Derecho administrativo
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Derecho administrativo Document Transcript

  • 1. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIORUNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS EZEQUIEL ZAMORA (UNELLEZ-GUANARE) INTEGRANTES: Carlos Márquez Edgar Ortiz Lisneth Medina Karlys Briceño Miler Yépez Sección “B” Profesora Abogado Aldo Mujica Guanare, Octubre 2012
  • 2. La Actividad AdministrativaDefinición Es aquella en la cual el Estado satisface intereses colectivos oindividuales en forma directa o inmediata. Es una actividad típicamenteinstrumental de la administración pública, es una forma de comunicación.Vinculación de la legalidad formal, de forma imperativa, es decir, el actoadministrativo debe ser conforme a la ley, la administración públicasiempre debe actuar conforme a lo que dice la ley, sin contrariedad. Ladiscrecionalidad es un poder que tiene la administración para valorar losintereses colectivos.Función Administrativa: Función administrativa del estado es aquella que provee a lasatisfacción de las necesidades colectivas, y permanente y actúa sobre elpresente. El estado ejerce la función administrativa como gestor de interéspúblico, a través de la cual las personas jurídicas estatales entran enrelación con las particulares, como sujeto de derecho. Todos los órganos del estado puede cumplir la funciónadministrativa, como por ejemplo la A.N, al autorizar diversos órganos oactos ejecutivos al dictar los actos relativos a su personal.Régimen Jurídico: Este viene dado por la Constitución Bolivariana de Venezuela ensu artículo 137 y la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo LOPA.La Constitución Nacional en su artículo 141 reza La administración públicaestá al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamentan en losprincipios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia,transparencia, rendición de cuenta y responsabilidad en el ejercicio de lafunción pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Principios que forman la actividad administrativa: De acuerdo con el artículo 141 de la Constitución, laAdministración Pública se fundamenta en "los principios de honestidad,participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición decuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, consometimiento pleno a la ley y al derecho". Estos mismos principios los
  • 3. repite el artículo 12 de la LOAP al precisar que la actividad de laAdministración Pública se desarrollará con base a los principios antesmencionados. Principio de Legalidad: El principio de la simplicidad: El artículo 12 de la LOAP dispone que la simplificación de los trámites administrativos será tarea permanente de los órganos y entes de la Administración Pública, así como la supresión de los que fueren innecesarios, todo de conformidad con los principios y normas que establezca la ley correspondiente. Este principio tiene el objeto de racionalizar los trámites que realizan los particulares ante la Administración Pública, mejorar la eficiencia, pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en las mismas; reducir los gastos operativos; obtener ahorros presupuestarios; cubrir insuficiencias de carácter fiscal y mejorar las relaciones de la Administración Pública con los ciudadanos. Principio de información general (Internet): A fin de dar cumplimiento a los principios establecidos en la LOAP, ésta dispone (art. 12) que los órganos yentes de la Administración Pública deberá utilizar las nuevas tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como los medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación con las personas. Para ello cada órgano y ente de la Administración Pública debe establecer y mantener una página en la Internet, con toda la información que se considere relevante (misión, organización, procedimientos, normativa que lo regula, servicios que presta). Principio de publicidad de los actos generales: Todos los reglamentos, resoluciones y actos administrativos de carácter general dictados por la Administración Pública deberán ser publicados, sin excepción, en la Gaceta Oficial de la República, según el caso, en el medio de publicación oficial del Estado, Distrito Metropolitano o Municipio correspondiente (art. 13). La norma recoge el principio general del comienzo de la eficacia de los actos administrativos de efectos generales (normativos) o de carácter general (destinados a varios sujetos de derecho), sujetándolo a la publicación en la Gaceta Oficial. Principio de la sujeción a los planes, metas y objetos: Los órganos yentes de la Administración Pública, en su funcionamiento, deben sujetarse a las políticas, estrategias, metas y objetivos que se
  • 4. establezcan en los respectivos planes estratégicos y compromisos degestión. Igualmente se deben ceñir a la actividad desarrollada por lasunidades administrativas de apoyo técnico y logístico se debe adaptara la de aquellas (art. 19). Principio de la eficacia: Los entes de la AdministraciónPública debe perseguir el cumplimiento eficaz de los objetivos ymetas fijados en las normas, planes y compromisos de gestión; (art.19); así como la evaluación y control del desempeño institucional y delos resultados alcanzados (art. 189). Principio de la adecuación de los medios financieros a losfines: La asignación de recursos a los órganos y entes de laAdministración Pública se debe ajustar estrictamente a losrequerimientos de su funcionamiento para el logro de sus metas yobjetivos. En todo caso, el funcionamiento de la AdministraciónPública debe propender a la utilización racional de los recursoshumanos, materiales y presupuestarios. (art. 20). Por otra parte elartículo 21 de la LOAP establece el tamaño y la estructuraorganizativa de los órganos y entes de la Administración Públicadeben ser proporcionales y consistentes con los fines y propósitosque les han sido asignados, así como proponer a la utilizaciónracional de los recursos del Estado. El principio de privatización: En los casos en que lasactividades de los órganos y entes de la Administración Pública, enejercicio de potestades públicas que por su naturaleza lo permitan,fueren más económicas y eficientes mediante la gestión del sectorprivado o de las comunidades, dichas actividades deber sertransferidas a éstos, de conformidad con la ley, reservándose laAdministración Pública la supervisión, evaluación y control eldesempeño y de los resultados de la gestión transferida (art. 20). Principio de coordinación: Conforme al artículo de la LOAP,las actividades que desarrollen los órganos y entes de laAdministración Pública deben estar orientadas al logro de los fines yobjetivos del Estado, para lo cual deben coordinar su actuación bajoel principio de unidad orgánica. Principio de cooperación: Conforme al principio del artículo136 de la Constitución, Administración Pública Nacional, la de losEstados, la de los Distritos Metropolitanos y la de los Municipiosdeben colaborar entre sí y con las otras ramas de los Poderes Públicosen la realización de los fines del Estado (art.24).
  • 5. Actividad administrativa realizada por órganoscompetentes conforme al principio de legalidad: Es la potestad o la aptitud legal de un órgano para ejercer lasatribuciones, las facultades o competencias atribuidas por la Ley, eseórgano actúa porque la Ley así se lo permite, recuerden que la competenciaen Derecho Público es la excepción, de tal manera que es necesario que laLey le de la autoridad administrativa, la potestad de actuar, si la Ley no selo permite, pues lógicamente que ese órgano NO lo puede hacer. Son reglasbastantes rígidas dentro de la Administración pública. Esta determinado por diversos factores como son: la materia,territorio y la jerarquía, todos factores fundamentales que van adeterminar que un órgano esta actuando dentro del rango competitivo. ElNº 7 del art. 18 de la LOPA, hay algunas situaciones en las cuales elfuncionario público no posee en primera instancia, la competencia, sinoque posterior le es otorgada o es desviada la competencia hacia esapersona que va a ejecutar el Acto Administrativo, aquí en este casoestamos hablando de una situación muy particular, en principio quiendebe realizar el acto es quien posee por ley la atribución, la facultad, lacompetencia, pero hay situaciones excepcionales a través del cual otrapersona lo puede hacer, siempre y cuando suceda lo que el mismo Nº 7establece que es lo referido a la delegación, esta es una de las formas dedesviación de la competencia a los efectos de aligerar la actividadadministrativa, esto tiene mucho que ver con la administracióncentralizada y descentralizada. Una de las características de lacompetencia es: Es improrrogable, es indelegable y es irrenunciable, quienen principio tiene esa atribución no la puede entregar, salvo en los casosexpresamente previstos en la Ley. Ej. Delegación de poder y delegación defirmas (desviación de competencias) el órgano tiene que identificar el actoa través del cual se le atribuyo esa competencia. Noción general del principio de legalidad La Administración Pública se organiza y actúa de conformidad conel principio de legalidad, por el cual la asignación, distribución y ejerciciode sus competencias se sujeta a la Constitución de la República Bolivarianade Venezuela, a las leyes y a los actos administrativos de carácternormativo, dictados formal y previamente conforme a la ley, en garantía yprotección de las libertades públicas que consagra el régimen democráticoa los particulares.
  • 6. En este sentido, podemos observar que este principio consagradoconstitucionalmente, tiene carácter restringido por lo que los órganos delPoder Público solo pueden hacer lo que la Constitución y la Ley loautoricen; siendo esto reiterado por la Ley Orgánica de ProcedimientosAdministrativos en su artículo 7, el cual señala: Se entiende por acto administrativo, a los fines de esta ley, todadeclaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con lasformalidades y requisitos establecidos en la ley, por los órganos de laadministración pública. Visto esto, se puede aseverar que nuestra CartaMagna garantiza el sometimiento de la administración pública al principiode legalidad, tanto en relación a las normas que rigen su propiaorganización, como al régimen jurídico, el procedimiento administrativo yel sistema de responsabilidad; ya que establece los principios que influyenen la actuación administrativa y garantizan el sometimiento pleno a la Leyy al Derecho. En nuestro país el principio de legalidad es también llamadoprincipio de la competencia o bloque de la legalidad, por lo que lajurisprudencia reiterada a plasmado una concepción más amplia,definiéndolo como: la actividad del Estado y de todas las personas quedentro del mismo ejercen funciones públicas, debe estar estrictamenteceñida a las facultades que expresamente se le señalen: Cualquierextralimitación en el ejercicio de esas atribuciones, vicia de ilegalidad elacto de que se trate, y su nulidad debe ser declarada si así fuere solicitada.Este es el principio de legalidad sobre el cual descansa el Estado deDerecho. Por otra parte establece: constituye la legalidad uno de losprincipios fundamentales que informan el Derecho Administrativo. Seentiende con ello quela Administración está obligada a someter todos susactos a las prescripciones de la ley, a objeto de garantizar la posición de losparticulares frente a aquélla. En esa perspectiva, encontramos que elsometimiento de la autoridad administrativa a la ley hoy trasciende de sersólo un principio, constatándose su consagración en texto expreso. De allíque el artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativosordene la sujeción de todos los actos administrativos a las formalidades yrequisitos establecidos en la ley. Podemos hablar en este caso, que la jurisprudencia ratifica en todomomento el sometimiento de la Administración Pública al principio de
  • 7. legalidad; asimismo, la doctrina patria en este aspecto, es consecuente,considerando por ejemplo lo siguiente: Allan Randolph, Brewer Carías: “Las autoridadesadministrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y elderecho dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo conlos fines para los cuales le fueron conferidas. Todas las leyes deprocedimiento administrativo puede decirse que refuerzan el principio dela legalidad para garantizar el sometimiento de la Administración a latotalidad de las fuentes del derecho; principio que se puede analizarcomparativamente, desglosando en cuatro otros principios fundamentales:el principio de sometimiento de la Administración al derecho; el principiode la jerarquía, que por vía interpretativa de las leyes permite afianzar lalegalidad, los principios de organización administrativa que configurantambién un marco de legalidad; y por último, el principio de los límites dela discrecionalidad, es decir, la reducción de la arbitrariedad que tambiénencuentra consagración positiva”. En la obra “Las Instituciones Fundamentales del DerechoAdministrativo y Jurisprudencia Venezolana, el autor señala que elprincipio de legalidad, es el signo común y característico de los sistemasjurídicos contemporáneos y que la noción de Estado de Derecho implica lanoción de legalidad. Indica que el principio es nada más que unaenunciación de la teoría de las normas, adoptando el autor la tesis de laescuela gradualista según la cual (MERKL-KELSEN) afirman que lasfunciones del Estado son fundamentalmente dos: la legislación comoejecución de la Constitución y la ejecución (de la legislación) quecomprende dos especies; la justicia y la administración siendo esta últimadefinida con el concepto negativo de que todo lo que no es legislación ojusticia, es administración”. Según Brewer Carïas, para el juez el principio de legalidad esmás amplio que el de constitucionalidad que está sometido el legislador.Entiéndase que la decisión judicial es una determinación con fuerza deverdad legal, lo que en el caso concreto es Derecho, según una normajurídica. Fundamento Constitucional La norma suprema en nuestro país es la Constitución y es la basede todo el sistema jurídico por disposición.
  • 8. En Venezuela el principio de legalidad se encuentra consagradoprimeramente en el artículo 137 de la Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela, el cual reza: “Esta Constitución y la ley definenlas atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, las cualesdeben sujetarse las actividades que realicen”. Con base a lo anterior, Tena Ramírez sostiene “Así es como lasupremacía de la Constitución responde, no sólo a que ésta es la expresiónde la soberanía, sino también a que por serlo está por encima de todas lasleyes y de todas las autoridades; es la ley que rige las leyes y que autoriza alas autoridades. Desde la cúspide de la Constitución, que está en el vérticede la pirámide jurídica, el principio de legalidad fluye a los poderespúblicos y se trasmite a los agentes de la autoridad, impregnándolos detoda seguridad jurídica, que no es otra cosa sino constitucionalidad”. Asimismo, el artículo 4 de la Ley Orgánica de la AdministraciónPública establece: “La Administración Pública se organiza y actúa deconformidad con el principio de legalidad, por el cual la asignación,distribución y ejercicio de sus competencias se sujeta a la Constitución dela República Bolivariana de Venezuela, a las leyes y a los actosadministrativos de carácter normativo, dictados formal y previamenteconforme a la ley, en garantía y protección de las libertades públicas queconsagra el régimen democrático a los particulares”. En este sentido, podemos observar que este principio consagradoconstitucionalmente, tiene carácter restringido por lo que los órganos delPoder Público solo pueden hacer lo que la Constitución y la Ley loautoricen; siendo esto reiterado por la Ley Orgánica de ProcedimientosAdministrativos en su artículo 7, el cual señala: “Se entiende por actoadministrativo, a los fines de esta ley, toda declaración de carácter generalo particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitosestablecidos en la ley, por los órganos de la administración pública”. Visto esto, se puede aseverar que nuestra Carta Magna garantiza elsometimiento de la administración pública al principio de legalidad, tantoen relación a las normas que rigen su propia organización, como alrégimen jurídico, el procedimiento administrativo y el sistema deresponsabilidad; ya que establece los principios que influyen en laactuación administrativa y garantizan el sometimiento pleno a la Ley y alDerecho.
  • 9. Limitaciones al principio de legalidad Cuando se examina el principio de legalidad, se advierten dos tiposde intereses que se hallan en conflicto en el desarrollo de la actividadadministrativa: de un lado, la necesidad de salvaguardar los derechos delos administrados contra los eventuales abusos de la administración; y delotro lado, la necesidad de dotar a ésta de un margen de libertad de acción. Entre otros medios de asegurar a los administradores un margende libertad, se ha concebido la teoría de los poderes discrecionales, lateoría de las circunstancias excepcionales, y, en fin, la de los actos degobierno. Estas tres teorías constituyen límites a las consecuencias delprincipio de legalidad. Teorías de los Poderes Discrecionales y de los Actos deGobierno Hay poder discrecional siempre que una autoridad actúelibremente, sin que su conducta le sea dictada de antemano por una reglade derecho. El poder ejecutivo ejerce poderes discrecionales y estadeterminación no puede ser sometida a ningún control jurisdiccional. Se dice también que existe un Poder Reglado siempre que, frente aciertas circunstancias de hecho, la autoridad está obligada a tomar unadecisión, señalada por la Ley, sin libertad para escoger entre variasposibles soluciones, pudiendo decirse que en tales casos que la conducta leestá dictada de antemano por el derecho. Ejercen poderes reglados losadministradores de rentas, los rectores de las universidades del Estado, losfuncionarios encargados de expedir certificados de solvencia de unimpuesto o tasa, el registrador de la propiedad industrial, entre otras... Entodos estos casos, el funcionario actúa, en cumplimiento de una pautalegal, sin libertad alguna de elección. Puede advertirse que la administración conserva un mínimo defacultades discrecionales, aunque sólo sea para la elección del momento,esto es, la libertad de apreciar, según las necesidades del servicio, cuándopodrá adoptar una decisión que no puede evitar. El poder discrecionaldebe emanar del propio ordenamiento jurídico, de la regla expresa de laLey, y no de la ausencia de la norma aplicable. Según Balbé “La potestaddiscrecional no se funda en ausencia de preceptos jurídicos que limitan laactividad de la administración sino en la atribución por el derecho de unalibertad de apreciación”.
  • 10. Hace algunas décadas se establecía la división de las decisiones dela autoridad administrativa en actos reglados y actos discrecionales o depura administración. Respecto a éstos, no era admisible ninguna objeciónfundada en irregularidad jurídica; tales actos, por la naturaleza particularque se les atribuía, estaban libres de todo control de legalidad. No eransusceptibles de ser impugnados ante ningún tribunal: gozaban deinmunidad jurisdiccional. HAURIOU observa que en realidad todos los actos de laadministración encierran un poder discrecional, y que, en consecuencia, espreciso examinar en el fondo si en el caso contemplado la administraciónha excedido sus poderes, pues no puede sostenerse al inadmisibilidad detodo recurso jurisdiccional respecto al acto. Hoy en día la categoría de los actos discrecionales ha desaparecidocompletamente, en el sentido de que no constituye una causa para lanegativa de control jurisdiccional. Los actos para los cuales laadministración pública dispone de un amplio poder discrecional, noescapan al control de la legalidad, esos actos pueden ser ilegales y serdeclarados nulos por incompetencia del órgano, vicios de forma,inexistencia de los motivos alegados o desviación de poder. Teoría de los actos de Gobierno Según esta teoría, el principio de legalidad sufre otra importanterestricción: ciertos actos cumplidos por las autoridades administrativas,denominados Actos de Gobierno, no son susceptibles de ningún recursoante los tribunales, ni para obtener su anulación, ni para pedir laindemnización de los daños y perjuicios causados por tales actosadministrativos. Teoría de las Circunstancias Excepcionales Esta teoría fue forjada en el Consejo de Estado Francés, que aceptala validez de ciertas decisiones de la administración, que aunque contrariasa las reglas legales, aparecen plenamente justificadas en ciertascircunstancias, en vista de la necesidad de asegurar el mantenimiento delorden público y el funcionamiento de los servicios públicos.
  • 11. Vicios Error Esencial: Cuando se excluye la voluntad de laAdministración (error en la persona, error en el objeto). a. Dolo: El dolo es toda acepción de lo que es falso o disimulaciónde lo que es verdadero. El dolo difiere del error en que es intencional. Paraque el dolo ocasione la invalidez del acto administrativo debe ser grave ydeterminante de la acción del agente. Sea que el dolo fuera propio delagente o del administrado o de ambos, el acto administrativo resultaránulo de nulidad absoluta. b. Violencia física o moral: La violencia que se ejerce sobre elfuncionario puede ser física o moral, aun cuando esta última vaacompañada de actitudes que pueden hacer presumir una violencia física.En uno u otro supuesto de violencia ejercida sobre el agente, el actoresultará nulo de nulidad absoluta si, a causa de ello, la voluntad de laAdministración ha quedado excluida. c. Simulación absoluta: Cuando ninguno de los elementosresultan veraces. Vicios específicos de los actos administrativos a. Incompetencia: Puede ser por razón de:  Territorio: Se produce si el órgano actuante excede elámbito físico dentro del cual debe ejercer su competencia.  Materia: El órgano administrativo debe realizar lasfunciones que específicamente le competen, debe actuar dentro de laesfera de competencia que le corresponde. La competencia de cada órganode la Administración Pública está señalada por la norma. Si un órganoadministrativo dictara un acto con contenido judicial, o si invadiera laesfera de atribuciones pertenecientes a otro órgano de la Administración,dicho acto sería nulo de nulidad absoluta.  Tiempo: Se produce si el agente decide antes (todavía noasumió) o después (ya cesó en sus funciones) del tiempo en que sudecisión hubiera sido válidamente posible.  Grado: El inferior jerárquico no puede dictar un acto quesea de la competencia del superior, ni el superior dictar, en principio,alguno que fuera de la exclusiva competencia del inferior por razonestécnicas.
  • 12. b. Falta de causa: Cuando el acto se dicta prescindiendo de loshechos que le dan origen o cuando se funda en hechos inexistentes ofalsos. c. Falta de Motivación: Si el acto está fundado en elementosfalsos es arbitrario y por ello nulo. También es nulo de nulidad absoluta elacto ilógicamente motivado, es decir cuando se obtiene una conclusión queno tiene nada que ver con el argumento que se utiliza. La omisión de lamotivación da origen a la nulidad absoluta, ya que no sólo se trata de unvicio de forma sino también de un vicio de arbitrariedad. d. Vicios en el Objeto: Cuando el acto tuviera un objeto que nofuera cierto, o cuando se tratara de un acto física o jurídicamenteimposible. e. Vicio en la finalidad o desviación de poder: Cuando elacto se ha dictado con un fin distinto al previsto por el legislador. Para queocurra la desviación de poder debe haber una autoridad administrativa concompetencia, que haga uso de poder para un fin distinto del conferido porla ley. Entre los supuestos de desviación de poder pueden estar lossiguientes:  que el agente actúe con una finalidad personal;  que los actos sean realizados con el objeto de beneficiar aterceros;  que el fin perseguido sea de interés general pero distinto delfin preciso que la ley asigna al acto (cuando el poder de policía se usa nopara mantener el orden sino para aumentar los recursos de la comuna). Vicios en las formas esenciales: Cuando se incurre envicios graves respecto de los procedimientos que deben seguirse o cuandohay falta absoluta de forma exigida por la ley para la exteriorización delacto. 1. Anulabilidad: Son anulables los actos administrativosregulares con vicios leves, que no impiden la existencia de los elementosesenciales. Si el acto ya ha sido notificado, dicha anulabilidad debe sersolicitada en sede judicial por la Administración. Sin embargo puede serrevocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si elinteresado hubiere conocido el vicio, si la revocación, modificación o sustitución lo favorece sin perjudicar a terceros,
  • 13. si el derecho hubiera sido otorgado a título precario. Un acto administrativo es anulable, y por tanto saneable, porejemplo, cuando:  el vicio fuera del objeto, en razón de no resolverse todas laspeticiones formuladas.  el vicio fuera de la causa en razón de haber realizado laAdministración una errónea apreciación de los hechos que forman la causadel acto, siempre que tal errónea apreciación no impida la existencia deeste elemento.  se tratare de un vicio leve de procedimiento. Actividad Administrativa de Policía o policíaadministrativa: La búsqueda de la armonía en la convivencia social conlleva a queel Estado como el director encargado de preservar el orden público hayacreado organismos que en sus diferentes actividades se encarguen depreservar los derechos en equidad. De tal forma la policía administrativa,es aquella autoridad que ejecuta las acciones encaminadas a limitar losactos de los particulares por razones de interés general, manteniendo enarmonía el interés público y el interés privado. Se entiende por policía administrativa la actividad del Estadomediante la cual, con el objeto de asegurar el mantenimiento del ordenpúblico, se imponen las restricciones necesarias a la liberad personal y a lapropiedad de los administrados. La ley fija los límites necesarios para laactividad de los particulares, mediante la definición de las garantíasfundamentales acordadas a los ciudadanos para el ejercicio de suslibertades; pero que, corresponden al Poder Ejecutivo precisar y completarestas prescripciones esenciales, asegurar la aplicación concreta de lasmismas y prevenir los desórdenes de toda naturaleza. La policía Administrativa se fundamenta en la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela en el título relativo a los deberes,derechos y garantías, junto con la proclamación de los deberes y de losderechos individuales, sociales, económicos y políticos, los cuales son labase para la organización del poder de la policía.
  • 14. Cuando hablamos de policía administrativa, nos referimos a lanaturaleza del poder de policía enfocado en la función administrativa queejercen las autoridades administrativas, cuya naturaleza limita y orientasustancialmente la función policial. El término "sustancialmente" nos indica que todas lasintervenciones que implican la aplicación de las normas y que no terminanen un proceso judicial, son competencia de la policía administrativa. Vemos entonces, cómo la policía administrativa es la herramientaejecutiva, que tiene encomendado el correcto funcionamiento del ordenpúblico, es decir las condiciones que permiten la prosperidad general y elgoce de los derechos y libertades dentro de un ambiente coherente devalores y principios. Actividad Administrativa de Fomento Por actividad administrativa de fomento se entiende aquellamodalidad de intervención administrativa que consiste en dirigir laactuación de los particulares hacia fines de interés general mediante elotorgamiento de incentivos de distinto carácter. JORDANA DE POZAStuvo el gran acierto de identificar los perfiles propios de este tipo deintervención administrativa, y la definió como la "acción de laAdministración encaminada a proteger o promover aquellas actividades,establecimientos o riquezas debidas a los particulares y que satisfacennecesidades públicas o que se estiman de utilidad general, sin usar de lacoacción ni crear servicios públicos". En definición es la acción desarrollada por la administración,encaminada a estimular, ayudar y proteger las empresas y particularescuyas tareas sean favorables al interés general. Las empresas beneficiariasdel estimulo gubernamental pueden moverse, entre otras, en el campo dela economía, de la cultura, de la educación o de la asistencia social. La actividad administrativa de fomento tiende, por lo tanto, asatisfacer indirectamente necesidades de carácter colectivo. Actividad Administrativa de Servicio Público En un sentido amplio, toda la actividad desplegada por lasAdministraciones Públicas puede ser englobada, a ciertos efectos, en el
  • 15. concepto de servicio público (también las actuaciones de regulación o defomento de las actividades de los particulares). No obstante, una parteimportante de la doctrina reserva el término de "servicio público" ensentido técnico-jurídico, para referirse a las actuaciones administrativasque consisten en " prestaciones asistenciales que satisfacen necesidadescolectivas y cuya titularidad, generalmente, es asumida por unaAdministración pública". Para entender adecuadamente este concepto técnico-jurídicodeservicio público se hace preciso, pues, situarlo en el campo de los finesdel Estado. Al enfrentarse con los fines del Estado, la doctrina suele distinguirentre, por un lado, una serie de actividades que se reconocen como propiasdel Estado en cuanto organización política, esenciales al mismo,inherentes a sus fines esenciales, sin las cuales éste no existe, y, por otro,actividades esenciales para la comunidad o muy útiles o convenientes parala misma, que pueden ser desarrolladas por los particulares pero que, pordiversos motivos, en casi todos los países europeos han venido siendoprestadas por el Estado desde principios del siglo XX hasta fechasrecientes, quedando todavía algunas en sus manos. Dentro del grupo de las funciones públicas se encuentran, entreotras, la actividad de creación del Derecho (aprobación de las normasjurídicas escritas: leyes, reglamentos); la tutela de los derechos a través delos Tribunales de Justicia, la actuación polí-tica exterior, la defensa delEstado, la seguridad interior, la Hacienda pública y algunas más. Talesfunciones son propias del Estado, y en ellas encuentra como decimos surazón de ser, lo cual comporta, de modo negativo, que no puedan dejarseen ningún caso a la iniciativa privada (sin que ello signifique que no puedadarse una colaboración de los particulares en determinados casos, comoocurre por ejemplo en materia de seguridad interior con la existencia deempresas privadas de seguridad). En el segundo grupo (servicios públicos en sentido estricto) seencuentran actividades tales como la asistencia sanitaria, la educación, elsuministro de productos.
  • 16. Actividad Administrativa de Gestión Económica Actividad Administrativa de Gestión Económica, está referida a laprestación de bienes y servicios por parte del Estado, pero con laparticularidad de que en esta hipótesis la organización estadal desempeñael rol de un agente económico más, que concurre en el mercado, junto conlos particulares, generalmente acudiendo a técnicas organizativas dederecho privado, a través de las denominadas empresas públicas. La diferencia con la prestación de servicios públicos por parte dela administración, reside fundamentalmente en que la actividad de gestióneconómica no existe en rigor la prestación de un servicio público, sinodación de bienes al mercado. http://es.scribd.com/doc/53440858/Actividad-administracion