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  • 1. Policy Brief Series N.º2, noviembre de 2009 ¿Crimen organizado en Chile? Carsten Andreas Schulz y Liza Zúñiga
  • 2. Policy Brief N.º2, noviembre de 2009 ¿CRIMEN ORGANIZADO EN CHILE?1 por Carsten Andreas Schulz2 y Liza Zúñiga3 Introducción El crimen transnacional ha cobrado fuerza en América Latina, no sólo como fenómeno delictual, sino también, como tema en las agendas gubernamentales e internacionales de la región, pese a lo cual el tema es considerado de escasa relevancia en Chile dado los bajos niveles de incidencia en comparación con otros países latinoamericanos, salvo en oportunidades particulares, cuando los medios de comunicación le dan relevancia al tema, alarmando sobre el supuesto arribo de carteles y mafias extranjeras a las costas. Por lo mismo no existen estudios o diagnósticos que hablen del tema. En el caso chileno, los antecedentes indican que este fenómeno delictual está estrechamente relacionado con el narcotráfico. Sin embargo, este nexo tiene raíces más fuertes en lo local que en su dimensión transnacional, es decir, se deberá diferenciar entre los niveles de incidencia para comprender las causas y consecuencias de la denominada “delincuencia transnacional organizada”. El crimen organizado en Chile no se ha desarrollado a escalas comparables con otros países de América Latina. El único ámbito donde se observa una incidencia significativa de esta forma de delincuencia es en 1. Este trabajo es un extracto de la tesis del autor para optar al Magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 2. Cientista político de la Universidad de Konstanz, magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente estudiante de posgrado en Relaciones Internacionales en Nuffield College de la Universidad de Oxford. 3. Investigadora Asistente del Programa Seguridad y Ciudadanía de FLACSO-Chile y coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado del Consorcio Global para la Transformación del Sector Seguridad. Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional http://www.securitytransformation.org/bli_wg.php?id=38 2
  • 3. Policy Brief N.º2, noviembre de 2009 el narcotráfico e, incluso aquí, el grado de sofisticación y complejidad es menor, dependiendo del destino del estupefaciente. En este marco, se debe distinguir entre los grupos que emergieron en el contexto del tránsito de la cocaína y los grupos que cubren el abastecimiento local. Mientras que los primeros muestran un componente transnacional importante, los segundos están limitados, tanto en lo operacional como en su extensión geográfica, es decir, ubicados en centros urbanos relativamente marginales, estructurados alrededor de familias o clanes, con cierto control sólo sobre la distribución de la droga en una zona particular. Al parecer el crimen organizado se manifiesta esencialmente en el narcotráfico y sobre todo como un negocio, sin encontrarse evidencias de redes de corrupción relevantes en el Estado. Drogas: incremento del tráfico y consumo En el contexto latinoamericano, gran parte del crimen transnacional está asociado a la producción, transporte y venta de estupefacientes y, sobre todo, al tráfico de pasta base y clorhidrato de cocaína.4 En este marco, el narcotráfico tiene una función facilitadora de otras actividades ilícitas. “El contrabando de armas, la industria del secuestro y el robo de vehículos, que cada vez se organizan y prosperan más en América Latina, están directa o indirectamente relacionados con el contrabando de drogas; como negocios, son variaciones de un mismo tema”.5 De acuerdo con esta afirmación en cuanto al patrón regional, se constituye como el principal ámbito donde se ha manifestado la delincuencia organizada en Chile.6 Mientras que la cercanía geográfica entre los lugares de cultivo y producción, ubicados en la región Andina y, los principales mercados de consumo en Norteamérica, tienen mucho poder explicativo en relación a las rutas del narcotráfico en América Latina, también señala la menor presencia del narcotráfico en Chile, dada su ubicación en el extremo sur del continente queda al margen de la producción y las principales rutas de contrabando. Ello, pese a que el país tiene una larga frontera marítima y comparte límites con dos de los tres “países productores”. El desincentivo está dado por el costo que significa el tránsito a través de este territorio, pues el desarrollo del precio de la cocaína no depende de los cambios en los países de producción (la política de erradicación apunta exclusivamente a este componente del precio), sino del costo de transporte y distribución.7 Ello significa que, cuando más largo y costoso resulte el tráfico, y más alta la posibilidad de ser detectado, más bajas serán las rentas que puedan ser obtenidas y, como consecuencia, el incentivo de instalarse en ese lugar. 4. Farer, T (1999). Transnational crime in the Americas: an inter-American dialogue book. London: Routledge. 5. Serrano, M., & Toro, M. C. (2002). Del Narcotráfico al crimen transnacional organizado en América Latina. En M. Berdal & M. Serrano (ed.), Crimen transnacional organizado y seguridad internacional (pp. 233-273). México: Fondo de Cultura Económica, p. 233. 6. El derecho chileno reconoce la figura penal de “asociación ilícita”, contemplado en el art. 292 del Código Penal, según el cual, se entiende, de forma más bien amplia, como “[t]oda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o las propiedades, importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse”. 7. Costa Storti, C., & De Grauwe, P. (2009). Globalization and the price decline of illicit drugs. International Journal of Drug Policy, 20(1), 48-61. Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional 3
  • 4. Policy Brief N.º2, noviembre de 2009 Este es el caso de Chile. En contraposición los obstáculos físicos también dificultan la tarea de las agencias de control. Ello permite que, sobre todo en el Norte, el tráfico ilícito pueda ingresar por pasos fronterizos no habilitados o atravesar el amplio y escasamente poblado altiplano. A pesar de ello Chile ha evolucionado convirtiéndose en un lugar de tránsito de cocaína hacia Europa y, al mismo tiempo, en un mercado donde la demanda doméstica por estupefacientes promueve cada vez más a este negocio. En el gráfico 1 se puede ver el desarrollo de las cantidades de clorhidrato y pasta base de cocaína, incautadas por Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y otras instituciones involucradas como el Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 1: Cantidad de clorhidrato y pasta base de cocaína decomisada en Chile en kilogramos, 1993-2006 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 20 * * 07 08 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Informes mundiales sobre las drogas de los años 2008, 2003 y 2000. Disponibles en Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), www.undoc. org [14-06-09]; los datos de los últimos años (*) en Baeza, J. (2009, 22 al 24 de abril). Crimen organizado en Chile. Presentación no publicada en el seminario Herramientas y productos para la elaboración de inteligencia estratégica en la lucha contra el crimen organizado, Cartagena de Indias, Colombia. En la interpretación de estas cifras se debe tener presente que no sólo reflejan el tráfico de drogas, sino también las modalidades de la imposición de la ley y las prácticas de la recopilación de datos. También es importante notar que pueden estar sujetas a bruscas fluctuaciones, debido al impacto que tienen sobre las estadísticas hallazgos excepcionales. En este sentido, las cifras no representan un muestreo aleatorio de toda la actividad ilícita en este ámbito, sino sólo dan un vistazo parcial de ésta. No obstante ello, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) considera estos datos como indicadores indirectos de Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional 4
  • 5. Policy Brief N.º2, noviembre de 2009 los patrones del contrabando.8 Considerando ello, se identifica un primer aumento a inicios de la década de los 90, un periodo de niveles relativamente estables, seguido por un segundo incremento de las incautaciones después de 2003. Tomando en cuenta la diferencia entre 1993 (997 kilogramos) y 2008 (9507 kilogramos), no cabe duda que algo ha ocurrido, aunque no revela su verdadera extensión ni razones. Un cambio que, por ejemplo, no puede ser explicado con referencia a los patrones de cultivo en los países vecinos, indicando un periodo relativamente estable durante la segunda mitad de la década de los 90, seguido por un aumento masivo en los últimos años. Explicaciones alternativas que se dan en este contexto incluyen una mayor incidencia de la utilización del país como lugar de tránsito; un aumento, aunque leve, en la demanda interna; y avances en el uso de la tecnología, tanto por parte de las agencias de control y fiscalización, como en el caso de los traficantes. Finalmente, se debe hacer hincapié en la mayor persecución penal del microtráfico.9 El gráfico 2 compara la distribución de las incautaciones de 2006 con la frecuencia de procedimientos policiales antidrogas según región. Se debe notar aquí que, para paliar el efecto de los casos extremos en el diagrama, se calculó el promedio de tres años; además que la frecuencia de procedimientos subestima los casos relacionados al tráfico de cocaína, puesto que incluye todas las infracciones a la Ley de Drogas.10 Se muestra una concentración en el norte del país, en la Primera y Segunda Región colindantes con Bolivia y Perú, y en la Región Metropolitana, donde se ubica la capital y la mayoría de la población que habita en Chile.11 Por ello, no debe sorprender que la frecuencia de las infracciones contra la Ley de Drogas también tenga su máximo en el centro del país. Sin embargo, confrontando los patrones en el norte (incautaciones altas y frecuencia baja) con la realidad alrededor de la capital (incautaciones altas y frecuencia alta) y la ausencia de niveles comparables en otras regiones, se confirma la observación que en Santiago prevalece en promedio la circulación de cantidades más pequeñas de cocaína (en términos estrictos: incautaciones), mientras que en el extremo Norte ingresa la droga en mayores cantidades para después ser distribuida. 8. ONUDD (2008). World Drug Report 2008 [Informe mundial de drogas]. Disponible en Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, www.undoc.org [14-06-09], pp. 293-294. 9. En este punto, cabe señalar que, en febrero 2005, entró en vigor la Ley N° 20.000, que sustituyó a la norma del año 1995 que sancionaba el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. A través de esta actualización del marco legal, se aumentaron las penas, se introdujo la figura penal del microtráfico y, además, se otorgaron nuevas prerrogativas a las policías para investigar el narcotráfico, como la utilización de agentes encubiertos y la intercepción de comunicaciones privadas, lo que puede haber incrementado la efectividad del control. 10. El delito de tráfico de drogas correspondió a un 25,5% de las infracciones de 2006, mientras que en la mayoría de los casos (57,3) se inició el procedimiento por posesión. Véase, Ministerio de Interior (2007). Informe nacional procedimientos policiales por infracción a la Ley de Drogas N° 20.000 año 2006, p. 3. 11. En 2007, se modificaron las fronteras de la Primera y Décima Región, creando mediante las leyes N° 20.174 y N° 20.175, la Región de Arica y Parinacota (XV) en el Norte y la Región de Los Ríos (XIV) en el Sur, respectivamente. Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional 5
  • 6. Policy Brief N.º2, noviembre de 2009 Gráfico 1: Promedio de incautaciones 2003-2006, infracciones a la Ley de Drogas, 2006, según región 2000 14000 1800 12000 Cantidades incautadas en Promedio de 1600 incautaciones de 1400 10000 cocaína y pasta base, 2003-2006 kilogramos Frecuencia 1200 8000 1000 800 6000 600 4000 Procedimientos 400 policiales por Ley 2000 de Drogas, 2006 200 0 0 I VII XII VI XI V X III II VIII RM IV IX Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Interior (2007), pp. 9-10. No obstante lo anterior, si se establece una relación entre la densidad poblacional, de cada una de estas regiones, con el número de procedimientos policiales, se puede inferir que el problema es más pronunciado en el Norte del país. Para la Primera Región se estima que por cada 100 mil habitantes se registraron alrededor de 330 infracciones. Cifra seguida por la Segunda Región con aproximadamente 230 casos. En tanto, según esta misma ecuación, en la Región Metropolitana se produjeron cerca de 217 procedimientos.12 Si bien una gran parte de la mercancía ilícita es destinada al tránsito, finalmente, un análisis del mercado de los estupefacientes debe hacer referencia a la demanda doméstica. El gráfico 3 representa el desarrollo del consumo de los productos derivados de la coca en Chile de los últimos años, basado en los datos recopilados por el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE).13 Allí se observan dos tendencias divergentes: mientras que las declaraciones de consumo indican una estabilización de la demanda doméstica por pasta base, los niveles de consumo de clorhidrato de cocaína aumentaron de un 0,9 a inicios de la serie, a un 1,8 en 2008, después de haber disminuido en los años previos. 12. Tasas calculadas en base de los datos delictuales presentados por el Ministerio Interior (2007) y el último censo del Instituto Nacional de Estadística de 2002. INE. (2005). Chile: Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos. Santiago de Chile: Instituto Nacional de Estadísticas. Las demás regiones registraron las siguientes cifras por cada 100 mil habitantes: Región de Atacama (III) 153,3; Región de Coquimbo (IV) 62,3; Región de Valparaíso (V) 108,8; Región del Libertador General Bernardo O’Higgins (VI) 51,9; Región del Maule (VII) 102,7; Región del Bio Bío (VIII) 47,5; Región de la Araucanía (IX) 28,9; Región de los Lagos (X) 41,8; Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (XI) 45,9; Región de Magallanes y de La Antártica Chilena (XII) 42,4. 13. Cabe notar aquí que estos datos informan sobre el número de personas que declararon ser consumidores y no permite inferir directamente la cantidad consumida ni dinero gastado. Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional 6
  • 7. Policy Brief N.º2, noviembre de 2009 Gráfico 2: Evolución del consumo de clorhidrato y pasta base de cocaína en el último año, 1994-2008 Declaraciones de consumo en % 2 1,5 1 Cocaína 0,5 Pasta base 0 94 96 98 00 02 04 06 08 19 19 19 20 20 20 20 20 Fuente: CONACE. (2008). Octavo estudio nacional de drogas en población general de Chile, 2008: informe de principales resultados. Disponible en Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes www.conacedrogas.cl [12-06-09], pp. 4-6. En el hemisferio, Chile ocupó el sexto lugar de los países que reportaron datos en 2006 con una tasa de 1,5%. El consumo declarado más alto en este periodo se registró en Estados Unidos con un 3,0%, seguido por Canadá con un 2,6% y Argentina con un 2,3%.14 Además, se observó en Chile una disminución del precio estimado del clorhidrato de cocaína de 5.854 pesos por un gramo en 2004, a 5.434 en 2008.15 Las rutas del narcotráfico Un aspecto importante del narcotráfico en Chile es la utilización del país como lugar de tránsito de cocaína de alta pureza, primordialmente hacia Europa y, en menor grado, a Estados Unidos; mientras que la droga de menor calidad circula dentro del país, destinada al consumo local.16 En el primer caso, una vez ingresada, un método habitual de ocultamiento consiste en esconder los estupefacientes con exportaciones al extranjero, usando empresas y colaboradores chilenos del sector de frutas y productos del mar congelados. Es aquí donde se ha descubierto, en casos aislados, organizaciones extranjeras, primordialmente con participación de grupos provenientes de Colombia, de mayor sofisticación, que introdujeron la cocaína a través de la frontera con 14. ONUDD (2008), p. 275. 15. CONACE. (2008), p. 7. 16. M. Fernández Montalbán. (Comunicación personal, 2009, 16 de junio). Director Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO), Ministerio Público de Chile. Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional 7
  • 8. Policy Brief N.º2, noviembre de 2009 Perú y Bolivia. Estas cargas, si bien se desbaratan con baja frecuencia, son muy cuantiosas en términos de volumen,17 como en el caso del mercante “Nativa”, donde, en una operación conjunta entre la Armada chilena, que ejerce el servicio de guardacostas en el país y el Servicio Nacional de Aduanas y Carabineros, se encontraron en Arica en el año 2000, aproximadamente 9 toneladas de cocaína, el mayor decomiso hasta la fecha; alternativamente, se ingresa la droga desde Argentina en camiones de alto tonelaje que traen mercancías para el mercado chileno, puesto que no todos son fiscalizados debido a que no se desea congestionar el flujo de vehículos desde el país transandino.18 Otra preocupación sobre el uso del país como “puente”, constituye el tráfico dentro de los contenedores provenientes de Bolivia. De acuerdo con el Tratado de Paz y Amistad, firmado en 1904, Bolivia tiene el derecho al libre tránsito de bienes desde todos los puertos chilenos habilitados, sin que el servicio de aduanas local pueda interferir sin sospecha concreta, situación que, hasta ahora, se aplica al puerto de Arica, Antofagasta y, en proceso de ser habilitado dentro de poco, en el puerto de Iquique.19 Para la fiscalización de estos embarques, se requiere el consentimiento de las autoridades bolivianas, lo que constituye un asunto sensible para el control fronterizo,20 debido a la vinculación del tema con la tensión permanente entre los dos gobiernos sobre el reclamo de Bolivia por una salida soberana al Océano Pacífico. En el primer semestre de 2009, esta ruta llamó la atención de las autoridades aduaneras, puesto que se detectó en tres instancias grandes cargas de cocaína, en total 634 kilogramos según la prensa nacional, en varios puertos europeos, que fueron trasladados desde Bolivia a través del Paso Fronterizo Tambo Quemado al puerto de Arica con destino a España y Bulgaria.21 Asimismo, si bien se estima que la mayoría de los estupefacientes se trafican a través de los puertos marítimos internacionales, también se detectan intentos de contrabando de drogas. Estos suelen ser más frecuentes, pero con menores cantidades.22 Utilizan maletas preparadas o correos humanos de nacionalidad chilena y extranjera desde el aeropuerto más importante del país, Arturo Merino Benítez. El crimen transnacional también está asociado con el flujo transfronterizo de bienes y personas, aunque los problemas en la fiscalización tienen más relación con las capacidades limitadas y aspectos políticos, que con la sofisticación de los narcotraficantes. Casos emblemáticos de conexión internacional Pese a que existen casos de grupos extranjeros, la mayoría de las organizaciones detectadas contaron con la participación de nacionales. El caso más emblemático de la participación de chilenos en el narcotráfico 17. R. Aceituno Chau. (Comunicación personal, 2009, 11 de agosto). Jefe Departamento Fiscalización de Drogas, Servicio de Aduanas de Chile. 18. Fernández Montalbán (2009, 16 de junio). 19. Se puede acceder al acuerdo a través de la base de normas chilenas en línea de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, www.bcn.cl. 20. Fernández Montalbán. (2009, 16 de junio). 21. El Mercurio. (2009, 15 de julio). Arica: Narcos bolivianos usan el libre tránsito para sus envíos. 22. Aceituno Chau. (2009, 11 de agosto). Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional 8
  • 9. Policy Brief N.º2, noviembre de 2009 transnacional, se desbarató en 1992. En enero de ese año, el Servicio de Guardacostas estadounidense detuvo frente a las costas de Miami al barco mercante de bandera panameña “Harbour”, que viajó desde Talcahuano a la ciudad de Baltimore. Pese a que la tripulación chilena trató de encender el buque para deshacerse del cargamento, los norteamericanos lograron incautar cinco toneladas de clorhidrato de cocaína. En los años siguientes, se dieron a conocer los detalles del proceso denominado “Operación Océano”, en el cual cooperaron el Consejo de Defensa del Estado (CDE), Carabineros y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para identificar los autores detrás del hecho. En 1998, se arrestó al empresario naviero Manuel Vicente Losada Martínez y sus colaboradores, por los delitos de asociación ilícita para traficar drogas y lavado de dinero. Como se indica en la sentencia, con activos de narcotraficantes extranjeros, los imputados comenzaron, a mediados de los 80, a operar embarcaciones y contratar tripulaciones chilenas con el fin de ocultar la identidad de los verdaderos propietarios. En el caso particular de 1992, se transportaba la mercancía ilegal, escondida en la bodega entre zinc a granel, en un buque que pertenecía a una empresa colombiana que fue cargado en Perú bajo las órdenes del Carlos Zaluaga, persona que se asocia con el “cartel de Cali”. Entre el puerto peruano de Callao y una parada en Panamá, se trasladó la cocaína de un pesquero en altamar, cuyo plan era ser lanzada al mar frente a la costa de Miami para ser recogido rápidamente por lanchas. En 2007, la Corte de Apelaciones de Valparaíso condenó a seis de los doce imputados de la banda liderada por Losada Martínez.23 Otro caso relacionado al narcotráfico que se puede citar, como ejemplo de los lazos de la delincuencia transnacional en Chile, es la presencia de Amando Carrillo Fuentes, quien hasta su muerte en 1997, después de una cirugía estética para cambiar su rostro, lideró la asociación criminal mexicana ubicada en la ciudad de Juárez. En marzo de ese año, ingresó al país bajo un nombre falso desde Argentina, con la intención de establecer una base de operaciones en el Cono Sur. Uno de sus acompañantes, Manuel Bitar Tafich, solicitó al Comité de Inversiones Extranjeras el permiso para operar una empresa constructora e inmobiliaria en Chile, para ocultar el contrabando. Durante su estadía de tres meses, el grupo invirtió alrededor de US$6 millones en propiedades y vehículos de lujo, antes de salir del país sin haber sido detectado por las agencias de control chilenas.24 Sin embargo, una vez conocido, las autoridades tomaron medidas para confiscar el patrimonio.25 Finalmente, también existen ejemplos de inmigrantes que formaron asociaciones ilícitas. En una reunión entre representantes de la Comunidad Andina y la Unión Europea en abril de 2009, el director del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) de Ecuador, Domingo Paredes, informó que la Ndrangheta - una agrupación criminal de familias originada en la región italiana de Calabria, que supuestamente controla una gran parte del tráfico de cocaína en Europa -, se habría instalado en Argentina y Chile para manejar desde ahí el tráfico de cocaína hacia el Viejo Continente. Esta afirmación no fue la primera vez que se vinculó a Chile con esta asociación, dado que, en 2007, el magistrado italiano Nicola Gratteri 23. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de 5 de octubre de 2007, Rol N° 36.295. 24. Washington Post. (1997, 25 de noviembre). After Death, Kingpins’ Life is an Open Book. 25. J. Astorga Lamas. (Comunicación personal, 2009, 8 de junio). Brigada Investigadora del Crimen Organizado, Policía de Investigaciones de Chile. Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional 9
  • 10. Policy Brief N.º2, noviembre de 2009 mencionó ello frente a la prensa nacional.26 Sin embargo, las autoridades chilenas se mostraron sorprendidas, puesto que, a nivel intergubernamental, no se había acordado dicha presencia en una reunión anterior con su par ecuatoriano. El Jefe Nacional de la Brigada Antinarcóticos, de esa época, de la PDI, Pedro Rousseau, expresó sus dudas, afirmando que, pese a que Chile constituiría un país de tránsito, “eso no significa necesariamente que la droga sea embarcada en Chile”.27 Si bien cuestionó la presencia de la Ndrangheta en esta ocasión, en 2007, el escenario fue distinto. En esa oportunidad, se descubrieron las operaciones del clan alrededor de Giovanni Ciulla, cuya familia había llegado a Chile en 1987 tras la persecución judicial del alto mando de La Cosa Nostra en su país de origen.28 En particular, la banda formada por Ciulla y nueve chilenos, todos con lazos familiares con el italiano, usó entre 2006 y 2007 el país como plataforma para conseguir cocaína en Perú, desde donde enviaron a los correos humanos de nacionalidad chilena para que llevaran la droga a Italia. Los negocios asociados al narcotráfico Lavado de Dinero A causa de la proximidad geográfica con las regiones de producción de estupefacientes, la apertura a los flujos de mercadería y capitales y la existencia de un sector financiero desarrollado, se ha identificado a Chile como posible lugar de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.29 Éste se encuentra sancionado a partir del año 1995, cuando se introdujo la figura penal del lavado de dinero en el marco de la entonces modificada Ley contra el tráfico de drogas. Un cambio significativo se inició en 2003 con la Ley Nº 19.913, que amplió el enfoque hacia otras fuentes ilícitas y creó, bajo la tutela del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La nueva institucionalidad tiene como objetivo impedir la utilización de la economía chilena para transacciones que buscan encubrir el origen irregular o ilegal de activos, ya sean provenientes de la delincuencia asociativa o vinculada al fraude fiscal. Por ello, la norma obliga a instituciones como bancos, casas de cambios y emisores de tarjetas de crédito y otros, a notificar a esta entidad movimientos financieros sospechosos, y sobre la base de estos informes, se inician las investigaciones judiciales por parte del Ministerio Público y, en casos que preceden a la reforma procesal penal, al Consejo de Defensa del Estado. Para prevenir la detección de las autoridades, una parte de las ganancias es invertida en inmuebles de bajo valor y también, como se logró descubrir en los últimos años, esto se realiza, primordialmente, a través del sistema cambiario formal e informal. Este último representa entidades del sistema financiero poco regulados. Es decir, aunque la normativa vigente exige a las casas de cambio informar sobre transacciones sospechosas a la UAF, no existe una entidad fiscalizadora particular para este sector.30 26. El Mercurio. (2007, 26 de agosto). La mafia calabresa también operaría en Chile. 27. El Mercurio. (2009, 25 de abril). Declaraciones del “zar” antidrogas de Ecuador sobre Chile son “desafortunadas”. 28. El Mercurio. (2008, 28 de septiembre). Juicio a Giovanni Ciulla: La Cosa Nostra en Chile, una cuestión de familia. 29. US Department of State. (2009). International Narcotics Control Strategy Report. Disponible en http://www.state.gov/p/inl/ rls/nrcrpt/ [14-06-09], p. 159. 30. A. del Barrio Reyna. (Comunicación personal, 2009, 14 de agosto). Jefe de la División Jurídica, Unidad de Análisis Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional 10
  • 11. Policy Brief N.º2, noviembre de 2009 Finalmente, también se presupone que las redes informales de transferencia de fondos, utilizados por las comunidades de diáspora para el envío de remesas, pueden constituir un medio para lavar el dinero en el país.31 No obstante ello, como afirma GAFISUD, en Chile los grupos organizados en este ámbito tienden a mantener una relación de consanguinidad o afinidad y, su vínculo transnacional se desarrolla a través de la cooperación con grupos en el extranjero, pero cuyos activos son incorporados en la economía local a través de “bancos de plaza”.32 Estos ejemplos muestran que, si bien Chile dispone de mecanismos para detectar el lavado de dinero, existe una debilidad en cuanto a que no todas las entidades financieras están sujetas al mismo grado de control o participan en el sistema. Los Insumos Químicos Asimismo, es necesario discutir el negocio de trueque ilícito que ha surgido en torno al narcotráfico. Chile es considerado como un país de origen para una parte importante de los insumos químicos que se ocupan en la refinación de cocaína en Bolivia y Perú.33 Ello se explica, además del factor geográfico, con la presencia de la minería en Chile.34 Por un lado, esta industria requiere de la importación y producción de ciertas sustancias para sus operaciones y, por otro, es fabricante de químicos utilizados para la transformación de la coca en pasta base y clorhidrato de cocaína, como el subproducto de la fundición del cobre, ácido sulfúrico, una de las sustancias más incautadas en Chile.35 De acuerdo con la Ley de Drogas, el Ministerio de Interior debe mantener un registro especial sobre quienes “produzcan, fabriquen, preparen, importen o exporten precursores o sustancias químicas esenciales” (art. 55). Éste, mantenido por el CONACE, opera desde 2007 y contiene actualmente a más de 150 empresas (abril 2009). Sin embargo, las grandes cantidades de químicos que circulan en el país facilitan la desviación al mercado ilícito.36 Además, aunque constituye una parte importante en la Financiero.Un antecedente en esta materia fue otorgado por el allanamiento de la empresa “Beach Tour Limitada” en 2008, que operaba dos casas de cambio y una agencia de viaje en el centro de Santiago. Los tres hermanos dueños y sus empleados fueron acusados de haber recibido desde 2006, billetes de baja denominación de narcotraficantes, para ser cambiados en moneda extranjera o para efectuar directamente el pago de proveedores de droga fuera del país. Un caso diferente desbarató la PDI en 2007, cuando detectó una organización criminal que ingresaba grandes cantidades de euros mediante correos humanos, quienes habían declarado a las autoridades trabajar en una casa de cambio. Se estima que entre 2003 y 2007, se logró de esta manera internar alrededor de 300 millones de euros a Chile, los que aparentemente provenían de Colombia, y eran transportados desde ahí a Estados Unidos para ser convertidos en dólares. 31. Del Barrio Reyna. (2009, 14 de agosto). 32. GAFISUD. (2006). Informe de evaluación mutua sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Disponible en Unidad de Análisis Financiero www.uaf.cl [15-06-09], p. 6. 33. Véase, US Department of State. (2009). 34. Fernández Montalbán. (2009, 16 de junio). 35. Guerra, M. (2009, 23 al 24 de junio). Desvío de sustancia químicas controladas. Presentación no publicada en el seminario Experiencias sobre Asistencia Legal Mutua en el Tratamiento del Tráfico Ilícito de Drogas y del Lavado de Activos, Arica, Chile. 36. La respectiva norma, el Reglamento de la Ley de Drogas N° 1358 de 2007, cataloga 65 productos como sustancias químicas controladas, clasificadas en tres listas que requieren un trato distinto. Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional 11
  • 12. Policy Brief N.º2, noviembre de 2009 producción de cocaína, el delito tiene una pena menor que el tráfico de drogas, que posiblemente facilite aún más su comisión. Hasta mediados de 2009, se han dictado 16 sentencias que involucraron en su mayoría a chilenos (13), pero también personas de nacionalidad boliviana (6), mexicana (1) y peruana (1); además, hubo 13 casos formalizados por desvío de sustancias controlados en el país (17 bolivianos, 11 chilenos, 1 colombiano y 1 peruano).37 Contrabando de Vehículos Opuesto a los flujos de ilícitos efectuados por el crimen transnacional que se producen en otros ámbitos, el contrabando de vehículos es impulsado por una demanda proveniente de países menos desarrollados. En el pasado, se ha registrado este fenómeno por muchos años, donde fueron traficados vehículos robados desde Estados Unidos hacia América Latina y sólo hace poco ese mercado ilícito se ha diversificado geográficamente, sobre todo en el continente europeo donde Alemania, por ejemplo, constituye un país de origen para autos de lujos que son traslados hacia Europa del Este.38 En Chile, existió por muchos años un mercado interno para vehículos que fueron formalmente adquiridos a nombre de personas con residencia en una de las zonas exentas de impuestos, como la Zona Franca de Iquique (ZOFRI), para que después fueran comercializados ilegalmente dentro del país. Sin embargo, se estima que con la reducción continuada de la carga tributaria y el mayor acceso a este producto, también disminuyeron los incentivos para cometer esta evasión de impuestos, aunque todavía persiste el contrabando hacia el extranjero inmediato.39 Una forma más preocupante de este negocio es el comercio con vehículos robados, ya sea por encargo o para ser intercambiados por drogas u otros ilícitos en la frontera. En este marco, el contrabando con Bolivia está particularmente floreciendo, también debido a los programas de regularización de vehículos que fueron ingresados al país sin la documentación necesaria o “chutos”, dictados en varias ocasiones por el gobierno de Bolivia desde 1998 en adelante.40 Sobre todo, los modelos todo terreno que se sustraen primordialmente en el 37. Guerra, M. (2009, 23 al 24 de junio). En este marco, se debe agregar que Chile es uno de los pocos países no cultivadores, además de España, Estados Unidos y Sudáfrica, donde se ha reportado la destrucción de laboratorios para la producción de cocaína (ONDUCC, 2008, p. 68). Sin embargo, según Baeza (8 de junio 2009), éstos eran muy rudimentarias, carecieron de capacidades para producir mayores cantidades del alcaloide, y su función era más bien para “cortar” la droga con el fin de aumentar su cantidad. Por esta razón, se debe asumir que toda desviación de productos químicos controlados es destinado al contrabando hacia países fronterizos donde se elabora la cocaína. Se trata típicamente de cargas por vía terrestre, ocultando los productos en contenedores con etiquetas de sustancias no controladas o en operaciones nocturnas a través de pasos no habilitados (Rebolledo Latorre, comunicación personal, 7 de julio 2009), en 2009, se desbarató a una red de contrabando de efedrina, producto utilizado en la elaboración de la droga metanfetamina, que enviaba cargas a México por vía aérea. 38. Clarke, R., & Brown, R. (2003). International Trafficking in Stolen Vehicles. Crime and Justice, 30, 197-227, p. 199. 39. M. Millon Riveros. (Comunicación personal, 2009, 11 de agosto). Jefe Departamento Fiscalización Operativa, Servicio Nacional de Aduanas. 40. Compare estas observaciones con los artículos en la prensa, en El Mercurio (2003, 8 de octubre). Comercio ilegal: Crece el contrabando chileno de autos a Bolivia; El Mercurio. (2006, 30 de septiembre). Paso a paso, la ruta de los autos chilenos robados Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional 12
  • 13. Policy Brief N.º2, noviembre de 2009 Norte y, en menor grado, en la capital del país, cruzan la frontera por pasos no habilitados o con documentación alterada. En general, este modo de operación requiere de una infraestructura más desarrollada, incluso de una red de apoyo a lo largo del país y en el extranjero.41 Tráfico de Armas El tráfico de armas en el contexto de la inseguridad de la población en América Latina ha llamado mucho la atención en los últimos años. Sin embargo, en el caso chileno se realiza primordialmente dentro de los límites del país, obteniendo la mercancía a través de robos a domicilios, donde se sustrae el armamento registrado por los propietarios para venderlos posteriormente en el mercado ilegal.42 Adicionalmente, se supone que una parte del poco armamento de tipo militar con alto poder de fuego que circula ilícitamente, son los vestigios de los grupos de insurgentes que se desarticularon a inicios de la década de los 90.43 En este punto es pertinente aclarar que, en la actualidad, no se observan vínculos entre grupos anti-sistémicos y el crimen organizado en Chile. Aunque hubo incidentes de ex integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), involucrados en robo de bancos y asaltos a empresas transportadoras de valores, la delincuencia asociativa es esencialmente oportunista, sin trasfondo político ni doctrinas ideológicas.44 En vez de tráfico transfronterizo, se registra adicionalmente el comercio con aparatos artesanales o “armas hechizas”, que son utilizados por bandas callejeras debido a las restricciones legales a la venta de armas en Chile. Es así que, la demanda por armas pequeñas que no pueden ser rastreados es sostenida por narcotraficantes para proteger sus negocios, como símbolo de poder y, para la generación de ingresos secundarios por la reventa a otros delincuentes.45 Sin embargo, cabe señalar que en el caso chileno, la mayoría de los actos delictivos no es cometida con armas de fuego, sino con la utilización de armas blancas.46 Trata de Personas que se trafican a Bolivia; El Mercurio. (2009, 23 de febrero). Dueños de Rent a Car denuncian millonarias pérdidas: Alarmante aumento en robos de vehículos 4x4 para venta en Bolivia; La Razón (2007, 10 de abril). Narcos cambiaban droga y armas por vehículos; La Razón (2005, 8 de agosto). La invasión de los chutos golpea al mercado de autos; y el reportaje en La Tercera. (2009, 19 de julio). Aumentan en 150% robos con violencia de camionetas 4x4 que son vendidas en Bolivia. 41. J. Baeza Maturana, (Comunicación personal, 2009, 8 de junio). Jefe Nacional Contra el Crimen Organizado, Policía de Investigaciones de Chile; Fernández Montalbán. (2009, 16 de junio); y Millon Riveros. (2009, 11 de agosto). 42. Astorga Lamas, comunicación personal, 8 de junio 2009. 43. Elgueta, R., & Zúñiga, L. (2008). El caso de Chile. En M. S. Sáenz Breckenridge (ed.), Armas pequeñas y livianas: una amenaza a la seguridad hemisférica (pp. 37-58). San José: FLACSO, p. 53. 44. Cornejo. (8 de junio 2009). 45. M. Valdivia. (Comunicación personal, 2009, 15 de junio). Jefe del Departamento Investigación de Organizaciones Criminales (OS-9), Carabineros de Chile. 46. Elgueta, & Zúñiga. (2008), p. 39. Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional 13
  • 14. Policy Brief N.º2, noviembre de 2009 La migración al país ha estado históricamente vinculada a razones socioeconómicas y, durante las últimas dos décadas, la estabilidad política y el desarrollo económico convirtió a Chile en un país receptor de inmigrantes, primordialmente, latinoamericanos. Pero, ambiguamente, sobre todo la más reciente llegada de personas provenientes de los países limítrofes, también ha causado tensiones y temores en cuanto una percepción de irregularidad y supuesta vinculación al narcotráfico. Sin embargo, aunque el porcentaje de personas de nacionalidad extranjera en las estadísticas criminales es mayor que su tasa en la población general y la incidencia de extranjeros en las infracciones a la Ley de Drogas es mayor a la de la población chilena, de acuerdo con los antecedentes conocidos, no es un fenómeno particularmente “extranjero”.47 En otras palabras, el mercado de los estupefacientes y sustancias psicoactivas no es dominado por grupos provenientes del exterior, sino que su comisión involucra tanto a chilenos como a extranjeros. Asimismo, en los casos donde se desbarata una red con participación extranjera, se tiende a descubrir también a colaboradores nacionales. Es así que nociones en torno a una “conspiración” desde el exterior del país deben ser descartadas en vista de la evidencia. En cuanto a la trata de personas transfronteriza, se estima que el problema todavía no está aprehendido en su totalidad, debido a que el marco legal vigente sólo reconoce un aspecto parcial y, por ello, permite perseguir penalmente sólo a una parte limitada de este problema.48 Este se encuentra tipificado y sancionado en el artículo 367 bis del Código Penal, incorporado en 1995, según el cual, se castiga a quien “promoviere o facilitare la entrada o salida de personas del país para que éstas ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero” con la pena de privación de libertad de cinco años y un día hasta veinte años, aunque, en la práctica cotidiana, los tratantes no reciben penas de cárcel.49 Ello se explica con el hecho de que la norma se aplica únicamente a la trata transfronteriza y con fines de explotación sexual, lo que excluye casos de trata interna, como por ejemplo, en circunstancias donde personas de nacionalidad chilena o inmigrantes han sido victimizados dentro de los límites del país, así como también, personas tratadas con fines de explotación laboral.50 Es así que, particularmente la inmigración no documentada incrementa la vulnerabilidad de las personas, ya que, una vez ingresadas al país de forma ilegal y por sus propios medios, el traslado interno y engaño sobre las condiciones de trabajo no constituyen delitos, mientras que las victimas están expuestas a sanciones legales por infracción a la “Ley de Extranjería”, situación que es aprovechada por los tratantes.51 Tomando 47. No existen cifras exactas sobre el número de extranjeros en el país, debido al presunto aumento en los últimos años y el número de personas no documentadas. Por ello, sacar conclusiones a nivel nacional resulta difícil. En el año 2006, los extranjeros correspondieron a un 1,6% de todas las personas que fueron aprehendidas y/o puestas a disposición de los tribunales (en este punto difiere la presentación de los datos entre las dos policías del país); mientras que los extranjeros representaron el 2,3% en cuanto a las infracciones a la Ley de Drogas. Asumiendo una tasa de extranjeros en la población inferior al 2% (el censo de 2002 reportó una tasa de 1,2), los datos de 2006 no confirman la existencia de un sector amplio de “narcomigrantes” dentro de la población de inmigrantes. 48. J. Muñoz Bravo. (Comunicación personal, 2009, 13 de julio). Abogado Asesor, Unidad Especializada en Tráfico de Drogas, Ministerio Público de Chile. 49. US Department of State (2008). Trafficking in Persons Report 2008 – Chile. Disponible en Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, www.unhcr.org/refworld/docid/484f9a0b38.html [19-05-09]. 50. OIM. 2008. Investigación sobre trata de personas en Chile. Ginebra: Organización Internacional para las Migraciones, pp. 35-36. 51. OIM. (2006). Estudio exploratorio sobre Trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina, Chile y Uruguay. Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional 14
  • 15. Policy Brief N.º2, noviembre de 2009 ello en cuenta, la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) realizó dos estudios exploratorios acerca del problema en Chile, el primero en 2006 enfocado en los casos de explotación sexual y, el segundo en 2008 con marco de investigación más amplio, donde se identificó 99 casos entre los años 1998 y 2006 y, a 147 que han sido víctimas de la trata de personas sólo en el año 2008, respectivamente.52 Sobre estos antecedentes se puede concluir que, en términos generales, la mayoría de las veces el tráfico de personas se ejerce dentro de los límites del país.53 Asimismo, aunque se ha registrado la explotación laboral en relación a inmigrantes asiáticos en el pasado reciente, el fenómeno está asociado a fines sexuales que involucra a mujeres provenientes del extranjero latinoamericano, principalmente de Paraguay, Perú, Bolivia y Colombia.54 En este marco, Chile se transformó desde un país de origen en los 90 para el tráfico ilegal de personas, especialmente hacia a Japón y España, en un lugar de tránsito para la trata a Estados Unidos y, desde 2005 es considerado como un país de destino por Interpol.55 Actualmente, se presentan dos escenarios posibles: por un lado, los tratantes reclutan a las mujeres de la población de inmigrantes que ingresaron al país por sus propios medios de forma legal o indocumentada y, posteriormente, ejercen presión sobre sus víctimas. Un caso particular en este aspecto se produce en la frontera con Perú, donde el acceso fronterizo se encuentra facilitado por acuerdos bilaterales que permiten el ingreso al país por un máximo de siete días con la restricción de no poder desplazarse hacia el sur de la ciudad de Arica en el casos de los ciudadanos peruanos y sin permiso de realizar trabajos con fines de lucro. Esta situación dio lugar a una amplia industria clandestina en esta ciudad, donde se superpone con frecuencia la migración ilegal con el problema de la trata de personas.56 Y por otro, se señala también que se atrae a las personas, primordialmente de los países vecinos, con avisos falsos de trabajo remunerado, siendo éste el modo de operación transnacional que se identificó con mayor frecuencia.57 Al llegar a Chile, se obliga a las mujeres a ejercer la prostitución para el lucro de la banda, cobrándoles el costo de la trata y de su estadía en el país, bajo la retención de sus documentos y la amenaza de ser denunciadas a las autoridades chilenas por inmigración ilegal, que puede significar una pena de prisión y la expulsión posterior del territorio nacional.58 Cabe mencionar además que la identificación de las victimas por parte de las fuerzas de orden público se dificulta aún más en casos donde se mezcla este delito con el narcotráfico, como el caso de un grupo de Disponible en Organización Internacional para las Migraciones, www.oimconosur.org [17-07-09]. En este punto se debe señalar que desde 2005 ingresó el “proyecto de ley que tipifica el delito de tráfico de niños y personas adultas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal” que, en la actualidad (septiembre de 2009), se encuentra en el segundo trámite constitucional. 52. OIM. (2006), p. 182; OIM (2008), p. 46. 53. En Junio de 2009, se denunció en los medios el supuesto involucramiento de agentes de la PDI en un caso de prostitución infantil en Valparaíso. 54. OIM. (2008), p. 46. 55. Baeza, (2009, 22 al 24 de abril). 56. Flores Vargas, conversación personal, 31 de agosto 2009. 57. OIM. (2008), p. 50. 58. En este punto, no había acuerdo entre las personas entrevistadas de las dos policías. Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional 15
  • 16. Policy Brief N.º2, noviembre de 2009 adolescentes que intentaron individualmente ingresar a Chile con cargas de cocaína en el cuerpo. Según el estudio de la OIM, las víctimas eran de las ciudades de Llica y Oruro en Bolivia y fueron reclutadas por chilenos en su país de origen.59 Ello coincide con otros casos descubiertos donde, en su mayoría, personas de nacionalidad chilena integraron bandas relativamente pequeñas con un bajo grado de organización formadas por familiares o que emergieron por contactos personales durante la comisión del delito,60 con la excepción notable del tráfico intercontinental, en particular desde Asia y Europa del Este, que involucra probablemente “grandes sumas de dinero y recursos en la implementación de sus redes de protección”.61 Un mercado interno sin mafias ni carteles Considerando que el narcotráfico es el ámbito de mayor incidencia del crimen organizado en Chile, es necesario remarcar las diferencias entre los grupos que cometen actos ilegales de índole transnacional y las bandas locales que proveen el mercado interno y, en particular, los que satisfacen la demanda de pasta base y cocaína en la capital del país. En este marco, se ha asociado el fenómeno con el microtráfico en los asentamientos urbanos marginales de Santiago, donde la violencia ligada a la droga se ha convertido para sus habitantes en una realidad cotidiana, aunque sea menos endémica que en otras urbes de la región. En el caso chileno, las poblaciones donde se observó la consolidación de bandas de traficantes organizadas a comienzos de los 90, anteriormente estuvieron asociadas a la insurgencia contra la dictadura militar. La falta de integración económica y social de estos sectores, la emergencia de redes de protección y la creación de capital social por parte de estos grupos, permitieron la generación de una base contraproducente de influencia y mayor aceptación dentro de la comunidad. Aspecto que preocupa a las autoridades, y complica el control de la delincuencia organizada en Chile en el futuro. Al mismo tiempo, la presencia de estos grupos en las llamadas “poblaciones” ha contribuido a la estigmatización de estos barrios, ubicados mayoritariamente en el sur de Santiago, transformando su imagen en lugares habitados y controlados por narcotraficantes y consumidores, sobre todo de pasta base y perjudicando aún más a barrios donde prevalecen condiciones de mayor vulnerabilidad, como la baja posición socioeconómica, el desempleo, la deserción escolar y fragmentación familiar.62 En este marco, también se ha utilizado el término de cartel, por ejemplo el “Cartel de la Legua” o el “Cartel de los Gaete”,63 pero en estricto rigor estas categorías no corresponden a la definición de dicha forma de 59. OIM. (2008), p. 80. 60. G. . Flores Vargas. (Comunicación personal, 2009, 31 de agosto). Organización Internacional para las Migraciones. 61. OIM. (2006), p. 200). 62. Véase, Lunecke, A., & Eissmann, I. (2005). Violencia en barrios vulnerables: una aproximación desde la exclusión social. Persona y Sociedad, XIX(1), 73-100; Lunecke, A., & Ruiz, J. C. (2007). Capital social y violencia: análisis para la intervención en barrios urbanos críticos. En L. Dammert & L. Zuñiga (ed.), Seguridad y violencia: desafíos para la ciudadanía (pp. 225-252). Santiago: FLACSO. 63. La Legua es un sector en la comuna de San Joaquín, en el cual, el Gobierno comenzó una intervención policial y social en Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional 16
  • 17. Policy Brief N.º2, noviembre de 2009 organización. Sin embargo, la terminología adoptada de “carteles” es problemática debido a que implica la presencia de una asociación de grupos con control monopolista sobre un mercado o una localidad determinada, situación que no se manifiesta como tal en el caso chileno. Aunque parece válido asumir que dentro de estos asentamientos se han desarrollados redes de distribución y venta que incluyen a muchas personas. Asimismo, el concepto de “mafia” sugiere otra realidad, de mayores dimensiones y nivel de alcance. En términos de organización, en Chile lo que existe son bandas delictuales, que si bien están jerárquicamente estructuradas, tienden a estar formadas por un círculo cerrado de personas y, que compiten entre ellos dentro de espacios geográficos y socio-culturalmente definidos. Para ejemplificar la estructura de estos grupos, se presentarán tres asociaciones ilícitas que fueron desbaratadas en 2008: la organización de Marcelo Gaete Bolados (“Los Gaete”); el grupo de Alejandro Cavieres Alarcón (“Los caviares”); y finalmente, la banda, supuestamente liderada por los hermanos Carte Rivas, identificadas por los medios como “Los Guatones”. Los tres casos que llamaron la atención en la prensa nacional y que, debido a los nexos entre ellos, ayudan a entender el funcionamiento de la distribución de la cocaína en el ámbito local en Chile. 1) El primer caso es el denominado grupo “Los Gaete”, cuyos integrantes fueron formalizados en abril 2004 por tráfico de drogas, asociación ilícita, lavado de dinero y, porte y tenencia de armas y municiones. Este investigación inició la serie de detenciones realizadas contra el crimen organizado, es decir, cuando ellos fueron detenidos se produjo un efecto dominó y “cayeron” las otras bandas. Cuando Marcelo Gaete Bolados salió de la cárcel por otro delito, días antes del allanamiento, la policía monitoreaba sus acciones, lo que resultó en el descubrimiento del envío de un cargamento de cocaína. Es así que pudieron detener a un total de diez miembros del grupo. En este contexto, se trata de una banda numerosa, puesto que se estima que normalmente, el núcleo de la mayoría de éstos oscila entre cuatro y seis miembros.64 En esa ocasión, se incautó dinero en efectivo guardado en sacos de papel, más de 45 kilogramos de pasta base y armamento de fuego de alto poder, incluyendo dos fusiles Izhmash “Saiga” (similar al fusil de guerra AKA-47), legalmente inscritos a nombre de unos de los miembros.65 La forma en que operaron hace pensar a la PDI que este grupo es poco sofisticado,66 aunque mantuvieron una organización con división del trabajo entre un líder que estableció los cargos, personas encargadas del soporte financiero, de equipamiento de armas y vendedores. Asimismo, en cuanto a la distribución, se asume que estaban en pugna constante con otro grupo 2001 para erradicar el narcotráfico. 64. Cornejo, comunicación personal, 8 de junio 2009. 65. El Mercurio. (2008, 25 de abril). Fiscalía Metropolitana Sur investiga cómo llegaron a manos de la banda: Fusiles de narcos de La Victoria estaban inscritos legalmente; En Chile, este tipo de armamento (versión semiautomática) puede ser legalmente adquirido para fines deportivos, puesto que la normativa vigente lo permite. 66. Astorga Lamas. (2009, 8 de junio). Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional 17
  • 18. Policy Brief N.º2, noviembre de 2009 de la población, conflicto que causó la muerte de varios integrantes.67 2) El segundo caso deriva de la detención de la anterior, es la banda conocida “Los Cavieres”, formada por aproximadamente 20 integrantes, que además, reveló una red de protección, incluyendo empleados del Ministro Público, Carabineros, PDI, Gendarmería y el Registro Civil. Como cabeza del grupo se identificó a Alejandro Cavieres Alarcón, que había sido condenado a cinco años de libertad vigilada por el homicidio de tres rivales en un tiroteo reconocido como defensa legítima, causada por un conflicto amoroso entre Cavieres y la mujer de una de las víctimas.68 Ello coincide con la observación de que, si bien existen las llamadas “mexicanas” o quitadas de droga entre los bandos, la mayoría de la violencia y los asesinatos entre narcotraficantes no se desencadenan por razones de sus negocios ilícitos, es decir, no son conflictos causados por defender cuotas de mercado, sino que, en su mayoría, resultan de la relación personal, emocional y conflictiva entre los integrantes que, muchas veces, se conocen desde una infancia común en la población.69 Se supone que el grupo operaba desde 2006. En su poder se encontraron 400 millones de pesos, autos de lujo, caballos fina sangre y propiedades de bajo valor. Asimismo, se descubrió una empresa de taxis que sirvió como fachada para lavar dinero. De las personas detenidas y procesadas se puede inferir la jerarquía del clan, que además de Alejandro Cavieres, contaba con su esposa, su padre, un abogado quien les prestó asesoría jurídica, un dueño de una armería, que ayudó a suministrar el armamento al grupo, choferes, vendedores callejeros y recaudadores. Particularmente llamativo en este contexto fue la participación de empleados públicos, los que facilitaron las operaciones de la banda a través del suministro de certificados e información sobre las acciones de la policía y el poder judicial.70 Por ejemplo, de las conversaciones interceptadas que presentó la fiscalía, se sabe de una ocasión en la cual, Alejandro Cavieres solicitó a un par de carabineros información sobre las patentes de los vehículos de “Los Gaete”, con el fin de quitar un embarque de drogas que guardaban en unos de los autos, antes de que la PDI detuviera a esa banda.71 Ambos funcionarios fueron expulsados del organismo tras conocerse este vínculo. 3) La terca banda es la proveía la droga desde el norte del país, el grupo “Los Carte Rivas” (también conocidos como “Los Guatones”).72 Esto indica que la banda “Los Caviares” era una organización jerarquizada y verticalmente ordenada y, si bien la mayoría de sus miembros eran familiares, lo que proporcionaba una red de confianza y cohesión, también, implicaba un cierto límite natural del tamaño que podía alcanzar el grupo. 67. El Mercurio. (2008, 9 de julio). Población La Victoria: Caída de los Car’e Jarro fomenta rápido brote de focos de microtráfico. 68. El Mercurio. (2008, 20 de junio). Golpe al narcotráfico y tenencia ilegal de armas en el sector sur de Santiago: El particular, lujoso y violento estilo de vida de El señor de La Victoria. 69. Valdivia, (2009, 15 de junio). 70. La Nación. (2008, 25 de mayo). “Pepe Show” es clave para revelar el nexo narcopolicial. 71. El Mercurio (2008, 27 de junio). Líder de los “Car’e Jarro” pidió información sobre “Los Gaete” a carabinero expulsado. 72. La Tercera. (2008, 24 de junio). Totalidad de la banda de “Los Care’ Jarro” queda en prisión preventiva. Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional 18
  • 19. Policy Brief N.º2, noviembre de 2009 Finalmente, el grupo de “Los Carte Rivas” que proveían a una gran parte de los grupos ubicados en el sector sur de Santiago, fueron desarticulados también, eventualmente, “la banda de narcotraficantes más grande desbaratada en la historia de Chile”, como afirmó el jefe de la Brigada Antinarcóticos de la Región Metropolitana de la PDI, Guillermo Navarro.73 Sin embargo, cabe señalar que este grupo no superó los 25 integrantes, la mayoría de ellos con lazos familiares - incluyendo a la madre del líder, Rosa Rivas López - pero que sin duda, ha sido la que ha actuado con mayor grado de sofisticación. Hasta ahora, se han detectado dos nexos entre “Los Carte Rivas” y esta banda. En primer lugar, un ex funcionario de Carabineros quien proporcionó la cocaína a Cavieres y, en segundo lugar, el padre del abogado que lo asesoraría. Tras la detención de los “Cavieres”, el grupo alrededor de “Los Carte Rivas” pudo bajar su perfil y buscaron establecer la apariencia de una vida cotidiana, vender los autos de lujo, asumir un empleo formal y trasladar las propiedades a terceros que actuaron como testaferros. Dinero que fue entregado a diferentes obras que prestan servicios a la comunidad, tales como un colegio (donde su dueño funcionó como financista) y, donde fue contratado para conseguir un empleo de fachada a Carte Rivas y que usaron para lavar dinero; también está el caso de un pastor evangélico cuyo templo recibió regularmente fondos del grupo.74 Estas acciones se condicen con el interés de ser aceptados por su entorno social inmediato, situación que en la práctica parece dar resultados. No obstante ello, las investigaciones habían acumulado suficiente evidencia y se logró identificar el modo de operación de la banda: desde Santiago, Sergio Carte Rivas negociaba los términos de venta con su pares peruanos y bolivianos; después enviaba a una persona a Arica en avión, quien viajaba vía terrestre a Tacna donde pagaba la carga. Entonces, los peruanos trasportaban la cocaína en bidones a Iquique, mientras otra persona iba desde Santiago en un vehículo de doble fondo para buscar el embarque. En esta dinámica, también contaban con una red de protección, en particular, con la participación de un suboficial de Carabineros quien les informó de controles ruteros y quien fue detenido en febrero durante el envío de un cargamento.75 Otras formas de protección eran provistas por sus diversas redes de apoyo. Por un lado un funcionario del Servicio Nacional de Menores (SENAME), quien distribuía la droga a microtraficantes y proveía documentos falsos; en tanto, un abogado emitía contratos fraudulentos para legitimar los bienes del grupo, así como también, las transacciones entre los testaferros. Entre estos, dos casas en la IX región, donde en una de ellas se encontraron instalaciones para aumentar el volumen de cocaína mezclándola con fécula de papa.76 En síntesis, se puso de relieve el modo de operación y la forma de estructuración de tres bandas que, en conjunto, constituyeron una red de distribución y venta en uno de los sectores marginales de Santiago, en particular en cuanto a la organización interna, es decir, en el tamaño, el grado de integración vertical, división del trabajo, maneras de afiliarse, así como también, aspectos de planificación y estabilidad temporal. También es evidente que las rencillas entre bandas aluden a un mercado bajo ausencia de monopolios y, por ello, sin “carteles”, caracterizado por la competencia en vez de la colusión. Asimismo, puesto que las 73. El Mercurio (2008, 22 de julio). PDI: No hay evidencia de que exista red de protección a “Los Guatones”. 74. La Tercera. (2008, 23 de julio). Banda de narcotráfico financiaba templo evangélico y colegio. 75. El Mercurio (2008, 22 de julio. 76. El Mercurio (2008, 26 de julio). Líderes de los Guatones delataron a sus cómplices en extenuante audiencia judicial. Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional 19
  • 20. Policy Brief N.º2, noviembre de 2009 asociaciones dejaron de existir después de la detención del núcleo operativo, surge la duda respecto a si se puede hablar de una “mafia”, que describe entidades que lograron mantenerse en el tiempo. Es posible que el mayor grado de penetración por las agencias de la imposición de la ley en Chile sea la razón por la cual no se han formado grupos mayores en estos sectores. En este contexto es además sumamente ilustrativo que, tanto funcionarios de la PDI como de Carabineros, asociaron la falta de movilidad social y la segregación geográfica entre los diversos estratos socioeconómicos en Santiago como explicación alternativa. Es decir, mientras que el poder económico proporciona la base para la influencia dentro de la población, no brinda una herramienta para el ascenso social dentro de la sociedad chilena, lo que impone una barrera al impacto que pueden tener estos grupos sobre las instituciones públicas que, tal vez, están ausentes en otras sociedades menos fragmentadas.77 Comentarios finales Con todos estos antecedentes a la vista, cabe señalar entonces que el crimen transnacional no ha desarrollado el mismo grado de incidencia en Chile que en otros países de América Latina, pero no por ello se debe negar su presencia. Así, la mayoría de los casos están vinculados al narcotráfico, ya sea de forma directa o indirecta. Además, se deben diferenciar dos tendencias divergentes: por un lado, está el comercio ilegal transnacional y, por otro, el mercado local. Sólo el primero de estos corresponde a las dinámicas de la globalización y el aumento de los flujos de bienes, servicios y personas, que en el caso chileno se caracteriza por tener un fuerte componente transfronterizo. Pese a que se han registrado asociaciones dedicadas al tránsito de drogas que intentan ocultar sus operaciones detrás del sector exportador y, en menor grado, en relación al contrabando de precursores químicos, especies falsificadas y otros, estos grupos se manifiestan de manera más acotada. En tanto, el mercado interno de drogas está estructurado de manera distinta, enfocado en el tráfico de pasta base y cocaína de clorhidrato y aunque conforma parte de un mercado global, debido a la mercancía que se comercia, la delincuencia organizada se concreta en bandas locales, jerarquizadas pero limitadas en cuanto a sus capacidades organizacionales y su influencia y control sobre la venta y distribución dentro del espacio urbano marginal donde se realizan. Es decir que, aunque los diversos grupos delictivos están organizados, la provisión de bienes ilícitos no está estructurada de una manera que facilite el control sobre ésta. Pero ello no quiere decir que la presencia de estas bandas no genere problemas. La comercialización de estos estupefacientes implica un daño social que va más allá de las fronteras del barrio donde se desarrolla porque su uso perjudica la salud de todos quienes los consumen e impone un costo que debe ser cubierto por toda la sociedad. Asimismo, han emergido junto a este delito casos de corrupción y redes de protección. Situaciones hasta ahora particulares, pero las cuales no se pueden desatender. Sumado a lo anterior, se debe consignar el rol que tiene la violencia en la ejecución de este ilícito. Problema que se concentra en barrios empobrecidos, perjudicando particularmente a la población más vulnerable y dan lugar 77. Por ejemplo, se planteó que la posesión de inmuebles de bajo valor no sólo se explica con la intención de no llamar la atención, sino también, por la dificultad de estas personas de adquirir bienes raíces en otras comunas, lo que impediría su movilidad tanto en el sentido social como geográfico, Astorga (2009, 8 de junio) y Valdivia (2009, 15 de junio 2009). Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional 20
  • 21. Policy Brief N.º2, noviembre de 2009 a su estigmatización, lo que contribuye aún más a la exclusión social de estos sectores. Sin embargo, mientras que, en el caso de la delincuencia transnacional, la ampliación del régimen prohibitivo y la cooperación internacional pueden fortalecer la capacidad de fiscalización de los Estados, en otro nivel, las fuerzas del mercado juegan en contra de una solución de esta índole. Es así que, el problema que se vincula a procesos globales, debe ser enfrentado también con políticas locales. Exención de responsabilidad: las opiniones aquí vertidas son de exclusiva responsabilidad del autor del documento y no representan necesariamente el pensamiento del CGTS o de las entidades asociadas a este último. Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional 21

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