Contecioso administrativo constitucional

2,824 views
2,644 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,824
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Contecioso administrativo constitucional

  1. 1. INTRODUCCIÓN. La Constitución Venezolana vigente, al igual que las de la mayoría de los países decultura occidental, consagra sistemas e instrumentos de control destinados a asegurar quelos detentadores del Poder Público actúen ajustados a la legalidad instituida y respondan alos fines superiores que justifican la existencia del Estado. Los rasgos característicos de nuestra Carta Fundamental, también comunes a lacasi totalidad de las Constituciones contemporáneas, a la vez que posibilitan un adecuadocontrol de los actos y actividades de los entes y autoridades que ejercen el poder público afin de evitar cualquier desbordamiento de poder autoritario, garantizan mayor estabilidaden la vida institucional del país y se erigen en salvaguardia de los derechos individualesde los ciudadanos. El ordenamiento jurídico inviste a cada una de las ramas del poder público deamplios poderes de control sobre las demás, correspondiendo a la judicial el controljurisdiccional de los poderes públicos en su plenitud, ninguna de las tres ramas quecomponen el Poder Público escapa al control del órgano jurisdiccional y, particularmente,al control del tribunal de más alta jerarquía dentro de la estructura judicial venezolana: ELTribunal Supremo de Justicia. En efecto, el Tribunal Supremo de Justicia es el único órgano judicial enVenezuela que ejerce en forma exclusiva el control directo de la constitucionalidad de losactos del Poder Público, lo cual, junto con el control de la legalidad de tales actos,constituye su función primordial (art. 2 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema deJusticia). El control del Poder Judicial lo ejerce el Tribunal Supremo a través de los recursosde Casación (art. 266, ordinal 8 de la Constitución y articulo 42, ords. 31 y 33L.O.C.S.J.); el del Poder Legislativo (Nacional, Estadal o Municipal), por medio de laacción de inconstitucionalidad contra las leyes (art. 266, ords. 5 y 6 de la Constitución yart. 42, ords. 1° y 3° L.O.C.S.J.). Por otra parte, la constatación de la constitucionalidad y legalidad del actuar delPoder Ejecutivo y otros órganos del Estado de rango constitucional y autonomía funcional(Consejo Supremo Electoral, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General, ContraloríaGeneral y Procuraduría General de la República), se ejerce mediante la acción de nulidady de los recursos contencioso- administrativos (Art. 266, ordinal 5 de la Constitución yArt. 42, ords. 4°, 10 y 12 L.O.C.S.J.).
  2. 2. En el presente trabajo se adentrará al estudio del recurso contenciosoadministrativo, ya sea por inconstitucionalidad o por ilegalidad, refiriéndonos, para ello, ala evolución del recurso desde la etapa precedente a la promulgación de la Ley Orgánicade la Corte Suprema de Justicia hasta la doctrina actualmente elaborada por la SalaPolítico-Administrativa en la materia. Con la finalidad de buscar el conocimiento teórico y práctico de la materiaDerecho Contencioso Administrativo, me ubico en la conveniencia de estudiar yestablecer en primer término los conceptos básicos que rige la materia en cuestión, a finde sentar las bases de los que se procederá a efectuar en el ejercicio de la profesión. Aunado a esto surge la necesidad de aplicar dichos conocimientos primordiales aun caso concreto en especifico, según lo establecido en la Ley Orgánica de ProcedimientoAdministrativo, sus recursos, cuándo intentarlo, cómo intentarlo, entre otros aspectos. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en vigor desde el 19 de enerode 1982, produjo uno de los más grandes cambios que haya sufrido jamás laAdministración Pública Venezolana. Se trata de una Ley revolucionaria, cuyo impacto enel comportamiento administrativo pudo ser mucho mayor del vislumbrado. Pero la LeyOrgánica, por sobre todo, marca una etapa de primera importancia en la evolución no sólodel Derecho Administrativo sino de las Ciencias de la Administración. Todo el esfuerzode reforma administrativa realizado en nuestro país a partir de los años sesenta,particularmente en el ámbito del funcionamiento de la Administración Publica, encontróen esta Ley una serie de normas y obligaciones expresas, cuyo cumplimiento seguramentetransformó los sistemas y procedimientos administrativos y el tratamiento de losadministrados por los funcionarios. En términos generales, esta ley, regula cuatro aspectos fundamentales con relacióna la Administración y relaciones con los particulares. La Ley precisa, por una parte, unaserie de potestades administrativas y establece una serie de deberes y obligaciones de losfuncionarios, y por la otra, regula y consagra una serie de derechos de los particularesfrente a la Administración, así como también les impone obligaciones precisas en susrelaciones con aquélla. Este es el primer campo de regulación de la Ley: las situacionesjurídicas de los particulares y de la Administración Pública. En segundo lugar, regula el acto administrativo, es decir, el resultado concreto dela actuación de la Administración cuando ésta decide produciendo efectos jurídicos endeterminadas situaciones. Regula con precisión el acto en sus requisitos, para someter acondiciones de validez y de legalidad la actuación de la Administración. Regula además,los efectos de los actos; su revisión, tanto de oficio como por vía de recurso, y también, laforma de manifestación de las decisiones administrativas, no sólo estableciendo la
  3. 3. decisión expresa, sino la decisión administrativa tácita negativa derivada del silencioadministrativo. Por tanto, ya el silencio no es, simplemente, una forma de no decidir ni deresolver un asunto para que decaiga por el transcurso del tiempo, sino que el silencioadministrativo, de acuerdo a esta Ley, es una presunción de decisión, denegando losolicitado, o los recursos intentados. Plantea, además, una responsabilidad del funcionariopor la omisión y por la no actuación, y si sucede en forma reiterada, incurre enresponsabilidad administrativa. En tercer lugar la Ley regula el procedimiento administrativo, es decir, todo elconjunto de trámites, requisitos y formalidades, que deben cumplirse ante laAdministración y en esas relaciones entre Administración y particulares, para producirdecisiones administrativas, es decir, actos administrativos. Por último y en cuarto lugar, la Ley regula las vías de revisión de los actosadministrativos en vía administrativa; es decir, el sistema de recursos de reconsideración,de revisión y jerárquico, que van a permitir al particular, en sus relaciones con laAdministración, reclamar formalmente, ante ella misma, no como un favor, sino por víasde derecho, contra los actos administrativos, estando ésta obligada a decidir esos recursostambién en tiempo útil determinado, de manera que si no lo hace, el silencio provocaestos actos tácitos negativos. FUNDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. La necesidad de acercar la justicia al ciudadano debe ser un propósito fundamental de todo Estado. Y es que el establecimiento de procedimientos expeditos que garanticen una justicia rápida y eficaz, y el reconocimiento a los jueces de amplios poderes en ese sentido, no garantizan por sí solos una efectiva administración de justicia si, paralelamente, los tribunales no son
  4. 4. incorporados a una estructura organizativa acorde con las exigencias ynecesidades del Estado moderno. Esta inquietud de desconcentrar ydescentralizar la justicia y hacerla más accesible a los particulares fuerecogida de manera moderada por la Constitución de 1961 y por la LeyOrgánica de la Corte Suprema de Justicia desconcentración, y la LeyOrgánica de la Justicia de Paz descentralización y ahora ampliada por laConstitución de 1999, cuyas disposiciones eliminan el carácter centralistaque antes había caracterizado a nuestro sistema de justicia y, en concreto, ala jurisdicción contencioso administrativa. Así, se dejó en manos del legislador ordinario la determinación de losórganos jurisdiccionales que habrían de integrar esta especial jurisdicciónjunto con la Sala correspondiente del Máximo Tribunal. En este sentido, ladisposición transitoria décima quinta de la Constitución de 1961 otorgó a laSala Político-Administrativa el ejercicio de la jurisdicción contenciosoadministrativa hasta tanto no se dictase la Ley Orgánica de la CorteSuprema de Justicia, texto normativo que entró en vigencia el 1 de enero de1977. La Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, constituye así unavance moderado en la búsqueda de una justicia desconcentrada, cercana alos particulares y adecuada a las exigencias de un Estado moderno cada vezmás intervencionista e involucrado en relaciones de diversa índole con losadministrados. En efecto, frente a la estructura organizativa imperante antes de laentrada en vigencia de la ley, caracterizada por la concentración ycentralización del ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa enun solo órgano ( Sala Político-Administrativa), la Ley Orgánica de la CorteSuprema de Justicia desconcentró las competencias atribuidas a la Salacreando dos nuevas clases de tribunales contencioso administrativosgenerales, a saber: la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y losTribunales Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo. Estos últimos fueron creados mediante Decreto N° 2057 de fecha 8de marzo de 1977 (G.O. N° 31.201 del 23 de marzo de 1977), en el cual sedividió el territorio nacional en ocho circunscripciones especiales a los finesde la organización y funcionamiento de la jurisdicción contenciosoadministrativa a nivel regional. Estas circunscripciones son las siguientes: a) La Región Capital, que comprende el Distrito Federal, y los Estados Miranda, Aragua y Guárico; b) La Región Centro-Norte, que abarca los Estados Carabobo, Cojedes, Yaracuy y el Distrito Silva del Estado Falcón; c) La Región Centro-Occidental, que comprende los Estados Lara, Portuguesa y Trujillo;
  5. 5. d) La Región Occidental, integrada por los Estados Zulia y Falcón con excepción del Distrito Silva de éste último; e) La Región de los Andes, conformada por los Estados Mérida, Táchira y Barinas, con excepción del Distrito Arismendi de éste último y por el Distrito Páez del Estado Apure; f) La Región Sur, integrada por el Estado Apure con excepción del Distrito Páez, y por el Territorio Federal Amazonas –hoy Estado Amazonas- y el Distrito Arismendi del Estado Barinas; g) La Región Nor-oriental, conformada por los Estados Nueva Esparta, Sucre y Anzoátegui, con excepción del Distrito Independencia del Estado Anzoátegui; y h) La Región Sur-Oriental, integrada por los Estados Bolívar y Monagas y Delta Amacuro y el Distrito Independencia del Estado Anzoátegui. Luego, mediante Resolución N° 871 de fecha 9 de mayo de 1991, elextinto Consejo de la Judicatura creó en la Región Capital tres nuevosJuzgados Superiores con competencia en lo Civil y ContenciosoAdministrativo a los cuales se les atribuyó competencia en materia deinquilinato. La creación de la Corte Primera y de los Tribunales SuperioresContencioso Administrativos dentro de la estructura organizativa de lajurisdicción contencioso administrativa -si bien se hizo a manera de ensayocomo se reconoce en la exposición de motivos de la Ley Orgánica de laCorte- constituyó el primer intento serio de “desconcentrar” laadministración de justicia a fin de facilitar a los particulares el ejercicio delas acciones o recursos contra aquellos actos, actuaciones, hechos uomisiones de las administraciones estadales o municipales que resultasenarbitrarios o ilegales, evitando que éstos quedasen impunes como ocurríaanteriormente en vista de la dificultad de los administrados de trasladarse ala capital de la República para dilucidar sus controversias con laAdministración. También se logró con ello descongestionar la actividad dela Sala Político-Administrativa y el volumen de causas sometidas a suconocimiento. Esta tendencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia sehace más evidente en su artículo 187 que establece la posibilidad para laSala Político-Administrativa de crear otras Cortes de lo ContenciosoAdministrativo y distribuir la competencia entre ellas cuando lasnecesidades de la administración de justicia así lo exijan. Estas orientaciones descentralizadoras del sistema de justicia y de lajurisdicción contencioso administrativa ya recogidas en la Constitución de1961, en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y en al ley
  6. 6. Orgánica de la Justicia de Paz, son ahora ampliadas por la Constitución de1999 que confiere rango constitucional a la organización de la justicia depaz en las comunidades (artículo 258) y la creación de tribunales y cortesregionales con el fin de «promover la descentralización administrativa yjurisdiccional del Poder Judicial» (artículo 269). Cabe destacar que ni laexposición de motivos de la Constitución ni los diarios de debates de laAsamblea Nacional Constituyente, expresan las razones que justificaron laincorporación en el ordenamiento constitucional de estas disposiciones, noobstante, no hay duda que las mismas tienen por objeto descentralizar lajusticia para acercarla a los administrados. En efecto, el artículo 258 de la Constitución establece: La Ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa, secreta, conforme a la ley. Por su parte, el artículo 269 ejusdem dispone: La Ley regulará la organización de los circuitos judiciales, así como la creación y competencias de tribunales y cortes regionales a fin de promover la descentralización administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial Así, en contraste con el carácter centralista y nacional queanteriormente caracterizaba nuestro sistema de justicia, la Constitución de1999 constitucionaliza la descentralización administrativa y jurisdiccionaldel Poder Judicial. De esta forma, la Constitución, por un lado, involucra alos ciudadanos en la labor de impartir justicia mediante el establecimientode juzgados de paz dirigidos a resolver asuntos que por su relevancia noameritan ser conocidos por los órganos jurisdiccionales y, por el otro,facilita a éstos el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justiciamediante la creación de tribunales y cortes regionales que eviten la carga detener que acudir a los tribunales nacionales para ejercer la defensa de susderechos. En el ejercicio de esta actividad prestacional, la administración puededictar actos o realizar actuaciones, hechos u omisiones que afecten larelación jurídica que se establece con los particulares usuarios del serviciocausándoles una lesión o daños en su esfera jurídico subjetiva. Estasituación exige la creación de un marco jurídico dentro del cual se controlela conformidad a derecho de los actos, hechos u omisiones de losprestadores del servicio; en este sentido, el contencioso de los servicios
  7. 7. públicos regulado ahora expresamente en el artículo 259 de la Constitución,se erige como el medio idóneo para ofrecer a los usuarios una vía rápida yeficaz que les permita ser compensados por las carencias del servicio. Enefecto, el artículo 259 de la Constitución dispone: La jurisdicción contencioso-administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer los necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. En Venezuela, la necesidad de atribuir a la jurisdicción contenciosoadministrativa la competencia para conocer de los reclamos derivados de laactividad prestacional del Estado ya había sido puesta de manifiesto por ladoctrina que ante la ausencia de regulación del tema a nivel constitucional,planteaba su regulación por vía legal. Tal era el planteamiento de ANDUEZAquien expresaba al respecto lo siguiente: «La actividad prestacional que elestado social de derecho ha atribuido a la administración pública no estáprotegida por la jurisdicción contencioso administrativa. Según lo dispuestoen el artículo 206 de la Constitución venezolana, la jurisdicción contenciosoadministrativa tiene competencia para anular los actos administrativos, paracondenar a la administración al pago de sumas de dinero y para disponer lonecesario a fin de restablecer las situaciones jurídicas subjetivas lesionadaspor la actividad administrativa. Cuando la administración pública no prestael servicio a que está obligada o lo presta deficientemente, la acción judicialde prestación no cae en ninguno de estos tres supuestos, a menos que seentienda que la acción prestacional está dirigida a restablecer una situaciónjurídica subjetiva que haya sido lesionada por la inactividad de laadministración o por la defectuosa prestación del servicio. Para evitar dudasacerca de la existencia de esta acción o pretensión prestacional, habría queregularla legalmente.
  8. 8. Pero la verdadera novedad de este fuero consagrado por el artículo 259 de la Constitución de 1999 es que puso fin a las razones que se esgrimían para sustraer a la jurisdicción contencioso administrativa del conocimiento de las controversias en materia de servicios públicos, bajo el argumento de que éstos en su mayoría eran prestados por entes y personas privadas reguladas por el derecho común. Ahora en una posición acorde además con las tendencias del derecho comparado no queda duda que la totalidad de las controversias relacionadas con la prestación de los servicios públicos, independientemente de la naturaleza pública o privada del prestador del servicio, corresponde exclusivamente a la jurisdicción contencioso administrativa. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. Es una competencia especializada, que no jurisdicción especial, el procedimientoes contencioso, subjetivo y dispositivo.FUNCIÓN ESTATAL: La jurisdicción ha sido definida como la función estatal por lacual éste obra y actúa, para asegurar y garantizar el rigor práctico del derecho, paraquienquiera y contra cualquiera que fuere (aun contra sus propios oficios, si es necesario),promoviendo y controlando su observancia o reprimiendo los hechos cometidos iniura, oponiendo (o constriñendo a poner) remedio a las consecuencias de eventualestransgresiones. Y esta función estatal es única si bien puede haber actos de los restantes poderesque se asemejan a la función jurisdiccional tales como el juicio político por el Congreso olos así llamados en la doctrina venezolana actos cuasijurisdiccionales, pero sólo enejercicio de la función jurisdiccional se producen decisiones con fuerza de cosa juzgada,elemento que debe añadirse a la definición de Redenti ya dada. No existen distintasjurisdicciones sino distintas competencias siendo éstas: "una medida de la jurisdicción...es la potestad de jurisdicción para una parte del sector jurídico: aquel específicamenteasignado al conocimiento de determinado órgano jurisdiccional". Procedimiento Contencioso: Lo contencioso es definido como: "Por oposición a gracioso, se dice de las decisiones que resuelven un litigiotrabado entre dos o más partes". Y tal es el caso de los procedimientos que estudiamos desde que hay ciertamentepartes desde el momento que el legitimado busca la satisfacción de una pretensión, busca
  9. 9. que la administración se someta a la orden del juez y satisfaga su reclamo coactivamentey no ya en virtud de la autotutela de la administración sino en base al sometimiento delejercicio del poder público a la legalidad y el derecho de accionar en defensa de losderechos e intereses que le corresponde como afectado. La existencia de partes se desprende de los artículos 112, 111 y 121 de laL.O.C.S.J. y fue reconocido por el T.S.J. en julio de 1990, que ratifica lo establecido el 21de noviembre de 1974, en el sentido que: "Este interés que en el recurso contenciosoostentan las partes, entendiéndose por tales las que han establecido una relación jurídica,con la administración pública, o todo aquel a quien la decisión administrativa perjudica ensu derecho o interés legítimo".NATURALEZA OBJETIVA: Con respecto al recurso contencioso administrativo denulidad se pretendía que tiene naturaleza objetiva, pues no se disputa sino en defensa de lalegalidad, se trata de anular el acto si es contrario a derecho o mantenerlo en casocontrario: "la cuestión que debe resolver el juez es de derecho objetivo".ES UN PROCESO DISPOSITIVO: Ajustados a la ley se observa que en el articulo 82L.O.C.S.J. se dice: "La Corte conocerá de los asuntos de su competencia a instancia departe interesada, salvo en los casos en que pueda proceder de oficio de acuerdo a la ley". Con lo cual se hace referencia a uno de los aspectos básicos del principiodispositivo "nemo iudex sine actore" a lo cual además debe sumarse que de acuerdo alarticulo 88 ejusdem da carácter supletorio al Código de Procedimiento Civil, por lo tantohace aplicable el articulo 12 C.P.C. que le exige al juez "atenerse a lo alegado y probadoen autos". Muestra del carácter dispositivo se ven además en la exigencia de los artículos 113sobre el libelo de la demanda o el 131 cuando hace depender la condena a laadministración al que así se haya solicitado. Sin embargo, no debe concluirse que el juez contencioso administrativo como eljuez civil hasta 1986, al menos en teoría, "es de palo", como se dice en la jerga forense,pues en la L.O.C.S.J. hay antecedentes de la filosofía del artículo 14 C.P.C. según el cualel juez es el director del proceso. Quien redactó la norma no se ha paseado últimamentepor nuestros abarrotados tribunales o tomado en cuenta que el T.S.J. se ha visto obligada aaumentar su número de relatores y que ha debido recurrir a formalismos exagerados paradescargarse de trabajo. Así, hay una serie de artículos que introducen elementosinquisitivos en el proceso contencioso administrativo sin que se convierta en un procesoregido por el principio Inquisitivo. LOS RECURSOS CONTENCIOSOS, ASPECTOS GENERALES.
  10. 10. Los recursos administrativos surgen como un remedio a la legal actuación de laadministración. Son medios legales que el ordenamiento jurídico pone a disposición delos particulares para lograr, a través de la impugnación, que la Administración rectifiquesu proceder. Son la garantía del particular para una efectiva protección de su situaciónjurídica. Son denominados recursos, porque se trabaja con un acto preexistente, es decir,con una materia procedimental ya decidida, que en este caso, es un acto administrativo deefectos particulares, nunca general. En cuanto a la naturaleza de los recursos administrativos, la tesis predominanteconsidera los recursos administrativos como un derecho del interesado, que forma partede la garantía constitucional a la defensa. Este es el criterio acogido por el TribunalSupremo de Justicia. Otra tesis considera los recursos como medios procedimentales dedefensa de los derechos de los individuos ante las autoridades públicas, criterio éstemayoritariamente aceptado, ya que el procedimiento en sí no puede ser calificado comoun derecho, sino como un medio que permita al particular revelarse ante la conductailegítima de la Administración. El recurso administrativo es un acto por el que un sujeto legitimado para ello pide ala Administración que revise, revoque o reforme una resolución administrativa, oexcepcionalmente un trámite, dentro de unos determinados lazos y siguiendo unasformalidades establecidas y pertinentes al caso. Los recursos administrativos se interponen y resuelven ante la mismaAdministración, por lo que esta se convierte así en juez y parte de los mismos. De ahí quela garantía que se pretende asegurar ofreciendo mediante la interposición de recursos unaposibilidad de reacción contra las resoluciones administrativas se vea limitada por elhecho de ser la propia Administración la que ha de resolver el litigio planteado y quederiva de un acto suyo. Y de ahí que en muchas ocasiones, tras la resoluciónadministrativa, haya que acudir a otras instancias (la vía judicial) para la últimaconsideración y sentencia sobre el asunto en cuestión. Se podrán interponer contra las disposiciones administrativas dos tipos de recursos:el ordinario, que puede ser considerado como el sustituto del antiguo recurso de alzada, yel extraordinario o de revisión. Por el contrario, no cabrá la interposición de recurso contra las disposicionesadministrativas de carácter general. En este sentido la Ley a que hacemos referencia haintroducido una modificación sustancial con la situación anterior, no permitiendoproceder a la impugnación de forma directa de una disposición de carácter general. No
  11. 11. obstante, sí cabe la posibilidad de una impugnación indirecta mediante la impugnación deun acto administrativo de aplicación de una disposición general, pudiéndose interponer elrecurso ante el órgano administrativo del que emanó la disposición general de cuyaaplicación deriva el acto recurrido y no sólo ante el órgano del que emanó el acto. Las leyes podrán sustituir el recurso ordinario por otros procedimientos deimpugnación o reclamación, incluidos los de conciliación, mediación y arbitraje. Ello sehará en supuestos o ámbitos sectoriales determinados y cuando la especificidad de lamateria así lo justifique y ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidasa instrucciones jerárquicas. No obstante, deberán sujetarse a los principios, garantías yplazos que la Ley sobre Procedimiento Administrativo establece.FIN DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Para saber qué tipo de recurso procede interponer ante una resoluciónadministrativa habrá de tenerse conocimiento de cuándo se produce el fin de la víaadministrativa. En este sentido, ponen fin a la vía administrativa: 1. Las resoluciones que recaigan en los Recursos Ordinarios interpuestos. 2. Las resoluciones que recaigan en los procedimientos especiales que sustituyan al recurso ordinario, que se han indicado anteriormente (procedimientos de impugnación o reclamación, incluidos los de conciliación, mediación y arbitraje). 3. Las resoluciones que sean dictadas por órganos que carezcan de superior jerárquico, salvo que se establezca lo contrario por Ley. 4. Otras resoluciones administrativas que por ley o reglamentariamente se haya establecido que ponen fin a la vía administrativa. TIPOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Los recursos administrativos forman parte de los procedimientos de segundogrado. Dentro de estos procedimientos pueden destacarse, de acuerdo a la Ley que rige lamateria, tres tipologías distintas, a saber:RECURSOS ORDINARIOS: Son aquellos que revisten un carácter genérico, ya que pueden plantearse en todoslos casos, salvo en aquellos que exista disposición legal en contrario.a) Objeto: El recurso ordinario es el que se interpone por las personas interesadas contralas resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa o contra los actos de trámite que
  12. 12. determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión.Dicho recurso se interpone ante el órgano superior jerárquico del que dictó lasresoluciones o actos impugnados en el. A estos efectos, los tribunales y órganos deselección del personal al servicio de las Administraciones Públicas se considerarándependientes de la Autoridad que haya nombrado al presidente de los mismos.b) Plazo: El plazo para la interposición del recurso ordinario será de un mes.Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme atodos los efectos, sin perjuicio, en su caso, de que proceda la interposición de recursoextraordinario de revisiónc) Motivos: El recurso ordinario podrá fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad oanulabilidad de los actos de las Administraciones Públicas. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en loscasos siguientes:a) Los que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles deamparo constitucional.b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia o delterritorio.c) Los que tengan un contenido imposible.d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmenteestablecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de lavoluntad de los órganos colegiados.f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que seadquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para suadquisición.g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición legal. También serán nulos de pleno derecho las disposiciones administrativas quevulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rangosuperior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan laretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechosindividuales.
  13. 13. Por otro lado, son anulables los actos de la Administración que incurran encualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. El defectode forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitosformales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de las personasinteresadas. Por último, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempoestablecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga lanaturaleza del término o plazo. Los vicios y defectos que hagan anulable el acto no podrán ser alegados por loscausantes de los mismos.d) Interposición: El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que seimpugna o ante el órgano competente para resolverlo. Si el recurso se hubiera presentadoante el órgano que dictó el acto impugnado, este deberá remitirlo al competente en elplazo de diez días, con su informe y con una copia completa ordenada de su expediente.En este sentido, la persona titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsabledirecta de cumplimentar lo anteriormente indicado.e) Resolución Presunta: Transcurridos tres meses desde la interposición del recursoordinario sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado y quedará expedita avía procedente. Se exceptúa el caso de recursos interpuestos contra la desestimación presunta deuna solicitud por transcurso del plazo, en el que se entiende que queda estimado si laAdministración no resuelve en el plazo oportuno. Dentro de los recursos ordinarios se distinguen a su vez: el recurso dereconsideración y el recurso jerárquico. El recurso de reconsideración se le suele calificar como un recurso horizontal, en elsentido de que el mismo es ejercido en contra de la actuación emanada del órgano quedictó el acto originario. El mismo debe ser decidido en un lapso de 15 días hábiles. Ahorabien, cuando quien debe decidir el recurso de reconsideración es la máxima autoridad,éste cuenta con un lapso mayor, el cual es de 90 días continuos. Debe destacarse que en contra del acto que decide el recurso de reconsideración,no es posible volver ha ejercer este tipo de recurso. El recurso jerárquico es denominado, a diferencia del anterior, como un recursovertical, ya que el mismo se intenta ante la superior jerarquía dentro de la organización.En el caso de los Municipios, ante el Alcalde o en los casos de la Administración PúblicaNacional, ante el Ministro respectivo.
  14. 14. El lapso para decidir el recurso es de 90 días continuos, contados a partir de lainterposición del mismo. Es de hacer notar que las decisiones que resuelvan el recurso jerárquico, agotan lavía administrativa, es decir, que al ser dictadas por la máxima autoridad del enteadministrativo de que se trate, dicha decisión, abre el camino al ejercicio de los recursosjurisdiccionales judiciales.RECURSOS ESPECIALES: Estos recursos sólo proceden en aquellos casos expresamente previstos en lanorma, la cual especifica el recurso admisible. En nuestra legislación se considera como recurso especial, el denominado recursojerárquico impropio, el cual se ejerce ante las máximas autoridades de los entesdescentralizados de la Administración Pública. Por ejemplo, en caso de una decisiónemanada de un Instituto Autónomo Municipal, el recurso debe plantearse ante elDirectorio o Junta Directiva del mismo y luego de su decisión, conocería eventualmenteel máximo órgano del organismo de adscripción que sería el Alcalde. Este recurso sefunda en el principio de jerarquía administrativa, según el cual, los entes que ejercen latutela de los órganos que componen la Administración Descentralizada, tienencompetencia para revisar no sólo la legitimidad, sino la oportunidad o conveniencia de susactos.RECURSOS EXTRAORDINARIOS. A diferencia de los anteriores, los recursos extraordinarios operan "aún cuando elacto ha quedado firme", es decir, aún fuera de los lapsos que la ley prevé para suimpugnación. Dentro de estos recursos encontramos el denominado recurso de revisión, el cual,como se dijo anteriormente, supone un acto firme y, por lo tanto, la decisión queeventualmente se dicte afectará la autoridad de cosa juzgada administrativa. Este recursoprocede frente a cualquier acto que haya quedado firme, no necesariamente ante aquellosque causen estado. El lapso para su ejercicio es de tres meses y varía según el motivo deimpugnación de que se trate. En efecto, cuando los motivos de la impugnación seandocumentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial definitivamente firme,que hubieren influido de manera decisiva en la resolución del asunto, o cuando la decisión
  15. 15. hubiere sido adoptada por cohecho, fraude, violencia o soborno, y ello hubiere quedadoestablecido en sentencia judicial definitivamente firme, el lapso de impugnación serádentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la sentencia. Ahora bien, si el motivohubiere sido la aparición de pruebas esenciales para la resolución del asunto, nodisponibles para la época de la tramitación del expediente, este lapso comenzará acomputarse a partir del momento en que se haya tenido noticia de la existencia de laspruebas. Por lo que se refiere al lapso para decidir, éste es dentro de los treinta díassiguientes a la fecha de presentación del recurso. (Artículos 85 al 99 de la Ley Orgánicade Procedimientos Administrativos). Es de hacer notar que, una vez interpuesto cualquiera de los antedichos recursos, elinteresado no podrá acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa hasta tanto seproduzca la decisión o se venza el plazo que tenga la administración para decidir, ello conla finalidad de evitar decisiones contradictorias.a) Objeto: El recurso extraordinario de revisión es el que se interpone por las personasinteresadas contra los actos que agoten la vía administrativa o contra los que no se hayainterpuesto recurso administrativo en plazo.b) Motivos: El recurso extraordinario de revisión podrá interponerse cuando concurraalguna de las circunstancias siguientes:1ª. Que al dictar los actos recurridos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte delos propios documentos incorporados al expediente.2ª. Que aparezcan o se aporten documentos de valor esencial para la resolución del asuntoque, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.3ª. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimoniosdeclarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.4ª. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho,violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así ensentencia judicial firme.c) Plazo: El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causaprimera indicada en el apartado anterior, dentro del plazo de cuatro años siguientes a lafecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será detres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentenciajudicial quedó firme.
  16. 16. d) Interposición: El recurso extraordinario de revisión podrá interponerse ante el órganoque dictó el acto que se impugna o ante el órgano competente para resolverlo. Si elrecurso se hubiera presentado ante el órgano que dictó el acto impugnado, este deberáremitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completaordenada de su expediente. En este sentido, la persona titular del órgano que dictó el actorecurrido será responsable directa de cumplimentar lo anteriormente indicado. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debepronunciarse, no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también sobre el fondo de lacuestión resuelta por el acto recurrido.e) Resolución Presunta: Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición delrecurso extraordinario de revisión sin que recaiga resolución, se entenderá desestimado,quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. ORGANOS DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA, LA CORTE PRIMERA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA. La expresión contencioso-administrativa procede de la Revolución Francesa. Sinembargo, este concepto expresa una contradicción que sólo se justifica por los motivosque ocurrieron en su origen, pues se pretendía para la Administración funciones como lade la justicia. En efecto, la expresión contencioso administrativo une dos conceptos opuestos:contencioso y administrativo. El vocablo "contencioso" significa contienda (cuando secomenzó a utilizar en Francia se la entendía como litigio). La palabra "administrativo",sustantivación de administración, significa dirección ejecutiva de personas y cosas(cuando comenzó a usarse en Francia representaba la materia correspondiente a esta clasede litigio). Por ello, en su origen, la prenombrada expresión significó "litigioadministrativo", pero, como debían tramitarse ante órganos que formaban parte de laAdministración Pública, se llamó a la actividad correspondiente "jurisdiccióncontencioso-administrativa", por consiguiente, el término originariamente comprendíalitigios desenvueltos en la Administración Pública. Ahora bien, si la expresión "contencioso administrativo" había unido en una solapalabra dos conceptos opuestos, la nueva frase "jurisdicción contencioso-administrativa",identificaba al mismo tiempo dos funciones más contradictorias: litigios jurisdiccionalesresueltos por órganos de la Administración Pública. En efecto, los vocablos queintegraban la nueva frase se oponían a la teoría de la división de poderes, ya que, lareferida frase reconocía funcionalmente al mismo poder que había dictado o realizado "el
  17. 17. entuerto" la facultad de juzgarlo por sí mismo. Es decir, que la Administración Públicajuzgaba como juez sus mismos actos. Las normas legislativas que crearon la jurisdicción contencioso-administrativaprovenían del Decreto del 22 de diciembre de 1789, que establecía lo siguiente: "Lasadministraciones de departamentos de distrito no podrán ser perturbadas, en el ejerciciode sus funciones administrativas, por ningún acto del poder judicial". A su vez, estanorma fue consagrada en el artículo 3º de la Constitución del año 1791, según el cual:"Los tribunales no pueden intervenir en las funciones administrativas o citar ante ellos alos agentes de la Administración, por razón de sus funciones". Posteriormente, estosdispositivos fueron ratificados por la Ley del 16 de Fructidor del año III (2 de septiembrede 1795), donde se dispuso, que: "Se prohibe intervenir a los tribunales de conocer losactos de la administración de cualquier especie que ellos sean". Por otra parte, sostiene el autor Fiorini, que estas normas prohibitivas y tanexcluyentes tenían su fuente en un falso concepto sobre separación de los poderesestatales que los consideraban autónomos y separados para cada función, dejando sinninguna respuesta satisfactoria al fundamental principio de la unidad del orden jurídico.Incluso, señala el referido autor, que además de este grave error de conceptos, ladesviación que significaba el contencioso administrativo, tenía también su fuenteideológica en la desconfianza que los hombres de la Revolución sentían contra losParlamentos del antiguo régimen. Por tanto, la "jurisdicción contencioso-administrativa",conjuntamente con los elementos sustanciales que la integraban reconocen su causacreadora en accidentes históricos e ideológicos completamente circunstanciales. En este sentido, esta jurisdicción contencioso-administrativa, surgida bajosupuestos tan erróneos y circunstanciales, se introduce en el Estado de Derecho. Y, porende, la oposición entre los conceptos contradictorios que dieron origen a la referidajurisdicción, conjuntamente con la ideología que representaba la teoría jurídica del nuevoEstado, producen una terminología que no concuerda con los principios que correspondenal Estado moderno, multiplicándose así la confusión reinante en la materia. Sin embargo, el profesor Moles Caubet ha sostenido que no debemos esforzarnospara definir el contencioso administrativo, porque su propia denominación nos indica dequé se trata. En efecto, el contencioso administrativo es, como su nombre lo indica, unacontención, una controversia con la Administración y, esa contención o controversia seproduce porque se considera que un acto administrativo es ilegal o ilegítimo, o porqueuna actividad administrativa lesiona el derecho subjetivo de un particular. Ahora bien, el derecho administrativo francés ha dado materialmente origen alrégimen administrativo de la mayoría de los países latinos del mundo occidental, sin
  18. 18. embargo, su sistema jurisdiccional administrativo ha tenido menor influencia en cuanto asu forma, ya que es el producto de una larga evolución y tradición, difícilmentetransportable en bloque a otro sistema jurídico. En efecto, los mismos autores franceseshan afirmado que la jurisdicción administrativa separada de la jurisdicción civil, eintegrada en el poder administrador, no es una necesidad, y que la existencia de underecho administrativo distinto de un derecho privado no implica necesariamente esaseparación entre un orden jurisdiccional administrativo y un orden jurisdiccional judicial. Por tanto, es el caso de Venezuela, en donde el derecho administrativo no seconstruyó con base en los criterios de distinción entre jurisdicción judicial y jurisdicciónadministrativa, tan extendido en el derecho administrativo francés. Por ello, podemosafirmar que la evolución y la concepción de la jurisdicción contencioso-administrativa en Venezuela es distinta de la que surge en Francia, existiendo alcontrario una tradición bastante larga de una competencia especializada dedeterminados tribunales para conocer de litigios en los cuales interviene laAdministración, pero integrados en el Poder Judicial. EL SISTEMA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO VENEZOLANO. Los titulares de la función administrativa en un Estado de Derecho, estánsometidos a diversos controles que hacen efectivo el principio de la legalidad, que espostulado que surge con el Estado de Derecho al formularse la necesidad de que el Estadose someta a la ley, lo que implica que la no sujeción de la Administración a la ley essusceptible de ser considerada por los tribunales. Por tanto, la jurisdicción contencioso-administrativa ha sido considerada como el mecanismo más eficaz para hacer efectivo elprincipio de la legalidad y, por ende, el instrumento más efectivo de protección de losderechos e intereses legítimos de los administrados frente a la Administración Pública. En este sentido, el surgimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa enVenezuela está íntimamente ligado con los orígenes mismos de la República. En efecto, laConstitución del 21 de septiembre de 1830, que en opinión de algunos historiadoresconstituye nuestra primera Carta Fundamental como Estado autónomo e independiente,consagra por primera vez la atribución de competencia a la Corte Suprema de Justiciapara "conocer de las controversias que resulten de los contratos o negociaciones quecelebre el Poder Ejecutivo por sí solo o por medio de agentes". Es decir, que se trata deuna competencia basada en la responsabilidad contractual de la Administración. Posteriormente, las Constituciones de 1857 y 1858 no aportan nada especial en elaspecto contencioso, pero la Carta Magna del 28 de marzo de 1864 sí es muy importanteen el orden judicial y en la evolución del contencioso administrativo, ya que la referidaCarta crea en nuestro país dos jurisdicciones: la jurisdicción de los Estados federados y la
  19. 19. jurisdicción Federal en cuya cúspide estaba la Alta Corte Federal, es decir, que comoórgano máximo del Poder Judicial se crea la Alta Corte Federal, que vino a sustituir a laCorte Suprema de Justicia y a la cual se le otorgan amplias facultades que la convierten enguardián del sistema federal, era la reguladora de la Federación. Por otra parte, la jurisdicción de los Estados significaba que cada uno de ellos eraautónoma e independiente, en otras palabras, la justicia nacía y moría en cada Estado, esdecir, que existían unas Cortes Supremas Estadales, cuyas decisiones no tenían revisiónante la autoridad judicial federal. Pero, al propio tiempo aplicaban la legislación nacionalcivil, mercantil y penal, con lo cual podía producir que cada Estado interpretara las leyesa su manera, resultando así amenazada la unidad legislativa nacional. Fue por eso que elPresidente Guzmán Blanco el 13 de junio de 1876 promulgó la Ley que introdujo enVenezuela el recurso de casación, facultándose a la Alta Corte Federal para conocer delmismo, pero al poco tiempo fue tachada de inconstitucional porque se alegaba queatentaba contra los principios de la autonomía de los Estados. Sin embargo, es en laConstitución de 1881 cuando se crea la Corte de Casación, la cual se concibe como untribunal de los Estados, y la Alta Corte Federal se instituye como un tribunal de laFederación, es decir, que se establece en nuestro país un régimen de dualidad dejurisdicciones en el Poder Judicial. Asimismo, es trascendente la Constitución de 1864, porque en sus DisposicionesComplementarias (artículo 92) se inició el control jurisdiccional sobre los actos delCongreso o del Ejecutivo Nacional, fuesen actos normativos o actos de efectosparticulares, pero siempre que esos actos violaran los derechos garantizados a los Estadosen la Constitución o atacara su independencia, y la titularidad de la acción correspondía alas Legislaturas Provinciales, pues de lo que se trataba era de proteger a los Estadosfederados y no a los particulares individualmente considerados, sin embargo, con estadisposición se comienza a vislumbrar ya cierto control jurisdiccional sobre las ramasEjecutiva y Legislativa del Poder Público. En la Carta Fundamental de 1893, se establece por primera vez el controljurisdiccional sobre los actos emanados de autoridades nacionales o del Distrito Federal,por usurpación de autoridad o por decisiones acordadas por requisición directa o indirectade la fuerza, o por reunión del pueblo en actitud subversiva. Al respecto, el autorHenrique Iribarren Monteverde sostiene que la jurisdicción contencioso-administrativa ennuestro país obtuvo rango constitucional por primera vez en esta Carta Magna. La Constitución de 1901 consagra varias innovaciones. En efecto, en este TextoFundamental se introduce por primera vez la figura del "antejuicio de mérito" cuando setrate de altos funcionarios. Igualmente, da inicio a la acción popular en el recurso deinconstitucionalidad, tímidamente previsto en la Constitución del año 1893.
  20. 20. En la Carta Fundamental de 1904, el constituyente vuelve a establecer el régimenunitario, cuando se establece un solo órgano judicial, denominado Corte Federal y deCasación, como tribunal supremo de la Federación y de los Estados (artículo 91). Lafusión de ambas Cortes en una sola, trajo como consecuencia que las atribuciones queantes les correspondían separadamente, pasaran íntegramente al nuevo órgano creado. Ahora bien, algunos de los autores patrios consideran que el contenciosoadministrativo surge en Venezuela a partir de la Constitución de 1925, pues en esta CartaMagna se afirman los criterios básicos que configuran un sistema contenciosoadministrativo. En efecto, sostiene el profesor Brewer-Carías, que a partir de esta Constituciónpuede decirse que se inicia en nuestro país la elaboración del referido sistema separadodel control jurisdiccional en materia de inconstitucionalidad, ya que se estableció porprimera vez la posibilidad de que la Corte Federal y de Casación "declare la nulidad delos Decretos y Reglamentos que dictare el Poder Ejecutivo para la ejecución de las leyescuando alteren su espíritu, razón o propósito de ellas" (artículo 120), lo que equivale a unrecurso contencioso administrativo de anulación, pero sólo contra actos administrativosgenerales o individuales dictados por el Presidente de la República. Sin embargo, la autora Josefina Calcaño de Temeltas, sin desconocer que lareferida Constitución establece las bases del contencioso administrativo, sostiene que esmás importante el Texto Fundamental del año 1931, por tres aspectos: porque consagrapor primera vez la excepción de ilegalidad oponible en cualquier tiempo; porquecontempla por primera vez un lapso de caducidad para el ejercicio del recursocontencioso administrativo de anulación (13 meses); y, porque amplía el contenciosoadministrativo a cualquier caso de ilegalidad o por abuso de poder de los actosadministrativos, es decir, que se comienza hablar de un contencioso administrativogeneral. La Constitución de 1936 extiende el control de constitucionalidad que ejerce laCorte a todos los actos del Poder Público y se establece el lapso de caducidad que siguesiendo de trece meses, sólo con respecto a los actos administrativos viciados de ilegalidado abuso de poder, porque si el acto ha violado alguna garantía o derecho constitucional nose requería ningún término para el ejercicio de la acción. En la Carta Magna de 1945 se suprime la competencia de los Estados federados enmateria de administración de justicia, la cual se reserva a la competencia del PoderFederal (artículo 15, ordinal 7º), es decir, que a través de esta Constitución se nacionalizóel Poder Judicial, pues la administración de justicia de los Estados pasó a la reserva legalde la Nación.
  21. 21. Posteriormente, la Constitución de 1947 utiliza por primera vez el término"procedimiento" para referirse al contencioso administrativo (artículo 220, ordinales 10º y12º). Sin embargo, la Carta Fundamental del año 1953 que deroga la Constitución del año1947, significa una regresión en la evolución constitucional del Máximo Tribunal de laRepública y del propio contencioso administrativo, porque al enumerar las competenciasde la Corte Federal se eliminó la de conocer la nulidad de los actos administrativos porilegalidad o abuso de poder. En este sentido, el sistema contencioso administrativo pierdeel rango constitucional que venía ostentando hasta ese momento y pasa a ser de naturalezalegal, ya que, es en la Ley Orgánica de la Corte Federal de 1953 donde se le incluye,atribuyendo competencia a la referida Corte para "conocer en juicio contencioso de lasacciones y recursos por abuso de poder y otras ilegalidades de las ResolucionesMinisteriales, y en general de los actos de la Autoridad Administrativa, en cualesquiera desus ramas Nacionales, Estadales y Municipales" (artículo 7º, ordinal 9º). Con la Constitución de 1961 se consolida el sistema contencioso administrativo,previsto en el artículo 206, que prevé: "La jurisdicción contencioso-administrativacorresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración, y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa". Actualmente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sostiene labase contencioso-admimistrativa en el articulo 259, prevé en la misma tónica de laConstitución anterior, lo siguiente: "La jurisdicción contencioso-administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración, conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa".
  22. 22. Por consiguiente, en nuestro país, con base en esta norma constitucional se haconstruido la teoría del contencioso administrativo. Es decir, que el artículo 259 denuestra Carta Fundamental, contiene, por sí solo, todo un sistema contenciosoadministrativo. Sin embargo, el contenido de este precepto no fue desarrollado hasta 1976, cuandose promulgó la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, la referida leyconstituye un elemento fundamental en la evolución del contencioso administrativo,porque en sus Disposiciones Transitorias establece toda una organización estructural de lajurisdicción contencioso-administrativa y, además, en su articulado se regula una serie deprocedimientos respecto a las acciones y recursos que se instauran ante la prenombradajurisdicción. Asimismo, debemos señalar que cuando el artículo constitucional establece que lajurisdicción contencioso-administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y alos demás tribunales que determine la ley, esa ley a la que se refiere el constituyente no esla ley que organiza el funcionamiento del Supremo Tribunal de la República, sino la LeyOrgánica de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la cual aún no ha sido dictada,sin embargo, existe un proyecto propuesto por la Comisión Presidencial para la Reformadel Estado (COPRE). Por consiguiente, de lo expuesto, podemos concluir que en Venezuela, lajurisdicción contencioso-administrativa surge en materia de contencioso de anulación enla Carta Fundamental del año 1925 y, en materia de demandas contra los entes públicos,en el ámbito contractual, en la Constitución de 1830, como un recurso judicial especialpara la Administración Pública, siendo la Carta Magna de 1947 la primera en emplear laexpresión "procedimiento Contencioso-administrativo". Igualmente, podemos afirmar, que bajo la vigencia de la Constitución del 2000,nuestro sistema de control de la legalidad de los actos administrativos es judicialista, puesha sido el Poder Judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunalesque determine la ley, y no otro poder, el competente para hacerlo. En efecto, de la lectura del artículo 259 de la Carta Fundamental se desprende elcarácter judicial de la jurisdicción contencioso-administrativa en Venezuela,particularmente, al establecer que la referida jurisdicción corresponde "al TribunalSupremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la Ley". Por tal razón, lajurisdicción contencioso-administrativa es completamente judicial, sin que sea posiblesepararla del resto de las jurisdicciones que integran el sistema judicial venezolano y, eneste sentido, le son aplicables todas las exigencias que la Constitución establece para los
  23. 23. tribunales, sin distinción alguna mientras la propia Carta Fundamental no las establezcaexpresamente. DEFINICIÓN Y OBJETO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVA. La garantía del principio de la legalidad aplicado a la Administración Pública,consecuencia del Estado de Derecho, está en la posibilidad abierta constitucionalmente alos particulares de poder someter los actos, hechos y actuaciones de la Administración acontrol por órganos judiciales especializados, que conforman, en el caso venezolano, ladenominada "jurisdicción contencioso-administrativa", prevista en el artículo 259 denuestra Carta Fundamental. El sistema contencioso administrativo exhibe tres elementos esenciales, a saber: elórgano, la materia y el procedimiento. Al respecto, la materia contencioso-administrativaes el elemento importante en todo sistema ya que impone la intervención de lajurisdicción contencioso-administrativa. Al respecto, cabe destacar, que nuestraConstitución de 1999 con entrada en vigencia en el 2000 (artículo 259) define cuál es elobjeto de la jurisdicción contencioso-administrativa, es decir, que en Venezuela, elcontenido de la materia contencioso-administrativa ha sido obra del constituyente. En efecto, el artículo 259 constitucional establece una cláusula general de lacompetencia de la referida jurisdicción especial, de ahí que, la jurisdicción en estudio,constitucionalmente garantizada, se refiere al contencioso de los actos administrativosgenerales o individuales contrarios a derecho (en nuestro sistema no hay actoadministrativo que pueda escapar al control judicial), de los contratos y de las actuacionesu omisiones de la Administración susceptibles de ocasionar la responsabilidadpatrimonial. Por tanto, y en razón del principio de revisibilidad consagrado constitucionalmente,se puede afirmar que todo acto de la Administración Pública está sujeto a revisión. En este sentido, ha sostenido el Tribunal Supremo, en Sala Político-Administrativa,en fallo de fecha 11 de mayo de 1981, con ponencia de la Magistrado Josefina Calcaño deTemeltas, lo siguiente: "de acuerdo con la letra constitucional no puede discutirse queningún acto administrativo está exento del control jurisdiccional. Asimismo, la referida Sala de nuestro Alto Tribunal, en sentencia del 5 de abril de1984, con ponencia del Magistrado Domingo Coronil, asentó: "En efecto, todos los actosde la Administración Pública están sometidos al control jurisdiccional (regla general) y
  24. 24. por lo mismo, todo acto administrativo puede ser revisado en vía contencioso-administrativa, por ordenarlo así nuestra Carta Magna. Igualmente, el Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 11 de agosto de 1993, conponencia del Magistrado Farías Mata, ratificó dicho criterio, al señalar que: "Lajurisdicción contencioso-administrativa ha sido establecida para revisar si laAdministración ha permanecido fiel a su eje, el principio de legalidad; en consecuencia,abarca, sin excepción, a todos los actos administrativos. . Como puede observarse, en el sistema venezolano es inadmisible justificarcualquier teoría de los supuestos actos excluidos del control contencioso administrativo. En este orden de ideas, afirma el profesor Brewer-Carías que todos los actosadministrativos, por cualquier motivo de contrariedad al derecho (inconstitucionalidad oilegalidad) están sometidos al control judicial por los órganos de la jurisdiccióncontencioso-administrativa y, por ende, cualquier exclusión de control respecto de actosadministrativos específicos, sería inconstitucional, sea que dicha exclusión se haga por víade ley o por las propias decisiones de los tribunales, especialmente, de la propia CorteSuprema de Justicia. En efecto, es el caso de la tesis jurisprudencial que ha sostenido que los actosadministrativos sometidos al control de los tribunales que integran la jurisdiccióncontencioso-administrativa son sólo aquellos sujetos al derecho administrativo. Pero es necesario advertir, que según criterio de la extinta Corte Federal de fecha 3 de Diciembre 1959, expresó: "no todo acto emanado de una autoridad administrativa, constituye un acto administrativo susceptible de entrar en la esfera de la jurisdicción contencioso-administrativa. Por consiguiente, en toda pretensión que se proponga ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo, debe examinarse previamente si cae dentro de la esfera de esta jurisdicción por estar fundada en preceptos de Derecho administrativo; porque, ni una pretensión de este tipo puede ser deducida ante jurisdicción distinta, ni una pretensión con otro fundamento podrá ser examinada ante la jurisdicción contencioso-administrativa". Como puede observarse, esta tesis implicaba que no todo acto administrativo erasusceptible de ser controlado por la jurisdicción contencioso-administrativa, pudiendoquedar excluidos del conocimiento de la misma ciertos actos que no pudieran referirse arelaciones jurídico-administrativas.
  25. 25. Por tanto, al no haberse establecido relación alguna de derecho administrativo en elobjeto del contrato, la Corte se declaró incompetente para conocer de la nulidaddemandada por vía del recurso contencioso administrativo. No obstante, cabe destacar, que la antigua Corte Federal, ya se había pronunciadode manera similar en fallo de fecha 23 de febrero de 1950, con ponencia del MagistradoRafael Angel Camejo, mediante el cual señaló, respecto a los actos administrativos, losiguiente: "Las declaraciones de la voluntad del Poder Ejecutivo Federal cuando obra enel ejercicio del jus imperii, constituyen los verdaderos actos administrativos, esto es, actosque emanan directamente de su potestad administrativa y que por tanto, están sometidosal derecho público (Político, Constitucional, Administrativo, etc.); en cambio, lasdeclaraciones de voluntad del Ejecutivo Federal, que tienden, no a crear o a regularcoactivamente situaciones jurídicas frente al Poder Público, sino a ‘constituir, reglar,transmitir, modificar o extinguir’ convencionalmente con los particulares vínculosjurídicos de derecho privado, no son actos administrativos, en el sentido propio y exactode la expresión, sino actos de derecho privado, regidos en consecuencia por éste". Por ello, al ser materia de derecho privado, la misma escapa del control de lajurisdicción contencioso-administrativa y, en consecuencia, la Corte declaró que carecíade competencia para conocer de la demanda interpuesta. Por otra parte, la Procuraduría General de la República sostuvo en 1967 que losactos de registro son actos administrativos dictados en ejercicio de la funciónadministrativa y, por ende, son susceptibles de recurso contencioso administrativo. Sinembargo, el profesor Gonzalo Pérez Luciani ha señalado que la Sala Político-Administrativa de nuestro Máximo Tribunal no es competente para conocer de la nulidadde los actos de un Registrador Público por ser actos de la Administración regidos por elderecho privado. En este orden de ideas, sostiene el profesor Brewer-Carías que siendo la actividadde registro una actividad cumplida por autoridades administrativas (Registradores)gestionando un servicio público, y en ejercicio de la función administrativa, es indudableque la misma es actividad administrativa y los actos de registro son actos administrativos,a pesar de que los mismos puedan referirse o tener por objeto actos jurídicos privados. La Administración del derecho privado comprende todos los actos administrativoscon los cuales la autoridad administrativa puede ser llamada a tomar parte en la formaciónde actos jurídicos de los particulares, y entre ellos se incluyen los actos de registro. Entodo caso, la tesis restrictiva del control de los actos administrativos es contraria a nuestroTexto Fundamental y a la tendencia general de la universalidad del control contenciosoadministrativo que no admite actos administrativos excluidos de control. Sin embargo, a
  26. 26. pesar que la propia Corte Suprema de Justicia ha reconocido la tendencia universal yampliación del referido control, la misma en sus distintos fallos ha excluido del controlcontencioso administrativo a ciertos actos por considerar que los mismos no están sujetosal derecho administrativo. En el caso particular, la Corte ratificó el criterio sostenido en sentencia de la CorteFederal del 03.12.1959 y, por ende, sostuvo que el acto impugnado no había sido dictadoen ejecución de normas de derecho administrativo. Al respecto, sostuvo nuestro Alto Tribunal, que: "...por definición el Contencioso-administrativo se justifica cuando las situaciones jurídicas de los particulares en susrelaciones con la Administración estén reguladas por normas de Derecho Administrativo(por ejemplo, relaciones de empleo público, servicios públicos, ejercicio de derechoscívicos, etc.). Moles Caubet, Antonio: "Contencioso-administrativo en Venezuela". sucompetencia y la de los otros órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, en loatinente a los recursos contencioso-administrativos de anulación ha de quedar circunscritaal conocimiento de las pretensiones que se dirijan a impugnar los actos emitidos por losórganos de la Administración Pública en ejecución de normas de Derecho Administrativoy, por consiguiente, se encuentran excluidos del control de esa misma jurisdicción losactos de la Administración Pública emitidos con arreglo a otras ramas del ordenamientojurídico positivo (civil, mercantil, laboral, etc.)". Sin embargo, en opinión del profesor Peña Solís, a través de este fallo quedaexpuesto el concepto de derecho administrativo como "sistema normativo", el cual, tieneademás del significado propio de esa rama del Derecho, la connotación de un indicador dela competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, en lo atinente a los recursosde nulidad interpuestos contra actos emanados de la Administración Pública.Como puede apreciarse, el Tribunal Supremo de Justicia e, incluso, la Corte Primera de loContencioso Administrativo, han adoptado un criterio impreciso para definir lacompetencia de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa limitando lamisma al conocimiento de los actos administrativos sometidos al derecho administrativo,es decir, que los litigios que surgen de un acto sujeto al referido derecho deberánsometerse a la jurisdicción contencioso-administrativa y todos aquellos litigios que surgende actos no referidos al derecho administrativo (civil, mercantil, laboral, etc.) deberánestar sometidos al conocimiento de la jurisdicción ordinaria. Bajo la vigencia de la Ley de la Corte Federal, el procedimiento aplicable a lasacciones o recursos de nulidad se determinaba por la categoría de la norma infringida, sila disposición era de rango constitucional, el acto se reputaba inexistente y enconsecuencia, podía ser atacado por cualquier ciudadano (acción popular); la acción eraimprescriptible y los efectos de la decisión absolutos. Si por el contrario, la norma
  27. 27. infringida era de rango legal, se aplicaba un procedimiento diferente, pues se establecíaun lapso de caducidad, se requería un interés calificado en el recurrente, el juicio eracontradictorio y el fallo podía o no tener efecto retroactivo. En otras palabras, sedistinguía entre la infracción de la norma constitucional o de la norma legal y se aplicabaen cada caso un procedimiento diferente: el llamado "recurso de inconstitucionalidad"contra actos de efectos generales o de efectos particulares y "recurso de ilegalidad"ejercido, también, contra actos de la Administración Pública independientemente de susefectos. La Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia modificó la situación descrita,tanto en el ámbito conceptual, como estructural y procedimental, particularmente por loque atañe al contencioso- administrativo.En efecto: A nivel estructural, en razón de la circunstancia antes resaltada y en virtud de lainterpretación que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia había hecho en losúltimos años al señalar que los asuntos enumerados en los ocho ordinales del artículo 266de la Constitución de la República, constituyen la competencia originaria o constitucionaldel Máximo Tribunal de la República, y que por tanto esa competencia era inmodificabley no podía ser alterada por el legislador a menos que fuera autorizado a ello por unanorma expresa del constituyente, pero que si podía en cambio el legislador ordinario, deacuerdo con el ordinal 9 del mismo artículo 266 de la Constitución, según el cual elTribunal tiene "las demás competencias que le atribuya la ley", ampliar o alterar lacompetencia de las Salas que integran el Tribunal en aquellos aspectos no previstos por elconstituyente, así como modificar la competencia que le hubiere sido atribuida al Tribunalmediante otras leyes y no por la Constitución, y tomando en cuenta además de lo anterior,que la única competencia originaría en lo que al Contencioso-administrativo se refiereestá únicamente referida a la nulidad de los actos administrativos del Ejecutivo Nacional(Art. 266 ord. 5), el legislador, por medio de la Ley Orgánica de la Corte Suprema deJusticia, atribuyó a órganos jurisdiccionales diferentes a la Sala Político-Administrativa(los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso- Administrativo), el conocimiento enprimera instancia, de los asuntos originados por la actividad de la administración Estadalo municipal, y por otra parte, creó lo que hoy conocemos como la Corte Primera de loContencioso-administrativo, a la cual corresponde el conocimiento de los asuntos antesseñalados en segunda instancia, así como de otras cuestiones de naturaleza administrativaque hasta entonces conocía y decidía la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político-Administrativa. De esta forma, se estructuró la jurisdicción contencioso-administrativa enVenezuela, en las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
  28. 28. Justicia, mediante la introducción en el orden judicial venezolano de dos figuras propiasde la ciencia administrativa, como son la "descentralización" de atribuciones y la"desconcentración" de actividades. Con ellas se persiguió una doble finalidad: acercar lajusticia a los administrados, facilitando la acción de los particulares en determinada clasede cuestiones de orden contencioso respecto a las cuales pueden ahora ejercer lascorrespondientes acciones o recursos en sus respectivas circunscripciones judiciales; y deotro lado, se procuró descargar a la Sala Político-Administrativa del conocimiento de losjuicios contencioso- administrativos derivados de la acción de la administración regionalo local.En lo que se refiere al aspecto procedimental, la solución fue aún más importante y si sequiere revolucionaria para la evolución del contencioso- administrativo en Venezuela.Con fundamento en el dispositivo contenido en el artículo 259 de la Constitución de laRepública Bolivariana, según el cual los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales oindividuales "contrarios a derecho", expresión que ha sido entendida por el tribunal en suexpresión más amplia, o sea, que la contrariedad al derecho implica tantoinconstitucionalidad como ilegalidad propiamente dicha, introdujo una distinción en losprocedimientos de nulidad no basada ya en el vicio que se alegaba contra el acto(inconstitucionalidad o ilegalidad), sino más bien, en la naturaleza misma del acto, esdecir, si se trata de un acto de efectos particulares o un acto de efectos generales. A decir del proyectista, la diferencia de procedimientos consagrados en elproyecto, estriba en la forma que reviste el acto. Si el acto es de carácter general, emanadode los cuerpos legislativos nacionales, estadales o municipales, o del Poder EjecutivoNacional, se aplica el procedimiento de la acción de nulidad prevista en la SecciónSegunda, Capitulo II del Titulo V. Si ese acto general es atacado por razones deinconstitucionalidad, su conocimiento corresponde a la Corte en Pleno, y silo es porrazones de ilegalidad, conoce la Sala Político-Administrativa, pero el procedimiento essiempre el mismo, el de la acción de nulidad, que viene siendo una acción popular, quereúne las otras características propias de este tipo de juicio, como ausencia de lapso decaducidad, etc. Por otro lado, "si el acto impugnado es un acto de efectos particulares, dictado porcualesquiera de los Poderes Públicos actuando en función administrativa, se consagratambién un procedimiento único para su tramitación, que es el procedimiento del recursocontencioso administrativo de anulación, desarrollado en la Sección Tercera del mismoCapitulo II, Titulo V." No hace diferencia entonces la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, encuanto al vicio que afecta al acto, sino entre los actos de efectos generales y los actos de
  29. 29. efectos particulares distinción que, a decir del proyectista, si se refleja en las cuestionesque se plantean sobre el procedimiento. En efecto, según el proyectista, "el recurso contencioso- administrativo, por versarsobre un acto de efectos particulares, es decir, un acto que se concreta a una determinadapersona o a una categoría de personas perfectamente individualizadas, es un recursosubjetivo y, en consecuencia, exige un interés calificado en el recurrente, un lapso paraimpugnar el acto y ciertos requisitos en cuanto a la documentación de la demanda. El actogeneral, en cambio, por ser un acto que afecta en igual medida a toda la colectividad o aun sector de la misma cuyos componentes no se pueden identificar, como recurso objetivorequiere un tratamiento especial para impugnarlo, en cuyo caso se justifica la acciónpopular. Y en el aspecto conceptual, el legislador de la Corte adopta una noción amplia delcontencioso- administrativo, al hacer recaer en el ámbito de control de la jurisdiccióncontencioso- administrativa, todos los actos, hechos u omisiones derivados de laactuación de las administraciones públicas, en todos sus niveles, o de otros órganos delEstado actuando en función administrativa, tal como se desprende del articulado de la LeyOrgánica de la Corte Suprema de Justicia. Así pues, quedó establecido un sistema de recurribilidad en la Ley Orgánica de laCorte Suprema de justicia, que durante ya dos décadas, ha servido de base a la justiciaadministrativa para ejercer la competencia que le atribuye el articulo 259 de laConstitución de la República. El artículo 259 del Texto Fundamental precisa la competencia de los órganos de lajurisdicción contencioso-administrativa para anular los actos administrativos contrarios aderecho, pero el mismo no distingue entre actos administrativos sujetos o no al derechoadministrativo, por lo que sólo el planteamiento de esta posibilidad es inconstitucional.FUNDAMENTO LEGAL. Los procedimientos ordinarios contencioso administrativos a los que se limita esteestudio tienen su fundamento legal en: Primeramente en la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, comoCarta Fundamental de la cual derivan las leyes, en su articulo 259 y 266 ordinal 5. Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia: en sus artículos 181 a 187,disposiciones transitorias hasta tanto se dicte una ley especial de la así llamadajurisdicción contencioso administrativa.
  30. 30. En el 42 y 43, establecen las competencias contencioso administrativas de la Corteen Sala Político-administrativa. En el 81 al 102, disposiciones generales de los procedimientos ante la Corte. Del 103 al 111, demandas contra la República. Del 112 al 120, recurso de nulidad de los actos de efectos generales y a la vez delrecurso de inconstitucionalidad de las leyes. Del 121 al 129, recurso contencioso administrativo de nulidad (actos de efectosparticulares). Del 140 al 137, disposiciones comunes a los procedimientos contenciosos. El 42 numeral 23, recurso contra la abstención. En el 42 numeral 24, recurso de interpretación. También mencionaremos la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y GarantíasConstitucionales cuyos artículos 5 y 8 modifican profundamente el contenciosoadministrativo ordinario. Igualmente se observa un procedimiento incipiente en la Ley de CarreraAdministrativa en su Titulo VI, artículos 64,65 y 66. Asimismo, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la LeyOrgánica de Hacienda Pública Nacional, Ley Orgánica de Régimen Presupuestario y LeyOrgánica de Régimen Municipal contienen normas fundamentales relativas arepresentación de la República, privilegios procesales y ejecución de las sentencias. La Resolución de fecha 20 de diciembre de 1994 N° 88 de la Presidencia de laRepública, creó diez circunscripciones especiales para lo contencioso-administrativo porregiones a lo largo del país, a saber: Capital, Central, Centro Norte, Centro Occidental,Occidental, Los Andes, Sur, Nor-Oriental, Sur Oriental, Bolívar y Amazonas. Bases y poderes del juez contencioso-administrativo según la constituciónbolivariana
  31. 31. Las bases tradicionales son las que han impuesto en el contencioso administrativodel control de legalidad de la actividad administrativa, de una parte, limitaciones al juez(derivadas de las prerrogativas de la Administración) y, de la otra, poderes al juezcontencioso administrativo, que lo distinguen del juez ordinario, y que inciden en laactividad judicial que estos cumplen. 1. La primera base tradicional del contencioso francés (un límite) es la prohibición de juzgar el mérito, la conveniencia del acto, y aun en materia de legalidad, la prohibición de sustitución en la labor administrativa, lo cual ha incidido negativamente en el tema de la ejecución de los fallos judiciales. 2. La segunda, el carácter objetivo del control, lo que da lugar a un procedimiento en el que juez tiene poderes inquisitivos - ampliación de sus poderes- al punto de que se admite la declaración de vicios de orden público no denunciados. 3. La tercera, los privilegios y prerrogativas de la Administración (límites también, en cuanto a la ejecución de los fallos, privilegios probatorios, por ejemplo), que a la vez han llevado al reconocimiento de poderes al Juez contencioso para equilibrar la desventaja del particular recurrente y garantizar una tutela judicial efectiva, como seria la actividad probatoria del juez, la solicitud de los antecedentes administrativos y los poderes cautelares, entre otros.Dentro de los aportes de la constitución de 1999 con vigencia 2000, tenemos: 1. Específicamente, puede decirse que aporta la posibilidad de resolver las reclamaciones que se presenten en materia de servicio público, pues el articulo 259. Que hoy consagra la jurisdicción contencioso administrativa innova al incluir este aspecto como parte de sus competencias. 2. Debe sin embargo decirse ya esta materia, en algunos casos estaba en el ámbito de conocimiento del contencioso (en el caso de actos o contratos en materia de servicios públicos, que por administrativos estaban bajo el ámbito de tal jurisdicción). Pero esta nueva regulación sin duda ahora lo ampliaría a otros aspectos que presentaron dudas en el pasado y que eran conocidos por la jurisdicción ordinaria. 3. También (en el tema de las competencias) la sujeción al contencioso electoral al aún puede considerarse como parte del contencioso administrativo y no de manera autónoma, dado el surgimiento de un nuevo Poder Electoral), de las materias relativas a los procesos electorales de Sindicatos, gremios y partidos políticos y otras Organizaciones de la sociedad civil. Partidos políticos y sindicatos se hallaban en el pasado en una especie de limbo, pues eran rechazados por el contencioso administrativo y no encontraban cabida en la jurisdicción ordinaria, 4. En materia de responsabilidad aporta, la precisión que se hace respecto a que ella abarca tanto el funcionamiento normal como anormal del servicio y cualesquiera
  32. 32. actuaciones públicas, no sólo administrativas, sino también judiciales, legislativas, ciudadanas o electorales, precisión que si bien no hizo el articulo 140, se encuentra en la exposición de dudosa legitimidad. 5. Aporta el reconocimiento de la legitimación de los intereses colectivos o difusos. 6. Aporta la garantía de la oportunidad de la justicia al eliminar las dilaciones indebidas y los formalismos innecesarios y reposiciones inútiles, lo cual debe contribuir a flexibilizar el contencioso, sin que se lleguen a excesos como algunos casos que se han presentado (por ejemplo, la determinación de la competencia por la Casación Social en una demanda laboral, en la cual ordenó al TCA diera un plazo al recurrente y le indicara como debía plantear la querella) y que dieron lugar a la precisión del Tribunal Supremo de Justicia en distinguir ente las formalidades y los formalismos, cosas distintas. 7. La constitucionalización del control difuso (artículo 334). 8. Aporta mayor independencia cuando da autonomía presupuestaria al Poder Judicial, en general, y le confía el régimen administrativo y disciplinario al Máximo Tribunal. NUEVAS COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN LA CONSTITUCIÓN DE 1.999. La nueva Constitución al definir el sistema de justicia (artículo 253) incluyeexpresamente como parte de éste a los abogados autorizados para el ejercicioprofesional. El abogado es, sin duda, parte del sistema de justicia, es –como indicaDromi- el primer juez de los litigios, desde que tiene el deber de estudiar tanto elfondo como el aspecto procesal del asunto, la legitimidad y moralidad de lapretensión y asimismo tiene el deber de actuar en el proceso de acuerdo a losprincipios éticos y técnicos. Y esta conducta que debe desarrollar el abogado incideen un verdadero sistema de administración de justicia eficaz, pues el procederindebido de su parte, -en palabras del mismo Dromi- no sólo resiente la dignidadde la abogacía sino que degrada a la justicia. En este sentido la colegiación se reconoce como mecanismo que tiende aasegurar que el abogado proceda conforme a técnica y la ética. De tal manera queeste evento de reflexión sobre los nuevos postulados Constitucionales adelantadopor el Colegio de Abogados se inscribe, sin duda, dentro de esa altísimaresponsabilidad que le corresponde y que se refiere a procurar que nosotros susafiliados seamos verdaderamente "procuradores de la justicia y curadores de lalibertad."
  33. 33. La delimitación de la competencia es un aspecto en el que la buena técnicaes fundamental, tanto la del abogado que debe con el estudio determinar cuál es eltribunal llamado a conocer del asunto, como la del legislador que con buenatécnica debe regularla, y, por supuesto, la del juez que también con buena técnicadebe aplicarla y decidirla. Conspira contra un buen sistema de justicia la falta de precisión legal en laasignación de competencias judiciales, pero conspira aún más la constantevariación de los criterios jurisprudenciales sobre la competencia así como laindebida legislación de esta materia por parte del sentenciador, aun cuando éste seael propio Tribunal Supremo. Veamos pues, cuáles son los cambios más importantes en materia decompetencias del Máximo Tribunal y permítanme traer a colación algunasdecisiones que ya han comenzado a producirse en esta materia, con el objeto deadaptarla a la nueva organización del Tribunal Supremo. La Constitución vigente (aprobada mediante referéndum el día 15 dediciembre de 1999 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Nº 36.860 del30 de diciembre de 1999) concibe el Tribunal Supremo estructurado en siete salas:La Sala Plena (término que sustituye el de la Corte en Pleno a que se refería laConstitución del 61), las Salas: de Casación Civil y de Casación Penal, y laPolítico-Administrativa, todas ellas ya existentes, y crea las Salas Constitucional ylas Salas: Electoral y de Casación Social. Cada una de estas Salas -a excepción dela Constitucional que está conformada por cinco (5) magistrados y la Sala Plenaque agrupa a la totalidad de ellos- está integrada por tres (3) magistrados (Ladeterminación del número de magistrados que integrarían cada Sala del TSJ fuerealizada mediante acto constituyente. Sin embargo, debe tenerse presente que esteaspecto puede ser modificado por la ley orgánica que posteriormente se dicte pararegular la organización y funcionamiento del TSJ.) Se asigna al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por una parte, (i) elcontrol de la correcta aplicación judicial del derecho, que se manifiesta a travésdel ejercicio de la Casación en materias civil, penal y social y, por otra parte, (ii) elcontrol de la constitucionalidad y legalidad de los actos que dicten los órganosdel Poder Público, lo cual se manifiesta en el ejercicio, por parte del TSJ, de lajurisdicción constitucional (art. 334), la electoral (artículo 297) y la contenciosoadministrativa (art. 259 de la Constitución). El TSJ ejerce entonces sus funciones a través de distintas Salas, cuyasintegraciones y competencias serán determinadas posteriormente por la ley
  34. 34. orgánica que a tales efectos se dicte. Sin embargo, la Constitución ya asignaespecíficamente a algunas de las Salas ciertas competencias del TSJ, las cuales,obviamente, en virtud de su rango constitucional y su naturaleza originaria, nopodrán ser modificadas por el legislador. Pero, nada impide, por así permitirlo lapropia Constitución (artículo 266, ordinal 9º), que el legislador le atribuya nuevascompetencias a las Salas en aquellos asuntos no contemplados por la Constitución. La competencia del TSJ se encuentra entonces regulada en las siguientesnormas constitucionales: (i) el artículo 266 que confieren algunas competencias ala Sala Plena; (ii) el mismo artículo 266 que atribuye competencias a la SalaPolítico-Administrativa, así como el 259 que regula la jurisdicción contencioso-administrativa de la que ésta es el máximo órgano judicial; (iii) el artículo 262 queprevé las competencias de la Sala de Casación Social; (iv) el artículo 297 que hacereferencia a la competencia de la Sala Electoral y (v) el artículo 336, aunado a losartículos 203 y 214 que contienen las competencias de la Sala Constitucional. De otro lado, el artículo 266 enumera ciertas competencias del TSJ que nofueron atribuidas a ninguna de las Salas (ordinales 6, 7 y 8). Al respecto, seránecesario atender a lo dispuesto en cada caso por la Ley Orgánica de la CorteSuprema de Justicia (Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia) -hasta tanto sedicte la nueva ley que regule al máximo tribunal- y también habrá que atender a lajurisprudencia de cada Sala al respecto, pero especialmente a la que dicte la SalaConstitucional, dado el carácter vinculante de sus decisiones, por lo que a lainterpretación del Texto Constitucional se refiere (art. 335 de la Constitución). COMPETENCIAS DE CADA SALA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA LA SALA PLENACorresponde a la Sala Plena:a) Al igual que lo hacía la Constitución del 61, se le asigna Declarar si existen o noméritos para el enjuiciamiento del Presidente de la República o quien haga susveces y, en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa, previa autorizaciónde la Asamblea Nacional (en lugar del extinto Senado), hasta sentencia definitiva(v. ordinal 2º, art. 266).b) Declarar si existen méritos para el enjuiciamiento del Vicepresidente de laRepública, los integrantes de la Asamblea Nacional o del propio TSJ, losMinistros, Procurador General de la República, Fiscal General de la República,Contralor General de la República, Defensor del Pueblo, Gobernadores, oficialesgenerales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional, Jefes de Misiones
  35. 35. Diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al FiscalGeneral de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delitofuere común, continuará conociendo de la causa hasta sentencia definitiva (v. ord.3º, art. 266). Se incluyen a los nuevos funcionarios de alta jerarquía que de conformidadcon la nueva Constitución forman parte del Poder Público (Vicepresidente de laRepública y Defensor del Pueblo) y a los generales y almirantes de la FuerzaArmada Nacional. De otra parte, si existen méritos para el enjuiciamiento, los autos se remitenal Fiscal General de la República en lugar de los tribunales ordinarios como ocurríaen el régimen constitucional del 61 y en atención a las nuevas disposiciones de lamateria penal. Ahora bien, al contrario de lo previsto en la Constitución del 1961 -en laque se establecía que la Corte sólo continuaba conociendo del juicio si éste versabasobre delitos políticos-, la nueva Constitución consagra la competencia de la SalaPlena para continuar el conocimiento de la causa hasta sentencia definitivaprecisamente si el delito fuere común. (Sin embargo, no queda claro si ladisposición constitucional comprende los delitos políticos o desaparece talcategoría. Lo mismo ocurre respecto de los delitos contra la cosa pública. Ennuestro criterio, no parece tener mucho sentido que se excluyan estas categoríasdelictuales del ámbito de competencia del TSJ.) SALA CONSTITUCIONAL Facultad revisora en materia de amparo constitucional y control de la constitucionalidad de las sentencias dictadas por los tribunales de la República (336, ord 10). La segunda de las asignaciones en esta materia, es decir, la facultad revisoradel control de constitucionalidad de sentencias dictadas por otros tribunales debeestar referido al control difuso de la Constitucionalidad que es el ejercen otrostribunales con base al artículo 20 del Código de Procedimiento Civil. Estacompetencia deberá ser regulada en la Ley que organice al TSJ, y de ella existenprecedentes en otros sistemas en los que se encuentra establecida con el objeto deunificar los criterios de interpretación de la Constitución. Por lo que a la materia de amparo se trata, primera asignación contenida enesta facultad revisora que a la Sala Constitucional se atribuye, se trata de facultadesde revisión de sentencias de amparo dictadas por otros tribunales. Dos aspectos cabe destacar, primero, es una facultad revisora, es decir queno se le atribuye conocimiento en esta materia en primera instancia, segundo, recae
  36. 36. sobre sentencias de otros tribunales, por lo que no estarían comprendidas lassentencias de amparo que corresponde dictar a las otras Salas del mismo TSJ. De allí que las competencias revisoras que venían ejerciendo las otras Salasdel TSJ (por vía de apelación o consulta) pasarían entonces a la SalaConstitucional, conforme a esta norma. Ahora bien, la competencia en amparo en primera instancia del SupremoTribunal venía dada por el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo SobreDerechos y Garantías Constitucionales (LOASDGC) que prevé un fuero subjetivorespecto de los altos funcionarios y asignado a la Sala afín con el derecho cuyaviolación se invoque. No obstante, la Sala Constitucional interpretó (Sentencias de fecha 20 deenero de 2000, casos Domingo Ramírez Monja y Emery Mata Millán). no sólo sufacultad revisora, de acuerdo a la Constitución, en materia de amparo, sino quetambién lo hizo respecto de su facultad como tribunal de instancia, asumiendo lacompetencia del artículo 8 en todos los casos. Este criterio lo impuso, además,invocando la facultad reconocida en el artículo 266 de la Constitución que leatribuye el ejercicio de la jurisdicción constitucional y el carácter vinculante de susdecisiones de interpretación del Texto Fundamental. (Como fundamento de sudecisión la Sala expresó que el hecho de que su función primordial sea lainterpretación de la Carta Magna -art. 335 de la Constitución- y el conocimiento delas infracciones a la Constitución -art. 336 Constitución-, la convierte en la Salaque por la materia le corresponde conocer de las acciones de amparo constitucionalincoadas conforme a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y GarantíasConstitucionales. Asimismo, señala que si bien la Constitución prevé lapromulgación de una ley orgánica para regular la facultad "revisora" contenida enel artículo 336 ordinal 10 de la Constitución, es lo cierto que tratándose de unprecepto que por su naturaleza constitucional es de inmediata aplicación y eficacia,carece de relevancia, a los efectos de su aplicación por la Sala, el hecho de que laley dirigida a desarrollar esta disposición constitucional aún no haya sido dictada). En estos fallos precisa la Corte la competencia en materia de amparo de lasiguiente manera:a. Como juez natural de la jurisdicción constitucional, el conocimiento en únicainstancia de las acciones de amparo que se interpongan contra los altosfuncionarios a que se refiere el artículo 8 de la LOA, así como aquellas que seejerzan contra sus funcionarios subalternos cuando actúen por delegación delas atribuciones. (Con ello se modifica el criterio expuesto por la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 6 de agostode 1997 -Caso: Movilnet- conforme al cual cuando el presunto agraviante hubieseactuado por virtud de una delegación de atribuciones del Ministro, la competenciano correspondería a la Sala pues, en estos casos, resultaba inaplicable loestablecido en el artículo 8 de la LOA. En este sentido, a criterio de la Sala, el

×