L A P R E D I C C IÓ N D E L A C O N D U C T A D E L I C T I V A

LA PREDICCIÓN DE LA CONDUCTA DELICTIVA
GARRIDO, V. ; LÓPEZ, E. ; SILVA, T.; LÓPEZ, M.T. y MOLINA, P. (2006)
Esta obra está bajo una licencia de CreativeCommons

INTRODUCCIÓN
La finalidad que persigue la Ley Penal del Menor es evitar que los jóvenes reincidan en conductas infractoras.
Justicia Juvenil tiene un tratamiento claramente educativo (psico-socio-educativo).
Todos los profesionales implicados realizan distintas valoraciones del riesgo tanto desde:
Perspectiva jurídica (jueces, fiscales, letrados, etc).
Perspectiva educativa (psicólogos, educadores sociales,)
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Predicción de la Conducta Delictiva

PREMISAS
1) El ámbito de intervención se sitúa en la conducta delictiva.
2) La respuesta ante esas conductas es de doble naturaleza: sancionadora-educativa.
3) La justicia juvenil está basada en una serie de principios en el que destaca el superior interés del menor.
4) Principio de individuación: tanto la respuesta jurídica como la educativa dependen de la idiosincrasia de cada uno de los sujetos. De ahí que ante las mismas conductas tengamos la posibilidad de imponer medidas distintas y programas educativos individualizados.
5) El objetivo es prevenir la reincidencia: hay que valorar qué factores son los que sustentan la conducta delictiva.
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EL MARCO TEÓRICO DE LA PREDICCIÓN
1. LOS PRECURSORES DE LA CONDUCTA DELICTIVA
2. LOS FACTORES DE RIESGO
3. LOS FACTORES DE PROTECCIÓN
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1.LOS PRECURSORES DE LA CONDUCTA DELICTIVA
La predicción y la prevención se hallan íntimamente vinculadas por tres razones:
1) Detección eficaz de los individuos y los contextos de mayor riesgo de delincuencia.
2) Los factores de riesgo de comportamientos delictivos (características personales, educativas, déficit cognitivos, etc) orientan sobre objetivos y estrategias a utilizar.
3) Los resultados obtenidos en la aplicación de los programas.
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Objetivos que la predicción del riesgo intenta lograr en cuanto al procedimiento de evaluación del caso:
1) Guiar la intervención de los profesionales en las tareas de predicción.
2) Mejorar la consistencia de las decisiones al tener en cuenta sistemas contrastados de recogida de datos relevantes y significativos:
Historia biográfica del sujeto.
Variables clínicas de estado y de la situación (factores de riesgo/protección) para predecir su comportamiento futuro.
Utilizar procedimientos de predicción aportando transparencia a la decisión.
Proteger el derecho de los usuarios de los sistemas de atención a los agresores o víctimas.
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Los factores de riesgos próximos y lejanos se consideran los dos polos de un continuo de riesgo.
Factores lejanos: pobreza, hogar roto. Efecto indirecto.
Factores de riesgos próximos: estilo de crianza de los padres o amigos antisociales.
La mayoría de los factores de riesgo tienen una correlación baja con la delincuencia futura.
El problema viene cuando se acumulan varios: los efectos de la agregación no son aditivos sino multiplicativos o exponenciales.
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Resultados del meta-análisis realizado sobre los diferentes predictores de la reincidencia (Gendreau, Little y Goggin, 1996).
Predictor estático: Edad, historia delictiva del adulto, historia delictiva juvenil, delincuencia en la familia, prácticas educativas en la familia, estructura familiar, sexo, funcionamiento intelectual, raza, nivel socioeconómico.
Predictor dinámico: diagnóstico de personalidad antisocial, amistades delincuentes, actitudes antisociales, conflicto interpersonal, malestar personal, logos social, abuso de sustancias.
Medidas compuestas: escalas de riesgo.
* Mejores predictores de reincidencia
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Factores de protección = “funciones protectoras” de ciertos niveles de variables, que pueden funcionar en interacción.
Una variable es protectora si sirve para reducir o aminorar los efectos patogénicos de riesgos específicos.
Un factor de protección moderala relación existente entre los factores de riesgo y la conducta problema.
Resistencia por qué algunas personas permanecen sanas o se recobran fácilmente a pesar de que muchas otras en sus mismas condiciones enferman.
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Resistencia o “resilencia”:
Proceso de adaptación biopsicológica como su resultado; capacidad relativa a unas circunstancias patológicas que pueden variar a través del tiempo y las circunstancias.
Proceso de adaptación flexible, en tres sentidos:
a) Desarrollo saludable en medio de un ambiente desfavorable.
b) Mantener la competencia social bajo factores de estrés específicos.
c) Recuperarse de un trauma severo.
Criterio o comportamiento en sujeto “resistente”: la ausencia de actos o de delitos, a pesar de la presencia de factores de riesgos significativos.
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Los niños protegidos son:
más sociables, activos, independiente, confiados en sus posibilidades (autoeficacia) y tenían un temperamento más fácil que los que cometieron delitos.
autoestima elevada y locus de control interno.
van mejor en la escuela , más comunicativos y mostraban aficiones o intereses reseñables.
desarrollaban vínculo fuerte con un adulto de dentro o de fuera de la familia.
recibían ayuda de los adultos o de otras redes sociales, tenían modelos de rol positivos, y al menos un amigo íntimo.
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Factores que se asocian a chicos que cometieron delitos y que abandonaron la carrera delictiva al llegar a la edad adulta:
Familia más intacta
Apoyo externo
Asistir a programas de educación de adultos
Tener una relación de pareja
Haber estado en el ejército
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Función de los factores (Garrido, 2005):
Variables que pueden actuar, simultáneamente, como variables de riesgo como de protección: vínculo afectivo estable con uno de sus padres/ ausencia de vínculo.
Algunos factores tienen un efecto de riesgo: trastorno disocial , otros tienen tanto un efecto de riesgo como de protección: sentimiento de culpa.
Factores de protección “puros” son raros.
Podemos hablar más de funciones protectoras que actúan como variables moderadoras entre los factores de riesgo y la conducta problema.
Los efectos de las variables protectoras no son de naturaleza directa, muchos son efectos indirectos.
La presencia de un factor de riesgo “por sí solo” tiene poco efecto.
Al ver muchos factores de riesgo subyacentes a diversas patologías podemos pensar que los mecanismos causales son los mismos para estas mismas conductas.
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EVALUACIÓN DEL REISGO DE LOS DELINCUENTES
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PREDICTIVA DEL RIESGO
1. A criterio libre del profesional.
1.1. Juicio profesional no-estructurado.
1.2. Juicio profesional estructurado.
1.3. Evaluación por anamnesis.
2. Siguiendo una pauta determinada.
Test psicológico.
Los “Test” actuariales.
REDONDO (2004)
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Proceso de evaluación del riesgo:
1) La recogida, organización y análisis de la información relevante.
2) La decisión y comunicación del resultado de la evaluación.
Procedimientos existentes para la predicción o estimación del riesgo de comportamientos violentos:
1) Procedimientos basados en el juicio profesional
2) Decisiones de base actuarial.
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INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS
Hay amplia evidencia de que las valoraciones actuariales del riesgo son significativamente superiores a las valoraciones clínicas con las conductas delictivas que intentamos predecir:
PCL-R (Hare, 1990)
LSI-R (Andrews y Bonta, 1995)
VRGA (Harris Rice y Quinsey, 1993)
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Características de las escalas de predicción (I)
1. Aceptable validez predictiva, predecir con mayor precisión la conductas de interés (reincidencia sexual, maltrato doméstico).
2. Para las evaluaciones del riesgo de los delincuentes debemos utilizar instrumentos diseñados específicamente para ello.
3. Optar por un respaldo teórico facilita la evaluación, la elección de instrumentos y sobre todo vincular la evaluación con el posterior programa de intervención.
Las explicaciones sociológicas de los delitos.
Los modelos derivados de la psicopatología.
Las perspectivas del aprendizaje social.
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Características de las escalas de predicción (II)
4. El instrumento debe ser capaz de rastrear los factores de las múltiples áreas de la conducta delictiva.
La mayoría de las escalas incluyen la historia delictiva del sujeto (PCL-R; HCR-20; VRAG).
LSI-R contiene 10 áreas con 54 ítems que están relacionados con la conducta delictiva.
YLS/CMI contiene 8 áreas con 41 ítems, la ventaja de estas escalas es que nos ayudan en el diseño, planificación y evaluación de los programas educativos individualizados (factores de riesgo dinámicos).
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Características de las escalas de predicción (III)
5. El instrumento debe evaluar los factores de riesgo y dirigir la intervención hacia dichas necesidades criminógenas (factores de riesgo dinámicos).
LSI-R; SFS y PCL-R.
Si lo que queremos es predecir e intervenir necesitamos escalas dinámicas, nos permite identificar necesidades criminógenas.
La libertad vigilada y los educadores que llevan a cabo la ejecución de las medidas tanto en medio abierto como cerrado, necesitan diseñar el tratamiento (PIEM) que debe dirigirse hacia las necesidades criminógenas del infractor.
Reduciendo las necesidades criminógenas se reduce la reincidencia.
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Características de las escalas de predicción (IV)
6. Utilizar test de personalidad y cognitivos para evaluar la capacidad de respuesta del delincuente. Son útiles para valorar la capacidad de respuesta del sujeto, orientar mejor a una medida judicial y dirigirlos a un determinado programa.
7. Debemos utilizar diferentes métodos para evaluar el riesgo y las necesidades. La validez predictiva de las valoraciones puede mejorar cuando se combinan métodos diferentes.
8. Utilizar las escalas de valoración de riesgo con responsabilidad profesional.
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INSTRUMENTOS DE EVALAUCIÓN DEL RIESGO
LSI-R (Level of ServiceInventory-Revised) (Andrews y Bonta, 1995).
Escala actuarial de valoración de riesgo del delincuente basado en los principios de necesidad-riesgo.
Compuesta por 54 ítems distribuidos en 10 áreas.
Las “cuatro grandes áreas” :
historia delictiva,
poyo social para cometer delitos,
actitudes u orientación procriminal y
características personales y emocionales.
Se añaden cuatro áreas más: factores familiares, abuso de sustancias tóxicas o logro social.
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YLS/CMI (YouthLevel of Service/Case Management Inventory) (Hoge y Andrews, 2002).
Presta más atención a la familia y a los problemas escolares y menos al empleo.
Este instrumento fue creado para ayudar a los educadores que ejecutan medidas judiciales para evaluar los factores de riesgo y protección, extrayendo de los mismos las necesidades de intervención en los menores que cometen delitos entre los 12 y 18 años.
A través de una entrevista semiestructurada permite rastrear los atributos y el estilo de vida de los chicos. Permite identificar los objetivos más apropiados para la intervención, y contempla un plan de dirección del caso.
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YLS/CMI este instrumento se desarrolló a partir de una teoría contemporánea del comportamiento delictivo, basado en el Modelo General Psicológico, Social y de Personalidad de la Conducta Criminal. Parte de 2 supuestos:
La causa de la actividad criminal de personas jóvenes es una red compleja de variables personales y ambientales que interactúan (Historia de desarrollo del joven; aspectos de la situación familiar; características de personalidad, conductuales y cognitivas; experiencias escolares/formativas y laborales; el grupo de iguales; las creencias y actitudes).
La intervención con jóvenes de alto riesgo con actividad antisocial puede ser efectiva y reducida en el futuro.
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Modelo General Psicológico, Social y de Personalidad de la Conducta Criminal se sustenta en 4 principios:
a) Principio del Riesgo: proporciona una conexión entre las necesidades criminógenas y el nivel de intervención que se debe proporcionar.
b) Principio de las Necesidades: las necesidades son factores de riesgo dinámico, favorables al cambio, que si se consiguen modificar tendrá como consecuencia la reducción de la actividad antisocial futura.
c) Principio de la Capacidad de Respuesta: habilidades y estilos de aprendizaje de los delincuentes y a las necesidad de considerarlos factores de protección o recursos, que pueden servir para moderar el impacto de los factores de riesgo. (Alto nivel de madurez emocional, estilo de aprendizaje, apoyo efectivo por parte de adultos, motivación para el tratamiento).
d) Principio de Autoridad: las decisiones finales sobre el joven deben ser tomadas en conjunto por el profesional responsable del caso, de la intervención.
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J-SOAP-II (Sex OffenderAssessmentProtocol) (Prentky y Righthand, 2003)
Escala que ayuda a la valoración sistémica de los factores de riesgo con jóvenes delincuentes y delincuentes sexuales.
Las decisiones sobre el riesgo de reincidencia no deben basarse exclusivamente en los resultados de SOAP-II , sino que éste debe usarse como parte de una valoración del riesgo más exhaustiva.
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EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO/NECESIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS JUDICIALES
En qué momentos se requiere una predicción y la identificación de los factores de riesgo que están asociados a la conducta delictiva:
Sustentar con criterios la reincidencia o informar sobre la posibilidad de fuga.
Informar sobre el cambio de una medida y asegurarnos que no va a darse una nueva conducta delictiva.
Predecir que ante una salida o permiso no se va a producir un incumplimiento de la medida.
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Otras dos funciones que se derivan de la capacidad de previsión del estudio del menor son:
Establecer que determinado recurso es idóneo dadas las características del menor, según sus necesidades criminógenas.
Orientar una medida educativa ajustada a las necesidades criminógenas y al delito cometido por el joven sin caer en criterios retributivos.
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Recomendaciones:
La evaluación del riesgo debe realizarse de manera científica, profesional y de acuerdo a las consideraciones legales propias de cada marco jurídico concreto.
El riesgo puede y debe ser evaluado de distintos modos y mediante variados procedimientos.
En promedio, la evaluación del riesgo de violencia es tan adecuada y “certera” como puedan serlo otros muchos pronósticos.
No es posible realizar predicciones específicas de violencia futura en un individuo determinado con un elevado nivel de certeza o de previsión científica. Sólo podemos estimarlo asumiendo ciertas restricciones temporales y de contexto.
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a) El proceso de valoración del riesgo en la ley penal del menor
Las necesidades criminógenas como factores de riesgo dinámicos son modificables y podemos actuar sobre ellos.
Las acciones son insuficientes si no se trata de modifica estilos de vida que son claramente antisociales.
Se necesitan programas de intervención cuidadosamente planificados con objeto de cambiar esas necesidades criminógenas.
Es necesario proporcionarle recursos personales (capacidades, habilidades, actitudes) que le integren en un grupo prosocial.
Educar a un delincuente juvenil requiere un esfuerzo planificado, intensivo y sistemático.
El entrenamiento cognitivo-conductual pretende equipar al delincuente con habilidades que le permitan enfrentarse a los problemas con sus propios recursos.
La mejora de las habilidades sociocognitivas constituye un modo eficaz de prevención y rehabilitación con delincuentes juveniles.
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Para ser sujetos competentes se requiere algo más que la imposición de una medida judicial y ejercer el control que requiere la pretensión retributiva de la justicia.
Prioridad: diseñar programas eficaces en el marco de la ejecución de la medida.
Tres momentos en torno a la LORPM:
Previa a la audiencia.
En ejecución de la medida.
Post ejecución de una medida.
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LORPM . Art. 3 .- Sobre el régimen de los menores de catorce años. El Ministerio Fiscal los remite a la entidad pública de protección de menores .
30% de los menores atendidos con medida judicial se les había abierto expediente en fiscalía cuando tenían menos de 14 años.
LORPM. Art. 16.- Incoación del expediente. El Ministerio Fiscal pedirá un informe al equipo técnico. Es el momento idóneo para realizar una predicción de la conducta delictiva del sujeto, un análisis de los factores de riesgo y orientar para la medida más adecuada.
El informe no es vinculante. LORPM. Art. 7.3 “Para la elección de la medida o medidas adecuadas se deberá atender de modo flexible, no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor”.
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En el momento de la Audiencia el equipo técnico puede informar sobre el análisis de necesidades y riesgo realizado al menor, y hacia dónde debe conducirse la respuesta jurídico-educativa.
LORPM. Art. 7.3.”… El Juez deberá motivar en la sentencia las razones por las que aplica una determinada medida, así como el plazo de duración de la misma, a los efectos de la valoración del mencionado interés del menor.”
Se inicia la actuación de los equipos que ejecutan las medidas, quienes elaborarán un programa ajustado a las circunstancias personales, sociales, familiares, y educativas, teniendo en cuenta la naturaleza de la medida y el tiempo de ejecución.
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b) El programa individualizado de Ejecución de la Medida
En la LORPM aparece con diferentes denominaciones: programa de ejecución , programa de intervención, programa, Programa de Ejecución de Medidas Judiciales (PIEM).
La competencia funcional de la ejecución de las sentencias dictadas por los juzgados de menores corresponden a las entidades públicas.
En un plazo no superior a 5 días desde el conocimiento de la sentencia la entidad pública designe un profesional responsable del diseño y ejecución del PIEM.
El PIEM será elaborado por el profesional o por el centro, en el plazo de 20 días, desde el inicio de la intervención para las medidas de libertad vigilada e internamiento, y para el resto de medidas desde la designación del profesional.
Elaborado el PIEM debe ponerse en conocimiento del juez para su aprobación.
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IGI-J (Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes) (Garrido, López Martín y Silva do Rosario, 2006).
Delimita los factores de riesgo dinámicos.
Establece un nivel de riesgo por áreas y tener un índice global.
Recoger aspectos o factores que el instrumento no haya recogido.
Establecer el nivel de intervención que se requiere.
Formular la hipótesis explicativa de la conducta antisocial.
Diseñar los objetivos educativos en relación con las necesidades criminógenas detectadas.
Establecer quién, cómo y dónde se ejecuta la medida.
Evaluar la intervención de forma cualitativa y cuantitativa, viendo si los factores de riesgo dinámico han mermado su influencia.
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El educador responsable o en su caso el Centro, es quién evalúa los objetivos planteados en el PIEM, y comunica en el informe final al juez la consecución de los objetivos y la entidad judicial da por concluida la medida.
El profesional de la intervención valorará de nuevo el riesgo. Doble objetivo:
Evaluación final de la medida y si la intervención ha minimizado los factores de riesgo dinámicos.
Establecer el grado de riesgo con el que se finaliza la intervención.
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La valoración del riesgo al finalizar la medida nos puede orientar la toma de decisiones. Posibilidades:
1. Sin ninguna intervención educativa.
2. Con seguimiento postmedida(el menor y la familia están dispuestos a continuar voluntariamente).
3. Con seguimiento por parte de los servicios sociales municipales.
4. Derivación al Servicio de Protección de Menores.
5. Derivación al Servicio de Inserción y Promoción Sociofamiliar.
6. Continuación con otra medida judicial de medio abierto.
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PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN
1. Rastrear diversas áreas y ámbitos durante la evaluación.
2. Utilizar distintos métodos para la obtención de información (entrevista, vaciado de expediente, informes técnicos, evaluaciones psicológicas, etc.)
3. Información comprometida que no se pueda verificar, mejor excluirla.
4. Escalas de valoración del riesgo están para apoyar decisiones.
5. La responsabilidad es del profesional que realiza la valoración y ejecuta la medida.
6. Dirigir la intervención educativa hacia factores de riesgo dinámicos.
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PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN
7. Los objetivos son piezas claves en el PIEM, para su formulación hay que tener en cuenta:
Considerar las necesidades criminógenas del menor.
Considerar la capacidad de respuesta.
Establecer objetivos realistas y alcanzables.
Que sean específicos y concretos.
Comprensibles para el menor y sus padres.
Estar aceptados por el menor.
Tener fecha limitada de cumplimiento.
Revisarlos de forma dinámica.
8. Principio de riesgo y de oportunidad: reducir la intervención en caso de escaso riesgo e intensificarla.
9. PIEM debe recoger pautas socioeducativas, reglas de conducta y recursos específicos.
10. El menor tiene derecho a conocer los objetivos y contenido del PIEM.
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GARRIDO, V. ; LÓPEZ, E. ; SILVA, T.; LÓPEZ, M.T. y MOLINA, P. (2006) El modelo de la competencia social de la Ley de Menores. Cómo predecir y evaluar para la intervención educativa. Valencia: Tirant “Criminología y Educación Social”.
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L A P R E D I C C IÓ N D E L A C O N D U C T A D E L I C T I V A

by Clara Isabel Fernández Rodicio on Oct 19, 2009

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