Curso de derecho procesal penal

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Curso de derecho procesal penal

  1. 1. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain CURSO DE DERECHO PROCESAL PENAL CAPITULO I PARTE GENERAL 1. INTRODUCCION AL PROCEDIMIENTO PENAL. El procedimiento que estudiaremos constituye un conjunto de normas jurídicas que regulan en detalle el proceso penal. La razón de existencia de este proceso deriva del poder punitivo del Estado, que se pone en acción cuando los ciudadanos quebrantan el ordenamiento jurídico penal. Este sistema se aplica a las infracciones mas graves del ordenamiento jurídico. La coerción estatal afecta garantías individuales en el proceso penal, por eso es necesario establecer un estatuto regulador al individuo imputado de un delito. Este estatuto se denomina 164
  2. 2. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain GARANTIAS INDIVIDUALES y son un conjunto de derechos fundamentales que se agrupan bajo la noción del debido proceso. SISTEMAS DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL a) S. Inquisitivo: Se desarrolla en los países europeos occidentales (siglo XV), luego es exportado a Latinoamérica por medio de la colonización española. El objeto de este proceso es lograr la verdad histórica o real. El proceso se inicia con la persecución penal de oficio y se lleva a cabo en forma secreta. El juez es también investigador, privándolo de cualquier posibilidad de imparcialidad en su decisión final y en la cual la confesión del imputado es el principal medio de investigación. b) S. Acusatorio: Tuvo su origen en EEUU e Inglaterra. En el contexto de las reformas procesales latinoamericanas este sistema tiene su origen en el modelo procesal penal que se consolidó en la 2ª mitad del siglo XX en países como Alemania, Italia y Portugal. Sus características son: • Juicio Oral, público y contradictorio. 164
  3. 3. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain • Separación de funciones jurisdiccionales d y persecutorias. • Reconocimiento de derechos básicos del debido proceso. PRINCIPIOS DE LA PERSECUCIÓN PENAL I. Principio de Oficialidad. Implica la persecución penal de los delitos. Estos deben ser perseguidos por el Estado de oficio, sin consideración a la voluntad de la victima. II. Principio de Investigación Oficial. Las funciones de la persecución penal y de juzgamiento deben ser realizadas por diferentes órganos del Estado para resguardar las garantías de imparcialidad e igualdad. III. Principio de Legalidad. Obliga a quien ejerce la persecución penal pública a investigar y sostener ésta, cuando la comisión de un delito llegue a su conocimiento, sin que pueda suspenderla a su arbitrio. En contrapeso a este principio está el principio de oportunidad, que es la facultad que tiene l fiscal para cerrar (no iniciar, suspender, interrumpir) aquellos casos en los que aún habiendo antecedentes para no investigar o acusar, considere que 164
  4. 4. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain los hechos son de gravedad reducida y no comprometen gravemente el interés público. GARANTIAS DE LA PERSECUCIÓN PENAL I. Derecho al Juez Independiente: Este principio se relaciona con la independencia del poder judicial frente a los demás poderes del Estado, así como también, con la independencia interna y propia del juez respecto de todo organismo superior dentro del poder judicial. Art. 76 CPR II. Derecho al Juez Imparcial: Este consiste en que toda persona debe ser juzgada por un tribunal previamente establecido por la ley, independiente e imparcial, es decir, que no tenga interés en el resultado del juicio y que no albergue perjuicio en cuanto al fondo del asunto sometido a su decisión. III. Derecho al Juez Natural: Impide el juzgamiento por comisiones especiales o por tribunales que no han sido establecido previamente por ley. Esto impide la influencia en la designación del tribunal competente. GARANTIAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO PENAL. 164
  5. 5. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain • Derecho al Juicio Previo. Constituye una manifestación de la presunción de inocencia, esto es, que nadie nuede ser considerado culpable ni tratado como tal, mientras no exista una sentencia ejecutoriada que establezca la responsabilidad penal del imputado. • Derecho a ser juzgado dentro de un plazo RAZONABLE, las etapas del proceso deben desarrollarse dentro de plazos prudentes. • Derecho a Defensa. Es la posibilidad de ser oídos, alegar y probar los hechos que se discuten, así como también, los aspectos de derecho que influyen en la resolución judicial. • Presunción de Inocencia. Impone a los intervinientes la obligación de considerar como inocente al imputado en todos los actos de investigación como de procedimiento, mientras no se encuentre condenado por una sentencia que se encuentre firme. • Derecho a no incriminarse y a guardar silencio. Es el derecho del imputado a declara como medio de defensa, no pudiendo ser obligado a decir la verdad. • Inadmisibilidad de la persecución penal múltiple. Los hechos que componen el reproche penal sólo pueden ser objeto de un único procedimiento. Consecuencia del principio non bis in idem. 164
  6. 6. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain • Derecho a un juicio Público. Esto permite a los ciudadanos conocer en forma directa cómo se tramita un juicio, fomentando la responsabilidad de los órganos y la transparencia. • Oralidad. La sentencia sólo podrá derivar de un debate oral, público e inmediato, mediante la cual se realizan las alegaciones y se recepciona la prueba. A partir de lo anterior el tribunal adquiere la convicción de absolución o condena. • Principio de inmediación: Obligación del tribunal de decidir de acuerdo con las impresiones personales que obtenga del acusado y de los medios de prueba rendidos en juicio. • Principio de continuidad. El debate no debe ser interrumpido. La audiencia se desarrolla continuamente, pudiendo prolongarse en sesiones sucesivas. • Derecho a interponer recursos. Destinado a evitar el arbitrio del juez y a pesquisar la posible existencia del error judicial. ORIGENES DEL CODIGO PROCESAL PENAL Y LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA Se inicia con la presentación al congreso del nuevo C.P.P. en 1995. 164
  7. 7. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain El 2/3/1998 se crea la unidad coordinadora de la reforma por medio del DS 210. El 29/08/2000 se aprueba el texto del CPP, iniciándose la regulación legal del ministerio público, de la defensoría penal pública y las modificaciones necesarias al COT. Las fuentes para la elaboración del CPP son: • CPP italiano, 1998 • Ordenanza procesal penal Alemana, 1977 • Ley de enjuiciamiento criminal española. 1882 • CPP Argentino 1992 • CPP Provincia de Córdova 1992 • CPP Peruano, 1992 • CPP modelo para Iberoamérica • CPP Guatemala, 1991 • CPP Salvador, 1993 164
  8. 8. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain CAPÍTULO II SUJETOS PROCEALES I. Ministerio Público. Órgano estatal de carácter autónomo, jerarquizado a quién se le ha asignado constitucionalmente la función de dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acredite la inocencia del imputado y en su caso, ejercer la acción penal en a forma prevista por la ley. Art. 80 CPR Se encuentra regulado por la LOC 19.640 del 15 de octubre de 1999. Funciones Fundamentales del Ministerio Público. a) Dirigir en forma exclusiva la investigación. Esta función implica cumplir con el principio de objetividad que obliga a investigar con igual celo los hechos que fundan o agravan la responsabilidad del imputado y los que la extingan o atenúen, además de la obligación de transparencia y probidad. 164
  9. 9. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain b) Ejercer la acción penal pública. Esta es la manifestación de los principios de legalidad de la persecución penal pública y el de oficialidad. c) Proteger a las victimas y testigos. Estructura del Ministerio Público 1. Fiscal Nacional. Jefe superior del ministerio público, tiene a su cargo la superintendencia correccional y económica del M. P. Dura 8 años en su cargo. Tiene unidades especializadas y administrativas para colaborar en la investigación de determinados delitos. Los requisitos para ser Fiscal Nacional son: • Título de abogado por 10 años • Haber cumplido 40 años de edad • Ser ciudadano con derecho a sufragio • No estar sujeto a las incapacidades o inhabilidades señaladas en la LOC del M.P. El proceso de selección se inicia con una quina elaborada por la Corte Suprema, de los cuales el Pdte. de la República elegirá uno con acuerdo del Senado. 164
  10. 10. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain 2. Fiscalía Regional Está encabezada por el fiscal regional quién dura 8 años en su cargo. Los requisitos para ser fiscal regional son: • Titulo de abogado, por más de 5 años • Haber cumplido 30 años de edad. • Ser ciudadano con derecho a sufragio • No encontrarse sujeto a las incapacidades e incompatibilidades señaladas en la LOC del M.P. Son nombrados por el fiscal nacional en base a la terna propuesta por la corte de apelaciones respectiva. 3. Fiscalía Locales Son las unidades operativas de las fiscalías regionales para cumplir las funciones del M.P. Estas cuentan con un fiscal jefe designado entre los fiscales adjuntos por el fiscal nacional a propuesta del fiscal regional. Los fiscales adjuntos ejercen directamente las funciones del M.P. en los casos que el fiscal jefe les asigne. Los requisitos del fiscal adjunto son: • Título de abogado • Ciudadano con derecho a sufragio • Experiencia y formación especializada 164
  11. 11. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain • No encontrarse sujeto a las incapacidades e incompatibilidades señaladas en la LOC del M.P. Son designados por el fiscal Nacional a propuesta del fiscal regional. II. Tribunales. A. Juzgados de Garantía. Son tribunales unipersonales de composición múltiple que tienen como función el control de la legalidad de la investigación del M.P. Tanto en las actuaciones que impliquen o puedan significar la privación, perturbación o afectación de derechos del imputado o de terceros, como en la resolución de solicitudes o decisiones que impliquen la terminación anticipada del proceso. También conocen y fallan de los procedimientos especiales abreviado, simplificado, acción penal privada y monitorio. La competencia de estos tribunales es bien extensa, pero sus facultades principales se pueden resumir en: • Asegurar los derechos del imputado y los demás intervinientes en el proceso penal. • Aprobar las decisiones del fiscal que aplican salidas alternativas • Preparar el juicio oral 164
  12. 12. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain • Dictar los sobreseimientos y decidir sobre la oposición al abandono del procedimiento • Dictar sentencia en los procedimientos abreviado, simplificado, acción penal privada y monitorio. • Autorizar o no las diligencias de investigación que desee realizar un fiscal en la medida que ellas afecten garantías constitucionales o la ley exija previa autorización de un juez. B. Tribunal del Juicio Oral en lo Penal. Son tribunales colegiados que tiene como función resolver el conflicto penal por medio de un mecanismo cognoscitivo, como lo es e JUICIO ORAL Y PUBLICO. Dirige el debate, controla la legalidad de las actuaciones de las partes y la forma de introducir la prueba en el juicio. Finalmente, debe absolver o condenar al acusado. ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES Dentro de la estructura de los Juzgados de Garantía y los Tribunales del Juicio Oral en lo Penal existe una organización administrativa como apoyo a la función jurisdiccional propiamente tal. 164
  13. 13. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain Esta estructura es de vital importancia para el adecuado funcionamiento del modelo de enjuiciamiento penal y podría ser resumido en el siguiente organigrama: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TRIBUNALES COMITÉ DE JUECES JUEZ PRESIDENTE ADMINISTRADOR UNIDAD DE UNIDAD DE ATENCION UNIDAD DE ADMINISTRACION UNIDAD DE UNIDAD DE TESTIGOS Y SALA SERVICIOS PERITOS. (SOLO DE PÚBLICO DE CAUSAS EN EL TOP) • Comité de Jueces: Máxima instancia en la adopción de decisiones administrativas en el tribunal. Este comité lo integran todos los magistrados, en aquellos tribunales compuestos por menos de 5 jueces, o sólo por 5 jueces elegidos por sus pares cuando el tribunal esté compuesto por más más de 5 magistrados. Las decisiones las adopta la mayoría y en caso de empate decide el juez presidente. Las funciones que cumple son: a. Aprobación del sistema de distribución de causas. 164
  14. 14. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain b. Designación del administrador y de los demás funcionarios del tribunal. c. Resolver sobre la remoción del administrador d. Conocer la apelación sobre la remoción del los funcionarios. e. Pronunciarse sobre el presupuesto anual. • Juez Presidente. Representa a sus pares ante la administración, y este existe en todos aquellos tribunales en donde existan más de dos jueces. Son elegidos cada dos años. Las funciones del Juez presidente son: a. Proponer criterios de distribución de causas entre los jueces b. Realizar la cuenta anual de la gestión del tribunal c. Presentar terna al comité de jueces para la designación del administrador y la propuesta para su evaluación. d. Solicitar la remoción del administrador y resolver sobre la de los jefes de unidad e. Aprobar el diseño de gestión que proponga el administrador. f. Aprobar propuestas del administrador sobre designaciones 164
  15. 15. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain g. Evaluación y remoción del personal h. Presidir el comité de jueces. • Unidades administrativas que componen el tribunal. Art. 25 C.O.T. 1º. Unidad de Sala: Organización y asistencia a la realización de las audiencias públicas del tribunal. 2º. Unidad de Atención de Público: Destinada a otorgar una adecuada atención, orientación e información al público que concurra al juzgado, especialmente a la victima, al defensor y al imputado, recibir la información que éstos entreguen y manejar la correspondencia del juzgado. 3º. Unidad de Servicios: Tiene a su cargo las labores de soporte técnico de la red computacional del tribunal, de la contabilidad y apoyo a la actividad administrativa del juzgado, y la coordinación y abastecimiento de todas la necesidades físicas y materiales para la realización de las audiencias. 4º. Unidad de Administración de Causas: Le corresponde el manejo de toda la labor relativa al manejo de las causas y registros del proceso penal en el juzgado, incluidas las relativas a las notificaciones; al manejo de las fechas y salas para las audiencias; al archivo judicial básico, al ingreso y número de rol de las causas nuevas; a la primera audiencia judicial de los detenidos (control de la detención); 164
  16. 16. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain a la actualización diaria de la base de datos que contenga las causas del tribunal, y las estadísticas básicas del tribunal. 5º. Unidad de Apoyo a testigos y peritos: En los TJOP existe una unidad destinada a brindar adecuada y rápida atención, información y orientación a los testigos y peritos citados a declarar en el transcurso de un juicio oral. III. EL IMPUTADO Es la persona a quien se le atribuye la participación en el hecho punible y adquiere esta calidad desde la 1ª actuación del proceso realizada en su contra hasta la ejecución completa de la sentencia. Sobre él recaen las consecuencias del IUS PUNIENDI ESTATAL, por lo tanto, es un sujeto que requiere tutela judicial, estableciéndose para ello garantías en su favor: DERECHOS DEL IMPUTADOS: 1. Ser informado de manera clara de los hechos que se le imputan y los derechos que le otorga la constitución y la ley. 2. Tiene derecho a ser asistido por un abogado desde los inicios de la investigación. 164
  17. 17. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain 3. Solicitar a la fiscalía las medidas tendientes a desvirtuar las imputaciones que se siguen en su contra. 4. Solicitar al juez que cite a audiencia en la cual éste podrá comparecer con o sin abogado para declarar sobre los hechos materia de la investigación. 5. Solicitar que se active la investigación y saber el contenido de ella. 6. Solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal y recurrir contra la resolución que lo rechace. 7. Tiene derecho a guardar silencio 8. A no ser sometido a torturas, tratos crueles e inhumanos 9. A no hacer juzgado en ausencia. Sin perjuicio del caso de rebeldía. GARANTIAS DEL IMPUTADO PRIVADO DE LIBERTAD (DETENIDO) 1. Que se le informe de manera clara por qué esta privado de libertad. Salvo el caso de delito flagrante. 2. Que el funcionario encargado de la detención le informe sus derechos 164
  18. 18. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain 3. A ser conducido sin demora al tribunal que emitió la orden de detención dentro de un plazo máximo de 24 hrs. 4. Solicitar al tribunal la libertad 5. A que el encargado del recinto policial, informe a la familia o a la persona que se indique que esta detenido o preso, el motivo de la detención y el lugar donde se encuentra. 6. Entrevistarse en privado con el abogado en el establecimiento de detención. 7. A recibir visitas y comunicarse por escrito o por cualquier otro medio idóneo. Salvo el caso de la incomunicación. Art. 151 CPP VI. DEFENSOR Y LA DEFENSORIA PENAL PÚBLICA El DEFENSOR es el profesional que presta el servicio de asistencia técnica letrada al imputado, ya sea en calidad de abogado de confianza o porque que éste ha preferido ser asistido por la defensoría penal pública. La ausencia de defensor en cualquier actuación en que la ley exija expresamente su participación acarreará la NULIDAD de ella. Junto con la dictación de la LOC del Ministerio Público, se publicó la ley 19.718, que creó la Defensoría Penal Pública, con 164
  19. 19. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain la finalidad de que este organismo otorgue defensa penal a los imputados por crimen, simple delito o falta que sea de competencia de los Juzgados de Garantía o Tribunal del Juicio Oral en lo Penal, de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema que carezcan de abogado. La DEFENSORIA PENAL PÚBLICA es un servicio público descentralizado funcionalmente, desconcentrado territorialmente y que está dotado de personalidad jurídica propia y de patrimonio propio. Se encuentra bajo la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. LA DEFENSORIA NACIONAL es la unidad superior que tiene a su cargo la administración de recursos y los medios necesarios para la adecuada prestación de la defensa penal pública en todo el territorio nacional. Está integrada por el defensor nacional quien es el jefe superior del servicio. DEFENSOR NACIONAL. Es el Jefe superior del servicio. Está a cargo de la dirección, administración y control del servicio y representa judicial y extrajudicialmente a la Defensoría Penal Nacional. 164
  20. 20. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain Este cargo es de exclusiva confianza del Presidente de la República. Requisitos para ser Defensor Nacional: 1. Ciudadano con derecho a sufragio. 2. Tener, a lo menos, 10 años el título de abogado. 3. No encontrarse afecto a las incapacidades e incompatibilidades para ingresar a la administración publica. DEFENSORÍA REGIONAL. Encargada de la administración de los medios y recursos, para la prestación de la defensa penal pública en la región. Está a cargo del Defensor Regional que tiene por función la supervigilancia, organización y administración de ella. Es nombrado por el defensor nacional previo concurso público. Requisitos para ser defensor regional: 1. Ciudadano con derecho a sufragio 2. Tener a lo menos 5 años el titulo de abogado 3. No encontrarse afecto a las incapacidades e incompatibilidades para ingresar a la administración publica. 164
  21. 21. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain LAS DEFENSORIAS LOCALES. Son unidades operativas en las que se desempeñan los defensores locales de cada región, quienes son profesionales a cargo de la defensa del imputado, que carezcan de abogado desde la 1ª actuación dirigida en su contra. Requisitos para ser defensor local: 1. ciudadano con derecho a sufragio 2. Tener título de abogado 3. no encontrarse afecto a las incapacidades e incompatibilidades para ingresar a la administración pública. V. LA VICTIMA Es la persona ofendida por el delito. Si el ofendido fallece o está impedido de ejercer los derechos estos pasan a las siguientes personas (Art. 108 CPP): 1. al cónyuge y a los hijos 2. a los ascendientes 3. a la conviviente 4. a los hermanos 5. al adoptado o adoptante. 164
  22. 22. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain La victima interviene en el procedimiento penal ejerciendo alguno de los siguientes derechos: 1. Solicitando medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de su familia. 2. Presentando querella 3. Ejercer contra el imputado la acción civil proveniente del hecho punible. 4. Ser oída, si lo solicita, por el fiscal antes de que éste pida o decida la suspensión del procedimiento o su terminación anticipada, 5. Ser oída, si lo pide, por el tribunal, antes de que éste se pronuncie sobre el sobreseimiento definitivo o temporal. 6. impugnar la resolución que sobresea definitivamente o temporalmente y la sentencia absolutoria. VI. EL QUERELLANTE Es la persona facultada para deducir la querella criminal. Fundamentalmente este rol lo ocupa la victima, pero se autoriza en algunos casos a otras personas a deducir la querella criminal. 164
  23. 23. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain Junto al ministerio publico, puede intervenir en el proceso penal un querellante particular o querellante privado. En aquellos casos en que el ministerio publico no puede actuar apareciendo como querellante conjunto. El querellante conjunto puede ser de dos formas: - autónomo - adhesivo Querellante autónomo: tiene atribuciones similares a las del ministerio público, pero actúa en paralelo. Querellante adhesivo: actúa como un tercero coadyuvante del ministerio público y de alguna forma va detrás del fiscal. SUJETOS QUE PUEDEN ACTUAR COMO QUERELLANTE 1. La victima, su representante legal o heredero testamentario. 2. Persona capaz de parecer en juicio, domiciliada en la provincia en que se cometió el delito de terrorismo o aquellos cometidos por funcionarios públicos que afecten garantías constitucionales o delitos contra la probidad pública. SUJETOS QUE NO PUEDEN ACTUAR COMO QUERELLANTE, sea por delitos de acción pública o privada. Art. 116 CPP 164
  24. 24. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain 1. El cónyuge, salvo por delito cometido en su contra o contra los hijos o por el delito de bigamia. 2. Los consanguíneos en toda la línea recta colateral afines hasta el 2º grado. NOTA: la querella puede presentarse en cualquier momento del proceso, mientras el fiscal no declare cerrada la investigación. Art. 112 CPP REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA QUERELLA El Art. 113 establece los requisitos que debe reunir la querella para ser admitida a tramitación por el juez de garantía: 1. presentarse por escrito ante el juez de garantía 2. designar el tribunal ante el cual se entabla 3. el nombre, apellido, profesión, u oficio del querellante 4. nombre, apellido, profesión u oficio del querellado. 5. una relación de los hechos, con expresión del lugar. 6. la expresión de las diligencias cuya práctica se solicite al Ministerio Público. 7. la firma del querellante o de la otra persona a su ruego, si no supiere o no pudiere firmar. 8. designación del abogado patrocinante y mandatario judicial. 164
  25. 25. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain INADMISIBILIDAD DE LA QUERELLA Art. 114 CPP Esta puede ser declarada por el juez de garantía: a. Cuando fuere presentada extemporáneamente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 112; b. Cuando, habiéndose otorgado por el juez de garantía un plazo de tres días para subsanar los defectos que presentare por falta de alguno de los requisitos señalados en el artículo 113, el querellante no realizare las modificaciones pertinentes dentro de dicho plazo; c. Cuando los hechos expuestos en ella no fueren constitutivos de delito; d. Cuando de los antecedentes contenidos en ella apareciere que la responsabilidad penal del imputado se encuentra extinguida. En este caso, la declaración de inadmisibilidad se realizará previa citación del ministerio público, e. Cuando se dedujere por persona no autorizada por la ley. DESISTIMIENTO DE LA QUERELLA (Art. 118) El querellante podrá desistirse de su querella en cualquier momento del procedimiento. En ese caso, tomará a su cargo las costas 164
  26. 26. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain propias y quedará sujeto a la decisión general sobre costas que dictare el tribunal al finalizar el procedimiento. DERECHOS DEL QUERELLADO FRENTE AL DESISTIMIENTO. (Art. 119) El desistimiento de la querella dejará a salvo el derecho del querellado para ejercer, a su vez, la acción penal o civil a que dieren lugar la querella o acusación calumniosa, y a demandar los perjuicios que le hubiere causado en su persona o bienes y las costas. Se exceptúa el caso en que el querellado hubiere aceptado expresamente el desistimiento del querellante. ABANDONO DE LA QUERELLA. (Art. 120) El tribunal, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, declarará abandonada la querella por quien la hubiere interpuesto: a) Cuando no adhiriere a la acusación fiscal o no acusare particularmente en la oportunidad que correspondiere; b) Cuando no asistiere a la audiencia de preparación del juicio oral sin causa debidamente justificada, y 164
  27. 27. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain c) Cuando no concurriere a la audiencia del juicio oral o se ausentare de ella sin autorización del tribunal. La resolución que declarare el abandono de la querella será apelable, sin que en la tramitación del recurso pueda disponerse la suspensión del procedimiento. La resolución que negare lugar al abandono será inapelable. CAPITULO III NORMAS COMUNES DEL PROCESO PENAL 1.- ETAPA PREPARATORIA Y CONTROL JURISDICCIONAL. 164
  28. 28. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain 1.1 NORMAS COMUNES AL PROCEDIMIENTO. Estas normas constituyen la base normativa del proceso. A. EFECTOS DE LA LEY PROCESAL PENAL EN EL TIEMPO, lo que no es más que determinar desde qué momento se aplica la ley procesal. De conformidad con lo dispuesto en el art. 11 del CPP la ley procesal penal será aplicable a los procedimientos ya iniciados, salvo cuando a juicio del tribunal, la ley anterior contuviere disposiciones mas favorables al imputado, es decir, en principio, LA LEY PROCESAL PENAL RIGE IN ACTUM. B. EFECTOS DE LA LEY PROCESAL PENAL EN EL ESPACIO. Tratándose de sentencias penales dictadas por tribunales extranjeros, por regla general el CPP reconoce expresamente el valor en nuestro país de ellas, a consecuencia de la prohibición de la doble persecución. Excepciones al efecto de las sentencias extranjeras • Si el juzgamiento en otro país obedeció al propósito de sustraer al sujeto de su responsabilidad penal por delitos de competencia de tribunales nacionales. 164
  29. 29. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain • Toda vez que el imputado lo solicite expresamente, si el procedimiento extranjero no hubiere sido instruido conforme a las garantías del debido proceso. • Cuando hubiere sido procesado en términos que revelan falta de intención de juzgarlo seriamente. En esos casos la pena que el sujeto hubiere cumplido en el país extranjero se le imputará a la que debiere cumplir en Chile, si también resultare condenado. (Art. 13 del CPP.) La ejecución de las sentencias penales extranjeras se sujetará a lo que dispusieren los tratados internacionales ratificados por chile y que se encontraren vigentes. C. REGLAS RELATIVAS A LOS SUJETOS PROCESALES E INTERVINIENTES En cuanto a los sujetos procesales e intervinientes, el CPP utiliza esta distinta nomenclatura para referirse a los órganos y participes del proceso penal, distinguiendo unos y otros. En consecuencia, no es lo mismo hablar de interviniente o parte que de sujeto procesal. Parte o interviniente Sujeto procesal Es el sujeto que reclama una También participan del proceso, 164
  30. 30. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain decisión jurisdiccional respecto pero no reclamando una a la pretensión que se debate. decisión jurisdiccional, estos Estos son; los fiscales del MP, son: el tribunal, el MP, la imputados, defensores, victimas policía. y querellantes. D. LOS PLAZOS (Art. 14 y sgts.) El plazo es el tiempo concedido o exigido por ley, por el tribunal o por las partes para la ejecución de un acto jurídico procesal o dentro del cual se impone o prohíbe ejecutar una conducta. “Todos los días son hábiles para las actuaciones del proceso penal” (Art. 14 inc. 1º CPP) “Los plazos establecidos en él, son fatales e improrrogables, a menos que se indique expresamente lo contrario” (Art. 16 CPP) Plazo fatal Improrrogable Es aquel que se extingue con la Es aquel que no puede llegada del día por el sólo extenderse más allá de lo que ministerio de la ley. señala la ley. Los plazos de días no se suspenden durante los feriados, ahora bien, si un plazo de días vence un día feriado este se considerará ampliado hasta las 24 hrs. del día hábil siguiente. 164
  31. 31. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain Los plazos de horas comienzan a correr inmediatamente después de ocurrido el hecho que fija su iniciación. El art. 17 CPP contempla la posibilidad de solicitar un nuevo plazo cuando por fuerza mayor o por caso fortuito o por defecto en la notificación no se hubiere podido ejercer un derecho o desarrollar una actividad. Para esto la solicitud al tribunal debe ser presentada dentro de los 5 días siguientes a aquel en que ceso el impedimento. El art. 18 CPP otorga a los intervinientes la posibilidad de renunciar a los plazos total o parcialmente, lo que debe hacerse mediante la manifestación expresa de su voluntad. Si el plazo fuere común, la renuncia del consentimiento de todos los intervinientes y la aprobación del tribunal. E. COMUNICACIONES ENTRE AUTORIDADES. (Art. 19 y sgts.) Por motivos de legalidad y eficacia, la ley impone a las autoridades y órganos del Estado la obligación de realizar las diligencias y proporcionar, sin demora, la información que les requiera el Ministerio Público y los tribunales penales. El requerimiento debe contener: 1ª Fecha y lugar de expedición 2ª Antecedentes necesarios para su cumplimiento 164
  32. 32. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain 3ª Plazo que se otorgue para llevarlo a efecto. 4ª Determinación del fiscal o tribunal requirente. Tratándose de información o documentos que por ley tengan el carácter de secretos, el requerimiento observará las prescripciones de la ley respectiva, si las hubiere, si no, deberán adoptarse las medidas que aseguren que la información no será divulgada. Si la autoridad requerida retardare el envío de los antecedentes solicitados o se negare a enviarlos, a pretexto de su carácter secreto o reservado y el fiscal estimare indispensable la realización de la actuación, remitirá los antecedentes al fiscal regional quien, si compartiere esa apreciación, solicitará a la Corte de Apelaciones respectiva que, previo informe de la autoridad de que se tratare, recabado por la vía que considerare más rápida, resuelva la controversia. La Corte adoptará esta decisión en cuenta. Si fuere el tribunal el que requiriere la información, formulará dicha solicitud directamente ante la Corte de Apelaciones. Si la razón invocada por la autoridad requerida para no enviar los antecedentes solicitados fuere que su publicidad pudiere afectar la seguridad nacional, la cuestión deberá ser resuelta por la Corte Suprema. Aun cuando la Corte llamada a resolver la controversia rechazare el requerimiento del fiscal, por compartir el juicio de la autoridad a la que se hubieren requerido los antecedentes, podrá ordenar que se 164
  33. 33. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain suministren al ministerio público o al tribunal los datos que le parecieren necesarios para la adopción de decisiones relativas a la investigación o para el pronunciamiento de resoluciones judiciales. F. TRAMITACIÓN DE LOS EXHORTOS (Art. 20 CPP) Las solicitudes entre tribunales constituyen, al tenor del Art. 20 CPP una forma especial de requerimiento planteada entre órganos jurisdiccionales, y tiene lugar cuando el requirente necesite la realización de alguna diligencia dentro del territorio jurisdiccional del requerido. La solicitud respectiva no requiere más menciones que la indicación de los antecedentes necesarios para la cabal comprensión de la solicitud y las propias de todo requerimiento. La ley establece que la comunicación puede realizarse por cualquier medio idóneo, sin perjuicio del posterior envío de la documentación que fuere pertinente (art. 21 CPP). “Cuando un tribunal debiere requerir de otro la realización de una diligencia dentro del territorio jurisdiccional de éste, le dirigirá directamente la solicitud, sin más menciones que la indicación de los antecedentes necesarios para la cabal comprensión de la solicitud y las demás expresadas en el inciso primero del artículo anterior. 164
  34. 34. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain Si el tribunal requerido rechazare el cumplimiento del trámite o diligencia indicado en la solicitud, o si transcurriere el plazo fijado para su cumplimiento sin que éste se produjere, el tribunal requirente podrá dirigirse directamente al superior jerárquico del primero para que ordene, agilice o gestione directamente la petición.” (Art. 20 CPP) Las solicitudes de autoridades competentes de país extranjero para que se practiquen diligencias en Chile serán remitidas directamente al Ministerio Público, el que solicitará la intervención del juez de garantía del lugar en que deban practicarse. (Art. 20 bis.) G. COMUNICACIONES Y CITACIONES DEL MINISTERO PÚBLICO Cuando el ministerio público estuviere obligado a comunicar formalmente alguna actuación a los demás intervinientes en el procedimiento, deberá hacerlo, bajo su responsabilidad, por cualquier medio razonable que resultare eficaz. Será de cargo del ministerio público acreditar la circunstancia de haber efectuado la comunicación. (Art. 22 CPP) Cuando en el desarrollo de su actividad de investigación el fiscal requiriere la comparecencia de una persona, podrá citarla por cualquier medio idóneo. (Por ejemplo, un testigo) 164
  35. 35. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain Si la persona citada no compareciere, el fiscal podrá ocurrir ante el juez de garantía para que lo autorice a conducirla compulsivamente a su presencia. (Art. 23 CPP) F. LAS NOTIFICACIONES. (Art. 24 y sgts.) Son actos de comunicación jurisdiccional, mediante el cual el tribunal pone en conocimiento de los intervinientes, partes o terceros el hecho de haberse dictado una resolución judicial. Al respecto se aplican las normas supletorias del CPC. Por regla general las notificaciones de las resoluciones deben ser realizadas por los funcionarios del tribunal que hubiere expedido la resolución, designado al efecto por el juez presidente del comité de jueces, a propuesta del administrador del tribunal. La notificación debe incluir una copia integra de la resolución que se trata, con la identificación del proceso en el que recayere, mas los otros antecedente que el juez o la ley estime agregar para la debida información del notificado. Cuando se trata de la notificación de una citación debe hacerse saber a los citados el tribunal ante el cual debieren comparecer, su domicilio, la fecha y hora de la audiencia, la identificación del proceso de que se trate y el motivo de su comparecencia. 164
  36. 36. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain De la lectura de las normas del CPP y las disposiciones comunes a todo procedimiento del CPC, se desprende que la notificación de una resolución puede ser: • Personal • Persona especial al imputado privado de libertad (Art 29 CPP) • Personal en audiencia • Presuntiva en audiencia (Art. 26 CPP) • Por cédula • Por estado diario • Notificación ficta al imputado rebelde. ( Art. 101 CPP) • Otras formas que los intervinientes señalen tales como fax o el correo electrónico. (Art. 31 CPP) NOTIFICACION DE UNA CITACIÓN. (Art. 33 CPP) Ésta debe contener: 1. Tribunal ante el cual debe comparecer. 2. Domicilio del tribunal 3. Fecha y hora de la audiencia 4. Identificación el proceso 5. Motivo de la comparecencia 164
  37. 37. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain 6. Advertencia de que la no comparecencia injustificada da lugar a que sean conducidos por medio de la fuerza pública, además del pago de las costas. En caso de impedimento el citado debe comunicarlo y justificarlo ante el tribunal con anterioridad a la fecha de la audiencia. SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO DE LOS INTERBINIENTES. Art. 26 CPP En la primera intervención en el procedimiento, los intervinientes deben ser conminados por el juez, por el Ministerio Público o por el funcionario que practique la 1ª notificación (Por ejemplo, la policía) a indicar un domicilio dentro de los limites urbanos de la ciudad en que funciona el tribunal y en que se efectuarán las notificaciones posteriores. Asimismo, los intervinientes deberán comunicar cualquier cambio de su domicilio. En caso de omisión del señalamiento del domicilio o de la comunicación de sus cambios, o de cualquier inexactitud del mismo o de la inexistencia del domicilio indicado, las resoluciones que se dictaren se notificarán por el estado diario. Para tal efecto, los intervinientes en el procedimiento deberán ser advertidos de esta circunstancia, lo que se hará constar en el acta que se levantare. 164
  38. 38. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain REGLAS ESPECIALES A. Notificación del ministerio público: se le notifica en sus oficinas. El fiscal debe indicar oportunamente su domicilio dentro de los límites urbanos de la ciudad en donde funciona el tribunal. (Habitualmente, las notificaciones al MP serán mediante correo electrónico) B. notificación a otros intervinientes: cuando un interviniente cuente con defensor o mandatario judicial, la notificación será enviada a éste, sin perjuicio que la ley disponga que se notifiquen a ambos. (Art. 28 CPP) C. Notificación al imputado privado de libertad: Ésta se realiza en el recinto en que estuviere. No importando que esté fuera de la jurisdicción del tribunal. Se hace mediante la entrega por un funcionario del recinto y bajo la responsabilidad del jefe del mismo, del texto de la resolución respectiva. (Art. 29 CPP) D. Notificación de resoluciones dictada en audiencias orales: Se entiende notificada a los intervienes que concurrieron a la audiencia o debieron haber concurrido. E. Otras formas de notificación: cualquier interviniente puede proponer al tribunal otras formas de notificación, y éste puede aceptarlas o no siempre y cuando sean eficaces y no causen problemas de indefensión. (Art. 31 CPP) 164
  39. 39. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain G. LAS RESOLUCIONES y ACTUACIONES JUDICIALES. Las resoluciones judiciales constituyen actos jurídicos procesal emanados del órgano jurisdiccional que tienen por objeto resolver las peticiones de lo intervinientes u ordenar el cumplimiento de las medidas procesales. “En el ejercicio de sus funciones, el tribunal podrá ordenar directamente la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las actuaciones que ordenare y la ejecución de las resoluciones que dictare”. (Art. 34 CPP) “Será obligación del tribunal fundamentar las resoluciones que dictare, con excepción de aquellas que se pronunciaren sobre cuestiones de mero trámite. La fundamentación expresará sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de derecho en que se basaren las decisiones tomadas”. (Art. 36 CPP) En cuanto a la firma de las resoluciones judiciales, la regla general es que sean suscritas por el juez o por todos los miembros del tribunal que las dictare. Si alguno de los jueces no pudiere firmar se dejara constancia del impedimento. ( Art. 37CPP.) 164
  40. 40. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain Por excepción, las resoluciones dictadas en audiencia, bastará con el registro de audio de la misma. Fuera de audiencia, las resoluciones deben ser firmadas por el tribunal. Si es colegiado, los decretos, providencias y proveídos pueden dictarse y pronunciarse por un sólo miembro. Los autos y las sentencias deben firmarse por todos. En cuanto a los plazos para dictar las resoluciones, las cuestiones debatidas en audiencia deben ser resueltas en ella, y las presentaciones escritas serán resueltas por el tribunal antes de las 24 horas siguientes a su recepción. (ART. 38 CPP) REGISTRO DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES. (Art. 39 y sgts. CPP) De las actuaciones realizadas por o ante el juez de garantía, el tribunal de juicio oral en lo penal, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema se levantará un registro. En todo caso, las sentencias y demás resoluciones que pronunciare el tribunal serán registradas en su integridad. El registro se efectuará por cualquier medio apto para producir fe, que permita garantizar la conservación y la reproducción de su 164
  41. 41. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain contenido. En la práctica, tal registro se concreta bajo una doble modalidad. El registro de audiencia se incorpora en un respaldo de audio (MP3) y el registro de las actuaciones ocurridas fuera de audiencia en un sistema de respaldo computacional (Sistema Informático de Apoyo a la Gestión Judicial = SIAGJ) La conservación del registro estará a cargo del Juzgado de Garantía o TJOP. La función de manejo y registro de causas es de responsabilidad de la unidad de administración de causas. EXAMEN del REGISTRO. (Art. 44 CPP) El principio de publicidad que inspira el sistema, indica que la regla general en esta materia es el libre acceso al contenido de los registros por parte de los intervinientes. También pueden ser consultados por terceros cuando dieren cuenta de actuaciones públicas, a menos que el tribunal restrinja su acceso para evitar que se afecte el normal funcionamiento del proceso o el principio de inocencia. Transcurridos 5 años, los registros son públicos. H. LAS COSTAS. (Art. 45 y sgts. CPP) 164
  42. 42. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain Las costas son los gastos que se originan durante la tramitación del procedimiento y son una consecuencia inmediata y directa de el. Las costas comprenden: (Art. 46) • Costas procesales que son los gastos derivados de la formación del proceso. • Costas personales, son los gastos derivados de los honorarios de abogados y las demás personas que intervienen en el procedimiento. Toda resolución que ponga término a la causa o que decida un incidente debe pronunciarse sobre el pago de las costas del procedimiento. (Art. 45 CPP) Para ello, el tribunal debe seguir ciertos parámetros legales: Si la sentencia definitiva es condenatoria, el tribunal deberá imponer las costas al condenado. El querellante o actor civil a quien se declara abandonada la querella o su acción, deben soportar las costas que su intervención haya causado. La parte vencida totalmente en un incidente será condenada al pago de las costas. 164
  43. 43. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain No obstante lo antes señalado, el tribunal podrá por razones fundadas eximir total o parcialmente del pago de las costas a quien debiere soportarlas. Cuando el imputado sea absuelto o sobreseído definitivamente, el ministerio publico será condenado en costas. Cuando fueren varios los intervinientes condenados al pago de las costas, el tribunal fijara la parte o proporción que deba soportar cada uno de ellos. Los fiscales, los abogados y los mandatarios de los intervinientes no podrán ser condenados personalmente al pago de las costas. Las personas que gocen del privilegio de pobreza no pueden ser condenadas al pago de las costas, a menos que el tribunal declara que intervinieron como litigantes temerarios o maliciosos. (Art. 600 COT) En cuanto al tribunal competente para efectuar la regulación de las costas, es el tribunal de la causa y debe regular en cada instancia las costas, y tratándose de tribunales colegiados, se puede delegar esta función en uno de sus miembros. Recibida la solicitud, el tribunal pondrá en conocimiento de las partes la tasación de las costas procesales y la regulación de las personales. Si aquéllas no se oponen dentro de 3º día, la tasación y regulación se entenderán aprobadas por el sólo ministerio de la ley. Si hay oposición, el tribunal resolverá de plano o dará tramitación incidental. (Art. 140-142 CPC.) 164
  44. 44. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain 1.2 FORMAS DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN. El proceso penal se inicia mediante el ejercicio de la acción penal que no es más que el derecho al proceso y a la sentencia en que se declare la existencia o inexistencia del derecho de penar por parte del Estado – Juez. La doctrina distingue 3 tipos de acciones. Acción Pública: Es ejercida por el ministerio público de oficio y se ejerce en todos aquellos casos en que no exista una ley especial. Se concede siempre acción penal pública para la persecución de los delitos cometidos contra menores de edad. Acción mixta o previa instancia particular: Debe ser sostenida por el Ministerio Público, siempre que el ofendido haya denunciado previamente el hecho, salvo que el ofendido esté imposibilitado de hacerlo libremente o si quienes pueden formularla por él, también estén impedidos o parezcan implicados en el hecho. El art. 54 CPP da una enumeración no taxativa de estos delitos. 164
  45. 45. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain Acción privada: Sólo puede ser ejercida por la víctima. (Art. 55 CPP) a) La calumnia y la injuria; b) La falta descrita en el número 11 del artículo 496 del Código Penal; c) La provocación a duelo y el denuesto o descrédito público por no haberlo aceptado, y d) El matrimonio del menor llevado a efecto sin el consentimiento de las personas designadas por la ley y celebrado de acuerdo con el funcionario llamado a autorizarlo. e) Otras contenidas en leyes especiales, como algunos casos del giro fraudulento de cheques. Todas las acciones penales, sean públicas o privadas, deben ser ejercidas en contra de los responsables del delito, y esta responsabilidad se hará efectiva en las personas naturales que corresponda. Cabe precisar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha sido incluida recientemente por el ordenamiento jurídico chileno, pero ella está limitada a delitos muy específicos. (El 2 de diciembre se publicó la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal para las personas jurídicas por delitos de lavado de dineros y otros) La renuncia de la acción penal está regulada en el art. 56 y 57 del CPP. Al efecto, la acción penal pública no se extingue por la 164
  46. 46. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain renuncia de la persona ofendida, en otras palabras, el ministerio público conserva la facultad de obrar de oficio. Ello, por el principio de oficialidad que prohíbe al ministerio público renunciar a esta clase de acción penal. Sin embargo, en caso de ciertos delitos menores, al enfrentarse a la renuncia de la victima, el ministerio público puede optar por ejercer alguna de las facultades discrecionales que la ley le otorga y que serán analizadas más adelante. En caso que la renuncia del ofendido se presente en un delito de acción penal privada, ella se extingue por la sola renuncia, al igual que la acción civil que pudiera derivar del delito. Por último, tratándose de la acción penal mixta, la renuncia de la víctima a denunciar el delito extingue la acción penal, a menos de que se trate de un delito cometido en contra de un menor de edad. Sin embargo, en este caso, ya denunciado el hecho, la acción penal mixta adquiere el carácter de pública y la renuncia implica sólo la extinción de la acción civil. LAS ACCIONES CIVILES Las acciones civiles se encuentran reguladas en el párrafo 2º del titulo 3º del libro I CPP y presenta algunas modificaciones al tratamiento que antiguamente se le había dado a la acción civil en el antiguo Código de Procedimiento Penal. 164
  47. 47. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain En el actual proceso la acción civil puede tener distintos objetivos: 1. Puede pretender únicamente, la restitución de la cosa, en cuyo caso siempre deberá interponerse durante el respectivo procedimiento penal. (Tribunal competente: Juzgado de Garantía) Las reclamaciones o tercerías que se deduzcan durante la investigación para obtener la restitución de objetos recogidos o incautados se tramitan como incidente. La resolución sólo se limita a declarar el derecho del reclamante sobre la cosa, pero la devolución opera una vez concluido el proceso, salvo si el tribunal considera que es innecesaria su conservación, dejándose sólo constancia de su existencia n el proceso. (Art. 189 CPP) 2. puede tener como objetivo perseguir las responsabilidades civiles del hecho punible. (Tribunal competente: Tribunal del Juicio Oral en lo Penal) En este caso el ejercicio de la acción se limita al procedimiento ordinario y debe prepararse la demanda civil. Esto produce el efecto de interrumpir la prescripción. Luego de la formalización ante el Juez de Garantía, la víctima debe solicitar la práctica de diligencias que, a su juicio, sean necesarias para esclarecer los hechos que van a ser objeto de su demanda. Igualmente, puede solicitar medidas precautorias del CPC, las que se sustanciaran según las reglas de las medidas prejudiciales. 164
  48. 48. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain Art. 60 CPP. La demanda civil deberá presentarse por escrito, cumpliendo las exigencias del 254 del CPC e indicar los medios de prueba en los términos del Art. 259 f) del CPP hasta quince días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia de preparación del juicio oral. Presentada la demanda civil, el imputado deberá oponer las excepciones que corresponda y contestar la demanda en la oportunidad que indica el art. 263 del CPP. • Hasta la víspera del inicio de la audiencia de preparación de juicio oral, por escrito. • Al inicio de la audiencia de Juicio Oral, en forma verbal. Todos los incidentes y excepciones deducidas con ocasión de la interposición o contestación de la demanda deben resolverse durante la audiencia de preparación del juicio oral. Art. 63 CPP EXTINCIÓN DE LA ACCION CIVIL La acción civil puede extinguirse por: • Desistimiento, la victima puede desistirse en cualquier etapa del procedimiento 164
  49. 49. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain • Abandono: Se entenderá abandonada cuando la victima no compareciere sin justificación a la audiencia de preparación del juicio oral o a la audiencia de juicio oral. • Renuncia. Extinguida que sea la acción civil no se entenderá extinguida la acción penal. Si se suspende o termina el procedimiento ordinario antes del Juicio Oral, la demanda civil deberá presentarse ante el tribunal civil competente, ejecutoriada que sea la resolución que disponga la suspensión o terminación del proceso penal. Si la suspensión o terminación se produjere comenzado el Juicio Oral, el tribunal debe continuar con el proceso para el sólo conocimiento y fallo de la cuestión civil. 1.3 FACULTADES DEL MINISTERIO PUBLICO PARA NO INVESTIGAR. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. El sistema procesal penal otorga al órgano persecutor altos grados de discrecionalidad para ejecutar o no la persecución o abandonarla en ciertos casos. 164
  50. 50. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain La regla general consiste en la inexcusabilidad derivada del principio de legalidad. Las excepciones son: 1. Archivo provisional 2. Facultad de no iniciar la investigación 3. Principio de oportunidad. ( en sentido estricto) ARCHIVO PROVISIONAL. Art. 167 CPP Es la facultad que se otorga a los fiscales para archivar provisionalmente las denuncias, cuando evaluados los antecedentes de la misma no permitieren conducir a una investigación con perspectiva de éxito. El archivo provisional es una decisión que sólo paraliza el procedimiento, no lo termina. La idea es que exista una base de datos de archivos paralizados, de modo que si se tienen nuevos antecedentes se descongelará el procedimiento y se reiniciará la investigación. Cabe precisar que si el delito denunciado mereciere penal aflictiva, el fiscal deberá someter la decisión del archivo provisional a la aprobación del fiscal regional. 164
  51. 51. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain Art. 167 CPP. “En tanto no se hubiere producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento, el ministerio público podrá archivar provisionalmente aquellas investigaciones en las que no aparecieren antecedentes que permitieren desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos. Si el delito mereciere pena aflictiva, el fiscal deberá someter la decisión sobre archivo provisional a la aprobación del Fiscal Regional. La víctima podrá solicitar al ministerio público la reapertura del procedimiento y la realización de diligencias de investigación. Asimismo, podrá reclamar de la denegación de dicha solicitud ante las autoridades del ministerio público.” REQUISITOS: • No haber formalizado la investigación. • El Juez de Garantía no debe haber intervenido • Carecer de antecedentes que permitan una investigación a favor del esclarecimiento de los hechos. • En caso de delito que merezca pena aflictiva, debe ser aprobado por el fiscal regional. 164
  52. 52. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain En cuanto a sus efectos, esta facultad suspende en forma transitoria la investigación llevada por el fiscal, pudiendo la victima solicitar al MP la reapertura del procedimiento. FACULTAD DE NO INICIAR LA INVESTIGACIÓN. (Art. 168 CPP) Consiste en que el Ministerio Público puede hasta antes de la formalización de la investigación abstenerse de la investigación, cuando los hechos relatados no sean constitutivos de delito, o bien, cuando los antecedentes aportados establezcan que la responsabilidad penal se encuentra extinguida. Esta facultad, no constituye propiamente tal, el ejercicio de la discreción, pues se trata de casos en que realmente no existe un caso penal. Requisitos: • No haberse formalizado la investigación. • El Juez de Garantía no debe haber intervenido • Que se encuentre extinguida la responsabilidad penal o los hechos no seas constitutivos de delito. • Oír a la víctima, si ésta lo solicita. • Ser aprobado por el Juez de Garantía. 164
  53. 53. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain Art. 169 CPP “…la víctima podrá provocar la intervención del juez de garantía deduciendo la querella respectiva. Si el juez admitiere a tramitación la querella, el fiscal deberá seguir adelante la investigación conforme a las reglas generales.” PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD En sentido amplio, se denomina principio de oportunidad al cúmulo de facultades que el legislador le otorga al MP para desidir acerca del destino de la persecución penal. Por ejemplo, proponer el procedimiento abreviado, la suspensión condicional del procedimiento, ejercer la facultad del art. 131 del CPP, etc. En sentido estricto, consiste en la facultad que tienen los fiscales para cerrar aquellos casos en que habiendo antecedentes para investigar, incluso para acusar, consideren que los hechos son de una gravedad muy mínima y que no afectan gravemente el interés publico. (Art. 170 CPP) Esta facultad tiene como limitación: • Que la pena asignada al delito no exceda de presidio menor en su grado mínimo. • Que no este comprometido gravemente el interés público • No tratarse de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. 164
  54. 54. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain Ésta sí es una faculta discrecional del Ministerio Público, ya que es él quien determinará qué causas y por qué ciertos ilícitos no llegarán a ser fallados Esta facultad puede ejercerse aún cuando se haya formalizado la investigación. Para esto, el fiscal debe emitir una decisión motivada que se comunica al Juez de Garantía; éste, a su vez, notificará a los intervinientes de tal comunicación. EFECTOS. • Produce la extinción de la acción penal, desde que se encuentra firme. • La víctima mantiene a salvo las acciones civiles derivadas del hecho. • Para revocar ésta facultad se establecen dos medios: Juez de Garantía y el Ministerio Público. Dentro del plazo de 10 días siguientes a la comunicación de la decisión del fiscal, el Juez Garantía, de oficio o a petición de parte, podrá dejar sin efecto el principio de oportunidad cuando: • Considere que el fiscal excedió sus atribuciones, en cuanto a la pena mínima prevista. • La víctima manifiesta interés en el inicio o continuación de la persecución penal. 164
  55. 55. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain 1.4 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR E INVESTIGACIÓN CON CONTROL JURISDICCIONAL. Durante la etapa de investigación corresponde al ministerio publico ejercer la instrucción dentro de un sistema dinámico, desformalizado y selectivo, debiendo siempre resguardar el principio de objetividad, el que obliga a los fiscales a investigar los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. Esta investigación de carácter desformalizado, permite la desburocratización de la instrucción y con ello la ausencia del valor probatorio de las actuaciones de la investigación, lo que resulta necesario distinguir entre los: ACTOS DE INVESTIGACION, son los medios de averiguación del hecho punible y la participación del culpable los que sólo cuando alcanzan ciertos estándares legales pueden originar efectos personales y patrimoniales de carácter aseguratorio o cautelar, contra una determinada persona y constituirse en el fundamento ela acusación del ministerio público. 164
  56. 56. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain LOS ACTOS DE PRUEBA propiamente tal, es la producción de la prueba durante el juicio oral y es la que va a determinar si una persona es condenada o no. En la etapa de investigación los antecedentes de ella son públicos para los intervinientes, pero secretos para terceros ajenos al proceso. Sin embargo, se puede limitar el derecho del imputado a conocer antecedentes de la investigación al disponer en fiscal de la reserva temporal de ciertas actuaciones, registros o documentos cuando lo considere necesario para el éxito de la investigación. (Art. 182 CPP) Para esto el fiscal debe: • Señalar cuáles son las piezas o actuaciones afectadas con la reserva. • Fijar un plazo no superior a 40 días. Sin embargo, el Juez de Garantía puede poner término al secreto o limitarlo a petición del imputado. Sin eprjuicio de lo anterior, existe prohibición de decretar el secreto sobre: • Declaración del imputado o de cualquier actuación en la que hubiere intervenido o debido intervenir. • Actuaciones en que haya participado el tribunal. • Informes evacuados por peritos respecto del imputado o su defensor. 164
  57. 57. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain INICIO DE LA INVESTIGACION Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACION AUTONOMAS. El procedimiento penal se inicia desde que se realiza cualquier gestión por o ante la policía, el Ministerio Público, o ante cualquier tribunal con competencia en lo criminal. La forma habitual del inicio del procedimiento es la situación de flagrancia, o en su defecto la denuncia o querella. El fiscal desde que toma conocimiento de un hecho que reviste carácter de delito de acción pública, debe practicar las diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento y averiguación del delito, verificar su responsabilidad e impedir que el hecho denunciado produzca consecuencias ulteriores. En caso de flagrancias, estas medidas deben adoptarse dentro de 24 hrs. siguientes. La investigación autónoma del ministerio público consiste en que, en general, los fiscales pueden realizar por si mismos o encomendar a la policía las pesquisas que consideren conducentes a esclarecer los hechos, sin necesidad de solicitar autorización al Juez de Garantía. Veremos, sin embargo, que ciertas diligencias de investigación sólo pueden ser efectuadas con previa autorización de tal juez. 164
  58. 58. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain FACULTADES DEL FISCAL: 1. Tomar declaración a los testigos que voluntariamente se allanen a declarar1. 2. consignar, recoger y asegurar todo aquello que conduzca a la comprobación del hecho y a la identificación de los partícipes. Ej.: Consignar el estado de las personas, cosas o lugares, tomar hora del hecho; recoger, identificar y guardar bajo sello documentos o instrumentos de cualquier clase, que parezcan haber servido a la comisión del hecho. En suma, los fiscales pueden llevar a cabo autónomamente cualquier diligencia de investigación que no signifique privar, restringir o perturbar al imputado o a un tercero de sus garantías constitucionales. Una de las diligencias importantes es la declaración del imputado ante el fiscal o la policía, renunciando a su derecho a guardar silencio, ya que en el actual sistema es un mecanismo de defensa, pero que también puede ser usada por el ministerio público como una fuente de información, siempre que haya sido obtenida en forma libre y espontánea. El imputado puede declarar ante el fiscal, siempre que sea informado en detalle de los hechos que se le imputan y de os 1 La policía sólo puede identificar a los testigos del hecho investigado y hacer constar las declaraciones que éstos presten voluntariamente, cuando se trate de flagrancia y se encuentren en el sitio del suceso. Art. 275 y 276 164
  59. 59. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain derechos que la ley le franquea. También puede hacerlo ante la policía, siempre que se encuentre en presencia de su defensor. En caso contrario, debe ser conducido ante el fiscal y ahí la policía podrá dejar constancia de las declaraciones que el imputado preste, cuando el fiscal lo autorice bajo su responsabilidad. El art. 183 CPP contempla la posibilidad de que el imputado y los demás intervinientes puedan proponer diligencias de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal puede permitir la asistencia del imputado y demás intervinientes a las diligencias de investigación cuando lo estime pertinente. Art. 83 CPP. Facultades de la policía (Carabineros de Chile, PDI o Gendarmería de Chile) para actuar sin orden previa 1. Prestar auxilio a la víctima 2. Practicar la detención en los casos de flagrancia, conforme a la ley; 3. Resguardar el sitio del suceso; 4. Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que presten voluntariamente; 5. Recibir las denuncias del público; 164
  60. 60. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain 6. Efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales. El art. 92. CPP consagra la prohibición de informar que tienen las policías. “Los funcionarios policiales no podrán informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de detenidos, imputados, víctimas, testigos, ni de otras personas que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible.” No obstante las facultades ya indicadas la policía debe además: 1. practicar el control de identidad 2. tomar declaraciones al imputado 3. levantar el cadáver y examinar las vestimentas, equipaje o vehículos. En relación al control de identidad el código en su art. 85 permite a los funcionarios policiales, en casos fundados, y sin orden previa del fiscal, solicitar la identificación de cualquier persona. La identificación se realiza en el lugar que la persona se encuentre. Asímismo, puede proceder al registro de vestimentas, equipajes o vehículos de la persona cuya identidad se verifica. Así como también cotejar la existencia de órdenes pendientes. 164
  61. 61. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain La policía o particulares procederá a la detención sin orden previa, en el caso del art. 129, para quienes sorprenda a propósito de algunas de las hipótesis de flagrancia del art. 130 CPP. Si la persona se niega a acreditar su identidad, la policía la conducirá a la unidad más cercana para identificarla. Si no pudiere acreditar su identidad, se toman las huellas digitales, las que sólo pueden ser utilizadas para su identificación. Todas estas actividades no pueden extenderse por más de 8 hrs. Luego, debe ser puesto en libertad, salvo que exista una orden de detención vigente en su contra. En cuanto al levantamiento de un cadáver; si una persona muere en la vía pública, sin perjuicio de las facultades que le correspondan a los órganos encargados de la investigación, el levantamiento del cadáver SÓLO PODRA SER REALIZADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE, de ello se dejará registro. Art. 90 CPP MEDIDAS INTRUSITAS O DILIGENCIAS DE INVESTIGACION CON AUTORIZACION JURISDICCIONAL PREVIA Son aquellas actuaciones de la investigación que suponen afectar la privacidad de las personas que la ley protege. El ministerio público está obligado a solicitar autorización judicial (Juez de Garantía) para adoptar medidas que afecten garantías constitucionales. 164
  62. 62. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain EJ.: Allanar el domicilio, las comunicaciones privadas, el cuerpo, la vestimenta, la correspondencia u otros. RELACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO CON LA POLICIA Se refiere a que al Ministerio Público le corresponde dirigir la investigación y junto con ello la función policial. Esto quiere decir que el fiscal puede dar órdenes a las policías, las cuales están obligadas a cumplirlas, pero esto tiene como límite que el ministerio público no puede intervenir en la jerarquía interna de la institución, ni en su distribución de trabajo. Cabe reiterar lo señalado en cuanto a que cuando la ley alude a la policía, se refiere, indistintamente, a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones (PDI) o Gendarmería de Chile, en este último caso, respecto de los ilícitos cometidos al interior de algún centro penitenciario. 164
  63. 63. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain CAPITULO IV ETAPAS DEL PROCEDIMIETO PENAL 1. ETAPA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO (Art. 172 y ss.) Art. 172. Formas de inicio. La investigación de un hecho que revistiere caracteres de delito ( hecho punible) podrá iniciarse de oficio por el ministerio público, por denuncia o por querella. Art. 173 Denuncia. Cualquier persona puede comunicar directamente al ministerio público la comunicación de un hecho delictivo. Ésta también puede formularse ante: • Carabineros o PDI • Gendarmería • Ante cualquier tribunal penal. Art. 174 Contenido de la denuncia: • Identificación del denunciante • Domicilio del denunciante 164
  64. 64. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain • Narración circunstanciada de los hechos • Designación de quienes lo hubieren cometido, presenciado o tuvieren noticias de él, siempre que le constaren al denunciante. Art. 175 Denuncia obligatoria. Se trata de funcionarios que se encuentran obligados a denunciar los delitos respecto de los cuales tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Art. 176. El plazo para efectuar la denuncia es de 24 hrs. siguientes a que toman conocimiento del ilícito. Art. 177. Los que incumplan la obligación de denunciar se someten a la pena impuesta del art. 494 CP. Art. 178. Responsabilidad y derechos del denunciante. No tiene responsabilidad a menos que hubiere cometido delito con ocasión de la denuncia. (Calumnia) Tampoco tiene derecho a intervenir en el proceso, salvo que se trate de la víctima. At. 179. Auto denuncia. Esta tiene lugar toda vez que una persona se le imputa un delito, éste tiene derecho a concurrir al ministerio público, solicitando que se inicie una investigación. LAS MEDIDAS CAUTELARES. 164
  65. 65. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain Son facultades de carácter coercitivo que se aplican durante el proceso penal y que es una excepción al principio de inocencia. De acuerdo al art. 122 CPP, éstas sólo serán impuestas cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar los fines del procedimiento, y sólo duran mientras subsisten la necesidad de su aplicación. CARACTERÍSTICAS 1. Instrumentabilidad. Esto es, son funcionales a los fines del procedimiento. 2. Provisionales. Esto es, son temporales y sólo subsisten mientras las circunstancias que le sirvieron de base también subsistan. 3. Exigen la concurrencia de ciertos requisitos legales. CLASIFICACIÓN Las medicas cautelares que consagra la ley pueden ser Reales o Personales. MEDIDAS CAUTELARES REALES. 164
  66. 66. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain Durante la etapa de investigación, el ministerio público o la víctima podrán solicitar por escrito al juez de garantía que decrete respecto del imputado, una o más de las medidas precautorias autorizadas en el Título V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. (Art. 157 CPP.) El plazo para solicitarlas es hasta antes de que sea deducida la acusación. La resolución que acoja o rechace la solicitud es apelable. (Art. 158 CPP) MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES: Las medidas cautelares personales son: 1. La citación. 2. La detención. 3. La prisión preventiva 4. Otras medidas del art. 155 CPP o contenidas en leyes especiales. 1. La citación. (Art. 123 CPP) Es el llamamiento formal que hace el tribunal respecto del imputado, de ciertos delitos para que comparezca ante el tribunal 164
  67. 67. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain en un momento determinado, siempre que sea necesaria su presencia. (Citación judicial) Sin embargo, el ministerio público también puede citar a ciertas personas ante las dependencias de la fiscalía, a propósito de alguna investigación en curso. (Citación del MP) Art. 124. Procede la citación, aún en caso de aquellos delitos que no merece pena privativa de libertad. La falta de concurrencia del citado pueda dar lugar a su detención en el caso de la citación judicial o a su traslado compulsivo al ministerio público, en el caso de la citación cursada por este último órgano. (Arts. 33 y 23 CPP, respectivamente) 2. La Detención. (Art.125 CPP) Es la privación de libertad de una persona durante un breve lapso, para el sólo efecto que sea puesta a disposición del tribunal. La detención puede ser: a) Judicial. Art. 126 y 127 CPP b) Por particular. Art. 129 inc. 1º CPP c) Policial. Art. 129 inc. 2º - 4º CPP; en este ultimo caso, cuando: • Sentenciado a pena privativa de libertad, 164
  68. 68. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain • El que ha quebrantado condena, • El que se fugare estando detenido, • al que tuviere orden de detención pendiente, • quien fuere sorprendido en violación flagrante de las medidas cautelares personales que se le hubieren impuesto. • El que violare la condición del artículo 238, letra b), que le hubiere sido impuesta para la protección de otras personas. SITUACIÓN DE FLAGRANCIA. (Art. 130 CPP) Sin perjuicio de los casos indicados más arriba que autorizan a la policía a practicar la detención de un imputado, lo habitual es que la detención sea practicada por la policía o particulares en caso de flagrancia, esto es, en los momentos inmediatos a la perpetración de un hecho punible. Por tal razón, la ley enumera en el artículo 130 cuáles situaciones deben ser consideradas de flagrancia, pues, se reitera, estos casos facultan legalmente a detener a un persona. Tales casos son: a) El que actualmente se encontrare cometiendo el delito; b) El que acabare de cometerlo; 164
  69. 69. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain c) El que huyere del lugar de comisión del delito y fuere designado por el ofendido u otra persona como autor o cómplice; d) El que, en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito, fuere encontrado con objetos procedentes de aquél o con señales, en sí mismo o en sus vestidos, que permitieren sospechar su participación en él, o con las armas o instrumentos que hubieren sido empleados para cometerlo, y e) El que las víctimas de un delito que reclamen auxilio, o testigos presenciales, señalaren como autor o cómplice de un delito que se hubiere cometido en un tiempo inmediato. Para los efectos de lo establecido en las letras d) y e) se entenderá por tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieren transcurrido más de doce horas. PLAZO DE LA DETENCIÓN. (Art. 131 CPP) Hay que distinguir: a.Detención por orden judicial: Debe conducirse inmediatamente al detenido ante el juez. b.Detención policial: Se debe informar al ministerio público, dentro de las 12 hrs. siguientes a la detención. En todo caso, el plazo máximo para poner al imputado a disposición del Juez son 24 horas. 164
  70. 70. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain c.Particulares: Inmediatamente el imputado debe ser puesto a disposición de la autoridad. (Normalmente, la policía. Por ejemplo, guardias de seguridad de una tienda o supermercado) Con todo, en la audiencia respectiva se puede pedir ampliación de la detención por 3 días más. (Art. 132 CPP). Tratándose de delitos sancionado por la ley 20.000 (Ley de drogas) o conductas tipificadas como terroristas esta ampliación puede ser mayor, pero nunca, en todo caso, puede superar el máximo constitucional de 10 días. LA AUDIENCIA DE CONTROL DE LA DETENCIÓN. (Art. 132 CPP) Habitualmente, es la primera audiencia que se efectúa en el procedimiento y que tiene por objeto velar por la legalidad de dicha medida cautelar personal. Es necesaria la presencia del fiscal o de su asistente, pues la ausencia de éstos dará lugar a la liberación del detenido. En la audiencia se efectuará el apercibimiento al imputado a que se refiere el art. 26 CPP. Además, el tribunal debe constatar las circunstancias de la detención. Como vimos, el fiscal podría solicitar la ampliación del plazo de detención, la que deberá ser resuelta por el Juez de Garantía. 164
  71. 71. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain También puede suceder, que se declare la ilegalidad de la detención. De ser así, esto no impide que se pueda formalizar al imputado o que se soliciten medidas cautelares. Lo que no es posible es solicitar plazo de ampliación de la detención. (Art. 132 CPP) 3. Prisión Preventiva. (Art.139 - 154 CPP) Medida cautelar de carácter excepcional que consiste en la privación de la libertad del imputado por un tiempo determinado, cuya finalidad es el aseguramiento de la presencia del imputado en el proceso. Los titulares de esta medida, esto es, quienes pueden solicitarla, son el ministerio público y el querellante. El tribunal no puede decretarla de oficio. REQUISITOS PARA DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA. (Art. 140 CPP) 1. Que se haya formalizado la investigación. ( Se entiende que la formulación de requerimiento, cuando corresponda, también cumple con esta exigencia legal) 164
  72. 72. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain 2. Que existan antecedentes que justifique la existencia del delito que se investiga. 3. Existencia de antecedentes que permitan presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. 4. Existencia de antecedentes calificados que permitan al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga. Los requisitos 2 y 3 se los denomina “presupuestos materiales” y el 4, “necesidad de cautela”. PARAMETROS LEGALES Se entenderá especialmente que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación cuando: • existiere sospecha grave y fundada de que el imputado pudiere obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba; o 164
  73. 73. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain • cuando pudiere inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el tribunal deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias: • la gravedad de la pena asignada al delito; • el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos; • la existencia de procesos pendientes, y • el hecho de haber actuado en grupo o pandilla. Se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, cuando: • los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley que los consagra; • cuando el imputado hubiere sido condenado con anterioridad por delito al que la ley señale igual o mayor pena, sea que la hubiere cumplido efectivamente o no; • cuando se encontrare sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de alguno de los beneficios alternativos a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad contemplados en la ley. 164
  74. 74. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain Se entenderá que la seguridad del ofendido se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando: • existieren antecedentes calificados que permitieren presumir que éste realizará atentados en contra de aquél, o en contra de su familia o de sus bienes. 2. LA FORMALIZACION DE LA INVESTIGACIÓN (Art. 229 y sgts. CPP) CONCEPTO: Es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado, en presencia del Juez de Garantía, en cuanto a que se desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o 164
  75. 75. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain más delitos determinados y que, en ellos, le habría correspondido participación a título de autor, complice o encubridor. La formalización de la investigación es, ADEMÁS, un requisito para la práctica de determinadas diligencias de la investigación, para recibir prueba en forma anticipada y para solicitar medidas cautelares. (Art. 230 CPP) El fiscal determinará el momento en el cual considera oportuno formalizar, sin perjuicio de que la formalización propiamente tal, es un acto de garantía para el imputado. Por esta última razón, el art. 186 CPP permite al imputado solicitar al Juez de Garantía que ordene al fiscal poner a su disposición los antecedentes de la investigación o, incluso, que le fije un plazo para formalizar. TRAMITACIÓN (Art. 232 CPP) • Solicitud por escrito de formalización. (Art. 231 CPP) • Solicitud verbal en el contexto de la audiencia de control de detención. Art. 132 • Solicitud verbal en caso urgentes. En todos los casos se cita al imputado, su defensor y demás intervinientes. EFECTOS 164
  76. 76. Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain 1. Interrumpe la prescripción de la acción penal. 2. Comienza a correr el plazo para el cierre de la investigación. 3. El ministerio público pierde la facultad del archivo provisional. En la audiencia de formalización: a. El fiscal debe comunicar al imputado los hechos que investiga en su contra, la calificación jurídica de los hechos, el grado de ejecución del delito y la participación del imputado. b. El defensor e imputado pueden indicar lo que estimen necesario y solicitar plazo para la investigación. Art. 234 CPP. c. Solicitar juicio inmediato, si procede. Art. 235 d. Solicitar medidas cautelares personales o reales. e. La causa puede concluir en una salida alternativa (Acuerdo reparatorio o suspensión condicional del procedimiento) LAS SALIDAS ALTERNATIVAS El actual CPP establece otras herramientas que permiten evitar la realización de un juicio y así terminar anticipadamente ciertas 164

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