inhumano o degradante. Bajo ninguna condiciónpueden usarse como medio de sanción cuerdas, esposas, cadenas ni grilletes
  • 15. Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana odegradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias.Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se aplicarán cuando el médico,después de haber examinado al recluso, haya certificado por escrito que éste puedesoportarlas. Esto mismo será aplicable a cualquier otra sanción que pueda perjudicar la saludfísica o mental del recluso. El médico visitará todos los días a los reclusos que esténcumpliendo tales sanciones disciplinarias e informará al director si considera necesario ponertérmino o modificar la sanción por razones de salud física o mental.Medios de coerciónLos medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza nuncadeberán aplicarse como sanciones. Los demás medios de coerción sólo podrán ser utilizadosen los siguientes casos: a) como medida de precaución contra una evasión durante untraslado, siempre que sean retirados en cuanto comparezca el recluso ante una autoridadjudicial o administrativa; b) por razones médicas y a indicación del médico; c) por orden deldirector, si han fracasado los demás medios para dominar a unrecluso, con objeto de impedir que se dañe a sí mismo o dañe a otros o produzca dañosmateriales; en estos casos, el director deberá consultar urgentemente al médico e informar ala autoridad administrativa superior.El modelo y los métodos de empleo autorizados de los medios de coerción serándeterminados por la administración penitenciaria central. Su aplicación no deberá prolongarsemás allá del tiempo estrictamente necesario.Los procedimientos disciplinarios tienen un proceso que es necesario seguir con la finalidadde cumplir con lo estipulado en nuestras leyes, y comienzan con un parte informativoelaborado por el personal penitenciario o por la queja de otro interno; después se notifica alinterno sobre lo que se le acusa para que el interno se presente ante el consejo técnicointerdisciplinario para iniciar su defensa y para que se le sancione de acuerdo con la falta quehaya cometido, pudiendo sufrir, incluso, aislamiento temporal;* por último, el interno tienederecho a presentar una inconformidad ante una instancia superior.Es importante destacar que, en estricto sentido, la sanción no podrá aplicarse hasta que elrecurso de revisión se dé por terminado.*El aislamiento temporal es una forma de arresto provocada por la comisión de una faltaadministrativa; éste consiste en la reclusión breve del interno en su propia celda o en una áreaespecial. Ésta es la máxima sanción que se aplica en los centros penitenciarios, por lo que nodebe exceder las 36 horas ni podrá hacerse de forma permanente; no deberá ser aplicada enceldas oscuras o insalubres, debe contar con agua, luz (natural y artificial) y ventilaciónadecuada. Además, la autoridad deberá notificar al interno y a sus familiares el tiempo quedurará la sanción y, antes de ser aplicada, el interno deberá ser revisado por un médico paracomprobar sus condiciones de salud.Estos principios están basados en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusosadoptadas por la ONU en Ginebra 1995, y en Luis González, Jesús Cruz et al., “Manual dederechos humanos del interno en el Sistema Penitenciario mexicano”, México, CNDH, 1995.LOS DERECHOS HUMANOS Y LA REVISION DE PERSONAS Y OBJETOSUno de los problemas cotidianos en los centros de reclusión es el de la revisión de objetostanto de los internos, de los visitantes como de los trabajadores.Este acto, por sus propias características, causa molestias, pero es una medida de seguridady de control, ya que es necesario cumplir con lo que se establece en los reglamentos internosacerca de la revisión para evitar que se ingresen drogas y artículos peligrosos.
  • 16. No obstante, las revisiones deben hacerse de manera respetuosa, sin violentar la dignidad ylos derechos de las personas privadas de su libertad, de sus familiares y los visitantes.Debe tratarse que las revisiones se hagan causando el mínimo de molestias y evitando quelos objetos revisados sufran algún daño.Las revisiones deben realizarse en los lugares predestinados para tal fin y con absolutaprivacidad.El personal que haga las revisiones deberá estar capacitado y lo hará en forma profesional,además de auxiliarse de los aparatos y dispositivos necesarios para evitar, en la medida de loposible, el contacto físico así como situaciones que obliguen a desnudarse a las personas, yasean visitantes o internos.Si al ser revisado se le encuentra un objeto prohibido, se le retirará y será devuelto al términode la visita, pero si el objeto constituye un delito o una falta administrativa, deberá darse partea las autoridades para su investigación.En caso de que un visitante intente reiteradamente ingresar objetos prohibidos por elreglamento interno, se puede restringir su acceso al centro, sin perjuicio de sus derechos.Todos estos puntos fueron retomados del Reglamento de Reclusorios y Centros deReadaptación social del D.F. y de “Revisiones en los centros de reclusión penitenciaria,Directrices para la protección de internos, visitantes y trabajadores en su persona y en susposesiones”, México, CNDH, 1995.LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL PENITENCIARIOEl personal penitenciario, así como todo el personal de la administración pública en general,como servidores públicos que son, tienen obligaciones, atribuciones y facultades de acuerdocon las funciones que desempeñan contenidas en la ley; como ciudadanos son sujetos dederechos al igual que todos los demás.Derechos Es necesario que conozcan que tienen derecho a recibir un trato justo y respetuoso por parte de las autoridades y que se le garanticen todos los derechos consagrados en los diversos ordenamientos jurídicos, empezando por la Constitución y cualquier otra manera aplicable. Para poder garantizar mejores condiciones laborales, es necesario que el trabajador de reclusorios cuente con una remuneración adecuada, condiciones laborales y, sobre todo, con estímulos para poder ascender escalafonariamente, de acuerdo con la experiencia y los méritos obtenidos a lo largo de su trayectoria, implementando el servicio civil de carrera penitenciaria. Tiene derecho a recibir una formación adecuada al perfil de trabajo que desempeñe, lo que incluye capacitación en derechos humanos, técnicas penitenciarias, conocimientos sobre negociación y manejo de conflictos, así como entrenamiento permanente en el empleo de equipo y armamento que le sea asignado. Cuando sea necesario emplear la fuerza y el equipo asignado (tanto letal como inmovilizante), es necesario que conozca que tiene derecho a recibir asesoramiento jurídico, psicológico y técnico para poder tener una adecuada intervención. Es importante que conozca que tiene derecho a recibir las armas, los instrumentos y el equipo adecuado (uniforme, botas y gorra) para desempeñar adecuadamente sus funciones, así como el equipo antibalas de buena calidad, escudos y cascos para una intervención menos riesgosa en caso de crisis.
  • 17. Tiene derecho a recibir una adecuada defensa jurídica por parte de las autoridades de los centros, cuando esté involucrado en alguna investigación penal o administrativa derivada del desempeño de las funciones propias de su actividad. Cuando se le aplique una sanción penal o administrativa, tiene derecho a que se le compruebe su participación y a que no se le incrimine con base en simples sospechas, además de sujetarse la sanción a la normatividad aplicable, sobre todo la Constitución y los instrumentos nacionales e internacionales competentes. No se pueden suspender sus derechos laborales y no se puede destituir sin haber comprobado su culpabilidad. En dado caso que se le obligue a cumplir una orden que vaya en contra de la ley o los derechos humanos, tiene el derecho y la obligación de negarse a cumplirla y debe manifestarlo a las máximas autoridades del centro.Obligaciones Tiene la obligación de respetar la integridad física y la dignidad humana de los internos, de las visitas y sus propios compañeros. En cuanto a la normatividad, es su obligación cumplir con todas las leyes aplicables y hacerlas cumplir cabalmente. Al desempeñar sus labores tiene la obligación de cumplir todas las funciones propias de su puesto, siempre apegadas a las normas y a los derechos humanos. Tiene estrictamente prohibido cometer o permitir actos de tortura, tanto de compañeros de trabajo como de autoridades de los centros, o que los justifique bajo la premisa de la peligrosidad del interno. Los funcionarios de los establecimientos penitenciarios no deberán, en sus relaciones con los reclusos, recurrir a la fuerza, salvo en el caso de legítima defensa, de tentativa de evasión o de resistencia por la fuerza. El uso de la fuerza es por tanto excepcional y de acuerdo con los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Por ningún motivo puede aplicar alguna sanción disciplinaria como consecuencia de una falta, para ello existe un consejo técnico interdisciplinario. Solamente puede intervenir para poner orden y dar aviso inmediatamente a sus superiores por medio de un parte informativo. Queda prohibido comerciar con los internos, los visitantes y los compañeros de trabajo, para poder combatir en forma eficaz los actos de corrupción. Cuando tenga conocimiento de cualquier acto de corrupción, su obligación es denunciarlo y evitar que se propague por todo el centro penitenciario. Para su mejor desempeño, tiene la obligación de asistir a todos los cursos de actualización y capacitación.Esta cartilla cubre uno de los propósitos de la Comisión de Derechos Humanos del DistritoFederal, la cual, por medio de sus órganos de educación y promoción, proporcionainformación básica sobre derechos humanos.La realidad compleja del sistema penitenciario obliga a ponerla sobre la mesa para suconocimiento, análisis y observancia. INDICECapitulo I.- AntecedentesMarco Juridico
  • 18. Capitulo II.- Cárceles en México un estado deSituaciónCapitulo III.- Factores que inciden en el crecimientoDe la población penitenciariaCapitulo IV.- La Población carcelaria y el tipo deDelitoCapitulo V.- Infraestructura y condiciones de vidaEn los centros penitenciariosCapitulo VI.- Los reclusos y el Sistema de Adm. DeJusticiaCapitulo VII.- Los Derechos Humanos y el SistemaPenitenciario