Ley OrgáNica De Responsabilidad Penal Del Menor
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Ley OrgáNica De Responsabilidad Penal Del Menor Ley OrgáNica De Responsabilidad Penal Del Menor Presentation Transcript

  • LEY ORGÁNICA DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR
  • LORPM
    • La LORPM LORPM (art. 45.1) atribuye a las Comunidades Autónomas, con la salvedad de los delitos de terrorismo 3 , la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores en sus resoluciones, las cuales llevarán a cabo, de acuerdo con sus respectivas normas de organización, la creación, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecución de las medidas previstas en la ley.
  • LORPM
    • Esta distribución de competencias, en la que se deja en manos de las Comunidades Autónomas la ejecución de las medidas impuestas y se deja a cada una de ellas la facultad de establecer su propio modelo organizativo, hace que no exista un modelo común de gestión a nivel nacional, sino que existen diferentes modelos, algunos muy dispares entre si, pues, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito penitenciario, donde, por un lado, la mayoría de los centros (66) dependen de la administración del Estado y se rigen por una normativa común contenida en los títulos XI y XII del vigente Reglamento Penitenciario
  • LORPM
    • Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero , que hace que todos ellos tengan idéntica estructura organizativa y de funcionamiento; y por otro lado sólo una Comunidad Autónoma (Cataluña 4 ) ha asumido competencias en materia penitenciaria 5 , pero el número de centros que gestiona es comparativamente pequeño (11), y aunque la legislación le reconoce la capacidad organizativa de los mismos 6 , ésta no es muy diferente a la del resto de centros que dependen de la administración estatal, pues de una parte la normativa estatal se aplica de forma supletoria y de otra cuando se llevó a cabo el traspaso de competencias la administración penitenciaria tenía un modelo definido con larga tradición histórica que de una u otra forma ha llevado a que en Cataluña exista una organización muy parecida a la existente en la administración estatal. A este punto ha contribuido también la existencia de una norma que coordina las diversas administraciones penitenciarias. 7
  • LORPM
    • En el ámbito de la justicia juvenil esto no es así, y cuando las Comunidades Autónomas asumieron las competencias en los primeros años de la década de los ochenta, los sistemas de protección y reforma de menores estaban entrelazados, no existiendo un modelo de justicia definido, el cual no empieza a construirse hasta principios de los años 90 (la L.O . 4/1992, de 5 de junio , es el primer referente significativo) ya con las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, cada una de las cuales fue creando su propio marco, atendiendo a sus necesidades y a sus recursos, siendo muy distintas unas de otras y en donde influyen factores tan variados como la población, la extensión territorial, la incidencia de la inmigración, etc., así como la baja repercusión, en cuanto a volumen, que el sistema de reforma representaba dentro del marco de las políticas de infancia, en parte por la ausencia en muchos lugares de órganos judiciales con dedicación exclusiva y en parte porque al fijarse la mayoría de edad panal en 16 años una gran parte de los comportamientos delictivos cometidos por jóvenes quedaban fuera del campo de la justicia juvenil.
  • LORPM
    • Esta circunstancia se ha modificado con la entrada en vigor de la LORPM (año 2001) donde al elevarse la edad de responsabilidad penal hasta los 18 años y crearse jueces especialistas con dedicación exclusiva en todo el territorio nacional, el sistema de justicia juvenil ha sufrido un crecimiento que podríamos calificar de desproporcionado (se pasa de 7.113 medidas impuestas en 2001 a 21.859 en 2007).
  • LORPM
    • A este marco disperso 8 contribuye la ausencia de unos referentes mínimos a nivel nacional al que todas las Comunidades debieran someterse y que queda patente en la ausencia de referencias en la LORPM y en RLORPM a las condiciones que deben reunir los centros (el art. 54.3 de la LORPM y el 33 del RLORPM son prácticamente la única referencia, a diferencia de lo que ocurre con la legislación penitenciaria), a su estructura organizativa, composición de los órganos y equipos, o a las ratios mínimas de personal necesarias, por poner algunos ejemplos.
  • LORPM
    • La dispersión del sistema es tal que ni siquiera existe una estadística nacional, más allá del boletín estadístico que confecciona el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (el último con datos de 2005) o de la información que pueda extraerse de las estadísticas judiciales o del Registro de sentencias sobre responsabilidad penal de los menores. 9
  • La gestión de los Centros
    • La LORPM, dentro de las facultades organizativas que atribuye a las Comunidades Autónomas, establece la posibilidad de que éstas puedan formalizar convenios o acuerdos de colaboración con otras entidades, bien sean públicas o privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de la que sean competentes, bajo su directa supervisión, sin que ello suponga en ningún caso cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución (art. 45.3).
  • LORPM
    • En el ámbito de las medidas de internamiento esta posibilidad legal permitiría establecer dos grandes tipologías de centros, ambas además complementarias entre sí.
    • Así, un primer criterio de clasificación, vendría referido a la titularidad del centro, distinguiéndose entre centros de titularidad pública y centros de titularidad privada, según pertenezcan a una entidad pública o privada.
  • LORPM
    • Un segundo criterio haría referencia a la forma de gestión de los centros, con independencia de quien sea su titular, distinguiéndose las siguientes grandes categorías:
      • Centros de gestión pública , entendiendo por tales aquellos en que su dirección y los servios que se prestan a los menores se llevan a cabo a través de personal dependiente de la administración.
  • LORPM
      • Centros de gestión privada , que son aquellos en que tanto la dirección de los mismos como los servicios que se prestan a los menores se llevan a cabo por personal que no depende de la administración. Pueden ser tanto de titularidad pública como privada.
      • Centros de gestión mixta , que serían aquellos en que la dirección corresponde a personal dependiente de la administración, mientras que los servicios que se prestan a los menores se llevan a cabo total o parcialmente por personal que no depende de la administración. En este modelo de gestión mixta habría centros que estarían más cerca del modelo público por prestar la mayoría de los servicios a través de personal dependiente de la administración o por reservarse la mayoría de las competencias, y otros que estarían más próximos al modelo de gestión privada por prestarse todos los servicios por personal que no depende de la administración.
  • TIPOLOGÍAS DE CENTROS
    • Por su titularidad
      • Centros de titularidad pública
      • Centros de titularidad privada
    • Por su forma de gestión
      • Centros de gestión pública
      • Centros de gestión privada
      • Centros de gestión mixta
    • Cuando hablo de servicios que se prestan a los menores me estoy refiriendo básicamente a los equipos técnicos, sanitarios, docentes y de atención educativa, pues lo que respecta a las funciones de seguridad en los tres modelos se lleva a cabo a través de empresas de seguridad privada, dado que ninguna Comunidad Autónoma ha creado cuerpos ni categorías para estos fines.
    • La tendencia en España, tras la entrada en vigor de la LORPM, ha sido la puesta en marcha de centros de gestión privada, dado el importante incremento que se ha producido en el sistema de justicia juvenil y que obligó a la apertura urgente de nuevos centros par atender las demandas derivadas de la nueva Ley.
  • Notas
    • 1 Hasta la fecha son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia las Comunidades Autónomas que han asumido competencias en materia de justicia.
    • 2 Si bien la ordenación de la protección de menores corresponde a la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, los funciones se llevan a cabo por Consejos Insulares de las respectivas islas
    • 3 El párrafo segundo del artículo 54 .1 de la LORPM establece que la ejecución de la detención preventiva, de las medidas cautelares de internamiento o de las medidas impuestas en la sentencia, acordadas por el Juez Central de Menores o por la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, se llevará a cabo en los establecimientos y con el control del personal especializado que el Gobierno ponga a disposición de la Audiencia Nacional, en su caso, mediante convenio con las Comunidades Autónomas. De la misma forma el artículo 8.2 del RLORPM establece que corresponde al Estado, en los establecimientos y con el control del personal especializado que ponga a disposición de la Audiencia Nacional, la ejecución de la detención preventiva, de las medidas cautelares de internamiento y de las medidas adoptadas en sentencia firme que, de conformidad con la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, acuerden el Juzgado Central de Menores o la sala correspondiente de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de los convenios que, en su caso, pueda establecer para dicha finalidad con las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.
    • 4 El traspaso de competencias se llevó a cabo por Real Decreto 3482/1983, de 28 de diciembre, sobre traspasos de servicios del Estado a la Generalidad de Cataluña en materia de administración penitenciaria.
    • 5 Si bien las competencias en materia penitenciaria aparecen recogidos en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas de Aragón, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Navarra, sólo se han materializado en el caso de Cataluña.
    • 6 Esa capacidad organizativa se has plasmado en el Decreto 329/2006, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de los servicios de ejecución penal en Cataluña.
    • 7 Real Decreto 1436/1984, de 20 de junio, sobre normas provisionales de coordinación de las administraciones penitenciarias.
    • 8 En el libro “la justicia penal juvenil en España: legislación y jurisprudencia”, Editorial Club Universitario, Alicante 2006, se puede ver el profuso marco normativo existente en nuestro país.
    • 9 El Registro se encuentra regulado por Real Decreto 232/2002, de 1 de marzo, y aunque el acceso a sus datos está limitado a jueces y fiscales, el artículo 6.3 permite que la Administración General del Estado pueda elaborar y publicar estadísticas de los asientos contenidos en el Registro, eludiendo cualquier referencia personal en la información y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y sus disposiciones complementarias.