LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI-LIBERTAD Y LIBERACIÓNCONDICIONAL Y LA NECESARIA EVALUACIÓN OBJETIVA DEL JUEZ A LALUZ...
targets and rational on the part of the Judge, who will check if the penitentiary treatment hasachieved his ends, proving ...
dentro del Establecimiento Penitenciario, constituyen una prognosis negativa, es decir, queéste cometerá nuevo delito de o...
En nuestro país, ya desde el Código Penal de 1924, se puede verificar los primeros atisbos de    regulación de los Benefic...
de allí que normas más especificas como nuestro Código Penal (Art. X del T.P) y Código deEjecución Penal (Art. II T.P y Ar...
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que los delincuentes más avezados accedan a estos beneficios, pero de ninguna manera,limitar la expectativa de quienes se ...
En este orden de ideas, es claro que el artículo 44° de la Constitución Política del Perú,       impone al Estado dos debe...
debiendo otorgarse el beneficio teniendo en cuenta el grado de evolución progresiva de su    tratamiento penitenciario, pu...
del estado, no tratándose de una declaración carente de sentido, ociosa o superflua”.6 En este     sentido el autor Germán...
3,204 reclusos, mientras que Enero del 2012, alcanza una población penitenciaria de 6,713    internos, es decir con una so...
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Los beneficios penitenciarios de semi libertad y liberación condicional y la necesaria evaluación objetiva del juez a la luz de los principios constitucionales del régimen penitenciario.

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Por: JUAN CESAR ULLOQUE SANDOVAL
Catedrático de Derecho UDCH - Filial Jaén

La concesión de los Beneficios Penitenciarios de Semi-libertad y Liberación Condicional, está condicionada al cumplimiento de requisitos y condiciones de necesaria evaluación objetiva y racional por parte del Juez, quien verificará si el tratamiento penitenciario ha logrado sus fines, resultando en la práctica un alto índice de resoluciones judiciales denegatorias de estos beneficios pero muchas veces basadas en criterios jurisdiccionales y extra-jurisdiccionales de naturaleza subjetiva, lo cual genera efectos perniciosos pues el condenado siente que su esfuerzo de conducirse dentro de los cánones oficiales, no es valorado por la comunidad, además que su denegatoria indiscriminada, incide en la sobre-población de nuestras cárceles generándose consecuencias negativas al interno y al mismo Estado.

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  1. 1. LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI-LIBERTAD Y LIBERACIÓNCONDICIONAL Y LA NECESARIA EVALUACIÓN OBJETIVA DEL JUEZ A LALUZ DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL RÉGIMENPENITENCIARIO. JUAN CESAR ULLOQUE SANDOVAL ABOGADO.CONCILIADOR. ARBITRO *Egresado de la UNPRG *Egresado de la E.P.G de la UNPRG (Maestría en Ciencias Penales. *Fiscal Adjunto Provincial 2da Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Utcumbamba * Docente de la Fac. de Derecho - Universidad de Chiclayo – Sede Jaén RESUMENLa concesión de los Beneficios Penitenciarios de Semi-libertad y Liberación Condicional,está condicionada al cumplimiento de requisitos y condiciones de necesaria evaluaciónobjetiva y racional por parte del Juez, quien verificará si el tratamiento penitenciario halogrado sus fines, resultando en la práctica un alto índice de resoluciones judicialesdenegatorias de estos beneficios pero muchas veces basadas en criterios jurisdiccionales yextra-jurisdiccionales de naturaleza subjetiva, lo cual genera efectos perniciosos pues elcondenado siente que su esfuerzo de conducirse dentro de los cánones oficiales, no esvalorado por la comunidad, además que su denegatoria indiscriminada, incide en la sobre-población de nuestras cárceles generándose consecuencias negativas al interno y al mismoEstado. ABSTRACTThe concession of the Penitentiary Benefits of Semi-freedom and Conditional Liberation, itis determined to the fulfillment of requirements and conditions of necessary evaluation
  2. 2. targets and rational on the part of the Judge, who will check if the penitentiary treatment hasachieved his ends, proving in the practice a high index of judicial negative resolutions ofthese benefits but often based on jurisdictional and extra-jurisdictional judgement ofsubjective nature, which generates pernicious effects since the reprobate feels that his effortto behave inside the official cánones, is not valued by the community, besides the fact thathis negative indiscriminate one, affects in the overcrowding of our jails negativeconsequences being generated to the boarder and to the same state. INTRODUCCIONLos Beneficios Penitenciarios de Semilibertad y Liberación Condicional, representan una delas posibilidades que tiene el condenado para egresar del Establecimiento Penitenciario demanera antelada al cumplimiento de la sentencia condenatoria que se le ha impuesto, siemprey cuando, éste, cumpla con algunos requisitos y reúna ciertas condiciones de readaptación,que hagan prever que su salida del centro de reclusión, no genera un peligro para la sociedad,de modo que su concesión, está condicionada a una evaluación judicial previa, crítica yobjetiva, consistente en analizar fundamentalmente si el tratamiento penitenciario brindadoal condenado durante la ejecución de la pena, permite prever que éste, está en condicionespara ser reincorporado a la sociedad. Sin embargo, en la práctica, sobre la base de loscriterios adoptados por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia emitida por el PoderJudicial, encontramos reiteradas resoluciones denegatorias de Beneficios Penitenciarios(Improcedencia de solicitudes de Semi-libertad y Liberación condicional), las cuales estánfundamentadas en que la naturaleza del delito, la personalidad o la conducta del agente
  3. 3. dentro del Establecimiento Penitenciario, constituyen una prognosis negativa, es decir, queéste cometerá nuevo delito de otorgársele un Beneficio Penitenciario, desestimando sinmayor sustento, los documentos emitidos por el INPE, mediante los cuales se sustentan queel solicitante del beneficio, está en condiciones de continuar su tratamiento en el medio libre,situación que considero, genera consecuencias negativas para el interno de un centrocarcelario, que ve destruida su legítima expectativa de alcanzar su libertad, de sentir que suesfuerzo para conducirse dentro de los cánones de las reglas oficiales del EstablecimientoPenal, aún en las condiciones más adversas que significa la prisión, no es valorado por lacomunidad, a través de sus Jueces y sobre todo que un inadecuado manejo de los BeneficiosPenitenciarios, contribuye a la sobre-población de las cárceles, máxime que a mayor tiempoen prisión mayor el efecto nocivo para el interno.Esta problemática se ha intensificado con factores externos al criterio jurisdiccional y que dealguna manera influyen sobre las decisiones que al respecto toman nuestros jueces, talescomo la actuación de la Oficina de Control de la Magistrada (OCMA) que viene realizandoinvestigaciones y emitiendo recomendaciones sobre la actuación de los Jueces en laconcesión de estos beneficios y las circulares (resoluciones administrativas) que han emitidoúltimamente el Poder Judicial y Ministerio Publico, mediante las cuales se fijan criterios sobrelos alcances de estas instituciones y que sin lugar a dudas, enmarcan u orientan el criterio delos jueces y fiscales al momento de pronunciarse respecto de la concesión de un beneficiopenitenciario, lo que podría significar por ende una forma de direccionamiento de ladecisión de los magistrados o una intromisión en su libertad de criterio. DESARROLLO DEL TEMA.
  4. 4. En nuestro país, ya desde el Código Penal de 1924, se puede verificar los primeros atisbos de regulación de los Beneficios Penitenciarios, cuando se legisló la Liberación Condicional, como mecanismo de pre-libertad, sin embargo, no existe mayores antecedentes hasta el 15 de Abril de 1969, con la dación del Decreto Ley N° 17581 “Unidad de Normas para la Ejecución de Sentencias Condenatorias”, el cual ya está derogado, pero en su época “… constituyó un texto legal muy importante, aunque algunas de sus normas fueron mal utilizadas y otras no tuvieron vigencia real, por lo que no se alcanzaron cambios significativos en la realidad penitenciaria”, 1 no obstante lo indicado, su trascendencia radica en que “… recoge las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre prevención y tratamiento de los delincuentes e incorpora a la legislación nacional los Beneficios Penitenciarios de Semilibertad, entre otros, como medios que concitan en el recluso mayor disposición para el trabajo, educación y disciplina...” 2 En la actualidad, al hacerse un análisis de la legislación penitenciaria, encontramos su marco constitucional en el inciso 22) del Art. 139 de nuestra Carta Magna, que señala que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, pues, en efecto, estos principios que son enarbolados por un Estado Democrático de Derecho, concuerdan con lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos y con lo establecido por Art. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que textualmente señala: "El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados",1 Solís Espinoza, Alejandro, Política Penal y Política Penitenciaria Cuaderno 8, Pontificia Universidad Católica del Peru,Lima Perù 2008, p. 62 Small Arana, Germàn, Situaciòn Carcelaria en el Perù y Beneficios Penitenciarios, Editora Jurìdica GRIJLEY. Lima Perù,2006, p. XV.
  5. 5. de allí que normas más especificas como nuestro Código Penal (Art. X del T.P) y Código deEjecución Penal (Art. II T.P y Art. 60) y su reglamento, contemplan la rehabilitación, lareadaptación y la reincorporación del penado a la sociedad como punto de partida delretorno a la comunidad de quienes alguna vez delinquieron y como objetivo trascendente delrégimen penitenciario.En este orden de ideas, podemos indicar preliminarmente, que los fines constitucionales quepersigue el régimen penitenciario, se alinean necesariamente con la previsión y concesión delos Beneficios Penitenciarios y no con su exclusión, sin embargo, las sentencias emitidas porTribunal Constitucional, el Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penal de Trujillo del año2004 y ultimamente el acuerdo plenario 8-2011/CJ-116, han puesto, como debe ser, enmanos del Juez, la decisión final en relación al otorgamiento o no de dichos beneficiospenitenciarios, por lo que el Magistrado del Poder Judicial, está en la obligación de realizar unanálisis objetivo y razonado antes de tomar cualquier decisión sobre la conveniencia de losmismos. En tal sentido, resulta claro que en éste análisis, los jueces no deben dejarse influir oseducir por una cultura de miedo y terror ascendente que denuncia la sociedad, como si ella,estuviera per se, en grave riesgo, por el regreso a su seno de personas que egresan de uncentro penitenciario, pues, no cabe duda, que se percibe en la comunidad una preocupaciónsignificativa y a veces un tanto desmesurada, por el avance de la criminalidad, por laaparición de nuevas formas y manifestaciones de delincuencia y por los fenómenos dereincidencia y habitualidad de los cuales somos testigos, que la han llevando a olvidar suprimera responsabilidad en la comisión del delito (principio de co-culpabilidad de lasociedad), mediante el cual se reconoce que la colectividad no brinda iguales posibilidades atodos sus miembros para comportarse con adecuación a los intereses generales y por otro
  6. 6. lado, la sociedad también olvida su segunda responsabilidad que es la reforma del interno, pues, no cabe duda, que los mandatos constitucionales de reeducación, rehabilitación y reincorporación del condenado, en principio están dirigidos a todos los Poderes Públicos comprometidos con la ejecución de la pena, pues, si bien es cierto la reeducación importa un compromiso para el interno, no podemos soslayar “el deber del Estado de articular políticas públicas idóneas para promover la reinserción del penado en la sociedad, preparándole para la vida en democracia, y estableciendo mecanismos para motivarle a administrar responsablemente su libertad”, 3 quedando como responsabilidad del interno, su colaboración, “…por ejemplo, demostrando una buena conducta, contribuyendo a una convivencia ordenada dentro del establecimiento penal y participando en actividades educativas o laborales” 4 En efecto, el artículo VI del T.P Código de Ejecución Penal (Dec. Leg. N° 654 del 02-08-1991), en clara redacción señala que “la sociedad, las instituciones y las personas participan en forma activa en el tratamiento del interno y en acciones de asistencia post-penitenciaria”, sin embargo, se puede advertir que poco o nada aportan estos actores en el tratamiento penitenciario de los internos, pues a nadie le interesa cumplir a cabalidad con este rol a favor de quienes han sido recluidos en las cárceles. Con las ideas preliminares antes esbozadas, se puede señalar que el otorgamiento de los Beneficios Penitenciarios de Semilibertad y Liberación Condicional de manera particular, están regulados por los Art. 48 y 53 del Código de Ejecución Penal, mediante los cuales se permite al sentenciado egresar del Establecimiento Penitenciario, para efectos de trabajo o3 Delgado Menendez, Laura. Artículo: Lori Berenson y el Beneficio Penitenciario de Liberaciòn Condicional. RevistaElectrónica Justicia Viva, del 10.06.2010.http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc10062010-232529.pdf.4 Delgado Menéndez, Laura. Artículo cit.
  7. 7. educación cuando ha cumplido la tercera parte de la pena o la mitad de la misma,respectivamente, siempre que no tenga proceso pendiente con mandato de detención,indicándose adicionalmente por estipulación de los Arts. 50 y 55 del mismo Código deEjecución Penal, que el beneficio será concedido cuando la naturaleza del delito cometido, lapersonalidad del agente y su conducta dentro del establecimiento penitenciario permitansuponer que no cometerá nuevo delito.Es precisamente, en interpretación de los Arts. 50 y 55 del Código de Ejecución Penal, que elTribunal Constitucional, ha mantenido una línea jurisprudencial en sus sentencias (Exp. Nº010-2002-AI/TC -fundamento 208-; Exp. Nº 1594-2003-HC/TC: Máximo Llajaruna Sare;Exp. Nº 1607-2003-HC/TC: Hugo Duran Martínez y Exp. Nº 1161-2006-PHC/TC:Alberto Núñez Herrera), sentando como posición recurrente que “...El otorgamiento de losBeneficios Penitenciarios, como la Semilibertad y la Liberación Condicional, no estácircunscrito únicamente al cumplimiento de los requisitos que el legislador pudiera haberestablecido como parte del proceso de ejecución de la condena, pues, ésta tarea, estácondicionada a una evaluación judicial previa, consistente en analizar si el tratamiento penalbrindado al condenado durante la ejecución de la pena, permite prever que éste, está aptopara ser reincorporado a la sociedad. En resumen, en palabras del Tribunal Constitucional, loverdaderamente trascendental al momento de resolverse una solicitud de acogimiento de undeterminado Beneficio Penitenciario, es la evaluación del Juez y no la opinión que sobre estetema tengan las autoridades competentes del Instituto Nacional Penitenciario, la cual sólotiene un valor indiciario, ya que si se admitiera que lo verdaderamente predominante para laconcesión del Beneficio es el informe favorable expedido por el INPE, se reduciría la labordel Juez a evaluar sólo si se cumplieron los requisitos formales y el plazo que la ley exige
  8. 8. como mínimo para su otorgamiento, entonces, se desvincularía al Juez de la verificación deuna tarea que constitucionalmente le compete, máxime que no se puede olvidar que se tratade personas ya condenadas y que la justificación de la pena privativa de libertad es endefinitiva, la protección de la sociedad contra el delito”. Sin embargo, esta laborjurisdiccional objetiva y razonada de verificación de los requisitos no solo formales sino defondo de los beneficios penitenciarios, está llevando a nuestros jueces, a rechazar lassolicitudes de Beneficios Penitenciarios sobre la base de los razonamientos asumidos en lassentencias del Tribunal Constitucional, en las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial,en los informes y recomendaciones de la OCMA, que viene realizando diversasinvestigaciones en relación a la actuación de los jueces al momento de conceder BeneficiosPenitenciarios, en las circulares expresadas en la resoluciones administrativa N° 297-2011-P-PJ, de fecha 12-08-2011, emitida por el presidente de la Corte Suprema de la Republica y dela Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1809-2011-MP-FN de fecha 14-09-2011 y ahoraúltimo sobre la base también del acuerdo plenario Nº 8-2011-CJ-116.En relación al acuerdo plenario Nº 8-2011-CJ-116., si bien es cierto, parte reconociendo:que las modalidades violentas y graves de criminalidad organizada han generado decisionessucesivas de sobrecriminalización de determinados delitos, se han suscitado prohibicioneslegales de concesión de beneficios penitenciarios de Semi Libertad y Liberación Condicional,que éstas situaciones, han sido toleradas, incluso por el Tribunal Constitucional, en lamedida que se trataba de delitos de especial gravedad y trascencidencia social y quecontemporáneamente prima la idea de la reinserción social, lo cual constituye un mandato almomento de orientar la política penal y penitenciaria, también es cierto, que en realidad, elacuerdo plenario que vengo citando, en nada flexibiliza el régimen de otorgamiento
  9. 9. de dichos beneficios, sino por el contrario, sigue otorgando argumentos, para quelos jueces permanezcan en ésta línea dura y de serveridad al momento de evaluar unbeneficio penitenciario, pues de su texto se lee que mediante este acuerdo plenario seprivilegia la ratificación de las reglas señaladas en la circular aprobada por laPresidencia del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa Nº 297-2011-P-PJ, máxime que se sostiene en este documento, que aún cuando resulte opinable, se debeponer un mayor acento en la prevención general respecto a la prevención especial,esto es, que de manera encubierta se justifica el sacrifico de la reeducación, rehabilitación yreincorporación del penado a la sociedad, frente a esa función que tiene el Estado de enviarmensajes generales a sus ciudadanos, y que en el presente caso, ese mensaje sería ladrasticidad del Estado con las personas que un día delinquieron y se alejaron de sucomunidad, pues en efecto en el acuerdo plenario citado, aún cuando indica que es oportunoplantear criterio vinculantes que posibiliten un tratamieno homogéneo y predecible en tornoa la concesión de beneficios penitenciarios en delitos de terrorismo y de criminalidadorganizada, de tal suerte que la interpretación de las normas aplicables debe hacersecompatibles con todos aquellos, permitiendo la máxima eficacia de reinserción delpenado en la sociedad, debe quedar claro que ésta máxima eficacia de reinsercion socialdel penaldo en la sociedad, no solo se exige para los deltios de terrorismo y de criminalidadorganizada, sino hasta en delitos de menor trascendencia social.En efecto los criterios, recomendaciones y directivas que se han fijado en los documentosmencionados en los párrafos anteriores, se vienen emitiendo el marco de una políticacriminal que el Estado pretende imponer para enfrentar y combatir a la criminalidad queafecta la seguridad ciudadana en el país y contrarrestar la pérdida de credibilidad que la
  10. 10. población tiene en sus instituciones como lo reconoce la Resolución Administrativa N°297-2011-P-PJ. Son estos fundamentos, las verdaderas causas del elevado índice dedenegación de solicitudes de Beneficios Penitenciarios, que parece ser el resultado de laaplicación de una ponderación de intereses que se resuelve a favor de la sociedad y ensacrificio de la libertad individual, pues, no obstante que en el tema de beneficiospenitenciarios, el acuerdo plenario 8-2011/CJ-116, ha desarrollado el concepto del juiciode probabilidad, esto es la exigencia de una “...dosis de prudencia y un análisis de talintensidad que conduzca con seriedad a una convicción razonable de no reiteracióndelictiva...”, la judicatura nacional, ha marcando una férrea e inconmovible defensa de unasupuesta tranquilidad y paz social, internalizando la idea, que la comunidad en general tiene laexpectativa legítima de estar segura, que al momento que un interno egrese del centropenitenciario por haber obtenido Semi-Libertad o Liberación Condicional, haya completadosu tratamiento, sea un hombre útil y con aptitud positiva de respeto a las normas deconvivencia social que un día quebrantó, es decir que su tratamiento penitenciario hayasido exitoso, por lo que ésta situación, nos deja la sensación, que el Juez, al momento deanalizar la naturaleza del delito, la personalidad del agente y la conducta del mismo dentro delEstablecimiento Penitenciario, impone vallas muy altas y severas de difícilcumplimiento por parte del interno, que no se condicen con las condicionesreadaptativas que el mismo Estado no es capaz de brindar a la poblaciónpenitenciaria y que si bien, buscan eliminar riesgos de errores en el otorgamiento de losBeneficios Penitenciarios que incidan en un perjuicio a la sociedad, también es cierto que nose está siendo coherente con el sentido mismo de la institución penitenciaria materia delpresente trabajo, olvidando que el fin del Tribunal Constitucional, no ha sido otro, que evitar
  11. 11. que los delincuentes más avezados accedan a estos beneficios, pero de ninguna manera,limitar la expectativa de quienes se han comportado adecuadamente, han trabajado oestudiado y han dado muestras de su interés en reivindicarse con la comunidad, a pesar delas condiciones negativas que significan la prisión, de allí, que no se justifica desde ningúnpunto de vista, análisis sumamente rigurosos de los dictámenes sociales y psicológicosemitidos por los profesionales del INPE, con la sola finalidad de desestimarlos, aun cuandoestos sean favorables al interno, pues no obstante, que es cierto que para la concesión detales beneficios, el Juez debe realizar una apreciación crítica de dichos informes y que losmismos deben ser exhaustivos y minuciosos, en el caso que no exista claridad en algúnpunto, bien pueden sus autores concurrir a la audiencia pública para que ilustren al Juezsobre dichos informes, lo que permitirá al Magistrado, bajo el principio de Inmediación,tener un concepto más amplio de la personalidad del condenado que solicita el BeneficioPenitenciario, todo esto en virtud de una vocación favorable a su otorgamiento.
  12. 12. En este orden de ideas, es claro que el artículo 44° de la Constitución Política del Perú, impone al Estado dos deberes primordiales, de un lado la protección a la población de las amenazas contra su seguridad y del otro la plena vigencia de los derechos humanos y las garantías individuales. Es decir una clara controversia entre la eficacia en el combate del delito y la garantía de la libertad del ciudadano, lo cual refleja la permanente tensión que existe en el Estado entre los intereses de la seguridad colectiva y los derechos fundamentales y libertades individuales, tensión que como es lógico, también abarca a los procesos de beneficios penitenciarios y que de ninguna manera se puede solucionar en un indubio pro societatis no razonado. En efecto, siguiendo los lineamentos del Tribunal Constitucional, este órgano, ha marcado posición jurisprudencial inequívoca al señalar que los Beneficios Penitenciarios constituyen garantías de los principios constitucionales de reforma y recuperación del penado privado de su libertad, por lo que, no obstante, que los Beneficios Penitenciarios no son derechos absolutos, sino expectaticios, su denegación, revocación o restricción al acceso de los mismos, debe obedecer a motivos objetivos y racionales y no basarse en temas meramente subjetivos.Por lo antes expuesto parece que nuestros jueces, están buscando tratamientos terminados yexitosos, como requisito del otorgamiento del Beneficio Penitenciario, sin embargo, se debetener en cuenta que el tratamiento penitenciario se realiza mediante un sistema progresivo,conforme lo establece el artículo IV del T.P del Código de Ejecución Penal y tal como lo hadesarrollado el Pleno Jurisdiccional de Trujillo (2004), “no es necesario que el condenadoesté completamente reeducado y rehabilitado en el interior del establecimiento penal,
  13. 13. debiendo otorgarse el beneficio teniendo en cuenta el grado de evolución progresiva de su tratamiento penitenciario, pues una vez otorgado estos beneficios, la reeducación y la rehabilitación debe continuar en el medio libre con la asistencia de otros entes previstos en el artículo VI del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal” “En este contexto, el tema de los Beneficios Penitenciarios cobra gran importancia en el campo del tratamiento del interno y en la ejecución misma de la condena, porque aquellos funcionan como incentivos para la buena conducta y para el sometimiento a los diversos mecanismos o modalidades de tratamiento programados en el Establecimiento Penitenciario, tendientes a evitar los factores negativos que se dan en las prisiones, que muchas veces actúan como medios que atentan contra la recuperación propia del recluso, como es la prisionización y otros fenómenos carcelarios que actúan en sentido contrario a las acciones rehabilitadoras, dificultando la labores de tratamiento”, 5 por lo que a manera de reflexión, podemos decir que la sola carcelería no resocializa, la permanencia de una persona en un establecimiento penitenciario, más que efectos positivos, genera consecuencias dañinas al ser humano, en proporción directa al tiempo de su estancia, lo cual no se condice con el artículo I del Título Preliminar del Código Penal, que pregona la finalidad preventiva y protectora de este Código y “que resulta ser una formulación legislativa vinculada a valores y principios de nuestra Carta Política y que tiene por objeto la prevención del delito como medio protector de la persona, concretizándose así, en sede del Derecho Penal y en la legislación positiva, los principios y el derrotero axiológico, marcado por la Constitución, cuando reconoce la primacía de la persona humana como fin de la sociedad y5 Small Arana, Germán, Ob. Cit. Pag. XV
  14. 14. del estado, no tratándose de una declaración carente de sentido, ociosa o superflua”.6 En este sentido el autor Germán Small Arana, plantea la interrogante ¿Cómo se pretende reincorporar al penado a la sociedad alejándolo por completo de ella? y citando a Dautricourt, ha señalado que “la prisión cerrada corrompe completamente a los que estaban solo medios corrompidos, desocializa a los que se integran en la artificial comunidad carcelaria, pues el encierro produce en el sujeto mas inidoneidad social que la poseída al entrar”, mas aun si se tiene en cuenta los efectos negativos de la pena privativa de libertad, como son los fenómenos de estigmatización y etiquetamiento penitenciario y que “la situación penitenciara peruana se caracteriza fundamentalmente por tres factores que vienen a constituir sus problemas principales: la sobrepoblación, la deficiente infraestructura y el escaso recurso económico que inciden desfavorablemente en las acciones de tratamiento y rehabilitación”. 7 En efecto el problema de sobrepoblación y hasta de hacinamiento (problema mas crítico de la sobreblación) de los penales de nuestro país, se evidencia, según datos oficiales a Enero del presente año, pues el Perú tiene 66 establecimientos penales que poseen una capacidad de albergue para 28,508 internos, mientras que la población penitenciaria bordeaba al mes de referencia, los 53203 reclusos, es decir una sobre población de 24695 internos, mas aún que el indice de crecimiento de la población penal (intramuros), es de 15.5% en referencia al período Enero del 2011 a Enero del 2012, pues en el referido período la población penal creció de 46054 a 53203 internos. En efecto, se conoce que, el penal del Lurigancho (Penal mas grande del país), tiene una capacidad de albergue de6 Alva Castillo, Luis, Artículo Finalidad del Código Penal, publicado en el libro Código Penal Comentado, Editorial GacetaJurídica, Lima Perú, 2004, t. 1, p. 25.7 Small Arana, Germán, Ob. Cit. Pag. XIV).
  15. 15. 3,204 reclusos, mientras que Enero del 2012, alcanza una población penitenciaria de 6,713 internos, es decir con una sobrepoblación de 3509 reclusos; por su parte el Establecimiento Penal de Picsi (hoy establecimiento Penal de Chiclayo), solo tiene capacidad para 1,113 internos, sin embargo alcanzó al mes de referencia una población de 1784, teniendo por consigiente un excedente poblacional de 641 internos; asimismo, conforme información oficial, se conoce que el E.P. de San Rafael (Hoy Estableimient Penal de Jaén), esta preparado par recibir 50 internos, pero su población alcanzada a Enero del presente año, fue de 208 internos, es decir tiene un excedo de 158 reclusos, es decir con 316% de sobre poblacion, por consiguiente, se constituye en uno de los establecimientos penitenciarios en condiciones mas preocupantes de hacinamiento del país. 8 Estos problemas acentúan, como es lógico, los fenómenos intracarcelarios, que convierten a los penales en depósitos de seres humanos carentes de asistencia de todo orden, tal como era en sus albores, pues no podemos olvidar que las cárceles “fueron creadas como casas de corrección, con el claro propósito de recoger en aquellas, las parcelas de la población excluida (mendigos, meretrices, desocupados en general entre otros tantos adjetivos comúnmente empleados para aquellos que no tuvieron acceso a mínimas condiciones dignas de vida), que desde entonces ya incomodaban sobremanera, a la parcela incluida del cuerpo social” 9 En este sentido frente a una realidad carcelaria preocupante, los Beneficios Penitenciarios juegan un rol importante en la descongestión de los Establecimientos Penitenciarios.8 cifras oficiales emitidas por el INPE en su página web: http://www.inpe.gob.pe/pdf/enero_2012.pdf9 Gabriel Guimaraez, Claudio Alberto, Artículo “La Pena Privativa de Libertad, en la visión de don Juan Bustos Ramírez”,publicado en el libro Modernas Tendencias de Dogmática Penal y Política Criminal, Editorial IDEMSA, Lima Perú, 2007, p.282).
  16. 16. CONCLUSIONES Los Beneficios Penitenciarios, son estímulos gratificantes que deben concederse, a los internos que han logrado un nivel de autodisciplina y se han esforzado por regirse por las reglas de la convivencia pacífica dentro del Establecimiento Penal, observando buena conducta y aptitud para el trabajo. Los Jueces al analizar las solicitudes de Beneficios Penitenciarios y emitir sus resoluciones, deben estar desprovistos de excesivas cargas de subjetividad, amparándose en criterios razonados, sin magnificar el riesgo que puede significar el retorno de un interno al seno de la sociedad al egresar del centro penitenciario, siendo suficiente establecer mecanismos de neutralización del riesgo de reincidencia. Al analizarse las solicitudes de Beneficios Penitenciarios, debe tenerse siempre presente el fin constitucional del régimen penitenciario (la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad) y el rol social de control poblacional de los Centros Penitenciarios que juega la concesión de un Beneficio Penitenciario.

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