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Documento oea

  1. 1. Caracas, 12 de enero de 2011Señor DoctorJosé Miguel InsulzaSecretario GeneralOrganización de Estados Americanos OEASu Despacho.-Estimado Secretario General:En nombre de la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela,coalición política que conforman 17 partidos nacionales y unrepresentativo grupo de partidos regionales, que obtuvo más de 5.3millones de votos y 65 diputados a la Asamblea Nacional en laselecciones del pasado 26 de septiembre, nos dirigimos a usted parareiterarle los planteamientos que hemos hecho en diversasoportunidades ante usted y otras instituciones internacionales sobrelas diversas acciones adoptadas por el Estado venezolano que hanconllevado al alarmante debilitamiento de la democraciavenezolana, alteraciones al orden constitucional y al irrespeto a lavoluntad popular expresada en las elecciones parlamentarias delpasado 26 de septiembre.Esas recientes acciones del actual régimen venezolano quebrantanel orden constitucional; desconocen el Estado de Derecho;irrespetan derechos fundamentales; vulneran el principio de laseparación e independencia de los poderes públicos; desconocen lasoberanía popular; y por ello violan diversas disposiciones de laCarta Democrática Interamericana y otras declaraciones y tratadosinternacionales. Todo lo cual configura un fenómeno que podríamosdenominar como fraude a la ley por parte del Estado Venezolano.Cabe recordar que en el año 2007 el Gobierno de Venezuelasometió a consideración del pueblo en referéndum una propuestade reforma de la Constitución Nacional, que fue negada en dichaoportunidad por el pueblo, decisión soberana que ha sidodesconocida de facto y burlada a través de decisiones del poderpúblico que aplican las proposiciones rechazadas por el votopopular, ya que por la vía legislativa se ha aprobado un número de 1
  2. 2. leyes que contravienen la Constitución vigente y se encuentran enla normativa contenida en el proyecto de reforma señalado.A nuestro juicio, un hecho de la mayor gravedad y que constituyeuna evidente y grave alteración del orden constitucional, ocurrió el14 de diciembre de 2010 cuando el Presidente de la Repúblicasolicitó a la Asamblea Nacional una Ley Habilitante, inmediatamenteconferida, a través de la cual le fueron delegados poderesextraordinarios para legislar mediante decretos en una serie dematerias que incluyen algunas sumamente delicadas, como lacreación de delitos y penas, seguridad pública, defensa nacional ycooperación internacional, entre otras. Con ello el gobierno persistee insiste en borrar el régimen jurídico del Estado democrático ysocial de derecho establecido constitucionalmente y sustituirlo porotro destinado a establecer un Estado paralelo, en fraude a locontemplado en la Constitución de 1999, lo cual además va encontra de la voluntad popular que lo rechazó en el referéndum delaño 2007.La petición fue hecha por el Presidente para que abarcase un lapsode doce meses, pero luego le fue otorgada por la AsambleaNacional por dieciocho meses, usurpando de esa forma lacompetencia de los diputados electos el pasado 26 de septiembrede 2010, que tomaron posesión el 5 de enero de 2011, haciendoprácticamente nugatoria su actuación como representantes electos.Ello constituye un evidente desacato de la voluntad popular y lasnormas constitucionales en materia de habilitación legislativa, yaque los actuales parlamentarios no deberían delegar sus funcionespor un lapso que exceda a su propio mandato. Esta decisión, anuestro juicio, conculca el estado de derecho en Venezuela ysupone una violación a la Carta Democrática Interamericana y a lascláusulas democráticas del MERCOSUR, el PARLATINO yUNASUR. Nuevamente, el Presidente de la República pretendelegislar sin transparencia alguna, sin que se conozcan los proyectosde leyes, sin que puedan debatirse, y sin que se realice la consultapública que la Constitución ordena hacer a la Asamblea Nacionalrespecto a los proyectos de ley (artículos 206 y 211). El Presidentede la República ya dictó el primer Decreto-Ley de esta cuarta LeyHabilitante. Con ello, se llega a las cifras de 40 actos con rango yfuerza de ley, publicados en Gaceta Oficial durante el mes dediciembre de 2010 y de 189 Decretos-Leyes, producto de las cuatroLeyes Habilitantes otorgadas (1999, 2000, 2007 y –ahora- 2010).En total, desde que asumió el poder en 1999, el Presidente Chávez 2
  3. 3. ha sido autorizado –sin precedentes- a un total de cuatro años ymedio, para dictar decretos leyes.Dentro del marco de esas acciones que consideramosinconstitucionales la Mesa de la Unidad Democrática se ha dirigidoa la OEA, a la UNASUR, al MERCOSUR, a la UNIONINTERPARLAMENTARIA MUNDIAL, al PARLATINO y alPARLAMENTO EUROPEO para denunciar el caso de los Diputadoselectos de la Unidad Democrática, Biagio Pillieri, José Sánchez,Richard Blanco y Hernán Alemán, electos en el proceso electoraldel 26 de septiembre y quienes a pesar de haber sido proclamadospor el Consejo Nacional Electoral, dos de ellos, Biagio Pillieri y JoséSánchez, se encuentran detenidos, no se les reconoce la inmunidadparlamentaria que establece el Artículo 200 de la ConstituciónBolivariana de Venezuela, que reza lo siguiente: “Artículo 200. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo…”A pesar de lo claro de esta norma la Sala Plena del TribunalSupremo de Justicia decidió el 27 de octubre pasado de maneraabiertamente contraria a la Constitución Nacional, que dichosparlamentarios seguirán siendo juzgados incluso después de asumirsus cargos el 5 de enero de 2011 y que sería a partir de esta fechacuando comenzarían a gozar de la inmunidad parlamentaria. Envirtud de ello hemos elevado a la consideración de la OEA y a losórganos competentes de las otras instituciones, la necesidad deconsiderar el caso con urgencia sin haber obtenido hasta ahorarespuesta a dichas denuncias. Es de hacer notar que los DiputadosSánchez y Pillieri; específicamente, no pudieron asistir a la sesiónde instalación de la Asamblea Nacional, celebrada el día 5 de enerode 2011, debido a que se los tiene ilegalmente detenidos por losjueces que conocen de sus causas en evidente desacato de lanorma constitucional y de la decisión del Tribunal Supremo deJusticia del 27 de octubre de 2010, ya citados.Ante la sanción de leyes que violan derechos constitucionales denaturaleza inalienable e irrenunciable, así como del principio de laseparación de los poderes y de la institucionalidad democrática,denunciamos ante la opinión pública nacional y a la comunidadmundial el desconocimiento del Estado de Derecho en Venezuela. 3
  4. 4. En efecto, la legislación recientemente aprobada, no solo confiereilimitadas facultades al Presidente de la República y altera ladistribución y organización federal del poder público de la Nación,sino que también desconoce la voluntad electoral expresada el 26de septiembre de 2010, que reclamó un poder legislativo muchomás plural y representativo.Como ejemplo tenemos la Ley Orgánica de las Comunas aprobadapor la Asamblea Nacional, con la que se despoja a los alcaldes ygobernadores de sus competencias de la misma forma como sesustrajeron las competencias de una autoridad electa por el votopopular como el Alcalde Metropolitano de Caracas mediante elnombramiento inconstitucional por parte del Ejecutivo de una Jefede Gobierno para la región Capital.La pretensión de imponer un modelo paralelo y ajeno a laConstitución, excluyente de los que no se identifiquen con esaideología al extremo de reformar la ley de partidos políticos paracastigar con la inhabilitación a los parlamentarios disidentes de lapolítica oficial, altera los principios de igualdad y de nodiscriminación propios de las democracias constitucionales ycontraviene el pluralismo consagrado en el artículo 2 de laConstitución Nacional como uno de sus principios fundamentales, locual coloca a Venezuela fuera de los estándares democráticosestablecidos en los tratados y convenciones suscritos por el Estadovenezolano.La Asamblea Nacional que concluyó sus funciones el 4 de enero delaño en curso altera gravemente el orden constitucional del Estadode Derecho, al impedir el pleno funcionamiento de la nuevaAsamblea Nacional mediante la restricción de sus competenciaslegislativas por un período de dieciocho meses, cuando delegaampliamente en el Presidente de la República la mayor parte de sureserva legislativa, especialmente sobre materias totalmente ajenasa la emergencia climática que se invocó como justificación de taldelegación.Creemos además que las leyes sancionadas por esa AsambleaNacional en su último período de sesiones, contrarían valores de lasociedad democrática como el pluralismo, el respeto de losderechos fundamentales, la separación y el equilibrio entre lospoderes, así como los de la participación ciudadana, de laorganización federal del Estado, del sistema económicodemocrático, de la seguridad jurídica y del respeto de las minorías. 4
  5. 5. El carácter ilimitado y ambiguo de la delegación conferida alPresidente de la República mediante autorización de una leyhabilitante atenta contra el principio de seguridad jurídica, puesconduce a la eliminación de las competencias constitucionales de laAsamblea Nacional, y a la desnaturalización de la excepcionalidadde la delegación legislativa.De esta forma, en evidente fraude a la Constitución, se pretendetrasladar del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, la potestadestadal de legislar sobre materias de la competencia nacional queafectan a otros poderes del estado tanto en su división horizontal(Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral) como en sudistribución territorial (Estados y Municipios), a pesar de que esteúltimo controla al primero. Es decir, se elimina el sentido de laseparación de poderes y la necesidad de que en un Estado deDerecho, las leyes emanen de la representación popular, conformeal procedimiento de formación prescrito en la Constitución, rodeadode transparencia y consulta popular. Todo ello sin que el parlamentodespojado de sus competencias se hubiere pronunciado alrespecto.A pesar de la aparente ausencia de límites a la delegaciónlegislativa, el régimen de los derechos constitucionales previstos enla Constitución, que tiene prevalencia sobre cualquier otro, imponeuna limitación esencial a la delegación legislativa, de manera que taldelegación no es posible en materias que impliquen limitación orestricción a los derechos y garantías constitucionales.Resulta insólito que entre las habilitaciones otorgadas al Presidentede la República se encuentre la facultad para crear delitos y penas,violando con ello el principio universal de la reserva legal en materiapenal consagrado no sólo en la Constitución (Art. 49.6) sino en laConvención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 9) ydesarrollada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana deDerechos Humanos (vgr. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá).Debemos destacar que, las regulaciones, restricciones ylimitaciones a los derechos y garantías constitucionales, solopueden ser establecidas mediante ley formal que la constitucióndefine en su artículo 202 como “el acto sancionado por la AsambleaNacional como cuerpo legislador”, que en definitiva forma parte dela reserva legal. Este principio se encuentra igualmente contenidoen la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 30) yha sido reafirmado y desarrollado por la propia Corte Interamericana 5
  6. 6. (Opinión Consultiva Nº 6, 1986), como un elemento fundamental enla Convención para la democracia y el Estado de Derecho.Por lo señalado, advertimos y denunciamos que en Venezuela seha producido una alteración constitucional, puesto que no estángarantizados los principios fundamentales ni el cumplimiento delPacto Social del Estado de Derecho y de Justicia de una sociedaddemocrática y plural que postula la Constitución. En este sentido,resulta evidente que las medidas que denunciamos afectanelementos esenciales y componentes fundamentales de lademocracia, consagrados en la Carta Democrática Interamericana,como son entre otros, la separación e independencia de los poderespúblicos, el respeto a los derechos humanos y las libertadesfundamentales, el respeto de todas las entidades y sectores de lasociedad y la transparencia de las actividades gubernamentales.Por lo cual, estas medidas adoptadas por el Gobierno delPresidente Hugo Chávez Frías, ciertamente alteran el ordenconstitucional de la República Bolivariana de Venezuela, afectandosu orden democrático o al menos afectan el desarrollo de suproceso político institucional democrático, en los términosconsagrados en la Carta Democrática Interamericana.En virtud de lo antes expuesto, nos dirigimos a usted y por suintermedio a los demás Gobiernos de los Estados Miembros de laOEA, a fin de que se adopten las medidas apropiadas necesariaspara lograr la normalización de la institucionalidad democrática enVenezuela.Nos suscribimos de usted, reiterando nuestra consideración yrespeto, cumpliendo el mandato de la Mesa de UnidadDemocrática. Atentamente, Omar Barboza Ismael García Diputado Asamblea Nacional Diputado Asamblea Nacional Luis Aquiles Moreno Ramón José Medina Diputado Parlatino por Venezuela Coordinador Equipo Internacional Mesa de la Unidad Democrática 6

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