Medios de adquisicion

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  • 1. UNIVERSIDAD DE LEON, PLANTEL IRAPUATOGuía de Derecho Administrativo II
  • 2. Medios de Adquisición de Dominio del EstadoPor su parte Laquis sostiene: "son sinónimos dominio y propiedad". Aclara luegoque el vocablo propiedad es aplicable tanto a las cosas muebles e inmuebles ycomprensivas de las cosas materiales o inmateriales.Carregal afirma: "aunque parezca redundancia, cuando digo tengo el dominio deuna cosa estoy sosteniendo en realidad que soy propietario, que soy titular de underecho sobre la cosa en cuestión".ExpropiaciónLa Expropiación es una institución de Derecho Público, que consiste en latransferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado, medianteindemnización, concretamente, a un ente de la Administración Pública dotado depatrimonio propio. Puede expropiarse un bien para que éste sea explotado por elEstado o por un tercero.La expropiación posee dos notas características, primera que la expropiación esuna transferencia de carácter coactivo, lo que hace de ella una institucióncaracterística del Derecho Público que no puede ser asimilada a la compra ventaprevista en el derecho privado; segundo que el expropiado tiene derecho a recibira cambio una indemnización equivalente al valor económico del objetoexpropiado, lo que la diferencia de la confiscación.Tipos de expropiaciónDominio eminenteLos gobiernos más comúnmente usan el poder del dominio eminente cuando laadquisición de bienes inmuebles necesarios para completar un proyecto públicocomo por ejemplo una carretera, y el propietario de la propiedad requerida esreticente a negociar el precio de su venta. En muchas jurisdicciones el poder deldominio eminente está rebajado con el derecho a una compensación justa conrespecto a la apropiación.Algunos acuñaron el término expropiación para referirse a la "apropiación" bajo laley del dominio eminente, y puede ser usada especialmente con respecto a casosdonde no se realiza compensación al confiscar la propiedad. Entre los ejemplos seincluyen la expropiación cubana de 1960 de propiedades a ciudadanosEstadounidenses, siguiendo la ruptura de la relaciones públicas y diplomáticasentre la administración de Eisenhower y el Gobierno Cubano de Fidel Castro. Losciudadanos estadounidenses y corporaciones mantenían vastas cantidades depropiedad inmobiliaria cubana. Las autoridades cubanas ofrecieron unacompensación justa para las propiedades de Estados Unidos, como habían hecho
  • 3. exitosamente para las propiedades Españolas, Británicas y Francesas cuandonacionalizaron la propiedad privada en Cuba, por el bien común.Sin embargo, las autoridades estadounidenses rechazaron la oferta, adhiriéndosea la noción de que esas propiedades seguían siendo posesión de intereses deEstados Unidos cuarenta y cinco años después. Esto está en directo contraste conlos recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia Estadounidense que permite auna corporación desplazar a un ciudadano privado de sus bienes raíces, si eldesarrollo de la corporación se considera ser de beneficio propio del municipio.CondenaEl término "condena" se usa para describir el acto de un gobierno ejerciendo suautoridad de dominio eminente. No ha de ser confundido con el término del mismonombre que describe el proceso legal por el cual la propiedad inmobiliaria,generalmente construcciones, se estima legalmente inadecuada como sihabitación debido a sus defectos físicos. La condenación por eminencia pública esla cantidad de una compensación justa. La condenación de construcciones ensuelo con riesgos de salud y seguridad o la violación flagrante de zonas no priva alpropietario de la propiedad condenada pero requiere al propietario la rectificaciónde la situación.El ejercicio del dominio eminente no está meramente limitado a la propiedadinmobiliaria. Los gobiernos pueden también condenar el valor en un contrato comoun acuerdo de franquicia (razón por la cual muchos acuerdos de franquiciaestipulan que en trámites de condenación, la franquicia de por sí no tienen ningúnvalor).OrígenesEl poder del dominio eminente en la ley Inglesa deriva de la forma de la propiedadinmobiliaria. Muchos terratenientes asumen que su derecho a la propiedad esabsoluta bajo ley, pero que esto ocurra es en realidad es un caso raro. En cambio,un condado u otras autoridades han creado en dominio absoluto, un concepto quederiva del fief feudal. La misma autoridad puede anular (o condenar) el dominio yconfiscar el terreno ej. como cuando el terrateniente no paga el impuesto depropiedad.Los países angloparlantes que nunca tuvieron un sistema feudal han perpetuadola propiedad de dominio absoluto, incluyendo el poder de dominio eminente, porcontinuidad legalidad, debido principalmente a que en las antiguas colonias delImperio Británico sus tierras fueron en un tiempo conquistadas por la monarquíaBritánica, dando a la monarquía título Allodial sobre esos terrenos. "Vamos, ahora,a estudiar el otro aspecto fundamental de la expropiación (aparte de que se pagueel justo precio), cual es la justificación en una causa de utilidad pública o deinterés social y la posible reversión de los bienes o derechos expropiados si talcausa de utilidad pública o interés social se frustra o no se llega a cumplir,comenzando, como base de lo que luego se dirá, por el concepto y regulación dela expropiación forzosa, su naturaleza y fundamento, y sus elementos
  • 4. Modalidad y Limitaciones a la Propiedad PrivadaEn el marco de las reglas constitucionales descritas relativas a las relacionesPatrimoniales en México, la propiedad privada fue regulada de forma distinta acomo la habían concebido los liberales del siglo XIX. En lugar de ser consideradacomo un derecho natural que debía permanecer intocado e inalterado por elEstado, pasó a ser un derecho relativo, derivado de un derecho superior (el de lapropiedad originaria de la Nación), y sujeto en razón de ello a la posibilidad deregulación “fuerte” por parte del propio Estado, por medio de la imposición de las“modalidades” que dicte el interés público.Dichas modalidades han implicado el establecimiento de ciertos límites al ejerciciodel derecho de propiedad privada. Dichos límites podrían resumirse de la siguienteforma:A. No todos los bienes pueden ser objeto de apropiación privada. Los bienesdefinidos como del dominio directo o propiedad de la nación (los cualesanalizaremos posteriormente) no pueden ser objeto de propiedad privadaB. La propiedad privada agraria, en el ámbito rural, tiene límites precisos encuanto a su extensión, establecidos en el propio artículo 27 constitucionalfracciones IV y XV.C. Existen límites en cuanto a la capacidad legal de los extranjeros para serpropietarios de bienes raíces dentro del territorio nacional.D. También hay límites en cuanto a la capacidad de algunas personas para teneren propiedad ciertos bienes: por ejemplo, las asociaciones religiosas, puedenadquirir, poseer o administrar exclusivamente los bienes que sean indispensablespara su objeto, con los requisitos y limitaciones que fije la ley. Y lo propio sucederespecto de las instituciones de beneficencia pública y privada en cuanto a sucapacidad legal para tener en propiedad bienes raíces.E. El uso de la propiedad privada por parte de los propietarios puede ser limitadopor diversas leyes de carácter administrativo, como sería el caso, por ejemplo, delas leyes sobre asentamientos humanos u desarrollo urbano y las leyes sobreequilibrio ecológico y protección del medio ambiente, y la ley sobre monumentoshistóricos y zonas arqueológicas, entre otras.F. La propiedad privada puede ser expropiada u ocupada, por causas de utilidadpública y mediante indemnización.
  • 5. Por otra parte, el artículo 27 constitucional establece las bases constitucionalesreferidas al alcance de los derechos de particulares sobre los llamados elementosnaturales susceptibles de apropiación (es decir, sobre los recursos naturales queno califican como bienes del dominio directo ni de propiedad de la Nación). Comotales elementos calificarían, por ejemplo, la fauna silvestre, terrestre y marina, laflora, incluyendo los bosques y selvas, el suelo, la aguas no previstas en el párrafo5 del 27 como de propiedad de la Nación y el aire.La Constitución permite que estos elementos naturales susceptibles deapropiación sean aprovechados por sus propietarios. Sin embargo, la propiaConstitución definió un régimen regulatorio que el Estado puede establecer con elpropósito de asegurar la conservación, la distribución equitativa de taleselementos, el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condicionesde vida de la población tanto rural como urbana. Como bien señala Martín Díaz,esta disposición constitucional implica un sistema de tutela jurídica compleja,puesto que, por una parte garantiza el derecho del titular de la propiedad, pero,por otro lado, condiciona el ejercicio de ese derecho a la permanencia del recurso,lo que significa el reconocimiento del interés de la Nación en la conservación detales elementos. Consecuentemente, el derecho de propiedad privada en relacióncon este tipo de bienes, no implica libre disposición para su titular, sino unejercicio restringido por las pautas regulatorias que subordinan dichasprerrogativas al interés que suscita la conservación y la distribución equitativa delos mismos, así como el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de lascondiciones de vida de la población tanto rural como urbana.El régimen regulatorio que el Estado puede definir en relación con losmencionados elementos naturales susceptibles de apropiación, implica laposibilidad de dictar las medidas necesarias para, entre otras cosas, ordenar losasentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas ydestinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y deplanear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de loscentros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para elfomento de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y demás actividadeseconómicas del medio rural y para evitar la destrucción de los elementos naturalesy los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.Por otro lado, cabe aclarar que la Constitución determina que el aprovechamientode los mencionados elementos naturales susceptibles de apropiación pueden serregulados únicamente por el Congreso de la Unión. Esta es la interpretación quela Suprema Corte de Justicia ha sostenido, misma que ha implicado laidentificación del término “Nación” con “Federación”.Sin embargo, hay que resaltar que recientemente la Corte ha abierto la puerta auna vía de interpretación distinta, a saber.A pesar de ello, la concepción liberal de propiedad no desapareció del todo.Ello es así, en razón de que el derecho de propiedad privada es consideradocomo un derecho fundamental (garantía individual, para usar el término empleado
  • 6. por la Constitución), que puede ser defendido contra actos de autoridad contrariosa la Constitución por medio del juicio de amparo.Además, el artículo 14 constitucional establece el requisito del la “previaaudiencia” y el “debido proceso legal” para que una persona pueda ser privada desus propiedades; y el artículo 16 constitucional requiere mandamiento escrito deautoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, paraque una autoridad pueda ejercer “actos de molestia” sobre una persona, sufamilia, domicilio papeles o posesiones.Por otra parte, es preciso señalar que además de la vertiente de la propiedadcomo derecho fundamental previsto en la Constitución, existe otro aspecto deaquélla, relativo al mundo de las relaciones privadas y regulado por los códigosciviles.En este sentido, Burgoa habla de la propiedad privada como derecho públicosubjetivo (oponible por los particulares frente al Estado), y como derechosubjetivo civil (oponible entre las personas colocadas en el plano degobernados o sujetos de derecho privado). Así, en su aspecto puramentecivil, la propiedad es un derecho subjetivo-dice Burgoa-que se hace valerfrente a personas situadas en la misma posición jurídica que aquella en quese encuentra su titular.A su vez, este aspecto civil de la propiedad, está regulado por los códigos civiles(tanto el federal como los de las entidades federativas y del Distrito Federal),mismos que siguen en términos generales las líneas básicas que provienen delderecho romano y la codificación napoleónica. Pero dichos términos debenentenderse en el contexto general que proviene del marco constitucional sobre lapropiedad arriba referido, y sus ramificaciones normativas por medio de leyesadministrativas diversas. Rubro: Propiedad Privada, Modalidad a la. Elementos Necesarios para que se Configure. Por modalidad a la propiedad privada debe entenderse el establecimiento de una norma jurídica de carácter general y permanente que modifique, esencialmente, la forma de ese derecho. Son, pues, elementos necesarios para que se configure la modalidad, primero, el carácter general y permanente de la norma que la impone y el segundo, la modificación sustancial del derecho de propiedad en su concepción vigente. El primer elemento requiere que la regla jurídica se refiera al derecho de propiedad sin especificar ni individualizar cosa alguna, es decir, que introduzca un cambio general en el sistema de propiedad y, a la vez, que esa norma llegue a crear una situación jurídica estable. El segundo elemento implica una limitación o transformación del derecho de propiedad; así, la modalidad viene a ser un término equivalente a limitación o transformación. El concepto de modalidad a la propiedad privada se aclara con mayor precisión si se estudia desde el punto de vista de los efectos que produce en relación con los derechos del propietario. Los efectos de la modalidad que se imponga a la propiedad privada consisten en una extinción parcial de los atributos del propietario, de manera que éste no sigue gozando, en virtud de las limitaciones estatuidas por el Poder Legislativo, de todas las facultades inherentes a la extensión actual de su derecho.
  • 7. Época: SéptimaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la FederaciónNúmero: 157-162 Primera ParteFecha de publicación:Paginas: 315Tesis:Tipo: Jurisprudencia por reiteraciónNacionalizaciónLa palabra nacionalización puede referirse a:Estatización, transformación de una empresa o unidad económica privada en unaempresa pública. También se denomina socialización o nacionalización de losmedios de producción. Sin embargo la nacionalización específicamente se refierea la recuperación de una empresa extranjera (no nacional) al dominio del estado.Naturalización, proceso por el cual un ciudadano de un Estado adquiere lanacionalidad de otro con el cual ha adquirido algunos vínculos.Las nacionalizaciones, muy de moda en la década de los cincuenta y en lossesenta, han regresado. Fenómeno normalmente asociado a los países endesarrollo. Hoy se da incluso en los llamados paises del primer mundo.¿En qué consiste una nacionalización?Una nacionalización, consistente esencialmente, en que una empresa o sociedadindustrial del sector privado, que provee bienes o servicios, es adquirida por elEstado y éste asume el control de la misma.En este proceso, lo común es que a cambio de ese traspaso de activos y pasivosde manos privadas a estatales, se pague un monto de dinero, que suele sercalculado por el nacionalizador, es decir, el Estado. El proceso de nacionalización,normalmente se da por razones políticas o económicas, rara vez, por otras. Sinembargo, es importante poder establecer que no todas las nacionalizacionestienen como objetivo favorecer a la sociedad en su conjunto. De hecho, en ciertoscasos, los propios nacionalizados han sido los que apoyaron y promovieron elproceso.Bien es sabido, que la economía suele tener de manera cíclica, períodos debonanza y seguidamente, otros de austeridad. En el caso de las empresas,particularmente privadas, que estan sujetas a estos vaivenes de la economía, elperíodo austero, puede ser previsto, e incluso cuantificarse los efectos quetendrán sobre ella. Puede pasar, que los cálculos arrojen cifras verdaderamentedesfavorables, en cuyo caso probablemente, la empresa se arriesgue a la quiebray cierre de actividades. Si esta situación, puede ser prevista, y los gerentes o
  • 8. propietarios tienen capacidad de influir políticamente en los mandosgubernamentales o de alta esfera política, no se puede descartar, la posibilidad deque se sugiera una "nacionalización" como remedio o salida favorable a susintereses. Puede darse, que el proceso, se de actuando, los políticos de buena fe,o contraria esta.Ahora bien, las nacionalizaciones son parte de un ciclo que ha resultado servicioso.Veamos cuál es: una empresa, en una situación económica positiva en el entorno,generalmente produciendo buenas ganancias para sus propietarios, tiene unperíodo de operación en dichas condiciones de favorabilidad, que está supeditadoa la ciclicidad de la economía capitalista. La empresa, resulta eficiente y eficaz enlas acitivades que desarrolla, ya sea produciendo bienes, comercializandolos, uofreciendo servicios a la sociedad. Cuando se puede percibir que la situacióndesmejorará, y se tiene el peso económico suficiente como para influenciar la vidapolítica de un país, se pueden realizar dos cosas: primero, pedir y conseguir delEstado, normas o condiciones que le puedan otorgar ventajas comparativas con lacompetencia, y en consecuencia una mejor situación empresarial, o, también, quela empresa sea adquirida por el Estado bajo la forma de una nacionalización.En caso de darse esta última, los empresarios son generalmente, generosamentecompensados. La empresa nacionalizada comienza a operar bajo el amparo delEstado. Lamentablemente, la experiencia pasada demuestra que, empresas en elsector público, suelen ser utilizadas como una fuente laboral para los partidariosdel partido político en funciones de gobierno, sin tomar en consideración aspectosde eficiencia, conocimiento, capacidad, experiencia u otros, bastará el patrocinio opadrinazgo político.Las Servidumbres administrativasDerechos reales en favor de las Administraciones Públicas que comportan ungravamen o restricción que disminuye el contenido propio y normal de lapropiedad privada y entraña, en consecuencia, la justa indemnización.El Código Civil en su artículo 530 define la servidumbre como un «gravamenimpuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distintopropietario». Pero, además de estas servidumbres reales -que conllevan laexistencia de dos inmuebles, uno el «predio dominante», en favor del que seestablece la servidumbre, y otro el «predio sirviente», el que soporta el gravamen-,el propio Código admite que también pueden establecerse servidumbres enprovecho de una o más personas o de una comunidad a quienes no pertenezca lafinca gravada» (servidumbres personales, art. 531 del C.C.).La literatura jurídica más generalizada mantiene que deben admitirse en DerechoAdministrativo aquellas categorías del Derecho privado cuyos rasgos esenciales
  • 9. son comunes a instituciones de aquel Derecho. Y en este sentido, y por lo que serefiere a las servidumbres, la doctrina italiana -GIROLA en su monografía Lasservidumbres prediales públicas, 1937- estima que se dan las siguientes hipótesisde servidumbres prediales públicas: a) servidumbres sobre bienes públicos enfavor de otros bienes públicos; b) servidumbres sobre bienes públicos en favor debienes privados; c) servidumbres sobre bienes privados en favor de bienespúblicos.La doctrina española, aunque no unánime, sólo acepta las servidumbres sobrebienes privados en favor de bienes públicos, y algún autor como GARRIDO FALLA-Tratado de Derecho Administrativo, volumen II, 1960, página 247- señala que enlas servidumbres administrativas la idea de predio dominante no es esencial, nisiquiera existe normalmente. La servidumbre pública se establece en favor de lacomunidad, sin que ello quiera decir que tal gravamen suponga un uso público delpredio sirviente por parte de la comunidad. Por ello, el estudio de las servidumbresadministrativas no debe limitarse a las prediales o reales, sino que han de serabarcadas cualesquiera impuestas sobre la propiedad privada por razón de interéspúblico.La doctrina distingue entre limitaciones de la propiedad y servidumbres -lo que nosiempre parece claro en las expresiones legales-. Las limitaciones implican«restricciones» de la propiedad impuestas por la ley al señalar los confines de lapropiedad, al delimitarla, al fijar su contenido propio, y que, en consecuencia, noentrañan derecho de indemnización alguno (véase artículo 33.2 de la ConstituciónEspañola y 348 del Código Civil). La servidumbre, por el contrario, restringe notanto el contenido del derecho de propiedad cuanto su exclusividad. Laservidumbre implica la sujeción parcial de un bien privado a un uso por parte de lacolectividad. La servidumbre conlleva un «soportar algo» -pati-; las limitaciones, un«non facere» (GARRIDO FALLA, obra citada, con referencias a ZANOBINO yMAYER).Aunque en nuestras leyes positivas no es frecuente el rigor técnico en lautilización de los términos de servidumbre y limitación son ejemplos deservidumbres: a) la colocación de buzones, farolas y placas; b) las de paso paraconducciones eléctricas; c) la vigilancia y salvamento en zonas marítimo-terrestres; d) las de paso; e) acueducto, de estribo de presa y parada o partidor,de abrevadero y saca de aguas, de camino de sirga. Son ejemplo de limitaciones:a) las llamadas «servidumbres militares»; b) las limitaciones en interés de ladefensa nacional; c) las limitaciones por razones histórico-artísticas; d) por razónde proximidad al dominio público, montes, carreteras, ferrocarriles; e) las llamadas«servidumbres aéreas»; f) limitaciones por razón de urbanismo (Ley del Suelo); g)limitaciones sobre la propiedad agraria, etc.
  • 10. ConfiscaciónDel latín confiscatĭo, confiscación es la acción y efecto de confiscar. Esteverbo refiere a decomisar (incautar algo) o a penar con la privación de bienes, quepasan a formar parte del erario público. Por ejemplo: “Tras la orden judicial, lapolicía procedió a la confiscación de los electrodomésticos que habían ingresado al paísde manera ilegal”, “Los vendedores ambulantes resistieron con palos y piedras laconfiscación de sus productos”, “La tarea de confiscación nos permitió sacar del mercadomás de 2.000 juguetes elaborados con sustancias tóxicas”.Para el derecho, por lo tanto, la confiscación es la facultad del Estado para privarde las posesiones a una persona (física o jurídica) sin compensación alguna.Dichos bienes pasan a manos estatales.Es posible distinguir entre la confiscación (la pena principal que consiste en laprivación de bienes) y el decomiso (la pena accesoria que supone la pérdida delos efectos de un delito y de los instrumentos que permitieron delinquir).Las formas en que se instrumenta la confiscación varían según la legislación. Porlo general, se autoriza a alguna autoridad competente (como las fuerzaspoliciales) a confiscar las mercancías ilegales (drogas, armas, etc.). En algunoscasos, un juez emite la orden correspondiente para que la policía realice unallanamiento y confisque lo encontrado.En el lenguaje coloquial, la noción de confiscación se usa para nombrar a laacción de privar a un subordinado de un objeto a modo de castigo. El término, eneste sentido, puede hacer referencia al padre que le quita el PlayStation a su hijoporque no estudió para un examen.DecomisoPena que consiste en perder aquello con lo que alguien comercia ilegalmente.Es la perdida de los bienes de una persona por razón de interés públicocontenidos en la legislación penal y en el régimen de policía, de seguridad, demoralidad y salubridad.2.- Haga mención del régimen jurídico del decomiso.El artículo 21 constitucional procede a prohibir el decomiso administrativo al limitarlas sanciones que puede el ejecutivo, a multa o arresto en cambio la supremacorte de justicia ha admitido que si procede el decomiso ordenado por la autoridadadministrativa no obstante lo señala por el constituyente, artículos del códigopenal, 53 54 y 55.Requisición administrativoEn las Constituciones y legislaciones de los países europeos, asiáticos, africanosy de Latinoamérica, existen reguladas las instituciones administrativas vistas yotras, manifestaciones de una administración coactiva necesaria para que elEstado logre sus fines sociales, económicos y políticos.
  • 11. Es decir, son acciones que se suceden dentro del texto legal, no son arbitrariaspor más que así parezcan por su enorme fuerza coercible y frente a la minúsculafuerza de los particulares. El interés público siempre estará por encima del interésindividual.Forma parte de las instituciones examinadas en el boceto la requisición, quetambién es una administración coactiva. Y por más que las Constituciones tienena los derechos del hombre o a las garantías individuales como supremopatrimonio de los individuos o personas, ellas mismas las moldean conlimitaciones, restricciones o modalidades que les restan amplitud como a lalibertad del pensamiento, o lo “sagrado” como al derecho de la propiedad o comola inviolabilidad a la libertad de trabajo.En sus orígenes la requisición fue utilizada para casos de guerra, de crisismilitares, su naturaleza y objeto eran inequívocos, era una institución militar porexcelencia y de carácter excepcional. Pero sucede que el Estado vive enfrecuentes crisis de otra índole, como son las económicas y sociales, y larequisición tuvo que evolucionar y llenarse de otros supuestos para su aplicación,todos por ser de interés público, de interés urgente para el Estado y así surge larequisición administrativa o para épocas de paz o no militares.Con su evolución la requisición entró en confrontación con la expropiación —también de origen antiguo—, pues ambas instituciones proporcionaban al Estadolos mismos bienes y servicios, con carácter excepcional.Más tarde, la nacionalización agravaría la tarea de separarlos, de deslindar sunaturaleza, objeto y fines. Autores y leyes vivieron y siguen viviendo en la mismaconfusión o duda.Pero hay algo cierto, cada país ha construido a esas y otras instituciones defuerza coactiva con los perfiles contenidos y fines que interesan y convienen alEstado. Cuenta cada Estado con su arsenal propio, a fin de obtenerobligatoriamente de las personas los recursos que necesitan en momentos deexcepción y ahora contemporáneamente hasta para momentos ordinarios. Laexpropiación es acción común, familiar en la actividad administrativa, como lo sonigual la coacción fiscal, la confiscación, el decomiso, no así por fortuna lanacionalización —de facto—, el rescate administrativo y menos aún la requisición.Cierto que ya son numerosos los casos de requisición, pero en áreas muydelimitadas, teléfonos y transporte aéreo, siempre con el interés del Estado deasegurar la prestación de un servicio público que repercute en la economía delpaís con sacrificio del derecho de huelga, tan vitoreado en los discursos oficiales.Justamente la definición que da sobre la requisición el doctor francés RobertDucos-Ader, en su magnífica obra Le droit de requisition, da idea de la dimensiónque puede alcanzar ésta, dice:Una operación por la cual la autoridad administrativa, en forma unilateral obliga aparticulares —personas físicas o morales— a suministrar, sea a ella misma, sea aterceros, las prestaciones de servicios, el uso de bienes inmobiliarios o la
  • 12. propiedad o el uso de bienes muebles, para la satisfacción de necesidadesexcepcionales y temporales reconocidas de interés general en las condicionesdefinidas por la ley.Como se observa, el campo definido es amplísimo, no se limita a ninguna áreaadministrativa, las comprende a todas, a diferencia de nuestra requisiciónadministrativa como la que prevé el citado artículo 112 de la Ley de VíasGenerales de Comunicación que resulta de mínimo tamaño.Aquella definición se acomoda más bien a la longitud de los derechos que alcanzael gobierno en el supuesto de “suspensión de garantías individuales” a que serefiere el artículo 29 de nuestra Constitución. Nacida para fines militares, larequisición civil o administrativa vino después. Para el profesor de derecho públicode la Universidad de Ciencias Sociales de Grenoble, Gustave Peiser, larequisición “es un procedimiento coactivo que permite a la administración seprocure la propiedad y el uso de bienes muebles, el uso de bienes inmuebles, elservicio de empresas o de personas”.8 Es una requisición civil, dice el autor,creada por Decreto Ley del 11 de julio de 1938, en tanto que las militares se rigenpor la Ley del 3 de julio de 1977. Pero la civil ha sido objeto de varias ordenanzasque han extendido su objeto, se aplica a numerosas hipótesis: movilización,agresión manifiesta, periodo de tensión exterior cuando las circunstancias loexigen, en casos de estado de urgencia, “ella puede ser empleada para lasatisfacción de las necesidades del país”.Una opinión interesante sobre la requisición, porque es aplicable al caso deMéxico, es la del profesor emérito de la Universidad Panthéon-Assas (París II),René Chapus. Para él es una técnica a que la fuerza pública puede recurrir paratener recursos que se imponen a los miembros de la colectividad, como son lasprestaciones exigidas por interés general, las cuales tienen objetos múltiples:servicios personales, uso o propiedad de bienes muebles, uso de bienesinmuebles o de empresas (conjunto de medios, locales, materiales y personalespermitiendo la explotación).En caso de la requisición civil, que vienen desde la ley del 11 de julio de 1938, hasido completada por la Ordenanza del 6 de enero de 1959: requisición de bienes yservicios, y por el Decreto del 16 de marzo de 1962, que permite la requisición delpersonal en huelga en las empresas privadas y los servicios públicos, e inclusivepueden ser declaradas en forma general “para asegurar las necesidades del país”.Aún más, por Decreto del 8 de agosto de 1974 se autorizó la requisición deempresas de ciertos sectores de la economía; por Decretos del 14 y 17 de enerode 1991 se aplicó —por las necesidades de la “Guerra del Golfo”— a compañíasaéreas francesas y de personal de compañías francesas de armamento marítimo.Y concluye, de una manera general, que las requisiciones no son prácticashabituales de la fuerza pública.9 Comenta el autor:El gobierno tiene por otra parte el derecho de romper la huelga (en las empresasprivadas como en los servicios públicos) igual si ella es regular (Ley de 11 de juliode 1938). Pero después de 1961 el recurso de la requisición no se ha juzgado
  • 13. legal a menos que la huelga sea de tal naturaleza que implique un atentadosuficientemente grave a la satisfacción de las necesidades de la población.Parece así que la aplicación de la requisición —coactiva en sí— puede serobjetada legalmente en las condiciones que fije la ley para que proceda, lacalificación o apreciación del gobierno sobre el daño que cause una huelga alservicio público, que preste una sola empresa de las varias existentes, no resultatan grave, ni tan atentatoria al usuario del servicio.Con referencia a la huelga de los empleados públicos en Francia, Guy Braibant y BernardStirn afirman que: La huelga puede ser prohibida o limitada para ciertas categoríasen interés de la continuidad del servicio público... Ciertos servicios públicos debenser asegurados en cualquier estado de causa, y el ejercicio del derecho de huelgapuede ser limitado a este fin, lo mismo que para las necesidades del ordenpúblico, y resulta que debe asegurarse un servicio “mínimo”.Finalizan: “...el derecho de huelga de los funcionarios ha sido igualmente limitadopor una Ley de 31 de julio de 1963, que se aplica a los agentes del Estado, de lascolectividades locales las más importantes, los establecimientos públicos y lasorganizaciones privadas encargadas de la administración de servicios públicos”.