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Debido proceso
 

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    Debido proceso Debido proceso Document Transcript

    • Observatorio de Justicia Constitucional - Defensoría del Pueblo de Colombia Documento generado el Domingo 5 de enero de 2014. 18:32 pm Protección constitucional del derecho al debido proceso penal Introducción En la Constitución colombiana los aspectos más relevantes relativos al debido proceso se encuentran regulados por los artículos 29 y siguientes, cuyas disposiciones contemplan los principios de legalidad, juez natural, observancia de las formas de cada juicio, favorabilidad de la ley penal, presunción de inocencia, defensa y asistencia técnica, publicidad, prohibición de dilaciones injustificadas, contradicción de las pruebas, “non bis in ídem”, impugnación de las decisiones judiciales, no “reformatio in pejus” y no autoincriminación. La Corte Constitucional como máximo tribunal encargado de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución ejerce como funciones, relativas a la protección del derecho al debido proceso, el control constitucional de las leyes y la revisión de la acción de tutela. En desarrollo de la primera verifica que las leyes expedidas por el Congreso y los decretos leyes y legislativos proferidos por el Presidente se ajusten a lo prescrito por la Constitución en materia de debido proceso. En cuanto a la revisión de las acciones de tutela determina, a través de las soluciones a los casos planteados, el alcance del derecho al debido proceso como un derecho fundamental. Mediante la acción de tutela pueden impugnarse las decisiones de carácter judicial y las actuaciones de los funcionarios judiciales dentro del proceso. Frente a las decisiones judiciales, la Corte Constitucional ha precisado que, en principio, la acción de tutela no es procedente. Sólo en ciertas ocasiones es posible alcanzar el amparo por este medio cuando se presenten providencias judiciales con errores tan manifiestos, tan superlativos, que la decisión no puede ser considerada como norma jurídica. Estos casos han sido denominados por la jurisprudencia como vías de hecho, cuyas causales han sido clasificadas por la misma Corte en: a) defecto sustantivo, cuando la decisión impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable; b) defecto fáctico, cuando resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; c) defecto orgánico, cuando el funcionario judicial
    • que profirió la decisión carece, en forma absoluta, de competencia para hacerlo y; defecto procedimental, cuando el juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido. Para que la tutela sea procedente la sentencia que incurre en este tipo de errores debe traer como consecuencia la violación de un derecho fundamental. nota 1 Adicionalmente, debe ser interpuesta en un término razonable, pues de lo que se trata es de procurar el amparo inmediato a derechos vulnerados y no de generar incertidumbre en el conglomerado social acerca del efecto vinculante de una decisión judicial varios años después de emitida. nota 2 1. Corte Constitucional, Sentencia T-008-98 2. Corte Constitucional, Sentencia T-730-03 I. Garantías procesales de los imputados, sindicados o condenados en la justicia penal ordinaria I.1. Principio de legalidad La Corte Constitucional ha resaltado la importancia del principio de legalidad penal como una de las principales conquistas del constitucionalismo, pues constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos, ya que les permite conocer previamente las conductas prohibidas y las penas aplicables. De esa manera, ese principio protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal. Por eso es natural que los tratados de derechos humanos y la Constitución lo incorporen expresamente al establecer que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (Constitución Política, artículo 29). La Corte ha precisado que en materia penal, el principio de legalidad en sentido lato o reserva legal, esto es, que la ley debe definir previamente los hechos punibles, no es suficiente, y debe ser complementado por un principio de legalidad en sentido estricto, también denominado como principio de tipicidad, el cual implica que las conductas punibles deben estar descritas inequívocamente y que las sanciones por imponer estén también previamente predeterminadas. La ley debe señalar la naturaleza de las sanciones, sus montos máximos y mínimos, así como los criterios de proporcionalidad que debe tomar en cuenta el juzgador al imponer en concreto el castigo. Solo el Legislador puede contemplar por vía general y abstracta la conducta delictiva y la sanción que le corresponde. Por
    • consiguiente, la Corte considera que si la norma acusada no establece claramente, de manera directa o por remisión a otras disposiciones legales, cuáles son las penas aplicables, se encuentra viciada de inconstitucionalidad, pues, contrariamente a lo ordenado por la Carta, sería el funcionario judicial, “ex post ipso”, quien definiría las sanciones, y no la ley en abstracto y de forma previa. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-843-99 I.1.1. Implicaciones del principio de taxatividad penal De acuerdo con la Corte, el principio de estricta legalidad o taxatividad tiene dos implicaciones naturales: (i) la prohibición de la analogía (ii) la proscripción de los tipos penales ambiguos. En efecto, si se permite o se ordena al juez aplicar analógicamente un tipo penal, o si la descripción penal no es inequívoca sino ambigua, entonces el respeto al principio de legalidad es puramente formal, y pierde gran parte de su sentido garantista, pues los ciudadanos no sabrían con exactitud, y de manera previa, cuáles son las conductas prohibidas. La indeterminación de la ley, o la permisión de la analogía en perjuicio del procesado, tiene entonces como efecto que el funcionario judicial deja de estar verdaderamente vinculado a la ley, pues los jueces, con posterioridad a los hechos, son quienes definen en concreto cuáles son los delitos. Por ello esta Corporación había indicado que la Constitución prohíbe la vaguedad o ambigüedad de las normas penales. En materia penal el principio de legalidad vincula no sólo a los jueces sino al Legislador pues ese principio constitucional consagra un doble mandato: ordena a los jueces que sólo sancionen conductas previamente establecidas en la ley, pero a su vez, impone al Legislador el deber de definir de tal manera las conductas punibles, que éstas sean inequívocas y empíricamente verificables. Sólo así los jueces estarán verdaderamente sometidos a la ley y se asegura el derecho de defensa de los acusados, quienes tienen entonces la posibilidad de refutar en el proceso las acusaciones precisas que les formula el Estado. nota 1 En otro caso, el actor alegó que la sentencia condenatoria violaba el principio de legalidad de la pena y el de favorabilidad, pues a su juicio se tasó mal la pena. También consideró que el juzgador incurrió en un yerro pues para la época de la comisión de los hechos no era funcionario público sino un particular de manera que no podía incurrir en el delito de cómplice de peculado. El actor llevó el proceso penal hasta el recurso de Casación excepcional el cual fue inadmitido, posteriormente se negó el recurso de reposición frente a la inadmisión. La acción
    • de tutela fue negada en primera instancia. A juicio de la Corte, el principio de la legalidad de la pena incluye necesariamente dos aspectos, a saber: i) que la determinación de las penas que correspondan a cada delito en abstracto, necesariamente tienen que ser definidas por la ley, incluyendo las que correspondan a las circunstancias agravantes o atenuantes y aquellas a que puedan hacerse acreedores quienes sean autores o partícipes en cualquier grado, del hecho delictual; ii) el segundo aspecto corresponde al juez que en su aplicación desciende de la norma legal para hacerla actuar en forma concreta, individual y subjetiva, que es lo que se conoce como la dosimetría de la pena. Así las cosas, en el sentido de la acción impetrada el sentenciador quebranta de manera ostensible el principio de la legalidad de la pena y el debido proceso, pues es evidente que el Tribunal incurrió en un yerro trascendente en la determinación concreta de la pena, pues para determinarla debería proceder “dentro de los límites señalados por la ley” (artículo 61 Código Penal de 1980). Ello significa que, a partir de la pena señalada para el peculado por uso (artículo 134 del mismo Código), o sea la de uno a cuatro años de prisión (doce a cuarenta y ocho meses), al cómplice debería disminuírsele “de una sexta parte a la mitad” (artículo 24, Código citado). Contrariando tales disposiciones, el fallador, pese a la inexistencia de antecedentes penales del actor en esta tutela, sin que medien tampoco circunstancias de agravación punitiva y sin que se encuentre establecido el grado de mayor eficacia en la contribución o ayuda para la comisión del delito, ni mucho menos porque así lo indique la personalidad del procesado, en lugar de disminuir la mitad al mínimo de la pena, le redujo solamente la sexta parte. La Corte decidió revocar la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia y en su lugar concedió la tutela impetrada por violación del derecho al debido proceso en que se incurrió por infracción a la legalidad de la pena. nota 2 1. Corte Constitucional, Sentencia C-559-99 2. Corte Constitucional, Sentencia T-673-04 I.1.2. Los tipos penales en blanco no violan por si mismos el principio de legalidad De acuerdo con la Corte, si bien la regla general consiste en que el tipo penal cuente con una descripción completa de la conducta objeto de sanción, también es posible, a nivel excepcional, que dada la naturaleza de la conducta que se quiere reprimir, el Legislador considere necesario que exista reenvío normativo,
    • siempre y cuando tal remisión sea clara e inequívoca. Por ello, la mera existencia de un tipo penal en blanco no hace per se inconstitucional la disposición legal. nota 1 . La Corte también ha sostenido que los tipos penales en blanco son a veces criticados porque no representan la mejor técnica legislativa y generan inseguridad jurídica, lo cual es grave en materia penal. Sin embargo, esas descripciones penales son constitucionalmente válidas, siempre que el correspondiente reenvío normativo permita al intérprete determinar inequívocamente el alcance de la conducta penalizada y de la sanción correspondiente. nota 2 1. Corte Constitucional, Sentencia C-917-01 2. Corte Constitucional, Sentencia C-559-99 I.1.3. No existe una indeterminación insuperable en la definición de la sanción cuando el legislador establece sus elementos básicos La Corte ha sostenido que el principio de legalidad como integrante del debido proceso exige la determinación clara, precisa y concreta de la sanción que se deberá imponer a quienes incurran en hechos proscritos en la Constitución y la ley. Aunque no es fácil establecer de manera precisa cuándo una norma deja de contener los ingredientes normativos requeridos para producir certeza sobre la definición de la conducta es claro que se proscriben las definiciones de una generalidad, vaguedad e indeterminación tal que no ofrezcan la certeza requerida para hacer exigible las sanciones que se derivan de la conducta descrita y que le otorgan un amplio poder discrecional a la autoridad judicial para aplicar la respectiva norma. De acuerdo con la Corte, cuando se presenta una indeterminación insuperable en la descripción de las penas se viola el principio de legalidad, lo que no ocurre cuando el Legislador ha señalado elementos básicos de la sanción. nota 1 En otro caso, se demandó parcialmente el Art. 14 de la Ley 890 de 2004: “Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo.(...)”. Para el actor, en la disposición contenida en la norma demandada existe una indeterminación de las consecuencias jurídicas de gran parte de las conductas punibles contempladas en la parte especial del Código Penal, al incrementar de manera imprecisa y genérica, en una tercera parte, el mínimo de las penas previstas en los tipos penales correspondientes y en consecuencia vulnera los Arts. 13, 28 y 93 de la Constitución, es decir, el principio de legalidad
    • en sentido estricto o de tipicidad penal, el derecho a la igualdad y a la libertad. Para el actor, el problema central radica en el hecho de que las penas mínimas previstas en cada una de las normas jurídicas contenidas en la Parte Especial del Código Penal no contemplan siempre múltiplos o submúltiplos del número 3, con lo que en incontables ocasiones la pena habrá de establecerse “por aproximación”. La Corte enmarca el problema aclarando que el principio de legalidad en materia penal es insuficiente y debe ir acompañado de un principio de legalidad en sentido estricto, también denominado como el principio de tipicidad o taxatividad, según el cual, las conductas punibles y las penas deben ser no sólo previa sino taxativa e inequívocamente definidas por la ley. En cuanto al cargo por violación al principio de legalidad, la Corte considera que no hay tal violación pues de acuerdo con la Lógica Jurídica, ante la imposibilidad de que el número de años previsto en los tipos penales sea todas las veces exactamente divisible por tres (3), de modo que el aumento dispuesto sea preciso en años, en números enteros, lo procedente es que el juez penal al individualizar aquellas haga una previa conversión de las mismas a meses, multiplicando el número de años por el equivalente de un año en meses, esto es, por doce (12) meses, de suerte que, por ser este número un múltiplo de tres (3), el producto de la multiplicación será siempre divisible por tres (3) y, por ende, el aumento será siempre exacto en meses, en números enteros. De esta manera, el juez penal al resolver cada caso sometido a su consideración no sustituye al legislador y cumple estrictamente la voluntad de éste de aumentar con exactitud las mencionadas penas. En cuanto a la supuesta violación al principio de igualdad la Corte se inhibe por falta de un cargo concreto. La corte decidió declarar exequible el aparte “las penas previstas en los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo” contenido en el Art. 14 de la Ley 890 de 2004, por el cargo de violación del principio de legalidad. A su vez, la Corte se declaró inhibida para adoptar una decisión de fondo en relación con la violación del principio de igualdad. nota 2 1. Corte Constitucional, Sentencia C-232-02 2. Corte Constitucional, Sentencia C-238-05 I.1.4. El principio de legalidad se extiende al procedimiento y al juez competente La Corte Constitucional ha establecido que, conforme a la Carta, para que se
    • puedan imponer sanciones penales, no basta que la ley describa el comportamiento punible sino que además debe precisar el procedimiento y el juez competente para investigar y sancionar esas conductas (Constitución Política, artículos 28 y 29). nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-843-99 I.1.5. La inconstitucionalidad de la obtención de la prueba obtenida ilícitamente, no se subsana con la convalidación efectuada por el procesado. El demandante considera que la medida de aseguramiento dictada por la Fiscalía General de la Nación, vulneró sus derechos fundamentales en tanto se apoyó en pruebas obtenidas ilícitamente, es decir, nulas de pleno derecho. Al respecto, la Corte consideró que la nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales encuentra sustento en un principio ético del Estado de Derecho que impide que el Estado imponga una sanción por la comisión de un delito sobre la base de la comisión de otro, esto es, sobre la base de la obtención de una prueba que, por ser violatoria de derechos fundamentales, es contraria al régimen jurídico. Agregó, que como lo ilícito no genera derechos para los sujetos jurídicos, el Estado no puede aprovecharse de hechos ilícitos para justificar el ejercicio de sus competencias. El ius punendi del Estado se eleva sobre la pretensión de legalidad de sus actos, por lo que la legitimidad de sus fines depende de la legitimidad de sus medios. De allí que sea contrario al Estado de Derecho –Estado de la legitimidad y la regla jurídica- que, con fundamento en un elemento injurídico, se persiga la imposición de una consecuencia jurídica. La contradicción en los términos impide la realización legítima del fin estatal y obliga a la administración de justicia a expulsar del proceso judicial toda herramienta tachada de ilicitud. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-233-07 I.1.6. El principio de legalidad no se vulnera si el legislador establece una pena única para sancionar una conducta La Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del un artículo de Código Penal que duplicaba el mínimo de las penas previstas para delitos relacionados con la venta de sustancias sicoactivas, bajo el entendido que en ningún caso podrá ser aplicada una pena que supere el máximo fijado en la ley para cada delito. La Corte constató que, en algunos casos, la aplicación del artículo supone que la pena mínima que se debe imponer por parte del juez en
    • estos delitos sea igual o supere la pena máxima prevista en los artículos que los regulan. Para la Corte la interpretación más acorde con la Constitución del mencionado artículo, en concordancia con los artículos referidos, lleva a entender que en esos casos el legislador estableció una pena única aplicable, señalando que no podría ser inferior al doble del mínimo establecido en la ley. Así en los casos en que el doble de la pena mínima iguala o supera el máximo establecido, lo que debe entenderse es que el legislador quiso que la pena aplicable fuera igual al máximo fijado para cada delito. Ahora bien, el hecho de que la pena para imponer en estos casos sea única – es decir el máximo fijado en la ley – no puede entenderse como una indeterminación de la pena aplicable, sino por el contrario la determinación clara de la pena imponible, y por tanto no se vulnera el principio de legalidad. De esta forma, la Corte considera que el único condicionamiento que respeta la competencia y la voluntad expresada del legislador es el de entender que en ningún caso podrá ser aplicada una pena que supere el máximo fijado en la ley. Podría aducirse que, en razón del principio de legalidad de la pena, al juez constitucional también le estaría vedado autorizar la interpretación de la norma en el sentido a que se hace referencia. Sin embargo, para la Corte, el principio de interpretación constitucional que impone buscar la mayor efectividad de las normas constitucionales lleva a preferir la conservación condicionada de la disposición legal en lugar de declarar su inconstitucionalidad frente a la incongruencia en que incurrió el legislador al no tomar en cuenta que en algunos casos, al duplicarse el monto de la pena mínima, la pena resultante superaba la pena máxima establecida en la ley. Finalmente, la Corte toma la decisión de exhortar, de conformidad con el artículo 113 de la Constitución, al Congreso de la República para que expida una ley que enmiende la incongruencia advertida en esta sentencia con relación a las penas mínimas y máximas que puedan aplicarse en los supuestos de agravación punitiva nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-1080-02 I.1.7. El principio de legalidad también se aplica a la privación preventiva de la libertad Se demandó la inexequibilidad de la expresión “cuando la audiencia se hubiere iniciado, y ésta se encuentre suspendida por causa justa o razonable o”, contenida en el numeral 5º del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, que se ocupa de las causales de libertad provisional. El actor considera que negar la
    • libertad provisional por la suspensión de la audiencia contraría los artículos 28 y 29 de la Constitución Política porque queda al arbitrio del juez decidir la causa „justa‟ o „razonable‟que justifica la suspensión, lo cual permite dilaciones injustificadas en el proceso que afectan el derecho fundamental a la libertad. La Corte dice que no constituye un desconocimiento del principio de legalidad de la pena la potestad del juez de interpretar ciertos conceptos cuyo contenido no puede ser fijado “a priori”, dado el carácter general de la norma. Precisa que el juez penal sí está facultado para suspender la audiencia pública de juzgamiento cuando las circunstancias lo ameriten; pero que dichas circunstancias deben estar justificadas y ser razonables para la suspensión de la audiencia. No se puede aducir como causas razonables, ni los defectos de funcionamiento, ni la ineficacia o la ineficiencia de la administración de justicia. En todo caso, las causas justas aludidas sólo pueden prolongar la suspensión de la audiencia por el tiempo mínimo requerido, por lo que se debe impedir que maniobras dilatorias del procesado o del defensor interrumpan el proceso. La Corte declara exequible la expresión demandada “con la condición de que se entienda que la libertad provisional es procedente si, una vez superada la causa justa o razonable de la suspensión, no se reanuda inmediatamente la audiencia” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-123-04 I.1.8. La facultad de la fiscalía para ordenar capturas no puede aplicarse hasta tanto la ley no regule los eventos y límites en que excepcionalmente procede La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión contenida en el artículo 297 de la Ley 906 de 2004, que habla de la captura excepcional ordenada por la Fiscalía General bajo el entendido de que esta facultad excepcional de efectuar capturas no será aplicable hasta tanto el legislador no regule, de conformidad con el inciso tercero del numeral 1° del artículo 250 de la Constitución, los límites y eventos en que excepcionalmente procede la captura por orden de la Fiscalía General de la Nación. Para la Corte, la posibilidad con que cuenta la Fiscalía General de la Nación para realizar capturas de manera excepcional debe comportar el cumplimiento de presupuestos , requisitos, límites e hipótesis claramente definidos en la ley , conforme con el numeral 1) del artículo 250 de la Constitución. Así entonces, la autoridad competente para efectuar excepcionalmente una detención, en el
    • presente caso la Fiscalía General de la Nación, solo puede hacer uso de dicha facultad en situaciones con unas características claras y definidas, ajustadas al principio de legalidad. No obstante, la posibilidad con que cuenta la Fiscalía General de la Nación para realizar capturas de manera excepcional debe comportar el cumplimiento de presupuestos, requisitos, límites e hipótesis claramente definidos en la ley , conforme con el numeral 1) del artículo 250 de la Constitución. Así entonces, la autoridad competente para efectuar excepcionalmente una detención, en el presente caso la Fiscalía General de la Nación, solo puede hacer uso de dicha facultad en situaciones con unas características claras y definidas. Es decir, ajustadas al principio de legalidad. En este orden de ideas, estas características deben estar señaladas en la ley y con mayor razón aún si se trata de facultades excepcionales. La restricción de la libertad, por excepcional que esta sea, debe tener sus circunstancias expresas en la ley y no pueden quedar a discreción de quien ordenen la captura. Por esta razón, si la expresión objeto de revisión constitucional se interpretara como si los presupuestos y requisitos de la captura excepcional no estuviera claramente definidos por la ley, ella sería inconstitucional. Por el contrario, si ella se entiende que la referida facultad no será aplicable hasta tanto el legislador no la regule, conforme con las disposiciones constitucionales, que exigen el señalamiento de límites y eventos precisos, la expresión es constitucional. nota 1 Similar pronunciamiento había efectuado la Corte en la Sentencia C.730 de 2005. En ella la Corte manifestó que el legislador, en virtud de lo dispuesto por el numeral 1º de la Constitución Política, podía autorizar a la Fiscalía General de la Nación la posibilidad de ordenar capturas, pero que esta facultad debía concederse por la ley para situaciones excepcionales, según lo dispone la misma Carta Fundamental. Preciso que el carácter excepcional de la facultad de ordenar capturas por la Fiscalía General se deriva del nuevo marco de competencias establecido en la Constitución, en donde, se ha instituido al juez de control de garantías como el principal garante judicial de la libertad y de los derechos fundamentales de quienes participan el proceso penal. Es a él a quien, como autoridad judicial independiente, se le atribuye la competencia de ordenar por escrito la privación de la libertad, en cumplimiento del principio de reserva judicial. Dada la característica de excepcionalidad que rige la atribución a la Fiscalía de la
    • facultad de ordenar capturas, el legislador al expedir las normas .que atribuyan esta competencia debe establecer los motivos y condiciones en situaciones claras y definidas, sin que haya lugar a un amplio margen de interpretación o indeterminación de tales situaciones. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional declaró inexequibles las expresiones contenidas en el segundo inciso del artículo 2° del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2002), que contemplaban la captura ordenada por la Fiscalía General de la Nación, en casos en los que existieran motivos fundados y se careciera de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, como supuestos en los cuales el capturado debía ponerse a disposición del juez de garantías en el menor tiempo posible sin superar las 36 horas. Para la Corte, esta regulación deja un amplísimo margen de interpretación que no se compadece con el carácter excepcional fijado por la Constitución, ya que no contienen ningún elemento de excepcionalidad pues aluden simplemente a motivos fundados, los cuales siempre pueden existir, y a motivos razonables, que comprenden una amplísima gama de posibilidades y no a las situaciones extremas de imposibilidad manifiesta de poder acudirse ante le juez de garantías, que son las que podrían predicarse de una situación excepcional. nota 2 1. Corte Constitucional, Sentencia C-190-06 2. Corte Constitucional, Sentencia C-730-05 I.1.9. El principio de oportunidad constituye un desarrollo del principio de legalidad. todos los supuestos en los que se aplique deben ser objeto de control judicial La jurisprudencia constitucional ha señalado, al interpretar el artículo 250 de la Constitución (modificado por el Acto Legislativo N° 3 de 2002), que la Carta Política consagró el principio de oportunidad reglada. Ello quiere decir que dado el carácter obligatorio del ejercicio de la acción penal, la Fiscalía puede prescindir de su ejercicio únicamente en los casos establecidos en la ley, concibiéndose así la oportunidad como excepción al ejercicio obligatorio de la acción penal. Conforme a esta concepción el principio de oportunidad constituye un evidente desarrollo del principio de legalidad, pues la decisión de interrumpir, suspender o renunciar al ejercicio de la acción penal debe producirse dentro de los marcos impuestos por la Constitución y la ley. Para todos los casos en los que se aplica el principio de oportunidad, es decir, los de interrumpir, suspender o renunciar al ejercicio de la acción penal, la Constitución consagró el control jurisdiccional de legalidad.
    • Resulta entonces claro que conforme al propio tenor de la norma superior (Art. 250 C.P.), así como a la interpretación autorizada del mismo, el control jurisdiccional que exige la aplicación por parte de la Fiscalía General de la Nación del principio de oportunidad, está referido a todos los supuestos a través de los cuales opera este instrumento, vale decir, la interrupción, la suspensión y la renuncia a la acción penal. Por ello la ley no puede establecer excepciones a este control de legalidad por parte del juez para ninguno de los supuestos establecidos en la norma. Bajo estos presupuestos, se declaró la inconstitucionalita del precepto del Código de Procedimiento Penal que limitaba el control judicial de legalidad en la aplicación del principio de oportunidad sólo aquellos casos en los que se extinguiera la acción penal (art. 327, Ley 906 de 2004), pues ello significaría que aquel control sólo sería aplicable a los casos de renuncia a la acción penal y no a los supuestos en los que se determine por el fiscal la interrupción o la suspensión de la misma. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-979-05 I.1.10. El principio de estricta legalidad de la ley penal, no puede ser restringido de manera ilimitada y atemporal en los estados de excepción Control automático de constitucionalidad del Decreto Legislativo 4336 de 2008, "Por el cual se modifica el Código Penal". Al respecto, la Corte indicó que los límites constitucionales de las competencias concedidas por el artículo 215 de la Carta y reguladas por la ley estatutaria para el ejercicio del poder punitivo durante la emergencia económica, social y ecológica deben integrar el principio de estricta legalidad de la ley penal. En efecto, la Constitución, la Ley Estatutaria de Estados de Excepción y las normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad consagran que el mencionado principio no puede ser restringido de manera desproporcionada en situaciones de excepción. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-224-09 I.1.11. Las medidas legislativas penales dictadas por el presidente de la república en el estado de emergencia, están sujetas a límites temporales Control automático de constitucionalidad del Decreto Legislativo 4336 de 2008, "Por el cual se modifica el Código Penal". La Corte, in extenso precisó que Conforme a lo expuesto, bajo una interpretación
    • armónica y coherente de los artículos 28, 29, 213, 214 y 215 de la Constitución Política, 4º, 5º, 15 y 44 de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, 27 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos humanos y 4º y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puede extraerse la conclusión de que el principio de estricta legalidad de la ley penal no puede ser restringido de forma indefinida en los estados de excepción (vigencia de los decretos), como lo es el caso del estado de emergencia. Recuérdese que en los Estados está prohibido proferir medidas de excepción incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos. No puede partirse de la perpetuación del estado de emergencia social con la vigencia indefinida de los decretos legislativos penales dado los intereses superiores en juego y el especial celo de la comunidad internacional por la observancia de los derechos humanos. Una posición contraria convertiría en regla general la legalidad extraordinaria suplantando definitivamente la legalidad ordinaria y, por ende, comprometiendo significativamente el Estado democrático de derecho. De este modo, las medidas legislativas penales adoptadas durante el estado de emergencia, no pueden tener vocación de permanencia por cuanto llevan implícitas limitaciones en el tiempo para salvaguardar el principio de estricta legalidad penal. Ello permite colegir que ordinariamente las normas penales tienen vocación de permanencia, en tanto que en el estado de emergencia lo es temporal. La suplantación del legislador penal ordinario por el periodo de emergencia no puede llegar en el caso que nos ocupa hasta el punto en derivar en la expedición de normas permanentes. La necesidad de proteger el principio de estricta legalidad penal así lo impone para beneficio de los principios democrático, de reserva de ley, de legitimidad y pro homine. De otra parte, otorgarle a las normas penales adoptadas durante el estado de emergencia social un carácter permanente se constituye en una restricción irrazonable y desproporcionada al principio de estricta legalidad de la ley penal, que además desconoce los juicios de ausencia de arbitrariedad, intangibilidad y no contradicción específica, según se ha expuesto. Tomar con vigencia permanente los decretos legislativos penales adoptados durante el estado de emergencia, llevaría a naufragar los principios que sostienen un Estado democrático de derecho. Una atribución en tal sentido resultaría
    • desproporcionada a la garantía de los derechos humanos. Estas medidas legislativas penales deben ser estrictamente temporáneas y dirigidas a restablecer inmediatamente la normalidad. De esta forma, para la Corte se mantiene la regla general sobre la vigencia permanente de los decretos legislativos adoptados durante el estado de emergencia económica, social y ecológica, bajo la salvedad de las normas tributarias y las penales que tienen vigencia transitoria. Asimilación que obedece a que tanto las normas tributarias como las normas penales son expresiones de los principios de representación popular y democrático, que hacen necesaria la salvaguarda del principio de legalidad. Debe anotarse, como lo ha recordado la Corte, que entre los objetivos principales del Constituyente de 1991 estuvo el limitar los poderes de la Rama Ejecutiva en los estados de excepción, buscando fortalecer la labor del Congreso de la República como órgano de representación democrática. Así se pretende evitar privar de forma definitiva a la Rama Legislativa de una de sus más preciosas facultades y a la vez aumentar indebidamente las facultades del Ejecutivo. No sobra rescatar la importancia del órgano congresional como espacio de razón pública. Recuérdese que durante la vigencia de la Constitución de 1886, se utilizaron de manera desmedida los hoy denominados estados de excepción, particularmente el estado de sitio, al permanecer el país durante varias décadas bajo ese estado. De ahí que el Constituyente de 1991 decidió poner fin a tal práctica estableciendo un máximo de duración con la finalidad de preservar el carácter excepcional y prevenir su prolongación indefinida. El abuso generó la necesidad de limitar la facultad acudir a la legislación penal de excepción como fuente para el restablecimiento del orden público. Este límite no sólo se aplica al Estado de sitio o de conmoción interior, sino a todos los estados de excepción. De los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente y de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, se observa como denominador común, el establecimiento de límites materiales y temporales al ejercicio de las facultades excepcionales conferidas al Ejecutivo. Las normas penales que se adoptaron durante el estado de emergencia en vigencia de la Constitución de 1886, revistieron carácter permanente suplantando
    • con ello definitivamente el principio de representatividad democrática. Por lo tanto, resulta irrazonable pensar que la voluntad del Constituyente de 1991, fue la de conceder un carácter permanente a las normas penales expedidas por el Presidente de la República en el estado de emergencia. Así mismo, el carácter transitorio del ejercicio del poder punitivo en el estado de conmoción interior, permite señalar la existencia de similares efectos para el estado de emergencia, respetando las particularidades que este último ofrece. Una vez reconocido el carácter temporal de las medidas legislativas punitivas adoptadas durante el estado de emergencia, debe precisarse cuál es el término de vigencia de tales medidas. Como el reconocimiento de la temporalidad de las normas penales expedidas por el legislador extraordinario durante la emergencia, tiene como fundamento esencial la reserva de ley (principio de estricta legalidad) propio del Estado democrático, la Corte encuentra aplicable la misma regla establecida para la vigencia de las medidas tributarias (principio democrático) contenida en el artículo 215 de la Constitución. En efecto, tal precepto constitucional establece que los decretos de emergencia “podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente les otorgue carácter permanente”. Esta regla constitucional da respuesta idónea a la dificultad planteada. Dado que los tributos en principio sólo pueden ser establecidos por el legislador ordinario, el Constituyente de 1991 si bien permitió al Ejecutivo establecer o modificar los tributos con el objeto de responder con oportunidad ante situaciones de emergencia, le impuso a la vez carácter transitorio a la vigencia de tales medidas con la finalidad de salvaguardar el principio democrático. Para la permanencia de dichas reformas tributarias, el artículo 215 superior facultó al Congreso para hacerlo durante el año siguiente. En caso contrario, la medida legislativa expedida por el legislador extraordinario dejará de tener vigencia. De esta manera, la creación, adición o modificación de tipos penales o el aumento de penas durante el estado de emergencia, tienen vigencia de un año después de la expedición del decreto legislativo correspondiente, a no ser que el Congreso de la República les “otorgue carácter permanente”.
    • Debe precisarse que el carácter transitorio de las medidas legislativas penales adoptadas durante el estado de emergencia, no pueden asimilarse integralmente a las propias del estado de conmoción interior dadas las particularidades que ofrece el artículo 215 de la Constitución. De ahí que por ejemplo no sea posible extraer para esta situación las mismas consecuencias de la existencia de un derecho penal simbólico. La Corte, entonces, concluye que en el evento que una norma penal expedida durante el estado de emergencia resulte ajustada a los requisitos descritos en los apartados anteriores, será menester condicionar su exequibilidad a que la medida legislativa pierda vigencia un año después de expedida, salvo que el Congreso le otorgue carácter permanente. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-224-09 I.2. Derecho de defensa y de defensa técnica I.2.1. La notificación como elemento esencial para el ejercicio del derecho de defensa I.2.1.1. Deber de notificar providencias judiciales que quedan ejecutoriadas en el momento de ser suscritas por el funcionario judicial Se demandó parcialmente el artículo 187 del nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), que regula la ejecutoria de las providencias judiciales. Este artículo establece en su primera parte como regla general, que las providencias quedan en firme tres días después de ser notificadas si no se han interpuesto los recursos procedentes. Luego, en el inciso segundo parcialmente demandado, señala una excepción a esa regla. Según ésta, las siguientes providencias quedan en firme el día en que son suscritas por el funcionario correspondiente: las decisiones sobre recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias; la consulta; la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma; y la acción de revisión. En concepto del demandante el aparte del artículo demandado desconoce el debido proceso y el principio de publicidad en las actuaciones penales, en la medida en que permite que ciertas sentencias y providencias interlocutorias queden ejecutoriadas sin que hayan sido notificadas o publicadas. De acuerdo con la Corte, las decisiones que ponen fin a una instancia judicial o que resuelven una acción extraordinaria, en este caso, las sentencias que deciden la consulta y la casación, salvo cuando se sustituya la providencia materia de la misma y la
    • acción de revisión, deben ser notificadas con el objeto de poder exigir el cumplimiento voluntario o coactivo de las decisiones judiciales y, en general, para que éstas produzcan plenos efectos jurídicos. El principio de publicidad es la regla general que gobierna las actuaciones judiciales, por lo que toda excepción a este principio debe operar de forma restrictiva y estar justificada a partir de los fines y valores previstos en la Carta y en las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos. Dada la existencia de una duda razonable sobre el entendimiento de la expresión acusada, la Corte concluye que el alcance del principio de favorabilidad en la interpretación de los textos legales implica que el operador jurídico debe optar por aquella hermenéutica, según la cual esas providencias deben ser notificadas. Por ello, la Corte también excluirá del ordenamiento la interpretación de la norma acusada, según la cual se exceptúa de notificación a las providencias que deciden los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias. Concluye que la norma es constitucional en el sentido de que efectivamente dichas sentencias y providencias interlocutorias quedan ejecutoriadas el día en que son suscritas por el funcionario correspondiente. Sin embargo, como la notificación de las mismas es indispensable y solamente, a partir de dicho conocimiento, es posible imponer voluntaria o coactivamente el cumplimiento de las órdenes proferidas en la decisión judicial, la Corte considera que la ejecutoria de dichas sentencias y providencias no produce efectos jurídicos mientras no se surta su notificación. Por lo anterior, se declara exequible la disposición acusada, en el sentido que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias respectivas. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-641-02 I.2.1.2. Vía de hecho por vicio procedimental por falta de notificación al sindicado y violación de la defensa técnica en el proceso penal El actor interpuso acción de tutela por considerar que su derecho de defensa había sido vulnerado, por cuanto en el proceso penal que cursó en su contra y en el cual fue condenado, habiendo sido vinculado al mismo como persona ausente, los abogados de oficio no ejercieron ninguna actividad para defender sus intereses. La Corte, al tutelar el derecho del actor sostuvo que “La ausencia de defensa técnica en el presente caso produjo como resultado que dejaran de practicarse y controvertirse pruebas esenciales para el procesado, y que la decisión de condena no pudiera ser controvertida. Por ello, el proceso judicial que culminó con la condena puede ser calificado
    • como una vía de hecho dada la evidente vulneración del derecho de defensa. Se advierte la existencia de un defecto o vicio procedimental en la medida en que el juez actuó al margen del procedimiento establecido y en tanto el sustento probatorio del cual se valió, no fue producto de un proceso en el cual el imputado hubiese podido contar con todas las garantías necesarias. La decisión proferida por el juzgado estuvo fundada en elementos de juicio que resultaban precarios e insuficientes puesto que no habían sido conocidos ni controvertidos por quienes tuvieron a cargo la defensa del procesado. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-776-98 I.2.1.3. Vía de hecho por vicio procedimental por falta de notificación personal al sindicado y violación de la defensa técnica en el proceso penal Un recluso de la prisión de El Barne interpuso acción de tutela por considerar violado su derecho al debido proceso. El actor fue condenado por el delito de hurto agravado y calificado. Después de ser notificado de la providencia, dentro del término legal, presentó recurso de apelación, donde manifestó que lo sustentaría oralmente. Días después fue notificado de que, bajo la nueva legislación penal, no podía sustentar oralmente el recurso. Y aunque remitió la sustentación por escrito, le informaron que la sentencia ya había quedado ejecutoriada porque la sustentación del recurso se declaró desierta. En primera y segunda instancia la tutela fue negada. La Corte pudo comprobar que la notificación de la sentencia se hizo de manera regular. No obstante la decisión del juez de negar la sustentación oral y exigir una por escrito, no se le notificó al recluso. Lo único que hizo el notificador del juzgado fue dejar el oficio en la oficina de asesoría jurídica del centro penitenciario. De esta forma la Corte señala que “sólo se podrá comisionar a la dirección o asesoría jurídica del establecimiento de reclusión, cuando ésta [la notificación] deba hacerse en lugar diferente de aquél en el que se adelante la instrucción o el juzgamiento”. En consecuencia, la Corte revocó las dos sentencias y tuteló el derecho al debido proceso del sindicado. Ordenó además dejar sin efecto todas las actuaciones del juzgado posteriores a la expedición del oficio que no le fue notificado al recluso nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-1123-03
    • I.2.1.4. Imposibilidad de efectuar notificación personal afecta derecho de defensa del recluso Se demandan los numerales 2 y 3 del inciso 2 del artículo 184 de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal) los cuales establecen que por razones de caso fortuito o fuerza mayor originadas en el centro de reclusión y por razones de salud física o mental del sindicado, se entiende surtida la notificación personal al sindicado privado de la libertad con la notificación personal a su defensor. Para el actor estas normas violan el artículo 29 de la Carta al avalar una notificación ficticia que impide que el procesado detenido interponga los recursos pertinentes contra la providencia que no se le notificó. Ni la enfermedad física o mental, ni el caso fortuito o la fuerza mayor, son eventos necesariamente atribuibles al preso, por lo que aplicarle a éste las consecuencias desfavorables de la falta de notificación, quebranta su derecho a ser oído en juicio, desconociendo el deber del Estado de agotar todas las alternativas para lograr la notificación del incriminado. La Corte considera que la medida es efectiva para lograr un fin en principio legítimo, como es evitar dilaciones en el trámite del proceso penal. Sin embargo al analizar la proporcionalidad de cada uno de los supuestos normativos la Corte encuentra que la restricción es superior a los beneficios que pretende el objetivo legítimo. Respecto del caso fortuito o la fuerza mayor en centros de reclusión, la Corte considera que la restricción es desproporcionada porque: i) La dilación en el trámite que por fuerza mayor se produce no puede ser calificada de “injustificada” y dado que el artículo 29 de la Carta consagra el derecho a un debido proceso “sin dilaciones injustificadas”, no excluye la suspensión de los procesos por causas justificadas como en los casos de fuerza mayor, con lo cual el constituyente restringió el alcance del principio de celeridad en garantía de los demás derechos que conforman el debido proceso; ii) La disposición perjudica exclusivamente al recluso, quien ve limitado su derecho de defensa al no poder enterarse personalmente de las decisiones judiciales, sin que el proceso se suspenda por la fuerza mayor no imputable a culpa suya, con lo cual se afecta el principio de igualdad; iii) La fuerza mayor originada en el centro de reclusión excluye la posible comunicación entre defendido y defensor, que haría legítima la presunción de notificación, pues si para el servidor judicial es imposible hacer la notificación personal, para el defensor será igualmente imposible comunicarse con su defendido;
    • iv) Acaecida la fuerza mayor en el centro de reclusión es deber del Estado procurar el inmediato restablecimiento del orden, que permita la realización de diligencias de notificación personal y, mientras no lo haga, no puede proseguir con el trámite del proceso obviando la notificación al amparo de las circunstancias, pues ello equivale, en cierta forma, a alegar su propia culpa; v) La norma supone que como el defensor intervendrá en el proceso a favor del defendido, es innecesaria la notificación y comparecencia de éste último, con lo cual parece equiparar la defensa técnica con la defensa material del inculpado, desconociendo la oportunidad real de ejercer ésta última. El artículo 29 de la Constitución indica que el derecho de defensa no se limita a la facultad de ser asistido por un abogado, sino que se extiende a la posibilidad del sindicado de intervenir directamente en el proceso; vi) Se produce una restricción del derecho de escoger el defensor, pues al tenor del inciso final del artículo 184, parcialmente acusado, “en caso de excusa válida o renuencia a comparecer del defensor (para recibir esta notificación) se le reemplazará por uno público o de oficio con quien se continuará la actuación”. Por todo lo anterior, si ocurre fuerza mayor o caso fortuito, respecto del procesado se suspenderá el proceso mientras duren los hechos imprevistos e irresistibles, aplicando el artículo 152 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto a las razones de salud física o mental del sindicado como causal que justifica la notificación supletiva, la Corte hace algunas distinciones. Respecto de las condiciones físicas y mentales transitorias presentes al momento de hacerse la notificación, la solución adoptada por el legislador para no entorpecer el desarrollo del proceso es desproporcionada, pues supone un sacrificio del derecho de defensa del individuo privado de la libertad que es superior al beneficio constitucional que la norma pretende lograr. En efecto, si el estado mental o físico del reo le impide temporalmente conocer la providencia que se le notifica, forzoso es concluir que durante la perturbación tampoco está en condiciones de adelantar su defensa y de participar activamente en el proceso, lo cual es inadmisible desde el punto de vista de los derechos consagrados en el artículo 29 de la Constitución, que garantiza la presencia real del inculpado en el proceso. La desproporcionada lesión del derecho de defensa y del principio de publicidad del procedimiento que ocasiona la disposición debe evitarse acudiendo a la suspensión justificada del proceso respecto del procesado privado de libertad, mientras recobra la lucidez o su capacidad física necesaria para enterarse de la providencia que se le notifica, aplicando el artículo 152 del estatuto procesal
    • penal. En lo que respecta a las razones de salud mental permanentes, la persona no puede comprender el acto que se le notifica por lo cual deben aplicarse los artículos 374 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. La solución contraria, adoptada por la norma, que propone adelantar el trámite procesal desconociendo la incapacidad mental del procesado, y su imposibilidad para hacerse presente dentro del trámite, lesiona el derecho de defensa del enfermo mental, desconoce su dignidad y la necesidad de especial protección por parte del Estado. Respecto de las perturbaciones físicas permanentes, el juez analizará si el procesado está afectado también en sus capacidades intelectuales, de manera que se le impida conocer y comprender el acto procesal que se le notifica, para proceder según el Código de Procedimiento Penal, como en el caso de los enfermos mentales permanentes. En conclusión, las dos causales que contempla el artículo 184 del Código de Procedimiento Penal deben ser declaradas inexequibles. La notificación supletiva de la personal, significa un sacrificio desproporcionado del derecho de defensa del privado de la libertad, del principio de publicidad del procedimiento y de la dignidad y especial merecimiento de un trato protector que se reconoce a la persona en condiciones de debilidad manifiesta, de acuerdo con el artículo 13 de la Carta, prescripción que es desatendida por la norma. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-648-01 I.2.1.5. Vía de hecho por consecuencia por falta de información de autoridades administrativas sobre la población reclusa para efectuar las notificaciones El actor interpuso acción de tutela por considerar violado su derecho al debido proceso, debido a que nunca le fue notificado que cursaba un proceso penal en su contra, aun cuando se encontraba recluído en un establecimiento carcelario. Teniendo en cuenta que el juzgador en varias ocasiones trató de verificar la afirmación de que el sindicado se encontraba recluido sin que las autoridades competentes dieran tal información, la Corte consideró que en este caso se encontraba ante una vía de hecho por consecuencia, en la cual se presenta una violación del debido proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales. La información sobre la privación de la libertad de la persona reviste carácter de información vital. La restricción de la libertad que apareja su privación, no puede tener como efecto la anulación de los restantes derechos constitucionales. La circulación debida del dato “la persona X está
    • privada de la libertad” se torna indispensable para que ella pueda ejercer el derecho de defensa, pues sin el conocimiento de dicha información, la autoridad judicial erradamente asumirá que se procesa a un sindicado que se oculta. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia SU-014-01, reiterada en las Sentencias T-759-01, T-705-02 y T-1189-04 I.2.1.6. Las autoridades carcelarias deben remitir oportunamente los memoriales presentados por los reclusos para su trámite Manifiesta un interno que el día en que se vencían los términos para sustentar el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, radicó memorial en las instalaciones de la oficina jurídica de la cárcel. Sin embargo, fue notificado de que se declaraba desierto el recurso, por haberlo sustentado fuera de término. La Corte Constitucional al conceder la protección de los derechos fundamentales a la defensa, debido proceso y acceso a la administración de justicia señaló que fueron las autoridades carcelarias las que, con su actitud omisiva, vulneraron los derechos fundamentales al no haber remitido oportunamente el escrito dirigido al Juzgado para que este hubiese podido dar trámite oportuno al mismo nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-349-98 I.2.1.7. No se pueden maximizar exigencias sobre notificaciones cuando el procesado trata de sustraerse al cumplimiento de una medida de aseguramiento El actor interpuso acción de tutela por considerar vulnerado su derecho de defensa, dado que durante el proceso penal que cursó en su contra, no se le notificaron personalmente varias decisiones y al permitir que fuera asistido por un defensor nominal que no se preocupó por defender sus intereses procesales. La Corte, al negar el amparo solicitado, sostuvo que “no pueden maximizarse las exigencias referidas a la citación del procesado para efectos de la notificación de las decisiones judiciales, y hacerlo hasta extremos no previstos en la ley, cuando él ha optado por darle la espalda a la actuación con el evidente propósito de sustraerse a la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta en su contra y por dejar su suerte en manos del defensor por él designado en el acto de vinculación procesal”. Así mismo puntualizó que “en la demanda de tutela se opta por descalificar completamente el desenvolvimiento profesional del defensor (...) con el propósito de acreditar una total ausencia de defensa material a favor del actor y de allanar así el camino a la protección constitucional que se pretende. No obstante, la radicalidad con que se procede en el escrito de tutela no
    • guarda correspondencia con lo acreditado en el proceso. La Corte estima que las actuaciones de un defensor en un proceso penal no deben valorarse aisladamente sino que deben explicarse en el contexto de ese proceso pues sólo entonces se advierte su idoneidad o no para beneficiar al destinatario de la acción penal” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-904-01 I.2.1.8. Inexistencia de vía de hecho por falta de notificación de providencias cuando el sindicado conoce la investigación en su contra y omite informar el lugar donde se le pueden comunicar los actos procesales El actor interpuso acción de tutela por considerar que su derecho de defensa había sido vulnerado en un proceso donde fue condenado, porque nunca se le notificó de las decisiones tomadas en su contra mientras estuvo recluido en un establecimiento carcelario. La Corte no tuteló el derecho del actor al considerar que si bien dicha Corporación venía sosteniendo que se configuraba vía de hecho por defecto procesal, cuando se adelantaba un proceso sin que la persona contra la cual se adelantaba tuviera conocimiento del mismo, la acción de tutela sólo procederá, en aquellos casos en que la autoridad judicial que adoptó la decisión asume una conducta evidentemente omisiva, en virtud de la cual no se permite garantizar el debido proceso, ni brindar a la parte afectada, la oportunidad para que asuma una defensa oportuna y adecuada de sus intereses, pues dicho actuar irregular pone a la persona en la absoluta imposibilidad de conocer la existencia del proceso y en una situación de manifiesta indefensión e inferioridad. Uno de los criterios más importantes para determinar en qué casos hay violación del derecho a la defensa, es el llamado principio de protección, en virtud del cual, quien con su comportamiento desleal da lugar a un acto irregular, no puede invocar una violación al debido proceso. Por las razones anteriores, si la persona conoce la existencia de la investigación y no cumple con la carga de informar sobre un lugar cierto donde le puedan comunicar los actos procesales, no existe violación del derecho fundamental de defensa. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-003-01 I.2.2. Efectividad del derecho de defensa I.2.2.1. Criterios para establecer la existencia de vía de hecho por falta de defensa técnica El actor interpuso acción de tutela por considerar que en el proceso penal que
    • cursó en su contra y en el cual fue condenado se presentó una vía de hecho por falta de defensa técnica, ya que durante la etapa de instrucción no contó con la asistencia de un abogado, nunca le fueron notificadas las decisiones adoptadas en su contra y no se le nombró un abogado de oficio sino hasta la resolución de acusación. La Corte, al conceder el amparo solicitado sostuvo que para considerar si una sentencia judicial constituye una vía de hecho, no basta con demostrar que existieron fallas en la defensa técnica del procesado. Para que pueda solicitarse el amparo constitucional será necesario, demostrar los siguientes cuatro elementos: (1) que existieron fallas en la defensa que, desde ninguna perspectiva posible, pueden ser amparadas bajo el amplio margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa adecuada; (2) que las deficiencias no le son imputables al procesado; (3) que la falta de defensa material o técnica tuvo o puede tener un efecto definitivo y evidente sobre la decisión judicial de manera que pueda afirmarse que esta incurre en uno de los cuatro defectos anotados – sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental – ; (4) que, como consecuencia de lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-654-98 I.2.2.2. Criterios complementarios para establecer la existencia de vía de hecho por falta de defensa técnica En sentencia posterior en la que se debaten hechos similares, la Corte complementó la jurisprudencia anterior al considerar que mediante la acción de tutela no puede protegerse el derecho a la defensa técnica, cuando con lo que ella se busca es eludir la acción penal de la justicia y las deficiencias en la defensa han sido provocadas por el mismo reclamante. La Corte definió el ámbito de protección del derecho a la defensa técnica a partir de los siguientes requisitos: a) La vulneración del núcleo esencial del derecho a la defensa técnica no puede corresponder a la utilización de una estrategia de defensa. Ello implica que, para que se pueda alegar una vulneración del derecho a la defensa técnica, debe ser evidente que el defensor cumplió un papel meramente formal, carente de cualquier asomo de estrategia; b) La ausencia de defensa técnica debe haber tenido repercusiones respecto de otros derechos fundamentales del sindicado y debe evaluarse dentro del contexto general del derecho al debido proceso. En tal medida, si, a pesar de las deficiencias en la defensa, el sindicado es absuelto, no
    • puede afirmarse que se haya perpetrado una vulneración del derecho fundamental de defensa técnica; c) Las deficiencias de la defensa técnica no pueden ser el resultado de la intención del sindicado de evadir las consecuencias del proceso. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-784-00, reiterada en la Sentencia T-610-01 I.2.2.3. La garantía del derecho de defensa, se manifiesta en la posibilidad de que el sindicado conozca las piezas procesales hasta antes de la diligencia de indagatoria o declaratoria de persona ausente en el proceso penal El demandante estima que su derecho fundamental al debido proceso fue vulnerado por la Fiscalía General de la Nación, al negar la expedición de copias de todas las piezas procesales que hacen parte del expediente, bajo el argumento de que para ese momento no ostentaba la condición de sujeto procesal. Para la Corte, es posible afirmar que tanto la etapa de investigación previa como la de instrucción dentro del proceso penal, en sí mismas, constituyen un medio de defensa, pues en virtud de ellas se empiezan a determinar los hechos, se recolecta el material probatorio y se definen los cargos que le van a ser imputados a la persona, razón por la cual resulta evidente la importancia de que el indiciado tenga acceso a las pruebas que sustentan la mencionada imputación. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-436-09 I.2.2.4. Prevalencia del derecho a la defensa técnica sobre la defensa material Se demandan parcialmente los artículos 137 y 144 del Decreto Ley 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior). El artículo 137 del Código de Procedimiento Penal otorga al sindicado, "para los fines de su defensa", los mismos derechos de su defensor. El artículo, en el aparte demandado dispone que "cuando existan peticiones contradictorias entre el sindicado y su defensor, prevalecerán estas últimas”. La Corte, al declarar la exequibilidad de la norma señaló que ante las contradicciones que pudieren presentarse, el concepto de defensa técnica, quedaría desvirtuado si la actuación del profesional del derecho quedara supeditada al criterio de cualquiera otra persona, incluído el sindicado que, por carecer de un adecuado conocimiento en materias jurídicas no esté en condiciones de procurar el correcto ejercicio de las prerrogativas consagradas en el artículo 29 de la Carta y en diversas normas del estatuto procesal penal.
    • La defensa técnica adquiere toda su dimensión cuando en aras de la vigencia de esas prerrogativas y garantías se le otorga el predominio a los criterios del abogado, sustentados en el conocimiento de las reglas y labores anejas al ejercicio de su profesión. La parte cuestionada del artículo 137 lejos de contrariar el mandato constitucional lo que hace es desarrollarlo a cabalidad. Para la Corte, aun en el caso de que el sindicado sea abogado es admisible la prevalencia de los criterios y peticiones del defensor, quedando a salvo, la facultad que le asiste al poderdante de revocar el mandato judicial en el caso de inconformidad con la representación. Cada procesado no puede tener sino un defensor, lo cual no obsta para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 del Código de Procedimiento Penal el defensor y el apoderado de la parte civil puedan designar suplentes que, una vez posesionados ante el juez, sin necesidad de observar mayores formalismos, quedan facultados para intervenir, alternativa mas no conjuntamente, en la actuación procesal. La Corte considera que exigir al suplente acreditar legitimación de su personería y la calidad de abogado acusan un alto grado de formalismo que no resulta indispensable, por cuanto la designación de los suplentes se hace bajo la responsabilidad del defensor principal quien es aval de la idoneidad y preparación profesional del suplente y aunque debe tenerse especial cuidado en la aplicación de esta figura, ello no significa que sea inconstitucional, porque, de otra parte, contribuye a sortear las dificultades en que pueda encontrarse el defensor principal, propendiendo así el cumplimiento y la observancia cabal del derecho de defensa. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-657-96 I.2.2.5. Vía de hecho por falta de efectiva notificación y de defensa técnica en proceso penal para vincular a persona como reo ausente El actor interpuso acción de tutela por considerar que sus derechos al debido proceso y al derecho de defensa habían sido violados por cuanto en el proceso penal que cursaba en su contra y en el cual fue condenado, fue vinculado como persona ausente porque las citaciones no se hicieron en su actual domicilio sino en el anterior. Así mismo sostuvo que el abogado de oficio nunca desplegó actividad procesal alguna tendiente a su defensa. La Corte tuteló los derechos del actor al considerar que, para que el derecho de defensa pueda realizarse, es necesario que el imputado conozca que se adelanta un proceso en su contra, sepa los motivos de su vinculación al mismo y establezca cuáles son las pruebas que al respecto han sido aportadas, así como los mecanismos idóneos previstos en la ley
    • para su protección, pues adelantar el proceso sin conocimiento del procesado desconoce su dignidad y hace inútil la presunción de inocencia, a la vez que lesiona de modo flagrante la garantía constitucional en cuanto imposibilita la defensa. Ello implica que la notificación, como medio de conocimiento oficial y cierto sobre la existencia del proceso, inclusive en sus etapas preliminares, es requisito para la validez de la actuación correspondiente. Si falta, todo lo que se haya llevado a cabo es nulo, incluida la sentencia condenatoria. Frente a la actuación del defensor de oficio del actor, la Corte sostuvo que el Estado, en cumplimiento del principio general de Derecho que consagra la favorabilidad en materia penal, debe procurar por todos los medios un real y efectivo ejercicio del derecho de defensa del sindicado, el cual no siempre queda garantizado con la designación de un defensor de oficio, ya que puede acontecer, como en este caso, que el abogado, quebrantando sus principios éticos y faltando a su deber, no adelante en efecto una defensa técnica y adecuada. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia SU-960-99 I.2.2.6. Violación del debido proceso por vinculación del sindicado como persona ausente sin haber empleado el esfuerzo necesario para ubicarlo El actor interpone acción de tutela contra la sentencia condenatoria proferida por un Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bogotá, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, puesto que el juzgado incurrió en una vía de hecho al declararlo persona ausente sin que hubiere lugar a ello. Fue suplantado como arrendador de un inmueble en el que se encontraron elementos para el procesamiento de narcóticos y condenado por ese delito. No obstante, nunca fue notificado del proceso en la residencia donde vivía desde hacía mucho tiempo. En esta oportunidad la Corte reiteró la jurisprudencia en la que ha fijado las características y condiciones de la declaración de persona ausente y su relación con el derecho de defensa. La validez de la declaración de persona ausente depende de la plena identificación de la persona, así como de la imposibilidad para hacerla comparecer a rendir indagatoria. En el presente caso las autoridades competentes actuaron con negligencia y no cumplieron con uno de los requisitos exigidos para que proceda dicha declaración, por lo tanto la sentencia impugnada constituye una vía de hecho por vulneración del derecho de defensa, pues la declaración de persona ausente conlleva que no se realice la indagatoria y, por ende, que el imputado no emplee el primer medio de defensa a su disposición. En este caso, el sindicado no trató de evadirse de la administración de justicia y las
    • autoridades no emplearon el esfuerzo necesario para ubicarlo. Por las razones expuestas la Corte decide tutelar el derecho al debido proceso y declarar la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso penal a partir de la declaración de persona ausente. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-1197-03 I.2.2.7. La declaratoria de persona ausente, no exime al funcionario judicial de intentar la vinculación del procesado La demandante estima vulnerado el debido proceso, en razón a la falta de notificación del proceso penal que adelantaban en su contra por el delito de falsedad marcaria. Para la Corte, las autoridades judiciales demandadas sí vulneraron el derecho a la defensa de la actora y, por lo tanto, su derecho al debido proceso, pues no la notificaron del proceso penal que seguían en su contra, a pesar de que lo podrían haber hecho, dadas las circunstancias específicas del caso. Ciertamente, los documentos que reposaban en el expediente permitían deducir con claridad que la tutelante residía en Bogotá, e incluso aparecían dos direcciones en esta ciudad en las que podrían haber intentado notificarla. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-835-07 I.2.2.8. La omisión de nombrar defensor de oficio, una vez se ha acudido a la declaratoria de persona ausente, vulnera el debido proceso. A juicio de la Corte, la necesidad de cumplir con este requisito, ha sido constantemente resaltada por la jurisprudencia constitucional, señalándola, incluso, como sustento para la exequibilidad de la figura. En este caso, sin embargo, transcurrieron cerca de tres años entre la declaratoria de persona ausente (18 de abril de 2001) y el nombramiento del defensor (14 de mayo de 2004). No escapa a esta Sala el hecho de que en la providencia en que se declaró persona ausente al actor, se señaló la dificultad de encontrar abogados litigantes en la región, lo que podría llevar a pensar en la ocurrencia de la llamada vía de hecho por consecuencia. Sin embargo, de acuerdo con el expediente, cuando otro funcionario de la misma seccional, tuvo el conocimiento del caso (tres años después, se reitera), procedió a nombrarle defensor de forma casi inmediata. nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia T-737-07 I.2.2.9. Validez excepcional de actuaciones de defensor público no reconocido oficialmente en el proceso El accionante interpuso acción de tutela por considerar violado su derecho de defensa. A pesar de que éste le había dado poder judicial a un abogado particular, fue el defensor público adscrito a la cárcel donde estaba recluido quien presentó una solicitud para que, entre otros, le fuera redosificada la pena y se le diera la suspensión condicional de la ejecución de la misma. El juzgado de ejecución de penas negó la solicitud, y cuando fue notificado personalmente de la decisión, el actor apeló la decisión. El recurso fue sustentado por el defensor público y posteriormente declarado inadmisible por el Tribunal Superior ya que éste poseía legitimidad para actuar. La Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela por considerar que procedían otros recursos judiciales para defender el derecho supuestamente vulnerado. La Corte Constitucional consideró que al tratarse de un tema de tanta trascendencia, como la libertad de la persona, causaba sorpresa que el juzgado de penas no se hubiera percatado de la ausencia de poder para actuar por parte del defensor público. No obstante, para la Corte, la notificación de la providencia al condenado y su decisión expresa de apelarla inmediatamente ratificaron las actuaciones que venía adelantando el defensor público. Así, “la advertencia de esta aparente irregularidad procesal le exigía al tribunal accionado escoger la interpretación más favorable para el condenado”. Por lo tanto, la Corte revoca el fallo de tutela y ordena la Tribunal Superior darle trámite al recurso de apelación interpuesto por el defensor público de la cárcel. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-471-04 I.2.2.10. Violación del derecho de defensa por indebida notificación y del derecho de defensa técnica por negligencia de defensores de oficio Una persona interpuso acción de tutela por violación a su derecho al debido proceso aduciendo que no fue notificada de las diferentes diligencias y ya que, si bien le fueron designados defensores de oficio, estos no llevaron a cabo actuación procesal alguna tendiente a su defensa. La Corte tuteló el derecho del actor sosteniendo que las omisiones inexcusables de los funcionarios que intervinieron en la investigación y el juzgamiento del actor determinaron la
    • violación de una serie de derechos que configuran el núcleo esencial del debido proceso, a saber: a) no tuvo oportunidad de ser oído en indagatoria que constituye un acto vital dentro de la investigación penal, porque es una oportunidad en la cual el sindicado ejerce su derecho de defensa, pues en ella expone las justificaciones y explicaciones de su conducta y de las sindicaciones que se le hagan; b) se le privó del derecho a tener una defensa técnica, pues si bien estuvo representado por los defensores de oficio que se le designaron, éstos no cumplieron con las responsabilidades y deberes que les correspondía como profesionales del derecho y en razón del cargo asignado, pues asumieron una conducta completamente pasiva y, por lo tanto, se desatendieron del problema y de la suerte de su defendido; c) el peticionario de la tutela soportó, dentro de unas circunstancias que lo mantuvieron completamente ajeno a la actuación procesal y, por lo tanto inerme, una investigación y un proceso penal en los cuales estuvo ausente por culpa imputable a los funcionarios del Estado. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-039-96 I.2.2.11. La investigación integral es un deber de los funcionarios judiciales quienes deben practicar las pruebas que resultan fundamentales El actor interpuso acción de tutela por considerar que su derecho al debido proceso y su derecho de defensa habían sido vulnerados, porque durante el proceso penal que cursó en su contra, el juzgador se abstuvo de practicar las pruebas que el actor consideraba necesarias para demostrar su inocencia. Si bien la Corte no tuteló el derecho del actor por considerar que existían otros recursos mediante los cuales podría proteger su derecho, sostuvo que el imperativo de la investigación integral sólo obliga al funcionario judicial a practicar aquellas pruebas que objetivamente resulten pertinentes y que puedan ser obtenidas a través de un esfuerzo razonable. Sin embargo, cualquier decisión judicial en este sentido debe ser motivada suficientemente, pues en este ámbito no existe espacio para la arbitrariedad judicial. El funcionario judicial vulnera el derecho de defensa y desconoce el principio de investigación integral, en aquellos casos en los cuales deja de solicitar, o practicar sin una justificación objetiva y razonable, aquellas pruebas que resultan fundamentales para demostrar las pretensiones de la defensa nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-589-99, en el mismo sentido ver las Sentencias T-055-94 y T-436-92 I.2.2.12. Si la inactividad del defensor de oficio no tiene efecto definitivo y
    • notorio sobre la decisión judicial o una afectación de derechos fundamentales no se configura vía de hecho El actor interpuso acción de tutela contra un juzgado penal especializado la sala penal de un tribunal superior pues consideró que incurrieron en sendas vías de hecho al haberle impuesto una pena de 47 años de prisión por encontrarlo responsable del delito de homicidio agravado e infracción al artículo 2º del decreto 1194 de 1989, como quiera que a lo largo de la actuación procesal no contó con la debida asistencia de un abogado que defendiera sus intereses. A pesar de habérsele nombrado abogado de oficio, éste no realizó ninguna gestión profesional para la defensa del acusado. A lo largo de la investigación, así como de la etapa de juicio la defensa no se pronunció en ninguna de las oportunidades procesales adecuadas para hacerlo y, a pesar de haberse presentado reemplazo del abogado defensor antes de la sentencia, el Juzgado demandado no consideró que existiera nulidad por falta de defensa técnica, por lo que se condenó con base en lo expresado en el proceso, y la sentencia condenatoria no fue apelada. La tutela fue negada en primera instancia. De acuerdo con la Corte, en materia de carencias en la defensa técnica, el sindicado no puede alegar su propia culpa para beneficiarse, por cuanto, una vez enterado de la existencia de un proceso que se adelanta en su contra, bien puede nombrar un abogado de su confianza que vele por sus intereses. Así mismo, no basta con demostrar que el defensor de oficio no cumplió a cabalidad con sus deberes profesionales, sino que es indispensable establecer si tal inactividad condujo a su vez a que el funcionario judicial adoptase una decisión que puede ser considerada una vía de hecho. Por lo anterior, la Corte decidió negar la tutela. nota 1 En otro caso, el accionante solicitó la tutela de sus derechos al debido proceso, igualdad procesal y defensa, pues, considera que existió carencia absoluta de defensa técnica en tanto que ni el defensor de oficio ni el Ministerio Público ejercieron actividad alguna que garantizara su derecho de defensa y ni siquiera apelaron la sentencia. En primera y segunda instancia la tutela fue negada. La Corte reconoce que no toda deficiencia en la defensa técnica configura una vía de hecho judicial. Para que la vía de hecho por falta de defensa técnica se configure, se requiere demostrar que: (i) la falla no haya estado amparada por una estrategia de defensa, (ii) que sea determinante del sentido de la decisión judicial, (iii) que no sea imputable al procesado o de su propósito de evadir la acción de la justicia y (iv) que aparezca la vulneración de los derechos fundamentales. En el caso concreto, existen indicios para imputar al procesado su propósito de evadir
    • la acción de justicia por lo que no se configura la vía de hecho. Por lo anterior la Corte decidió confirmar las Sentencias de Primera y Segunda instancia proferidas por la Sala Penal del Tribunal Superior y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela interpuesta. nota 2 1. Corte Constitucional, Sentencia T-028-05. Ver también, Sentencia T-106-05 2. Corte Constitucional, Sentencia T-066-05 I.2.2.13. Aunque el silencio puede ser interpretado como una estrategia legítima de la defensa técnica, no puede confundirse con una actitud pasiva a lo largo de todo el proceso penal Se demanda la inconstitucionalidad del artículo 371 parcial de la Ley 906 de 2004, bajo la consideración de que vulnera los artículos 1, 2, 5, 13, 29 y 250-4 de la Constitución. Para la Corte, se trata de una posibilidad plausible siempre y cuando las circunstancias así lo aconsejen, siempre dentro de los prudentes límites de la razón y con miras a la defensa de los intereses del procesado. La validez del silencio como estrategia de defensa se explica si se tiene en cuenta que, en virtud del principio de presunción de inocencia, es el Estado quien debe probar no sólo la ocurrencia de un hecho punible sino la responsabilidad del acusado. Así, en ciertas ocasiones es plausible apelar al silencio, cuando éste responde a una táctica previamente ponderada y cuidadosamente examinada por el defensor, más no cuando se refleja como fruto del descuido o la desidia del abogado en la gestión de los intereses de su cliente, lo que desde luego deberá ser examinado en cada caso, pues en este último evento el silencio conlleva la afectación de una garantía de orden ius-fundamental. Empero, destacó que la inactividad y el mutismo del abogado pueden resultar problemáticos o perjudiciales a la hora de dar efectividad real o material al derecho de defensa técnica como garantía irrenunciable del sindicado. En el nuevo sistema penal de tendencia acusatoria, el defensor no es un convidado de piedra sino que se exige de éste un comportamiento acucioso tanto en la investigación como en desarrollo del juicio. Con todo, aún cuando el silencio es una estrategia plausible en este específico momento procesal, ello no significa que el abogado no tenga la obligación de ejercer una defensa activa y dinámica durante las demás instancias del proceso, pues tiene otros deberes en relación con la defensa de su cliente, de modo que una conducta absolutamente pasiva podría dar lugar no sólo a la nulidad del
    • proceso por falta de defensa técnica, sino a la imposición de las sanciones a que hubiere lugar en caso de incumplimiento de los deberes como abogado. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-069-09 I.2.2.14. Via de hecho por consecuencia por no haberse allegado pruebas fundamentales al proceso y por la falta de investigación penal integral Un hombre interpone acción de tutela por considerar que los derechos a la libertad personal, al trabajo, a la vida familiar y al debido proceso le habían sido vulnerados por el juez de ejecución de penas, que en varias ocasiones negó la solicitud de libertad del actor. Éste último consideraba que tenía derecho a ella pues había sido condenado por inasistencia alimentaria cuando posteriormente se había establecido que él no era el padre de las menores. La Corte, al tutelar el derecho del actor, consideró que si bien éste reconoció la paternidad de las menores, dicha paternidad no era posible, como se comprobó ante el juez de familia. La demandante reconoció ante el juzgado accionado que el actor no era padre de una de las menores y que, además, por razón de sus permanentes relaciones sexuales y afectivas por fuera de la familia, existía una sospecha de que él no era el padre de la otra menor. Estas circunstancias, según lo probado, nunca fueron puestas en conocimiento de su compañero. Así, se observa que la señora con su silencio, indujo a error a la justicia. En estas condiciones, no puede sostenerse que el imputado fue sometido a un juicio justo, pues el desconocimiento de información relevante le impidió lograr una situación de igualdad procesal y diseñar una defensa acorde con la realidad y, por otra parte, dicho desconocimiento, desde el punto de vista de las autoridades judiciales, les impidió realizar una investigación integral. De la misma manera, la justicia penal no llevó a cabo una investigación exhaustiva que hubiera impedido esta situación. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-362-02 I.2.2.15. Via de hecho por consecuencia por negativa del apoderado a sustentar recurso de apelación presentado por su defendido El actor interpone acción de tutela en contra de su defensor. En su concepto, el abogado, al negarse a sustentar el recurso de apelación que el actor interpuso contra la sentencia que lo condenó por los delitos de secuestro extorsivo agravado y rebelión, le violó el derecho fundamental al debido proceso, y, en
    • particular, el derecho a apelar la sentencia condenatoria. La Corte consideró que, si bien el defensor tenía derecho a considerar que la decisión apelada se ajustaba a derecho y que, por ende, no podía apelarla sin contrariar su conciencia jurídica, no podía priorizar su postura sobre la del defendido pues al negarse a sustentar el recurso de apelación estaría actuando en contra de los intereses de éste. Si tal situación se presenta, dijo la Corte, el apoderado debe informarle al defendido que no considera jurídicamente viable sustentar el recurso, renunciar a la defensa y comunicarle al juez la decisión para que éste pueda designar otro defensor que vele por lo intereses del procesado. ii) Respecto de la actuación del juez que profirió sentencia condenatoria, la Corte consideró que éste se limitó a dar cumplimiento a un mandato legal al no dar curso al recurso de apelación, pues no tenía elementos para considerar que existía un ejercicio abusivo de la libertad de conciencia del apoderado. La Corte reiteró su jurisprudencia en el sentido de que cuando actuaciones de terceras personas inducen en error al juez –como sucedió en este caso-, se configura una vía de hecho por consecuencia. Por tal razón, la Corte decide conceder la tutela del derecho de defensa del actor y le ordena a la Defensoría del Pueblo que designe un defensor público para que asista al actor en la sustentación del recurso de apelación nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-1192-03 I.2.2.16. No se viola el derecho de defensa técnica cuando el sindicado decide asumir su propia defensa por ser abogado Se demandó un aparte del artículo 127 del Código de Procedimiento Penal según el cual, para efectos de su defensa, “si el sindicado fuere abogado titulado y estuviere autorizado legalmente para ejercer la profesión, podrá de manera expresa aceptar y ejercer su propia defensa sin necesidad de apoderado.” El actor considera que este fragmento viola el artículo 29 de la Constitución por que el sindicado no puede asumir al mismo tiempo su defensa técnica y material. Argumenta que en caso de que el sindicado asuma su defensa y se encuentre privado de la libertad, o en una situación de desequilibrio emocional, verá su derecho de defensa vulnerado. La Corte considera que la norma acusada no le impone la obligación al sindicado que es abogado de asumir su propia defensa. Tal potestad es facultativa y la puede delegar o asumir en cualquier momento. De la misma manera, si está privado de la libertad, el sindicado puede nombrar un abogado o solicitarle al
    • juez que le nombre un defensor de oficio. Por esta razón, la Corte Constitucional declara exequible el fragmento del artículo demandado nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-152-04 I.2.2.17. La no prosperidad de las gestiones de los defensores no constituye por si misma violación de la defensa técnica El actor interpuso acción de tutela contra un juzgado penal del circuito que lo condenó por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Consideró el actor que se incurrió en una vía de hecho por defecto procedimental, al tramitar las etapas de instrucción y juzgamiento a pesar de la ausencia absoluta de una defensa técnica. Expresó que ni el defensor de oficio, ni la apoderada de confianza, ni el apoderado que la sustituyó ejercieron una defensa mínima en su favor, pues sus actuaciones fueron mediocres y puramente formales y se limitaron a asistir a las diligencias sin interponer recursos. El actor pretende que se proteja su derecho fundamental a una defensa técnica ordenando la nulidad del proceso penal desde el auto mediante el cual fue declarado persona ausente. En primera y segunda instancia la tutela fue negada. Para la Corte no es dable decir que hubo ausencia “absoluta” de defensa técnica, pues los defensores sí adelantaron gestiones tendientes a proteger los intereses del procesado y a pesar de que estas no hayan prosperado en el proceso penal, la tutela no puede ser tenida por una tercera instancia para reabrir un proceso judicialmente definido. Para que la vía de hecho por falta de defensa técnica se configure, se requiere demostrar que: (i) la falla no haya estado amparada por una estrategia de defensa, (ii) que sea determinante del sentido de la decisión judicial, (iii) que no sea imputable al procesado o de su propósito de evadir la acción de la justicia y (iv) que aparezca la vulneración de los derechos fundamentales. Estos criterios deben ser observados según el caso concreto. En éste, existen serios indicios para imputar al procesado su propósito de evadir la acción de justicia por lo que no se configura la vía de hecho. En este sentido, el actor no está en capacidad de alegar la violación a su derecho a la defensa técnica pues tal vulneración se debe en gran medida a su falta de diligencia e interés y por su evasión a la acción de la justicia. Por último, tampoco prospera la tutela, pues el actor no precisa en qué consiste la violación del derecho a la defensa y como ésta incide en la decisión final transformándola en una vía de hecho. En consecuencia la Corte confirmó el fallo proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte suprema de justicia que negaba la acción de tutela impetrada. nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia T-068-05 I.2.2.18. La designación judicial de un defensor de oficio en la audiencia de imputación de cargos no vulnera el derecho de defensa En fallo de constitucionalidad se declaró la exequibilidad de la segunda parte del artículo 291 de la Ley 906 de 2004, que faculta al juez a nombrar defensor de la lista nacional de abogados suministrada por el Sistema Nacional de Defensoría Pública cuando a una audiencia de imputación de cargos no asistan el indiciado o su defensor sin justificación alguna. La designación de un abogado defensor del Sistema Nacional de Defensoría Pública en la audiencia de imputación solo opera cuando i) el indiciado conoce que va a ser imputado y decide no comparecer a la audiencia de imputación; ii) el abogado defensor designado por el indiciado no comparece a la audiencia y su ausencia no es justificada; y iii) el indiciado no designa un abogado defensor. Ante las anteriores condiciones el juez de garantías designa un defensor de oficio. Dicha decisión comprende una medida que responde a la rebeldía del indiciado y a criterios de celeridad, pero garantiza la defensa del procesado, pues la audiencia no se puede realizar sin la presencia de éste o su defensor. Por lo tanto –dice la Corte, la adjudicación de un defensor de oficio en la audiencia de imputación pretende garantizar la defensa del imputado desarrollando el artículo 29 de la Constitución. Lo anterior implica que el núcleo esencial del derecho a la defensa no se ve vulnerado por la designación judicial de defensor sino, todo lo contrario, se ve desarrollado ya que i) existe un conocimiento de la imputación que se va a hacer; y ii) se está garantizando la presencia de la defensa en la actuación. Advierte, sin embargo, que el derecho de defensa ha de ser eficaz, no solo formal. Por lo que para poder asegurar la efectividad del derecho a la defensa del investigado en el caso de la contumacia, dadas las implicaciones de las actuaciones que tienen lugar en la audiencia de imputación, la Corte considera que el abogado defensor designado debe contar la con la posibilidad de solicitar un receso en la audiencia para su debida preparación. Dicha solicitud debe estar justificada para evitar dilaciones del proceso y el juez debe valorar la solicitud aplicando criterios de razonabilidad. Al juez de garantías compete evaluar la solicitud de receso y fijar su duración, si decide concederlo. En todo caso, el imputado conserva la posibilidad de designar un abogado de
    • confianza en cualquier momento posterior a la audiencia de imputación, en la cual el abogado de confianza no se hizo presente, aún después de que se le haya asignado un defensor de oficio. El abogado de confianza desplazará en adelante, al asignado de oficio. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-1154-05 I.2.2.19. El servicio de defensoría pública debe prestarse a las personas que acrediten la imposibilidad económica de sufragar su propia defensa La madre de una persona condenada en segunda instancia por el delito de homicidio solicitó a la Defensoría del Pueblo la designación de un defensor público para la interposición del recurso de casación. La Defensoría del Pueblo negó la solicitud aduciendo que en el proceso el condenado había contado con la representación de dos abogados, el último de los cuales continuaba actuando dentro del proceso. El condenado interpuso acción de tutela al considerar que con la negativa de la Defensoría se estaban vulnerando sus derechos a la igualdad y el debido proceso. La Corte Constitucional, al no conceder la tutela, estimó que en el presente caso no existía violación de los derechos aducidos pues la Defensoría del Pueblo obró de una manera razonable al verificar el estado del proceso y la manera como se estaba surtiendo la defensa antes de pronunciarse sobre la petición que le había sido formulada. Tal diligenciamiento le permitió verificar la presencia de un defensor particular en el proceso, que venía cumpliendo su función. Este obrar era razonable pues la prestación del servicio de defensoría pública no procede de manera automática ante la solicitud realizada por la madre de un procesado, pues si bien ese servicio debe prestarse, debe hacerse sin desconocer su índole de institución orientada a prestar asistencia a quienes no se hallen en capacidad de proveer por sí mismos a la defensa de sus derechos. En el caso concreto, de acuerdo con la Corte, el ejercicio de la defensa técnica por parte de estos defensores particulares había rendido sus frutos en el proceso. Este punto de partida no fue caprichoso ni arbitrario sino fruto de una inferencia razonable. Además, la defensa profesional a que se accedió por ese medio fue eficaz al punto que logró una rebaja sustancial en la pena impuesta al condenado. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-559-03
    • I.2.2.20. La defensa técnica ejercida por estudiantes de consultorio jurídico es legítima en casos excepcionales La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 131 del Código de Procedimiento Penal, conforme a la cual los estudiantes de Derecho adscritos a los consultorios jurídicos pueden ejercer la función de defensores en los procesos de competencia de los jueces penales o promiscuos municipales, en el entendido que la facultad allí consagrada la pueden ejercer los estudiantes de Derecho adscritos a los consultorios jurídicos siempre y cuando en el lugar correspondiente no existan abogados titulados o temporalmente habilitados según la ley, o ante la imposibilidad física y material de contar con su presencia o la de un defensor público y que acrediten idoneidad mediante certificación expedida por la universidad correspondiente. Para la Corte la disposición viola el principio de igualdad y el derecho de toda persona a contar con un abogado en actuaciones judiciales si se interpretada en el sentido de que la facultad allí consignada pueden ejercerla los estudiantes sin limitación alguna y sin las debidas precauciones sobre preparación u orientación académicas, aun cuando exista la posibilidad de designar como defensor a un abogado titulado en el lugar correspondiente. El derecho de contar con un abogado exige que en asuntos penales es requisito indispensable que quien asuma la defensa o representación de un sindicado debe ser una persona que ha obtenido el título de abogado, suponiéndose que tiene los suficientes conocimientos jurídicos para adelantar una defensa técnica, especializada y eficaz, con el fin de asegurar al procesado su derecho de defensa. Sin embargo, la Corte aclara que este principio no es absoluto, pues en circunstancias de necesidad impostergable en las cuales se carezca en absoluto de los servicios de un abogado titulado y también a falta de un defensor público, tal exigencia causaría un grave perjuicio a los procesados. En estos casos es razonable recurrir a los alumnos de los últimos años de derecho pues las posibilidades de defensa técnica que ofrecen son mucho mejores que las de profesionales en otras actividades o las de cualquier otro ciudadano. Esta opción no obstaculiza en sí misma la defensa técnica de los procesados, especialmente si se consideran los escasos recursos económicos de las personas que acuden a esas dependencias de apoyo jurídico de las facultades de derecho y las situaciones prácticas que con frecuencia surgen en diversos lugares del territorio en los cuales se dificulta en extremo la presencia inmediata de abogados. Por el contrario, tiene precisamente el sentido de asegurar que la garantía constitucional de la defensa no sea frustrada por la fuerza de las circunstancias, apelando al concurso de quienes están próximos a cumplir los requisitos necesarios para optar el título y tienen conocidos los fundamentos básicos de índole sustancial y
    • procesal, indispensables para asumir la representación judicial de personas económicamente débiles nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-040-03 I.2.3. Derecho de defensa en la investigación I.2.3.1. Derecho de defensa no tiene límites temporales dentro del proceso penal En sentencia de constitucionalidad la Corte expresó que el derecho de defensa no tiene límite temporal alguno y por lo tanto no puede restringirse desde el punto de vista temporal. En consecuencia, el ejercicio del derecho de defensa surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y sólo culmina cuando finalice dicho proceso. No permitir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia una investigación en su contra, tenga ésta el carácter de pre- procesal o procesal es potenciar los poderes investigativos del Estado sin razón Constitucional alguna en desmedro de los derechos de igualdad y de defensa de la persona investigada. Existen situaciones en las que el procesado no ha adquirido la condición de imputado en las que requiere sin embargo ejercer su derecho de defensa como cuando su domicilio es allanado, o es objeto de captura. Bajo estos presupuestos se declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 8 de la Ley 906 de 2004 en el que se establece que el derecho de defensa se ejercerá en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal desde el momento en el que se adquiera la condición de imputado. Para la Corte esta disposición debe interpretarse de manera sistemática con otras normas del mismo código que establecen la posibilidad de activar el derecho de defensa antes de que se adquiera la mencionada condición. La disposición estudiada es constitucional si se la interpreta en el sentido que la adquisición de la condición de imputado es una de las diferentes condiciones en la cuales se puede encontrar una persona en un proceso penal, pero en momento alguno excluye aquellas anteriores a la condición de imputado lo que implicaría que el derecho de defensa se pueda ejercer antes de adquirirse la referida condición. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-799-05 I.2.3.2. El derecho de defensa en el proceso penal se ejerce desde el momento en que se inicia la investigación penal y no solamente cuando se ordena la captura o cuando se adquiere la calidad de imputado
    • Se demandó la constitucionalidad del artículo 119 parcial de la Ley 906 de 2004. La disposición hace relación con la defensa técnica desde la formulación de la imputación o desde la primera audiencia a la que fuere citado el indiciado, desconoce los artículos 13, 29, 93 y 229 de la Constitución, en la medida que el imputado sólo tiene derecho a un defensor a partir de la primera audiencia y no se le garantiza la defensa en diligencias anteriores a ella. La Corte indicó que contrario a lo sostenido por el demandante, el ejercicio de la defensa técnica se inicia desde el primer acto procesal con el que el investigado tiene conocimiento de que la Fiscalía inició una investigación por la presunta participación en un hecho punible. La Corte declaró la exequibilidad de la norma. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-210-07 I.2.3.3. En el sistema penal de tendencia acusatoria, el derecho de defensa se ejerce desde el momento en que se inicia la investigación con un indiciado conocido El actor elevó varios derechos de petición ante la Fiscalía demandada, en los que solicitó información acerca del trámite adelantado en una indagación preliminar por el delito de "tráfico de armas de uso privativo". La Fiscalía atendió los requerimientos pero, sin embargo, negó la expedición de copias y el acceso a la carpeta contentiva de la indagación y explicó que dichas averiguaciones y evidencias estaban sometidas a reserva. Como consecuencia, el actor presenta acción de tutela de su derecho de petición y solicita que se autorice la expedición de las copias del expediente penal. La Corte observó que reiteradamente ha considerado que el derecho de defensa no se empieza a ejercer solamente desde el momento en que se profiere la imputación sino que, desde el momento mismo en que se inicia la investigación con un indiciado conocido, éste puede adoptar las estrategias que considere convenientes para preparar su defensa, eso si, teniendo en cuenta los cauces legales previstos en la Ley 906 de 2004, bajo el entendido de que la estructura del nuevo sistema de Procedimiento Penal con tendencia acusatoria no implica: i) anticipar la etapa del descubrimiento de las pruebas ni ii) efectuar solicitudes que puedan entrabar las labores de la Fiscalía de adelantar y continuar la investigación. nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia T-920-08 I.2.3.4. La solicitud de copias de las actuaciones adelantadas por parte de quien es indiciado, tiene una vinculación directa con el derecho al debido proceso penal El demandante considera vulnerado su derecho de petición, en razón de la negativa a expedir copias de las actuaciones penales adelantadas en su contra. Al respecto, la Corte consideró que las peticiones presentadas tienen un vínculo estrecho con el desarrollo del debido proceso penal, específicamente con participación o facultades que puede tener el “indiciado conocido” durante la investigación o la indagación de la evidencia física. La Corte ha insistido sobre la existencia e importancia de estas facultades en varias oportunidades, especialmente, cuando estudió la constitucionalidad de los artículos 8º y 119 de la Ley 906 de 2004 (sentencias C-799 de 2005 y C-210 de 2007). A través de ellas advirtió que la interpretación de las normas relativas al desarrollo de la indagación por parte de los diferentes operadores judiciales, debe permitir la participación del indiciado conocido dentro de la indagación como parte esencial de la garantía del debido proceso penal. De manera alguna la naturaleza adversativa del nuevo sistema de investigación implica impedir el conocimiento y el ejercicio de las facultades adscritas a la defensa. Negar el ejercicio de este derecho y la contradicción dentro de la etapa de indagación no solo conlleva el desconocimiento de tal derecho fundamental sino también el conjunto de procedimientos básicos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, incluyendo el principio de igualdad de armas. Nótese que la referida obtención de copias no se limita al conocimiento o información general que el peticionario quería derivar de las actuaciones administrativas de la Fiscalía Especializada. Tampoco -sin duda- el tema planteado por el actor refiere a “aspectos secundarios de la actuación penal”. Por el contrario, en su solicitud, él informa que conoce que se está adelantando una investigación en su contra y requiere los elementos necesarios para ejercer su defensa. El vínculo entre la petición y el debido proceso penal es indudable en tal medida, que requería un acto de naturaleza judicial en el que se resolviera de fondo si era cierto que el actor estaba siendo investigado a través de la indagación y se estableciera si, por tanto, tenía derecho a acceder o controvertir a alguna de las evidencias recopiladas por la Fiscalía. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-920-08
    • I.2.3.5. El indiciado no puede tener acceso a las evidencias y elementos materiales probatorios, sino hasta la audiencia de formulación de la acusación El demandante considera vulnerado su derecho de petición, en razón de la negativa a expedir copias de las actuaciones penales adelantadas en su contra. Al respecto, la Corte indicó que si bien es cierto que el Código de Procedimiento Penal impide el acceso del indiciado, por regla general, a las evidencias y elementos materiales probatorios hasta que se realice la audiencia de formulación de acusación, también es necesario reconocer que para que éste pueda ejercer en debida forma el derecho de defensa, puede tener acceso a algunas diligencias ejecutadas en la indagación. Por tanto, cuando un indiciado requiera el acceso o las copias de una carpeta en donde se consigne el programa de indagación, es necesario que la Fiscalía distinga explícitamente, a partir de la Ley 906, cuáles elementos se encuentran cobijados por la reserva y cuales no. De hecho, frente al caso concreto es necesario destacar que en la sentencia C-1154 de 2005 la Corte reconoció que debido a las implicaciones inherentes a las órdenes de archivo, dicha decisión no tiene carácter reservado sino que, por el contrario, debe ser comunicada a las partes, especialmente a las víctimas y al Ministerio Público cuando quiera que no exista indiciado conocido. También así, recordemos, conforme al artículo 267 debe concluirse que al indiciado se le debe comunicar el inicio de la indagación y, especialmente, éste tiene derecho a saber las condiciones bajo las cuales se efectúa un allanamiento y los argumentos que el juez de control de garantías aplicó para efectuar la revisión de legalidad de la actuación (art. 238 CPP). nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-920-08 I.2.3.6. Límite al periodo de duración de la investigación previa como garantía del derecho de defensa y el debido proceso La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal anterior (D. 2700 de 1991) que imponía como único límite al período de la investigación previa la presencia de una prueba para dictar una resolución inhibitoria o de mérito para vincular, en calidad de parte, al imputado. La Corte consideró que al regir el principio del debido proceso en todas las actuaciones judiciales, éste también se extendía a la etapa de la investigación previa. Por lo tanto, señaló que es contrario al debido proceso la inexistencia de un límite cronológico en esta etapa del proceso, pues no sólo se afecta el principio de la dignidad humana de la persona sujeta a esta clase de actuaciones que tiene que soportar la incertidumbre de su situación, sino que, adicionalmente,
    • se le expone a toda clase de dilaciones dentro del proceso penal y estimula el ejercicio del libre criterio de los funcionarios que en ella participan para decidir su clausura, de modo que el deber de perseguir y acusar puede terminar por convertirse en un juicio de mera oportunidad. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-412-93, reiterada en las Sentencias T-181-99 y T-553-00. En la actualidad existe un término definido de duración de la investigación previa. I.2.3.7. El imputado tiene los mismos derechos del sindicado dentro del proceso penal La Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la disposición contenida en el CPP conforme a la cual sólo se le reconoce la calidad de sujeto procesal al sindicado desde su vinculación, mediante indagatorio o declaratoria de persona ausente, bajo el entendido de que aun antes de darse estos supuestos, el imputado tendrá los mismos derechos del sujeto procesal, en lo que se refiere al ejercicio de defensa y la protección de sus derechos constitucionales. La Corte señaló que la diferenciación hecha por el Legislador entre imputado y sindicado no tiene en sí misma reproche constitucional alguno, no solo por cuanto la denominación designa al procesado según la etapa en que se encuentre la investigación sino, además, porque esa diferencia resulta razonable, dado que el reproche que se hace al imputado dentro de la investigación previa es mucho menor que el cuestionamiento al sindicado en el sumario. Sin embargo, esta distinción no puede implicar la restricción del derecho de defensa del imputado, pues la fase de investigación previa le resulta relevante en la medida en que dependiendo de las actividades desarrolladas en esta etapa puede luego convertirse en sindicado y desde entonces su libertad personal, al igual que otros derechos, resultar seriamente afectados nota 1 . En el mismo sentido se pronunció la Corte al conocer de una acción de tutela interpuesta por una persona contra una fiscalía local de Bogotá, porque ésta le negó el acceso al expediente señalando que como imputado todavía no tiene la calidad de sujeto procesal, y que por lo tanto para permitirle el acceso al expediente debe vincularse formalmente mediante indagatoria. En esta oportunidad la Corte reiteró la jurisprudencia que ha venido esgrimiendo en relación con los derechos del imputado, que sin estar vinculado formalmente al proceso bien sea mediante indagatoria o mediante declaración de persona ausente, tendrá los mismos derechos del sujeto procesal, en lo que se refiere al
    • ejercicio del derecho de defensa y la protección de sus derechos constitucionales. En el mismo sentido y reforzando lo anterior, esta Corporación, señaló que si bien en la etapa de investigación previa es de suma importancia la reserva de las diligencias, el imputado debe conocer las acusaciones en su contra, componente derivado de sus derechos de defensa y del debido proceso. Por lo expuesto la Corte Constitucional decide revocar el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Bogotá y en su lugar conceder la tutela, y le ordena a la parte demandada, si aún no lo hubiere hecho, permitirle el acceso al expediente nota 2 1. Corte Constitucional, Sentencia C-033-03 2. Corte Constitucional, Sentencia T-1126-03 I.2.3.8. Las autoridades tienen la obligación de notificar la indagación preliminar y la apertura formal de investigación previa al imputado conocido El accionante solicita que se declare que la Fiscalía vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y contradicción probatoria y a la libertad individual, pues estima que se configuró una vía de hecho por defecto sustantivo, vía de hecho iniciada por la omisión en la comunicación o notificación de la investigación preliminar, y posteriormente configurada en las decisiones que negaron la declaratoria de nulidad planteada al respecto. Esto, toda vez que el actor, también sindicado, a pesar de ser una persona pública por haber ocupado diversos cargos públicos y haber sido desde el inicio de la investigación preliminar imputado conocido, no le fue notificada la investigación preliminar. En primera instancia la tutela se consideró improcedente, este fallo no fue impugnado. Para la Corte, existe jurisprudencia reiterada que considera que en caso de existir imputado o imputados conocidos, a éstos se les debe notificar la iniciación de la investigación previa para que ejerzan su derecho a la defensa; sin embargo, este deber de notificación nace aun antes de la apertura formal de dicha investigación previa, desde la indagación preliminar, cuando se tiene certeza sobre la identificación del imputado. De manera que la notificación, como medio de conocimiento oficial y cierto sobre la existencia del proceso, inclusive en sus etapas preliminares, es requisito sine qua non para la validez de la actuación correspondiente. Según la Corte, el actor contaba con otros mecanismos para ejercer su derecho de
    • defensa, pues la nulidad que alegó podía volverse a plantear en muchas otras etapas procesales o también podía hacerlo mediante la revisión legal y formal de la medida de aseguramiento, mecanismo estos que poseen la misma eficacia para la protección inmediata del derecho fundamental al debido proceso, por lo que tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La Corte decidió confirmar la sentencia proferida por la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-1035-04 I.2.3.9. Posibilidad de que se decrete la inspección judicial durante la investigación previa, sin que medie providencia que la ordene En sentencia de constitucionalidad se demandó un aparte del artículo 260 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior), según el cual, la inspección judicial que se practica durante la investigación previa y la etapa de instrucción, no requiere providencia que la ordene. Igualmente, dispone que luego de que ésta sea practicada y de que se hayan asegurado los elementos probatorios, éstos se pondrán a disposición de las partes para que, si lo desean, soliciten la adición de la sentencia. La Corte sostuvo al estudiar la demanda que si bien cuando existe un sujeto procesal, las garantías formales del proceso, inspiradas en los principios de publicidad y contradicción, no pueden en principio pretermitirse, es decir, que la inspección judicial no puede llevarse a cabo, en ausencia de una providencia que la decrete, en casos excepcionales en los que por razones de urgencia y con el fin de asegurar las pruebas, el funcionario judicial estima necesario practicar la inspección sin antes ordenar dicha prueba mediante providencia, con el objeto de asegurar la prueba, esto no contradice ningún principio constitucional. En razón de lo anterior, la Corte declaró la exequibilidad de la norma acusada bajo el entendido de que si en la investigación previa o en la instrucción ya han sido admitidos como imputados personas que obran en esa condición, la única inspección que no requiere ser practicada sin providencia previa que la decrete será aquella que tiene por objeto exclusivo el aseguramiento de la prueba. Además, en el lugar que se practique la inspección, el primer acto del funcionario consistirá en informar a las personas presentes el objeto de la misma. nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia C-595-98 I.2.3.10. El investigado tiene derecho a conocer los presupuestos probatorios antes de rendir versión libre y espontánea La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 323 del Código de Procedimiento Penal, que permite el acceso a las diligencias adelantadas en la investigación previa una vez el imputado haya rendido versión preliminar, en el entendido de que antes de la recepción de la versión debe informarse al investigado sobre el delito que se le imputa, así como permitirle conocer los fundamentos probatorios de dicha imputación específica. Para la Corte es constitucionalmente admisible que exista reserva de las diligencias adelantadas durante la investigación preliminar en el proceso penal para garantizar la eficacia de la administración de justicia. Pero este principio debe armonizarse con el derecho de defensa que le asiste al investigado, el cual supone que el investigado tenga conocimiento oportuno de la investigación que se le adelanta, de forma que le sea posible controvertir los elementos probatorios en su contra. Este derecho conlleva la prohibición constitucional de oír al investigado en versión libre sin que previamente se le haya informado sobre el delito concreto por el que se le investiga y sobre las pruebas que existen en su contra. En consecuencia, para que la versión preliminar constituya un medio de defensa del investigado éste ha de conocer los hechos por lo cuales está rindiendo dicha versión. Sólo así es posible garantizar los derechos de defensa y en especial el principio de no autoincriminación (Constitución Política, artículo 33) y el principio de la buena fe que debe regir todas las actuaciones de las autoridades. Sería contrario al principio de “la igualdad de armas” que el Estado conociera todo lo que obra en contra de una persona, pero que ésta, al rendir versión preliminar, no pudiera saber qué se le imputa y en qué se basa dicha imputación. También sería incompatible con dicho principio que la investigación pudiera adelantarse indefinidamente de manera reservada. El goce efectivo del derecho a la no autoincriminación depende de que el investigado conozca, antes de rendir versión preliminar, cuál es la conducta que específicamente se le imputa así como el fundamento de dicha imputación. Sin esa información mínima, el riesgo de autoincriminación es demasiado elevado. Lo anterior no significa que la fiscalía no tenga la potestad de construir autónomamente un expediente que refleje la realidad de lo ocurrido, adoptando las medidas necesarias para impedir que dicha labor probatoria se vea afectada por la destrucción u ocultamiento de pruebas sobre los hechos o la posible responsabilidad de los implicados. La fiscalía puede construir el expediente sin
    • necesidad de revelar inmediatamente después de haber sido practicada, el contenido de cada prueba. Pero ello no implica que pueda sustraerse el material probatorio del conocimiento de la defensa cuando el acceso a las pruebas es necesario para que se pueda ejercer cabalmente el derecho de defensa nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-096-03 I.2.3.11. Notificación de resolución de apertura de investigación no es obligatoria cuando no se ha identificado al presunto actor del hecho punible El actor considera violado su derecho de defensa por cuanto no se le había notificado la resolución de apertura de investigación preliminar. Dado que en esta etapa el demandante no había sido identificado, la Corte no tuteló su derecho al considerar que “es perfectamente razonable admitir, que si la razón de la medida previa es ciertamente la de lograr la identificación del autor o partícipes del punible, resulta materialmente imposible notificar la medida en cuestión a quien o quienes se desconocen. Claro que, tan pronto se conozcan o individualicen los imputados, desaparece cualquier excusa para omitir la notificación de la medida, porque a partir de ahí existe una persona con el derecho a defenderse y la garantía constitucional de que se le asegure dicho derecho. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-106-00 I.2.3.12. Derecho de acceso al expediente por el investigado o su defensor antes de la diligencia de indagatoria Un ciudadano asistió sin abogado a la diligencia de indagatoria a la cual fue citado por la fiscalía. Ante la falta de apoderado judicial, la fiscalía fijó una nueva fecha para realizar esta diligencia, A esta nueva citación no asistió el procesado pero si su abogado con el respectivo poder, quien solicitó observar el expediente pero le fue negado, por lo que entregó memorial solicitando copias del expediente. La fiscalía fijó una nueva fecha de indagatoria, advirtiéndole que de no presentarse ordenaría su conducción, para así garantizar la práctica de la diligencia. Ante la negativa de la fiscalía de permitir al abogado conocer las diligencias adelantadas en el proceso y la inminente orden de conducción para rendir indagatoria, el procesado interpone acción de tutela al considerar vulnerados sus derechos a la libertad y el debido proceso. Solicita que se declare la nulidad de la providencia que ordenó su vinculación al proceso, que se declaren nulas las pruebas que se hayan practicado a sus espaldas, que se ordene a la fiscalía notificar la providencia que dispuso la investigación previa, y que se le permita a él y a su defensor tener acceso al expediente.
    • La Corte consideró que la actuación del fiscal al no permitir el acceso al expediente al procesado y su defensor, sin que se hubiera rendido indagatoria, constituye una violación al debido proceso. Para la Corte, el derecho de defensa, que hace parte del debido proceso, supone que el investigado, quien en este caso no ha obtenido la calidad de sujeto procesal por no haberse vinculado al proceso, tenga conocimiento oportuno de la investigación que se le adelanta, con le fin de que pueda controvertir los elementos probatorios en su contra, para lo cual requiere tener conocimiento del expediente. El acceso al expediente es necesario para ejercitar el derecho de defensa. Los derechos fundamentales deben ser reconocidos y respetados respecto de todos los intervinientes en el proceso, sin discriminación de que se trate o no de un sujeto procesal. Por esta razón, a pesar de que la ley hace la distinción entre imputado y sindicado, y sólo reconoce a éste último como sujeto procesal, no se puede restringir o limitar el derecho a la defensa del imputado. Por lo tanto, aun antes de la vinculación mediante indagatoria o como persona ausente, el imputado tendrá los mismos derechos del sujeto procesal, en lo que se refiere al ejercicio del derecho de defensa y la protección de sus derechos constitucionales. Para tal fin, el imputado tendrá acceso al expediente. Esto en virtud a que el imputado tiene derecho desde el momento mismo de la existencia de la imputación del delito, a conocer cuál es la imputación específica en su contra y cuáles son los elementos probatorios en que se funda. Por esta razón la Corte ordenó a la fiscalía permitir, en forma inmediata, el acceso del procesado al expediente, así como a quien ostente la calidad de su defensor acorde con lo establecido en la ley nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-611-03 I.2.3.13. Vía de hecho por violación del derecho de defensa técnica por impedir que el defensor conozca el expediente en la diligencia de indagatoria Un abogado alega, por medio de una acción de tutela, la violación del derecho a la defensa técnica de su defendido, dado que el fiscal no le permitió tener acceso al expediente ni durante ni después de realizada la indagatoria. La Corte, al tutelar el derecho del actor, sostuvo que si el derecho a la defensa técnica surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona, en la diligencia de indagatoria adquiere particular importancia, porque el ejercicio de ese derecho confluye con el de la defensa material del sindicado, y debe servir para que éste actúe dentro del proceso con la asesoría de un abogado. La mera presencia de un
    • abogado defensor no necesariamente significa que el derecho a la defensa técnica se hizo efectivo en esta diligencia; si al abogado no se le permite conocer el sumario, este asesor no puede cumplir con su tarea, por más calificado y experimentado que sea. Quien cumple con la función de defensor es también un colaborador en el esclarecimiento de la verdad, y en ningún caso ésta puede ser establecida sin su activo concurso, puesto que la contradicción condiciona la validez de la prueba, y sólo es posible cuando el abogado conoce el sumario. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-432-97 I.2.3.14. Exigencia de la presencia de abogado en la diligencia de indagatoria para garantizar el derecho de defensa Se demandaron los artículos 138, 161, 322, 148 y 355 del Decreto 2700/91 (Código de Procedimiento Penal anterior) y el artículo 34 del Decreto 196 de 1971 (Estatuto de la Abogacía), disposiciones que contemplaban la posibilidad de que personas honorables acompañaran, en reemplazo de abogado, a los sindicados durante la diligencia de indagatoria. La Corte sostuvo, al declarar su inexequibilidad, que “es evidente que la presencia del defensor en la indagatoria es una regla ineludible bajo el nuevo marco de la Carta Política, pues no es lo mismo la asistencia realizada por un profesional del Derecho, o de una persona con alguna formación científica acreditada en debida forma, que por una persona común y corriente, que no cuenta con la necesaria preparación; en este sentido ninguna interpretación elemental puede desconocer el deber de garantizar la defensa del sindicado y menos de quien es sometido a indagatoria” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-049-96. Bajo el nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 600-00), ya no es posible que personas honorables acompañen al sindicado durante la diligencia de indagatoria, siendo necesario que este sea acompañado por un abogado titulado o estudiantes de consultorios jurídicos, según la competencia dada a estos por la Ley. I.2.3.15. Vía de hecho por falta de notificación y carencia de defensa técnica en la etapa de instrucción Una persona interpuso acción de tutela por considerar violado su derecho de defensa, pues durante la etapa de instrucción no tuvo la posibilidad de defenderse ya que quien fue nombrado como su defensor de oficio no tomó posesión del cargo y posteriormente no se le nombró ninguno, y dado que nunca le notificaron que había sido vinculado al mencionado proceso penal. La Corte tuteló el
    • derecho del actor sosteniendo que, si la inasistencia del sindicado al proceso proviene de una causa imputable al Estado, es viable que se solicite el amparo a través de la acción de tutela, siempre y cuando se demuestre que las entidades demandadas incurrieron en irregularidades sustanciales que vulneraron su derecho al debido proceso. El proceso penal a que las personas de este país tienen derecho involucra todas las garantías que señale la Constitución y la ley, no las que unilateralmente decidan los funcionarios de justicia, que en la presente situación, escogieron aplicar el principio de contradicción solamente para ciertas decisiones y en determinados momentos procesales menguando la defensa técnica del procesado que, de acuerdo con el artículo 356 del Código procedimental penal de la época y aun ahora, es obligatoria desde la declaración de persona ausente sin perjuicio del derecho de defensa que existe, incluso desde cuando se da inicio a la actividad de indagación preliminar. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-020-02 I.2.3.16. La calificación jurídica de la resolución de acusación es de carácter provisional y no vulnera el derecho de defensa ni la presunción de inocencia En sentencia de constitucionalidad la Corte conoció la demanda parcial contra el artículo 442 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior) que consagraba la calificación jurídica provisional en la resolución de acusación que dicta el fiscal para iniciar la etapa del juicio. Para la demandante esta disposición viola el derecho de defensa de los sindicados, pues por medio de ella se faculta al fiscal para variar la calificación jurídica del delito dentro de la etapa del juicio, lo que impide tener en claro aquello de lo cual se va a defender el acusado. La Corte Constitucional consideró que la calificación jurídica provisional en la resolución de acusación no impide el ejercicio del derecho de defensa, ya que, no obstante la posibilidad de que se haya preparado para su defensa con base en los datos y criterios iniciales que la hayan inspirado, aquél siempre podrá, supuestas todas las condiciones y garantías del debido proceso, velar por la real verificación de los hechos y hacer efectivos los mecanismos jurídicos tendientes a la búsqueda de la verdad. De otra parte, el carácter provisional de la calificación es acorde con la garantía consagrada en el artículo 29 de la Constitución, toda vez que sostiene la presunción de inocencia del procesado en cuanto al delito por el cual se lo acusa, presunción únicamente desvirtuable mediante sentencia definitiva. Si, por el contrario, la calificación fuera inmodificable, se mantendría lo dicho en la resolución de acusación, lo cual carecería del más elemental sentido de justicia” nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia C-491-96 I.2.3.17. No se vulneran los principios de defensa y publicidad cuando se exime al fiscal de la obligación de descubrir los elementos probatorios en el momento de la imputación En sentencia de constitucionalidad la Corte Constitucional declaró exequible la expresión contenida en el numeral 2, artículo 288, conforme a la cual, al momento del fiscal elevar la imputación contra el procesado no está obligado a descubrir los elementos probatorios, evidencia física ni información en su poder. En concepto de la Corte, esta disposición no afecta los principios de publicidad y defensa, ya que de acuerdo con el nuevo esquema procesal de tendencia acusatoria, en el momento en el que se formula la imputación todavía se está la etapa de investigación, en donde no se practican realmente pruebas sino que, tanto la Fiscalía como la defensa, recaudan elementos materiales probatorios y evidencias físicas, las cuales habrán de descubrirse en el momento de la acusación para ser practicadas en el juicio, tanto los favorables como los favorables al procesado. De esta manera, es la etapa del juicio la oportunidad en que habrán de practicarse y valorarse las pruebas bajo las garantías procesales de publicidad y defensa, y con aplicación de los principios de inmediación, contradicción y concentración de la prueba. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-1260-05 I.2.3.18. Improcedencia de la tutela cuando las irregularidades en el proceso penal no afectan el derecho a la defensa El actor condenado a pena de prisión interpuso acción de tutela aduciendo que durante la investigación se presentaron irregularidades que vulneraron su derecho a la defensa, el debido proceso y a la libertad. Para el accionante la falta de competencia del funcionario que inició la investigación previa, la falta de notificación de la existencia de la misma, la negativa del funcionario para oírlo en versión libre eran anomalías suficientes para solicitar al juez constitucional que decretara la nulidad del proceso. La Corte, al negar el amparo solicitado, advirtió que si bien es obligación del funcionario judicial poner en conocimiento del procesado la existencia de una investigación previa en su contra y de recibirle en versión libre, para que la acción de tutela sea procedente se requiere que exista efectiva vulneración de los derechos que con la imposición de estas normas se pretende proteger, es decir, la violación del derecho a la defensa y la contradicción de pruebas y, por otra parte, que esta vulneración no se hubiera
    • podido subsanar utilizando los medios judiciales ordinarios a su alcance. En este caso, las irregularidades mostradas no parecen haber incidido en la decisión final, pues durante el proceso, el actor tuvo la oportunidad de ejercer los derechos de defensa y contradicción de manera tal que quedaran subsanadas las irregularidades y, en consecuencia, estas no fueron determinantes para la decisión. Por otro lado, la Corte pudo comprobar que durante la etapa de investigación previa del proceso, él no había sido plenamente identificado como presunto autor del ilícito, y en consecuencia no era obligación notificarle la existencia de actuaciones procesales. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-790-99 I.2.4. Derecho de defensa en la etapa de juzgamiento I.2.4.1. Deber de las autoridades de trasladar a las audiencias de juzgamiento a los inimputables con discapacidad mental La Defensoría del Pueblo interpuso acción de tutela a favor de tres personas en situación de discapacidad mental, que se encuentran procesadas por el delito de homicidio y, en calidad de inimputables, están recluidos en el Hospital Especializado debido a que las audiencias de juzgamiento programadas, no se han podido realizar porque el INPEC aduce no contar con personal idóneo para transportarlos hasta las sedes de los despachos judiciales. La Corte Constitucional estimó que, conforme a la legislación especial establecida para el tratamiento de las personas en situación de discapacidad mental, se busca sustraer la competencia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC en la ejecución de las medidas de seguridad impuestas a los inimputables por trastorno mental, pues estos aunque sujetos pasivos de la potestad investigativa y sancionatoria estatal, dada su condición especial de enfermos, deben ser objeto de un trato diferente al que se les da a los imputables. Por ello es el sistema de seguridad social el que debe protegerlos integralmente por su estado de debilidad manifiesta. La Corte aclaró que una cosa es el traslado del inimputable a la clínica pública o privada escogida para el cumplimiento de la medida de protección impuesta al inimputable por trastorno mental, y otra muy diferente es la del traslado de este sitio a los despachos judiciales que lo requieran para el cumplimiento de diligencias propias del proceso penal que se le sigue. Asimismo, también se distingue el traslado del inimputable por trastorno mental a la entidad escogida para el cumplimiento o ejecución de la medida de seguridad impuesta cuando ya ha finalizado el proceso penal.
    • En el primer evento la responsabilidad del traslado del inimputable al sitio escogido para la ejecución de la medida de protección recae en cabeza del Sistema de Seguridad Social en Salud, cuya coordinación está a cargo del Ministro de Salud (art 171 de la Ley 100 de 1993) para lo cual el funcionario judicial que profirió tal medida deberá coordinar dicho traslado con el director o gerente del centro psiquiátrico o quien haga sus veces. No obstante, por no encontrarse en vigor tal sistema en lo concerniente al manejo del traslado de los inimputables a los centros psiquiátricos, provisionalmente y hasta tanto sea implantado el sistema, corresponderá al funcionario judicial que ordenó tal medida coordinar dicho traslado para lo cual contará con la colaboración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC- . Se reitera que tal obligación se impone a dicho instituto sólo hasta cuando el sistema de seguridad social en salud sea puesto en práctica bajo la responsabilidad del Ministro de Salud en este punto específico, para lo cual la Corte estableció un término improrrogable de cuatro meses nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-1045-02 I.2.4.2. La notificación personal de la sentencia es potestativa Los actores interpusieron acción de tutela por considerar violado su derecho al debido proceso, al considerar que el Juzgado los condenó arbitrariamente como reos ausentes, ya que una vez fueron dejados en libertad luego de declarada la nulidad del proceso, no se les volvió a citar para la etapa de la causa, a pesar de que el despacho les manifestó que les informaría cualquier cambio en el proceso. Sin embargo, proferida la sentencia, fueron capturados sin que tuvieran la oportunidad de buscar la asistencia de un abogado. La Corte, al negar el amparo, sostuvo que si los sujetos procesales, distintos del procesado privado de la libertad y del Ministerio Público, acuden al despacho dentro de los tres días siguientes al proferimiento de la sentencia, ésta se les notificará personalmente, pero el juez no está obligado a citarlos al despacho para que se cumpla la diligencia. Si aquellos no acudieren al Juzgado dentro de dicho término, el juez podrá fijar el edicto correspondiente, quedando perfeccionada de esta manera la notificación. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-021-97 I.2.4.3. el vencimiento del término de traslado para sustentar el recurso de apelación contra una sentencia condenatoria, por incuria del interesado,
    • cuando ha sido debidamente notificada la providencia por parte del funcionario judicial, no constituye una vulneración del derecho al debido proceso El demandante considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, con ocasión de las decisiones que resolvieron la solicitud de nulidad formulada contra la sentencia condenatoria de primera instancia, por el delito de inasistencia alimentaria. Para la Corte, no se afectó el debido proceso, como quiera que se respetaron los ritos propios del proceso penal (Ley 600 de 2000), ni el derecho de defensa del actor quien pudo desplegar el mecanismo idóneo para la defensa de sus intereses, simplemente dejó vencer el término preclusivo para sustentarlo (art. 194 ib.), sin que ello sea imputable a las autoridades judiciales. Al fundamentar lo decidido, sin hallar irregularidad que invalidara la actuación, no se manifiesta situación alguna que pudiese constituir vía de hecho y remotamente conllevare la remoción de las decisiones adoptadas por los despachos accionados cuando resolvieron, respectivamente, la solicitud de nulidad invocada por el apoderado del condenado, y desatar el recurso de apelación esgrimido contra esa determinación. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-027-08 I.2.4.4. La variación de la calificación jurídica de la conducta en sentencia de segunda instancia no vulnera el principio de congruencia y el derecho de defensa técnica Dos personas fueron condenadas en primera instancia por el delito de concusión a la pena de 90 meses de prisión. Apelada este fallo, el Tribunal de segunda instancia decidió modificar la calificación jurídica de los hechos de concusión a cohecho propio, y en consecuencia, redujo la pena a 64 meses de prisión. Los condenados interpusieron acción de tutela contra la decisión del tribunal, al considerar que si no habían sido encontrados responsables por el delito inicial del que se les acusaba, el superior jerárquico no podía modificar la calificación jurídica y en consecuencia, el fallo de segunda instancia configuraría una vía de hecho por violación del derecho de defensa, la presunción de inocencia y el principio de congruencia o consonancia. La Corte al estudiar este caso advirtió en primer término que la consonancia que debe existir entre la sentencia y la acusación, cualquiera que sea el acto en el cual se halle contenida ésta, bien sea la resolución de acusación, la formulación de cargos para sentencia anticipada, o la variación de la calificación provisional
    • durante el juzgamiento, constituye la base esencial del debido proceso, en cuanto constituye el marco conceptual, fáctico y jurídico de la acción penal del Estado, e igualmente, configura una garantía del derecho a la defensa del procesado, en cuanto que, el acusado puede desplegar los mecanismos de oposición que considere pertinentes, y porque además sabe de antemano que, en el peor de los casos, no sufrirá una condena por aspectos que no hayan sido contemplados allí. De allí que, en materia penal, debe existir una adecuada relación de conformidad personal, fáctica y jurídica entre la resolución de acusación y la sentencia, lo que significa que aquélla delimita el objeto del debate, en el sentido de que concreta las personas contra las cuales se dirigen los cargos; precisa los hechos y circunstancias constitutivos de la imputación fáctica y señala los delitos y normas que integran la imputación jurídica. No obstante, la Corte aclara en torno al principio de congruencia y la variación de la calificación jurídica que (i) la calificación inicial sobre el delito no puede ser invariable, ya que el objetivo de todo proceso penal, es esclarecer los hechos, los autores y partícipes con fundamento en el material probatorio recaudado, para administrar justicia con apoyo en la verdad y en la convicción razonada de quien resuelve; (ii) el funcionario o Corporación a cuyo cargo se encuentra la decisión final debe estar en condiciones de modificar, parcial o totalmente, las apreciaciones con base en las cuales se inició el proceso; y (iii) lo trascendente, desde una perspectiva constitucional, no es que la acusación se mantenga intacta, sino que ante la variación de la acusación el procesado también pueda modificar su estrategia defensiva, y que igualmente se le respete el derecho de contradecir los hechos nuevos, además de que se tengan en cuenta los propios. Queda entonces claro que la variación que se pueda hacer a la calificación de la conducta punible no es ilimitada, por cuanto es necesario que se preserve el núcleo central de la imputación fáctica o conducta básica. El principio de congruencia vincula también al juez de segunda instancia y, en consecuencia, éste puede variar la calificación jurídica considerada en la condena, siempre y cuando respete el núcleo central de la imputación fáctica o conducta básica, pudiendo condenar atenuadamente, por la elemental razón de que si puede absolver, puede atenuar. Además, el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. Le está vedado, por el contrario, agregar hechos nuevos, suprimir atenuantes que se le hayan reconocido al acusado, adicionar agravantes, y en general, hacer más gravosa la situación. En el caso concreto, la Corte estimó que el Tribunal no incurrió en una causal de procedencia de la acción de tutela por vulneración del principio de congruencia entre la acusación y la condena, por cuanto, el núcleo fáctico se mantuvo. La
    • única diferencia consistió en que, mientras para el fallador de primera instancia las pruebas aportadas al proceso apuntaban a configurar un delito de concusión, por cuanto se habría realizado una exigencia de dinero, los jueces de segunda instancia consideraron que, las mismas pruebas indicaban que los accionantes y el denunciante habían llegado a un acuerdo económico, inherente al delito de cohecho propio. De tal suerte que no se vulneró el derecho de defensa de los accionantes por cuanto la nueva calificación jurídica de los hechos resulta ser más benigna. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-480-06 I.3. Derecho a la no autoincriminación I.3.1. Principio de no autoincriminación exige que del testimonio que ofrezca rendir el acusado no puedan derivarse consecuencias penales adversas En sentencia de constitucionalidad se analizó el artículo 394 de la Ley 906 de 2004 que contempla la posibilidad de que el acusado o coacusado por ofrecimiento propio comparezca como testigo bajo la gravedad del juramento. En dicho fallo se advirtió que esta norma puede tener dos interpretaciones, una sola de las cuales se ajusta a la Constitución. La primera interpretación advierte que si el acusado o el coacusado faltan a la verdad o la callan total o parcialmente, como una forma de ejercer su derecho a la defensa material, además podrían ser procesados por haber incurrido en un falso testimonio. O, puede suceder que ante el temor de resultar doblemente enjuiciado con graves consecuencias punitivas, opte por autoincriminarse o incriminar al cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes cercanos, con lo cual resultarían afectadas las garantías constitucionales al derecho de defensa y a la no autoincriminación. Esta interpretación resulta constitucionalmente inaceptable, pues expone al acusado o al coacusado ante la disyuntiva de renunciar a sus garantías constitucionales por la posibilidad cierta de resultar doblemente enjuiciado, a menos que opte por el silencio en desmedro de su derecho a la defensa. No se trataría aquí del ejercicio del derecho al silencio, sino del silenciamiento del acusado amenazado por la posibilidad cierta de incurrir en un delito si declara callando en todo o en parte, o sin incriminarse. En la filosofía que orienta la adopción de un determinado sistema penal, ahora el acusatorio, existen garantías constitucionales producto de luchas de la humanidad que no son renunciables; por el contrario, deben ser maximizadas por estar de por
    • medio el principio constitucional a la libertad individual y el respeto a la dignidad humana. No significa lo anterior, que el procesado no pueda optar dentro de su libre autonomía, por confesar el delito por el cual se le incrimina, caso en el cual previo el cumplimiento de los requisitos legales, al juez le corresponderá valorar ese medio de prueba, pero solamente sobre el supuesto de la absoluta libertad y espontaneidad de quien confiesa, pues en caso contrario se trataría de la provocación forzada de una confesión, circunstancia que se traduce en un verdadero atentado contra la dignidad humana, la libertad y la autonomía de la voluntad. Para la Corte es claro que la persona a la que se le imputa la comisión de un hecho delictivo, tiene el derecho de guardar silencio y de reservarse datos o hechos que puedan resultar perjudiciales para sus intereses y los de sus allegados. La Corte Constitucional ha advertido que entre los principios y derechos que la Constitución consagra a favor del sindicado o procesado se destaca el de la no autoincriminación, en virtud del cual nadie puede ser “obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil” (CP. art. 33). Este derecho fundamental aplicable a un proceso criminal, correccional o de policía constituye una forma de defensa y por tanto un verdadero derecho de carácter fundamental que hace parte del debido proceso. Una segunda interpretación de la norma supone que si se entiende que el juramento que se exige al acusado y coacusado que ofrecieren declarar en su propio juicio, es una formalidad previa a la declaración, pero de la cual no se puedan derivar consecuencias jurídico-penales adversas al declarante cuando su declaración verse sobre su propia conducta, desaparece entonces la coacción que priva de libertad y espontaneidad a su dicho y, en tales circunstancias, queda entonces libre ya del temor a incurrir en otro delito a propósito de haber prestado el juramento y rendido su propia versión sobre los hechos que se le imputan, aun en el caso de que calle total o parcialmente si así lo considera necesario en pro de su defensa material. Es entonces el juramento, un llamamiento solemne a que declare la verdad, pero sin que se pueda entender en ningún caso como una coacción con consecuencias penales. Siendo ello así, aunque subsista esa formalidad, se garantiza la plena vigencia de las garantías constitucionales al derecho de defensa y a la no autoincriminación. No es suficiente, sin embargo, con despojar al juramento así prestado como formalidad previa a la declaración, de sus consecuencias jurídico-penales para garantizar el amparo que la Constitución otorga al derecho de defensa, a la libertad y a la dignidad de la persona que se juzga por el Estado. Es necesario que
    • el sindicado sea plenamente enterado por el juez de que podrá declarar con entera libertad y sin el temor de incurrir en otro delito con motivo de su declaración respecto de su propia conducta. De igual modo, resulta indispensable que desaparezca la disyuntiva inconstitucional de poner al sindicado a escoger entre su propia defensa y la posibilidad de resultar doblemente enjuiciado. Por ello, para que las garantías constitucionales al derecho de defensa y a la no autoincriminación queden a salvo, será un deber del juez advertir previa y claramente a quien ofreció su declaración como acusado o coacusado en su propio juicio, que ese juramento queda desprovisto de las consecuencias jurídicopenales adversas que podrían derivarse en contra suya como consecuencia de la prestación del mismo que antecede a la declaración; es decir, que al sindicado le asiste total libertad respecto del contenido mismo de aquella, así como es legítima su negativa a responder total o parcialmente, ya sea a las preguntas que se le formulen por el juez o a las que se le hagan por la Fiscalía y la defensa en el interrogatorio cruzado propio de un proceso adversarial y de partes, como el que establece el sistema penal acusatorio. En virtud de ello la Corte declaró constitucional la norma bajo el entendido que el juramento prestado por el acusado o coacusado declarante no tendrá efectos penales adversos respecto de la declaración sobre su propia conducta; y que, en todo caso, de ello se le informará previamente por el juez, así como del derecho que le asiste a guardar silencio y a no autoincriminarse. Ni del silencio, ni de la negativa a responder, pueden derivarse consecuencias penales adversas al declarante. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-782-05 I.3.2. Posibilidad de guardar silencio durante la diligencia de indagatoria Mediante acción de inconstitucionalidad se demandó parcialmente el artículo 358 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior), que disponía: “Si la persona se niega a rendir indagatoria, se tendrá por vinculada procesalmente y el funcionario le advertirá que su actitud la podrá privar de medios de defensa”. La Corte, al declarar la constitucionalidad condicionada de la norma, sostuvo que la redacción del artículo da a entender que la abstención en referencia se proyecta, para la persona incriminada, en consecuencias negativas o que implican el debilitamiento de su posición ante la administración de justicia, reflejadas en la eventual privación de mecanismos encaminados a defenderse, a lo largo de las distintas etapas procesales, lo cual no es ni puede ser cierto, pues la persona tiene el derecho a guardar silencio y, en todo caso, los medios de defensa de los que dispone por mandato constitucional no dependen ni es posible
    • que dependan de si acude o no a la aludida diligencia. La exequibilidad de la norma se declara, en el entendido de que la advertencia en cuestión solamente está referida al medio de defensa en que consiste la indagatoria y a ninguno otro, y los funcionarios que tomen indagatorias no podrán, sin violar el debido proceso, extender tal ilustración a otros medios judiciales de defensa, pues al hacerlo atemorizarán al procesado y precipitarán su decisión de rendir una declaración que no quiere y puede no rendir. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-621-98. El artículo 337 del nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 600-00), coincide con lo sostenido por la Corte Constitucional. I.3.3. La indagatoria debe ser espontánea y libre: el funcionario judicial no puede “exhortar” al imputado a que diga la verdad Mediante acción de inconstitucionalidad se demandó parcialmente el artículo 357 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior), que disponía: “La indagatoria no podrá recibirse bajo juramento. El funcionario se limitará a exhortar al imputado a que diga la verdad, (...).” Al declarar la inexequibilidad del aparte demandado, la Corte sostuvo que el objeto primordial de todas las etapas que componen un proceso judicial, especialmente cuando se trata de asuntos penales, consiste en la búsqueda de la verdad real, pero tal propósito no puede lograrse al precio de sacrificar la libertad, el debido proceso y el derecho de defensa que asiste a toda persona en el momento en que es vinculada al proceso penal, cuando lo que el ordenamiento jurídico pretende no es la autoincriminación sino la versión espontánea de lo acontecido, rendida sin ninguna clase de apremio. No es la indagatoria el acto procesal indicado para forzar al imputado a que confiese o suministre elementos que posteriormente pueden ser usados en su contra, con la velada amenaza en que consiste una exhortación judicial a decir únicamente la verdad. Para la Corte es claro que el derecho de la persona a no ser obligada a autoincriminarse se ve notoriamente disminuido por la prevención en comento, en evidente desacato al artículo 33 de la Constitución; que el derecho de defensa, con tal advertencia, se reduce al mínimo, en cuanto se provoca de manera forzada un acto de confesión; y que la admonición misma es una presunción de que el indagado actuará de mala fe en la diligencia, lo cual vulnera el artículo 83 de la Carta. nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia C-621-98. En el artículo 337 del nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 600-00), ya no se utiliza la palabra “exhortar”, sino la expresión “informar”. I.3.4. No vulneración del principio de no autoincriminación cuando se ordena la captura de quien es citado a rendir indagatoria y no comparece Se demandó parcialmente el artículo 376 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior) que permite a las autoridades judiciales ordenar la captura de quien se niega a comparecer a indagatoria, por considerar que es contrario al principio de la no autoincriminación, según el cual nadie está obligado a declarar contra sí mismo. La Corte, al declarar la exequibilidad del aparte demandado consideró que la captura, entendida como el acto material de aprehensión que puede realizarse antes, durante o después del proceso, encuentra fundamento constitucional en el artículo 28 de la Carta Política que, a su vez, determina las garantías que deben rodearla. En los términos de la norma citada, la detención de una persona sólo procede: (1) por motivos previamente definidos en la ley, (2) con acatamiento de las formalidades legales y (3) por mandamiento escrito de autoridad judicial competente. En el caso de la captura de quien es citado a rendir indagatoria y no comparece, debe anotarse que, además de cumplir las exigencias del artículo 28 Superior, es una medida jurídica necesaria para la eficacia y celeridad de la administración de justicia, pues busca darle al funcionario judicial que adelanta una investigación la posibilidad de reunir los elementos de prueba necesarios para estructurar el proceso penal y llegar a la verdad material. Por otra parte, dentro de una interpretación armónica de las normas de procedimiento penal, la diligencia de indagatoria que se cumple a través de la conducción del imputado, también se encuentra sometida a las reglas procesales que garantizan la efectividad del derecho de defensa. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-403-97 I.3.5. Derecho a la no autoincriminación en diligencia de compromiso para libertad provisional Se demandó un aparte del inciso 1 del artículo 368 de la Ley 600 de 2000 (nuevo Código de Procedimiento Penal), el cual consagra la exigencia para el sindicado, que tiene derecho a la libertad provisional y que deba suscribir diligencia de compromiso, de que se obligue bajo la gravedad de juramento a prestarle al funcionario competente la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los
    • hechos. Para la demandante, el artículo vulnera el principio de no autoincriminación, por cuanto dicha obligación conlleva a que el sindicado declare contra sí mismo, o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. La Corte, al declarar la inexequibilidad del aparte de la norma acusada, sostuvo que una cosa es el deber genérico de colaborar con la administración de justicia y, otra diferente, establecer para el sindicado en un proceso determinado un deber específico de colaborar de una manera especial y con un propósito determinado, como ocurre con la norma acusada. El sólo hecho de presentarse ante el funcionario competente, no desconoce las garantías constitucionales del investigado, pero exigir que la presentación sea para prestar colaboración, que no es cualquier tipo de colaboración, sino la que el funcionario competente califique de necesaria para el esclarecimiento de los hechos, implica que en un momento dado se esté obligando al sindicado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, conducta prohibida por la Constitución. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-776-01 I.3.6. Alcance constitucional del principio de no autoincriminación frente a los parientes civiles. se incluye a los parientes civiles hasta el cuarto grado La Corte Constitucional estudió la constitucionalidad de la expresión “primero civil” de los artículos 267 y 337 de la Ley 600 de 2000. Los demandantes alegaron que tal disposición generaba trato desigual para los parientes de segundo, tercero y cuarto grado civil, en relación con sus similares por consaguinidad, “en detrimento de los familiares constituidos como tales por virtud de la adopción, por cuanto establece diferencias de régimen jurídico derivado del origen familiar del individuo. La Corte señaló que para la aplicación de estas normas legales se deberá hacer una integración de ellas con lo previsto en el inciso 4° del artículo 42 de la Constitución Política. De esta manera, la Corte quiso señalar que a las persona no debería obligárselas a declarar contra sus parientes que se encuentren dentro del cuarto grado civil. En el fallo se advierte que existe una contradicción entre la regulación contemplada en el artículo 33 y el artículo 42 de la Constitución. El primero de ellos limita la excepción del deber de declarar hasta el primer grado de parentesco civil, es decir, solamente entre los padres y los hijos adoptados. No obstante el artículo 42 proclama la igualdad entre los hijos, incluidos los
    • adoptados. Según la Corte, este artículo lleva a concluir que el constituyente quiso expresamente otorgar reconocimiento jurídico a la familia que proviene de la adopción, y ubicarla en un pie de igualdad respecto de la familia que se constituye a partir del matrimonio o de la unión libre entre compañeros permanentes, por lo cual rechazó las diferencias de trato fundadas en el origen familiar. En consecuencia, si bien no declaró inconstitucionales las normas bajo estudio, pues reproducen exactamente lo prescrito por la Constitución, ordenó interpretar estas normas en armonía con el valor y principio de igualdad, concretamente en cuanto tiene el alcance de proscribir las diferencias de trato por el origen familiar (artículo 42 C.P). “Así, su lectura literal debe complementarse con la prohibición referida, de donde se deduce que, para efectos de aplicar las normas acusadas que lo reproducen, es necesario extender el alcance de la excepción al deber de declarar, de manera que cobije a los parientes adoptivos hasta el cuarto grado.” Esta interpretación armónica de las normas superiores, tiene en consideración el carácter fundamental y de aplicación inmediata que tiene el derecho que reconoce el inciso 4° del artículo 42 de la Constitución Política (derecho a la igualdad en el ámbito de las relaciones familiares). Como tal, la efectiva aplicación de tal derecho no está condicionada a la intervención del legislador. nota 1 En un fallo más reciente, la Corte Constitucional declaró exequible el literal b del artículo 8 de la Ley 906 de 2004 que extiende la exclusión de la obligación de declarar contra los parientes civiles hasta el cuarto grado. El artículo 33 de la Constitución consagra el derecho a la no autoincriminación. Según esta norma, bajo el amparo de tal derecho la persona no está obligada, entre otros aspectos, a declarar contra sus parientes que se encuentren dentro del primer grado civil. Esta norma amplía la cobertura del artículo 33 de la Carta Superior hasta el cuarto grado civil. Para la Corte esta reglamentación resulta constitucional pues los parámetros establecidos en la Carta Política son los mínimos que el ordenamiento jurídico y los órganos estatales deben respetar. En consecuencia, si una ley extiende dichas garantías mínimas, en aras de la discrecionalidad con que cuenta el poder legislativo y dicha extensión es ajustada a la Constitución, la protección del derecho resguardado es mayor. Por consiguiente, el reforzamiento de una garantía constitucional por parte de la ley estará ajustada a la Constitución. La posibilidad de que una persona no esté obligada a declarar contra parientes en el cuarto grado civil es una amplificación de la garantía constitucional, que en manera alguna vulnera la Constitución sino que por el Contrario es un perfecto desarrollo de ella. Además, dicha ampliación permite
    • situar en condiciones de igualdad a los hijos no solo matrimoniales y naturales sino igualmente a los hijos adoptivos. nota 2 1. Corte Constitucional, Sentencia C-1287-01 2. Corte Constitucional, Sentencia C-799-05 I.3.7. La garantía de la no autoincriminación se aplica en igualdad de condiciones a los integrantes de parejas del mismo sexo En la Sentencia C-1287 de 2001 la Corte declaro la exequibilidad de la expresión “primero civil” contenida en, entre otras disposiciones, los artículos 431 y 495 de la Ley 522 de 1999. Es claro que ese pronunciamiento tiene el alcance de cosa juzgada relativa y que cabe un nuevo examen de esas disposiciones a la luz de los cargos presentados. Para la Corte, en la medida en que las disposiciones acusadas no atienden a una protección especial en razón a criterio de diferenciación que resulte válido, la exclusión de las parejas homosexuales resulta discriminatoria. Adicionalmente tal exclusión da lugar a un déficit de protección, porque desconoce una realidad social que, desde la perspectiva constitucional, plantea un imperativo de atención. Esto es, el legislador no puede ignorar que en las parejas homosexuales, que constituyen una realidad social que goza de protección constitucional, existe una relación con vocación de permanencia y que da lugar a vínculos de afecto, solidaridad y respeto, frente a la cual las obligaciones que se desprenden de los deberes de declarar o de formular queja dan lugar a cargas demasiado gravosas, que, como se señala en la demanda, en cuanto que comportarían la exigencia de actuar contra esos vínculos de solidaridad, lealtad y afecto, desconocen la dignidad de la persona. No obstante que las anteriores consideraciones son suficientes para condicionar la exequibilidad de las disposiciones demandadas, observa la Corte que las mismas desconocen también el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en cuanto que ignoran una realidad que proviene de la libre opción sexual; el derecho al debido proceso, que está presente en la garantía contra la autoincriminación o la incriminación de los allegados y la libertad de conciencia, porque implican establecer un deber legal de obrar contra las consideraciones de conciencia que surgen de determinados vínculos afectivos. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-029-09 I.3.8. El derecho a la no autoincriminación no se ve menoscabado por la no
    • aceptación de retractación en caso de acuerdo aceptado por el juez En sentencia de constitucionalidad se declararon exequibles las expresiones contenidas en el artículo 293 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), conforme a las cuales el juez, una vez haya examinado el acuerdo para determinar que es voluntario, libre y espontáneo, debe proceder a aceptarlo, sin que sea posible la retractación a partir de ese momento de alguno de los intervinientes. Para la Corte Constitucional, dadas las garantías que ofrece el sistema penal acusatorio, una vez realizada la manifestación de voluntad por parte del imputado, en forma libre, espontánea, informada y con la asistencia del defensor, de modo que sean visibles su seriedad y credibilidad, no sería razonable que el legislador permitiera que aquel se retractara de la misma, sin justificación válida y con menoscabo de la eficacia del procedimiento aplicable y, más ampliamente, con detrimento de la administración de justicia, como lo pretende el demandante. En este orden de ideas, la garantía constitucional del derecho de defensa del imputado no puede traducirse en que la terminación anticipada del proceso en virtud de la aceptación de responsabilidad por parte de aquel, con o sin acuerdo con la Fiscalía, quede condicionada a nuevas manifestaciones de voluntad del mismo, de modo que la primera manifestación sería visiblemente precaria y a la postre el proceso no podría terminar anticipadamente, eliminando así la entidad y la utilidad de dicho mecanismo, que es esencial dentro del nuevo procedimiento, y contrariando también el principio de seguridad jurídica, de singular relevancia en un Estado de Derecho. En cuanto a que el juez deba aceptar el acuerdo una vez lo ha examinado, la Corte considera que la exigencia primordial para la garantía de la libertad de las personas y del debido proceso, en particular de la presunción de inocencia que forma parte integrante de este último, no resulta quebrantada por la expresión que se examina, ya que ésta sólo contiene la orden de que el juez de conocimiento apruebe el acuerdo de aceptación de la imputación, si es voluntario, libre, informado y espontáneo, y no contiene la orden de proferir condena. Por el contrario, la misma norma demandada, en un aparte no impugnado, establece que aquel “convocará a audiencia para la individualización de la pena y sentencia” Por otra parte, en lo concerniente a la determinación de dicha responsabilidad y la consiguiente condena en la sentencia, es evidente que el fundamento principal es la aceptación voluntaria de aquella por parte del imputado, lo cual en el campo probatorio configura una confesión, de modo que se puede deducir en forma cierta que la conducta delictiva existió y que aquel es su autor o partícipe. Por
    • estas razones, la expresión “procederá a aceptarlo” no vulnera el principio de legalidad de la función pública, ni tampoco el principio de imparcialidad judicial. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-1195-05 I.3.9. La facultad de renuncia a los derechos de no autoincriminación y de tener un juicio oral y público no constituye vulneración al debido proceso La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del derecho del procesado a renunciar a los derechos de no autoincriminación y de tener un juicio oral, publico y contradictorio, siempre que mediara la manifestación libre, consciente y voluntaria, establecido en el literal l) del artículo 8 del Código de Procedimiento Penal. Para la Corte esta facultad no vulnera el debido proceso pues lo que consagra esta disposición es la posibilidad del imputado o procesado de renunciar a una de las etapas del proceso: la del juicio, y no a la posibilidad de renunciar a cada uno de los principios que rigen dicha etapa en particular. En otras palabras, consagra la ley la facultad para el imputado o procesado de renunciar a ser vencido en juicio, siempre y cuando tal renuncia se exprese de manera libre, consciente, voluntaria y debidamente informada, es decir, bajo el conocimiento y aceptación voluntaria de todas las consecuencias que ello implica, a fin de que el proceso termine de manera anticipada con sentencia condenatoria. El fin de estos acuerdos, que implican la terminación del proceso de manera anticipada, es humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso, en armonía con los principios constitucionales y fines perseguidos con el nuevo sistema procesal penal de tendencia acusatoria. En conclusión, entre la fiscalía y el imputado o el acusado pueden celebrarse acuerdos orientados a que se dicte anticipadamente sentencia condenatoria, lo que implica la renuncia a la etapa del juicio, es decir, a ser vencido en juicio. También puede aceptarse la culpabilidad al inicio del juicio oral, con lo cual este no se lleva a cabo y se procede entonces a dictar la sentencia condenatoria correspondiente. En los dos casos mencionados, corresponde al juez, bien de garantías o de conocimiento, verificar que no se hayan desconocido o quebrantado garantías fundamentales, así como que se actúa de manera libre,
    • voluntaria, debidamente informado de las consecuencias de su decisión, y que el imputado o procesado se encuentra para ello asesorado por su defensor. Al respecto, el artículo 354 de la Ley 906 de 2004, impone la obligación de que en la realización de los acuerdos esté siempre presente el defensor del imputado, so pena de su inexistencia, así como que prevalece siempre lo que decida el imputado en caso de discrepancia con su defensor, de lo cual se dejará constancia. La aceptación de la culpabilidad al inicio del juicio por parte del acusado no viola las garantías constitucionales propias del debido proceso, en la medida en que debe surtir el control de legalidad del juez correspondiente y deben ser aprobados por el juez de conocimiento, verificándose la no violación de derechos fundamentales y el cumplimiento del debido proceso, y que se trata de una decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual es imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado así como que se actuó en presencia del defensor. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-1260-05 I.4. Prohibición de dilaciones injustificadas I.4.1. Vulneración del derecho al debido proceso por dilación injustificada en las notificaciones El actor interpuso acción de tutela por considerar violado su derecho al debido proceso ,en el proceso penal que cursaba en su contra, considerando que el vehículo de servicio público de su propiedad que le fuera incautado no le ha sido devuelto a pesar de la decisión del fiscal en la que dispuso que le fuera entregado, dada su ausencia de responsabilidad, y ello no ha sido posible pues la providencia sigue en secretaría después de un mes de proferida, a la espera de que sea notificada a los sujetos procesales, para que se surta el grado jurisdiccional de consulta. La Corte, al conceder el amparo solicitado, sostuvo que la dilación presentada en la notificación de la providencia que dio origen a esta acción, no está justificada, pues, como en otras oportunidades se ha sostenido, la mora judicial sólo es legítima frente a la presencia de situaciones procesales, sobrevinientes e insuperables, no obstante una actuación diligente y razonable. La diligencia en el ejercicio de la actividad judicial es un postulado constitucional y su omisión sólo puede justificarse cuando median circunstancias de tal magnitud que, a pesar de
    • la diligente y razonable actividad del juez, no son posibles de superar, de modo que a pesar de la actitud diligente y del deseo del juzgador, los términos legales para impulsar el proceso y decidir en oportunidad se prolongan en el tiempo. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-450-98 I.4.2. Obligación de las autoridades judiciales de cumplir con los términos procesales, incluso si el enjuiciado es requerido por distintas autoridades y procesos Una persona privada de la libertad interpone acción de tutela contra la Fiscalía que adelanta el proceso penal en su contra, aduciendo que durante más de cuatro años contados desde que ha sido vinculado al proceso y ha permanecido preso, no se le ha oído en versión libre o en indagatoria. La Corte Constitucional consideró que en este caso existía una palpable dilación en los términos procesales que vulneraba los derechos a la defensa y el acceso a la administración de justicia del procesado. Para la Corte la desatención en los términos procesales, sin que medien situaciones externas al comportamiento del funcionario que haya obrado diligentemente, es una violación que debe ser protegida por medio de acción de tutela. La desatención de términos solo resulta excusable y por tanto excluye la presencia de una vulneración del debido proceso, cuando son situaciones objetivas, ajenas a la voluntad y actuación propia del funcionario, las que causan la demora para evacuar los procesos, circunstancias que lógicamente deben estar acreditadas en la actuación. En el caso analizado la fiscalía adujo que la razón para no oír en indagatoria al procesado consistió en que ésta persona estaba recluida bajo órdenes de otra dependencia fiscal, que no le puso a disposición al detenido para la indagatoria. Para la Corte, este argumento no resulta suficiente para excusar la dilación en que incurrió la fiscalía, pues en actuaciones procesales en curso no hubo inconvenientes para que esta dependencia tuviera acceso al detenido y cumpliera con los términos procesales establecidos. Adicionalmente, ante la eventual circunstancia que una persona privada de la libertad sea requerida por varias autoridades y para preservar las garantías protectoras del derecho fundamental de la libertad personal, la atención a esas especiales previsiones de celeridad y oportunidad les es exigible a todas ellas, en la medida en que, cuando estas autoridades por algún medio tienen conocimiento de la privación de libertad en que se encuentra la persona que también requieren,
    • deben ejecutar el impulso oficioso que deben imprimir en sus actuaciones, para resolver con la mayor prontitud el caso en su conocimiento y esto lo harán bajo el ordenamiento normativo que corresponde a los procesos con detenido. En el caso en estudio resulta palmaria la inobservancia de los términos procesales dentro de los cuales ha debido actuar la Fiscalía accionada al cotejarlos con los legalmente establecidos para las actuaciones que corresponden a estos procesos, si se tiene en cuenta que, ordenada la vinculación del accionante que ya se encontraba privado de la libertad, la indagatoria ha debido recibírsele en la mayor brevedad posible o a más tardar dentro de los tres días siguientes a tal hecho como dicta la norma; porque en el caso, debe tenerse en cuenta que la “puesta a disposición” que se establece en ese precepto para el inicio del conteo de los términos, no equivalía a la efectiva realización de la captura del vinculado, puesto que como se ha evidenciado éste ya estaba privado de la libertad y de ello tenía pleno conocimiento la demandada, correspondiéndole entonces a ésta, promover y procurar la puesta a su disposición del preso para el efecto. No obstante, es solo hasta después de 4 años, cuando una vez interpuesta la presente tutela, se realiza la diligencia en el lugar donde el mismo estaba detenido sin que, hubiera justificación a la mora, configurándose por consiguiente, causal de vulneración del debido proceso Dado que, cuando el caso llegó a revisión de la Corte, ya se había realizado la indagatoria, la Corte declaró la carencia actual de objeto. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-272-06 I.4.3. Deber de los fiscales de respetar los términos legales para proferir resolución inhibitoria o de apertura de investigación La actora fue vinculada a un proceso sin que después de transcurridos seis se hubiere proferido ninguna de las resoluciones que jurídicamente procedían. De acuerdo con la Corte, el proceso adelantado contra la accionante, se encuentra regulado, por el artículo 324 del CPP, que señala términos preclusivos cuyo máximo es de cuatro meses cuando el delito imputado es de competencia de los jueces regionales. El fiscal encargado de la investigación previa adelantada contra la actora, incumplió injustificadamente el término para proferir la correspondiente resolución, pues la excusa invocada, consistente en el crecido número de expedientes para la época de su posesión, no es admisible si se considera que, frente a la resolución que interesa a la imputada, transcurrió un término muy amplio, que excedió en mucho el legalmente previsto, sin que aquélla se hubiera producido. Con ello vulneró el derecho al debido proceso,
    • dado el carácter injustificado de la dilación, y faltó a la eficiencia exigible a la administración de justicia, por lo cual se concedió el amparo solicitado. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-190-95 I.4.4. Prohibición de dilaciones injustificadas en la definición de situación jurídica Se demandaron algunos apartes de los artículos 329, 438 y 439 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior) los cuales consagraban que, una vez iniciada la instrucción, ni el fiscal competente para adelantarla, ni ningún otro funcionario, podía cerrarla sin que existieran las pruebas necesarias para calificarla, profiriendo resolución de acusación o de preclusión; en cualquier otro caso, el fiscal tendría que continuar con la instrucción, hasta que transcurriera el término contemplado para la prescripción de la acción penal. La Corte, al declarar inexequibles los apartes de tales artículos sostuvo que “si se examina la situación legal de las personas vinculadas a una instrucción, dentro de la vigencia de la Constitución de 1991, pero antes y después de la vigencia del Decreto 2700 de ese año, se encuentra que indudablemente tal decreto menoscaba el derecho fundamental a la libertad personal, consagrado en el art. 28 de la Constitución y viola lo estipulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 29 de la Carta, pues introduce demoras injustificadas en la definición de la situación jurídico-penal de las personas. Por tanto, será declarado inexequible en la parte acusada” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-411-93 I.4.5. Los funcionarios judiciales deben resolver la situación jurídica de los procesados dentro de los términos legales El actor instauró acción de tutela por vulneración de su derecho fundamental al trabajo, debido a que el DAS no le ha expedido la refrendación de su certificado judicial, en dos oportunidades, por aparecer en los registros una investigación penal en su contra. Al dirigirse a la fiscalía, ésta le recibió indagatoria y año y medio después aun no le ha resuelto su situación jurídica. La Corte concedió el amparo solicitado pues consideró que las garantías sustanciales y procesales integrantes del debido proceso, que incluyen el cumplimiento efectivo de los términos procesales, fueron inaplicadas por la actuación arbitraria del funcionario instructor. Se vulnera el derecho al debido proceso cuando la autoridad judicial incurre en mora en el cumplimiento de los términos procesales penales, al
    • mantener vinculado al proceso penal al sindicado, sin definir su situación jurídica por más tiempo del máximo contemplado en la ley procesal. Cuando se trata de actuaciones judiciales, la autoridad está en la obligación de desplegar toda la actividad necesaria para decidir el asunto sometido a su consideración con el fin de resolver lo más pronto posible la situación jurídica del inculpado dentro del proceso penal. Las etapas procesales tienen como única finalidad permitir que las partes ejerzan su derecho a la defensa, controvirtiendo las decisiones que se tomen en el proceso, pero este derecho se vuelve inane, cuando no se informa a la persona su vinculación al proceso penal, como sucedió en este caso. La Corte ha considerado que se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no se le comunica oportunamente a una persona la existencia de una investigación en su contra, de modo que pueda ejercer su derecho de defensa. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-781-02 I.4.6. Los fiscales deben respetar los términos procesales para definir la situación jurídica de los procesados y calificar el sumario El actor presentó acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso, a la vida, al trabajo, a la libertad, la tranquilidad y el sosiego, a la honra y al buen nombre, por la injustificable mora de más de cinco años para calificar el sumario y de más de dos años para resolver su situación jurídica. La Corte aunque negó el amparo solicitado por cuanto el actor ya había sido desvinculado del proceso, sostuvo que la fiscalía ocasionó daño al peticionario, pues lo mantuvo vinculado al proceso penal sin definirle su situación jurídica ni calificar el mérito de la investigación, por más tiempo del máximo contemplado en la ley procesal para lo uno y lo otro. Para la Corte, está demostrado que la entidad demandada violó el derecho al debido proceso del actor al incurrir en tal mora y al sólo advertir la inexistencia de la indagatoria dos años después de realizarla. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-097-98 I.4.7. Orden de captura no es oponible cuando el expediente se ha extraviado. su vigencia está dada por la existencia física del proceso El actor interpuso acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso, a la información y el principio de favorabilidad penal, dado que seguía vigente una orden de captura cuando el expediente del proceso que
    • cursaba en su contra se hallaba destruido. La Corte, al tutelar los derechos del actor sostuvo que sólo es posible que una orden de captura sea oponible para impedir el goce de algún beneficio a favor del procesado o condenado, si ella está vigente. Y la vigencia estará dada en la medida en que exista físicamente el proceso. De lo contrario, se estaría ante la violación del derecho al debido proceso, de dos maneras: a) violación de los términos procesales que hacen parte del debido proceso. La Corte ha señalado que el Estado no puede mantener a un sindicado vinculado a una investigación penal, cuando ésta no se cierra antes de cumplirse el término de prescripción de la correspondiente acción penal; b) una orden de captura no puede quedar indeterminada en el tiempo, pues, se afecta también el artículo 28 de la Constitución, ya que se convierte en una medida penal imprescriptible. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-958-00 I.4.8. Las secretarías de la fiscalía deben dar un manejo ordenado y técnico a los expedientes para respetar el derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas Los actores interpusieron acción de tutela contra una fiscalía Regional para que se les proteja el derecho al debido proceso, por considerar que durante dos años ha quebrantado los términos legales, dentro del proceso que adelanta en su contra. Indican que transcurridos tres meses de haber presentado múltiples recursos de reposición y apelación, el fiscal accionado se ha negado a resolverlos, vulnerando el derecho de defensa y el debido proceso. La Corte ha señalado que la acción de tutela no es procedente contra providencias judiciales, salvo en las siguientes situaciones: 1) dilación injustificada de términos; 2) actuaciones de hecho imputables al funcionario; y 3) cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable. En relación con lo primero es pertinente destacar la obligación por parte de las autoridades judiciales de cumplir sus deberes y los términos previstos para cada procedimiento, por cuanto la dilación injustificada conlleva la vulneración del derecho fundamental al debido proceso. La acción de tutela es procedente para que se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales. El derecho fundamental del debido proceso se inspira en el principio de celeridad procesal de las actuaciones de los funcionarios del Estado. Por ello cuando quien tiene la potestad de administrar justicia se excede injustificadamente en el
    • término legal para adoptar una decisión judicial incumple los deberes que le son propios, conculca el derecho fundamental mencionado, y ocasiona perjuicios a la parte afectada con la dilación injustificada. Para la Corte, las dilaciones respecto a la decisión oportuna de las peticiones que fueron presentadas por el actor, obedecen al manejo ineficiente y desordenado por parte de la secretaría que hacen difícil el manejo del expediente, lo cual dio lugar a la determinación de la fiscalía Regional para exigirle a aquella el cumplimiento de sus funciones al no haber tramitado oportunamente las solicitudes respectivas a fin de ponerlas en conocimiento de dicho funcionario. La Corte considera que la situación de hecho presentada en la tramitación de los procesos contra los actores refleja una falta de organización que origina la tardanza para resolver las peticiones formuladas oportunamente, y que se atribuye a la Secretaría Común de la fiscalía Regional. Sin embargo, la Corte no tuteló el derecho del actor al no encontrar configurada la violación al debido proceso y la dilación injustificada pues mediante la inspección judicial del despacho encontró que se ha observado el desarrollo del respectivo proceso penal pero previno a la fiscalía Regional y a la Secretaría Común, para que se abstuvieran de incurrir en las omisiones que fueron materia de esta tutela nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-668-96 I.4.9. Deber de los fiscales de resolver oportunamente las peticiones de los sindicados y de sus defensores Según el actor, la fiscalía vulneró su derecho al debido proceso al retrasar de manera injustificada la resolución de las peticiones elevadas en el proceso penal que cursaba en su contra. La Corte sostuvo que es deber de las autoridades judiciales cumplir de manera diligente los plazos procesales, no sólo porque su inobservancia puede ser sancionada sino por cuanto la dilación injustificada de tales términos configura una violación del debido proceso susceptible de ser atacada por medio de la acción de tutela. La tutela es procedente para que se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en las decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales. En este caso, el fiscal que inicialmente adelantó el proceso contra el actor dilató sin razón aparente la resolución de una petición, que solicitaba la revocatoria de la constitución de parte civil y la preclusión de la investigación. La Corte no encuentra una justificación razonable para tal retraso, por lo cual considera que esa autoridad judicial estaba vulnerando el derecho al debido proceso del
    • peticionario por injustificada dilación de los términos. Posteriormente, el nuevo fiscal a quien le fue asignado el proceso, resolvió la petición del actor e incluso accedió a sus pretensiones, pues revocó la constitución de parte civil y precluyó el proceso. Dado que la actuación impugnada por el actor ha cesado, no procede la tutela por carencia actual de objeto nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-368-95 I.4.10. Vía de hecho por dilaciones injustificadas en la remisión del expediente al comitente El actor interpuso acción de tutela por considerar vulnerados los derechos de sus poderdantes por cuanto el fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia se negó a remitir el expediente al Fiscal General de la Nación, por ser éste, según el actor, el único funcionario competente para investigar y calificar la conducta de los procesados. La Corte, al conceder el amparo solicitado consideró que “La figura de la comisión implica límites temporales, materiales y funcionales, que no pueden ser sobrepasados por el comisionado sin vulnerar el acto por medio del cual le fue conferida la competencia para actuar y, en consecuencia, violar el derecho de las partes a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. (...) es claro que los límites materiales de la comisión estaban agotados al momento de calificar la situación jurídica de los sindicados, y que el expediente debió ser remitido al comitente para que éste procediera a decidir sobre la preclusión prevista en la ley; como así no lo hizo el comisionado, y se negó reiteradamente a acatar el parágrafo del artículo segundo de la resolución por medio de la cual se le comisionó, violó el derecho consagrado en el artículo 29 Superior, pues con su extralimitación en el cumplimiento de la comisión hizo nugatorio el derecho del Ministerio Público y de la parte civil, a obtener del comitente un pronunciamiento legítimo sobre la nulidad del auto interlocutorio proferido por el demandado” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-074-96 I.4.11. Violación del derecho al debido proceso de familiar de víctima fatal por inacción de la administración de justicia A pesar de que la actora no señala específicamente la vulneración de un derecho fundamental, de los hechos se concluye que lo que se busca es que se le tutele el debido proceso y la protección del derecho a la información. Aunque han pasado
    • varios años desde que su hermano fue asesinado, la actora y sus familiares desconocen el trámite dado a las denuncias que se presentaron con ocasión del ilícito. La Corte argumenta que el artículo 29 de la Constitución Política señala que el debido proceso gobernará toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, lo que significa que el derecho de los ciudadanos a poner en funcionamiento el aparato judicial en defensa de sus intereses, deberá atender los requisitos o formalidades mínimas que integran el debido proceso. En ese sentido, la dilación injustificada en los trámites para lograr el acceso a la justicia desconoce los postulados del Estado social de derecho, así como el debido proceso de quien se encuentra interesado, como en este caso, en que la actuación penal sea oportuna. Con ocasión de la muerte del hermano de la actora en 1996, las autoridades judiciales llevaron a cabo el levantamiento del cadáver, recibieron algunos testimonios y remitieron a las fiscalías de Sogamoso las diligencias con el nombre del presunto autor del hecho. A partir de ahí, no se conoce ninguna actuación posterior de la fiscalía hasta el 2003 cuando se presenta la acción de tutela. Incluso la autoridad demandada dice no encontrar registrada en los libros investigación alguna por esa muerte. Por lo anterior, la Corte le ordena a la autoridad competente que le informe a la actora dónde y cuáles han sido las diligencias adelantadas con ocasión del homicidio de su hermano. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-977-03 I.4.12. Deber de diseñar estrategia global para corregir el problema estructural de las remisiones de los internos a los lugares donde son juzgados. vulneración del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas Los actores, recluidos en una cárcel de Cali, interpusieron acción de tutela contra la Directora y el Comandante de Vigilancia del centro carcelario, por considerar vulnerados sus derechos a la igualdad, a la libertad, al debido proceso y a la defensa. Señalan que en varias oportunidades, el Juzgado Penal del Circuito de Pasto, que adelanta el proceso penal en su contra, ha solicitado su remisión para llevar a cabo la audiencia pública de juzgamiento y que la Directora de la Cárcel y el Comandante de Vigilancia se han negado a efectuar dicha remisión, aduciendo que la institución no cuenta con los medios ni el personal necesario para ello. Para la Corte, las personas que han sido trasladadas a un establecimiento de reclusión ubicado en un lugar distinto de aquel en el que están siendo juzgadas
    • tienen derecho a ser remitidas a la sede del juzgado respectivo, cuando su presencia sea relevante para garantizar el debido proceso pues se favorece el derecho a la defensa material, y es esencial para realizar el principio de inmediación judicial, propio del Derecho Penal. En consecuencia, cuando el Estado ha decidido trasladar a un recluso a un lugar diferente de aquel en el que está siendo juzgado, debe realizar las previsiones necesarias para asegurar su posterior asistencia a las diligencias que así lo exijan. Si existen razones objetivas y suficientes que justifiquen la decisión de no trasladar al interno de una localidad a otra, en la fecha programada para la realización de la audiencia pública de juzgamiento, no se violan los derechos del interno. En estos casos la diligencia judicial debe ser suspendida hasta que se produzca el traslado y, por lo tanto, las posibilidades de defensa del procesado no se ven amenazadas ni limitadas por la suspensión; tampoco se vulnera el derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas, pues las razones deben ser suficientes para justificar la suspensión de la audiencia; y no se viola el derecho a la libertad personal, pues el Legislador ha establecido que, si pasados seis meses a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, no se ha celebrado la audiencia de juzgamiento, el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional (CPP art. 4155). Sin embargo, si los argumentos para justificar la decisión de no trasladar a una persona cuya presencia ha sido solicitada por el juez competente no son suficientes, entonces la conducta omisiva de la administración lesiona el derecho fundamental al debido proceso de la persona recluida. En principio, es suficiente la justificación objetiva y razonable, es decir, aquella que se fundamenta en datos ciertos y costatables, cuando quiera que las mismas conduzcan, razonablemente, a la protección de un bien o derecho de igual o mayor entidad que el derecho que se restringe por la orden de no realizar la remisión en la fecha programada. De otra parte, la existencia de una justificación objetiva y razonable supone que la solicitud de traslado ha sido correctamente evaluada y que se han tomado todas las previsiones necesarias para realizarla, pese a lo cual, ha resultado imposible sin poner en peligro bienes constitucionales de mayor jerarquía como la vida o la integridad personal del interno o de la guardia. El Comandante de Seguridad y la Directora de la Cárcel de Cali argumentan la falta de personal para trasladar en condiciones de seguridad a los actores en tres oportunidades diferentes, las condiciones de hacinamiento y una permanente zozobra por la falta de personal de guardia. Aunque los argumentos son ciertos, no son suficientes para justificar una dilación de más de ocho meses en el traslado para la audiencia y, por lo tanto, en la definición del proceso penal. Los
    • efectos nocivos de la imprevisión del Estado, que dejó de adoptar las medidas necesarias para garantizar el traslado oportuno de los internos a la sede en la cual están siendo juzgados, no pueden recaer sobre la persona procesada y privada de su libertad. Las graves circunstancias de seguridad o los problemas de orden público justifican una cierta postergación del traslado, pero no explican una demora tan considerable si no se intentó superar las dificultades mencionadas. Para la Corte, se presenta una vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones injustificadas, pero no puede limitarse a proferir una orden para el caso concreto, pues desconocería la existencia de un problema estructural que afecta a la mayoría de las cárceles del país, y cuya solución no corresponde a una actuación puntual de las autoridades de la cárcel de Cali o del INPEC a nivel nacional. Además se podría producir una lesión de los derechos a la igualdad y al debido proceso de las personas recluidas, y respecto de las cuales existen órdenes judiciales de traslado. En estos casos, la situación inconstitucional no sólo afecta los derechos de quienes interpusieron la acción de tutela, sino los de una parte importante de la población reclusa y no tendría sentido obligar a cada miembro del grupo afectado a acudir a la acción de tutela, pues ello congestionaría el aparato judicial. De otra parte, al considerar las causas de la violación y actuar sobre ellas para removerlas, la Corte debe aplicar la igual protección de los derechos, a la que son acreedoras todas las personas afectadas por una misma situación. El hacinamiento, y la falta de recursos y de personal de guardia no son problemas exclusivos de la cárcel de Cali y por lo tanto, no se trata de ordenar la asignación de mayor personal para este establecimiento, pues ello, seguramente, implicaría la disminución de la seguridad de otro lugar de reclusión. En estas circunstancias, la Corte advierte que la violación de los derechos de los actores se produjo como consecuencia de un estado de cosas que amenaza permanentemente los derechos de los reclusos que han sido trasladados a este establecimiento de reclusión. Las circunstancias planteadas en este caso dan lugar a la declaración de un estado de cosas inconstitucional. En efecto, la necesidad de recluir en la cárcel de Cali a quienes, estando en otro establecimiento de la región, presenten problemas de seguridad, sumado a la falta de personal de guardia, a los problemas de orden público y al número creciente de solicitudes judiciales de remisión, no puede sino conducir al aplazamiento de los traslados y a la indefinida postergación del correspondiente proceso penal, con los consecuentes efectos negativos para la recta administración de justicia, los derechos de los reclusos y el control de la impunidad fruto de la dilación injustificada del proceso en el que se ha dictado y hecho efectiva una orden de
    • detención. En estas circunstancias, es necesario que todas las autoridades a quienes se encomienda la pronta administración de justicia y la protección de los derechos de las personas recluidas, actúen de consuno para dar una solución de fondo al problema estructural presentado. La Corte advierte que los efectos de una dilación injustificada del proceso, por la imposibilidad de efectuar el traslado oportuno de la persona procesada a las diligencias que así lo requieran, no atañen exclusivamente al INPEC, sino que se trata de un asunto que debe interesar a la rama judicial, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fuerza Pública. En estas condiciones, el funcionario judicial competente, previa la respectiva solicitud de remisión, podría entrar en contacto con las directivas de la cárcel para que éstas pudieran coordinar con la Fuerza Pública el traslado oportuno de la persona recluida a la respectiva diligencia judicial. En consecuencia, para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la población reclusa así como la eficacia en la administración de justicia, la Corte ordena a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a la fiscalía General de la Nación, al Ministro de Defensa, al Director Nacional de la Policía, al Director Nacional del INPEC y al Ministro de Justicia y del Derecho, la adopción conjunta de estrategias de coordinación y cooperación interinstitucional que permitan resolver el problema estructural evidenciado, de manera que los jueces y fiscales puedan coordinar con las autoridades del INPEC, y éstas últimas, con la Fuerza Pública, la remisión oportuna y adecuada de las personas recluidas en centros ubicados en un lugar distinto de aquel en el que se surte el proceso en su contra. Las autoridades también deben estudiar la posibilidad de aplicar nuevas tecnologías para una adecuada administración de justicia cuando resulte imposible, o en exceso riesgoso, el traslado de la persona privada de la libertad a la sede del juzgado respectivo. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-966-00 I.4.13. Los jueces que incumplen el deber de respetar los términos legales vulneran el debido proceso e incurren en causal de mala conducta El peticionario presentó una denuncia que después de transcurridos dos años, seis meses y quince días no se había definido cual era la corporación competente para conocer de la misma, sin que se definiera si se ordenaba la apertura de la investigación o si se dictaba un auto inhibitorio. El peticionario solicita que se tutelen sus derechos al debido proceso y el acceso ante la administración de justicia. De acuerdo con la Corte, en materia penal el debido proceso constituye,
    • tal vez, el principio rector por excelencia del procedimiento y, por ende, el que marca las pautas sobre las que se habrá de guiar la relación procesal. Los términos procesales son improrrogables y obligan tanto a las partes como a los jueces. El funcionario que incumpla los términos procesales o que dilate injustificadamente el trámite de una querella, solicitud, investigación o un proceso sin causa motivada, incurrirá en causal de mala conducta. Para la Corte, en este caso se encuentra ante una omisión del juez en darle el trámite legalmente a la denuncia instaurada por el peticionario. Sobre el particular dispone el artículo 324, que la “investigación previa” (etapa en que conforme a las nuevas disposiciones penales se encuentra la demanda formulada por el peticionario de la tutela), "se desarrollará mientras no exista prueba para dictar resolución inhibitoria o mérito para vincular en calidad de parte al imputado. En este último caso se dictará resolución de apertura de instrucción". En consecuencia, la Corte ordena al juez que en un término perentorio proceda a dictar resolución inhibitoria o resolución de apertura de la instrucción en el expediente que contiene la denuncia presentada por el peticionario nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-572-92 I.4.14. Deber de los jueces de respetar los términos procesales en la etapa del juicio para dictar sentencia El actor, quien se encuentra privado de la libertad, interpuso acción de tutela contra un juez regional por considerar vulnerados sus derechos a la dignidad, el debido proceso y la observancia de los términos procesales dado que a la fecha de presentación de la tutela, no se habían realizado las pruebas decretadas y no se había procedido a cerrar la etapa probatoria del juicio. Si bien la Corte negó el amparo solicitado por cuanto el juez le notificó que el expediente ya estaba al despacho para dictar sentencia, aclaró que en principio la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo en tres hipótesis excepcionales: i) cuando exista una dilación injustificada de términos; ii) cuando se está frente a actuaciones de hecho imputables al funcionario; y iii) cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable. En este caso se da la primera hipótesis y en principio procedería la tutela, a condición que se reúnan los demás requisitos. Ni el procesado tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que el Estado profiera una sentencia condenatoria o absolutoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los autores de los delitos que crean zozobra en la comunidad.
    • La Corte advierte que en el proceso penal hubo violación al debido proceso pues resulta incuestionable que el término es improrrogable y bajo ninguna circunstancia puede el juez regional suspender el juicio indefinidamente a la espera de pruebas solicitadas pero no practicadas. Si vencidos los términos, no ha sido posible recaudar la prueba, el proceso penal en la etapa de juicio debe proseguir hasta su culminación, pues los elementos de juicio que han servido de base para proferir la resolución de acusación, serán tenidos en cuenta por el juez para la sentencia. La limitación del derecho a la libertad es cuestión de tal naturaleza que el Estado tiene la obligación de demostrar dentro de un término establecido en la ley, la responsabilidad del procesado; cualquier duda al respecto debe favorecer al sindicado, en desarrollo del principio de la presunción de inocencia, que impone la carga probatoria al Estado y en su defecto se exige la absolución. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-450-93 I.4.15. La elusión de un término para reemplazar al fiscal que ha sido separado por vencimiento de términos, no vulnera el debido proceso Se demanda la inconstitucionalidad del artículo 294 de la Ley 906 de 2004, bajo el argumento de que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa. Para la Corte, si bien es cierto que en el artículo 294 de la Ley 906 de 2004 no se contempló un término preciso para que se designe al nuevo fiscal, ello no implica que el legislador haya incurrido en una omisión legislativa contraria a la Constitución, porque, como pasa a mostrarse, de una interpretación integral del ordenamiento procesal penal se desprende que la eventual demora en la designación del nuevo fiscal no tiene efecto dilatorio sobre el proceso penal. En efecto, la previsión del artículo 294 de la Ley 906 de 2004 se inscribe en el contexto del nuevo proceso penal, orientado por el principio de celeridad, de manera que si, a partir de la imputación, se dejan vencer los términos en detrimento de la celeridad, se contempla la separación del caso del fiscal que ha venido actuando en el mismo, sujeto a la correspondiente investigación disciplinaria, la necesidad de reemplazarlo y el nuevo término para proferir las decisiones. Para la Corte no se configura en este caso una omisión legislativa relativa contraria a la Constitución, atribuible a la ausencia de señalamiento de un término para que el superior designe un nuevo fiscal, porque la eventual demora en hacerlo no afecta los términos legalmente previstos para la correspondiente etapa procesal, puesto que, a partir de una consideración integral del artículo demandado, en concordancia con otras disposiciones del mismo estatuto procesal
    • penal, es posible señalar que el tiempo para proferir la decisión se debe contabilizar desde la designación del nuevo fiscal, la cual debe producirse de inmediato, razón por la cual dicho término, en realidad, debe contarse a partir del momento en el que se venció el previsto en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, interpretación que, en los casos en los que el imputado se encuentre privado de la libertad, tiene confirmación expresa en el texto del artículo 317 del mismo ordenamiento, conforme al cual se producirá la libertad del imputado cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de la formulación de la imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión, con la advertencia, en la misma disposición, de que dichos términos deben contabilizarse de manera ininterrumpida. De este modo, la mora en la designación del nuevo fiscal no afecta al imputado y no habría lugar a una dilación injustificada del proceso. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-558-09 I.5. Principio de contradicción I.5.1. Principio de contradicción en audiencia pública de juzgamiento Se demanda la inconstitucionalidad de unos apartes de los artículos 247 y 449 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior), por considerarlos violatorios de la Carta al permitir que no todas las pruebas se llevaran a cabo durante la audiencia pública. La Corte, al declararlos exequibles sostuvo que las pruebas incorporadas durante la fase sumarial o la investigación previa han sido previamente debatidas y controvertidas, con lo cual el sindicado ha podido ejercer su derecho de defensa. Lo anterior no significa que esas pruebas sean inmodificables, una vez queda en firme la resolución de acusación, o que el juez quede atado por la valoración probatoria efectuada por el fiscal. Durante el juicio, la defensa no sólo puede discutir la valoración probatoria hecha por el fiscal sino que puede también solicitar todas las pruebas que considere conducentes, y el juez debe decretar aquellas que juzgue procedentes. Además el juez valora de manera autónoma el material probatorio, pues las facultades de la fiscalía deben respetar "en todo caso, el principio de autonomía del juez" y el debido proceso exige que "el juzgamiento se haga por el juez natural competente, según el ordenamiento jurídico, esto es, el juez del conocimiento". Finalmente, y como lo señala uno de los incisos parcialmente acusado, en perfecta concordancia con la presunción de inocencia (CP art. 29), el juez sólo puede dictar sentencia condenatoria si el conjunto de ese material lo lleva a la certeza del hecho punible y de la responsabilidad del sindicado.
    • Concluye que las expresiones impugnadas no desconocen el derecho de defensa ni la contradicción de la prueba, pues el juez sólo puede condenar con base en pruebas debidamente controvertidas que lo llevan a la certeza de la responsabilidad del procesado. Por ello es conforme a la Carta que la ley no obligue al juez a repetir todas las pruebas, siempre y cuando le ordene, como lo hace el actual estatuto procesal, decretar todas aquellas que sean necesarias al esclarecimiento de los hechos. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-609-96 I.5.2. La práctica de pruebas anticipadas constituye una excepción al principio de inmediación de la prueba que se ajusta a la constitución La Corte Constitucional declaró exequible la figura de la prueba anticipada prevista en los artículos 16, 154 y 284 de la Ley 906 de 2004. Esta figura permite que en circunstancias excepcionales pueda tenerse como prueba aquella que fue producida o incorporada durante la audiencia ante el juez de control de garantías. El sistema acusatorio adoptado por nuestra Constitución se caracteriza por privilegiar el principio de inmediación de la prueba, según el cual, las pruebas deben practicarse ante el juez que va a dictar la sentencia. Esto significa que durante la etapa preprocesal de indagación, en principio, al igual que en el curso de investigación, no se practican realmente “pruebas”, sino que se recaudan, tanto por la Fiscalía como por el indiciado o imputado, elementos materiales probatorios, evidencia física e información, tales como las huellas, los rastros, las armas, los efectos provenientes del delito, y los mensajes de datos, entre otros. Las pruebas anticipadas establecidas en el Código constituyen una excepción, constitucionalmente aceptable, al principio de inmediación de la prueba, en la medida en que ella respeta los principios constitucionales de legalidad, publicidad y contradicción establecidos en el artículo 29 de la Carta Fundamental y es un medio con el que se cuenta para desarrollar la función impuesta a la Fiscalía consistente en conservar la prueba (art. 250, num.1 CP). La prueba anticipada debe practicarse ante el juez de control de garantías, durante una audiencia pública, con la observancia de las formas previstas para la práctica de pruebas en un juicio, de manera tal que, la decisión que autorice la práctica de pruebas anticipadas puede ser impugnada, e incluso, de ser posible, el juez de conocimiento puede ordenar la repetición de la práctica de la prueba. Adicionalmente, la prueba anticipada se justifica en la medida en que ellas sólo se practican frente a circunstancias excepcionales y urgentes en las que de no actuarse, la prueba corre el riesgo inminente de desaparecer, afectándose el
    • cumplimiento del deber estatal de conservación de la prueba y, especialmente, los derechos de las víctimas. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-591-05 I.5.3. La prohibición de que el juez decrete pruebas de oficio en el proceso penal de tendencia acusatoria, solamente es aplicable en las audiencias preparatoria y de juicio Se demanda la inconstitucionalidad del artículo 361 de la Ley 906 de 2004, bajo la consideración de que desconoce los artículos 2°, 4°, 228 y 229 de la Constitución. Para la Corte, la prohibición contenida en el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal no es absoluta, en tanto que los jueces de control de garantías sí pueden decretar y practicar pruebas de oficio en casos en los que sea indispensable para garantizar la eficacia de los derechos que son objeto de control judicial. Nótese, que no sólo la ubicación de la norma demandada en el contexto normativo significa que la pasividad probatoria del juez está limitada a la etapa del juicio y, especialmente en la audiencia preparatoria, sino también que la ausencia de regulación al respecto en las etapas anteriores al juicio, muestran que la prohibición acusada obedece a la estructura del proceso penal adversarial, según el cual, mientras se ubica en la etapa de contradicción entre las partes, en la fase del proceso en la que se descubre la evidencia física y los elementos materiales probatorios y en aquella que se caracteriza por la dialéctica de la prueba, es lógico, necesario y adecuado que el juez no decrete pruebas de oficio porque rompe los principios de igualdad de armas y neutralidad en el proceso penal acusatorio. No sucede lo mismo, en aquella etapa en la que el juez tiene como única misión garantizar la eficacia de la investigación y la preservación de los derechos y libertades que pueden resultar afectados con el proceso penal. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-396-07 I.5.4. La prohibición de decretar pruebas de oficio, sólo aplica para el juez de conocimiento, más no para el juez de control de garantías. Se demanda la inconstitucionalidad del artículo 361 de la Ley 906 de 2004, bajo la consideración de que desconoce los artículos 2°, 4°, 228 y 229 de la Constitución.
    • Al respecto, la Corte sostuvo que la simple ubicación de la norma demandada en el sistema jurídico procesal penal permitiría concluir que el intervencionismo probatorio está prohibido, en forma categórica, solamente para el juez de conocimiento, quien tiene a su cargo la dirección y manejo del debate probatorio entre las partes y, no para el juez de control de garantías; sin embargo, la interpretación teleológica de la norma también conduce a la misma conclusión. En efecto, en varias oportunidades esta Corporación ha dicho que el juez de control de garantías, juez constitucional por excelencia, es el “garante de los derechos constitucionales y … supervisor de la actuación de las autoridades públicas y de los particulares en la etapa de la investigación penal… tiene a su cargo la ponderación y armonización de los derechos en conflicto”. De esta forma, es lógico sostener que el funcionario judicial que tiene a su cargo conciliar el eficientismo y el garantismo del derecho penal, en tanto que debe preservar los derechos y libertades individuales que consagra la Constitución y, al mismo tiempo, debe favorecer la eficacia de la investigación penal como método escogido por las sociedades civilizadas para sancionar el delito y materializar la justicia en el caso concreto, puede decretar pruebas de oficio cuando considere estrictamente indispensable para desarrollar su labor. De hecho, no se trata de convertir la etapa de preparación al juicio en una fase investigativa por parte del juez, por lo que, dentro de la lógica del sistema acusatorio, él no tendría autorización para averiguar la veracidad de lo ocurrido o para preparar la acusación o la absolución del indiciado, se trata de permitirle al juez instrumentos adecuados para ejercer su función de guardián de los derechos y libertades en tensión en el proceso penal. Confirma esa tesis, la interpretación sistemática de la Ley 906 de 2004, en la cual puede observarse con nitidez que el juez penal en el sistema acusatorio no es un convidado de piedra, pues, como se explicó en precedencia, el modelo acusatorio colombiano es propio y no puede ajustarse integralmente a ninguno de los diseñados en el derecho comparado sino que debe ajustarse a todas las características directamente señaladas por el Constituyente (artículo 250 de la Constitución). En efecto, en el esquema colombiano, a diferencia de otros países, el juez de control de garantías puede decretar pruebas para defender los derechos y garantías en tensión, la víctima puede solicitar pruebas para descubrir la verdad, el Ministerio Público puede pedir pruebas, si el juez advierte vacío probatorio lo advierte al Ministerio Público para que pida las pertinentes y el juez de conocimiento tiene a su cargo el control de las formas que tienen contenido sustancial. En este último aspecto, por ejemplo, el juez de conocimiento: i) controla formal y materialmente el escrito de acusación presentado por la Fiscalía
    • (artículos 336 y 337 del Código de Procedimiento Penal), ii) asiste al descubrimiento de los elementos probatorios y las pruebas (artículo 344), iii) puede contrainterrogar testigos (artículo 397), iv) ejerce control sustancial y formal sobre los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado (artículos 348 a 354), v) realiza control integral sobre la aplicación del principio de oportunidad, vi) decide la pertinencia y admisibilidad de la prueba (artículos 375 y 376) y, vii) realiza control sobre los acuerdos probatorios (artículo 356, numeral 4º). Eso muestra, entonces, que en nuestra legislación, el juez lejos de ser un convidado de piedra, es una autoridad plenamente activa en la búsqueda de la verdad, la realización de la justicia y la defensa de los derechos y garantías individuales que se encuentran en tensión en el proceso penal, por esa razón dirige el proceso penal y exige la aplicación del derecho, aunque, de acuerdo con la libertad de configuración normativa del legislador, no pueda decretar pruebas de oficio en la audiencia preparatoria. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-396-09 I.6. Principio de favorabilidad I.6.1. Principio de favorabilidad frente al cambio de legislación Se presenta demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 357 numeral primero y 536 inciso primero de la Ley 600 de 2000 (nuevo Código de Procedimiento Penal), los cuales consagran la procedencia de la medida de aseguramiento y la entrada en vigencia del código, respectivamente. Para el actor, las normas acusadas son favorables para el procesado y como la favorabilidad en materia penal es de aplicación inmediata (Constitución Política, artículo 85), el legislador no podía válidamente diferir su aplicación en el tiempo. Sostiene que la entrada en vigencia del código en un año contado a partir de su promulgación, hace nugatoria la aplicación inmediata del principio de favorabilidad y, por ende, viola la Constitución. La Corte, al declarar la exequibilidad de las normas demandadas sostuvo que la aplicación del principio de favorabilidad corresponde al juez del conocimiento en cada caso concreto, pues sólo él debe determinar cuál es la norma que más beneficia al procesado. Esto significa que el principio no es predicable frente a normas generales, impersonales y abstractas. Que el principio de favorabilidad, como parte integrante del debido proceso, es de aplicación inmediata (art. 85 CP), significa solamente que puede exigirse o solicitarse su aplicación en
    • cualquier momento, pero con la condición de que la nueva ley más favorable se encuentre rigiendo. En el presente caso el Legislador al señalar la vigencia de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal no obstaculizó ni restringió la aplicación inmediata del principio de favorabilidad, el cual debe ser objeto de examen y aplicación por parte del juez a quien se le ha asignado competencia para resolver el proceso penal respectivo, a partir del momento en que aquellos comiencen a regir. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-581-01 I.6.2. El principio de favorabilidad debe ser aplicado, de acuerdo a las circunstancias del caso, cuando el cambio de legislación implique reducción de la pena, incluso si se trata de normas procesales Una persona condenada a pena de prisión solicita la redosificación de la sanción por la entrada en vigencia de la nueva legislación procesal penal. Según el condenado, él se hizo acreedor durante la vigencia de la Ley 600 de 2000 al beneficio de rebaja de la tercera parte de la pena por haber aceptado los cargos que se le imputaban. De acuerdo con lo contemplado en la Ley 960 de 2004 (nuevo Código de Procedimiento Penal), quien acepta los cargos -es decir, en la misma situación- tiene derecho a recibir rebaja de hasta la mitad de la sanción. Por esta razón solicita que se le aplique este último beneficio ya que resulta más favorable para su situación. El juez de ejecución de penas negó esta solicitud aduciendo básicamente que la Ley 960 no podía aplicarse a procesos que se hubieran adelantado antes de la entrada en vigencia. La Corte Constitucional, al conocer este caso en acción de tutela, amparó el derecho al debido proceso del condenado y ordenó al juez de ejecución de penas resolver la solicitud teniendo en cuenta el principio de favorabilidad. Para la Corte, en este caso se evidencia un defecto sustancial en la actuación del juez de ejecución de penas, consistente en haber tomado la decisión con fundamento en una normatividad que no era la aplicable al caso concreto. En efecto, el funcionario judicial partió de un concepto totalmente distorsionado de la favorabilidad en materia penal, el cual riñe con su consagración constitucional (artículo 29) y con las normas internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad. Por un lado, consideró que no es posible retrotraer un proceso ya concluido, ignorando así el precepto superior que no contiene exclusiones, e incluso la tradición de este principio que proyecta sus efectos de manera significativa hacia los condenados. De otro lado, entendió que la favorabilidad
    • opera únicamente frente a normas sustanciales que modifican la punibilidad, por reducción de la pena del tipo específico, desconociendo así que la norma constitucional no hace exclusiones, y que tal circunstancia ha conducido a que el orden jurídico explícitamente contemple la favorabilidad respecto de la ley procesal con efectos sustanciales. Esta comprensión del principio de favorabilidad es violatoria del artículo 29 inciso 3° de la Constitución que prevé un concepto amplio e incluyente de favorabilidad, sin restricciones relativas a condenados, y sin ubicarlo en el estrecho margen de la norma sustantiva favorable, aspectos superados en el ámbito normativo y jurisprudencial, a partir de la amplia concepción constitucional. Al analizar el caso concreto y estudiar la aplicación de las dos ordenamientos jurídicos resulta más beneficioso para el procesado la aplicación de la nueva legislación, razón por la cual el juez de ejecución de penas debe tener en cuenta el principio de favorabilidad de la ley penal en la dosificación de la sanción. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-091-06 I.6.3. Aplicación del principio de favorabilidad frente a normas sustanciales y procesales En otra sentencia de constitucionalidad donde se demandó la Ley 553 de 2000 que modificó algunos artículos del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior) en materia del recurso extraordinario de casación, la Corte considera que es inconstitucional el artículo 18 de la ley, en tanto desconoce el principio de favorabilidad, dado que la norma demandada aumenta a ocho años la pena de los delitos en los que procede la casación penal y dispone que ella se aplicará a los procesos en los que se interponga la casación a partir de la vigencia de ésta. La Corte justifica su decisión en las siguientes razones: las normas procesales son de dos clases: i) las que tienen contenido sustancial y ii) las simplemente procesales, es decir, aquellas que se limitan a señalar ritualidades del proceso que no afectan en forma positiva ni negativa a los sujetos procesales. En cuanto a las primeras es claro que al aplicarlas se debe tener en cuenta el principio de favorabilidad; no sucede lo mismo con las segundas por cuanto no son en sí mismas ni benéficas ni perjudiciales para los sujetos procesales. De acuerdo con la Corte en este caso, la norma aparentemente podría considerarse de carácter procesal; sin embargo, ello no es así pues de su contenido se deduce una
    • situación desfavorable para los procesados que interpongan la casación, ya que ordena que se aplique a las casaciones que se interpongan a partir de su vigencia sin tener en cuenta el momento en que el hecho delictivo tuvo ocurrencia. La Corte concluye que se vulnera el principio de favorabilidad cuando la norma demandada aumenta a ocho (8) años la pena de los delitos en los que procede la casación penal y dispone que ella se aplicará a los procesos en los que se interponga la casación a partir de la vigencia de la nueva ley, pues ella tan sólo puede aplicarse a los procesos por los delitos que se hubieran cometido con posterioridad a la fecha en que entró a regir, esto es, el 13 de enero de 2000. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-252-01 I.6.4. El principio de favorabilidad se aplica para las normas sustantivas cuando existen sistemas penales alternativos vigentes o hay cambio de normatividad procedimental La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del artículo 6 de la Ley 906 de 2004, conforme al cual las normas y procedimientos contenidos en ese estatuto procesal serían aplicables única y exclusivamente a los delitos cometidos con posterioridad a la entrada en vigencia de dicho código. Según la Corte, esta norma sólo se limita a consagrar de manera expresa el principio de irretroactividad penal y a precisar el espacio temporal a partir del cual se aplicará la reforma. En particular lo que se busca es que no se confunda la aplicación de la normatividad procesal diversa que permanece vigente mientras dura el proceso de gradual incorporación del sistema penal. La Corte aclara que ello no obsta para que ciertas normas procesales de efectos sustanciales consagradas en la Ley 906 de 2004 sean aplicadas en razón del principio de favorabilidad en las actuaciones penales que se rigen por la Ley 600 de 2000. En virtud del principio de favorabilidad la Ley 906 de 2004 podría ser aplicada con efectos retroactivos respecto de situaciones anteriores a su vigencia, a condición de que no se refieran a instituciones propias del nuevo modelo procesal y de que los referentes de hecho en los dos procedimientos sean idénticos. Bajo esta interpretación resulta igualmente protegido el derecho fundamental de igualdad de la personas ante la ley, pues todo aquél que se encuentre en la misma situación fáctica será acreedor a la misma consecuencia de derecho, lo cual opera tanto para quienes cometieron el delito antes de entrar en vigor la Ley 906 de 2004 en cualquier lugar del país, como para aquellos que delinquieron o delincan en vigencia de la referida normatividad, sea que se trate de conductas cometidas
    • en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira donde además de encontrarse rigiendo la parte sustancial de aquél ordenamiento, también se ha dispuesto la logística correspondiente, o ya sea que se trate de comportamientos acaecidos en los demás distritos donde la infraestructura del sistema acusatorio se implantará gradualmente, según lo estableció el legislador en el artículo 530 de la misma ley. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-592-05 I.6.5. El principio de favorabilidad debe ser aplicado incluso en los casos acaecidos durante la vigencia de una ley declarada inexequible por la corte Con posterioridad a la sentencia condenatoria en contra del accionante, la cual no fue apelada, el caso se remitió en grado jurisdiccional de consulta al Tribunal Superior de Bucaramanga. No obstante, el Tribunal se declaró inhibido para conocer “desconociendo que cuando ocurrieron los hechos se encontraba vigente esta consulta y que la misma no había sido recurrida por el abogado defensor”. La tutela fue negada en primera instancia. De acuerdo con la Corte, cuando las normas procesales sean derogadas o excluidas del ordenamiento jurídico en virtud de su declaratoria de inexequibilidad, podrán continuar siendo aplicables a los hechos sucedidos durante su vigencia, merced al principio de favorabilidad por lo que constituye una vía de hecho la inaplicación de este principio en materia procesal penal. Por lo anterior, la Corte decidió modificar el fallo de primera instancia, en el sentido de amparar el derecho fundamental al debido proceso al actor por cuanto la Sala Penal del Tribunal Superior accionado no tramitó el grado jurisdiccional de consulta. En tal sentido, dispuso dejar sin efectos, la sentencia mediante la cual el Tribunal se declaró inhibido para adelantar el grado jurisdiccional de consulta en el proceso penal que se siguió contra el accionante. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-028-05 I.6.6. Vía de hecho por defecto sustantivo por inaplicación del principio de favorabilidad En un caso de tutela el actor consideró vulnerado su derecho al debido proceso, específicamente por no haberse aplicado el principio de favorabilidad, dado que el juez de conocimiento aplicó una ley que no estaba vigente al momento de cometerse el delito y que consagra un trato punitivo menos favorable. La Corte
    • sostuvo que aquella providencia que, de manera flagrante, vulnera el principio de favorabilidad, queda de inmediato revestida de un defecto sustantivo de tal magnitud que origina una vía de hecho. En efecto, se trataría en este caso de una decisión absolutamente arbitraria, toda vez que, en ella, deja de aplicarse al caso la norma que se encontraba vigente al momento de la comisión del delito y que consagraba un tratamiento penal más benigno para el sindicado o condenado, lo cual vulnera el principio de favorabilidad. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-567-98 I.6.7. No se viola el principio de favorabilidad cuando se casa la sentencia oficiosamente para cambiar la calificación del delito Una persona presentó acción de tutela por los siguientes hechos: 1) en primera instancia, fue condenado por homicidio preterintencional a doce años de cárcel; en segunda instancia, después de que él y la parte civil en el proceso apelaron, se cambió la calificación por la de homicidio culposo agravado, y la condena por seis años; 3) la Corte Suprema, después de estudiar los recursos de casación del sindicado y de la parte civil, los desestimó, pero casó oficiosamente la sentencia y acogió enteramente la sentencia de primera instancia, que había condenado al actor por homicidio preterintencional. El afectado consideró que se había violado su derecho al debido proceso y desconocido el principio de favorabilidad, por cuanto para el momento de la sentencia de Casación, la legislación vigente imponía una pena menor por homicidio preterintencional, a la que estaba vigente en el fallo de primera instancia. Para la Corte, no se desconoció el principio de favorabilidad del sindicado, por cuanto la Corte al casar oficiosamente “se circunscribió a expresar las razones de orden jurídico probatorio por las cuales el homicidio de … no fue culposo, sino preterintencional”. Y, en la posterior ejecución de la pena, se le aplicó la legislación favorable para el cumplimiento de la misma. En consecuencia, la Corte no tuteló el derecho del actor por considera que ya se le había dado aplicación al principio de favorabilidad nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-001-04 I.7. Derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho (principio de non bis in ídem) I.7.1. No se vulnera el principio de non bis in ídem cuando se aplican
    • sanciones de distinta naturaleza por autoridades de diferentes jurisdicciones Se demanda, entre otros, el artículo 22 de la Ley 446/98 que permite a los jueces dentro de los procesos judiciales sancionar a los abogados cuando utilicen el proceso para fines ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos, cuando obstruyan la práctica de pruebas o cuando entorpezcan el desarrollo normal del proceso. De acuerdo con la Corte la sanción a que hace referencia la norma impugnada es de naturaleza civil y en ningún caso disciplinaria; a través de ella se persigue el resarcimiento de los perjuicios que la actitud maliciosa y dañina del litigante puede causar a los demás sujetos procesales y a la dignidad de la justicia. Su aplicación se ampara en la potestad correccional del juez quien, luego de observar las reglas del debido proceso, procede a imponerla sin perjuicio de que el mismo comportamiento ilegítimo sea materia de investigación disciplinaria y penal. La imposición de diversas sanciones respecto de una misma conducta, sean éstas correccionales, disciplinarias y penales, no comporta una violación al principio non bis in ídem; es decir, al postulado según el cual nadie puede ser sancionado dos veces por una misma causa, pues se trata de medidas de distinta naturaleza no excluyentes entre sí, impuestas por autoridades que pertenecen a diferentes jurisdicciones y cuya competencia, por expreso mandato legal, es única, especial y específica nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-196-99 I.7.2. No vulneración del principio de non bis in ídem por causal que excluye el beneficio de la libertad provisional Se demandó el numeral 2 del artículo 417 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior), según el cual no se tiene derecho a la libertad provisional: "2. Cuando aparezca demostrado que en contra del sindicado existe más de una sentencia condenatoria por delito doloso o preterintencional". Según el demandante, el artículo, prohíbe la concesión de la libertad provisional para los procesados que hayan sido condenados más de una vez por delito doloso o preterintencional y, por tanto, vulnera el principio del non bis in ídem. La Corte, al declarar exequible el artículo parcialmente demandado, sostuvo que la existencia de condenas anteriores no es razón para que el fiscal (o juez) niegue al procesado la libertad provisional. Lo que la norma prevé es que ante la existencia de dichas condenas, el funcionario judicial debe analizar la totalidad de los requisitos exigidos para la concesión de la condena de ejecución
    • condicional y si dichos requisitos se cumplen, ha de proceder a otorgar al procesado el beneficio de excarcelación. El deber de verificar la presencia de elementos subjetivos en el caso de que la persona haya sido condenada antes, por delitos dolosos o preterintencionales, no comporta violación del derecho a la igualdad. Por el contrario: se trata de ser más exigente con quien ya tiene en su contra varias sentencias condenatorias y, por tanto, es de suponer que pueda incurrir en conductas que harían ineficaz la investigación penal; a diferencia de quien nunca ha sido sentenciado, o sólo lo ha sido en una oportunidad, pues respecto de estas personas tal hecho no tendría fundamento. Por otra parte, la consideración que hace el juez de esos elementos subjetivos resulta ajustado a los principios constitucionales que rigen el Derecho Penal y en particular al principio de culpabilidad. Lo que se pretende con el análisis de la personalidad del procesado no es sancionarlo nuevamente por su pasado, sino posibilitar la concesión del beneficio excarcelatorio, cuando del examen concreto de sus características se concluye que, no obstante la presencia de antecedentes penales, es innecesario que permanezca detenido provisionalmente. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-549-97 I.7.3. No vulnera el principio de non bis la previsión de agravación punitiva por reincidencia Se demandó parcialmente el artículo 63 del Decreto-ley 522 de 1971: “El que después de una sentencia condenatoria cometiere una nueva contravención, incurrirá en la sanción que a ésta corresponde aumentada en una cuarta parte para la primera reincidencia y en una tercera parte para los demás, siempre que la nueva contravención se haya cometido antes de transcurrido dos años de ejecutoriada la condena (...)”. Los actores aducen que la norma viola el Art.29 de la Constitución, desconociendo el principio de non bis in ídem, pues se impone un incremento punitivo que se constituye en una segunda sanción a la primera infracción (se sanciona dos veces por el mismo hecho), pese a que se trata de una contravención que se considera como un delito de menor gravedad. Reconoce la Corte que el legislador colombiano, con facultad legítima para determinar la política criminal, estimó que era oportuno darle relieve a la reincidencia, como una forma más eficaz de desestimular conductas socialmente censurables y dado que la Carta Política no contiene disposición alguna sobre la reincidencia, bien puede incluirse o no esta figura jurídica en los distintos estatutos sancionatorios. Además, estima la Corte que la agravación punitiva va ligada al fenómeno de la reincidencia como manera de prevenir a quien habiendo
    • sido condenado por la comisión de una contravención comete otra, esto no significa que se condene dos veces por la misma conducta, ya que se trata de hechos nuevos cometidos por el mismo infractor, por otra parte, la sanción no se impone por la simple personalidad del agente sino por la comisión de un hecho tipificado cual es la nueva contravención. Por último, la Corte estima que la norma no es desproporcionada pues el legislador puede, cuando existan circunstancias especiales, señalar penas mayores cuyo aumento se realice a partir de la pena básica y en forma razonable. En consecuencia, la Corte declaró exequible los apartes acusados del artículo 63 del Decreto 522 de 1971. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-062-05 I.7.4. El aumento de la prescripción de la acción penal respecto de conductas punibles realizadas por servidores públicos, en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, no vulnera el principio constitucional non bis in idem Se demanda la inconstitucionalidad parcial del artículo 83 de la Ley 599 de 2000, que establece el aumento del término de prescripción de la acción penal cuando se trata de conductas punibles cometidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos. A juicio del demandante, es contraria al artículos 29 de la Constitución, 14 nrales, 1 y 7 del Pacto Universal de Derechos Humanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto desconoce el principio non bis in idem. La Corte consideró que de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales sobre el contenido y los efectos del principio non bis in idem, es claro que al aumentar la expresión demandada el término de prescripción de la acción penal respecto de las conductas punibles realizadas por los servidores públicos en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, o con su participación, en una tercera parte, no quebranta dicho principio, que prohíbe imponer a una persona más de una sanción por los mismos hechos y por la misma causa o fundamento jurídico, es decir, por los mismos hechos y por la lesión o puesta en peligro de un mismo bien jurídico, o adelantar una nueva investigación o un nuevo juicio con esa finalidad. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-229-08
    • I.7.5. La posibilidad procesal de apelar la sentencia absolutoria no vulnera el principio de cosa juzgada. es un mecanismo de las víctimas para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación La Corte Constitucional declaró exequibles las expresiones contenidas en los artículos 176 y 177 del Código de Procedimiento Penal que permiten la apelación de las sentencias absolutorias. Según este alto tribunal, la posibilidad de apelar sentencias absolutorias no vulnera el principio del non bis in idem, ni los tratados internacionales suscritos por Colombia que regulan el debido proceso. En efecto, el principio del non bis in idem o de cosa juzgada se refiere específicamente a que una persona no sea juzgada dos veces por el mismo hecho, lo que implica que se haya presentado una sentencia ejecutoriada. Cuando se habla de apelación de decisiones judiciales las sentencias no son definitivas y por lo tanto no se considera que el juicio ha concluido con una decisión en firme. Es claro, entonces que, cuando en el proceso penal se ha configurado un sistema de recursos, de manera tal que lo decidido en primera instancia sea susceptible de control por una instancia superior, no cabe señalar que producida la sentencia de primera instancia, el juicio ha concluido y el sindicado que haya sido absuelto se encuentra amparado por el principio del non bis in idem. Ello solamente ocurre cuando exista sentencia ejecutoriada, bien sea porque no se interpusieron los recursos previstos en la ley frente a la decisión de primera instancia, o porque éstos fueron resueltos oportunamente en la instancia correspondiente. Igualmente, la posibilidad de apelar sentencias absolutorias no está prohibido por los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito Colombia, pues lo que allí se ha consignado es que, por un lado el principio de non bis in idem se aplica a sentencias definitivas y, por el otro, la garantía del derecho del procesado a apelar sentencias condenatorias. Finalmente existe una razón valedera para autorizar la apelación de sentencias absolutorias. A través de este mecanismo se puede garantizar los derechos de las víctimas a conocer la verdad, a alcanzar la justicia y obtener una reparación. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-047-06 I.7.6. El recurso extraordinario de revisión como límite constitucionalmente admisible del principio de non bis in idem La Corte Constitucional declaró exequibles las causales del recurso de revisión consistentes en que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero
    • o que el fallo se basó en todo o en parte en prueba falsa fundante de sus conclusiones (num 5 y 6, art. 192, Ley 906 de 2002). Para el alto tribunal, el principio de non bis in idem es un derecho fundamental que hace parte del debido proceso y debe ser garantizado por el Estado. Sin embargo, su interpretación debe darse de acuerdo a los principios y valores de la Constitución. Es posible entonces establecer limitaciones al derecho al non bis in ídem a fin de desarrollar otros valores y derechos constitucionales, que lleguen a ser de mayor trascendencia. Ahora bien, los derechos de las víctimas de los hechos punibles y el deber correlativo del Estado de investigar y sancionar los delitos a fin de realizar la justicia y lograr un orden justo son valores constitucionales que pueden colisionar con el non bis in ídem, y que pueden entonces autorizar, o incluso, exigir una limitación de esa garantía constitucional del procesado. En efecto, en aquellos casos en que una persona es absuelta por un delito, pero aparecen hechos o pruebas posteriores que sugieren que ella puede ser culpable, se desarrolla una clara tensión normativa entre, de un lado, la garantía del procesado a no ser enjuiciado nuevamente y, de otro lado, los derechos de las víctimas y el deber del Estado de investigar los delitos y sancionar a los responsables a fin de lograr un orden justo. Así, la fuerza normativa del non bis in ídem indica que la persona absuelta no debería volver a ser juzgada, a pesar de esas pruebas y hechos nuevos; sin embargo, el deber del Estado de investigar los delitos y amparar los derechos de las víctimas a fin de lograr un orden justo parece implicar que la persona debe ser enjuiciada nuevamente, sobre todo si se trata de delitos que configuren violaciones a los derechos humanos. Dado que el recurso de revisión se trata de límite al principio del non bis in idem, las causales que dan lugar a él deben ser interpretadas de modo restrictivo y sólo pueden ser establecidas por el legislador. Para el caso específico de las causales estudiadas, la Corte consideró que ellas se justifican en la medida en que se está violentando no solo un valor fundamental de la Constitución como es la justicia sino igualmente no se cumple con uno de los fines primordiales del Estado como lo es el alcance de un orden justo. Lo dicho, por cuanto el fallo no sería correspondiente con una justicia material sino que estaríamos en presencia de un fallo formal (fruto de un delito o una prueba falta) ajeno a lo que busca el ordenamiento Constitucional. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-799-05 I.7.7. La acción de revisión en casos graves de violaciones a los derechos humanos constituye un límite al principio del non bis in idem La Corte Constitucional estableció que restringir la procedencia de la acción de
    • revisión a los fallos absolutorios en procesos por violaciones de derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, cuando se establezca por una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos -respecto de la cual el Estado Colombiano ha aceptado formalmente la competencia-, un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones, infringe la Constitución en punto a los derechos de la víctimas, el deber de protección de las autoridades públicas y la vigencia de un orden justo. En concepto de la Corte, el principio de cosa juzgada y el derecho que de él se deriva de no ser juzgado dos veces por la misma causa (non bis in idem) se constituyen en una garantía de la libertad a fin de evitar que el individuo se vea enfrentado a una indefinida condición de sub judice. No obstante el principio de non bis in idem no es absoluto, particularmente cuando se ha transgredido la acción de la justicia. Para estos efectos es que se ha instaurado la acción de revisión como un límite al principio del non bis in idem, en especial cuando se trata del incumplimiento de los deberes del Estado de sancionar y castigar las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. En este contexto, la limitación impuesta para la procedencia del recurso de revisión sólo a las sentencias absolutorias es injustificada pues se tiene que existen casos en los que las sentencias condenatorias constituyan una burla a la justicia. El sentido de la norma que la expresión demandada permite, tolera que en el orden interno pervivan fenómenos de impunidad en materia de violaciones a derechos humanos y derecho internacional humanitario, que ya han sido constatadas por instancias internacionales como producto de un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones. Encuentra así la Corte que el alcance que la expresión demandada le imprime a la causal de revisión de la cual forma parte, entraña en primer término, una violación de la Constitución en virtud del desconocimiento de claros referentes internacionales aplicables a la materia por concurrir a integrar el bloque de constitucionalidad (Art. 93 CP); en segundo término, una actuación contraria al deber constitucional de protección de los derechos de las víctimas de estos delitos que desconocen la dignidad humana y afectan condiciones básicas de convivencia social, necesarias para la vigencia de un orden (artículo 2 CP); en tercer lugar, un desconocimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano de colaborar con la vigencia de los derechos humanos y sancionar las conductas que afectan estos valores supremos del orden internacional, que nuestro país ha reconocido como elementos esenciales de las relaciones internacionales (CP Art. 9°); y en cuarto lugar una violación al debido proceso de
    • la persona condenada en una actuación que desatiende los deberes constitucionales e internacionales de investigar seria e imparcialmente estos crímenes, aspecto que ha sido constado por una instancia internacional. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-979-05 I.7.8. Vía de hecho por vulneración del principio del non bis in ídem por sancionar al pago de los mismos perjuicios en proceso penal y en proceso civil El actor interpuso acción de tutela por considerar violado el principio del non bis in ídem, dado que tanto en el proceso penal por lesiones personales culposas que cursaba en su contra y en donde el afectado se constituyó como parte civil, como en el proceso adelantado por este último ante la jurisdicción civil, fue condenado al pago de perjuicios. Para la Corte, el principio de “non bis in ídem” ha sido empleado para impedir que una pretensión, resuelta mediante una decisión judicial contra la cual no cabe recurso alguno, sea presentada nuevamente ante otro juez. La Constitución incluye la protección a la “cosa juzgada” como parte constitutiva del debido proceso; por tanto ella se erige como una garantía constitucional de carácter fundamental, que en caso de violación, puede ser protegida por medio de la acción de tutela. Según el actor, la sentencia acusada incurrió en una violación al principio de la “cosa juzgada”, pues se pronunció sobre pretensiones que ya habían sido ventiladas en el proceso penal donde el actor se constituyó como parte civil. En el proceso penal, la parte civil, solicitó que se condenara al sindicado a pagarle los perjuicios ocasionados por la comisión del delito de lesiones personales. El juez penal, encontró culpable al sindicado y lo condenó a resarcir los perjuicios materiales y morales. La competencia de los jueces penales para fallar acerca de los perjuicios en materia civil se limita a aquellos directamente conectados con el delito cometido; por tanto, es lógico que el juez sólo se haya pronunciado por los daños materiales al cuerpo de la víctima y los perjuicios morales atribuibles a ellos. El daño emergente y el lucro cesante, ocasionados por la pérdida del carro, no se deducen del delito por el cual se condenó, razón por la cual tales pretensiones quedan excluidas de la competencia del juez penal y es necesario presentarlas ante el juez civil. En el segundo proceso, ante la jurisdicción civil, el actor demandó a la sociedad de la cual era empleada la persona que le causó las lesiones, para que respondiera por los perjuicios que se le causaron. La primera cuestión, constituye una petición absolutamente nueva, pues en el proceso penal nunca se llamó a
    • responder solidariamente a la empresa donde trabajaba el conductor del camión. Pero, respecto a la segunda, ha de hacerse una distinción, pues el juez debe pronunciarse sobre cuatro aspectos diferentes; a) los perjuicios materiales a raíz de las lesiones sufridas; b) los perjuicios morales; c) el daño emergente por la pérdida del carro, y d) el lucro cesante, lo dejado de percibir al no poder usar el automóvil para prestar el servicio público de transporte urbano. Para la Corte, al determinar el monto del perjuicio causado se incurrió en una violación al principio de la cosa juzgada, pues, el juez penal que conoció del caso tasó los perjuicios materiales y morales; posteriormente el juez civil tasó el daño emergente y lucro cesante, pero volvió a tasar los primeros, cuando ya había hecho tránsito a cosa juzgada la sentencia penal. El juez civil incurrió en una vía de hecho, al tasar nuevamente unos perjuicios que ya habían sido determinados por el juez penal, en una sentencia que había hecho tránsito a cosa juzgada; lo lógico era, condenar a la sociedad a pagar, el daño emergente y el lucro cesante, y los perjuicios materiales y morales tal y como fueron tasados en la sentencia del juez penal. Por lo anterior, la Corte tutela el derecho al debido proceso por la vía de hecho en que incurrió la sentencia del juez Civil nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-652-96 I.7.9. Se desconoce el principio del non bis in idem cuando se presenta identidad de sujeto, de objeto y de causa El demandante considera vulnerados sus derechos fundamentales a la defensa, debido proceso y non bis in idem, al haber sido adelantados dos procesos penales con identidad de sujetos, objeto y causa. La Corte verificó la hipótesis expuesta por el actor y dedujo que en efecto existía identidad en la persona que fue juzgada en ambos procesos penales, identidad en cuanto al objeto que dio origen a los mismos e identidad en cuanto a la causa que originó ambos procesos. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-436-08 I.7.10. Se vulnera el principio de non bis in ídem si se aplican dos tipos penales diferentes por los mismos hechos en dos procesos diferentes cuando se ha debido aplicar uno solo con una circunstancia de agravación punitiva La actora interpuso acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso dado que fue condenada dos veces por los mismos
    • hechos, pero bajo dos tipos penales diferentes y en dos procesos diferentes. La Corte consideró que hay una estrecha relación entre los delitos consumados pues tanto la falsedad como el uso del documento falsificado dieron lugar a la vulneración del bien jurídico de la fe pública. En consecuencia, se presentaba una circunstancia de agravación según el inciso 2° del artículo 222 del Código Penal, según el cual, si quien usa el documento público falso fuere el mismo que lo falsificó la pena se aumentará hasta en la mitad. El uso del documento público falso es un solo delito, cuando quien lo usa no ha concurrido a la falsificación, pues cuando quien lo usa fuere el mismo que lo falsificó, el hecho de la utilización se convierte en un agravante. Cuando el agravante no se incluye en el juzgamiento previo queda impune, pues aquélla no puede juzgarse sin el delito principal. Por lo anterior la Corte concluyó que la última sentencia condenatoria vulneró el principio del non bis in ídem, pues como la demandante no sólo falsificó el documento sino que también lo usó, no podía ser condenada por falsedad en documento público y, además, por uso de documento público falso, pues para efectos penales, uno sólo es el delito cuando se concurre a la falsificación y luego se usa el documento. Sin embargo, la Corte no concedió el amparo por cuanto después de promovida la acción de tutela la demandante instauró una acción de revisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, el cual se encontraba en curso. Aunque en principio, la acción de revisión en materia penal no constituye un medio alternativo de defensa judicial idóneo y eficaz, la situación es distinta cuando el afectado acude a la acción de revisión, pues en tal evento la tutela es subsidiaria, y sólo sería procedente si resulta fallida aquélla y persistiera la violación del derecho fundamental. Como la demandante acudió a la acción de revisión no procede la tutela como mecanismo definitivo y tampoco como mecanismo transitorio, porque está establecido que la demandante recobró su libertad, lo cual descarta la existencia presente de un perjuicio irremediable nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-512-99 I.7.11. Se desconoce el principio non bis in idem, cuando se establece simultáneamente como elemento del tipo y como elemento para agravar la pena de los tipos básicos, la misma circunstancia de hecho Se demanda la inconstitucionalidad del artículo 211parcial de la Ley 599 de 2000, tal como fue modificado por la Ley 1236 de 2008, bajo la consideración de que es contrario a los artículos 29 y 93 de la Constitución, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 15) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 9).
    • A juicio de la Corte, en primer lugar, tanto el comportamiento agravado como los hechos punibles de acceso carnal abusivo (art. 208, Código Penal) y acto sexual abusivo en menor de catorce años (art. 209, Código Penal), tendrían la virtualidad de ofender un mismo bien jurídico: la libertad e integridad en la formación sexual de personas menores de catorce años. En segundo lugar, tanto las normas penales que consagran los delitos básicos y les fija una pena, como la causal de agravación tienen su origen en el ordenamiento penal colombiano, luego ambas comparten el mismo fundamento normativo. Y, finalmente, porque la norma que contempla la causal de agravación persigue la misma finalidad que las normas que consagran los tipos penales de acceso carnal abusivo y acto sexual abusivo en menor de catorce años, es decir, reprochar penalmente los contactos o las relaciones sexuales que una persona pudiera tener con personas menores de catorce años. Adicionalmente, tal como se señaló en el capítulo 5 de esta sentencia, las causales de agravación punitiva deben partir de la base de que hay razones para modificar la responsabilidad, o de lo contrario están injustificadas, y en este caso la agravación no se produce en virtud de la realización del comportamiento típico en determinadas circunstancias de tiempo, modo y lugar que la hagan más reprochable o muestren su mayor lesividad, sino que simplemente se agrava de manera automática por el hecho de recaer sobre persona menor de 14 años y, por eso mismo, injustificadamente. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-521-09 I.7.12. Inexistencia de vía de hecho por defecto procedimental en la agravación punitiva En caso de tutela, alega el actor que las decisiones impugnadas vulneran el derecho de defensa y el principio del non bis in ídem, pues incurren en un vicio procedimental, constitutivo de una vía de hecho, pues los jueces consideraron relevante para la definición de la conducta típica y para la fijación de la pena, su condición de juez de la República. Para la Corte el principio de non bis in ídem prohíbe que se imponga a una persona más de una sanción de la misma naturaleza por la comisión de un mismo hecho. En el proceso penal no se impuso al actor una doble sanción por la comisión de un mismo hecho. Sin embargo, su condición de juez de la República fue valorada tanto para tipificar la conducta como para graduar la pena impuesta, pues tanto el tipo de prevaricato por acción, como la circunstancia de agravación punitiva consagrada en el numeral 11 del artículo 66 exigen tener en cuenta la condición del agente, en este caso la de funcionario público.
    • La aplicación de la causal de agravación punitiva, para graduar la pena de un funcionario público que es condenado por un delito que exige la participación de un sujeto activo cualificado no implica una carga desproporcionada que viole, entre otros, el principio de non bis in ídem. En suma, al amparo de la jurisprudencia constitucional y bajo el entendido de que quienes deben fijar los verdaderos alcances de la legislación penal son los jueces naturales que operan dentro de esta área del Derecho, debe señalarse que no parece vulnerar los derechos fundamentales la interpretación según la cual la dignidad que ocupe una persona dentro de la jerarquía del Estado puede ser tenida en cuenta para agravar la pena que se le imponga por la comisión de aquellos delitos que cometió, justamente, en virtud de su condición de servidor público. Por las razones anteriores la Corte consideró que las sentencias impugnadas no incurrieron en vía de hecho por violación del debido proceso nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-260-99 I.8. Principio de la doble instancia I.8.1. Deber de motivar el recurso de apelación no desconoce el debido proceso La Corte al conocer una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 32 de Decreto Ley 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior), que hace obligatoria la sustentación del recurso de apelación, sostuvo que dicha norma no desconoce la garantía constitucional de la doble instancia en lo referente a sentencias (Constitución Política, artículo, artículos 29 y 31). La norma no impide al afectado recurrir sino que le exige señalar ante el superior los motivos que lo llevan a contradecir el fallo. Esta exigencia no implica hacer prevalecer el procedimiento sobre el derecho sustancial, ya que la norma acusada no conduce a la nugatoriedad o al desconocimiento de los derechos que pueda tener el apelante. Más bien se trata de que éste los haga explícitos con miras a un mejor análisis acerca del contenido de sus pretensiones y de la providencia misma; al poner de relieve los motivos que llevan al descontento del apelante se obliga al juez de segunda instancia a fundar su decisión en las consideraciones de fondo a las que dé lugar el recurso nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-365-94 I.8.2. Recurso de apelación contra resolución inhibitoria
    • Mediante acción de inconstitucionalidad se demandó el inciso 2 del artículo 327 del Decreto Ley 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior), según el cual frente a la resolución inhibitoria procede el recurso de apelación. En concepto del actor, la norma es inconstitucional, por cuanto no existe claridad respecto de quién deberá conocer de ese recurso cuando se formule para conocimiento de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia lo cual viola los derechos al debido proceso y defensa. La Corte, al declarar la exequibilidad de la norma, sostuvo que la doble instancia no forma parte del núcleo esencial del debido proceso; por lo tanto, es materia de ley fijar las excepciones en las cuales no procede la apelación o consulta de una sentencia judicial, salvo cuando se trate de sentencias condenatorias, respecto de las cuales la doble instancia configura un derecho fundamental de las personas. La situación planteada por el actor no supone ninguna vulneración del derecho al debido proceso, especialmente, del principio constitucional de la doble instancia, pues el Legislador cuenta con una amplia libertad para determinar sobre la procedencia o improcedencia de los recursos que caben contra las providencias judiciales en materia penal, en el entendido de que al no tratarse de una sentencia condenatoria, no existe un condicionamiento especial que le exija para su regulación el respeto a la doble instancia como elemento medular del derecho fundamental al debido proceso, en los procesos que conocen los fiscales delgados ante la Corte Suprema de Justicia en única instancia. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-956-99 I.8.3. Violación del principio de la doble instancia por interpretación desfavorable sobre términos para sustentar el recurso de apelación El actor interpuso acción de tutela al considerar vulnerado su derecho al debido proceso y a la doble instancia, por cuanto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria fue declarado desierto por supuesta extemporaneidad en la sustentación del mismo. La Corte sostuvo que pueden presentarse dos interpretaciones del artículo 26 de la Ley 81 de 1993. Por una parte, permite afirmar que el término de traslado se contabiliza a partir del momento en que el expediente se deja a disposición de las partes. Otra interpretación de la norma es aquella según la cual los cinco días del término para sustentar el recurso son días completos, lo que justifica su contabilización a partir del día siguiente al día en que se deja la constancia secretarial. A juicio de la Corte, la interpretación más ajustada a la Constitución, en esta materia, es la de no incluir el día en que se deja la constancia secretarial dentro
    • de los cinco días del término legal de sustentación del recurso, pues éste debe ser pleno a fin de garantizar el derecho de defensa. Sin necesidad de entrar a calificar las interpretaciones que los jueces penales han hecho de las normas legales, ni la intención que los haya animado que esta Corte asume recta y pulcra, el examen objetivo de su actuación, en relación con el sindicado, revela, en el plano constitucional, un alejamiento de los postulados de la buena fe. La actuación irregular del juzgador de primera instancia debía corregirse por parte del superior, pero a través de un medio procesal que dejara a salvo la efectividad del derecho sustancial de la parte, a la cual no podía imputarse el error. Ante la presunta irregularidad del secretario judicial, la Sala de Decisión Penal habría podido decretar la nulidad de lo actuado a partir de la fijación de la constancia secretarial, y solicitar la apertura de la investigación disciplinaria correspondiente. No obstante, la Sala de Decisión Penal procedió a desechar, por motivos formales, el ejercicio efectivo del derecho a impugnar la sentencia condenatoria, fundándose en una interpretación de la norma diferente a la acogida por el funcionario que inicialmente contabilizó los términos y comunicó al procesado el plazo que tenía para sustentar el recurso de apelación. Con este proceder, el tribunal desconoció el principio de buena fe y privó a la parte de sus derechos fundamentales al debido proceso y a una doble instancia. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-538-94 I.8.4. No puede declararse extemporáneo un recurso de apelación interpuesto con base en una certificación del juzgado de primera instancia que dice que se está dentro de la oportunidad para ello El actor considera que se vulneró su derecho al debido proceso, pues el Juzgado contra el que se dirige la acción de tutela, declaró desierto el recurso de apelación instaurado por el actor contra la sentencia condenatoria, por considerarlo extemporáneo, aún cuando el secretario del juzgado de primera instancia había certificado que el defensor del demandante se encontraba en oportunidad procesal para sustentar la apelación. La Corte consideró que desestimar por extemporáneo un recurso interpuesto contra la sentencia penal condenatoria, no obstante que a la luz de la certificación del funcionario competente del despacho judicial a quo se presentó dentro del término legal que éste había contabilizado con base en una interpretación razonable, no se ajusta al postulado de la buena fe ni al principio pro actione. Entonces, sujetar la procedencia del recurso a la estricta legalidad, pese a haber
    • existido una actuación por parte del despacho de primera instancia que bien pudo conducir a la defensa a considerar procedente el recurso que interponía, castiga la confianza legítima del particular en las autoridades y sacrifica el derecho de defensa. La Corte revoca el fallo de tutela de segunda instancia y concede el amparo de los derechos a la defensa y al debido proceso del actor. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-1217-04. Ver también Sentencia T-055-05 I.8.5. La inexistencia del recurso de apelación contra la vinculación de persona ausente no viola el principio de la doble instancia Se demandó la última parte del artículo 344 del Código de Procedimiento Civil, “y contra ella no procede recurso alguno”. Según el demandante, el hecho de que contra la declaración de persona ausente no proceda recurso alguno constituye una violación del derecho de defensa y en alguna medida el principio de doble instancia. La Corte resuelve dos problema jurídicos que plantea la demanda. En primer lugar considera que el Legislador puede acudir a la declaratoria de persona ausente como alternativa válida para la vinculación de un sindicado al proceso penal. Esta modalidad es perfectamente válida ya que “la declaratoria de persona ausente es una medida con que cuenta la administración de justicia para cumplir en forma permanente y eficaz la función que el Constituyente le ha asignado”. Es entonces una ficción jurídica válida; y en segundo lugar señala que la Constitución sólo le impone el Legislador el deber de garantizar el principio de la doble instancia para las sentencias condenatorias. Considera que la posibilidad de apelar o no todas las actuaciones procesales no hacen parte del contenido esencial del derecho de defensa. En consecuencia, la Corte declara exequible la expresión demandada, y que es constitucional que contra la decisión de vinculación de persona ausente en el proceso penal no proceda recurso alguno nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-248-04 I.8.6. Procesos de única instancia para investigación y/o juzgamiento de funcionarios investidos de fuero constitucional no vulnera debido proceso
    • El demandante (ex congresista), considera vulnerado su derecho al debido proceso, en razón a que la Corte Suprema de Justicia no garantizó en derecho a la doble instancia de la sentencia condenatoria proferida en su contra. Para la Corte, la existencia de procesos de única instancia, para la investigación y/o el juzgamiento de funcionarios investidos con un fuero constitucional como el de los congresistas, adelantados por el máximo organismo de la jurisdicción penal ordinaria, cuenta con el aval de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y armoniza con los principales instrumentos internacionales que consagran el principio de la doble instancia, sin que en forma alguna llegasen a constituir una vulneración al debido proceso. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia SU-811-09 I.9. Principio de no agravación de la situación al recurrente único (no reformatio in pejus) I.9.1. Violación al debido proceso por desconocer el principio no reformatio in pejus en recurso de apelación La Corte Constitucional en sentencia de unificación conoció del caso de una serie de personas condenadas en primera instancia a pena privativa de la libertad, quienes apelaron la decisión, sin que el fiscal o la parte civil hicieran uso de este recurso. El tribunal de segunda instancia decidió decretar la nulidad de lo actuado con fundamento en que el juez de primera instancia había aplicado una legislación derogada y en consecuencia consideró que debía aplicárseles a los procesados una pena acorde con la legislación vigente, aun si ello implicaba el aumento de la condena impuesta por el juez de primera instancia. La Corte consideró que la decisión era violatoria del debido proceso por desconocer el principio constitucional de la no reformatio in pejus, sosteniendo que “si el juez de segundo grado adquiere competencia sólo en función del recurso interpuesto por el procesado y sólo para revisar la providencia en los aspectos en que pueda serle desfavorable (tal como se desprende del precepto constitucional) no puede so pretexto de que ha encontrado alguna irregularidad en el proceso o en la sentencia, cuya enmienda conduce a un empeoramiento de la situación del apelante, declararla si tal empeoramiento fatalmente habrá de producirse (...). Decretar la nulidad arguyendo que la pena impuesta no es la que corresponde porque la pertinente es la contemplada en otra norma, que la ha aumentado de manera considerable, equivale a agravar la situación del condenado, en contravía de lo que la Constitución dispone” nota 1 .
    • Por otra parte, en sentencias posteriores nota 2 1. Corte Constitucional, Sentencia SU-327-95. Esta sentencia cambió expresamente la jurisprudencia sentada en las Sentencias T-155-95 y T-146-95 en donde la Corte sostuvo que el principio de legalidad prevalecía sobre el de la no reformatio in pejus, en casos en los cuales la sentencia de segunda instancia agravaba la situación del apelante único fundada en la aplicación errónea de las disposiciones legales. Así mismo, esta sentencia de unificación es reiterada en las Sentencias SU-598-95, T-481-96, T-178-98, T-75099, T-751-99, T-741-00 y SU-1722-00. 2. Corte Constitucional, Sentencia T-555-96, T-113-97 y T-643-97. I.9.2. La ampliación en el proceso acusatorio de la protección del principio de la no reformatio in pejus a cualquier situación constituye una garantía para las víctimas del delito Fue demandado en acción de inconstitucionalidad el artículo 20 de la Ley 906 de 2004 que prohíbe al superior agravar la situación del apelante único. El actor consideró que la disposición vulneraba el artículo 31 de la Constitución Política por cuanto ésta sólo consagra la prohibición de reformar en contrario a favor del condenado Para la Corte, la extensión que hace la norma del principio de la no reformatio in pejus a favor de cualquier interviniente en el proceso penal y no sólo en beneficio del condenado, se justifica por la nueva articulación y estructura constitucionales del sistema acusatorio y por el respeto a los derechos de las víctimas. La Corte recuerda que en los sistemas acusatorios existe una tendencia a limitar los poderes del superior jerárquico, por cuanto los poderes del juez de segunda instancia se encuentran limitados por lo decidido por el inferior jerárquico. Considera que la extensión de la prohibición de la reformatio in pejus a cualquier situación y no sólo respecto de la pena es conforme con un principio esencial de los sistemas acusatorios, cual es, la exigencia de correlación entre la acusación y la sentencia. De esta manera, la imparcialidad del órgano jurisdiccional que se pretende garantizar con el principio acusatorio exige que se impida condenar por hechos distintos de los acusados o a persona distinta de la acusada. Al mismo tiempo –dice la Corte-, ampliar la garantía de la interdicción de la reformatio in pejus constituye un medio para asegurar en mejor medida los
    • derechos de la víctima a la justicia, la verdad y la reparación, ya que cuando ésta se constituya en apelante único, el superior jerárquico no podrá desmejorar la situación en relación con el disfrute de tales derechos amparados por la Constitución y por los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-591-05 I.9.3. Improcedencia del principio no reformatio in pejus en grado jurisdiccional de consulta La Corte Constitucional al conocer de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la expresión "sin limitación" contenida en el artículo 217 del Decreto Ley 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior), el cual consagra la improcedencia del principio de la no reformatio in pejus en el grado jurisdiccional de consulta, sostuvo que si el Constituyente instituyó la garantía de la no reformatio in pejus para los casos en que se interponga por parte del procesado recurso de apelación, mal podría extenderse ésta al grado jurisdiccional de "consulta" que, difiere de la apelación en cuanto su finalidad se dirige a controlar los errores en que haya podido incurrir el juez de primera instancia. Cuando el superior conoce en grado de consulta de una decisión determinada, está facultado para examinar en forma íntegra el fallo del inferior, tanto por aspectos de hecho como de derecho y, al no estar sujeto a observar la prohibición contenida en el artículo 31 de la Carta, bien puede el juez de segunda instancia modificar la decisión consultada a favor o en contra del procesado, sin violar por ello norma constitucional alguna. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-583-97 I.9.4. Procedencia del principio no reformatio in pejus en recurso extraordinario de casación En sentencia de tutela por un caso en el que la situación del procesado fue agravada en casación, la Corte sostuvo que cuando la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, profiere una sentencia sustitutiva de la decisión casada, actúa como tribunal de instancia para todos los efectos y se convierte en el juez "superior" al cual alude el artículo 31 de la Constitución. En dicho sentido, la Sala de Casación Penal está plenamente vinculada a la garantía constitucional de la no “reformatio in peius”, y queda obligada a verificar las circunstancias
    • concretas - partes apelantes, carácter y naturaleza de las pretensiones - a fin de determinar el quántum de la condena y dejar a salvo los derechos fundamentales del procesado. En consecuencia, la Corte tuteló el derecho al debido proceso del actor por haber encontrado que el tribunal de casación había incurrido en una vía de hecho al agravar su situación inicial. nota 1 En un caso similar, la Corte sostuvo que “la interpretación sistemática de la Carta permite concluir que la garantía constitucional que prohibe la reformatio in pejus no admite excepciones cuando el condenado es apelante único, pues sólo así se garantiza la efectividad del artículo 31 de la Carta y del principio de certeza jurídica en el fallo. (...) La Corte reitera su tesis en el sentido de que ni siquiera el tribunal de legalidad puede, por vía interpretativa, establecer excepciones a la garantía constitucional de la prohibición de empeorar la pena impuesta al apelante único. En efecto, el artículo 31 superior es claro cuando afirma que "el superior" no está autorizado para agravar la pena del apelante único” nota 2 1. Corte Constitucional, Sentencia T-474-92 2. Corte Constitucional, Sentencia SU-1553-00 I.9.5. El principio de no reformatio in pejus limita también la competencia del juez de segunda instancia para agravar la pena, cuando cualquiera de las partes apela a favor de los intereses del procesado La Corte Constitucional, en sentencia de tutela, aclaró que el principio de no reformatio in pejus no opera únicamente para limitar la competencia del juez de segunda instancia para agravar la pena cuando el apelante sea el procesado o su abogado, sino que comprende también cualquier apelación, incluida la del fiscal o del Ministerio Público que sea presentada a favor de los intereses de sindicado. La posibilidad excepcional que tiene el juez de segunda instancia de agravar la pena cuando el fiscal o el Ministerio público recurran la decisión, debe entenderse que opera únicamente cuando las pretensiones de aquél o de éste están dirigidas a que se aumente el quántum punitivo, pues cuando sus pretensiones se formulan a favor del condenado han de tenerse en cuenta como si proviniesen de la defensa y por tanto se debe calificar como apelante único. Se debe tener en cuenta lo pretendido por el representante del Estado y de la sociedad respectivamente, es decir, si están solicitando que se agrave o se mejore la situación del condenado. Si esto último sucede, el superior no puede reformar en perjuicio, toda vez que la expresión “apelante único” debe entenderse no en su sentido formal sino material. En otras palabras, además del interés para recurrir debe tenerse en cuenta la naturaleza de las pretensiones de los sujetos procesales
    • en la impugnación, pues el término “apelante único” denota un único interés del condenado o pluralidad de intereses no contrapuestos al mismo. En el caso en cuestión, la Corte Constitucional, aunque no concedió la tutela porque el solicitante no interpuso el recurso de casación que era el mecanismo adecuado para la protección del derecho, si estimó que había una vulneración al principio de la no reformatio in pejus en la actuación de un tribunal que agravó la pena impuesta a un sindicado, luego de la apelación que hiciera el fiscal del caso, para que el juez de segunda instancia reconsiderara la calificación del delito y, en consecuencia, redujera la pena nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-105-03 I.9.6. El principio de no reformatio in pejus se aplica, aún cuando exista apelación de otra de las partes, si ella se refiere a un asunto diferente del analizado Una persona fue condenada por un juez penal por el delito de lesiones personales a cumplir 12 meses de prisión, la suspensión de la licencia de conducción y al pago de perjuicios ocasionados por la conducta El condenado y la parte civil apelaron la sentencia, el primero solicitando su revocatoria y la segunda, solicitando únicamente el reajuste del valor de la indemnización considerado en la decisión. El juez de segunda instancia resolvió adicionar la sanción imponiéndole la interdicción de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal impuesta. La Corte Constitucional, al revisar este caso a instancias de una tutela impuesta por el afectado, decidió conceder el amparo al considerar que se cumplió con el presupuesto de único apelante, porque aún cuando también apeló la parte civil, este acto se restringió al monto de la indemnización por los perjuicios materiales y morales causados con ocasión del accidente, y no se refirió al monto de la pena impuesta. Se aclara entonces que si bien la parte civil apeló, la objeción contra la decisión se refería a una materia diferente, y en la institución de la prohibición de la reforma en peor, la condición de único apelante no hace referencia a la singularidad de la apelación de la parte condenada y que puede estar integrada por varios sujetos, sino a la singularidad del interés de ésta última. Ello significa que, debe atender el Juzgador un criterio material y no formal con base en el artículo 31 superior, esto es, que la interpretación a realizar deviene de la materia y no del número de recurrentes. nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia T-291-06 I.10. El principio del juez natural I.10.1. El juez de control de garantías en los juicios de competencia de la corte suprema de justicia, puede ser un miembro de una corporación diferente La Corte Constitucional consideró constitucional el parágrafo 1° del artículo 39 de la Ley 906 de 2004 que atribuye al Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá la competencia de ejercer como juez de garantías en los procesos que adelanta la Corte Suprema de Justicia. Para la Corte, el fuero que contempla la Constitución en el sentido de que algunos altos funcionarios sean juzgados exclusivamente por la Corte Suprema de Justicia no se afecta cuando se asigna la función de juez de garantías a un funcionario judicial diferente a la misma Corte, puesto que las atribuciones de los jueces de garantía no interfieren ni afectan la función propia que realiza el juez de juzgamiento. En efecto, al juez de garantías le corresponde controlar la actividad de la Fiscalía durante la etapa de juzgamiento, específicamente, (i) ejercer un control sobre la aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía; (ii) adelantar un control posterior, dentro del término de treinta y seis horas (36) siguientes sobre las capturas que excepcionalmente realice la Fiscalía; (iii) ejercer un control previo sobre las medidas restrictivas de la libertad individual y (iv) llevar a cabo un control posterior sobre medidas de registro, allanamiento, incautación e interceptación de comunicaciones. Todas estas facultades son anteriores a la etapa de juzgamiento, en la que es exigible el fuero para los altos funcionarios del Estado. El legislador, tiene un amplio margen de competencia para regular las actuaciones judiciales y administrativas, con base en las cuales, puede definir las ritualidades propias de cada juicio, la competencia de los funcionarios que deben conocer de los asuntos, los recursos que proceden contra las decisiones, los términos procesales, el régimen de pruebas, los mecanismos de publicidad de las actuaciones, etc. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-591-05 I.10.2. El fiscal general de la nación carece de competencia para investigar a un ministro de despacho, que haya hecho dejación del cargo y a quien se le
    • impute un delito que no guarde relación con las funciones desempeñadas La Corte Constitucional concedió una tutela, amparando los derechos al juez natural y acceso a la justicia a un ex ministro de despacho que había sido juzgado y condenado en un juicio que se llevó a cabo ante la Corte Suprema de Justicia. Según explica el fallo, la Constitución asigna a la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la Nación el juzgamiento y la investigación de los delitos cometidos, entre otros funcionarios, por los Ministros del Despacho, mientras estos permanecen en el cargo y así hagan dejación del mismo, en este último evento, sólo para las conductas que tengan relación con las funciones desempeñadas. En este caso, el Fiscal General acusó a la persona ante la Corte Suprema de Justicia a pesar de que el había ya renunciado al cargo de Ministro y el delito no tenía relación con las funciones que como tal desempeñaba.dió Con esta actuación, la Fiscalía vulneró los derechos al juez natural y a la segunda instancia. Para la Corte, el señalamiento de la competencia es asunto de enorme trascendencia y de reserva legal, en cuanto toca con la autonomía, independencia e imparcialidad de las autoridades en ejercicio de funciones jurisdiccionales, al punto que el derecho a un juez natural hace parte del núcleo esencial de las garantías constitucionales que limitan el poder punitivo del Estado, de modo que la facultad del Fiscal General de asumir investigaciones que no le competen, cuando así lo considere, no puede entenderse sino condicionada a regulación previa del legislador, debidamente motivada y con sujeción a las garantías constitucionales de los afectados, porque así como no le está permitido al Fiscal General interferir en las investigaciones y decisiones de competencia de los fiscales delegados, tampoco le está dado separarlos de los sumarios o impedirles que desarrollen las facultades que por ley les corresponde asumir. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-058-06 I.10.3. La separación temporal del cargo de congresista, no despoja a la corte suprema de justicia de su función de investigación y juzgamiento El demandante (ex congresista) solicita la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, juez natural, doble instancia e igualdad, en razón a las decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia en las que retuvo la competencia para conocer del proceso penal seguido en su contra por el delito de concusión, y contra la sentencia condenatoria, en tanto no está prevista la posibilidad de interponer recurso de apelación. Para la Corte, La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
    • tampoco vulneró el debido proceso del accionante al mantener la competencia para el juzgamiento del ex congresista por hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones, ocurridos cuando gozaba de una licencia temporal, porque las normas constitucionales y legales que rigen la materia y la jurisprudencia reiterada de ese órgano de cierre de la jurisdicción penal, señalan que el fuero constitucional de los congresistas por hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones se mantiene mientras conserve su investidura, lo cual ocurre aún cuando haya una separación temporal del cargo como por ejemplo cuando goza de una licencia temporal no remunerada, pues en ese evento continúa sujeto al régimen constitucional y legal de inhabilidades e incompatibilidades propias de esa alta dignidad. nota 1 I.10.4. La configuración del régimen de pequeñas causas, no debe excluir a la fiscalía general de la nación Se demanda la inconstitucionalidad de los artículos 4, 12 parcial, 18 parcial, 19 parcial, 36 parcial, 37 parcial, 39 parcial, 42 parcial, 44, 45 parcial, 50, 52, 53 parcial, 54 parcial y 55 parcial de la Ley 1153 de 2007, por ser contrarios a los artículos 13, 29, 121 y 250 de la Constitución. A juicio de la Corte, aun cuando las funciones de indagación e investigación de la Policía Nacional se encuentran reguladas sólo en los artículos 36, 42 y 46 de la Ley 1153 de 2007, la declaratoria de inexequibilidad de esta asignación de funciones afecta uno de los ejes centrales del proceso penal, pues se deja a los procesos de pequeñas causas sin un órgano competente para la realización de esta función crucial, dado que la Fiscalía General de la Nación fue excluida de este tipo de procesos. Destacó, que lo anterior no significa que el legislador no pueda establecer un tratamiento específico de conductas que considere como pequeñas causas. Dicha inconstitucionalidad total deja abierto el campo para que sea el legislador el que diseñe el nuevo sistema de pequeñas causas. La Constitución permite que el legislador establezca un régimen especial para las “pequeñas causas”. Dicho régimen puede comprender múltiples ramas del derecho y obedecen a procedimientos ágiles, expeditos y menos formales a cargo de distintos jueces a los que tradicionalmente integran cada jurisdicción especializada. No obstante, si el legislador mantiene el carácter penal o delictual de ciertas conductas –desde el punto de vista material, no podrá excluir de su investigación a la Fiscalía General de la Nación. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-879-08 I.11. Violaciones del derecho al debido proceso en general
    • I.11.1. Violaciones al debido proceso en materia probatoria –vías de hecho fácticas I.11.1.1. Vía de hecho violatoria del debido proceso por indebido reconocimiento a través de fotografía e irregularidades en la vinculación del sindicado Una persona fue detenida por recaer sobre su nombre una sentencia condenatoria del delito de homicidio. Dentro del proceso que dio lugar a la mencionada sentencia nunca se individualizó de manera clara la identidad del sindicado, pues el juzgador tenía conocimiento de la existencia de varios homónimos, y, a pesar de ello, se produjo una condena en su contra. El proceso se adelantó sin el conocimiento del sindicado, nombrándosele para el efecto abogado de oficio. La prueba que dio lugar a la condena fue el reconocimiento fotográfico por parte del único testigo del delito, prueba que se llevó a cabo sin el cumplimiento de los requisitos legales, que exige la presentación de un mínimo de seis fotos distintas y la presencia del defensor y un representante del Ministerio Público. A pesar de la existencia de serias dudas acerca de la identificación del sindicado, el juez decidió dictar sentencia sin tener en cuenta la existencia de homónimos del sindicado. Se interpuso acción de tutela como mecanismo transitorio mientras es resuelto el recurso de revisión elevado frente a la sentencia condenatoria. La Corte Constitucional sostuvo que “es constitutiva de una vía de hecho el ánimo eficientista con el que se adelanta un proceso para encontrar un culpable de un determinado delito, sin tener en cuenta las menores consideraciones para respetar los derechos fundamentales de las personas, obviando requisitos indispensables como la plena identificación de los sindicados y la práctica de pruebas sin el cumplimiento de los requisitos legales” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-171-00 I.11.1.2. Vía de hecho por omisión de pronunciamiento sobre homonimia El actor interpuso acción de tutela por considerar vulnerado su derecho al debido proceso dado que fue condenado por la justicia regional, específicamente por el Tribunal Nacional que omitió pronunciarse sobre la homonimia que desde su captura había alegado el demandante. La Corte, al conocer este caso debía establecer si se había presentado una vía de hecho y si el Tribunal Nacional estaba obligado a pronunciarse sobre la homonimia alegada. La Corte también debía establecer si el recurso de casación podía considerarse como otro recurso
    • de defensa judicial y, en caso de que fuera tutelado el derecho del actor, quién debía complementar la sentencia emitida por el Tribunal dado que éste había desaparecido con la expedición de la Ley 504 de 1999, que regula la justicia especializada. Frente a la existencia de una vía de hecho, la Corte concluyó que existían pruebas suficientes que permitían evidenciar la presencia de una homonimia en el proceso por lo que en el presente caso, con la apariencia del estricto cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley para dictar sentencia, se incurrió en una omisión de tal índole, que configuró una vía de hecho. Vía de hecho que significó para el afectado pasar de ser beneficiado con la cesación del procedimiento a condenado a 42 años de prisión. Frente a la obligación que tenía el Tribunal Nacional de pronunciarse sobre tal hecho, la Corte sostuvo, que en el grado de consulta, el superior no tiene límites al entrar a examinar el proceso objeto de la misma, por lo cual pudo haberse pronunciado respecto a la homonimia. Así mismo, frente a la existencia de otro recurso de defensa judicial, como lo es el recurso extraordinario de casación, la Corte estableció que si bien cuando el actor ha interpuesto el recurso de casación la tutela no es procedente, en este caso se evidenciaba la existencia de un perjuicio irremediable. Por lo tanto, la Corte tuteló los derechos del actor y ordenó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que dictara una sentencia complementaria. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-749-99 I.11.1.3. Vía de hecho por defecto fáctico por no identificación e individualización del sindicado El actor interpuso acción de tutela por considerar vulnerado su derecho al debido proceso, en el proceso penal que cursó en su contra y por el cual fue condenado, al ser vinculado como persona ausente sin que en el expediente existieran pruebas que identificaran e individualizaran adecuadamente su identidad. La Corte, al tutelar el derecho alegado sostuvo que en el proceso penal en el que finalmente resultó condenado el actor, las autoridades tanto en la etapa de investigación, como en la del juicio, no cumplieron con los requisitos exigidos para lograr la plena individualización e identificación del sindicado. En realidad no existe ninguna prueba de la que pueda razonablemente deducirse que el accionante es el mismo señor que fue aprehendido el día de ocurrencia de los hechos, que además inexplicablemente al día siguiente fue dejado en libertad. Por ello, en el presente caso no duda la Corte en manifestar que existió una
    • evidente vulneración al debido proceso del actor, pues con la apariencia del estricto cumplimiento de las formalidades exigidas en la ley para proferir sentencia, se incurrió en omisiones de tal índole que configuraron una vía de hecho por defecto fáctico, pues no existe prueba alguna de la que se pueda deducir que el sujeto aprehendido al momento de la comisión del ilícito es el mismo que fue capturado y se encuentra privado de la libertad. La Corte ordenó al juzgado resolver dentro de las 48 horas siguientes lo relativo a la libertad del actor, a quien no se le ha podido probar la autoría del delito que se le imputa. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-526-01 I.11.1.4. Vía de hecho por no suspensión de la pena en caso de grave enfermedad Los actores, actuando como agentes oficiosos, interpusieron acción de tutela por considerar vulnerados los derechos a la vida, igualdad, debido proceso, salud y a no ser sometido a penas inhumanas del agenciado, por cuanto las solicitudes que se habían elevado al juez de ejecución de penas para que se suspendiera la ejecución de la pena fueron negadas. Según los actores el agenciado podía acceder a tal beneficio por cuanto el sindicado era mayor de 65 años y sufría de una grave enfermedad. La Corte sostuvo, frente a la primera causal invocada, que es de la competencia exclusiva del juez de ejecución de penas apreciar si las condiciones de la personalidad y naturaleza del hecho punible del condenado hacen aconsejable decretar la suspensión de la privación de la libertad. No basta haber llegado a la edad de 65 años, sino además que el juez tenga la oportunidad de valorar la personalidad de quien se encuentra privado de la libertad y de calificar la naturaleza y modalidad del hecho punible que haga aconsejable, a su juicio, la adopción de dicha medida. Sin embargo, la Corte concedió el amparo solicitado, al considerar que se había configurado una vía de hecho, pues no obstante la competencia del juez de ejecución de penas para ordenar el aplazamiento o la suspensión de la pena impuesta al sindicado, denegó dicha solicitud sin tener en cuenta el dictamen del Instituto Nacional de Cancerología, según el cual el condenado sufría de una enfermedad grave de cáncer. La prueba exigida del experticio de Medicina Legal no es el único medio probatorio de carácter jurídico para acreditar dicha situación. nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia SU-707-96 I.11.1.5. Inexistencia de via de hecho fáctica por modificar la calificación provisional, cuando existen pruebas que sustentan los nuevos cargos El actor interpuso acción de tutela por considerar que se le violó el derecho al debido proceso, porque, entre otras, en la resolución de acusación se le llamó a responder en juicio, no sólo por el delito provisionalmente calificado, sino por concurso de delitos. La Corte sostuvo que debe existir coherencia entre los cargos por lo que se llama a responder en juicio y aquellos por los cuales se llega a condenar al sindicado. El principio expuesto establece que nadie se puede defender de lo que no se le ha imputado con anterioridad. Pero no necesariamente ha de existir identidad entre la calificación provisional con base en la cual se define la situación jurídica del encartado, y los delitos por los que se llama a responder en juicio. Frente a todos los cargos que se puedan sustanciar durante la investigación, se podrá defender dentro del juicio. Frente a la presunta vía de hecho en este caso, la Corte consideró que si bien no se practicaron las pruebas inicialmente ordenadas, el fiscal sí adelantó la investigación sobre el segundo delito endilgado, y luego llamó al sindicado para ser oído en ampliación de la indagatoria, antes de juzgar que procedía llamarle a responder en juicio por el concurso que definitivamente se le imputó. Si la defensa, que no solicitó las pruebas pretermitidas, está interesada en su práctica, bien puede insistir en ella durante la etapa probatoria del juicio. De esta forma, la Corte niega las pretensiones del actor. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-194-97 I.11.1.6. Inexistencia de vía de hecho por defecto fáctico en evidencia probatoria Por otra parte, alega el actor que las sentencias impugnadas incurren en un vicio fáctico pues no existe prueba que demuestre su mala fe o el dolo y como las decisiones no lograron desvirtuar el error en el que pudo incurrir al interpretar el artículo 430 del CPP, en aplicación del principio in dubio pro reo, debió ser absuelto. Según la Corte, para que se configure una vía de hecho por defecto fáctico, se requiere que no exista ningún elemento probatorio que permita conducir a la decisión judicial adoptada. En el presente caso, los falladores de instancia han expuesto una serie de elementos que, en su criterio, son suficientes
    • para afirmar la culpabilidad del sindicado. Dicha evidencia es real y no resulta irracional sustentar en ella una decisión sobre la eventual culpabilidad del actor. En un proceso de tutela, el juez constitucional no puede estudiar la forma como resultó evaluada la evidencia encontrada. Se debe limitar a verificar que las providencias impugnadas se apoyaron en elementos fácticos razonables y, en consecuencia, que no constituyen, por este motivo, decisiones arbitrarias. Basta, para considerar que no hay vía de hecho judicial, con encontrar que existen elementos para fundar una eventual responsabilidad por la acción cometida. En consecuencia, la Corte encuentra que las decisiones impugnadas no carecen de manera absoluta de evidencia probatoria que conduzca a las decisiones por ellas adoptadas. nota 1 En otro caso, el accionante solicitó la tutela de sus derechos al debido proceso, igualdad procesal y defensa, pues los testigos lo fueron solamente de oídas y no se desplegaron todas las actividades necesarias para aportar al proceso el testigo presencial que despejara las dudas y las pruebas que fueran contundentes al momento del Juzgamiento. La tutela fue negada en primera y segunda instancia. La Corte reconoce que no se incurre en vía de hecho en la valoración probatoria salvo que se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya hecho desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. En el caso particular no se encuentra que la autoridad judicial haya incurrido en vía de hecho, pues, si bien es cierto, no se cuenta con la declaración del testigo presencial, para cuya consecución las diferentes instancias judiciales desplegaron un sin número de gestiones tendientes a dar con su paradero, los testimonios allegados al proceso son todos coincidentes y armónicos entre sí y la interpretación y correspondiente valoración que sirvió de fundamento al fallador demandado para proferir la sentencia condenatoria, está acorde con los medios de convicción y constituyen una inferencia razonada y lógica de la valoración probatoria de los hechos que el juzgador estimó como indicadores de la conducta por la cual se le condenó. nota 2 1. Corte Constitucional, Sentencia T-260-99 2. Corte Constitucional, Sentencia T-066-05 I.11.1.7. Inexistencia de vía de hecho por defecto fáctico cuando se excluyen
    • las pruebas obtenidas ilícitamente y las pruebas que sirven de fundamento a las decisiones judiciales no son derivadas de la prueba nula excluida En la misma ocasión, el actor considera que se incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico en tanto que las decisiones judiciales se tomaron con base en una prueba obtenida ilícitamente, como fue la grabación de una conversación telefónica, así como otras pruebas también ilícitas, derivadas de la primera. La Corte encuentra que la grabación de la conversación telefónica fue excluida del acervo probatorio tanto por la fiscalía General como por la Corte Suprema de Justicia y que las pruebas que sirvieron de fundamento a la resolución de acusación y a la sentencia condenatoria no son derivadas de dicha grabación, sino que provienen de fuentes separadas, independientes y autónomas. El que la noticia criminis haya consistido en la información periodística sobre la existencia de la grabación, no hace que todas las pruebas sean fruto de ella. En este caso, claramente no lo fueron dado que la fiscalía desplegó una actividad investigativa que la condujo a pruebas independientes y completamente ajenas al contenido de la conversación ilícitamente interceptada y grabada. La Corte rechaza la afirmación de que la mera existencia de la grabación ilícita y su divulgación periodística, al ser la base de la noticia criminis, vicien todo el procedimiento. Semejante conclusión conduciría a que, en el futuro, quien desee eludir la acción de la justicia penal busque que se divulgue en detalle de qué manera cometió el delito con el fin de que nada de lo contado, en una conversación o en una carta privada, pueda ser legítimamente investigado y probado. La Corte también rechaza la insinuación de que una prueba ilícita contamina ipso facto todo el acervo probatorio. La Constitución garantiza que la prueba obtenida con violación del debido proceso sea excluida del acervo. Pero no se puede confundir la doctrina de los frutos del árbol envenenado con la teoría de la manzana contaminada en el cesto de frutas. La primera exige excluir las pruebas derivadas de la prueba viciada, lo cual se deduce de la Constitución. La segunda llegaría hasta exigir que, además de excluir las pruebas viciadas, se anulen las providencias que se fundaron en un acervo probatorio construido a partir de fuentes lícitas independientes de las pruebas ilícitas, el cual, en sí mismo, carece de vicios y es suficiente para sustentar las conclusiones de las autoridades judiciales, sin admitir ni valorar las manzanas contaminadas dentro de una canasta que contiene una cantidad suficiente de pruebas sanas. En conclusión, la exclusión del proceso penal de una grabación telefónica ilícita y violatoria del derecho a la intimidad constituye una aplicación correcta del artículo 29 inciso último de la Constitución, y la existencia y la divulgación
    • periodística de dicha grabación no vician todo el procedimiento ni contaminan todo el acervo probatorio, así ésta haya sido elemento integral de la noticia criminis, siempre que la resolución de acusación y la sentencia condenatoria se hayan fundado en pruebas separadas, independientes y autónomas de ésta y suficientes para demostrar la ocurrencia de la conducta típica y la responsabilidad penal del procesado. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia SU-159-02 I.11.1.8. Inexistencia de vía de hecho por defecto fáctico cuando se niega la libertad provisional con base en elementos de juicio admisibles El actor interpuso acción de tutela por considerar que se desconocieron sus derechos al debido proceso y a la libertad porque la decisión de negar su solicitud de libertad provisional se sustentó en pruebas que carecen de validez legal y que fueron interpretadas equivocadamente, lo cual configuró una vía de hecho por defecto fáctico. La Corte sostuvo que no existía una vía de hecho por defecto fáctico dado que para negar la libertad provisional existieron razones suficientes y elementos de juicio admisibles para dictar las providencias cuestionadas. Se pudo deducir que había certeza sobre la existencia de órdenes de captura contra el actor, lo que hacía aún más inviable el otorgamiento del beneficio y la configuración de una vía de hecho por defecto fáctico, pues para que ésta se configure, se requiere de una ausencia absoluta de material probatorio en que soportar una decisión. En consecuencia, la Corte negó el amparo solicitado. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-213-00 I.11.1.9. Inexistencia de vía de hecho por defecto fáctico por divergencia en la apreciación de las pruebas El actor formula una primera tutela, por cuanto considera quebrantado el derecho al debido proceso por haber incurrido el fallador, de sentencia condenatoria en su contra, en error constitutivo de una vía de hecho por graves defectos en la fijación de los hechos, es decir, por un error fáctico como consecuencia de un equivocada apreciación probatoria y de la falta de decretar algunas pruebas que por él fueron solicitadas durante la instrucción. El actor llevó el proceso penal hasta el recurso de Casación excepcional el cual fue inadmitido, posteriormente se negó el recurso de reposición frente a la inadmisión. La acción de tutela no prosperó por improcedente en primera instancia.
    • A juicio de la Corte, la tutela es procedente pues el actor ya no tiene otros mecanismos de defensa judicial diferentes, en tanto, se agotó el recurso de Casación Excepcional en el proceso penal. Sin embargo, reitera la Corte, que no es constitutiva de una vía de hecho judicial la simple divergencia en la apreciación probatoria, si la del fallador no resulta de manera irrazonable en pugna con la lógica jurídica ni abiertamente contraria a la realidad fáctica que emerge de los autos del proceso, y en el presente caso no aparece un yerro ostensible, grave y protuberante del sentenciador. La corte decidió revocar el fallo de tutela proferido por la Corte Suprema de Justicia donde se consideraba improcedente la acción, y en su lugar deniega la pretensión del actor para que se tutele su derecho al debido proceso. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-673-04 I.11.1.10. La imposición de una condena penal sin el suficiente sustento probatorio, constituye una afrente al debido proceso El demandante considera que la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, y la decisión de inadmisión del recurso de casación de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, afectaron su derecho al debido proceso. Al respecto, la Corte señaló que la sala encuentra probada la existencia de un defecto fáctico, al considerar que se dio aplicación del derecho sin contar con las pruebas que permitieran demostrar los hechos determinantes del supuesto legal, en concreto, la culpabilidad, tipicidad y antijuridicidad de las conductas, más allá de la duda. Se demostró entonces que no existió el sustento probatorio necesario para adoptar la decisión, e incluso, se presentó una valoración errónea del acervo probatorio. El defecto identificado se concreta en una valoración probatoria deficiente, al no haber tenido en cuenta ciertas circunstancias relacionadas con los testimonios que sirvieron como base para la condena de la señora Cañón. Al respecto cabe señalar que, si bien en la valoración de la prueba testimonial, la ocurrencia del defecto fáctico por valoración deficiente debe ser patente y clara pues se entiende que el juez es quien puede determinar con mayor asertividad el alcance y valor probatorio que se le puede dar a cada declaración, no es menos cierto que en el proceso penal existe a favor de los imputados la presunción de inocencia, de tal forma que "para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda". Lo anterior implica que la existencia de un defecto en la valoración probatoria
    • puede demostrarse si tal circunstancia se aprecia en el análisis del acervo utilizado por el juez para proferir sentencia condenatoria, siendo entonces muy riguroso el ordenamiento penal al exigir la exclusión de toda duda con miras a la determinación de la responsabilidad penal. En este caso, como ha mostrado la Sala, el esclarecimiento de la duda en cuanto a los elementos esenciales de la responsabilidad penal no se pudo haber conseguido, de acuerdo con la valoración realizada en la sentencia revisada, por lo que se impone amparar el derecho al debido proceso de la accionante. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-138-09 I.11.1.11. Cuando la valoración probatoria obedece a un análisis sistemático y concatenado de los medios de prueba referidos al contexto, en el que se inserta la conducta investigada, no se configura una vía de hecho por defecto fáctico El demandante (ex congresista), estima vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, como consecuencia de la sentencia condenatoria proferida en su contra por al Corte Suprema de Justicia. Cuando la valoración probatoria obedece a un análisis sistemático y concatenado de los medios de prueba referidos al contexto, en el que se inserta la conducta investigada, no se configura una vía de hecho por defecto fáctico. Para la Corte, la doctrina contemporánea dedicada a estudiar la criminalidad de sistema o de organización, considera el elemento de contexto como un principio de interpretación que como tal impregna el análisis normativo de los delitos, la valoración de la prueba y el juicio de atribución de responsabilidad. En este sentido, ha señalado que la comisión múltiple de delitos que requiere la criminalidad de sistema incrementa la gravedad del delito individual, en razón a que aumenta el peligro de la conducta del autor individual del mismo. Se estima que quien delinque en un contexto de criminalidad de sistema plantea una amenaza mayor para la colectividad, en razón a que los correctivos sociales habituales no pueden operar apropiadamente. La desaprobación pública de la conducta criminal que normalmente constituye un fuerte contra incentivo o factor desestimulante de la misma, no cumple su función en estos eventos, "por el contrario, la acción colectiva tolerada o apoyada por las autoridades ayuda a sobreponerse a las inhibiciones naturales". La comisión individual de un delito en un contexto de delincuencia organizada, no sólo genera el reproche que atrae la conducta individual, sino el que se deriva de la circunstancia de que con ella se coopera al establecimiento de una atmósfera propicia para los crímenes de otros. Conforme a este criterio de interpretación –acogido en el fallo atacado-, cuando
    • el acto delictivo individual se inserta en el contexto de una política o plan de acción, aquel se torna más peligroso. La sentencia toma en cuenta elementos cronológicos, geográficos, así como el plan de acción (patrón) que desplegó la organización paramilitar en amplias regiones del país, concretamente el denominado "bloque norte de las autodefensas en el departamento del Cesar", para efectuar el juicio de responsabilidad. Por su magnitud y gravedad, la existencia de este fenómeno es ampliamente conocido en el país, así como su plan de acción consistente en la penetración en las estructuras sociales y en las instancias locales de poder mediante la intervención en la composición de las administraciones locales, su ascenso a las departamentales y su incidencia en la representación popular que a esas entidades territoriales correspondía en el Congreso de la República. No obstante la evidente notoriedad de este fenómeno, la sentencia (tal como corresponde tratándose de una imputación penal) acredita probatoriamente ese elemento contextual a través de copiosa prueba testimonial y lo relaciona con los elementos probatorios a partir de los cuales infiere un respaldo de ese grupo ilegal armado al ex senador en su candidatura al Senado de la República, y el beneficio obtenido por este como consecuencia de los actos de constreñimiento que la organización al margen de la ley ejerció en el Departamento del Cesar. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-555-09 I.11.2. Violaciones al debido proceso por aplicación errónea de la ley – vias de hecho sustantivas I.11.2.1. Vía de hecho violatoria del debido proceso por desconocimiento de una circunstancia de atenuación punitiva En sentencia de tutela, la Corte conoció un caso en donde la situación del procesado fue agravada en el grado jurisdiccional de consulta y el tribunal ignoró una circunstancia de atenuación de la pena. La Corte sostuvo que, a pesar de que el tribunal se encontraba facultado para revocar la decisión de primera instancia, dicho organismo condenó al accionante con base en la pena descrita en el inciso primero del artículo 33 de la Ley 30 de 1986 -de cuatro a doce años de prisión-, sin atender la circunstancia de atenuación punitiva, que prevé la misma norma, lo cual implica una disminución en la dosimetría de la pena. La Corte, consideró que imponer una pena mayor a la ordenada por el
    • Legislador, constituye una conducta lesiva que rompe el equilibrio procesal, y deja al sindicado en indefensión total, configurándose una vía de hecho. Esta pena erróneamente aplicada por el tribunal, le causa al accionante un perjuicio irremediable, pues, según la sentencia, deberá permanecer en prisión por un tiempo mayor al establecido en la ley aplicable, vulnerándose así el derecho fundamental al debido proceso y a la libertad. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-201-97. Esta sentencia es reiterada en las Sentencias T-814-00 y T-587-02 I.11.2.2. Vía de hecho por omisión de considerar la disminución de la pena El actor interpuso acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos a la igualdad, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, al dictarse sentencia condenatoria en su contra, sin tenerse en cuenta que tenía derecho a una rebaja de la pena. La Corte, al conceder el amparo, sostuvo que los funcionarios encargados de aplicar los beneficios y rebajas que la ley penal reconoce en favor del procesado están obligados a pronunciarse sobre su procedencia o improcedencia, cuando se dan los supuestos de hecho para su concesión. De lo contrario, se desconocerían el derecho a un debido proceso y, en especial, los principios de favorabilidad y legalidad, al no explicar ni justificar las razones por las cuales no se tiene en cuenta determinado beneficio o rebaja, pese a que se cumplen los requisitos para su concesión. En el fallo que profirió el juez acusado, no se explican ni justifican los motivos por los cuales no se aplicó la rebaja de pena, no obstante que el actor, satisfacía los requisitos para su otorgamiento. Al no pronunciarse sobre un aspecto que tenía repercusiones en el cálculo de la pena, y, por ende, en la situación jurídica de los procesados, se desconocieron derechos fundamentales del actor. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-573-97 I.11.2.3. Vía de hecho por no tener en cuenta norma del código de comercio al momento de fallar. interpretación asistemática del ordenamiento jurídico El actor instaura acción de tutela contra el juzgado que profiere sentencia condenatoria en su contra por estafa, con el propósito de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, la honra, el trabajo y la igualdad. Considera el accionante que el fallador penal inaplicó el artículo 1384 del Código de Comercio que reza: “De los depósitos recibidos en cuenta corriente abierta a nombre de dos o más personas podrá disponer cualquiera de ellas (...)”, alegando
    • que él si estaba facultado para firmar el cheque, y por tanto no se valió de engaños o trucos, de manera que no se configuró el tipo penal de estafa. La Corte considera que un examen atento del contenido de la referida providencia judicial evidencia que la falladora incurrió en una vía de hecho (siendo procedente la acción de tutela) por cuanto la decisión se apoya en una interpretación asistemática del ordenamiento jurídico (defecto sustantivo) lo cual condujo a que la sentencia condenatoria se apoyase, a su vez, en pruebas que no resultan ser conducentes, y al mismo tiempo, se hubiesen desechado otras que si lo eran en el caso concreto (defecto fáctico). En primer lugar, no se tuvo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato de cuenta corriente bancaria ni la modalidad del mismo que había sido suscrito por el accionante con la entidad crediticia, es decir, la demandada no adelantó una necesaria interpretación sistemática entre las normas del Código Penal y las disposiciones legales de carácter comercial. En la decisión judicial se inaplicó por completo una disposición legal que resultaba ser pertinente al momento de establecer la existencia o no de responsabilidad penal del sindicado. La Corte decidió revocar la decisión adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se negó por improcedente la tutela, tutelando el derecho al debido proceso del accionante. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-807-04 I.11.2.4. Inexistencia de via de hecho sustantiva. el fiscal debe ceñirse a la ley al imponer una medida de aseguramiento El actor interpuso acción de tutela porque consideró que se le violó el derecho a la libertad ya que en la resolución de acusación se cambió la medida de aseguramiento inicial –caución prendaria-, por la de detención preventiva sin beneficio de excarcelación. La Corte consideró que, dentro de la regulación legal de las formas propias del proceso penal, la reglamentación de la caución y de la detención preventiva deja muy en claro que el fiscal no es completamente libre para escoger entre esas medidas de aseguramiento. Su discrecionalidad es limitada por la clase de delito y la pena que la ley le haya asignado. Frente al presente caso, encuentra la Corte que el actor, por la sola sindicación de haber incurrido en peculado, desde que se le vinculó al proceso en calidad de sindicado, debió ser cobijado con una medida de detención preventiva y no de
    • caución. El hecho de que el error en que incurrió el primer fiscal se hubiera corregido por el segundo al momento de llamar a responder en juicio, no constituye una vía de hecho. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-194-97 I.11.2.5. Improcedencia de la suspensión de la detención preventiva El actor interpuso acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida y al debido proceso, por cuanto el fiscal le negó la petición de suspensión de la detención, basada en su estado de salud y su avanzada edad -71 años-. La Corte, al denegar el amparo solicitado, consideró que la decisión adoptada por el fiscal está debidamente sustentada en las normas legales y procedimentales que en materia penal rigen su actividad y que determinan las decisiones que se deben adoptar frente a una solicitud como la formulada en relación con la suspensión de la detención preventiva, razón por la cual mal podría entrar el juez de tutela a controvertir y dejar sin efecto la legitimidad de la medida, por carecer de competencia constitucional y legal para ello, teniendo como base el principio de la autonomía funcional de quien administra justicia. No cualquier irregularidad procesal es susceptible de ser objeto de la acción de tutela, pues se requiere que la conducta de la autoridad judicial vulnere grave e inminentemente un derecho fundamental. Pero no todo lo que afecte un derecho fundamental constituye una vía de hecho apta para interponer la acción de tutela, porque siendo así, dicha acción se convertiría no en subsidiaria, sino en la vía ordinaria y principal. Para que ella sea viable, requiere no sólo que se afecte un derecho fundamental, sino que además se presente cierta gravedad e inminencia en la vulneración o amenaza, de manera que la actuación judicial sea ostensiblemente arbitraria y grosera. Para que se decrete la suspensión de la privación de la libertad de un sindicado mayor de sesenta y cinco años, es necesario acreditar dentro del proceso, que su personalidad y la naturaleza o modalidad del hecho punible hagan aconsejable la medida a juicio del funcionario judicial competente, que no es en este caso el juez de tutela. En el asunto materia de revisión, es claro que no obstante el accionante tener edad avanzada y adolecer problemas en su salud, no acreditó ante el fiscal prueba alguna que permitiese inferir que su personalidad y la naturaleza del hecho punible, presuntamente cometido por él, hicieran viable la suspensión de la privación de la libertad. nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia T-207-96 I.11.2.6. Inexistencia de vía de hecho por defecto sustantivo cuando se niega el subrogado penal por tratarse de una conducta que por excepción no tiene tal beneficio El actor interpuso acción de tutela por considerar que se desconoció su derecho al debido proceso en la medida en que la decisión de rechazar su solicitud de libertad provisional se sustentó en una interpretación equivocada de la normativa penal, lo que en últimas configuró una vía de hecho por defecto sustantivo. La Corte sostuvo que no existía una vía de hecho por defecto sustantivo ya que el otorgamiento de la libertad condicional, como subrogado penal, está sujeto a la observancia de dos factores: uno objetivo, que se refiere a la duración de la pena impuesta y el cumplimiento de una parte de ella y, otro subjetivo, relacionado con la personalidad, conducta y antecedentes del sindicado para su readaptación social. El artículo 72A del Código Penal anterior lo excepciona para aquellos delitos previstos en la Ley 365 de 1997, que en su artículo 8 contempla el delito de concierto para delinquir. De esta forma, la Corte desestimó los argumentos del actor por considerar que no se daban los supuestos de configuración de la vía de hecho por defecto sustantivo. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-213-00 I.11.2.7. Inexistencia de vía de hecho por defecto sustantivo cuando la decisión judicial de adecuación típica del delito se fundamenta en una posición doctrinal y jurisprudencial mayoritaria El actor interpuso acción de tutela contra la fiscalía General de la Nación y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por la vulneración de sus derechos a la igualdad, intimidad y debido proceso. Considera que en el proceso adelantado en su contra se incurrió en varios tipos de vías de hecho: (a) vía de hecho por defecto sustantivo por cuanto la adecuación típica de la conducta realizada por la fiscalía y por la Corte Suprema de Justicia fue errada. Solicita que se decalre sin valor ni efecto la sentencia proferida en su contra por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, así como todo lo actuado en el proceso o, en subsidio de esto último, invalidar la actuación viciada para restablecer el goce de sus derechos fundamentales.
    • Para la Corte no se incurre en una vía de hecho, por defecto sustantivo, cuando las decisiones de las corporaciones demandadas se fundamentan en la línea dogmática y jurisprudencial mayoritariamente aceptada y aplicada que considera el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, como un tipo penal de mera conducta, frente a la posición del apoderado del peticionario, que lo considera un tipo penal de resultado, apoyado en una posición dogmática minoritaria. Por lo anterior, tampoco se puede plantear que la ausencia de daño, aceptada por la Corte Suprema de Justicia, al no condenar al actor en perjuicios, constituye una contradicción en la sentencia, puesto que el interés ilícito en la celebración de contratos no exige para su realización que la administración haya sufrido un daño patrimonial. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia SU-159-02 I.11.2.8. La discrepancia en la determinación de la conducta típica, no constituye per se una vía de hecho judicial por defecto sustantivo El demandante alega la vulneración del derecho al debido proceso, con ocasión de la sentencia condenatoria dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que lo encontró responsable del delito de peculado por apropiación mientras se desempeñaba como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de Bélgica. Para la Corte la circunstancia de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones como juzgador de única instancia, considerara que el hecho se encuentra tipificado en la conducta de peculado por apropiación descrita en el artículo 133 del Código Penal de 1980, lo que no puede desvirtuarse en una acción de tutela por el juez constitucional sin desmedro de la competencia propia de la jurisdicción ordinaria, pues a esta conclusión se llegó luego de un análisis probatorio que, aunque puede ser objeto de discrepancia por el actor, no obstante ello, no constituye una vía de hecho judicial por no ser arbitraria, ni caprichosa, sino producto de la valoración que el juzgador realizó sobre los medios de prueba obrantes en el proceso. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-358-07. Ver también la Sentencia T-1150-08 I.11.2.9. Una interpretación razonable de una norma jurídica por parte de la corte suprema de justicia como órgano de cierre, no configura un defecto
    • sustantivo El demandante estima que ha sido vulnerado el derecho al debido proceso, en razón de la indebida interpretación del artículo 30 de la Ley 599 de 2000, configurándose de esta manera un defecto sustantivo. Para la Corte, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no fundó su sentencia de casación en disposiciones legales inexistentes o contrarias a la Constitución; tampoco se presenta una evidente contradicción entre los fundamentos del fallo y la decisión adoptada. Por el contrario, esta última se apoya en tres fallos anteriores proferidos por la misma Corporación , todos ellos atinentes a la interpretación del artículo 30 del Código Penal relativo a los partícipes en los delitos. Quiere ello decir que, contrario a lo sostenido por el peticionario, la sentencia de casación proferida el 7 de marzo de 2007 se apoya en diversos y concordantes fallos emitidos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual es evidente que no se está en presencia de un fallo arbitrario o soportado en la mera liberalidad de los jueces. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-457-08 I.11.3. Violaciones al debido proceso por irrespeto a las formas propias del juicio – vias de hecho procedimentales I.11.3.1. La solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento debe resolverse en tres días y no puede diferirse El actor interpuso acción de tutela contra una fiscalía especializada por considerar violado su derecho al debido proceso. Mientras estaba privado de su libertad por estar siendo investigado como presunto autor del delito de homicidio agravado, solicitó a través de apoderado que se revocara la medida de aseguramiento en su contra. La fiscalía negó la solicitud, ya que había decretado un día antes el cierre de la investigación, y por lo tanto se pronunciaría sobre la solicitud del sindicado en el momento de calificar la instrucción. Esta situación configuró, según el actor, la vulneración al debido proceso, por cuanto desconocía los principios rectores del procedimiento. La Corte revisó los fallos de primera y segunda instancia, y consideró que se presentó una vía de hecho por defecto procedimental. A partir del artículo 363 del Código Penal se concluye que la solicitud de revocatoria podrá hacerse en cualquier momento durante la instrucción; por otra parte, según el artículo 168 del mismo código, el término para que el funcionario judicial se pronuncie sobre la libertad del sindicado es de tres días; y por último, el artículo 410 enumera las
    • decisiones que pueden diferirse, y excluye expresamente entre otras, la que se refiere a la libertad del sindicado. De esta forma, la actuación de la fiscalía se alejó de los procedimientos establecidos. Resaltó la Corte la importancia de la libertad de las personas y de la aplicación de los procedimientos penales en situaciones que atañen a esa materia. En el momento en que la Corte se pronunció el actor ya gozaba de su libertad. Por lo tanto, resolvió revocar el fallo de segunda instancia y declarar la carencia actual de objeto de la tutela. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-455-04 I.11.3.2. Vía de hecho procedimental por no dar a terceros de buena fe la posibilidad de actuar en defensa de sus derechos en un proceso penal La actora compró un apartamento después de haberse iniciado un proceso penal por estafa en donde el objeto de tal delito había sido el citado inmueble. En el proceso penal por estafa, el juez ordenó la condena de uno de los acusados y la cancelación de los registros que se hubieren inscrito sobre el bien inmueble de propiedad de la actora, para que las cosas volvieran a su estado normal, es decir, tal como se encontraban antes de iniciarse el proceso, sin que a la actora propietaria se le hubiera enterado de la existencia del proceso penal. La Corte Constitucional estableció que el Juzgado Penal ordinario que adoptó la decisión de cancelar los registros inscritos sobre el bien inmueble incurrió en una vía de hecho y vulneró el derecho de la actora a gozar de un debido proceso, porque: 1- omitió obtener un certificado de tradición actualizado, prueba que era fundamental para determinar el rumbo del proceso, 2- Con ello, la juez incurrió en una vía de hecho fáctico por omisión y 3- Esa omisión repercutió en que se materializara una vía de hecho procedimental, por cuanto se dictó sentencia sin que se hubiera dado oportunidad a los terceros de buena fe para actuar en defensa de sus derechos, en un trámite incidental. Por lo tanto, la Corte revocó la sentencia de tutela revisada, concedió el amparo solicitado por violación al debido proceso y ordenó que se notificara “a la actora y a los demás terceros de buena fe – sobre la existencia del proceso penal con el objeto de brindarles la oportunidad de participar para la defensa de sus derechos, a través de un trámite incidental.” nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia T-259-06 I.11.3.3. Inexistencia de vía de hecho por no dar trámite a sentencia anticipada cuando el sindicado plantea condiciones inadmisibles El actor interpuso acción de tutela por considerar que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, al no reconocer los beneficios consagrados en la ley procesal penal vigente cuando se adelantaba el proceso penal en su contra. Destacó que: (i) en el curso del proceso pidió que se le dictara sentencia anticipada, y ello no se hizo; y (ii) que confesó el hecho durante su primera versión ante el funcionario judicial y no se le reconoció la rebaja de pena consagrada en el ordenamiento procesal penal por ese motivo. La Corte negó el amparo solicitado al considerar que del proceso adelantado contra el actor no se deduce en forma alguna la existencia de vía de hecho que sirva de base para predicar la violación al debido proceso, pues la institución de la sentencia anticipada, como forma de terminación anticipada del proceso, exigía como requisitos ineludibles la aceptación por parte del procesado de los hechos materia de investigación y la existencia de plena prueba para dictar sentencia condenatoria. Empero, el accionante impuso como condición para que se le dictara sentencia anticipada, primero, que se le atribuyera el punible de homicidio a título de culpa y no de dolo, y, segundo, que se le reconociera el estado de ira e intenso dolor; de manera que mal podía la fiscal dar trámite a la solicitud formulada con tales condicionamientos y menos podía hacerlo cuando previamente, al negar el cambio de calificación jurídica provisional, había ratificado su posición en el sentido de que se procedía por un delito de homicidio simplemente voluntario y las pruebas estaban bien lejos de demostrar la culpa como forma de culpabilidad respecto de tal delito. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-516-02 I.11.3.4. Inexistencia de vía de hecho por defecto procedimental cuando se niega la práctica de algunas pruebas solicitadas por el peticionario dentro del proceso y este no ejerce los recursos contra la decisión judicial En el mismo caso anterior, el actor considera que se incurrió en una vía de hecho por defecto procedimental en cuanto no se practicaron algunas de las pruebas solicitadas por la defensa. La Corte Constitucional reconoce un amplio margen
    • de autonomía de los funcionarios judiciales para decidir sobre las pruebas que estimen pertinentes, conducentes y relevantes para determinar los hechos que son objeto de juzgamiento. En este sentido, el juez puede ordenar la práctica de las pruebas solicitadas por los sujetos procesales, decretar su práctica de oficio y denegar las que considere que no aportan elementos de juicio para el esclarecimiento de la verdad. Esta decisión se toma mediante una providencia interlocutoria, contra la cual proceden los recursos de ley que no fueron utilizados por parte del defensor del actor. La acción de tutela resulta improcedente como recurso extraordinario o adicional cuando el sujeto procesal ha coadyuvado con su comportamiento omisivo en la ocurrencia del evento procesal que ataca, dejando transcurrir la actuación ordinaria sin hacer uso de los medios de defensa que le concede la ley, lo cual forma parte del principio general de lealtad procesal. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia SU-159-02 I.11.3.5. La omisión de práctica de pruebas decretadas por el juez en un proceso penal puede llegar a constituir una vía de hecho procedimental Un médico fue condenado por el delito de homicidio culposo en razón de la muerte de un joven al que le fue practicada una cirugía, en la que intervino el médico prestando sus servicios de anestesiólogo. Una vez agotado el proceso penal, que llegó hasta la resolución del recurso de casación, el médico interpuso acción de tutela aduciendo violación al debido proceso, a la defensa y al acceso a la justicia. Según el accionante, en primera instancia fueron decretados por el juez dos testimonios como pruebas que serían sustento de la defensa. No obstante, estos testimonios no se practicaron por inasistencia de las testigos. La Corte Constitucional consideró que existía en este caso una vía de hecho procedimental que se concretó en la omisión en la cual incurrió en juez de primera instancia en lo atinente a la práctica de unos testimonios ya decretados. Para la Corte, cuando el juez ha analizado la solicitud de pruebas y accede a ellas tiene el deber procesal de cumplir con su propia decisión, so pena de incurrir en una violación del derecho fundamental al debido proceso por defecto procedimental. Se aclara adicionalmente, que en los procesos penales como en los de cualquier otra naturaleza, la pertinencia de la prueba se decide al momento de su decreto y que, establecido esto, los jueces quedan obligados de manera compulsiva a lo que ellos mismos dispusieron, no contando con alternativa
    • diferente que realizar todas las actuaciones tendientes a llevar a término el recaudo de las pruebas, sin que este deber deba relegarse a quienes son sujetos dentro del proceso. Cuando, como en el caso que se estudia, la prueba es decretada y no practicada, ésta se está negando de hecho, sin que la persona interesada en ella pueda ejercitar los recursos que sí puede interponer cuando ha sido negada de acuerdo con el discernimiento del juez respecto de su pertinencia, necesidad, etc. La situación descrita, presente en el caso que se estudia, enfatiza el menoscabo que sufrió el demandante en su derecho fundamental del debido proceso. La Corte concedió el amparo, decretando la nulidad de todo el proceso, desde el momento mismo en que se decretó la práctica de pruebas. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-388-06 I.11.3.6. La omisión en decretar y prácticar una prueba en el proceso penal, no constituye en línea de principio una violación del derecho fundamental al debido proceso El demandante alega la vulneración del derecho al debido proceso, con ocasión de la sentencia condenatoria dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que lo encontró responsable del delito de peculado por apropiación mientras se desempeñaba como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de Bélgica. Al respecto, la Corte señaló que no puede predicarse la trasgresión de derechos fundamentales, especialmente el de defensa, cuando la prueba que se echa de menos no tiene idoneidad para desvirtuar los cargos imputados, pues lo probado no encuentra como pilar fundamental las conclusiones que se pudieran abstraer de las declaraciones cuya falta de controversia se cimienta en el hecho de no poder interrogar a los testigos. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-358-07 I.12. Garantías en los procesos contravencionales I.12.1. Derecho de defensa y proceso contravencional En sentencia de constitucionalidad la Corte se pronunció sobre algunas normas de la Ley 228 de 1995. Fueron analizados los numerales 2, 3, 4 y 5 y el parágrafo
    • 2 del artículo 13 -que prevé las actuaciones que se deben adelantar en la diligencia de calificación de la situación de flagrancia-; algunos apartes del artículo 23 -que regula lo concerniente a las pruebas cuando el proceso contravencional se inicia por querella-, algunos apartes del artículo 24 -que se refiere a la audiencia de juzgamiento-, y el artículo 26 -que establece el trámite de la segunda instancia de las sentencias-, demandados por considerar que violan el artículo 29 de la Constitución, al establecer un procedimiento tan breve que no permite el ejercicio del derecho de defensa. La Corte, al declararlos exequibles sostuvo que en el procedimiento previsto en la ley parcialmente acusada, el procesado tiene oportunidad para presentar sus descargos, solicitar pruebas, controvertir las que se alleguen en su contra e impugnar las decisiones que se profieran. Además, debe estar asistido siempre por un defensor, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la misma ley. En consecuencia, las garantías procesales establecidas en el artículo 29 de la Constitución, relacionadas con el derecho de defensa, se encuentran incorporadas en el procedimiento contravencional. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-431-96 I.12.2. Necesidad de armonizar el principio de celeridad procesal y el derecho de defensa Se demanda parcialmente el artículo 21 de la Ley 228/95 que regula las contravenciones especiales. El aparte demandado ordena al funcionario dictar auto de apertura de proceso y fijar fecha para la audiencia preliminar, si existe imputado conocido, el mismo día en que reciba el informe policial o la querella. La actora considera que la expresión acusada vulnera el artículo 29 de la Carta, al desconocer el principio de celeridad, y el derecho de las personas a un proceso sin dilaciones injustificadas. La Corte, al declarar la exequibilidad del artículo, sostuvo que “la expresión acusada no faculta a la autoridad judicial para postergar indefinidamente el proceso y señalar cualquier fecha para la audiencia preliminar sino que, por el contrario, le establece límites precisos y estrictos, puesto que esa diligencia debe adelantarse dentro de los seis días siguientes. Ese término es razonable, ya que busca un equilibrio entre el principio de celeridad y el derecho de defensa. Las personas tienen derecho a que el proceso se adelante sin dilaciones injustificadas pero igualmente a que sea un debido proceso (Constitución Política, artículo 29), lo cual supone que el imputado tenga la posibilidad efectiva de preparar, con la asistencia técnica de un abogado, sus estrategias de defensa, lo cual incluye la
    • facultad de solicitar y presentar pruebas, así como de controvertir las que sean presentadas en su contra. El derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas implica un equilibrio razonable entre el principio de celeridad y el derecho de defensa. La ley debe buscar armonizar el principio de celeridad, que tiende a que el proceso se adelante en el menor lapso posible, y el derecho de defensa que implica que la ley debe prever un tiempo mínimo para que el imputado pueda comparecer al juicio y preparar adecuadamente su defensa. Precisamente eso es lo que busca el aparte impugnado, al establecer un término corto para adelantar la audiencia preliminar, pero suficiente para que el imputado pueda comparecer al proceso y ejercer una defensa efectiva nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-699-00 I.12.3. Estudiantes de consultorios jurídicos como defensores en procesos contravencionales Mediante acción de inconstitucionalidad se demandó el artículo 3 de la Ley 228 de 1996 (régimen aplicable a las contravenciones especiales), el cual consagraba la posibilidad de que estudiantes de consultorios jurídicos defendieran a los procesados por haber incurrido en contravenciones. La Corte, al declarar la exequibilidad del artículo sostuvo que el derecho de defensa técnica se realiza, entre otros requisitos, con el de la asistencia prestada al procesado, en todas las etapas del proceso, por parte de un abogado. Que este profesional del derecho no necesariamente tiene que estar inscrito, es decir que la ley puede exigir o no este requisito, y que en circunstancias excepcionales y sólo ante la imposibilidad real de contar con un abogado titulado, en los casos en que la ley lo autoriza, los egresados y estudiantes adscritos a los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho pueden actuar como defensores en causas penales. Por lo anterior, la norma demandada, en cuanto faculta a los estudiantes de los consultorios jurídicos para ejercer la función de defensores en procesos contravencionales, no es lesiva del artículo 29 superior, siempre y cuando se entienda que esta facultad debe ejercerse "sólo ante la inexistencia de abogados titulados en algún municipio del país, o ante la imposibilidad física y material de contar con su presencia", como se afirmó en la sentencia C-037 de 1996. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-542-96. En la actualidad, la Ley 583 de 2000 es la que establece la competencia de los consultorios
    • jurídicos. I.12.4. Principio de la doble instancia en procesos contravencionales Se demandó el artículo 8, parágrafo 2, de la Ley 228 de 1996 (contravenciones especiales), el cual consagra la posibilidad de interponer el recurso de reposición contra las decisiones mediante las cuales el juez califica la situación de flagrancia, la que define los cargos y la que niega la práctica de pruebas, por considerar que violaba el principio de la doble instancia. La Corte, al declarar la exequibilidad de la norma, sostuvo que la Constitución establece el principio de la doble instancia como derecho fundamental, y con carácter indisponible y obligatorio pero referido sólo al caso de la sentencia condenatoria. La Corte no encuentra que exista obstáculo alguno de carácter constitucional que impida al Legislador proveer sobre la materia en ciertas hipótesis acerca de la improcedencia de recursos contra providencias distintas a las sentencias condenatorias. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-430-96 I.12.5. Principio del non bis in ídemen procesos contravencionales Mediante acción de inconstitucionalidad se demandó el artículo 36 de la Ley 228 de 1996 (contravenciones especiales), el cual consagraba una atenuación punitiva hasta de una tercera parte, en los casos en que el imputado aceptara su responsabilidad antes de que finalizara la audiencia preliminar o la audiencia del artículo 18 de la misma ley, salvo en los casos de flagrancia, excluyendo de dicho beneficio a "las personas que hayan sido condenadas por delitos o contravenciones dolosos durante los cinco (5) años anteriores". El demandante consideraba que dicha exclusión era violatoria del principio del non bis in ídem. La Corte, al declarar la exequibilidad de la norma acusada, sostuvo que este principio que tiene como objetivo primordial evitar la duplicidad de sanciones, sólo tiene operancia en los casos en que exista identidad de causa, identidad de objeto e identidad en la persona a la cual se le hace la imputación. Así las cosas, la exclusión del beneficio previsto en el artículo 36, acusado, para los procesados por las contravenciones especiales de que trata la Ley 228 de 1995, que hayan sido condenados por delitos o contravenciones dolosos durante los cinco años anteriores, no viola el principio del non bis in ídem. En efecto, existe identidad en la persona juzgada con anterioridad y en el proceso contravencional previsto en la ley, pero no en el objeto ni en la causa.
    • La sanción que se aplica en el proceso por el cual es juzgada la persona corresponde a la prevista en la norma de que se trata, y no a la disposición que vulneró en los años anteriores y por la cual ya fue condenada. La condición exigida por el Legislador para la concesión del beneficio -que las personas no hayan sido condenadas por delitos o contravenciones dolosos durante los 5 años anteriores-, no se opone a ninguna disposición constitucional y, por el contrario, implica el otorgamiento de un trato más benigno a quienes no han infringido repetidamente la ley en un lapso breve, lo cual resulta proporcionado y razonable. En estos términos, quienes no cumplen la condición no reciben un trato discriminatorio, pues se encuentran en una situación distinta, que amerita un trato diferente, más severo, aunque siempre dentro de los límites punitivos que establece la norma que han vulnerado. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-430-96 I.12.6. Alcance del principio de presunción de inocencia en detención preventiva en procesos contravencionales Se demandó parcialmente el artículo 19 de la Ley 228 de 1996 (contravenciones especiales) aplicable para los casos de flagrancia, el cual consagra que cuando por razón del horario de atención al público en el respectivo despacho judicial a cuyas órdenes debería ser llevada la persona aprehendida, ello no fuera posible dentro de las 36 horas siguientes a la captura, el aprehensor debe ponerla a disposición de la Unidad Permanente de la fiscalía más cercana. Agrega la norma que, en tal caso, el fiscal oirá al aprehensor o examinará el informe rendido por éste y escuchará al capturado, para determinar si concurren o no los requisitos de la flagrancia. En caso afirmativo dictará auto de apertura de proceso y expedirá mandamiento escrito al director del correspondiente establecimiento de detención, para legalizar la privación de la libertad. La Corte, al declarar la exequibilidad de la norma, sostuvo que no es la responsabilidad penal lo que se establece al momento de resolver sobre la detención preventiva en casos de flagrancia sino, apenas, si se cumplen los requisitos de ésta, en los términos del artículo 32 de la Constitución. La decisión final acerca de si el procesado es o no responsable del hecho punible que se le imputa está a cargo del juez y a ella deberá preceder el trámite de un debido proceso, de conformidad con el artículo 29 de la Carta. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-689-96
    • I.12.7. Competencia para dirimir conflictos de competencia en casos de contravenciones Mediante acción de inconstitucionalidad se demandó el artículo 34 de la Ley 228 de 1995 (contravenciones especiales), el cual consagra que en caso de conflicto de competencias entre autoridades de policía y fiscales, o entre fiscales y jueces, será resuelto por los jueces del circuito. En concepto del demandante esta norma es contraria al artículo 256, numeral 6 de la Constitución, que señala expresamente que la autoridad competente para resolver las colisiones de competencia entre autoridades de distinta jurisdicción es el Consejo Superior de la Judicatura. La Corte declaró la constitucionalidad de la norma al considerar que el artículo 34 acusado, en cuanto se refiere a los conflictos suscitados entre jueces o fiscales e inspectores de policía, fue derogado por el precepto transcrito, en la medida que dispone que las colisiones de competencia entre una autoridad judicial (juez o fiscal) y una administrativa (inspector de policía) deben ser dirimidas por las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura. Sin embargo, debe analizarse el aparte de ésta que quedó vigente según el cual “Todo conflicto de competencias que se suscite entre fiscales y jueces, será resuelto por los jueces del circuito del lugar donde se cometió el hecho.” Dicho aparte no fue derogado por el artículo 114, numeral 3 de la Ley Estatutaria, por cuanto la Constitución asigna al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, la facultad de dirimir conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones y los jueces penales, y los fiscales no hacen parte de jurisdicciones diversas. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-057-01 I.12.8. Límite a acumulación de rebaja de penas en procesos contravencionales Se demandó el artículo 37 de la Ley 228 de 1995, que consagra la prohibición de la acumulación de rebaja de penas para las contravenciones especiales, más allá de la mitad de la pena imponible. Según el demandante, esta disposición es contraria a la Constitución, por cuanto, para los delitos el ordenamiento procesal penal no contiene límites en cuanto a la rebaja de penas, por lo que no se entiende cómo pueden acumularse rebajas de penas cuando se trata de delitos y negarse o limitarse cuando se trata de conductas de poca monta, siendo ello desproporcionado e irrazonable, y no puede encontrar cabida en un Derecho Penal subsidiario, resultando vulnerados los derechos consagrados en los artículos 13, 28, y 29 de la Constitución.
    • La Corte, al declarar la norma inconstitucional, sostuvo que la aplicación de un régimen procesal correspondiente a las contravenciones y otro a los delitos ha de ser el resultado de la ponderación de todos los derechos en juego; y, si bien, en varias ocasiones, la Corte ha autorizado un trato diferenciado entre personas que han sido vinculadas al proceso penal, pues ha considerado que las distinciones hechas por el Legislador en el juzgamiento o en el tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones son posibles en la medida en que unos y otros se fundamentan en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, tal circunstancia no puede convertirse en una forma de menoscabar las garantías del procesado, haciendo, por ejemplo, más gravosa la situación del contraventor, o impidiendo al delincuente el ejercicio pleno de sus derechos. La norma demandada consagra que "[e]n ningún caso la acumulación de rebajas de pena de que tratan los artículos anteriores podrá exceder la mitad (1/2) de la pena imponible". Los artículos anteriores a los que hace referencia la disposición, señalan la posibilidad de obtener la rebaja hasta por un tercio 1/3 de la pena impuesta, cuando existe confesión por parte del contraventor -igual regla se tendrá en cuenta en caso de flagrancia, al que se refiere el artículo 18 de la citada ley-. El Legislador decidió así, limitar la acumulación de rebaja de penas a la que tiene derecho el autor de una contravención, estableciendo un trato diferenciado que no tiene parangón en el proceso delictual, pues allí no existe una norma que limite la acumulación de rebajas en la pena, ni siquiera en el caso de confesión. Tal decisión se convierte en un acto discriminatorio en la medida en que no existe una razón que justifique un tratamiento procesal más gravoso al impedir a los contraventores acumular rebajas de pena más allá de la mitad de la pena impuesta por sus actos. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-1112-00 I.12.9. El procedimiento previsto en la ley 745 de 2002 para el trámite de las contravenciones previstas en ella viola el principio de legalidad Se demandó parcialmente el artículo 5º de la Ley 745 de 2002. Éste establecía la competencia para el conocimiento de las contravenciones allí establecidas, en cabeza de los jueces penales o promiscuos. En cuanto al procedimiento que debía surtirse, la norma remitía a lo establecido la Ley 228 de 1995, que a juicio del actor, había sido derogada por la Ley 600 de 2000. De esta forma, el demandante consideraba que la norma violaba el derecho al debido proceso al remitir a una disposición ya derogada. La Corte verifica que, en efecto, al haber sido derogada por la ley 600 de 2000, la
    • Ley 228 no es aplicable al procedimiento establecido por la norma demandada. La Corte centra su estudio en la confusa remisión que se hace a algunas normas de la Ley 228 de 1995, lo que a su juicio constituye una violación del principio de legalidad porque no se configuró un sistema procesal contravencional coherente sino que reguló sólo determinadas situaciones que se presentan en la investigación y sanción de las contravenciones tipificadas en los artículos 1º y 2º de la Ley 745. Consecuencia de ello es que no se haya previsto ningún procedimiento para otras muchas situaciones que también concurren en esta clase de procesos, respecto de las cuales no existe legislación aplicable. Para la Corte, “La Ley 745 no desarrolló materias básicas del sistema procesal contravencional ya que, en lugar de ello, hizo una remisión parcial a la Ley 228. No obstante, con esta técnica configuró un procedimiento confuso que se construye con normas de dos sistemas procesales contrapuestos y que no suministra elementos de juicio para llenar los vacíos consecuentes”, lo que constituye una ostensible violación al principio de legalidad. Por esa razón, la Corte declaró inexequible la remisión normativa que hace el artículo 5º de la Ley 745 de 2002 a los artículos 21, inciso primero, 22, 23, 24 y 26 de la Ley 228 de 1995 nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-101-04 I.13. Justicia especializada I.13.1. La creación de la justicia especializada no requiere ley estatutaria Se demanda la inconstitucionalidad de la Ley 504 de 1999 que derogó normas de la justicia regional y creó la justicia especializada. Los actores argumentan que la ley viola la Constitución por no tener carácter estatutario y prolongar la justicia regional modificando la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que limitó su vigencia hasta junio 30 de 1999. De acuerdo con la Corte las disposiciones de la Ley 504 no requieren de una ley estatutaria por cuanto ellas no afectan el núcleo esencial o básico de la estructura, la organización y el funcionamiento de la administración de justicia, sino que regulan aspectos relativos a la creación de jueces y fiscales especializados, a la asignación de competencias a éstos, y a cuestiones de naturaleza procesal que pueden ser objeto de ley ordinaria, aun cuando ello no implica que tales normas, per se, se ajusten materialmente a la Constitución. nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia C-392-00 I.13.2. Los jueces del circuito especializado y los fiscales delegados ante éstos son para conocer de ciertos delitos como parte de la justicia ordinaria En la misma oportunidad, la Corte estableció que la Constitución sólo admite la existencia de la jurisdicción ordinaria y de jurisdicciones especiales como la contencioso administrativa, la constitucional, la disciplinaria, la de paz, y la de las comunidades indígenas, como se deduce del Título VIII de la Constitución. Un Estado Social y Democrático de Derecho sólo admite que el juzgamiento de las conductas tipificadas como delitos sean juzgadas de manera permanente por los funcionarios y órganos que integran la jurisdicción ordinaria, con el fin de asegurar plenamente el derecho fundamental al debido proceso, el cual comprende la garantía del juzgamiento por el juez natural; es decir, la existencia de órganos judiciales permanentes preestablecidos por la ley a los cuales deben tener acceso todas las personas, (arts. 29 y 229 CP), y así mismo la aplicación concreta del principio de igualdad. Los jueces especializados no pueden ser asimilados a jueces extraordinarios pertenecientes a una jurisdicción especial distinta a las autorizadas por la Constitución. La existencia de dichos jueces, sólo puede admitirse bajo la idea de que se trata de funcionarios judiciales, que hacen parte de la justicia ordinaria y a quienes se les adscribe de manera habitual el conocimiento de ciertas causas en razón de la especificidad o particularidad de la materia, sin que ello implique el desconocimiento de las garantías básicas propias del debido proceso. La Corte entiende que se justifica constitucionalmente la creación de unos jueces penales del circuito especializados a quienes se les ha asignado la competencia para el juzgamiento de determinados delitos, con observancia de las garantías propias del debido proceso que deben reconocerse a todos los procesados, aun cuando ello no excluye, siempre que se justifique constitucionalmente, la regulación diferente de algunas actuaciones procesales. Por lo anterior, la Corte declara exequibles los artículos que se refieren a los jueces del circuito especializados y a los fiscales delegados ante ellos y materialmente no se oponen a la Constitución. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-392-00 I.13.3. Cambio de radicación de procesos: facultad excepcional del ministro
    • de justicia En la misma sentencia, la Corte sostuvo que, en casos excepcionales señalados por la ley, puede separarse a un determinado juez del conocimiento de un proceso, para asignarlo a otro juez, cuando en la circunscripción territorial del primero "existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad del sindicado o su integridad personal" (artículo 83, Código de Procedimiento Penal). Pero ello no puede ocurrir de manera caprichosa o arbitraria, ni en desmedro de la autonomía e independencia de la rama judicial, pues es asunto de enorme trascendencia, que el juez a cuyo conocimiento se encuentra la investigación y juzgamiento de un hecho punible pueda adelantar su labor libre de interferencias extrañas y hasta su culminación. La atribución que se confiere al Ministro de Justicia y del Derecho para que, aun "oficiosamente" pueda "variar la radicación del proceso", cuando se den determinadas circunstancias, constituye una autorización de intromisión innecesaria al ejecutivo en asuntos propios de la jurisdicción, con vulneración del artículo 116 de la Carta, circunstancia ésta que impone su declaración de inexequibilidad. Aunque la Corte había admitido la posibilidad de que se le pudiera asignar competencia al Ministerio de Justicia para variar la radicación de los procesos de competencia de los jueces regionales, la decisión en esta sentencia se justificaba por la circunstancia excepcional y temporal de la justicia regional; pero desaparecida ésta y creados los jueces penales del circuito especializados, como parte de la justicia ordinaria, el juicio de constitucionalidad debe adelantarse en forma diferente, mediante el aseguramiento de las garantías plenas del debido proceso a todos los procesados ante la justicia penal ordinaria, en condiciones de igualdad. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-392-00 I.13.4. Inconstitucionalidad de la reserva de identidad de funcionarios judiciales En el mismo fallo anterior, la Corte considera que el artículo 29 de la Constitución establece, como una de las garantías del debido proceso, que éste ha de ser público. Este principio implica el conocimiento por las partes de la persona que actúa como funcionario del Estado para instruir y para fallar el proceso, así como cuáles son las actuaciones que se surten en éste, pues, de otra manera no podría hacerse efectivo el derecho a la imparcialidad de los funcionarios judiciales, ni podría tampoco ejercerse el de impugnar las providencias que se
    • consideren contrarias a la ley. Así, si se priva al sindicado del conocimiento de la identidad del funcionario a cuyo cargo se encuentra la instrucción o el juzgamiento, aun cuando existieran causales para recusarlo si no se declara impedido, el sindicado se vería impedido para plantear la recusación y, se expondría a que su causa fuera instruida por alguien que careciera de la indispensable condición de la imparcialidad que constituye una de las garantías mínimas a que se tiene derecho en un Estado Democrático, conquista ésta que constituye pilar fundamental del debido proceso, para contener eventuales abusos en contra de los justiciables, y para que la transparencia de las actuaciones de estos gane para las decisiones judiciales confiabilidad y respetabilidad en el marco social en que ellas se produzcan. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-392-00 I.13.5. Inconstitucionalidad de la reserva de identidad de los testigos y necesidad de otras medidas de protección Según la Corte, en el mismo fallo anterior, es evidente que cuando se ignora la identidad de la persona que rinde una declaración en contra del sindicado se mengua de manera ostensible la garantía constitucional del debido proceso público, en la medida en que se desconoce por completo el principio de publicidad y contradicción de la prueba, al imposibilitarse el ejercicio pleno del derecho a tachar al testigo, cuando existan motivos para dudar de su imparcialidad. Las condiciones personales del testigo como órgano de la prueba, pueden ser también materia de debate en el ejercicio del derecho de contradicción. La relación personal del testigo con el sindicado, con las autoridades o con quienes puedan resultar afectados o beneficiados con su declaración, puede ser objeto de confrontación y examen en la contradicción de la prueba. Además, el contacto directo de las partes con el testigo durante la recepción de la declaración de éste, permite al procesado o a su apoderado la percepción inmediata de la reacción anímica del deponente ante las preguntas que se le formulan, lo cual puede resultar útil para ejercer el derecho de preguntar o contrapreguntar en ese preciso momento algo que permita examinar lo declarado para mayor precisión en relación con los hechos objeto de la investigación, oportunidad que, conforme a la psicología judicial puede ser imposible de repetir luego, lo que quiere decir que, si se ignora quién es el testigo y si el sindicado se encuentra ausente cuando aquél declara, se vulnera también su derecho a la publicidad y a la contradicción de la prueba, parte fundamental del debido proceso judicial. Lo mismo puede
    • predicarse de las especiales circunstancias de tiempo, modo y lugar de las que afirma el declarante existieron para percibir los hechos que narra en el proceso, las cuales pueden constituir una explicación verosímil y suficiente, o por el contrario pueden servir para descartar tal verosimilitud y, en consecuencia, la credibilidad del testigo. En cuanto a la protección de los testigos, la Corte señala que entre las funciones que la Constitución asigna a la fiscalía General de la Nación en su artículo 250, se encuentra la de "velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso", razón por la cual no podría, en principio, sostenerse que una norma legal dirigida a asegurar dicha protección resulte contraria a la Constitución. Para el cumplimiento de dichos programas no se requiere, según la Carta, concepto previo de la Procuraduría General de la Nación y por esto, en desarrollo de tales programas, no podía establecerse la necesidad de dicho concepto, como lo hace el artículo 17 de la Ley 504. Lo anterior no significa ni puede significar que cualquier norma referida al programa de protección a los testigos e intervinientes en el proceso resulte conforme a la Constitución, pues, si con ello se vulnera el debido proceso público a que tienen derecho los justiciables conforme al artículo 29 de la Carta, deberá ser declarada inexequible. Eso es lo que ocurre con la institución que autoriza la existencia de "testigos con reserva de identidad" en los procesos por los delitos a que se refiere el artículo 5 de la Ley 504, pues puede protegerse al testigo de manera diferente a la de ocultarle al procesado quién es la persona que declara contra él. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-392-00 I.13.6. Inconstitucionalidad de la prohibición de cumplir la detención preventiva en el lugar de trabajo o domicilio La Corte considera, en el mismo caso anterior, que el artículo 26 de la Ley 504 excluye del beneficio de cumplir la detención preventiva en el domicilio o lugar de trabajo, a los sindicados por los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados y antes de los jueces regionales. Esta norma es un rezago del conjunto institucional de carácter extraordinario de la justicia regional, que en el momento actual no se justifica en razón de haber desaparecido dicha justicia. Por lo tanto, no encuentra la Corte una justificación racional y razonable, que apunte a la consecución de una finalidad constitucional legítima, para que a unos
    • sindicados que se encuentran objetivamente dentro de las circunstancias que describe el inciso primero del art. 409 del C.P.C. se les conceda el beneficio de que la detención se cumpla parcialmente en el lugar de trabajo o en su domicilio y, en cambio, a los sindicados de los delitos de que conocen los jueces del circuito especializado no se les otorgue idéntico beneficio. La libertad de configuración del Legislador respecto de las medidas cautelares en el proceso penal no es absoluta porque ella ha de ejercerse dentro de los límites impuestos por la Constitución, uno de los cuales es el de la igualdad (artículo 13 CP). La regla general que consagra el Código de Procedimiento Penal es que la detención preventiva pueda cumplirse parcialmente en el domicilio o lugar de trabajo, con excepciones justificadas, como la de no tener en su contra sentencia condenatoria por delito doloso o preterintencional, que la sindicación no lo sea por un delito cuya pena máxima exceda de seis años de prisión y que se hubiere eludido la comparecencia al proceso. En la norma objeto de análisis, la única explicación para suprimir el beneficio del cumplimiento de la detención preventiva parcialmente en el domicilio o lugar de trabajo es la clase de delitos cuyo conocimiento se asigna a los Juzgados Penales del Circuito Especializados, lo que lleva a suponer, sin justificación, que, aunque no hubieren sido condenados antes por ningún delito, ni hayan intentado siquiera eludir la actuación procesal, se les impone la detención física en una cárcel a diferencia de otros sindicados, lo que rompe la igualdad de trato que surge del artículo 13 de la Constitución. nota 1 Igual pronunciamiento había hecho la Corte al conocer de una acción de tutela que una persona interpuso por considerar violado el derecho al debido proceso de sus poderdantes y, específicamente, por haberse presentado una vía de hecho por defecto sustantivo, al no concederle a estos la solicitud de sustituirles la medida de aseguramiento ya impuesta, por la detención domiciliaria. La Corte, al conceder el amparo solicitado sostuvo que cuando la sentencia C392/00 señala que no es constitucional una norma que niegue la posibilidad a un sindicado a acceder a una medida de aseguramiento, en razón únicamente a quién es el juez competente de conocer su caso, es evidente que se desconocería y contravendría abiertamente la Carta si se aplica una disposición cuyo contenido normativo es precisamente, y solamente, ése, impedir que se otorguen medidas de aseguramiento a los sindicados por que los procesos se adelantan ante jueces especializados (inciso 2º del artículo 388 del CPP). La Comisión de fiscales incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo, al fundar su decisión en una disposición evidentemente contraria a la Constitución, omitiendo de manera absoluta, a pesar de que fue pedido por el abogado defensor, analizar su
    • compatibilidad con la Carta y su aplicabilidad al caso concreto. No obstante lo anterior, la Corte entiende que el inciso segundo del artículo 388, por cuanto no ha sido formalmente declarado inexequible aún está vigente. “En conclusión, incurre en una vía de hecho por razones sustanciales el funcionario judicial que tome una decisión con base en una disposición: (1) cuyo contenido normativo es evidentemente contrario a la Constitución, porque la Corte Constitucional previamente así lo declaró con efectos erga omnes, (2) cuyo sentido y aplicación claramente compromete derechos fundamentales, y (3) cuya incompatibilidad ha sido alegada por el interesado, invocando el respeto a una sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional que excluyó del ordenamiento jurídico el sentido normativo único e ínsito en la norma legal aplicada en el curso del proceso y de la cual depende la decisión” nota 2 1. Corte Constitucional, Sentencia C-392-00 2. Corte Constitucional, Sentencia T-522-01 I.13.7. Prohibición de crear excepciones a las causales de libertad provisional establecidas en la justicia ordinaria La Corte sostuvo, en la misma sentencia anterior, que el artículo 27 de la Ley 504 establece que en los delitos que corresponda conocer a los jueces penales del circuito especializados, cuando se dicte en primera instancia preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria, la libertad provisional no procede cuando se hubiere interpuesto recurso de apelación por el fiscal delegado o el agente del Ministerio Público, caso en el cual sólo será concedida "una vez confirmada la decisión de primera instancia por el superior". También dispone que si el recurso no se resuelve dentro de los treinta días hábiles siguientes a partir de aquél en que entre al despacho del funcionario, se "concederá la libertad provisional". Finalmente, establece que los términos señalados en los numerales cuarto y quinto del artículo 415 del CPP, en aquellos procesos de que conozcan los jueces penales del circuito especializados, "se duplicarán", cuando por el vencimiento de los mismos en estos procesos se solicite la libertad provisional. De acuerdo con la Corte, la libertad de configuración legislativa, con respecto a las causales para la concesión de la libertad provisional, no es absoluta, en tanto tiene como limitante las normas constitucionales. La norma acusada, salvo su parágrafo, resulta contraria a la Carta Política, por cuanto; conforme al artículo 29 de la Constitución, una de las garantías mínimas a que tiene derecho el
    • sindicado de cualquier delito es la presunción de inocencia mientras judicialmente no se le declare culpable. En este caso, si se produce una sentencia absolutoria, se precluye la investigación, o se ordena la cesación del procedimiento conforme a la ley, a la presunción de inocencia que acompaña al sindicado, le sigue ahora una decisión judicial que la reafirma, lo que llevaría, como consecuencia lógica, a la concesión inmediata de la libertad. Pese a ello, la norma ordena que el sindicado permanezca privado de la libertad si la decisión judicial fue objeto de apelación por el fiscal delegado o por el agente del ministerio público, mientras el recurso no se decida confirmando lo resuelto en primera instancia, lo que significa que la presunción de inocencia desaparece para prolongar indebidamente la privación de la libertad del procesado, y esto equivale a presumirlo culpable con ostensible quebranto del artículo 29 y del artículo 28 de la Constitución, que instituye como regla general la libertad personal. El parágrafo de la disposición acusada, en cuanto duplica los términos para efectos de la libertad provisional en los procesos de que conocen los jueces penales del circuito especializado se ajusta a la Constitución, porque la Corte debe valorar la apreciación del Legislador, en cuanto que la naturaleza propia de los delitos asignados a dichos jueces, las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ello ocurre y especialmente las dificultades para incorporar pruebas al proceso, pueden justificar una mayor laxitud de los términos procesales, lo cual, no conlleva una violación de los principios del debido proceso. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-392-00. En el mismo sentido, ver la Sentencia C-1260-05 I.13.8. Deber de notificar la providencia que ordena dar traslado para alegar En la misma oportunidad, la Corte considera que el artículo 14 de la Ley 504 de 1999 modifica el inciso primero del art. 186 del CPP, que regula lo relativo a las providencias que deben notificarse dentro del proceso penal. Comparando las dos normas se establece que la razón del cambio normativo operado obedeció a la intención del Legislador de suprimir la notificación de la providencia que ordena dar traslado para presentar alegatos de conclusión, con lo cual, a juicio de la Corte, restringió ilegítimamente el derecho al debido proceso, porque los alegatos son esenciales para asegurar adecuadamente el derecho de defensa del procesado, pues puede presentar argumentos que beneficien su situación y contradecir las pruebas que obren en su contra y, en general, ejecutar los actos procesales que el
    • estatuto procedimental autorice. Por lo tanto, se debe garantizar que dichos alegatos puedan ser presentados mediante la notificación de la providencia que disponga el mencionado traslado. Por lo expresado, se declara la inexequibilidad del art. 14 de la Ley 504/99. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-392-00 I.13.9. Segunda instancia de los procesos por los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados La Ley 504 asigna competencia a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, o al "Tribunal Superior que cree la ley" para que conozcan en segunda instancia de los procesos por los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados. Para la Corte, lo anterior es contrario a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que establece el ámbito de competencia territorial de los Tribunales Superiores, el cual se circunscribe al "correspondiente distrito judicial", y que solo asigna competencia "en todo el territorio nacional" a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Atribuirle competencia territorial al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-Sala Penal es abiertamente violatorio de la Constitución, en la medida en que de esa manera se extiende la competencia de ese tribunal fuera del territorio de su distrito, para abarcar todo el territorio de la República. Además, según el artículo 228 de a Constitución, el funcionamiento de la justicia debe ser no sólo autónomo, sino desconcentrado. En relación con el principio de la desconcentración de la justicia la Corte ha sostenido que de conformidad con el artículo 228 de la Constitución, salvo los tribunales que encabezan las jurisdicciones establecidos por la misma Carta, no puede el Legislador concentrar la totalidad de las competencias en cualquier campo en un solo juez o tribunal. Las competencias de jueces y tribunales deben ser distribuidas en diversos lugares del país para asegurar el derecho a la igualdad en el acceso de todos los habitantes a la administración de justicia. Así mismo, la Corte advierte que la Ley 504 de 1999 atribuye competencia a un organismo inexistente. Es decir, si el Tribunal Superior a la postre no adquiere vida jurídica, la segunda instancia en estos procesos carecería de organismo judicial ante el cual podría surtirse. Esta singular situación jurídica de asignar competencia a organismos de creación futura e incierta, resulta violatoria de la garantía constitucional al debido proceso, pues ella implica necesariamente la
    • preexistencia del juez conforme a la ley, para que el justiciable desde el inicio de la actuación tenga conocimiento de quién es el juez, lo que impone al Estado el deber jurídico de establecer legalmente y con anterioridad al proceso, a cuál órgano judicial con existencia real corresponde el juzgamiento del sindicado. Al desaparecer la competencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para conocer de la segunda instancia en los procesos de que conocen en primera instancia los jueces penales de circuito especializados y de la revisión de las sentencias que estos mismos profieran, la Corte se plantea el problema de determinar a que tribunal corresponde el conocimiento de la segunda instancia de estas providencias. En virtud del principio de la doble instancia, la ley ha dispuesto que la segunda instancia en los procesos de que conocen los jueces penales del circuito corresponde a la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial competente. Igual sucede con el recurso de revisión que puede interponerse contra las sentencias que dicten dichos jueces. Por lo tanto, con el fin de asegurar la igualdad de todos los procesados, sin que interese el delito por el cual se les juzga, así como la vigencia del debido proceso, indudablemente debe garantizarse la segunda instancia y el trámite del recurso de revisión en relación con los procesos asignados a los jueces penales del circuito especializados, ante la Sala Penal de un Tribunal Superior de Distrito Judicial, como lo prevé el artículo 69 de la Ley 504/99. Pero la determinación de éste, partiendo de la base de que ya existe una competencia en términos generales, le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con la Constitución y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-392-00 I.13.10. Inconstitucionalidad de la creación del tribunal superior nacional La Corte revisa la constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria, por el cual se modifica la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. La Corte afirma que en general el contenido de las normas respeta la Carta, pues es propio del Legislador estatutario regular la estructura y funcionamiento de la Rama Judicial dentro de los parámetros constitucionales. Sin embargo, la Corte considera que la creación del Tribunal Superior Nacional, dentro de la jurisdicción ordinaria, con competencia en todo el territorio y la función de elegir y evaluar a los jueces penales del circuito especializados aludidos en la Ley 504 de 1999, es inconstitucional. Para la Corte ha sido probado de manera suficiente que, con la creación del
    • Tribunal Superior Nacional, el Legislador estatutario ha querido reemplazar, ahora con carácter permanente, la derogada "justicia regional", de carácter excepcional y transitoria, que en la Ley 270 de 1996 tenía una vigencia temporal llamada a expirar en 1999. Afirma que no cabe duda, acerca de que, aparte de la estructura orgánica expresada en los artículos del proyecto, mediante las reglas atinentes al tribunal se consagra un sistema de administración de justicia penal paralelo al ordinario y de carácter permanente, lo cual contradice los preceptos constitucionales y desvertebra la organización que contempla la Carta para la Rama Judicial. La Corte reitera su jurisprudencia anterior y concluye que la inconstitucionalidad del tribunal aparece palmaria, por lo cual se declara exequible el contenido del proyecto con excepción de las expresiones y párrafos referentes a dicho organismo, que no pueden nacer a la vida jurídica. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-393-00 II. Derechos de la víctima o el perjudicado en la justicia ordinaria: parte civil en el proceso penal · Improcedencia de constitución de parte civil en el proceso penal cuando se ha promovido acción civil Mediante acción de inconstitucionalidad se demandaron los artículos 46-7, 50 (parcial) y 55 (parcial) del Decreto Ley 2700 (Código de Procedimiento Penal anterior), los cuales regulan cuándo es procedente constituirse como parte civil dentro del proceso penal. La Corte, al declarar la exequibilidad de los artículos demandados, sostuvo que cuando el afectado con el hecho punible presenta su reclamo civil ante la justicia penal, debe probar en ese escenario procesal, los perjuicios sufridos y allí se debe decidir de fondo lo debatido. Empero, si el perjudicado intenta la acción civil ante la jurisdicción civil, ya no podrá hacerlo ante la justicia penal. En consecuencia, ejercida la acción civil ante un juez civil, ésta ya no puede promoverse ante un fiscal o ante un juez penal, lo que no significa que si el hecho que origina el proceso civil pueda dar lugar a investigación penal, el afectado no pueda presentar denuncia o noticia criminal, ante la autoridad competente, aun cuando haya ejercido la acción civil. Independientemente de la jurisdicción encargada de establecer el valor de la indemnización de perjuicios, el juez deberá buscar que la reparación sea integral, es decir que cubra los daños materiales y
    • morales causados, ya que a las autoridades judiciales les asiste el compromiso de investigar y juzgar los delitos, no sólo con el ánimo de protección de aquellos bienes jurídicamente tutelados de singular importancia para la comunidad, sino también para administrar justicia en forma que mejor proteja los intereses del perjudicado, titular concreto del bien jurídico afectado. En consecuencia, si en un caso particular la víctima o sus causahabientes estiman que el juez civil no incluyó en la liquidación de los perjuicios otros factores como los daños morales, pueden procurar que la indemnización sea efectivamente integral acudiendo a los medios que el ordenamiento jurídico establezca para el efecto” nota 1 . En el mismo sentido se pronunció la Corte al conocer una demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 48 y 52 de la Ley 600 de 2000. El demandante controvierte la exigencia de incluir en la demanda de constitución de parte civil la manifestación de no haber promovido proceso ante la jurisdicción civil dirigido a obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con la conducta punible; a los daños y perjuicios, materiales y morales, la cuantía que se estima para la indemnización y las medidas por adoptar para el restablecimiento del derecho y las pruebas sobre el monto de los daños, la cuantía de la indemnización y la relación con los presuntos perjudicados, prevista en el artículo 48 y la causal de rechazo de la demanda de parte civil dentro del proceso penal prevista en el artículo 52 “cuando esté acreditado que se ha promovido independientemente la acción civil por el mismo demandante, que se ha hecho efectivo el pago de los perjuicios, que se ha producido la reparación del daño o que quien promovió la demanda no es el perjudicado directo”. El actor indicó que tales artículos eran inconstitucionales porque el ingreso de la víctima al proceso penal no está orientado exclusivamente a lograr una pretensión indemnizatoria, pues también busca la verdad y la sanción del responsable. Adicionalmente, el demandante aduce que negar la participación de la parte civil en el proceso penal, cuando haya decidido acudir a la jurisdicción civil o a la contenciosa administrativa para reclamar los perjuicios vulnera el debido proceso, ya que existen decisiones en el proceso penal que pueden afectar el proceso civil, lo que hace necesario que la víctima tenga derecho a controvertir lo que sucede en el proceso penal. La Corte reitera que es constitucional la norma que señala la imposibilidad de intervenir simultáneamente en el proceso penal y en el proceso civil para obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados con la conducta punible y añade
    • que no se vulnera el derecho de defensa de la víctima frente a la imposibilidad de participar en el proceso penal cuando se ha iniciado un proceso civil independiente, aun cuando algunas decisiones adoptadas en el proceso penal pueden incidir en la pretensión indemnizatoria. El que la víctima deba escoger una u otra opción y de que cada alternativa ofrezca sus propias desventajas no desvirtúa el hecho de que en ambos trámites el derecho al debido proceso está suficientemente garantizado. Si bien es cierto que determinadas decisiones en el proceso penal pueden tener incidencia en el proceso civil, esto es normal en el desenvolvimiento de las investigaciones, por lo que hay que suponer que la misma es conocida por el afectado que escoge entre una y otra opción nota 2 . · Cesación de procedimiento por caducidad de la acción penal cuando esta no ha operado vulnera los derechos de la víctima a la verdad, la reparación y la justicia Un juez penal del circuito, en su condición de juez de segunda instancia, decidió declarar la cesación de procedimiento por caducidad de la acción penal en un proceso por usura. Para esos efectos, el juez tuvo en cuenta la fecha de emisión de los títulos valores objeto del proceso. El querellante por el delito de usura estimó que esa decisión le vulneraba su derecho al debido proceso; los principios de legalidad, igualdad y lealtad; la prevalencia del derecho sustancial y los principios de contradicción y doble instancia, pues no se había tomado en consideración la fecha en que se concretó el recibo de pagos parciales de la deuda y de ejercicio de la acción cambiaria para el cobro y pago de lo pagado, verdadero momento de consumación del delito de usura. La Corte Constitucional consideró que la decisión adoptada por el juez de segunda instancia de cesar procedimiento por el delito de usura, sin tener en cuenta el verdadero momento de consumación del delito, que se concretó en la fecha de recibo de pagos parciales y del ejercicio de la acción cambiaria para el cobro y pago de la deuda restante, constituía una clara denegación de justicia, una vía de hecho por defecto sustantivo y una vulneración al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y, a través de ello, a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación del actor, porque: 1- se declaró la ocurrencia de un fenómeno jurídico que no había acaecido y se trató de un acto arbitrario en cuanto la jurisdicción se ejerció para aplicar una norma jurídica de naturaleza procesal sin que existieran los presupuestos fácticos para hacerlo y 2la aplicación de una norma de derecho sin contar con los hechos del supuesto legal y que en este caso conducía al archivo arbitrario de un proceso penal
    • impedía el acceso a la administración de justicia con miras al reconocimiento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación nota 3 . · La extinción de la acción penal, con fuerza de cosa juzgada, no puede ser ordenada o decretada por un fiscal, por ser un acto de contenido jurisdiccional. En acción de inconstitucionalidad fueron demandados ante la Corte Constitucional los artículos 78( parcial) y 80 (parcial) de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, relacionados con la competencia del fiscal para decretar y ordenar la extinción de la acción penal y como consecuencia el archivo de la actuación, cuando la causal se presentare antes de formularse la imputación y de la frase “ La extinción de la acción penal producirá efectos de cosa juzgada”, del artículo 80 citado. La demandante consideró que tales disposiciones eran contrarias al artículo 250 Superior, puesto que el Acto Legislativo 03 de 2002 le quitó las facultades judiciales a la Fiscalía. La Corte estimó necesario examinar además la constitucionalidad de las expresiones “mediante orden sucintamente motivada” del primer inciso del artículo 78 de la Ley anteriormente citada; “a partir de la formulación de la imputación”, del inciso segundo del mismo; y “a partir de la formulación de la imputación el fiscal”, del artículo 331 de la misma Ley. La Corporación declaró inexequibles las expresiones de los artículos 78 y 331 estudiadas, tanto las demandadas como las integradas por la misma Corte. No así, la expresión del artículo 80 demandada que fue considerada constitucional.. La Corte fundamentó su decisión de inexequibilidad en que: 1) “En los casos previstos para la extinción de la acción, se trata de la toma de una medida preclusiva, acto de contenido jurisdiccional asignado por la Constitución, numeral 5 artículo 250, al juez de conocimiento por solicitud del fiscal; por lo tanto, tal facultad no le fue asignada por la norma Superior a la Fiscalía”; y 2) La facultad que el legislador le acordó a la Fiscalía General de la Nación para archivar unas actuaciones con efecto de cosa juzgada cuando se presente una causal de extinción de la acción penal, mediante una orden sucintamente motivada que escapa a cualquier control judicial, y antes de la formulación de la imputación, vulnera gravemente los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación”. La Corte señaló que “la disposición acusada lesiona los derechos de las víctimas
    • a acceder ante un juez para efectos de que sea este último quien decida si efectivamente se encuentran presentes o no los presupuestos para decretar la extinción de la acción penal. En otros términos, el carácter litigioso de las causales de extinción de la acción penal, al igual que la trascendencia que la misma ofrece, por ejemplo, en los casos de leyes de amnistía, conducen a la Corte a considerar que tales decisiones únicamente pueden ser adoptadas por el juez de control de conocimiento, en el curso de una audiencia, durante la cual las víctimas puedan exponer sus argumentos en contra de la extinción de la acción penal.” nota 4 1. 2. 3. 4. Corte Constitucional, Sentencia C-163-00 Corte Constitucional, Sentencia C-899-03 Corte Constitucional, Sentencia T-114-04 Corte Constitucional, Sentencia C-591-05 II.1. Derechos de la víctima o el perjudicado que no se ha constituido como parte civil II.1.1. Facultad de la víctima o del perjudicado para solicitar la revocatoria de la resolución inhibitoria en el proceso penal Se demandó el artículo 328 del Decreto Ley 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior) el cual, según el demandante, dispone que la instrucción sólo puede volver a ser abierta cuando exista una petición del denunciante en ese sentido o cuando, de oficio, el funcionario judicial lo estime adecuado. La Corte, al declarar la exequibilidad condicionada de la norma, sostuvo que no es acertado afirmar que la norma acusada sólo otorgue al denunciante la posibilidad de solicitar la revocatoria de la resolución inhibitoria y de insistir en la apertura de la instrucción, en detrimento de la víctima del hecho punible. Efectivamente, no se trata de categorías excluyentes, como quiera que la víctima del delito puede convertirse en denunciante por el simple hecho de dar la noticia criminal a las autoridades competentes. Cuando la persona que acude a las autoridades penales es, a su turno, víctima del delito, persigue la efectividad de dos intereses de carácter personal: (1) la reparación patrimonial del daño causado por el hecho punible; y, (2) el acceso a la verdad y a que se haga justicia en su caso concreto. El primero de estos intereses no se hace efectivo durante la etapa de investigación previa, que es aquella en la cual se localiza el ejercicio de las prerrogativas que la norma acusada otorga al denunciante y al querellante. En efecto, el resarcimiento patrimonial de los daños materiales y morales producidos
    • por el delito se hace efectivo a través de la constitución de parte civil dentro del proceso penal. Por otra parte, quien sufre las consecuencias de un delito tiene el derecho de conocer lo que realmente sucedió en su caso y a que se determine quién cometió el hecho punible, a fin de que le sean impuestas las sanciones previstas por el ordenamiento. Si se permitiera que un tercero que carece del interés subjetivo antes anotado desplazara a su legítimo titular, por el mero hecho de que se adelantó en el tiempo para interponer la correspondiente denuncia, ello implicaría un desconocimiento del derecho constitucional a que se haga justicia en el caso concreto, el cual es una manifestación de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a una igual protección por parte de las autoridades públicas. La Corte concluyó que la norma demandada es constitucional, siempre que se entienda que, en ningún caso, la misma excluye a la víctima del delito. Si la revocación de la resolución inhibitoria la puede pedir la persona que denuncia el hecho punible sin ser víctima, así mismo lo podrá hacer esta última. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-520-97 II.1.2. Vías de hecho por omisión de diligencias urgentes en el proceso penal durante etapa de instrucción El actor interpuso acción de tutela por considerar que con el archivo del proceso adelantado por las lesiones que se le causaron se vulneraban sus derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. La Corte, al conceder el amparo solicitado, sostuvo que el juzgador había incurrido en varias vías de hecho al abrir la instrucción con un criterio exclusivamente formalista y desatendiendo por completo la finalidad con que en un Estado constitucional debe promoverse un proceso penal. La mecánica apertura de una instrucción penal en la que se evidencia que ni siquiera se conocen los hechos que la desencadenan; en la que, bajo la apariencia de múltiples decisiones, no se ordena la práctica de una sola prueba; en la que concurre una palmaria contrariedad entre lo que se dispone y lo que efectivamente se realiza; en fin, una apertura investigativa en la que no se sabe qué actuación es la que se inicia y para qué propósito, no puede constituir un acto jurisdiccional legítimo. Incurrió en vía de hecho también al omitir la realización de diligencias que urgían en el proceso dado que ellas eran fundamentales para conocer la verdad en relación con las lesiones inferidas y con el supuesto
    • desistimiento presentado, pruebas que incluso ya habían sido ordenadas por el juzgado que inicialmente conoció de la actuación. Finalmente, incurrió también en vía de hecho al precluir y archivar una instrucción que de tal sólo tuvo el nombre, en la que no se practicó una sola prueba, con abstracción total de los hechos ocurridos y de las consecuencias jurídicas que de ellas se inferían. Ese pronunciamiento constituye una denegación de justicia pues se ampara en la total indiferencia que mostró la fiscalía ante el cúmulo de circunstancias que desvirtuaban la veracidad del desistimiento en que se apoyó. Tampoco puede imputársele al actor negligencia por no haberse constituido en parte civil cuando entre el acto de la apertura y la decisión de preclusión transcurrió un solo día hábil. Y menos puede calificársele de negligente por la no instauración de querella de parte cuando concurría un dictamen médico legal que permitía la investigación oficiosa de las lesiones inferidas. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-556-02 II.1.3. Via de hecho y vulneración al debido proceso por la falta de citación de las víctimas, no constituidas en parte civil, frente a las diligencias y decisiones tendientes a la cesación de procedimiento por indemnización integral La Corte Constitucional estableció que existe vía de hecho y vulneración al debido proceso penal cuando dentro de un proceso se adelantan diligencias tales como la admisión de solicitud de cesación de procedimiento por indemnización integral, el nombramiento de perito, el peritazgo y la aprobación de éste y el decreto de cesación de procedimiento, sin que se cite a las víctimas del delito, no constituidas en parte civil, no obstante conocerse la dirección en donde se les podía notificar y existir demanda por responsabilidad civil extracontractual, porque: 1- Las víctimas tienen el derecho a la verdad y a la justicia y la extinción de la acción penal no puede operar unilateralmente sin consultarlas, puesto que ellas pueden no estar interesadas en la reparación y dirigir su acción hacia la búsqueda de la verdad y la justicia; 2- Se le niega a las víctimas la posibilidad del defensa de sus intereses patrimoniales 3- Las víctimas no tuvieron la oportunidad de aportar pruebas para dilucidar el monto de los perjuicios por indemnizar 4- El dictamen del perito no fue puesto al conocimiento de los perjudicados para que presentaran sus objeciones o solicitaran su aclaración y 5- Al decretarse la extinción del proceso penal por indemnización integral, decisión para cuya controversia los perjudicados no estaban legitimados, se les dejó completamente imposibilitados para cuestionar lo referente a la indemnización por la vía penal, o
    • por cualquier otra vía. Por esta razón la Corte amparó el derecho al debido proceso, declaró la nulidad del auto que decreta la cesación de procedimiento y ordena que se notifique a la madre, como representante de los menores perjudicados, del trámite de cesación de procedimiento por indemnización integral de tal forma que pueda allegar pruebas para la determinación de los perjuicios y controvertir las existentes en el proceso nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-1062-02 II.2. Derechos de la víctima en el proceso penal acusatorio II.2.1. La calidad de víctima se determina por las condiciones de existencia del daño, el cual deber ser real, concreto y especifico como consecuencia del delito. Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 340 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, respecto de la determinación de la calidad de víctima de conformidad con el artículo 132 de la misma Ley, por ser violatorios de los artículos 15, 21, 29 y 229 de la Constitución; 2° y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los demandantes consideran que lo demandado vulnera el derecho a acceder a un mecanismo judicial efectivo, por el reconocimiento tardío de dicha calidad, lo que impide que actúe en etapas previas determinantes. La Corte Constitucional determinó la necesidad de efectuar la integración normativa con el artículo 132 sobre víctima , en donde el concepto de víctima está supeditado al daño directo sufrido como consecuencia del injusto. En este caso la Corte declaró contrario a la Constitución y por lo tanto inexequible la expresión “directo” de la norma integrada. Si bien es cierto que la calidad de víctima se fundamenta en el daño ocasionado por la conducta punible, también lo es que al establecerse que es el daño directo el que determina dicha calidad, se restringe inconstitucionalmente la posibilidad de intervención de la víctima al proceso penal y a su derecho a un recurso judicial efectivo, porque dicha calidad debe fundamentarse en las condiciones de existencia del daño y no de la imputación, como lo hace la norma demandada, pues este último corresponde al análisis posterior que hace el juez, cuando determine la responsabilidad penal y la civil del imputado o acusado. nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia C-516-07 II.2.2. Las víctimas pueden intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la fiscalía y el imputado o acusado, para tales efectos deberá ser oída e informada de su celebración por el fiscal, y oída por el juez encargado de aprobar el acuerdo. el juez que apruebe el acuerdo velará por que el mismo no desconozca o quebrante garantías del imputado o acusado ni de las víctimas. Se demandó la inconstitucionalidad de las expresiones “Fiscalía y el imputado o acusado”, contenidas en el artículo 348 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, en la parte relacionada con quienes pueden llegar a preacuerdos para la terminación del proceso y las expresiones “la fiscalía y el imputado” y el fiscal y el imputado”, contenidas en el artículo 350 de la misma Ley, relacionado con quienes intervienen en los preacuerdos en los términos de la imputación, por ser violatorio de los artículos 15, 21, 29 y 229 de la Constitución; 2° y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los demandantes consideran que las omisión legislativa que aparecen en las normas demandas es inconstitucional porque desconocen el deber que tiene el Estado de garantizar la participación real y efectiva de las víctimas dentro del proceso penal en lo s preacuerdos y acuerdos que realizan la Fiscalía y el imputado o acusado. La Corte Constitucional determinó integrar a este análisis los artículos 351 y 352 de la misma Ley, en cuanto que allí se desarrollan reglas de intervención de los actores procesales referidos en las normas inicialmente demandadas. La Corte declaró la exequibilidad condicionada de dichas normas, en el entendido que las víctimas podrán intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos realizadas entre el Fiscal y el imputado acusado y que para tal efecto deberá ser oída e informada de su celebración por parte del fiscal y el juez encargado de aprobar el acuerdo. La omisión legislativa que aparecen en las normas demandadas, consistente en la exclusión de las víctimas como actores procesales para intervenir en los preacuerdo y negociaciones sobre los términos de la imputación entre le fiscal y el imputado o acusado es inconstitucional, porque: 1- No es objetiva ni suficiente, en cuanto que se desarrollan en una fase previa al juicio oral y no alterar los rasgos estructurales del sistema adversarial, ni modifica la calidad de la víctima como interviniente especialmente protegido. La intervención de la víctima “provee a la justicia de información valiosa para determinar si la pena propuesta es aceptable o no en el mejor interés de la sociedad y de la administración de justicia” y “para rectificar información aportada por la defensa
    • y por la fiscalía que puede evitar una sentencia injusta que no se adecue a la verdad de los hechos y su gravedad”; 2- Genera “una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal, que deja en manifiesta desprotección los derechos de las víctimas”; 3- Implica “a su vez un incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una intervención efectiva de la víctima en el proceso penal que le impide asegurar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integra” y 4- No responde a las finalidades que la Ley le atribuye al proceso de negociación. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-516-07 II.2.3. Las víctimas tienen el derecho de solicitar pruebas anticipadas ante el juez de garantías para asegurar el derecho a la verdad, a ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas. Se demandó la inconstitucionalidad de las expresiones “Que sea solicitada por el Fiscal General o el fiscal delegado, por la defensa o por el Ministerio Público en los casos previstos en el artículo 112”, contenidas en el numeral 2° del artículo 284 de la Ley la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, con respecto a quienes la norma autoriza a solicitar la practica de pruebas anticipadas –a practicarse durante la investigación hasta antes de la audiencia del juicio oral-, por violatorios de los artículos 1, 2,13,29, 93, 94 y 229 de la Constitución Política. El actor señaló que al omitirse la referencia expresa a las víctimas, les impide solicitar y controvertir las pruebas, restringiéndosele inconstitucionalmente su derecho a la verdad. La Corte Constitucional condicionó la constitucionalidad del numeral demandado, en el entendido que la víctima puede también solicitar al juez de garantías la práctica de pruebas anticipadas. La anterior decisión se fundamenta en que : 1-“ la norma excluye a la víctima de los actores procesales que pueden solicitar la práctica de pruebas anticipadas para lograr el esclarecimiento de los hechos, de las circunstancias de su ocurrencia, la determinación de los responsables, de la magnitud de los daños sufridos y el esclarecimiento de la verdad”; 2- “no se observa una razón objetiva que justifique la exclusión de la víctima de esta facultad, como quiera que su participación en esta etapa previa al juicio no conlleva una modificación de los rasgos estructurales del sistema penal introducido por el Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004, no altera la igualdad de armas, ni modifica la calidad de la víctima como interviniente especialmente protegido”; 3- “esta omisión genera una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal en las etapas previas al juicio”; y 4- constituye un incumplimiento, del deber de
    • configuración legislativa, con respecto a la verdadera intervención de la víctima en el proceso penal, lo que impide asegurar el derecho a la verdad y el derecho de las víctimas a ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas, consagrado en el literal d) del artículo 11 de la Ley 906 de 2004. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-209-07. Ver también Sentencia C-516-07 II.2.4. Las víctimas tienen el derecho a solicitar el descubrimiento de pruebas dentro de la audiencia de formulación de acusación. Se demandó la inconstitucionalidad de las expresiones “ La Fiscalía” y “ la defensa”, contenidas en el artículo 344 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, con respecto al descubrimiento de las pruebas dentro de la audiencia de formulación de acusación, por violatorios de los artículos 1, 2, 13, 29 y 229 de la Constitución Política. El actor señaló que la víctima no puede participar en el descubrimiento de pruebas. La Corte Constitucional estimó que el estudio de los apartes demandados debía hacerse en el contexto del todo el artículo 344, por lo tanto condicionó la constitucionalidad del artículo analizado, en el entendido que la víctima puede también solicitar al juez el descubrimiento de los elementos probatorios y de la evidencia física específica. Lo anterior por cuanto esta omisión: 1- “excluye a la víctima de los actores procesales que pueden solicitar el descubrimiento de las pruebas”; 2- no presenta una razón objetiva que la justifique, dado que la participación de la víctima tiene la finalidad del descubrimiento de un elemento material probatorio o de evidencia física específicos, pero no la contradicción, por lo que no implica la modificación de los rasgos estructurales del sistema penal con tendencia acusatoria, no altera la igualdad de armas, ni modifica la calidad de la víctima como interviniente especialmente protegido; 3- “genera una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal en las etapas previas al juicio e impide a la víctima asegurar el esclarecimiento de la verdad” y 4constituye un incumplimiento del deber de configuración legislativa con respecto de la intervención efectiva de la víctima en el proceso penal que le impide asegurar el derecho a la verdad. La Corte subrayó “que el derecho de las víctimas consagrado en el literal d) del artículo 11 de la Ley 906 de 2004 a que se les facilite el aporte de pruebas, no se ha proyectado al artículo 344, como lo exige el goce efectivo del derecho de las víctimas a la verdad.” nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia C-209-07. Ver también Sentencia C-516-07 II.2.5. Las víctimas tienen el derecho a hacer observaciones sobre el descubrimiento de los elementos probatorios y acerca de la totalidad de las pruebas que se harían valer en la audiencia del juicio oral. Se demandó la inconstitucionalidad de las expresiones “la Fiscalía”, “ la defensa” y “las partes”, contenidas en el artículo 356 de la Ley la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, con respecto a la intervención de los sujetos procesales en el desarrollo de la audiencia preparatoria, por violatorios de los artículos 1, 2, 13, 29 y 229 de la Constitución Política. El actor señaló que la víctima no puede participar en el proceso de descubrimiento de las pruebas y estipulaciones probatorias en el juicio. La Corte Constitucional estimó que el estudio de los apartes demandados debía hacerse en el contexto del todo el artículo 356, por lo tanto condicionó la constitucionalidad de dicho artículo, en el entendido que “la víctima puede hacer observaciones sobre el descubrimiento de elementos probatorios y de la totalidad de las pruebas que se harán valer en la audiencia del juicio oral”. Lo anterior por cuanto esta omisión : 1- “excluye a la víctima de los actores procesales que pueden solicitar el descubrimiento de las pruebas”; 2- no presenta una razón objetiva que la justifique, dado que la participación de la víctima previa al juicio oral tiene la finalidad del descubrimiento de elementos probatorios y no su contradicción o practica, por lo que no implica la modificación de los rasgos estructurales del sistema penal con tendencia acusatoria, no altera la igualdad de armas, ni modifica la calidad de la víctima como interviniente especialmente protegido; 3- “genera una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal en la audiencia preparatoria” y 4- constituye un incumplimiento del deber de configuración legislativa con respecto de la intervención efectiva de la víctima en el proceso penal que le impide asegurar el derecho a la verdad. La Corte señaló que es el propio Código el que establecer el derecho de las víctimas a que se le facilite el aporte de pruebas -el literal d) del artículo 11 de la Ley 906 de 2004. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-209-07. Ver también Sentencia
    • C-516-07 II.2.6. La víctima tiene el derecho a solicitar la exhibición de los elementos materiales probatorios y evidencia física para ser conocidos y estudiados. Se demandó la inconstitucionalidad de la expresión “la solicitud de las partes”, contenida en el artículo 358 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, con respecto de la exhibición de los elementos materiales de prueba, por violatorios de los artículos 1, 2, 13, 29 y 229 de la Constitución Política. El actor señaló que se le impide a la víctima solicitar la exhibición de elementos materiales de prueba, a diferencia de lo que si puede hacer el procesado. La Corte Constitucional estimó que el estudio del aparte demandado debía hacerse en el contexto del todo el artículo 358, por lo tanto condicionó la constitucionalidad de dicho artículo, en el entendido que “ la víctima puede también hacer la solicitud de exhibición de los elementos materiales probatorios y la evidencia física. Lo anterior por cuanto esta omisión : 1- “excluye a la víctima de los actores procesales que pueden solicitar la exhibición de los elementos materiales probatorios y la evidencia física”; 2- no presenta una razón objetiva que la justifique, dado que la participación de la víctima es únicamente para conocer y estudiar los elementos materiales probatorios y la evidencia física válidos en la etapa del juicio oral, por lo que no implica la modificación de los rasgos estructurales del sistema penal con tendencia acusatoria y busca garantizar la igualdad de armas; 3- “genera una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal en la audiencia preparatoria” y 4- constituye un incumplimiento del deber de configuración legislativa con respecto de la intervención efectiva de la víctima en el proceso penal que le impide asegurar el derecho a la verdad y su derecho a que se le facilite el aporte de pruebas - el literal d) del artículo 11 de la Ley 906 de 2004. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-209-07. Ver también Sentencia C-516-07 II.2.7. La víctima tiene derecho a solicitar la exclusión, el rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba. Se demandó la inconstitucionalidad de la expresión “las partes y el ministerio Público”, contenida en el artículo 359 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, con respecto a quienes pueden solicitar la exclusión, el rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba, por violatorios de los artículos 1, 2, 13, 29 y 229 de la Constitución Política. El actor
    • señaló que se le impide a la víctima solicitar la solicitar la exclusión, el rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba, aunque ello afecte sus derechos fundamentales, lo que solo pueden hacer las partes y el Ministerio Público. La Corte Constitucional estimó que el estudio del aparte demandado debía hacerse en el contexto del todo el artículo 359, por lo tanto condicionó la constitucionalidad de dicho artículo, en el entendido que “ la víctima puede también hacer la solicitud sobre la exclusión, el rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba. Lo anterior por cuanto esta omisión : 1- “excluye a la víctima de los actores procesales que pueden solicitar la exclusión, el rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba”; 2- no presenta una razón objetiva que la justifique, dado que la participación de la víctima “permite determinar cuáles medios de prueba resultan admisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que no requieran prueba, y asegura la protección de la víctima contra la práctica o admisión de pruebas que vulneren su dignidad, su intimidad, u otro de sus derechos”; 3- “genera una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal en la audiencia preparatoria” e impide la protección de los derechos de la víctima a la divinidad, a la intimidad y otros derechos y 4- constituye un incumplimiento del deber de configuración legislativa con respecto de la intervención efectiva de la víctima en el proceso penal que le impide asegurar el derecho a la verdad y su derecho a que se le facilite el aporte de pruebas y la protección de su intimidad - literales b) y d) del artículo 11 de la Ley 906 de 2004. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-209-07. Ver también Sentencia C-516-07 II.2.8. Las víctimas en la etapa del juicio oral no pueden controvertir los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y evidencia física presentadas durante esa etapa o aquellos que se practiquen por fuera de la audiencia pública, ni interrogar a los testigos ni oponerse a las preguntas en el interrogatorio Se demandó la inconstitucionalidad de la expresión “las partes ”, contenida en el artículo 378 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, con respecto a quienes tienen la facultad de controvertir los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y evidencia física presentadas durante el juicio los que se practiquen por fuera de la audiencia pública; el artículo 391 de la misma Ley, respecto de quienes pueden interrogar a los testigos y la expresión “La parte que no esta interrogando o el Ministerio
    • Público, contenida en el artículo 395 de la Ley mencionada, relacionada con quienes pueden oponerse a una pregunta durante el interrogatorio, por violatorios de los artículos 1, 2, 13, 29 y 229 de la Constitución Política. El actor señaló que las facultades contenidas en lo demandado son reconocidas para el procesado, pero no para la víctima, lo que lesiona el principio de igualdad y afecta la defensa de los intereses de la víctima. La Corte Constitucional estimó declarar exequible las normas demandas. Lo anterior porque no obstante que las normas demandas excluyen a la víctima de los actores procesales que pueden controvertir los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física presentados en la etapa del juicio oral e interrogar al testigo y oponerse a las preguntas que se planteen en el juicio oral, tal limitación es justificada ya que esa participación en el juicio oral conlleva “una modificación de los rasgos estructurales del sistema penal acusatorio que comporta una alteración sustancial de la igualdad de armas y convierte a la víctima en un segundo acusador o contradictor en desmedro de la dimensión adversarial de dicho proceso”. Por lo tanto no existe una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal, porque lo que se busca es evitar que la defensa quede en una situación de desventaja en el juicio oral, ni constituye incumplimiento del deber de configuración legislativa en relación con una intervención efectiva de la víctima en el proceso penal, puesto que su intervención directamente o por apoderado para controvertir los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física presentados en la etapa del juicio oral, para interrogar al testigo y oponerse a las preguntas que se planteen en el juicio oral, se ejercerá a través del fiscal y por las víctimas en las etapas previas del proceso, según los derechos que le han sido reconocidos en esta sentencia y en la ley. Señaló finalmente la Corte que los derechos de las víctimas en la etapa del juicio pueden hacerse valer por intermedio de su abogado, sin que ello lo convierta en parte que directamente pueda presentar y defender el caso, sino que lo hará por conducto del fiscal quien deberá oírlo para tales efectos. En el sistema procesal penal colombiano el Ministerio Público, interviniente sui generis, puede en la etapa del juicio abogar por los derechos de todos, incluyendo los que les corresponde a las víctimas. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-209-07. Ver también Sentencia C-516-07 II.2.9. Las víctimas pueden solicitar directamente del juez correspondiente
    • la imposición de medida de aseguramiento, de medias para su protección integral o de los testigos y se apliquen las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones al concederse la detención domiciliaria o las contenidas en la medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Se demandó la inconstitucionalidad de la expresión “el fiscal ”, contenida en el artículo 306, con respecto a quien tienen la facultad para solicitar la imposición de medidas de aseguramiento; la expresión “ a petición de la Fiscalía o del Ministerio Público”, contenida en el artículo 316 respecto de quien puede pedir la aplicación de las medidas correspondientes en caso de que el imputado o condenado incumpla con las obligaciones impuestas al concedérsele la detención domiciliaria o las respectivas a la medida de aseguramiento no privativa de la libertad y la frase “ a solicitud de la fiscalía” del artículo 342, relacionada con quien puede solicitar la protección integral de víctimas o testigos, todas normas de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, por violatorios de los artículos 1, 2, 13, 29, 92, 93 y 229 de la Constitución Política. El actor señaló que la omisión vulnera los derechos a la verdad, a la justicia y reparación y le impide a la víctima asegurar su protección, dejando que tal obligación dependa del Fiscal. Para este caso, la Corte Constitucional partió de dos presupuestos. El primero, que las expresiones demandas deben integrarse en el contexto de toda la disposición y segundo, que no obstan que las normas versan sobre dos clases de medidas: de aseguramiento –Arts. 306 y 316- y de protección en sentido estricto –Art. 342-, ambas inciden y se proyectan en la protección de los derechos de las víctimas. La Corte declaró que las normas son compatibles con la Constitución de manera condicionada en el entendido que las víctimas pueden acudir directamente a solicitar las medidas correspondientes. Lo anterior en cuanto que la omisión: 1- Excluye a la víctima de la intervención especial, la deja desprotegida frente a las omisiones del fiscal e impide que pueda solicitar las medidas de aseguramiento o protección correspondiente cuando, por contar con información de primera mano, se requiera; 2- No está objetiva y suficientemente justificada, porque permitir que la víctima pueda solicitar las medidas de aseguramiento o de protección , sin mediación del fiscal, “ no genera una desigualdad de armas, no altera los rasgos fundamentales del sistema penal con tendencia acusatoria, ni implica una transformación del papel de interviniente especial que tiene la víctima dentro de este sistema procesal penal”, sino que al contrario, “asegura en mayor grado la adecuada protección de la vida, integridad, intimidad y seguridad de la víctima, de sus familiares y de los testigos a favor, así como de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.”; 3Genera “una desigualdad en la valoración de los derechos de la víctima, al dejarla
    • desprotegida en circunstancias en las que deba acudirse urgentemente ante el juez competente para solicitar la adopción de una medida de protección o aseguramiento, o la modificación de la medida inicialmente otorgada” y 4Constituye un incumplimiento al deber de configuración legislativa con respecto a la intervención efectiva de la víctima en el proceso penal, “en la medida que la deja desprotegida en circunstancias apremiantes o ante la omisión del fiscal en el cumplimiento de su deber de proteger a las víctimas y testigos de posibles hostigamientos o amenazas, y de solicitar las medidas necesarias para promover los fines previstos en el artículo 308 de la ley, los cuales guardan estrecha relación con los derechos de la víctima a la verdad y a la justicia.” Señaló la Corte que el juez competente debe seguir el procedimiento establecido cuando reciba una solicitud directa de la víctima en relación con la imposición de una media de aseguramiento o de protección. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-209-07 II.2.10. Quien haya recibido un daño cierto real y concreto originado en una conducta punible, sin que sea exclusivamente “víctima directa”, podrán solicitar al juez de garantías, en la audiencia de formulación de imputación o posterior a ella, medidas cautelares sobre los bienes del imputado o del acusado para garantizar el derecho a la indemnización de los perjuicios y la reparación pecuniaria en el incidente de reparación integral. Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 340 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, respecto de la determinación de la calidad de víctima de conformidad con el artículo 132 de la misma Ley, por ser violatorios de los artículos 15, 21, 29 y 229 de la Constitución; 2° y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los demandantes consideran que lo demandado vulnera el derecho a acceder a un mecanismo judicial efectivo, por el reconocimiento tardío de dicha calidad, lo que impide que actúe en etapas previas determinantes. La Corte Constitucional determinó la necesidad de efectuar la integración normativa con los artículos 92, inciso primero y segundo, e inciso 2° del artículo 102 de la misma Ley sobre legitimación como perjudicados únicamente a las víctimas directas en relación con la petición de medidas cautelares, su acreditación y la formulación para la reparación exclusivamente económica de este tipo de víctimas, en donde el concepto de víctima está supeditado al daño directo sufrido como consecuencia del injusto. En este caso la Corte declaró contrario a la Constitución y por lo tanto inexequible la expresión “directa” de las normas integradas.
    • La expresión “directa” respecto a la víctima como sujeto habilitado para solicitar ante el juez de control d garantías las medidas cautelares sobre los bienes del imputado o acusado, que garantizarán su derecho a la indemnización de los perjuicios ocasionados con el delito y como limitante al derecho de solicitar reparación pecuniaria en el incidente de reparación integral es contraria a la Constitución, porque la concepción de víctima directa: 1-pone en situación de desventaja a quien acude a la jurisdicción penal para hacer efectivo su derecho a la reparación frente a quien acude, por ser la concepción más amplia, a la jurisdicción civil y contenciosa administrativa para reclamar garantía en el pago de los perjuicios ocasionados por el delito y 2- es contraria a lo establecido en el numeral 6° del artículo 250 de la Constitución, en cuanto que allí se prevé que el restablecimiento del derecho y la garantía de de reparación integral se reconoce a los “ afectados con el delito”, que incluye a las víctimas directas y perjudicados que hubiesen sufrido un daño cierto consecuencia del delito. La concepción descrita está acorde con la con el precedente de la Corte, según el cual los derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación integral están en cabeza de las víctimas y perjudicados con el delito cuando se demuestren el daño cierto, real y concreto originado en la conducta punible. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-516-07 II.2.11. Para garantizar los derechos de las víctimas a una reparación integral, el asegurador será citado para adelantar el incidente de reparación integral a la víctima y vinculado al incidente y a las decisiones judiciales resultantes Se demandó la inconstitucionalidad parcial del artículo 108, sobre citación del asegurador, contenida en la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", en la parte relativa a “Exclusivamente para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103”. El demandante señala que constituye una violación del derecho al debido proceso y del derecho de defensa del tercero civilmente responsable al no permitírsele vincular a llamar en garantía a la entidad aseguradora. La Corte integró normativamente está demanda e incluyó las expresiones “quien tendrá la facultad de participar en dicha conciliación” y declaró inexequible las expresiones “Exclusivamente” y “quien tendrá la facultad de participar en dicha conciliación” contenidas en el artículo 108 de la Ley 906 de 2004. Y exequibles la expresión “para los efectos de la conciliación de que trata el art. 103” del mismo artículo
    • Al declarar inexequible la expresión “exclusivamente”, la Corte tuvo en cuenta que con esa expresión se excluye al asegurador de toda actuación en el incidente de reparación integral distinta del incidente que él acepte e impide que el juez pueda vincularlo a la decisión del incidente, toda vez que la expresión demandada implica que la convocatoria es exclusivamente para la conciliación, lo que va en detrimento del derecho de la reparación integral de la víctima. La Corte declaró contrario a la Constitución la expresión “quien tendrá la facultad de participar en dicha conciliación”, porque con ella se faculta a la aseguradora de asistir o no a la conciliación, excluyéndola, si no asiste, de los efectos vinculantes de lo decidido en la audiencia. Haciendo nugatorio el propósito de una reparación integral efectiva y oportuna, en detrimento de los derechos de las víctimas. Al declarar exequible la expresión “para los efectos de la conciliación de que trata el artículo 103”, porque “la forma como se ordena el incidente de reparación parte del esfuerzo de los interesados en llegar a una conciliación - mecanismo de justicia restaurativa (art. 521 CPP)-, con la cual sea posible redimir el daño causado a la víctima o víctimas del delito.” Finalmente, la Corte manifestó que el objetivo de la citación con que se convoque a la aseguradora, es el permitirle “poder conocer el objeto del incidente en concreto, para así acudir a la audiencia de conciliación y en ella, o, ante su fracaso, en la actuación subsiguiente de que trata el art. 104, inc 1º infine, desarrollar todas las actuaciones derivadas de su derecho de defensa: Aceptar y/o proponer un acuerdo; o negarse a conciliar y controvertir pruebas, o aportar y solicitar las requeridas con las que desvirtuar la responsabilidad civil contractual endilgada o la existencia misma del contrato, o la calidad de beneficiario de la víctima, o la pretensión de ésta, del condenado o del tercero civilmente responsable, de que la reparación económica reclamada deba cubrirse con el riesgo amparado por seguro.” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-409-09 II.2.12. Para la aplicación del principio de oportunidad se deben tener en cuenta los mecanismos de protección de los derechos de las víctimas previstos en los artículos 328 y 326 de la ley 906 de 2004. Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, relacionado con las causales de aplicación del principio de oportunidad, por violatorios de los
    • artículos 1, 2, 4, 13, 29, 92, 93 y 229 de la Constitución Política. El actor consideró que se omitió como requisito para dar aplicación al principio de oportunidad que los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas estuvieran suficientemente protegidos, invocando la protección del interés general se deja a las víctimas desamparadas, se violan sus derechos y su dignidad humana. La Corte Constitucional estableció que la norma demandada era compatible con la Constitución y la declaró exequible. La Corte Constitucional concluyó que no existe la omisión legislativa relativa que se presentó como fundamento de la demanda, porque para la aplicación del principio de oportunidad, es necesario tener en cuenta lo establecido el mecanismo de protección previsto en el artículo 328 de la misma Ley 906 de 2004. En dicha norma el fiscal al aplicar el principio de oportunidad debe “tener en cuenta los intereses de la víctima”, lo que significa que el fiscal debe valorar expresamente los derechos de las víctimas para efectos de que se pueda ejercer control sobre la decisión y tener fundamento material para que se pueda apelar dicha decisión ante el juez y el fiscal debe considerar integralmente los derechos de las víctimas que no son únicamente los de interés económico, sino que además están constituidos por los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. La Corte resaltó que en el artículo 326 de la Ley citada, para la aplicación del principio de oportunidad por suspensión de la acción penal, se prevé mecanismos para proteger los derechos de las víctimas, los cuales son guías tanto para los fiscales como para el juez de control de garantías al valorar esos derechos. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-209-07 II.2.13. La participación de las víctimas de manera directa o por intermedio de apoderado está garantizado desde la fase de la investigación, independientemente que el reconocimiento de su calidad y el de su representación legal se produzca en la audiencia de formulación de acusación Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 340 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, en la parte relacionada con la oportunidad procesal establecida en la norma demandada, es decir, en la audiencia de formulación de acusación, para la determinación de la calidad de víctima y el reconocimiento de su representación legal, por ser violatorio de los artículos 15, 21, 29 y 229 de la Constitución; 2° y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los demandantes consideran que el reconocimiento en esa
    • etapa procesal limita el derecho de las víctimas a acceder a un recurso judicial efectivo, por el reconocimiento tardío de dicha calidad, lo que impide que actúe en etapas previas determinantes. La Corte Constitucional declaró dicha norma compatible con Constitución y por lo tanto exequible. Si bien es cierto que la determinación de carácter de víctima y el reconocimiento de su representación legal se formaliza en la audiencia de formulación de acusación, también lo es que su participación directa o mediante apoderado está garantizada desde la etapa de investigación, de acuerdo con una interpretación sistemática de la normatividad y los pronunciamientos de la Corte sobre los derechos de intervención de la víctima. “El artículo 137 del estatuto procesal establece que las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, tienen la potestad de intervenir en todas las fases de la actuación. Para el ejercicio de esos derechos no es obligatorio que las víctimas cuenten con representación legal, condición que se hace imperativa a partir de la audiencia preparatoria. Teniendo en cuenta que pese a esta declaración de principio, las normas que desarrollan la intervención de la víctima en el proceso no garantizaban de manera clara su efectiva participación en distintas fases de la actuación, la Corte Constitucional al ejercer control de constitucionalidad de estas disposiciones ha condicionado su exequibilidad a la garantía de intervención de las víctimas, en fases previas a la formulación de acusación y también posteriores a ella. Así ocurrió en la sentencia C-209 de 2007, en la que mediante un fallo condicionado garantizó la efectiva intervención de la víctima en la práctica de pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías (Art. 284.2); en la audiencia de formulación de imputación (Art. 289); en el trámite de una petición de preclusión por parte del fiscal (Art. 333); en los momentos en que se produce el descubrimiento, la solicitud de exhibición, exclusión, rechazo o inadmisibilidad de elementos materiales probatorios (Arts. 344, 356, 358 y 359); en las oportunidades para solicitar medidas de aseguramiento (Arts. 306, 316 y 342); en la audiencia de formulación de acusación (Art. 339); y en la audiencia preparatoria formulando solicitudes probatorias (Art. 357, Cfr. sentencia C. 454 de 2006)”. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-516-07 II.2.14. El derecho de las víctimas a ser asistidas por un abogado durante el juicio y en el incidente de reparación integral, no puede estar discrecionalmente bajo la responsabilidad del juez ni obedecer a criterios
    • como la exigencia del interés de la justicia. Se demandó la inconstitucionalidad de la expresión “si el interés de la justicia lo exigiere” contenidas en el literal h) del artículo 11 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, sobre derechos de las víctimas y en relación al derecho “a ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral” “por un abogado que podrá ser designado de oficio”, por ser violatorios de los artículos 15, 21, 29 y 229 de la Constitución; 2° y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lesionando gravemente su derecho a la justicia. La Corte Constitucional declaró contrarios a la Constitución, es decir, inexequible la expresión demandada. Al condicionar el derecho de las víctimas a ser asistida por un abogado durante el juicio y en el incidente de reparación integral a que el juez determine si el interés de la justicia lo exige: 1- Se les despoja del derecho de acceder a la justicia en condiciones idóneas, quedando en el ámbito de la discrecionalidad del juez; 2- Se introduce una restricción desproporcionada a su derecho de acceder a la justicia, por cuanto el condicionamiento es ambiguo, en cuanto no permite identificar, “si existe una finalidad legítima en la restricción, y cuáles serían los intereses en pugna para efectuar la labor de ponderación”; 3-Se establece tal restricción en una etapa relevante del proceso, en la que la representación calificada de la víctima adquiere mayor relevancia y para una de las cuales, el juicio, la Corte ha garantizado facultades de intervención de la víctima, por medio de su apoderado –como sería la audiencia de formulación de acusación, la audiencia preparatoria, y el juicio oral; 4- Se deja en cabeza del juez determinar si designa abogado que represente los intereses de la víctima en un episodio procesal que se caracteriza por su gran contenido técnico y que requiere de un acompañamiento de apoderado, como lo es el incidente de reparación integral y 5-Se incurre en una restricción irracional del derecho al acceso a la justicia, en cuanto el propio estatuto procesal penal establece que a partir de la audiencia preparatoria –que hace parte del juicio-, las víctimas tendrán derecho, para garantizar el ejercicio de sus derechos, de ser asistidas por un abogado o por un estudiante de consultorio jurídico de una facultad de derecho aprobada. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-516-07 II.2.15. Es contrario a la constitución exigir, durante la investigación, a una pluralidad de víctimas que designen hasta dos apoderados o de lo contrario dejar al fiscal que determine lo más conveniente y efectivo. Se demandó el numeral 4° del artículo 137 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se
    • expide el Código de Procedimiento Penal”, según la cual “En caso de existir pluralidad de víctimas, el fiscal, durante la investigación, solicitará que estas designen hasta dos abogados que las represente. De no llegarse a un acuerdo el fiscal determinará”, relacionada con la intervención de las víctimas en la actuación Penal, por ser violatorios de los artículos 15, 21, 29 y 229 de la Constitución; 2° y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los demandantes consideran que la facultad que confiere el apartado demandado al fiscal, vulnera el derecho de las víctimas al acceso a la justicia. La Corte Constitucional declaró inexequible el numeral demandado. La limitación al derecho de postulación de las víctimas durante la etapa de investigación es desproporcionado, tendiendo en cuenta los fines que pretende defender y la privación de las posibilidades de las víctimas de acceso eficaz a la administración de justicia, en cuanto que: 1- Al trasladar al fiscal la determinación “de lo más conveniente y efectivo”, renuncia el legislador al deber de regulación en materia de su competencia y deja al fiscal un ámbito de discrecionalidad, lo que podría solo ser limitado en términos razonables para el legislador, en un aspecto de potestad de la víctima; 2-Resulta muy lesivo para los intereses de la víctima en la búsqueda de la verdad, a la justicia y la reparación, privarla, si así lo considera el fiscal, de la asistencia técnica para el impulso de su causa y 3- La intervención plural de las víctimas por intermedio de sus representantes durante de la investigación no genera perturbación alguna dentro del sistema con tendencia acusatoria, puesto que la Corte ha señalado el componente adversarial de la etapa del juicio oral. La intervención calificada y plural de las víctimas puede contribuir a la acción de la Fiscalía tendiente a asegurar los elementos materiales probatorios, y a aportar mejores elementos de juicio, que permitan determinar si formula imputación y posteriormente acusación. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-516-07 II.2.16. En caso de pluralidad de víctimas, el juez está facultado para determinar igual número de sus representantes al de defensores para que intervengan en el juicio oral Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 340 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, respecto de la regulación de la representación judicial, en los casos de pluralidad de víctimas en el juicio oral y de la intervención del juez en dicha determinación, por ser violatorios de los
    • artículos 15, 21, 29 y 229 de la Constitución; 2° y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los demandantes consideran que lo demandado impone una restricción contrario a la Constitución al derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo. La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la norma demandada. La potestad que la norma demanda confiere al juez de limitar el número de apoderados de las víctimas en umbral no superior al número de representantes al de los defensores, es compatible con la Constitución en cuanto que: 1- Promueve finalidades legítimas –v gr: asegurar la eficacia del procedimiento y asegurar un equilibrio entre la acusación y la defensa, compatible con la característica advresarial del sistema acusatorio y 2- No constituye una intolerable restricción a los derechos de las víctimas, los cuales están garantizados por sus “aportes previos a la construcción del caso, la intervención del fiscal, y la vocería concertad de las víctimas en el juicio oral. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-516-07 II.2.17. La víctima puede allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para controvertir la petición de preclusión del fiscal. Se demandó la inconstitucionalidad del aparte “En ningún caso habrá lugar a solicitud y práctica de pruebas del artículo 333 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, relacionado con el trámite de la petición de preclusión por violatorio de los artículos 1, 2, 4, 13, 29, 92, 93 y 229 de la Constitución Política. El actor consideró que el apartado demandado impide que la víctima controvierta de forma adecuada la petición de preclusión y vulnera sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. La Corte Constitucional señaló que el artículo será analizado globalmente; en este contexto declaró la exequibildad condicionada del artículo, entendiéndose que “las víctimas pueden allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión del fiscal” Cuando se impide la solicitud y practica de pruebas, dentro del trámite sobre la petición de preclusión que hace el fiscal, la intervención de la víctima prevista en la norma estudiad es inocua, frente a la demostración de la existencia del mérito para acusar o la inexistencia de las situaciones que alega el fiscal para sustentar la petición de preclusión, lo que dados los efectos definitivos de la preclusión frente a la cesación en la persecución del delito puede conducir a una afectación alta de
    • los derechos de la víctima e incluso a la impunidad. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-209-07 II.2.18. Los derechos de las víctimas y la intervención de ellas en la actuación penal debe tener en cuenta las decisiones de inexequibilidad o exequibilidad condicionada, proferidas en esta sentencia, para asegurar la proyección de los derechos de las víctimas en los momentos fundamentales a lo largo de la evolución del proceso penal. Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, relacionado con los derechos de las víctimas y 137 de la misma Ley sobre intervención de las víctimas en la actuación penal, por violatorios de los artículos 1, 2, 13, 29, 92, 93 y 229 de la Constitución Política. El actor consideró que en dichos artículos se cercena los derechos de las víctimas, puesto que no consagra de manera expresa la posibilidad de impugnar las decisiones adversas, en las diferentes etapas procesales, mencionado varias de ellas. La Corte Constitucional los declaró compatibles con la Constitución. La Corte señaló que los textos de los artículos 11 y 137 de la Ley 906 de 2004, deben leerse de conformidad con las decisiones de inexequibilidad o exequibilidad condicionada, proferidas en esta sentencia, para “a asegurar la proyección de los derechos de las víctimas en los momentos fundamentales a lo largo de la evolución del proceso penal”. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-209-07 II.2.19. La víctima tiene el derecho de intervenir efectivamente en la audiencia de formulación de imputación, para lo cual pueden estar presente en dicha audiencia. La Corte encontró que el artículo 289 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, relacionado con la regulación de la audiencia de formulación de la imputación, tampoco preveía la intervención efectiva de la víctima para la protección de sus derechos. Por lo tanto, al realizar la integración normativa, declaró la exequibilidad condicionada de dicha norma, entendiéndose que la víctima también puede estar presente en la audiencia de formulación de imputación. La víctima puede estar presente en la audiencia de formulación de imputación
    • para permitir su intervención efectiva, para conocer la imputación, para proteger sus derechos y dignificar su condición de víctima, en cuanto dicha intervención no latera los rasgos estructurales del proceso penal acusatorio, ni cambia su papel como interviniente especial. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-209-07 II.2.20. Las víctimas no pueden interrogar a los testigos dentro de la etapa del juicio oral, so pena de alterar la estructura del sistema penal con carácter acusatorio. Se demando la inconstitucionalidad del artículo 390 de la Ley la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, relacionado con el examen de testigos en la etapa del juicio oral, por considerarlo violatorios de los artículos 2, 13, 29, 228 y 229 de la Constitución Política, el artículo 14 del Pacto Universal de los Derechos Humanos y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y de los derechos de las víctimas acceder a la administración de justicia, a la verdad, a la justicia y a la reparación. El actor señaló que existió una omisión legislativa y sin razón objetiva suficiente se impide a las víctimas participar en la práctica probatoria del juicio oral, poniéndosele en situación de desigualdad frente a los otros sujetos procesales, contrario a lo decidido por la Corte en sentencia C-454 de 2006, en donde se declaró inexequibles las normas que impedían a la víctima solicitar pruebas en la audiencia preparatoria. La Corte Constitucional concluyó que dicha norma es compatible con la Constitución y por ende la declaró exequible. No obstante que no se encuentra permitido que la víctima del delito interrogué al testigo dentro del contexto del artículo demandado, tal omisión no es contraria, porque en la etapa del juicio oral la víctima no tiene tal participación directa y constitucionalmente no puede constituirse en segundo acusador, en cuanto que ello generaría alteración de lo rasgos estructurales del sistema penal y afectaría la igualdad de armas, lo que conlleva a afirmar que la omisión está justificada. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-343-07 II.2.21. La víctima no puede oponerse al interrogatorio en la etapa del juicio oral. Se demando la inconstitucionalidad del artículo 395 de la Ley la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, relacionado con las oposiciones dentro del interrogatorio en la etapa del juicio oral, por
    • considerarlo violatorios de los artículos 2, 13, 29, 228 y 229 de la Constitución Política, el artículo 14 del Pacto Universal de los Derechos Humanos y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y de los derechos de las víctimas acceder a la administración de justicia, a la verdad, a la justicia y a la reparación. El actor señaló que existió una omisión legislativa y sin razón objetiva suficiente se impide a las víctimas participar en la práctica probatoria del juicio oral, poniéndosele en situación de desigualdad frente a los otros sujetos procesales, contrario a lo decidido por la Corte en sentencia C-454 de 2006, en donde se declaró inexequibles las normas que impedían a la víctima solicitar pruebas en la audiencia preparatoria. La Corte Constitucional concluyó que en la parte “La parte que no está interrogando o el Ministerio Público” debía estarse a lo dispuesto en la sentencia C-209/07 y en ele resto del articulado lo declaró exequible. De lo dicho por la Corte podemos afirmar que el Alto tribunal consideró que tal omisión es compatible con la Constitución, en el entendido que la víctima en la etapa del juicio oral no puede intervenir directamente y no puede constituirse en segundo actor, porque constitucionalmente está prohibido, alteraría la estructura del sistema penal acusatorio y afectaría la igualdad de armas. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-343-07 II.2.22. El juez de oficio o a petición de parte interesada debe poner a disposición todas las pruebas recaudadas hasta la muerte del procesado, sin que medie la reserva judicial, para garantizar los derechos de lss víctimas de una conducta punible Se demandó la constitucionalidad de la palabra “muerte” contenida en los artículos 82 de la Ley 599 de 2000, 38 de la Ley 600 de 2000 y 77 de la Ley 906 de 2004, en relación con la extinción de la acción penal por el fallecimiento del procesado. Los demandantes, respecto del debido proceso penal, fundamentaron su demanda en que al extinguirse la acción penal por muerte del procesado no se garantiza a las víctimas lo derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación “y a los sucesores del posible victimario hay que garantizarles su tranquilidad jurídica al aceptar la herencia”. La extinción de la acción penal por fallecimiento del procesado si bien no extingue la acción civil, la falta de un fallo sobre la responsabilidad penal del acusado dificulta la reparación civil y no se puede saber la verdad. La Corte Constitucional declaró exequible de manera condicionada las expresiones “ muerte” de los artículos demandados.
    • La Corte Constitucional al declarar la exequibilidad de la palabra muerte, de manera condicionada en los artículos demandados, relacionados con la extinción de la acción penal por el fallecimiento del acusado, tuvo en cuenta que: 1- La extinción de la acción penal no conlleva la extinción de la acción civil; 2- El proceso civil por responsabilidad extracontractual por el daño ocasionado a la víctima con el delito, es idóneo en cuanto que la reparación de la víctima puede concretarse con los bienes de la masa sucesoral y es accesible, en tanto que “ no exige unos niveles tan elevados de sofisticación” que se convierta en un “obstáculo insalvable” del acceso a la administración de justicia. y 3- La garantía que deben tener las víctimas de sus derechos a la verdad y a la reparación; las dificultades que se les pueden presentar, cuando no se cuenta con una sentencia penal acusatoria, para adelantar la acción civil dirigida a la reparación integral y la necesidad de la efectividad del acervo probatorio recaudado en el proceso penal en otros procesos judiciales o administrativos En este contexto, la Corte al declarar la exequibilidad de las expresiones demandadas contenidas en los artículos 82 de la Ley 599 de 2000, 38 de la Ley 600 de 2000 y 77 de la Ley 906 de 2004, lo hizo “ en el entendido que el juez de conocimiento debe decidir oficiosamente, o a petición del interesado, independientemente de que exista reserva judicial, poner a disposición u ordenar el traslado de todas las pruebas o elementos probatorios que se hayan recaudado hasta el momento en que se produzca la muerte, para que adelanten otros mecanismos judiciales o administrativos que permitan garantizar los derechos de las víctimas”. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-828-10 II.2.23. La garantía de comunicación a las víctimas opera desde el momento en que ellos entran en contacto con las autoridades, se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación y no se reduce a perseguir los perjuicios ocasionados con el delito Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 135 sobre Garantía de comunicación a las víctimas, de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. En términos de la Corte, la censura se fundamenta en que el artículo 135, que regula "La garantía de comunicación a las víctimas" vulnera su derecho a la verdad y a la justicia en cuanto reduce la garantía de comunicación a las víctimas en dos aspectos: limita la comunicación al momento en que la víctima interviene, y reduce sus facultades y derechos a la posiblidad de perseguir los perjuicios ocasionados con el injusto.
    • Al declarar la Corte la constitucionalidad condicionada del artículo 135 de la Ley 906 de 2004, se fundamentó en que había encontrado que las omisiones que se acusan, son inconstitucionales en cuanto: i) La norma excluye de sus consecuencias situaciones fácticas que deberían estar amparadas por el contenido normativo acusado, como son la aplicación de la garantía de comunicación a fases previas a una "intervención" formal, y respecto de todos los derechos (no solamente la reparación) de que son titulares las víctimas de los delitos. ii) No se aprecia una justificación objetiva y suficiente para la exclusión de fases previas a una intervención formal, o de los derechos a la verdad y la justicia, de la garantía de comunicación que la norma consagra. Por el contrario, el derecho de acceso a la justicia (Art. 229), exige que toda la fase de indagación e investigación esté amparada por la garantía de comunicación a las víctimas sobre sus derechos, y que la misma, se extienda a las prerrogativas y potestades procesales que se derivan de los derechos a la verdad y a la justicia; iii) Al estar desprovistas tales omisiones de una razón objetiva y suficiente, se genera una situación que privilegia de manera injustificada la pretensión indemnizatoria de la víctima, con sacrificio de los derechos de verdad y justicia de que es titular, los cuales han sido reivindicados por la jurisprudencia de esta Corporación. Esta disección en la concepción de los derechos de las víctimas genera a su vez, un desequilibrio en cuanto restringe el alcance de los derechos de las víctimas en el proceso, en contraste con los derechos de otros actores procesales, desvirtuándose así el carácter bilateral del derecho a una tutela judicial efectiva; iv) Las omisiones acusadas implican el incumplimiento de un deber constitucional del legislador, quien está obligado a ajustar la configuración de los derechos de participación e intervención de las víctimas en el proceso penal a los principios de acceso al proceso (Art. 229), de todos los actores que participan en el conflcito penal, así como a la concepción integral de los derechos de las víctimas derivada de los artículos 1º, 2º y 93 de la Carta, en los términos establecidos en esta sentencia. Por lo tanto declaró EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el artículo 135 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-454-06 II.3. Derechos de la parte civil como sujeto procesal II.3.1. Constitución de la parte civil en proceso penal es posible aun antes de
    • la apertura de la investigación: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación En sentencia de constitucionalidad, la Corte analizó el artículo 137 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), que dispone: “Con la finalidad de obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible, el perjudicado o sus sucesores, a través de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la actuación penal. (...)”. La Corte condicionó la constitucionalidad del artículo a que se entendiera que la parte civil no sólo tiene derecho a constituirse como tal en aras de conseguir un resarcimiento económico, sino que también puede ir en busca de la verdad y la justicia. Ello no significa que cualquier persona que alegue que tiene un interés en que se establezca la verdad y se haga justicia pueda constituirse en parte civil. Se requiere que haya un daño real, no necesariamente de contenido patrimonial, concreto y específico, que legitime la participación de la víctima o de los perjudicados en el proceso penal para buscar la verdad y la justicia, el cual ha de ser apreciado por las autoridades judiciales en cada caso. Es más, aun cuando esté indemnizado el daño patrimonial, cuando este existe, si tiene interés en la verdad y la justicia, puede continuar dentro de la actuación en calidad de parte. Lo anterior significa que el único presupuesto procesal indispensable para intervenir en el proceso es acreditar el daño concreto, sin que se le pueda exigir una demanda tendiente a obtener la reparación patrimonial. Como consecuencia de tal condicionamiento, la Corte igualmente sostuvo que la expresión “a partir de la resolución de apertura de instrucción” del artículo 47 del Código de Procedimiento Penal (artículo que consagra a partir de cuándo puede constituirse la parte civil) era inexequible “como quiera que los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica dependen de que durante esta etapa se le permita a la parte civil intervenir activamente aportando pruebas y cooperando con las autoridades judiciales y conociendo y controvirtiendo las decisiones que se adopten durante esta etapa, en especial la providencia mediante la cual se decide no abrir formalmente la investigación”. Finalmente, la Corte condicionó la constitucionalidad del artículo 30 del Código de Procedimiento Penal “sobre acceso al expediente en ejercicio del derecho de petición, en el sentido de que una vez que se haya constituido la parte civil, ésta podrá acceder directamente al expediente desde el inicio de la investigación previa, pero si aún no se ha constituido en parte civil, la víctima o perjudicado deberá acceder al expediente en la forma prevista en el artículo 30, es decir, a través del ejercicio del derecho de petición” nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia C-228-02. Esta sentencia cambió la jurisprudencia de la C-293-95 (reiterada por las sentencias C475-97, SU-717-98, C-163-00 y C-1711-00, entre otras). Complementa la jurisprudencia de la C-069-96. Unifica jurisprudencia de C-740-01, C-1149-01 y SU-1184-01. II.3.2. Rechazo de demanda de constitución de parte civil por no haberse demostrado los perjuicios, constituye vía de hecho, violación al derecho a la verdad, la justicia y la reparación y al debido proceso y acceso a la administración de justicia. El Director Ejecutivo de la Administración Judicial interpuso acción de tutela contra un Fiscal que negó la constitución de parte civil, en representación de la Fiscalía General de la Nación, en la instrucción que se seguía contra una Ex Directora Seccional de Fiscalías, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias de servidor público, por cuanto que considero que la negativa constituye vía de hecho y violó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Señala el actor, que el Fiscal desconoció la norma legal que le otorga competencia para constituirse en parte civil; incurrió en yerro procedimental al no encontrar la existencia de perjuicio directo y porque circunscribió el debate a aspectos patrimoniales, dejando de considerar que la búsqueda de la verdad es uno de los objetivos del proceso penal. La Corte señaló la existencia de una vía de hecho y la violación de los derechos a la reparación, a la verdad y a la justicia y su derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y confirmó la sentencia que amparo los derechos del actor, en donde se ordenó dejar sin efectos las resoluciones que negaron la constitución de parte civil y “en su defecto, dicte una nueva decisión que considere los aspectos resaltados en la parte motiva de esta sentencia”. La negación de la constitución de parte civil, por parte de un Fiscal, de quien está facultado por ley para hacerlo, por cuanto se considero que no se había causado perjuicio directo con la conducta delictiva, constituye vía de hecho y violación de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, al igual que de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.. Lo anterior porque: 1- La calidad de parte civil trasciende el ámbito de la reparación económica y contiene otras formas de reparación , sin contenido patrimonial, como las relacionadas con la búsqueda de la verdad y la justicia, sin que se requiera demostrar un daño patrimonial o cualquiera otra pretensión de esa naturaleza y 2- Para la constitución de parte civil se exigió la demostración de la existencia de un perjuicio ” directo, real y tangible”, requisito propio para una decisión de fondo y no para iniciar la acción civil. nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia T-378-07 II.3.3. La admisión o rechazo de la demanda de constitución de parte civil dentro del proceso penal, debe ser decidida mediante providencia interlocutoria, decisión a la que debe garantizarse el principio de la doble instancia El demandante busca la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, vulnerados supuestamente con ocasión de la decisión de la Fiscalía General de la Nación de abstenerse de dar trámite a la demanda de parte civil. Para la Corte, como la Fiscalía no adujo defectos formales en la demanda ni tuvo en cuenta que la sola reparación patrimonial no es condición exclusiva para la constitución de parte civil, sino que el actor bien pudo buscar la protección del derecho a la verdad o a la justicia, mal hizo en abstenerse, por los motivos en que sustentó la decisión, de dar trámite a la demanda. Agregó, que al abstenerse la Fiscalía de “darle trámite” a la demanda plurimencionada, desconoció la posibilidad que la ley le otorga a quien se siente perjudicado por un delito, de acudir en cualquier momento del proceso a obtener justicia, verdad o reparación (artículo 47 de la ley 600 de 2000). nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-563-07 II.3.4. Derecho a la indemnización de perjuicios de la parte civil en sentencia anticipada En sentencia de constitucionalidad se demandó el artículo 12 numeral 5 de la Ley 365 de 1997, por medio del cual se reformó el artículo 37B del Decreto Ley 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal), el cual impedía la definición de la responsabilidad civil dentro de los procesos en que los sindicados se habían acogido al beneficio de la sentencia anticipada. A juicio de la demandante el artículo parcialmente acusado establecía un privilegio discriminatorio en favor de los criminales confesos, perjudicando con ello a las víctimas que se habían constituido en parte civil dentro del proceso penal. La Corte, al declarar inexequible el aparte demandado sostuvo que el derecho que tiene el afectado con el delito a constituirse en parte civil dentro del proceso penal o, en su defecto, a obtener del juez penal el reconocimiento de los perjuicios cuando éstos se encuentren debidamente probados, tiene fundamento
    • en el derecho constitucional de las víctimas a participar en el proceso penal y en la obligación estatal de restablecer los derechos afectados con el ilícito. Debe entenderse que frente al daño público y privado derivado del delito, existe unidad de jurisdicción en el juez penal para resolver, sin que con ello se ignore la naturaleza privada de la acción civil. Para la Corte es claro que la norma acusada, al relevar al juez penal de la obligación de pronunciarse sobre la responsabilidad civil, en los casos de sentencia anticipada, está desconociendo los derechos y principios constitucionales que en materia de igualdad y justicia tiene la víctima o el perjudicado con el delito. Desconocimiento que resulta aún más evidente cuando el juez penal, a pesar de haber encontrado probados los perjuicios ocasionados por el delito, no puede pronunciarse sobre ellos, por la circunstancia de haberse acogido el sindicado, durante la etapa instructiva o de la causa, a la figura de la sentencia anticipada en cualquiera de sus modalidades. La norma acusada, entraña una medida desproporcionada e irrazonable por cuanto en el afán de proteger a ultranza el interés colectivo, sacrifica sin prudencia el interés particular del afectado que también es objeto de protección constitucional nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-277-98. En la actualidad, el último inciso del artículo 40 de la Ley 600-00 (Código de Procedimiento Penal) dispone que “en la sentencia anticipada se resolverá lo referente a la responsabilidad civil cuando exista prueba de los perjuicios ocasionados”. II.3.5. Derecho de la parte civil a solicitar el control de legalidad de la medida de aseguramiento Se demanda la inconstitucionalidad de la expresión “la medida de aseguramiento” contenida en el artículo 329 de la Ley 600 de 2000, que dispone: “ La medida de aseguramiento y las decisiones que afectan la propiedad, posesión, tenencia o custodia de bienes muebles o inmuebles, proferidas por el Fiscal General de la Nación o su delegado podrán ser revisadas en su legalidad formal y material por el correspondiente juez de conocimiento, previa petición motivada del interesado, de su defensor o del Ministerio Público”. Según el actor, se violan los artículos 13, 228 y 229 de la Constitución por cuanto no se le permite a la parte civil acudir al control de legalidad cuando el fiscal o su delegado se abstenga de proferir medida de aseguramiento, privándolo de la garantía de que la conducta no quede impune y de los derechos de las víctimas o perjudicados, lo que a su vez es inequitativo e injusto y violatorio de la igualdad
    • que debe existir entre los sujetos del proceso. También, dado que no se cuenta con las mismas posibilidades o mecanismos dentro del proceso, se vulnera el derecho a acceder a la administración de justicia. La Corte estableció que existe violación al principio de igualdad y al derecho del debido proceso penal, por omisión legislativa, cuando se establece que el control de legalidad de la medida de aseguramiento solo procede previa solicitud del interesado, de su defensor o del Ministerio Público, cuando se excluye a la parte civil y al Ministerio Público frente a la abstención del funcionario judicial de dictar la medida de aseguramiento, cuando hubiere lugar a ello, porque: 1) Los fines de la detención preventiva están estrechamente relacionados con el pleno ejercicio de varios derechos de la parte civil, como el derecho a la verdad y a la justicia, vinculados con el principio de legalidad, la observancia del debido proceso, la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a la tutela judicial efectiva; 2) De la estructura del debido proceso forma parte determinar si en el caso concreto concurre el presupuesto de necesidad de la medida de aseguramiento; 3) El control de legalidad de la medida de aseguramiento es una garantía de protección de los derechos fundamentales de la libertad y el debido proceso y por lo tanto la parte civil tiene interés en que se respeten sus derechos a la verdad y a la justicia 4) El Ministerio Público tiene dentro de sus funciones constitucionales adoptar las medidas necesarias para preservar el debido proceso, del que el control de legalidad de la medida de aseguramiento es una garantía. Igualmente, sucede en el caso en que el funcionario judicial no define la situación jurídica del sindicado estando en la obligación de hacerlo, puesto que en esta hipótesis se vulnera el debido proceso en lo relativo a un proceso público sin dilaciones injustificadas y se burla el sistema acusatorio mixto diseñado en la Constitución al impedir el control judicial de dichas actuaciones. En consecuencia, la Corte declaró exequible la expresión “La medida de aseguramiento”, en el entendido que también puede ser objeto de control de legalidad, a petición de la parte civil o del Ministerio Público, la decisión en la que el funcionario judicial se abstiene de adoptar la medida de aseguramiento nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-805-02 II.3.6. Vía de hecho por dictarse providencia contraria a la lógica a favor del sindicado El actor interpuso acción de tutela por considerar que su derecho al debido proceso había sido vulnerado dado que en el proceso penal que había iniciado en
    • contra de su esposa por fraude procesal y estafa, y en el cual aquel se había constituido como parte civil, el fiscal precluyó la investigación, sin que se hubiera podido esclarecer la verdad de los hechos. Afirma el actor que había otorgado poder general para la administración de sus negocios a su esposa, quien disolvió y liquidó la sociedad conyugal y demandó la cesación de los efectos civiles del vínculo religioso, en ambos casos aduciendo un acuerdo con su cónyuge que no existió. La Corte, al tutelar el derecho del actor sostuvo que el fiscal accionado produjo una providencia que constituye vía de hecho, en cuanto para precluir la investigación que se adelantaba contra la señora dedujo de conductas ejecutadas por la sindicada, y que la ley penal tipifica como delictivas, actuaciones altruistas que no están acreditadas en el expediente y que, comparadas con los hechos que efectivamente ocurrieron y con la situación de despojo patrimonial y desamparo afectivo que afronta el actor, contrarían las reglas de la lógica y los principios de la sana crítica. La Corte ampara los derechos fundamentales del actor al debido proceso y al acceso a la justicia, con miras al esclarecimiento de la verdad y a la realización de un orden justo. Lo dicho, porque el actor tenía derecho a ser oído, y a que sus peticiones fueran atendidas con sujeción al ordenamiento jurídico. Es decir al actor le asiste el derecho de exigir que los hechos sean cabalmente esclarecidos, y que los responsables de las conductas punibles sean efectivamente castigados. La Corte ordenó compulsar copias a la fiscalía y a la Procuraduría para que se adelantara la investigación de las faltas disciplinarias y conductas punibles en las que hubiera podido incurrir el fiscal. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-622-02 II.3.7. Inexistencia de vía de hecho por dictar providencia conforme a derecho El accionante interpuso acción de tutela por considerar vulnerado su derecho al debido proceso dado que en la fiscalía en donde cursaba denuncia penal interpuesta por el actor fue precluída la investigación. A juicio del actor la decisión de la fiscalía constituye una vía de hecho porque desconoce el contenido del material probatorio, del que aparentemente se desprende la clara responsabilidad del inculpado, y porque fue adoptada sin que se efectuara la audiencia de conciliación que ordena la ley. La Corte, al negar el amparo solicitado sostuvo que la resolución judicial atacada
    • no reviste visos de arbitrariedad o subjetividad que la hicieran reprochable frente a la ley. El trabajo de interpretación adelantado por el fiscal, sobre el material probatorio aportado al expediente, no parece ignorar de manera grosera ninguno de los elementos de juicio que fueron recopilados durante la investigación. En ejercicio de su actividad, los funcionarios encargados de interpretar y aplicar la ley tienen un amplio margen de autonomía que no puede ser desconocido por vía de tutela, so pretexto de que otra interpretación de la ley o de las pruebas resulta asimismo admisible o más convincente. En lo referente a la celebración de la audiencia de conciliación (la cual es obligatoria), ésta fue efectivamente convocada por la fiscalía. Aunque no existe prueba de que éste haya comparecido, lo cierto es que la misma no pudo realizarse debido a la no comparecencia del sindicado. No consta en el expediente constancia del fracaso de dicha diligencia, hecho que constituiría, a lo sumo, una irregularidad procesal que no amerita ser calificada como vía de hecho; sin embargo, lo relevante en esta causa, es el hecho de que la diligencia no se cumplió por causas ajenas a la autoridad competente a la que, por el contrario, le correspondía continuar con el trámite de la investigación como en efecto lo hizo, llamando a rendir indagatoria al actor. La Corte encuentra con toda claridad que, desde la apertura de la instrucción, el actor estaba enterado de los trámites adelantados en el proceso y que, por tanto, desde ese momento, tenía la posibilidad de acceder a los recursos legales para reclamar los derechos derivados de su condición de víctima y afectado. El accionante, para efectos de hacer valer sus derechos, contaba con la posibilidad de constituirse en parte civil; mecanismo que, al reconocerle la calidad de sujeto procesal, lo habilitaba para impugnar la resolución preclusiva de la investigación y para perseguir la indemnización de los perjuicios que presuntamente le fueron ocasionados. No obstante, este hecho no ocurrió ya que el actor no se asesoró de un abogado sino después de que la decisión le fue comunicada y, por supuesto, luego de que fracasara el intento de conciliación. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-166-00 II.3.8. Vía de hecho por inadmisión de sustentación del recurso de apelación con base en razones de escrito anterior El actor interpuso acción de tutela por considerar vulnerado su derecho al debido proceso y el principio de la doble instancia por cuanto la fiscalía estimó que la sustentación del recurso de apelación interpuesto contra el auto que declaró la preclusión de la investigación en el proceso donde actuaba como parte civil, no era de recibo porque las razones o argumentos en los cuales se fundaba dicho
    • recurso eran los mismos que estaban contenidos en un escrito que obraba en el proceso de una actuación que había sido anulada. La Corte al tutelar los derechos del actor sostuvo que las formalidades procesales sólo se conciben como medios para garantizar la validez y la eficacia de los actos procesales, en cuanto estos tiendan a la realización de los derechos de los sujetos procesales, más no como simples ritualidades insustanciales. La actuación de la fiscalía configura una vía de hecho, porque sin un fundamento serio y objetivo y desbordando los limites de la legalidad, consideró que el aludido recurso de apelación no se encontraba debidamente sustentado. No existen fórmulas sacramentales para sustentar un recurso de esta naturaleza, basta que el recurrente cumpla con señalar la providencia recurrida y las razones claras y explícitas de su inconformidad con la misma. La circunstancia de que el escrito al que se remite el apelante para sustentar el recurso haga parte de una actuación que fue declarada nula, no implica su inexistencia material. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-204-97 II.3.9. La notificación de la sentencia por edicto a la parte que no concurrió en tiempo a notificarse personalmente es obligatoria y, prevalece aun cuando se autorice la notificación personal extemporánea El representante de la parte civil en un proceso por tentativa de estafa y fraude procesal presentó acción de tutela contra un tribunal superior por haber declarado desierto un recurso de apelación interpuesto por su apoderado contra la sentencia que absolvió a la persona vinculada al proceso penal. La apelación había sido presentada dentro de los términos indicados por el secretario del juzgado de conocimiento, quien para esos efectos había tenido en cuenta una notificación que por edicto se hiciera a la fiscal delegada en el proceso. No obstante, si bien aparecía constancia de dicha notificación por edicto en el cuaderno original del proceso, en el cuaderno de copias se apreciaba una notificación personal surtida a la misma fiscal delegada, razón por la cual, a juicio del tribunal accionado, no era procedente una notificación por edicto ni los términos para la sustentación del recurso se ampliaban con ocasión de éste. Por esa razón se había abstenido de resolver el recurso. En el proceso de tutela se estableció que la notificación personal a la fiscal se había surtido cuatro días después de haberse dictado la sentencia, cuando ya sólo era procedente la notificación por edicto conforme lo establece el artículo 180 del CPP, que indica que la sentencia deberá ser notificada por edicto a las personas que no comparecieren a notificarse personalmente dentro de los tres días
    • siguientes a ésta. La Corte indicó que al tenor de lo dispuesto en las normas legales la notificación personal de las sentencias y su impugnación no puede suceder en cualquier tiempo, porque lo que las normas indican es que la no comparecencia de quien debe ser notificado, “en los tres (3) días siguientes al de la fecha de la providencia”, da lugar a la fijación del edicto, y que concluida esta actuación comienza a transcurrir el término para que se instaure y sustente la alzada. Para la Corte, no hay duda de la certeza que brinda la notificación personal, pero –reitera- que esto no quiere decir que la diligencia pueda ocurrir en cualquier tiempo y que la comparecencia tardía de quien debía ser notificado personalmente permita a la secretaría entender concluida la actuación. Transcurrido el tercer día sin que el secretario haga constar en el expediente la notificación personal de todos los sujetos procesales, el interesado en impugnar una sentencia debe aguardar la fijación del edicto y estar atento a su desfijación para hacer uso de su facultad de contradicción; porque la actuación ocurrirá, de todos modos, así el sujeto que dio lugar al procedimiento acuda al despacho y se autorice su notificación personal, toda vez que de esta comparencia, no pueden hacerse depender las oportunidades procesales de quienes aguardan la oportunidad para recurrir la providencia. Por lo tanto, -dice la Corte- el fallador que desconoce la notificación de una sentencia realizada con sujeción al ordenamiento y resuelve de contera abstenerse de resolver el recurso instaurado y sustentado en tiempo, dándole a la comparecencia por fuera de término plenos efectos, incurre en vía de hecho; porque este proceder a la vez que vulnera el derecho a la defensa otorga a uno de los sujetos procesales la potestad de hacer precluir las oportunidades de los otros, a su arbitrio, quebrantando el equilibrio procesal al interior del proceso, que los jueces están en el deber de mantener. Finalmente, la Corte recordó la necesidad de que los jueces unifiquen los cuadernos original y de copias de los expedientes, cuando adviertan diferencias de registros en uno y otro, a través de posprocedimiento adecuados para ello. La corte ordenó al Tribunal dejar sin valor la providencia que declaró desierto el recurso y resolverlo. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-691-04
    • II.3.10. Vía de hecho por definición en segunda instancia de asunto que no había sido alegado en recurso de apelación y por no dar trámite a incidente de nulidad La demandante interpuso acción de tutela por considerar vulnerado su derecho al debido proceso, por cuanto el proceso penal en el cual actuaba como parte civil fue precluído sin que se dieran las causales para hacerlo; el recurso de apelación interpuesto contra tal decisión consideró puntos que no fueron demandados; y finalmente, el incidente de nulidad que inició la demandante no fue tramitado. La Corte, al conceder el amparo, sostuvo, frente a la preclusión del proceso, que si éste era o no aplicable al caso, es una cuestión que debía decidirse al resolverse la apelación y, en su defecto, al resolver la solicitud de nulidad. Sólo en el evento en el cual no existiera el mecanismo de defensa mencionado, podría el juez de tutela entrar a identificar si la no aplicación del mencionado trámite, constituiría una vía de hecho judicial que afecta el derecho fundamental al debido proceso de la parte civil. Frente al recurso de apelación, la Corte sostuvo que la decisión mediante la cual la fiscalía definió un asunto que no había sido objeto de impugnación, no sólo desconoció los límites de su competencia definidos por el artículo 217 del CPP, sino que vulneró el derecho de defensa de la parte civil. En este caso, la providencia se encuentra afectada por un evidente defecto ya que la competencia del funcionario judicial demandado se debía limitar a resolver las cuestiones objeto del recurso de apelación. Por consiguiente, carecía de facultades (defecto orgánico) para revocar la decisión de continuar la investigación por los delitos de hurto y falsedad, adoptada por el fiscal de primera instancia, en tanto la misma no había sido impugnada. Adicionalmente, la citada providencia incurrió en un flagrante defecto procedimental, pues tuvo como resultado pretermitir, completamente el trámite de segunda instancia de decisiones que, por mandato legal, pueden ser objeto de impugnación por vía del recurso de apelación. Finalmente, frente al incidente de nulidad, sostuvo que la actitud omisiva de la fiscalía, vulneró el derecho al debido proceso de la actora, pues la entidad demandada pretermitió sin justificación alguna, un incidente fundamental para el ejercicio de su derecho de defensa. y no cuenta con un medio de defensa ordinario dentro del proceso. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-694-00 II.3.11. Facultad del funcionario judicial para tomar las medidas necesarias para asegurar la reparación de las víctimas
    • Un ciudadano demandó la inconstitucionalidad del artículo 21 del Código de Procedimiento Penal que establece que el funcionario judicial deberá adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible. El ciudadano consideraba que esta norma vulneraba el artículo 29 de la Constitución en tanto iba en contra de los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia. Según el actor el derecho al debido proceso es vulnerado porque se faculta al funcionario judicial para adoptar cualquier clase de medidas, incluso contra la Constitución y la ley, tendientes a lograr los efectos de la infracción penal, el restablecimiento de las cosas a su estado anterior y la indemnización de los perjuicios ocasionados con la conducta punible. También se violaría el principio de presunción de inocencia porque la norma acusada faculta al funcionario judicial para tomar esas medidas sin que previamente se haya establecido la responsabilidad de la persona. La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la norma, afirmando que estas medidas tienen pleno respaldo constitucional, al contemplarlas la misma Carta Política como medios de protección de la vida, bienes y demás derechos y libertades de las personas. También como medio adecuado para hacer comparecer a los presuntos infractores de la ley penal antes las autoridades competentes (C.P. art. 28); así como lograr, si fuere del caso, el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito. La Corte aclaró que no es cierto que los funcionarios judiciales puedan adoptar cualquier clase de medida para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, o para que las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible, puesto que ellos sólo podrán tomar las medidas que estimen necesarias conforme a la ley, habida consideración del caso concreto, lo cual debe decidirlo el juez en cada evento, previo cumplimiento del procedimiento que la misma ley establece. Respecto al principio de presunción de inocencia, la Corte considera que la misma Constitución autoriza que se adopten medidas de aseguramiento y cautelares antes de la definición de la responsabilidad del presunto infractor de la ley penal. La adopción de ese tipo de medidas no implica desde ningún punto de vista la determinación prematura de la responsabilidad penal de la persona, siendo por ende tales medidas plenamente compatibles con el principio de la presunción de inocencia, el cual sólo se puede desvirtuar con la sentencia definitiva dictada por el juez competente una vez cuente con los elementos de
    • juicios necesarios y pertinentes para arribar a esa conclusión nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-775-03 II.4. Acción popular en el proceso penal II.4.1. La acción popular dentro del proceso penal es una acción diferente a la acción popular reconocida constitucionalmente La Corte Constitucional aclaró que la acción popular consagrada en el Código de Procedimiento Penal no es la misma acción popular para prevenir la vulneración de los derechos colectivos que establece el artículo 88 de la Constitución. La primera es una acción de carácter civil para lograr el resarcimiento de los daños colectivos ocasionados por el delito. Esto significa que la acción popular del proceso penal tiene un propósito esencialmente indemnizatorio. Si esa acción popular en el proceso penal busca el resarcimiento de un perjuicio colectivo provocado por el delito, entonces se entiende que la acción prospera cuando ha sido demostrado ese daño colectivo que debe ser reparado. Por ello, no existe vulneración al debido proceso en que la norma ordene al juez señalar el monto de los perjuicios ocasionados, si dicha acción prospera en el proceso penal. La existencia de una acción popular preventiva de índole constitucional no impide que la ley establezca una acción civil popular distinta que busque en el proceso penal la reparación de daño a derechos e intereses colectivos derivado de un delito. Por estas razones la Corte declaró exequible la disposición del CPP que prescribe la obligación del juez de señalar el monto de los perjuicios colectivos ocasionados por la conducta punible cuando se haya intentado la acción popular y ésta prospere nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-032-03 II.4.2. Las causales de rechazo de demanda de parte civil en acción civil popular son taxativas El actor interpuso acción de tutela pues considera vulnerados sus derechos al debido proceso, a acceder a la administración de justicia y a ejercer las acciones populares en defensa de los derechos colectivos, por cuanto la demanda de parte civil que interpuso, en proceso penal adelantado por los presuntos delitos de peculado y celebración indebida de contratos, fue rechazada. La Corte al conceder el amparo solicitado sostuvo que “Las causales de rechazo
    • de la demanda están taxativamente señaladas en el artículo 50 y por implicar el rechazo una especie de sanción al demandante no le es permitido legalmente al juez o fiscal invocar motivos o causales distintos a los que expresamente prescribe la ley. No se requiere de una regulación expresa de la ley, diferente a la contenida en el art. 88 de la Constitución Política y en las normas del Código de Procedimiento Penal que se han mencionado, para legitimar una acción popular tendiente a obtener el pago de los perjuicios presuntamente sufridos por los usuarios del servicio de energía eléctrica, con ocasión de los hechos ilícitos a que alude Fundepúblico. En efecto, la acción popular en este caso se ha instaurado con fines resarcitorios y en beneficio de los referidos usuarios, como lo autoriza la ley procesal. Por lo tanto, aquélla se identifica, en principio, como una acción de grupo o de clase. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que las providencias de la fiscalía que se cuestionan, configuran una vía de hecho, que es manifiesta; porque se invocaron hechos o circunstancias que no están establecidos como causal o motivo de rechazo de la demanda de parte civil, y se anticipó la definición de una cuestión de fondo que es materia de la sentencia. Con dicho proceder, la fiscalía vulneró el debido proceso y al acceso a la justicia” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-536-94 II.4.3. Condiciones que debe reunir el actor popular en un proceso penal Un representante de una organización no gubernamental interpuso demanda de acción civil popular dentro del proceso penal adelantado por la fiscalía contra un general retirado, por la comisión de hechos punibles relacionados con la creación de grupos paramilitares. En esta demanda se hacía una relación detallada de diversos hechos realizados, según el demandante, por militares y paramilitares, y que involucran a varias personas (el demandante indica los nombres de las personas muertas u objeto de maltratos -torturas, golpizas, descuartizamientos, etc.-) e identifica las comunidades amenazadas, hechos que el demandante consideraba como delitos de lesa humanidad. El Fiscal General rechazó la constitución de parte civil-actor popular argumentando básicamente que el demandante no era víctima de los hechos punibles que él denuncia y que relata en su demanda. La fiscalía también precisó que el delito por el cual estaba investigado el general retirado no era de los considerados como de lesa humanidad sino por “organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley”. Como quiera que tal conducta no
    • guarda relación con crímenes de lesa humanidad, no puede el demandante actuar como “representante de la humanidad”. El demandante presentó recurso de reposición el cual fue resuelto de manera negativa a sus pretensiones, con los mismos argumentos mencionados. Considerando que con esta actuación la fiscalía ha violado el derecho fundamental a la justicia, el demandante interpuso acción de tutela. La Corte Constitucional, en decisión que amparó los derechos al debido proceso, a la verdad y a la justicia del demandante, revocó las decisiones del Fiscal General de la Nación mediante las cuales rechazó la constitución de parte civil solicitada y le ordenó admitir la demanda de constitución de parte civil. La Corte admitió la legitimidad del demandante para constituirse en actor civil popular considerando, en primer lugar, el interés de la sociedad en su conjunto para establecer la verdad y la justicia, y, en segundo lugar, las características del demandante. Frente al primer aspecto, la Corte señaló que existen hechos punibles respecto de los cuales el interés de las víctimas y de los perjudicados en conocer la verdad de los hechos y en establecer responsabilidades individuales, se proyecta a la sociedad en su conjunto. La definición de los hechos punibles que suponen un interés de la sociedad en conocer la verdad y hacer justicia la encuentra en el sistema internacional de los derechos humanos, específicamente, los que consagran los crímenes de lesa humanidad. Teniendo en cuenta que se trata de hechos punibles trascendentales para la comunidad internacional y habida consideración de la naturaleza de los mismos, resulta claro que existe una identidad común, pues ellos implican graves atentados contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y una severa puesta en peligro de la paz colectiva. De acuerdo con lo expuesto, es razonable asumir que existe una relación entre la gravedad del hecho punible y la existencia de un interés de la sociedad en conocer la verdad y hacer justicia. En el plano interno los hechos punibles que pueden tener dicho efecto no se limitan a los crímenes de lesa humanidad o violación del Derecho Internacional Humanitario. Las condiciones particulares del país obligan a reconocer que otras conductas pueden tener una alta capacidad de alteración de la paz colectiva. Cuando quiera que el bien jurídico supone una protección de los mínimos de civilidad –en principio y no de manera exclusiva, respeto por los derechos humanos, respeto por el Derecho Internacional Humanitario y el respeto de la paz y seguridad colectiva -, el interés que legitima la conformación de la parte civil no se limita a un interés individual o de una comunidad determinada. En
    • presencia de tales hechos punibles, está en jaque la sociedad entera y el conocimiento de la verdad y el logro de la justicia adquieren una mayor significación, pues se tornan en condiciones básicas para mantener la concordia y la paz. En presencia de hechos punibles que impliquen graves atentados contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y una grave puesta en peligro de la paz colectiva, valorados por el respectivo juez o fiscal, debe admitirse la participación de la sociedad –a través de un actor popular -, como parte civil en el proceso penal. Respecto a las características que debe tener el actor popular –en casos de graves atentados contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y una grave puesta en peligro de la paz colectiva- la Corte ha dicho que deberá reunir condiciones que aseguren que no se trata de una persona con mera intención vindicativa, sino que demuestre un genuino compromiso con el esclarecimiento de los hechos investigados y con la promoción y protección de los valores jurídicos antes mencionados. Bajo tales condiciones, no podía el fiscal, si se daban las circunstancias, negarse a autorizar la conformación de la parte civil –por parte del demandante- en el proceso. Una negativa en tal sentido constituye una decisión judicial violatoria de la Constitución y de derechos fundamentales. La negativa del fiscal argumentando que el proceso se adelanta no por la comisión de hechos punibles calificables de lesa humanidad, sino por “organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley”, resulta del todo insuficiente, pues no explica si la organización, promoción, o financiación de grupos al margen de la ley, por parte de un general de la República, tiene capacidad para alterar la seguridad y paz colectiva. Así mismo, según se desprende de la denuncia del demandante, la participación del general retirado fue mucho más allá. El demandante ha demostrado un genuino interés por establecer la verdad y lograr la justicia en relación con los hechos acaecidos en la zona de Urabá durante los años 1997 y 1998. No puede pasar desapercibido que el demandante ha intentado por diversos medios informar al Estado colombiano sobre la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos de los residentes de la zona. También, que el demandante no ha dudado en señalar los presuntos responsables y llegar a la conclusión de que se trata de una conducta sistemática y coordinada o planificada, de tal envergadura, que admiten, en su concepto, el calificativo de delitos de lesa humanidad. La denuncia formal de tales hechos y su intento por constituirse en parte civil –como actor popular- son prueba de la intención real, y no meramente vindicativa, de lograr la protección y respeto de los derechos humanos en Colombia.
    • Dada la gravedad de las denuncias y el supuesto carácter sistemático y planificado de las mismas, resulta desproporcionado exigir que una comunidad aislada (y posiblemente, en extremo temerosa) comprenda la dimensión de un “ataque sistemático” contra la población civil. En punto a los delitos de lesa humanidad, dada la exigencia internacional de sistematicidad y planificación, es natural que sean personas ajenas a la comunidad, con capacidad para observar un espectro mayor, quienes estén en situación de identificar y denunciar la comisión de tales hechos. Por lo mismo, también les asiste un interés genuino nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-249-03. Ver también Sentencia T-589-05 II.4.4. Violación de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia de ong por rechazo de demanda de constitución de actor civil popular en proceso penal Una ONG presentó demanda de constitución de parte civil como actor popular, con el objetivo de buscar la verdad y la justicia dentro de un proceso penal por concierto para delinquir, en concurso con otras modalidades punibles, por el desplazamiento forzado de pobladores de un corregimiento por parte de las Autodefensas Unidad de Colombia, al considerar que la conducta investigada lesionó el derecho colectivo a la seguridad pública. La Asociación interpuso acción de tutela por vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, después de dos resoluciones impartidas por distintos funcionarios de la Fiscalía General que rechazaron la demanda de constitución de parte civil como actor popular por cuanto no se había señalado el domicilio de los perjudicados con las conductas punibles; no se había acreditado la calidad de perjudicado directo de las conductas objeto de la investigación y porque la demanda de parte civil en el proceso penal tiene como única finalidad el restablecimiento de los perjuicios que se ha ocasionado a los directos perjudicados con la conducta punible. La Corte Constitucional al tutelar los derechos fundamentales de la Asociación, señaló que el rechazo de la admisión de la demanda de constitución de parte civil como actor popular constituyó vía de hecho y violación de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, porque: 1- La decisión se adoptó con fundamento en normas ostensiblemente inaplicable,
    • desviándose de la observancia de las normas procesales relacionadas con el trámite de constitución de parte civil, con lo cual se pretermitió la oportunidad procesal para corregir la demanda y desconociéndose el derecho a la Asociación respecto a que la actividad jurisdiccional termine con decisión de fondo sobre las pretensiones de la demanda, por cuanto que de conformidad con las normas procesales penales vigentes – Arts. 48, 51 y 52 del Código de procedimiento Penal- la falta de identificación del domicilio de los perjudicados no debe dar lugar al rechazo de plano de la demanda de constitución de parte civil, sino a la que da lugar a la inadmisión de la demanda y 2- Estaban acreditados los requisitos para constituirse en actor civil popular. La conducta punible que se investigaba, concierto para delinquir, era contraria a la seguridad pública, lo que es una afectación de un interés jurídico colectivo, como se desprende del artículo 88 de la Carta Política y del artículo 4º de la Ley 472 de 1998. La intervención procesal en la calidad de actor civil popular busca restablecer a favor de la colectividad “los mínimos de civilidad” afectados por los graves atentados contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario atribuidos presuntamente a las Autodefensas Unidas de Colombia en la región de La Gabarra, con conductas como la desaparición forzada, la tortura, el desplazamiento forzado y la extorsión, que constituyen delitos de lesa humanidad – Ley 742 de 2002, artículo 7º y finalmente, porque del material probatorio quedó demostrado que el genuino interés del demandante era esclarecer la verdad y lograr la aplicación efectiva de la justicia respecto de los hechos investigados, fines que le corresponden a la parte civil de conformidad con el constitucionalismo moderno y en la jurisprudencia de la Corte. La Corte al amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia ordenó revocar los fallos de tutela que se revisaron; declarar sin valor ni efecto las resoluciones que rechazaron la demanda de constitución de parte civil; a la Fiscalía Delegada de la Unidad de derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación que en el término de 48 horas, a partir de la notificación, proceda a admitir la demanda de constitución de parte civil presentada por Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, en calidad de actor popular y levantar la suspensión de términos que se había ordenado en el proceso. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-589-05 II.5. Indemnización de daños y perjuicios
    • II.5.1. El limite de los 1.000 salarios mínimos legales, del artículo 97 cp, corresponde a indemnización de daños morales cuyo valor no fue determinado en el proceso La Corte Constitucional se pronunció frente a la acción de inconstitucionalidad del artículo 97 del Código Penal, Ley 599 de 2000, sobre el límite de 1.000 salarios mínimos legales mensuales que establece el citado artículo, como indemnización de daños ocasionados con la conducta punible, los factores de tasación y el requisito de que los daños materiales deben probarse dentro del proceso. Para el actor, el límite impuesto por la norma demandada vulnera los derechos de las víctimas de la conducta punible, a la igualdad y a una reparación integral que compense efectivamente el daño sufrido. La Corte declara exequible de manera condicionada el inciso primero sobre el límite de 1.000 salarios mínimos establecido en el artículo 97 citado, en el entendido de que ese límite se aplica exclusivamente a la parte de indemnización de daños morales cuyo valor no fue objetivamente determinado en el proceso penal, dado que esa interpretación es la que más se ajusta a la Constitución, porque: 1- Si este límite se aplicara a los perjuicios materiales, la disposición resultaría claramente desproporcionada y contraria a la Constitución frente a los derechos de la víctima a la reparación en los eventos en que los daños causados por la conducta punible supere dicho monto, incluso en los casos en que los daños materiales cuya valoración suponga una apreciación de elementos de difícil cuantificación, la disposición demandada impondría una carga desproporcionada sobre los derechos de las víctimas y perjudicados que impediría su reparación integral y podría llegar a convertir en irrisoria la compensación que se obtenga en el proceso penal, por ejemplo en casos como los daños ambientales cuyo impacto futuro es de difícil, pero no imposible valoración. También señaló la Corte que examinada la disposición cuestionada en relación con un contexto normativo más amplio y si se tienen en cuenta las disposiciones civiles y contencioso administrativas que regulan la responsabilidad derivada del delito, se podrían presentar situaciones en las que las víctimas y perjudicados lograrían la reparación integral en el proceso civil o en el contencioso administrativo, pero no en el proceso penal. Esta limitación impediría la tutela efectiva de los derechos e intereses jurídicos protegidos por el Derecho Penal, cuando el valor del daño causado fuera superior al monto máximo fijado por el artículo demandado y en esos mismos casos se comprometería, además, el derecho a acceder a la justicia; 2- Que se entienda que el límite no es aplicable a los perjuicios materiales lo que no afecta de manera
    • manifiestamente desproporcionada los derechos del condenado, puesto que la reparación que reconocerá el juez penal corresponderá al daño efectivamente causado cuya existencia y cuantía han sido probados en el proceso penal, aun en los casos de daños materiales de difícil valoración, puesto que la decisión judicial no dependerá de su criterio subjetivo, sino de las pruebas que reposen en el proceso penal; 3- En el caso de los perjuicios morales objetivables, si se estableciera que los perjuicios, de acuerdo con los criterios en que tales pueden ser valorados pecuniariamente, superan el límite fijado por el Legislador, habría una afectación grave del interés de la víctima para lograr la indemnización integral de los perjuicios que se le han ocasionado y cuyo quántum está probado, es decir, que el límite establecido en la norma demandada resultaría manifiestamente desproporcionado frente al derecho de las víctimas a la reparación integral. 4- Frente a los perjuicios morales esta desproporción es más evidente, en cuanto que ni en la jurisdicción civil ni en la contencioso administrativa existe una disposición legal que restrinja la discrecionalidad del juez para decidir la reparación de perjuicios morales, por lo que interpretar que el límite cuestionado se aplica, tanto a daños morales objetivables como a los meramente subjetivos, haría que la reparación integral de los perjuicios sólo se lograría por fuera del proceso penal en los eventos en los que éstos puedan ser valorados en una cuantía superior a los 1.000 salarios mínimos mensuales; 5- Frente a los daños morales que no puedan ser objetivamente estimados, el límite fijo establecido en la norma demandada responde tanto al interés de evitar la arbitrariedad en la decisión, como el de garantizar la reparación integral de las víctimas, resulta ser conforme a la Constitución, puesto que no afecta de manera manifiestamente desproporcionada el derecho de la parte civil a la reparación integral de los daños causados, ni impone cargas irrazonables o desproporcionadas a los derechos al debido proceso y a la libertad del procesado. 6 – No se aprecia un desconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial puesto que todo lo probado será indemnizado sin que límites legislativos impidan compensar justamente los perjuicios cuya existencia real y cuyo quántum fueron demostrados y 7- El derecho a acceder a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva no se vulneran, puesto que, respecto de los perjuicios morales no objetivamente cuantificados, la parte civil solo ha probado su existencia más no su quántum y es precisamente eso lo que justifica que el juez tase el monto que no pudo ser objetivamente valorado en el proceso. La Corte al tratar el punto relacionado con el principio de igualdad condiciona, además, la interpretación del artículo demandado en el sentido de establecer que
    • el límite se aplicará a la indemnización de dichos daños cuando la fuente de la obligación sea únicamente la conducta punible, porque no obstante que tal interpretación guarda consonancia con el artículo 16 de la Ley 446, en donde el Legislador ha buscado unificar los criterios para orientar la fijación del monto de los perjuicios con el fin de garantizar el derecho a la reparación integral dentro de cualquier proceso, cuando la fuente de la obligación de indemnizar no sea únicamente la conducta punible, en virtud de las normas que regulan otras formas de ilicitud o de antijuridicidad diferente a la penal, no existe razón para aplicar el tope a los daños morales cuyo valor pecuniario no fue objetivamente determinado en el proceso nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-916-02 II.5.2. Compatibilidad del derecho a la verdad y a la justicia con la figura de la indemnización integral como causal de extinción de la acción penal Se demandó por inconstitucional la expresión “indemnización integral” del artículo 32 de la Ley 600 de 2000 que se ocupa de la extinción de la acción penal y el artículo 42 de la misma ley sobre indemnización integral. El demandante sostuvo que la expresión señalada era inconstitucional porque al extinguirse la acción penal con el pago de la indemnización no se tenía en cuenta que la parte civil en el proceso penal también busca otros objetivos como encontrar la verdad de los hechos y sancionar al responsable y que, al permitir dicha extinción de la acción penal se quebrantaba el artículo 29 de la Constitución, puesto que se incitaba a que el sindicado pague la multa así no se considere culpable, lo que impide que se ejerza el derecho de defensa. La Corte declaró exequibles las normas demandadas al considerar que los derechos a la verdad y a la justicia son derechos compatibles con la indemnización de perjuicios como causal de extinción de la acción penal y que además dichas garantías resultan inescindibles de la indemnización integral, ya que: 1- La indemnización integral de perjuicios como causal de la acción penal es una vía idónea para alcanzar el ideal de justicia y de verdad garantizados por la Carta Política; 2- En ejercicio de la libertad de configuración el Legislador tiene amplia libertad para determinar las causales de extinción del proceso penal, sin que para ello incurra en medidas arbitrarias y desproporcionadas. En este caso ello no ocurre ya que el mecanismo es proporcional a los derechos de las partes en el proceso penal y es racional desde la perspectiva del respeto de los derechos constitucionales; 3- Al establecerse que la indemnización integral extingue la acción penal no se desconocen los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia, ya que dicha indemnización tiene implícito un ideal de justicia que
    • consiste en reparar el daño causado por el delito, además de que el derecho de las víctimas a obtener la verdad y la justicia en el proceso penal no es absoluto y, por ende, esta sometido a limitaciones razonables; 4 –El derecho a la verdad y a la justicia deben ceder ante la realización de los principios de “economía procesal y de gastos”, lo que “redunda en beneficio de la víctima, del inculpado y de la propia funcionabilidad del aparato punitivo del Estado y contribuye necesariamente a la racionalización del sistema penal”, pues la “extinción de la acción penal por reparación integral del daño posee la virtud de asegurar en cierto modo la justicia material”,ya que el proceso penal no es retaliatorio y su finalidad no consiste, exclusivamente, en sancionar al infractor. Además, la Corte señaló que existen otras razones relativas a la operabilidad de la indemnización integral de perjuicios como causal de la extinción de la acción penal que muestran su proporcionalidad y razonabilidad en la protección de los derechos de las víctimas. En primer lugar, la enumeración de los delitos cuya acción penal se extingue por la indemnización integral, que aparece en el artículo 42 demandado, muestra el interés del Legislador por limitar este mecanismo de terminación del proceso a casos especiales en los que la afección del orden social y de los intereses públicos es menor. En segundo término, no puede concluirse que la ley estimula la impunidad y descuida los derechos de las víctimas al permitir que el proceso penal termine por indemnización integral, pues la herramienta legislativa tiene restricciones que buscan compensar sus efectos jurídicos con los intereses de la sociedad, como la prohibición de extinguir la acción penal por indemnización integral si dentro de los cinco años anteriores se ha decretado, respecto del mismo procesado, resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento por indemnización integral. En tercer lugar, es evidente que cuando se produce la extinción de la acción penal por indemnización integral se produce un reconocimiento de la autoría del ilícito, lo cual respeta, en cierta medida, el derecho que tiene la víctima a conocer la verdad del proceso respecto del penalmente responsable. Finalmente, la extinción de la acción penal por indemnización integral es una manera de realizar el ideal de justicia puesto que el concepto de reparación del daño hace parte de otro concepto que consiste en obligar al infractor a hacerse cargo de la responsabilidad que implica el quebrantamiento de la ley nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-899-03 II.5.3. Prohibición de iniciar o proseguir la acción civil cuando el procesado es absuelto penalmente por haber actuado en ejercicio de un deber legal no
    • vulnera el derecho de la víctima a recibir indemnización En acción de inconstitucionalidad fue demandado ante la Corte Constitucional el artículo 57, parcial, de la Ley 600 de 2000, relacionado con los efectos de la cosa juzgada penal absolutoria y específicamente la expresión “o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal”, como situación en la cual la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado por sentencia en firme que el actuar del sindicado se realizó en esa situación. Señala el demandante que la expresión demandada es inconstitucional, puesto que impide que la víctima tenga acceso a la justicia para que se le indemnice por los perjuicios a los cuales tiene derecho, porque si bien es cierto que es razonable que no se considere penalmente responsable al sindicado, nada justifica el que no se indemnice a la víctima pues de igual manera se le habría causado un perjuicio que ha de ser subsanado a pesar de haber sido causado en desarrollo de un deber legal. Así lo dispone el artículo 90 de la Constitución. Al declarar la exequibilidad de las expresión demandada, únicamente por los cargos analizados en esta providencia, se puede afirmar que la Corte llegó a la conclusión que no se vulnera el derecho de la víctima a recibir indemnización al establecer la norma la imposibilidad de iniciar o proseguir la acción civil cuando el procesado sea absuelto penalmente por haber actuado en ejercicio de un deber legal. La situación planteada está conforme con la Constitución, porque: 1Cuando se actúa en estricto cumplimiento de un deber legal se descarta que el resultado típico sea producto del dolo o culpa del procesado y ello conlleva, por lo que atañe al cargo de la demanda, la absolución del infractor por esa situación y que se extingua la acción civil. y 2- El cargo dirigido por el demandante contra la expresión “ que obró en estricto cumplimiento de un deber legal” no tiene fundamento constitucional, en tanto que del artículo 90 de la Constitución se desprende que el daño antijurídico es aquel que proviene de la conducta del Estado y que la víctima no estaba en la obligación de soportarlo, de lo que se puede concluir, en primer lugar, que el daño antijurídico al que se hace referencia en el cargo de la demanda no necesariamente proviene de la conducta ilícita o antijurídica del Estado, sino que puede tener origen en una conducta lícita y en cuanto el artículo constitucional aquí referenciado establece una clara diferencia entre la responsabilidad del Estado y la que se puede deducir de sus agentes. De esta segunda consideración se puede concluir que el hecho de que el agente estatal actúe en ejercicio de un deber legal no incide en la indemnización que merece el afectado. Siempre y cuando el daño sea antijurídico, el responsable frente al particular es el Estado, no el agente, y la sujeción o desconocimiento de la conducta del último al deber legal establecido no modifica en nada el derecho a ser indemnizado. En suma, las conductas lícitas desplegadas por los agentes del
    • Estado, es decir, aquellas que se realizan en cumplimiento de un deber legal, no impiden que el Estado indemnice a la víctima que ha sufrido un daño antijurídico. Simplemente, impiden que el Estado repita contra el agente que causa el daño nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-899-03 II.5.4. Prohibición de iniciar o proseguir la acción civil cuando el procesado es absuelto penalmente por haber actuado en legitima defensa no vulnera el derecho de la víctima a recibir indemnización En acción de inconstitucionalidad fue demandado ante la Corte Constitucional el artículo 57, parcial- de la Ley 600 de 200, relacionado con los efectos de la cosa juzgada penal absolutoria y específicamente la expresión “o en legítima defensa”, como situación en la cual la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado por sentencia en firme que el actuar del procesado se realizó en esa situación. Señala el demandante que dicha expresión es inconstitucional, porque si bien se podría argumentar que habrá ocasiones en que quien obre en legítima defensa sea exonerado de indemnizar los perjuicio civiles por considerar que los daños fueron causados por causa exclusiva de la víctima, habrá otras ocasiones en que no sucederá de esta forma, por ejemplo, cuando se trate de la legítima defensa subjetiva. En este último caso, la víctima tiene derecho a acudir a la justicia para que se le indemnicen los daños causados, pero por disposición del aparte demandado, no podrá gozar de este derecho. La Corte, al declarar la exequibilidad de la expresión “ o en legítima defensa, señaló que es posible deducir que cuando el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal establece esa causal de exoneración de la responsabilidad civil, se refiere a la legítima defensa objetiva y no al error de conducta respecto de la causal de antijuridicidad denominada legítima defensa. Esta diferencia de trato en la terminología del Código Penal, que no menciona la legítima defensa subjetiva cuando hace alusión a ella, sino que la incluye en el régimen del error exculpativo, permite concluir que el artículo acusado se refiere a la legítima defensa objetiva y no a la subjetiva. Atendiendo a las razones anteriores, el cargo de la demanda no está llamado a prosperar, pues a la luz del artículo 57 del CPP la legítima defensa subjetiva no constituye causal de exoneración de responsabilidad civil, premisa de la cual parte el actor para controvertir la disposición normativa nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia C-899-03 II.6. Acción de revisión II.6.1. En procesos con decisiones absolutorias por violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario. límites al principio non bis in ídem La Corte Constitucional se pronunció frente a la acción de inconstitucionalidad del artículo 220 numeral 3º parcial del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000 que establece, como causal de la acción de revisión, la aparición de nuevos hechos o pruebas después de la sentencia condenatoria, que establezcan la inocencia o inimputabilidad del condenado. El actor consideró que la expresión “ que establezcan la inocencia del condenado o su inimputablidad” contenida en la norma ya citada, viola el artículo 13 de la Constitución, porque solo opera en favor del procesado y no cuando los hechos nuevos o las pruebas no conocidas pudieran dar lugar a una responsabilidad penal más grave y una mayor indemnización. La Corte señaló que aunque el actor dirige el cargo únicamente contra la expresión que dice “ que establezcan la inocencia del condenado o su inimputabilidad”, aparte del ordinal 3º del artículo 220 ya citado, es necesario aplicar la unidad normativa y examinar también la constitucionalidad de la expresión “condenatoria”, del mismo ordinal. La Corte al pronunciarse declara la exequibilidad de todo el numeral 3º del artículo 220, de manera condicionada. Considera la Corte que, en tratándose de hechos punibles en general, las expresiones demandadas son constitucionales puesto que son el desarrollo legítimo de la garantía del principio non bis in ídem, se protege la seguridad jurídica y la limitación genérica de los derechos de las víctimas no es en sí misma excesiva. Señala la Corte que en los casos de impunidad en violaciones de los derechos humanos y de infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, la restricción impuesta por las expresiones acusadas es desproporcionada frente a los derechos de las víctimas y la búsqueda de un orden justo, lo que exige una limitación al principio non bis in ídem, para permitir la reapertura de esas investigaciones, si surge un hecho o prueba nueva desconocida en los debates procesales, porque: 1- Para las víctimas y los perjudicados por una violación a los derechos humanos, la situación resulta aún más intolerable, pues su dignidad humana es vulnerada en cierta medida doblemente, ya que esas personas no sólo
    • fueron lesionadas por un comportamiento atroz sino que, además, deben soportar la indiferencia del Estado, que incumple en forma protuberante con su obligación de esclarecer esos actos, sancionar a los responsables y reparar a los afectados; 2En esos casos, en que el Estado en forma protuberante dejó de lado su deber de investigar seriamente esas violaciones a los derechos humanos, no perturba en forma muy intensa la seguridad jurídica, por la sencilla razón de que en esos procesos las autoridades realmente no realizaron una investigación seria e imparcial de los hechos punibles y 3- Por la anterior razón, la persona absuelta en realidad nunca estuvo seriamente procesada ni enjuiciada, por lo que una reapertura de la investigación no implica una afectación intensa del non bis in ídem. En esos eventos, incluso si no existe un hecho o prueba nueva, los derechos de las víctimas también exigen una limitación al non bis in ídem, a fin de permitir la reapertura de esas investigaciones, pues la cosa juzgada de la que gozaba la persona absuelta no era más que aparente, ya que en el fondo, debido a las omisiones protuberantes del Estado, no existió realmente un proceso contra ese individuo. La Corte consideró que era preciso armonizar la procedencia de esta causal 3° del art. 220 del CPP, en los casos de decisiones absolutorias, con la regulación establecida por ese mismo artículo en los ordinales 4° y 5°, que también prevé la acción de revisión contra decisiones absolutorias. Por consiguiente, así como esos ordinales 4° y 5° consagran la existencia de decisiones judiciales en firme como requisito de procedibilidad para que pueda intentarse una acción de revisión, la Corte considera que esa exigencia formal también debe operar, mutatis mutandis, en los eventos en que quiera intentarse una acción de revisión, con base en la causal 3°, contra una decisión absolutoria, que haya puesto fin a un proceso por una violación de derechos humanos o por una infracción grave al Derecho Internacional Humanitario. Por lo tanto, la Corte Constitucional al declarar exequible el numeral 3° del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal, lo hizo en el entendido que la acción de revisión por esta causal también procede en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria, siempre y cuando se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, y un pronunciamiento judicial interno, o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, haya constatado la existencia del hecho nuevo o de la prueba no conocida al tiempo de los debates. Igualmente, procede la acción de revisión contra la preclusión de la
    • investigación, la cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria, en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo de los debates, siempre y cuando una decisión judicial interna o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, constaten un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las mencionadas violaciones nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-004-03 III. Derechos del tercero civilmente responsable III.1. Garantía del debido proceso, el derecho de defensa y el principio de igualdad en el proceso penal Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 69 y 70 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, relacionada con la vinculación del tercero civilmente responsable dentro del proceso penal y la forma como debe hacerse la contestación de la demanda, porque a juicio del actor tales normas vulneraban el principio de presunción de inocencia, el derecho al debido proceso y al derecho de defensa y el principio de igualdad. La Corte declaró exequibles los artículos 69 y 70, porque: 1- No es cierto que el tercero civilmente responsable pueda ser vinculado al proceso penal sin necesidad de demostrar el nexo causal con el daño que sirve de fundamento para probar la existencia de su obligación de reparar, porque el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 69, señala que la demanda de responsabilidad contra el tercero civilmente debe cumplir con los mismos requisitos de la demanda de parte civil, dentro de las que se destacan que la parte civil debe señalar los eventos que causaron los daños y su monto, la persona o personas que considera presuntamente responsables, los fundamentos jurídicos de sus pretensiones, es decir, las razones de las que se deriva la obligación de reparar del tercero civilmente responsable y, finalmente, las pruebas que pretende hacer valer; 2- Aunque en materia civil no se aplica, como en el proceso penal, el principio de presunción de inocencia, el tercer civilmente responsable solo podrá ser obligado a pagar la indemnización cuando exista sentencia condenatoria y se demuestre que debe responder de conformidad con la ley civil.
    • 3- Al tercero civilmente responsable se le garantizan sus derechos al debido proceso y a la defensa en el proceso penal, en cuanto, entre otros aspectos, una vez constituido en sujeto procesal puede solicitar pruebas y controvertir las presentadas para demostrar la existencia de la obligación de reparar; puede hacer llamamientos en garantía, denunciar el pleito o alegar nulidades; podrá alegar aquellas excepciones que normalmente podría interponer ante la jurisdicción civil, que no hayan sido expresamente señaladas en el Código de Procedimiento Penal y no sean incompatibles con la naturaleza del proceso penal y 4- Las garantías procesales incluidas en el Código de Procedimiento Penal están orientadas a asegurar que el tercero civilmente responsable pueda defenderse adecuadamente de las imputaciones que se le hagan, controvertir las pruebas presentadas por la parte civil y solicitar las que sean necesarias para exonerarse de la obligación de responder civilmente y aunque algunas de tales garantías pueden diferir de las establecidas en el ordenamiento civil, no implica un desconocimiento de sus derechos de defensa ni una violación al principio de igualdad nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-1075-02 III.2. Vía de hecho por violación del derecho de defensa por falta de notificación al tercero civilmente responsable Una persona interpuso acción de tutela por considerar que se le había vulnerado su derecho de defensa, dado que nunca se le notificó según las prescripciones legales, que había sido vinculado a un proceso penal como tercero civilmente responsable, ya que el juzgador consideró que éste podría haberse enterado de tal providencia por ser el sindicado pariente del actor. La Corte consideró que constituye vía de hecho condenar a quien no se le ha dado la oportunidad de defenderse. Los accionados no observaron el procedimiento legal para que el auto admisorio de la demanda se pueda tener como legalmente conocido, sino que decidieron conforme su propio convencimiento, y éste proceder en materia de notificaciones resulta inaceptable. Lo anterior, porque puede suceder que los convocados a un proceso adquieran, por fuera del mismo, el conocimiento de que son requeridos que, en algunos casos, dada la cercanía de las partes en conflicto, puede llegar inclusive a suministrar mayor información que la que brinda el trámite legal establecido para el efecto, pero dado que el juzgador debe asegurar la intervención del vinculado, debe tener certeza, y no únicamente convicción de que la notificación se produjo,
    • porque lo cierto admite ser verificado y es oponible al obligado, en tanto lo simplemente intuido, debe quedarse en el fuero interno del juzgador. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-022-02 III.3. Vía de hecho por violación del derecho de defensa del tercero civilmente responsable al haber sido condenado sin haber sido vinculado como tal Una persona interpuso acción de tutela por considerar vulnerado su derecho de defensa, dado que nunca fue vinculado al proceso penal como tercero civilmente responsable. La Corte tuteló el derecho del actor sosteniendo que las medidas dirigidas a hacer efectiva la condena a la reparación de perjuicios por el daño causado mediante una infracción a la ley penal, no pueden afectar a quienes no fueron previamente obligados a la prestación, ya sea porque siendo sindicados fueron absueltos, o porque, en su condición de terceros civilmente responsables, no fueron vinculados al proceso. La iniciación de la acción penal no supone el comienzo de la acción civil y la aceptación de esta última no implica la vinculación al proceso del tercero civilmente responsable dado que mientras la acción penal se origina en la realización del hecho punible, la acción civil requiere de la presentación de una demanda, y la vinculación del tercero civilmente responsable exige, además de la plena identificación del implicado, la mención de lo que de él se pretende y el fundamento que la acompaña –porque el perjudicado puede prescindir de obtener el resarcimiento del daño, u optar por perseguirlo mediante un proceso civil. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-799-01 III.4. Vía de hecho por condena en perjuicios a tercero no llamado en demanda de parte civil El actor interpuso acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso y defensa, pues fue condenado como tercero civilmente responsable, sin que en la demanda de parte civil fuera llamado a responder como tal. La Corte, al tutelar el derecho del actor, sostuvo que teniendo como principio que el ejercicio de la acción civil le corresponde al sujeto activo de la obligación derivada del delito, el funcionario judicial que conoce del proceso no es competente para adoptar decisiones que le corresponden única y exclusivamente a la parte civil, como el llamamiento al proceso del tercero civilmente responsable, potestad que es propia del ofendido y se ejerce a través de una
    • demanda de constitución de parte civil. La Corte considera que se presentó una violación al derecho fundamental al debido proceso, pues se condenó a una persona a la que no se había vinculado debidamente al proceso, y ello constituye una vía de hecho” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-258-98 IV. Instituciones propias del proceso penal ordinario deben respetar el derecho al debido proceso IV.1. Medidas propias de la investigación penal IV.1.1. Regulación del allanamiento Se demandaron los artículos 343 (parcial), 344 (parcial) y 345 del Decreto Ley 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior) que hacen referencia a la figura del allanamiento. La Corte, al declararlos exequibles sostuvo que para el registro del domicilio son tres los requisitos exigidos a las autoridades: la existencia de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, el respeto a las formalidades legales y un motivo previamente definido en la ley. De estos requisitos, se desprenden las siguientes consecuencias: el respeto al debido proceso que debe presidir la expedición de una orden de allanamiento y su práctica, la reserva legal pues sólo la ley puede establecer los eventos en los cuales es posible el registro del domicilio y, por último, una reserva judicial ya que una orden de esta naturaleza proviene, según el nuevo ordenamiento constitucional, exclusivamente de las autoridades judiciales. Empero, el régimen constitucional que, tratándose de la inviolabilidad del domicilio, impone la reserva judicial, es exceptuado por la misma Carta en dos hipótesis: las situaciones de detención preventiva administrativa y de flagrancia. Para la Corte, la efectividad de la diligencia se vería seriamente comprometida si tuviera que procederse a notificar la providencia que la adopta y a surtir el trámite de unos recursos. No significa lo anterior la absoluta falta de controles sobre la diligencia que, según el artículo 343 del CPP, opera cuando "haya serios motivos", excluyen la arbitrariedad y abren la posibilidad al ejercicio de los controles provenientes por ejemplo, de los organismos de vigilancia y control del Estado y aun de los superiores del funcionario que procede a su práctica. Las simples sospechas que no permitan inferir objetivamente la configuración de los supuestos que la norma acusada consagra, no sirven de base para la adopción de
    • la medida. La decisión de efectuar el allanamiento es adoptada "por funcionario judicial" y mediante "providencia motivada", lo que es indicativo de la observancia cabal de los requisitos constitucionales a los que se aludió. La flagrancia corresponde a una situación actual que torna imperiosa la actuación inmediata de las autoridades, cuya respuesta pronta y urgente impide la obtención previa de la orden judicial para allanar y la concurrencia del fiscal a quien, en las circunstancias anotadas, no podría exigírsele que esté presente por la celeridad e inmediatez que las situaciones de flagrancia requieren, permitiendo, de ese modo, la culminación de una conducta delictiva que pudo haber sido evitada mediante la penetración oportuna de la autoridad al lugar de los hechos, o la evasión del responsable, situaciones éstas que se revelan contrarias a la Constitución. En cuanto a la presencia de un delegado del fiscal en las diligencias de allanamiento, la Corte considera que esta previsión tiene asidero en las funciones que el artículo 250 de la Constitución encarga a la fiscalía General que son distintas de las que atañen al Fiscal General de la Nación en los términos del artículo 251 superior. En cuanto al allanamiento especial previsto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Penal, la Corte considera que por recaer la orden de allanamiento sobre bienes muebles e inmuebles sometidos por virtud del principio de extraterritorialidad de la ley a una jurisdicción extranjera que los hace inmunes al ordenamiento del país en que se encuentren, no obstante hallarse en territorio extranjero, deben respetarse los trámites previstos en la disposición censurada de conformidad con lo preceptuado por el Derecho Internacional y los tratados ratificados por Colombia. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-657-96 IV.1.2. La orden de registro y allanamiento expedida por el fiscal general de la nación o sus delegados debe determinar los lugares que se van a registrar Se demandó la inconstitucionalidad de la frase “La orden expedida por el fiscal deberá determinar los lugares que se van a registrar” contenida en el artículo 14 de la Ley 1142 de 2007, “por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”, que modificó el artículo 222 de la Ley 906 de 2004, sobre alcance de registro y allanamientos. Los demandantes consideraron vulnerados los artículos 28 de la Constitución, 11
    • de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por cuanto al suprimirse en la modificación demandada la expresión “con precisión", el fiscal no tendría la obligación de identificar de forma clara los lugares a registrar, como anteriormente la tenía. La identificación precisa de los lugares a registrar “constituye un presupuesto necesario para evitar arbitrariedades e impedir diligencias en lugares ajenos a la realización de la conducta” y se dirige a “garantizar la proporcionalidad en la afectación del derecho a la inviolabilidad del domicilio…”. La Corte Constitucional declaró exequible la frase demandada. Siguiendo las razones de la Corte se puede afirmar que la norma demandada exige que en la orden de registro o allanamiento expedida por el Fiscal o su delegado se determinen los lugares donde será efectiva la medida “y de no poder hacerlo la descripción exacta de aquéllos”, por lo que no se conculca el derecho a la inviolabilidad del domicilio establecido en el artículo 28 de la Constitución y se guarda la reserva judicial que se requiere para este tipo de medidas. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-131-09 IV.1.3. La orden del fiscal para prorrogar la orden de interceptación de comunicaciones telefónicas y similares deberá estar sometida a control previo del juez de control de garantías respectivo Se demandó la inconstitucionalidad de la expresión “a juicio del fiscal” contenida en el inciso final del 15 de la Ley 1142 de 2007, “por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”, que modificó el artículo 235 de la Ley 906 de 2004 sobre prórroga de la orden del fiscal de la interceptación de comunicaciones telefónicas y similares. Los demandantes consideraron que el aparte demandado de la norma citada vulnera “la reserva judicial para la limitación del derecho a la intimidad consagrada en el artículo 15 de la Constitución Política”, toda vez que el fiscal de conformidad con la expresión demandada no necesita el control del juez de garantías para la prórroga para la interceptación señalada La Corte Constitucional declaró exequible la expresión demandada de manera condicionada. De conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional se puede afirmar que la expresión demandada, según la cual la orden de prórroga de interceptación de comunicaciones telefónicas y similares corresponde al fiscal contraviene el
    • numeral 3° del artículo 250 de la Carta Política “...En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello”, concretamente el principio de reserva judicial en la protección del derecho a la intimidad, por cuanto que la prórroga de la orden de las mencionadas interceptaciones implica la afectación de derechos fundamentales y por ende requiere de la autorización del juez de control de garantías. Por eso la Corte declaró la exequibilidad de la expresión demandada, “bajo el entendido de que en todo caso, la orden del Fiscal de prorrogar la interceptación de comunicaciones y similares deberá ser sometida al control previo de legalidad por parte del Juez de Control de Garantías”. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-131-09 IV.1.4. En aquellos casos en los que un juez ha declarado la invalidez de la diligencia de registro y allanamiento adelantada por orden de un fiscal, ya sea porque la encontró ilegal o inconstitucional, todo aquello que de ella se deriva debe carecer de valor y, en tal virtud, no puede generar consecuencias válidas para la investigación o para el proceso penal Se demandó el artículo 232 parcial de la Ley 906 de 2004. La disposición referida a la utilización de las pruebas provenientes de registros o allanamientos declarados nulos para fines de la impugnación, estima el demandante es violatorio del artículo 29 Superior, en tanto permite que algunas pruebas obtenidas con violación al debido proceso sean consideradas en una actuación dentro del proceso penal. A juicio de la Corte, ningún elemento material probatorio o evidencia física obtenida en diligencia ilegal o inconstitucional puede producir efectos jurídicos en cualquier etapa procesal en el que se presente, pues eso no sólo constituye flagrante violación del debido proceso sino un mecanismo de arbitrariedad y abuso del poder estatal. Agregó, que la prueba ilícita debe ser retirada de todo el proceso penal de tal forma que no quede vestigio alguno de su contenido, por lo que la cláusula de exclusión de las evidencias o materiales probatorios obtenidos en allanamientos y registros nulos no sólo consiste en la expulsión material de esos elementos sino también en el retiro definitivo de aquellos en la mente del juez. Dicho de otro modo, la prueba ilícita debe excluirse del proceso y de la operación intelectual que hace el juez, pues a él corresponde despojarse de su conocimiento e impedir la valoración que de pruebas inconstitucionales pueda
    • hacer el juez de segunda instancia. Debe evitarse, entonces, la contaminación del proceso penal y del proceso volitivo del juez, por lo que no resulta admisible que la prueba ilícita sea evaluada en segunda instancia. La Corte declaró inexequible la disposición acusada. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-210-07 IV.1.5. En la audiencia de revisión de legalidad de las medidas de registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones, actuación de agentes encubiertos, entrega vigilada de objetos, búsqueda selectiva en base de datos y práctica de exámenes de adn, cuando se practican en la indagación previa, debe permitirse la participación del indagado y su defensor Se demanda la inconstitucionalidad de los artículos 237 parcial, 242 parcial, 243, 244 parcial y 245 de la Ley 906 de 2004, bajo el argumento que desconoce los artículos 2, 4, 13, 29 y 229 de la Constitución Política, y los artículos 14 del Pacto Universal de Derechos Humanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A juicio de la Corte, se trata de una posibilidad que coadyuva en el propósito de no excluir al indiciado de la facultad legítima de ejercer en toda su dimensión sus derechos de defensa y contradicción, pues una restricción de esa naturaleza podría incidir negativamente en el desarrollo de las etapas subsiguientes del proceso, en desmedro claro de los intereses del procesado. También busca garantizar el derecho de igualdad de armas, pues siendo el modelo de tendencia acusatoria un proceso adversarial, facilitar la participación de la defensa en la audiencia de control de legalidad, la coloca en condiciones de igualdad frente al ente investigador, no solo por el hecho de que éste sí está expresamente autorizado por la ley para hacer presencia en dicha audiencia, sino además, porque le permite al investigado controvertir la legitimidad de la medida practicada. La jurisprudencia ha dejado dicho que si desde el inicio de la investigación no existe proporcionalidad frente al ejercicio del derecho a la defensa, „fácilmente la persona puede pasar de investigada, a imputada, a acusada y a condenada; sin haber actuado en equilibrio de fuerzas con quien lo investiga, (…) razón por la cual, existiría una clara violación al derecho de igualdad y al derecho de defensa‟. nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia C-029-09 IV.1.6. Todo elemento probatorio y evidencia física que se encuentre en un allanamiento o registro, efectuado con fundamento en una orden viciada, queda contaminado, carece de validez y debe ser excluido de la actuación Se demandó ante la Corte Constitucional, la inconstitucionalidad de la expresión “ directa y exclusivamente” del artículo 232 de la Ley 906 de 2004 “ Por la cual se expide el Código de procedimiento Penal”, relacionado con la cláusula de exclusión en materia de registros y allanamientos. Los fundamentos de la demanda se pueden presentar así: De conformidad con la expresión demandada, los elementos indirectos provenientes de una orden de registro y allanamiento emitida por el fiscal, viciada por carencia de alguno de los requisitos esenciales previstos en el código, mantendrían su valor y esto sería contrario a la Constitución porque el artículo 29 inciso 5º señala que “toda prueba obtenida con violación al debido proceso es nula de pleno derecho sin que el constituyente distinga entre la prueba directa y la indirecta”. La Corte señaló que el “ ejercicio de una adecuada interpretación constitucional no puede limitarse a tomar en consideración, de manera aislada, el enunciado invocado en este caso por la demandante”, sino que es preciso situarlo en un contexto determinado, el cual será objeto del respectivo control de constitucionalidad.” La Corte examinó de manera global el artículo 232 del nuevo C.P.P. La Corte al declarar inexequible la expresión “directa y exclusivamente” del artículo 232 de la Ley 906 de 2004 señaló: “la disposición acusada dispone, que tan sólo aquellos elementos probatorios y evidencia física que dependa de manera directa y exclusiva de ella carecen de validez y serán excluidos de la actuación, con lo que se restringe el alcance del artículo 29 constitucional para los efectos del registro y allanamiento. En otras palabras, de conformidad con el artículo 29 Superior, cuando se efectúe un allanamiento o registro, con fundamento en una orden viciada, por carencia de alguno de los requisitos esenciales previstos para el efecto, es decir, con violación del debido proceso, por tratarse de una diligencia afectada de invalidez, todo elemento probatorio y evidencia física que allí se encuentre y sea obtenida en la misma queda contaminada, carece de validez y debe ser excluido de la actuación, y no solamente aquellas que dependan directa y exclusivamente. Cuando “en la diligencia inválida, de acuerdo a lo considerado anteriormente, se
    • encontraren elementos o evidencias materiales no vinculadas con el proceso pero que ameriten otra investigación penal, implicará el deber del funcionario que realiza la diligencia de ponerlos a disposición de la autoridad competente para el efecto, para que sean tenidos como evidencia material pero no como prueba de responsabilidad.” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-591-05 IV.1.7. Prohibición de interceptar y reproducir comunicaciones sin orden judicial Se demandó el artículo 351 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior), que autorizaba a las autoridades de policía judicial para que, en casos de flagrancia, interceptaran y reprodujeran comunicaciones, sin que se requiriera orden judicial. La Corte, al declararlo inexequible, sostuvo que el artículo 15 de la Constitución en su inciso tercero consigna en relación con la correspondencia y con las demás formas de comunicación las aludidas reservas legal y judicial; empero, se echa de menos en la disciplina constitucional de estas materias la consagración de excepciones al requisito de la orden judicial para proceder a interceptar o registrar y tampoco aparece en la Carta, autorización al Legislador para establecerlas. Así las cosas y por ser las excepciones de interpretación estricta, no es acertado ni jurídico pretender una extensión de lo plasmado en el artículo 32 de la Carta cuyo tenor literal es por lo demás nítido, para cobijar por la excepción allí contemplada, los supuestos regulados por el artículo 15 superior cuyo texto, utiliza el adverbio "solo" para significar que en ningún evento podrá procederse a interceptar o a registrar la correspondencia y las demás formas de comunicación privada sin que medie la orden judicial. Lo que corresponde al dominio legal es el señalamiento de los casos y del procedimiento, más no está autorizada la ley para dispensar de la orden judicial. En todos los casos que la ley establezca se requiere orden judicial para interceptar o registrar las comunicaciones lo que "implica una clara y terminante exclusión constitucional de la autoridad administrativa". Ni siquiera en el artículo 38 de la Ley 137 de 1994, estatutaria de los estados de excepción, que se refiere a las facultades del Gobierno durante el estado de conmoción interior, se prescinde de la orden de autoridad judicial competente” nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia C-657-96 IV.1.8. La policía judicial podrá adelantar el registro y allanamiento de un bien, dentro de la investigación penal, sin requerir previamente la orden escrita de la fiscalía general de la nación cuando medie consentimiento libre y expreso del propietario o tenedor del bien objeto del registro o de quien pueda ser afectado por el procedimiento, pero deberá someterse tal actuación al juez de control de garantías para que valore sí el consentimiento fue libre y expreso o fue arbitrario o abusivo. Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 230, numeral 1 de la de la Ley 906 de 2004, relacionada con la excepción de exigir orden escrita de la Fiscalía General para que la Policía Judicial pueda proceder al registro y allanamiento, cuando exista “consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien objeto del registro, o de quien tenga interés por ser afectado durante el procedimiento. En esta eventualidad, no se considerará como suficiente la mera ausencia de objeciones por parte del interesado, sino que deberá acreditarse la libertad del afectado al manifestar la autorización para el registro.”, por considerar el demandante que con tal determinación se vulnera el derecho a la intimidad establecido en el artículos 15 de la Constitución Política. La Corte Constitucional declaró el aparte de la norma demandada compatible con la Cata Política y por ende exequible. La Corte consideró que el consentimiento libre y expreso del propietario o tenedor del bien objeto de registro o de quien pueda ser afectado por el procedimiento constituye una excepción, razonable y proporcionada, a la exigencia de la existencia de la orden escrita por parte de la Fiscalía General de la Nación, para proceder al registro y allanamiento de un bien, en cuanto que el consentimiento de esta manera expresado por los titulares de los derechos afectados supera la sospecha de arbitrariedad que podría darse en un allanamiento sin previa orden escrita y sin ese consentimiento. La norma demandada contiene un motivo previamente establecido: la investigación penal y la formalidad que consiste en que el consentimiento sea libre y expreso, por lo que la ausencia de objeciones por parte del interesado es insuficiente. La Corte señaló que dicho allanamiento “debe someterse al examen del juez de control de garantías, quien valorará en cada caso si el consentimiento dado por el afectado por la diligencia de allanamiento fue libre y expreso, o si por el contrario fue fruto de un acto arbitrario o abusivo. nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia C-806-09 IV.1.9. Ley de seguridad y defensa nacional IV.1.10. Control de legalidad posterior a las ordenes de registro y allanamiento Se demandó la inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 16 de la Ley 1142 de 2007, “por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”, que modificó el artículo 237 de la Ley 906 de 2004 sobre audiencia de control de legalidad posterior al cumplimiento de las órdenes de registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de información dejada al navegar por Internet u otros medios similares. Los demandantes consideraron vulnerados el artículo 250 numeral 2 de la Constitución Política que, entre otros aspectos, señala la obligación del juez de garantías de efectuar el control posterior correspondiente, a más tardar dentro de las 36 horas siguientes, cuando el fiscal adelante registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones, para determinar su validez, por cuanto la norma demandada establece que la audiencia para realizar este control de legalidad debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes al “cumplimiento”, situación que resulta grave cuando se trate de ejecución continuada de aquéllas medidas, por que el control sólo se presentaría una vez termine de ejecutarse la orden. Por lo que tal audiencia podría darse a los tres o seis meses después de expedidas las órdenes. La Corte Constitucional declaró que la disposición demandada es compatible con la Carta Política. La Corte señaló que de conformidad con el análisis sistemático del artículo 250 inciso 2ª constitucional y de los artículos 228, 233, 235, y 236 de la Ley 906 de 2004, de la cual la norma demandada es común, “al contemplar el control de legalidad posterior a esas medidas, incluida la orden, dentro de las 24 horas siguientes a su cumplimiento.” Lo anterior mantiene incólume el artículo 250 inciso 2ª constitucional que obliga, para efectos de determinar la validez de las medidas restrictivas de derechos fundamentales, al control posterior por parte del juez de control de garantías, dentro de las 36 horas siguientes, cuando el fiscal adelante registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones y no altera lo perceptuado en los artículos 14 y 154 de la Ley 906 de 2004, sobre el límite máximo de 36 horas “para que el Juez de Garantías
    • efectúe la respectiva audiencia de control de legalidad formal y material de esas actuaciones, siendo veinticuatro (24) horas un término razonable que se encuentra dentro del margen de configuración del legislador.” También dijo la Corte “Y, en los casos expresamente referidos, será aplicable analógicamente lo concerniente a los registros y allanamientos, entre estos el artículo 228, que establece un término máximo de 12 horas para que la policía judicial informe a la Fiscalía y ponga a su disposición lo recabado.” La Corte finalizó señalando que “… de acuerdo con el análisis que antecede, bajo la rigurosidad del término de 36 horas establecido en el artículo 250 de la Carta Política para estas actuaciones, aparecen incólumes las garantías de las partes y de los intervinientes en el proceso penal y los principios que regulan la administración de justicia, entre ellos el de la reserva judicial.” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-131-09 IV.1.10.1. Inconstitucionalidad de una norma que establece el deber del fiscal general de la nación de suministrar al gobierno nacional y al ministerio de defensa información sobre investigaciones penales que adelanta Mediante sentencia de constitucionalidad la Corte analizó la exequibilidad de la Ley 684 de 2001, Ley de Seguridad y Defensa Nacional. Aun cuando la Corte consideró que la estructura básica de la ley era inconstitucional, analizó otros aspectos puntuales de la misma. Así frente al deber del fiscal de suministrar permanentemente información sobre las investigaciones que se adelantan, que imponía dicha ley a través del artículo 25, la Corte sostuvo que la obligación que establece la norma desborda los lineamientos constitucionales. Además, cuando hace referencia a “casos especiales” en los que el Ministerio de Defensa podrá solicitar información con carácter urgente, no sólo desconoce que es el fiscal quien está facultado para entregar la información y no el Ministerio para exigirla, sino que además desconoce que el nivel al cual se desarrolla la colaboración es el más elevado, según la propia Constitución, que se refiere al Fiscal General y al Gobierno. Es pues una colaboración cuyos partícipes fueron definidos directamente por la Carta. La regulación acusada crea también una ambigüedad, pues la norma no permite claridad alguna acerca de cuáles son esos “casos especiales”, afectando aún más la autonomía e independencia propia del fiscal.
    • Todo ello demuestra entonces que el artículo 25 de la ley, independientemente considerado, también resulta contrario a la Constitución. Sin embargo, la Corte precisa que nada impide que dentro del respeto de las respectivas órbitas de competencia, el Fiscal General y el Gobierno, sin invadir la autonomía e independencia de la rama judicial, acuerden mecanismos de suministro de información, siempre que se preserve la reserva del sumario y no se comprometa el buen curso del proceso penal. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-251-02 IV.1.10.2. Inconstitucionalidad de una disposición que encarga de la ejecución de las órdenes presidenciales al comandante que asuma el control de la zona teatro de operaciones, cuya aplicación será de manera inmediata y de forma preferente sobre las de los gobernadores y alcaldes de la zona La Corte, al analizar la creación de los teatros de operaciones, sostuvo que no puede la suprema comandancia de las Fuerzas Militares extenderse ilimitadamente, hasta el punto de subordinar a figuras institucionales que hacen parte del mismo poder civil. El que las órdenes e instrucciones del Presidente deban ser acatadas por las autoridades departamentales y municipales, no implica llegar al extremo de someterlas al poder militar. Ello representa una restricción de la facultad presidencial de impartir órdenes y adoptar decisiones en materia de orden público, que se apliquen de manera inmediata, sin intermediación de ningún estamento, y en forma preferente, en cualquier lugar del territorio nacional, como lo dispone el artículo 296 de la Carta. No es admisible la intermediación militar en las órdenes entre el Presidente y los mandatarios seccionales. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-251-02 IV.1.10.3. Inconstitucionalidad de la disposición que establece el registro de la población civil en la zona de teatro de operaciones El inciso final del artículo 54 de la Ley 684 de 2001 diseña un mecanismo de “registro de la población” y exige a las personas el suministro de información cuando exista cambio de domicilio. El registro incluye el deber de revelar la profesión, el oficio o la actividad de cada persona, lo cual representa una amenaza a otros derechos fundamentales. La limitación de la libertad de locomoción y otros derechos a través de esta figura no redunda sobre la libertad misma, sino que por el contrario extrema el control total del Estado sobre sus
    • asociados. En consecuencia la Corte concluye que en este punto la norma también es contraria a la Constitución y señala que, para que con base en la figura del teatro de operaciones pudieran limitarse los derechos de las personas, debería éste estar condicionado a la declaración previa de un Estado de excepción. El mismo estado de normalidad sobre el cual están justificados los teatros de operaciones, con todas sus particularidades, lleva a la conclusión que sostener su existencia vulnera las obligaciones asumidas por Colombia cuando ratificó y adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-251-02 IV.1.10.4. Inconstitucionalidad de la disposición que otorga funciones de policía judicial a los miembros de las fuerzas militares Frente al otorgamiento de funciones de policía judicial a los miembros de la Fuerza Pública, la Corte sostuvo que este rompe la dependencia funcional entre quienes realizan estas labores y el fiscal. Incluso la integración de las unidades de policía judicial con militares equivale a una intromisión de la administración en la función jurisdiccional. El resultado de ello sería confiar a un aparato institucional, cuya razón se orienta a un uso táctico de la fuerza, a que enderece esa misma razón a la libre interpretación de los hechos y de las normas con un sentido de justicia. Lo anterior genera una disfuncionalidad inconstitucional ya que las Fuerzas Militares exhiben un carácter estrictamente jerarquizado y adoptan una disciplina rígida frente a las órdenes superiores. Por tanto su régimen propio y el contexto histórico en el que actúan no se concilian con la independencia e imparcialidad inherentes a la policía judicial, atributos característicos de la función jurisdiccional a la cual sirve. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-251-02 IV.1.10.5. Inconstitucionalidad de lo dispuesto en una norma, según la cual el capturado en flagrancia se pondrá a disposición de la autoridad judicial competente mediante comunicación verbal: garantía para la protección integral de la persona privada de la libertad Frente a la falta de entrega física en los casos de captura en flagrancia, la Corte sostuvo que resulta abiertamente contrario a los propósitos del artículo 28 de la
    • Constitución disponer que se entiende que la persona ha quedado a disposición de la autoridad judicial con la mera comunicación de su captura. Es obligación entregar físicamente al aprehendido a la autoridad judicial. La orden de entregar la persona a una autoridad judicial no tiene como objetivo exclusivo establecer aspectos de competencia en materia de privación de la libertad, sino que opera como una garantía para la protección integral de la persona. Por lo anterior, no resulta pertinente considerar la existencia del recurso de hábeas corpus para enfrentar las privaciones ilegítimas de la libertad, pues su existencia no autoriza al Estado a eliminar o flexibilizar los controles sobre la aprehensión. El recurso al hábeas corpus ha de ser excepcional y no debe constituir un medio ordinario de defensa. El cumplimiento de los deberes de protección en cabeza del Estado no pueden supeditarse a la solicitud de la víctima de las violaciones; el Estado tiene la obligación permanente de no incurrir en conductas que irrespeten los derechos de las personas privadas de la libertad. La inconstitucionalidad de la norma deriva del hecho de entender que a partir de la comunicación la persona se entiende “a disposición” de la autoridad judicial. La obligación legal de comunicar, coadyuva a garantizar los derechos constitucionales del retenido, pero en ningún momento puede suplir la obligación de entregar. La Corte entiende que la expresión “término de la distancia” es de carácter restrictivo, únicamente aplicable en las situaciones en las cuales, sin lugar a dudas y de manera absolutamente necesaria, debe postergarse la entrega. Únicamente bajo estas circunstancias puede hablarse de una debida justificación, la cual no puede ser autorizada por vía general en la ley, sino apreciada caso por caso por la autoridad judicial nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-251-02 IV.2. Instituciones propias de la etapa de investigación IV.2.1. La facultad de ordenar la conducción que tiene el funcionario judicial para que el procesado rinda indagatoria es una limitación legítima del derecho a la libertad La Corte Constitucional declaró exequible la facultad del funcionario para ordenar la conducción del imputado a la diligencia de indagatoria, cuando este no comparezca (art. 336 CPP). Para la Corte, la libertad es un derecho fundamental de las personas que debe ser objeto de especial protección por parte de las autoridades, pero este derecho no es absoluto, pues puede ser restringido en el
    • evento en que se profiera por una autoridad judicial competente una orden escrita que reúna los requisitos que la ley imponga para el efecto y obedezca a los motivos previamente señalados por el Legislador. Esta restricción de la libertad hecha por el Legislador debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, como ocurre siempre que se dispone la limitación de un derecho fundamental reconocido por la Constitución. En la fijación de las condiciones en las que resulte posible la privación de la libertad, el Legislador goza de un margen de apreciación inscrito dentro de la denominada libertad de configuración que le permite, en cuanto representante del pueblo, traducir en normas legales sus decisiones, adoptadas como respuesta a problemas latentes de la sociedad y que son el resultado de un proceso en el que normalmente se involucran consideraciones y valoraciones de naturaleza política. Sin embargo, esa libertad del Legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución. La Corte se ha referido específicamente a la posibilidad de restringir la libertad personal con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines de la investigación penal. Al respecto ha señalado concretamente que la Constitución Política al encomendarle al Estado colombiano, a través de sus autoridades, la consecución de la prosperidad general, la garantía y efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta, la participación de los ciudadanos en la vida de la Nación la independencia de la misma, la convivencia pacífica, y el orden justo (art. 2 CP), le entregó igualmente las herramientas necesarias para el cumplimiento de dichos fines. Ha de tenerse en cuenta igualmente que la Constitución le asigna a la fiscalía General de la Nación, el deber de “Asegurar la comparencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito”. La Corte pone de presente que el funcionario a quien corresponde la investigación del hecho punible por el cual el imputado debe rendir indagatoria, actúa en cumplimiento de formalidades legales, es decir, que se haya realizado previamente la citación personal a que se refiere el artículo 336 de la Ley 600 de 2000 y que ante la renuencia a comparecer del imputado así notificado y con el único fin de garantizar la practica de la diligencia, ordena su conducción, lo que resulta plenamente acorde con los requisitos para restringir la libertad de las personas en los términos del artículo 28 constitucional.
    • Al respecto, resulta pertinente reiterar que las autoridades judiciales, en ejercicio del poder punitivo del Estado, están en la obligación de perseguir y reprimir el delito, para lo cual han sido dotados de herramientas que pueden ir desde la persuasión hasta el uso de la fuerza. Ello con el objeto de asegurar la vigencia del orden jurídico y garantizar los derechos y deberes de todos los ciudadanos. En el caso específico, el funcionario judicial puede ordenar la conducción del imputado para realizar la diligencia de indagatoria a la que previamente fue citado, en tanto éste se niegue a comparecer y por tanto incumpla con su deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia. La diligencia de indagatoria está rodeada en el ordenamiento penal vigente de una serie de garantías tendientes a asegurar el respeto del derecho al debido proceso del imputado y en particular de su derecho de defensa nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-330-03 IV.2.2. Declaratoria de persona ausente En sentencia de constitucionalidad la Corte analizó la exequibilidad de los artículos 136, 313, 356, 384, 385 y 387 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal), que consagraban la declaratoria de persona ausente y los cuales fueron demandados por considerar que con ellos se estaba incentivando el seguimiento de procesos a espaldas del acusado y sin su presencia. La Corte declaró la exequibilidad de estas normas al considerar que la declaración de persona ausente es una medida con que cuenta la administración de justicia para cumplir en forma permanente y eficaz la función que el Constituyente le ha asignado y, por tanto, al estar comprometida en ella el interés general no puede postergarse so pretexto de que el procesado no ha comparecido al llamado de la justicia, y esperar a que éste voluntariamente se presente o que sea capturado o que la acción penal prescriba, sino que la actuación procesal debe adelantarse procurando por todos los medios posibles comunicar al sindicado la existencia de la investigación que cursa en su contra y designarle un defensor de oficio que lo represente en el ejercicio de su derecho; además de brindarle mecanismos legales que le permitan obtener la corrección de los vicios y errores en que se haya podido incurrir por falta de adecuada defensa. Considera la Corte pertinente señalar que los procesos que se adelanten con persona ausente no vulneran el derecho a la igualdad de los sindicados, pues estos cuentan con las mismas garantías y oportunidades procesales concedidas a quienes están presentes en el mismo, las cuales pueden ser ejercidas por el
    • defensor que el sindicado nombre o por el defensor de oficio. nota 1 En otro caso, al conocer sobre sobre una demanda en la que el actor alegó vulneración a su derecho fundamental al debido proceso, en tanto no se agotaron todos los medios necesarios antes de que fuera declarado persona ausente en el que dictó sentencia condenatoria en su contra, la Corte encontró que la Fiscalía había cumplido parcialmente con los requisitos formales para la declaratoria de persona ausente, al i) ordenar la vinculación del peticionario mediante indagatoria, ii) realizar su emplazamiento por edicto, y iii) proferir una resolución motivada para la declaratoria. En la revisión del proceso constató la realización de algunas diligencias adicionales para garantizar la comparecencia del imputado al proceso. La Fiscalía solicitó información a los centros penitenciarios de la región y, además, intentó notificar dos decisiones a través de la emisora de San Vicente, Antioquia, "ambiente estéreo". Con todo, el cumplimiento fue apenas parcial, pues en la resolución de declaratoria de persona ausente, no se consignaron las diligencias realizadas para ubicar al imputado, lo que demuestra una falta de coordinación entre las autoridades judiciales y policiales o, simplemente, que no se realizó ninguna diligencia; y, lo que resulta mucho más grave e inexplicable, no se intentó notificar al imputado a través de sus padres, su esposa o su hermano, cuando esta posibilidad se desprendía directamente de la segunda declaración rendida por el padre de la víctima. nota 2 En otra sentencia, al conocer un caso de una persona que consideraba que la Fiscalía General de la Nación le había vulnerado sus derechos porque no había agotado todos los medios para comunicarle sobre la existencia de un proceso penal en su contra, la Corte precisó que "cuando son agotados los medios con los que razonablemente cuenta la Fiscalía para que el sindicado comparezca al proceso penal, no se vulnera el derechos al debido proceso. nota 3 1. Corte Constitucional, Sentencia C-488-96, reiterada en la Sentencia C-627-96 2. Corte Constitucional, Sentencia T-737-07 3. Corte Constitucional, Sentencia T-517-09 IV.2.3. La posibilidad de ordenar la captura del indiciado, no presupone el desconocimiento del derecho a la presunción de inocencia del procesado Se demanda la inconstitucionalidad del vocablo “indiciado” contenido en los artículos 219, 230, 297 y 298 de la Ley 906 de 2005, por contrariar supuestamente los artículos 28, 29 y 250 de la Constitución.
    • Para la Corte, no debe olvidarse que ésta lo ampara desde que se inicia el proceso hasta el momento en que el funcionario judicial lo declara penalmente responsable, por medio de sentencia ejecutoriada. Así mismo, recalcó que se trata de una medida de protección de la sociedad frente al delito y a asegurar la comparecencia ante los jueces. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-479-07 IV.2.4. Las condiciones para que la fiscalía general de la nación lleve a cabo capturas excepcionales, deben estar plasmados claramente en la ley y no pueden quedar a discreción de quien ordena la captura Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 21 de la Ley 1142 de 2007, por infringir los artículos 2, 4, 28, 93 y 250 de la Constitución, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 9 del PIDCP. La Corte indicó que en cuanto a las formalidades que deben darse para la expedición de la orden, en la captura ordenada por el juez de control de garantías, el artículo 296 de la Ley 906 de 2004 exige orden previa escrita con las formalidades legales, y motivada. En la captura excepcional por el Fiscal o su delegado, también se exige orden escrita y motivada. En cuanto al fundamento que justifica la expedición de la orden de captura, en la captura ordenada por el juez de control de garantías, el artículo 19 de la Ley 1142 de 2007, exige la existencia de “motivos razonablemente fundados,” los cuales, según lo que establece el artículo 221 de la Ley 906 de 2004, deben estar sustentados en informes de la policía judicial, en declaraciones juradas de testigos o informantes, o en elementos materiales probatorios y evidencia física. Por su parte, el artículo 21 de la Ley 1142 de 2007 señala que la orden de captura excepcional dictada por el Fiscal General o su delegado debe estar fundada en motivos serios y de fuerza mayor, que muestren que no se encuentra disponible un juez que pueda proferir la medida. En este evento, la norma no exige expresamente que tales motivos estén fundados en elementos probatorios, ni que la motivación deba basarse en una constatación fáctica de la imposibilidad de acudir a un juez de control de garantías para que expida la orden. Estos elementos carecen de la suficiente concreción, precisión y determinación que requiere la fijación de los límites y eventos en que excepcionalmente la Fiscalía General puede realizar capturas, tal y como lo exige el artículo 250 (1) Superior. La expresión “motivos serios y de fuerza mayor” y el criterio de la falta de “disponibilidad” del juez de control de garantías, dan lugar a las más variadas hipótesis y supuestos que dejan a la discrecionalidad del propio fiscal que ha de efectuar la captura, la determinación de esas circunstancias.
    • Por lo anterior, encuentra la Corte que el empleo del calificativo “serios” que se le otorga a los motivos por los cuales no se encuentra disponible un juez para ordenar una captura, es ambiguo e indeterminado. En estas condiciones, el Fiscal General de la Nación o su delegado pueden fijar a su arbitrio cuándo un motivo es lo suficientemente serio para demostrar que el juez de control de garantías no se encuentra disponible, sin que tal demostración tenga como base un fundamento objetivo que justifique esta medida excepcional, en materia tan grave como lo es la restricción de la libertad. Así mismo, considera la Corte que los motivos de fuerza mayor en el contexto de la norma, exigen un esfuerzo interpretativo que queda en cabeza de quien aplica la medida, con una amplitud tal que se desvirtúa la excepcionalidad que previó el constituyente para una medida tan restrictiva de la libertad. En esas condiciones, esos calificativos no cumplen en manera alguna, los parámetros del principio de legalidad consagrado por la Constitución en su artículo 29 ni por los lineamientos señalados en la jurisprudencia constitucional, pues los motivos y las condiciones para restringir la libertad deben ser plasmados claramente en la ley y no pueden quedar a discreción de quien ordene la captura. La exigencia de que haya “motivos serios y de fuerza mayor” impone una carga probatoria inferior al fiscal que la que tiene el juez de control de garantías para ordenar la captura de una persona. La vaguedad de estos dos criterios, el hecho de que es el propio fiscal el que los aprecia de manera subjetiva y la amplitud de interpretaciones a que ellos dan lugar, pueden llegar a convertir en regla general la captura ordenada por el Fiscal General. Por esta razón, serán declaradas inexequibles estas dos expresiones. También encuentra la Corte que el criterio “disponible” es ambiguo y permite una amplitud de interpretaciones al arbitrio del Fiscal o su delegado que permitiría convertir la expedición excepcional de órdenes de captura en una regla general. En efecto, dentro del concepto “disponible” cabe que el juez no exista, no esté en el lugar, no sea accesible, no está a disposición del fiscal, no responda a las solicitudes del fiscal de manera oportuna, en fin. Por lo tanto, esta expresión también es declarada inexequible. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-185-08 IV.2.5. Detención preventiva IV.2.5.1. La figura de la detención preventiva no vulnera el principio de presunción de inocencia Mediante acción de inconstitucionalidad se demandaron los artículos 388, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 404 a 409, 417, 418 del Decreto Ley 2700 de 1991
    • (Código de Procedimiento Penal anterior) y los artículos 354 a 367 de la Ley 600 de 2000 (nuevo Código de procedimiento Penal). A juicio del demandante, las disposiciones acusadas vulneran la Constitución por permitir la aplicación de la figura de la detención preventiva, ya que para desvirtuar la presunción de inocencia es necesaria la determinación de culpabilidad de un sindicado por parte de una autoridad judicial competente, a través de una sentencia condenatoria en firme, mientras esto no ocurra la presunción es vinculante, y por lo tanto no puede ser detenido ni siquiera preventivamente, ya que de hacerlo se estaría vulnerado la consagración de su inocencia y su libertad personal. La Corte sostuvo que la presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de derecho fundamental, por virtud del cual el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las autoridades judiciales competentes la demostración de la culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, mas allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado. Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del agente se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado. El artículo 28 de la Carta representa la cláusula general de tutela, al mismo tiempo que establece los fundamentos jurídicos mediante los cuales se admite su restricción, al disponer que: "Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado..", salvo que concurran tres requisitos: 1) mandamiento escrito de autoridad judicial competente, 2) que se expida con la observancia de las formalidades legales y 3) por la existencia de motivos previamente definidos en la ley. Si bien el derecho a la libertad personal no hace parte del bloque de constitucionalidad, no por eso debe desconocerse que su interpretación debe realizarse de acuerdo con sus mandatos. Frente a la presunción de inocencia, la Corte considera que los disposiciones de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia sí forman parte del bloque de constitucionalidad, toda vez que la presunción de inocencia es un derecho humano, el cual no es susceptible de limitación o restricción en los estados de excepción, ya que si el derecho al debido proceso y el principio de legalidad no admiten restricción alguna, menos aún la presunción de inocencia, derecho fundamental a partir del cual se edifican las garantías jurídicas citadas. Las medidas cautelares deben ser decretadas por intermedio de
    • una autoridad judicial con un carácter eminentemente provisional o temporal y bajo el cumplimiento de los estrictos requisitos que la Constitución y la ley prevén. Las medidas de aseguramiento para imputables reconocidas en Colombia mediante el Decreto 2700 de 1991, son: la caución juratoria o prendaria, la conminación y la detención preventiva o domiciliaria. De acuerdo con la Ley 600 de 2000, nuevo Código de Procedimiento Penal: “solamente se tendrá como medida de aseguramiento para imputables la detención preventiva”. La procedencia de la detención preventiva tiene como sustento legal el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales que el ordenamiento impone, estructurados bajo un criterio de graduación punitiva, situación de flagrancia, y en ciertos casos vinculado a delitos taxativamente reconocidos por el Legislador. La Corte ha determinado la constitucionalidad de supuestos que permiten la aplicación de la detención preventiva, con el entendido de que corresponde a la órbita de configuración legislativa determinar, con los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, cuál ha de ser la política punitiva del Estado. La procedencia constitucional de la detención preventiva se encuentra reglada en la Carta y reconocida por las normas rectoras del nuevo Código de Procedimiento Penal, según las cuales, los criterios legales de procedencia de la detención preventiva deben concurrir con los mandatos constitucionales, de tal manera que si la detención se ordena sin considerar los principios y valores que inspiran la Constitución, el presunto infractor de la ley penal, su defensor o el Ministerio Público pueden solicitar el control de legalidad de la medida adoptada, o hacer uso de los mecanismos constitucionalmente previstos para la defensa de los derechos fundamentales, toda vez que de ello resultaría una violación de los derechos constitucionales a la libertad personal y a la presunción de inocencia y se presentaría, además, una violación del debido proceso. La Corte condicionó la constitucionalidad del inciso 2 del artículo 388 del Decreto 2700/91 “bajo el entendido que, para la práctica de la detención preventiva, es necesario, el cabal cumplimiento de los requisitos formales señalados (los hechos que se investigan, su calificación jurídica y los elementos probatorios que sirvieron de fundamento para adoptar la medida), en armonía, con el requisito sustancial consiste en los indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso”. Así mismo, declaró la exequibilidad condicionada de los artículos 397 del D. 2700/91 y 357 L. 600/00 bajo el entendido de que, la procedencia general de la detención preventiva está sujeta a que en cada caso concreto se valore la necesidad de la misma en atención a los fines que le son propios, de acuerdo con la Constitución y con la ley.
    • Por otra parte, frente a la detención domiciliaria consagrada en el artículo 396 del D.2700/91, la Corte sostuvo que se ajusta a los criterios expuestos para la detención preventiva, toda vez que es una modalidad de la misma. Por lo tanto, no puede tener una finalidad sancionatoria ya que su objetivo es asegurar la comparecencia del sindicado al proceso, impedir la continuación de la actividad delictual y evitar que destruya, deforme u oculte los elementos constitutivos del delito. Sin embargo, declaró la inconstitucionalidad del aparte del artículo 396 del Decreto 2700 de 1991, que impone una sanción al sindicado que goza de detención domiciliaria vulnerando el artículo 250 numeral 1º de la Constitución. Así mismo, frente a la duración de la detención preventiva, la Corte sostuvo que aunque la norma es constitucional, la finalidad de la detención no es remplazar el término de la pena, y que la posibilidad del cómputo previsto en la ley no genera el poder para la autoridad judicial de disponer de la libertad del sindicado hasta que se cumpla el tiempo que dura la pena, ya que de admitirse esa circunstancia, se vulneraría la presunción de inocencia y el debido proceso, al cumplir anticipadamente una sanción sin haberse declarado judicialmente la culpabilidad del sindicado. La Corte condicionó la constitucionalidad de las disposiciones que consagran la figura del cómputo de la detención, en el sentido de limitar, en las circunstancias de vacío legal su término de duración a un plazo razonable, justo y proporcional con el fin de evitar que la medida se convierta en un anticipado cumplimiento de la pena. Ahora bien, el término razonable, proporcional y justo, debe ser valorado por las autoridades judiciales en cada caso, siguiendo los siguientes parámetros: la efectividad de la duración, el tiempo actual de detención, su duración en relación con la ofensa, los efectos de la conducta punible, los efectos materiales y morales en el sindicado, la conducta del inculpado, las dificultades de la instrucción, la forma como se ha tramitado, la conducta de las autoridades judiciales, entre otros. Igualmente, frente a la revocatoria de la medida de aseguramiento, la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 363 de la Ley 600 de 2000, en el sentido de que en la apreciación de las causales de revocatoria de la detención preventiva debe tenerse en cuenta también la consideración sobre la subsistencia de su necesidad en atención a los fines que llevaron a decretarla. Finalmente la Corte declaró la exequibilidad de los artículos 365 y 366 de la Ley 600 de 2000, que consagran la figura de la libertad provisional. nota 1 Se demandaron parcialmente los artículos 375 y 387 y el artículo 388 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior), los cuales se refieren a
    • la detención preventiva. El cargo fundamental radica en la violación del principio de la presunción de inocencia, ya que, en el sentir del actor, ninguna persona podrá ser privada de la libertad mientras no sea declarada su responsabilidad mediante sentencia. La Corte, al declarar la exequibilidad de las normas acusadas sostuvo que las medidas de aseguramiento no requieren de juicio previo. Ellas pueden aplicarse, a la luz de la Constitución, si se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 28 de la Carta. Así, si media orden escrita del juez competente, se han cumplido las formalidades que la ley consagre al respecto y el motivo de la detención, conminación, prohibición de salida del país o caución está nítidamente consagrado en norma legal preexistente, tales medidas se ajustan al mandato constitucional y no implican desconocimiento del debido proceso, aplicable en el caso de las penas. Pretender que toda detención o medida de aseguramiento deba estar forzosamente precedida de un proceso íntegro llevaría a desvirtuar su carácter preventivo y haría en no pocas ocasiones completamente inoficiosa la función judicial, pues la decisión correspondiente podría tropezar con un resultado inútil en lo referente a la efectividad de la pena que llegara a imponerse. nota 2 1. Corte Constitucional, Sentencia C-774-01 2. Corte Constitucional, Sentencia C-106-94 IV.2.5.2. La aplicación de la detención preventiva contra la persona que hubiere sido capturada dentro del año anterior a la nueva captura no viola el principio de presunción de inocencia y es una medida razonable en términos de política criminal Se demandó la inconstitucionalidad parcial del artículo 26, relacionada con la aplicación de detención preventiva para quien hubiere sido capturado dentro del año anterior a la nueva captura, contenida en la Ley 1142 de 2007 “Por la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”, en cuanto los demandantes lo consideraron que tal disposición “de manera ambigua, genérica y abstracta una cláusula innominada de afectación ilegítima del debido proceso por vulneración de la presunción de inocencia, afectando el núcleo esencial del derecho a la libertad personal”, siendo violatorio del preámbulo de la Constitución y de sus artículos 1º, 28, 29 y 250. La Corte Constitucional declaró exequible la norma demandada.
    • Al declarar exequible la norma que establece como causa para adoptar la medida de detención preventiva contra la persona a la que se hubiere capturado dentro del año anterior a la nueva captura, la Corte tuvo en cuenta: 1) Que la medida de detención preventiva no va en contravía del principio de presunción de inocencia, como lo ha reiterado la propia Corte en varias sentencias; 2) Es al legislador a quien le compete establecer los criterios y conductas que dan lugar a media de aseguramiento, dado la libertad de configuración normativa, en tanto implica “valoración de aspectos generales de política criminal y de protección de los derechos constitucionales en tensión” y 3) Que tal medida es razonable, en términos de política criminal, en tanto instrumento útil y eficaz de protección de los derechos de la sociedad y de las víctimas, dado que dos capturas en el mismo año puede constituirse en indicador de la necesidad de adoptar la medida para evitar la multiplicidad de delitos y para evitar la fuga o la obstrucción de la justicia de quien ha demostrado su desprecio por la administración de justicia. La Corte señaló que para tener en cuenta la existencia de esta causa de detención preventiva la primera captura debió ser legítima, es decir, en caso de orden escrita del juez de control de garantías con las formalidades y motivos previamente establecidos en la ley o en flagrancia. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-425-08 IV.2.5.3. Las causales de la detención preventiva no se basan en forma exclusiva en la personalidad del sindicado Se demandó el numeral 7 del artículo 397 nota 1 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior), el cual, a juicio de la demandante, vulnera el artículo 250-1 de la Carta que faculta a la Fiscalía General para imponer medidas de aseguramiento, orientadas a asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, postulado que, en su criterio, restringe las funciones del Legislador al señalamiento de causales de detención que atendiendo, en forma exclusiva, a la personalidad del sindicado, conduzcan a determinar, con independencia del carácter grave o leve del comportamiento, si éste va a comparecer o no al proceso, sin que sea válido recurrir a patrones objetivos como los consagrados en la norma. La Corte, al declarar la exequibilidad de la norma acusada, sostuvo que el Legislador se mantuvo dentro de los límites fijados por la Carta al disponer la detención preventiva en el caso de los tipos penales referentes a las lesiones personales culposas, así como al introducir una consideración especial relativa a la situación en que se halla el sindicado al momento de incurrir en el hecho y a su
    • comportamiento posterior, circunstancias que, por lo demás, constituyen causales de agravación punitiva. Debe aclararse que ni el incremento punitivo ni la causal de detención preventiva tienen fundamento en el propósito de formular un reproche a la persona por el hecho mismo de la ingestión de bebidas alcohólicas o de sustancias estupefacientes, sino que reparan en la falta de previsión de quienes, por las alteraciones que se producen en su organismo, están llamados a observar una conducta más cuidadosa, cuya desatención constituye una violación al riesgo permitido, que justifica la detención preventiva, pues tales circunstancias agravan objetivamente el hecho e incrementan la punibilidad, factor este último que acrecienta las posibilidades de fuga del imputado nota 2 1. “ARTICULO 397. De la detención. La detención preventiva procede en los siguientes casos:......7. En los casos de lesiones culposas previstas en los artículos 333, 334, 335 y 336 del Código Penal, cuando el sindicado en el momento de la realización del hecho se encuentre en estado de embriaguez aguda o bajo el influjo de droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica demostrado por dictamen técnico o por un método paraclínico, o abandone sin justa causa el lugar de la comisión del hecho”. 2. Corte Constitucional, Sentencia C-425-97 IV.2.5.4. Causales de la detención preventiva que se fundamentan en la gravedad del hecho no desconocen las garantías procesales Mediante acción de inconstitucionalidad se demandaron los numerales 2 y 3 del artículo 397 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior), los cuales, a juicio de la demandante desconocen el carácter excepcional de la detención preventiva. La Corte, al declarar la exequibilidad de la norma acusada sostuvo que aun cuando el derecho a la libertad no es absoluto, su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el Legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La detención preventiva es una medida cautelar aplicable cuando se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 28 de la Constitución y que, por lo mismo, no requiere para su adopción de un juicio previo, por cuanto su finalidad no es la de sancionar a la persona por la comisión de un delito. En consecuencia, no es correcto atribuirle a la detención preventiva el carácter de pena, pues esta última tiene por presupuesto la convicción que acerca de la
    • existencia de responsabilidad penal surge luego de haberse surtido un juicio con la plenitud de las garantías que integran el debido proceso. Al señalar el numeral 2º que la detención preventiva procede “cuando el delito que se atribuya al imputado tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos años”, el Legislador se atuvo a un criterio de carácter objetivo que atiende a la gravedad del hecho, establecida a partir del monto de la pena, y en ello no encuentra la Corte que se haya consagrado una causal arbitraria que comporte el sacrificio excesivo de la libertad en aras de la finalidad de actuar en contra del delito, como tampoco encuentra violación de la Carta en el atacado numeral tercero que contiene la lista taxativa de los delitos que en criterio del Legislador merecen la detención, porque las conductas allí referidas atentan contra bienes jurídicos que se juzgan de importancia para el logro de la convivencia. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-327-97 IV.2.5.5. Límites de la aplicación de la prohibición de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la de detención domiciliaria en razón de la imputación de ciertos delitos Se demandó la inconstitucionalidad parcial del artículo 27, relacionada con la prohibición de la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por detención domiciliaria cuando la imputación se refiera a los delitos del parágrafo demandado, contenidos en la Ley 1142 de 2007 “Por la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”, en cuanto el demandante lo considera violatorio de los derechos a la libertad personal (Art. 28 C.P.), la presunción de inocencia (Art. 29 C.P.), los derechos de los niños (Art. 44 C.P.), la excepcionalidad de la detención preventiva (Art. 250 C.P), y la dignidad humana (Arts. 1º y 5º C.P.). Con esta determinación se vulnera la Constitución Política “al restringir el derecho fundamental a una medida de aseguramiento proporcional, racional y necesaria” y sustrae al juez de control de garantías de la posibilidad de imponer la medida de según las circunstancias del caso concreto. La Corte declaró la constitucionalidad condicionada del parágrafo demandado. De acuerdo con lo señalado por la Corte, en relación con la limitación impuesta para otorgar la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la de detención domiciliaria, en razón de los delitos que se establezca en la imputación, que aparece en el parágrafo demandado, se puede afirmar que: 1) No constituye una limitación para que el juez de garantías deba
    • valorar la necesidad de imponer o no la medida de detención preventiva; 2) tal limitación se aplica al momento de determinar la sustitución de la medida, cuando el solicitante fundamente que para el cumplimiento de los fines previstos para la detención preventiva en el establecimiento carcelario es suficiente la reclusión en el lugar de residencia y 3) tal prohibición para sustitución de la medida no opera cuando se de alguna de las circunstancias establecidas en los numerales 2, 3, 4, y 5 del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007”, es decir, que “el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia”; que “a la imputada o acusada le falten dos (2) meses o menos para el parto. Igual derecho tendrá durante los seis (6) meses siguientes a la fecha de nacimiento”; que “el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales, o que “la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio”. La Corte declaró la exequibilidad condicionada del parágrafo del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, introducido por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, “en el entendido que el juez podrá conceder la sustitución de la medida siempre y cuando el peticionario fundamente, en concreto, que la detención domiciliaria no impide el cumplimiento de los fines de la detención preventiva, en especial respecto de las víctimas del delito, y en relación exclusiva con las hipótesis previstas en los numerales 2, 3, 4, y 5 del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-318-08 IV.2.6. En la etapa de investigación del proceso penal, la titularidad para solicitar la preclusión recae exclusivamente en la fiscalía general de la nación. sin embargo, una interpretación sistemática y de contexto del proceso penal, evidencia que en algunas ocasiones la defensa puede solicitar la preclusión Se demanda la inconstitucionalidad de los artículos 294, 331, 332 y 333 de la Ley 906 de 2004, que facultad solamente al fiscal para solicitar la preclusión en la etapa de investigación, por considerarlas violatorias de los artículos 2, 13, 29, 228 y 229 de la Constitución y 14 del Pacto Universal de Derechos Humanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
    • Para la Corte, la separación de la investigación y el juzgamiento exige, de este modo, que la averiguación de los hechos, la identificación del investigado, la búsqueda de los elementos probatorios y evidencias que conduzcan a averiguar la verdad de lo sucedido y de la responsabilidad en la conducta delictiva, sean responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación. Por esta razón, es lógico que el legislador le hubiere encargado exclusivamente a esa entidad la función de presentar al juez los elementos de juicio necesarios para que éste resuelva su petición de preclusión de la investigación o de acusación al imputado. En otras palabras, la titularidad exclusiva del fiscal de la facultad para solicitar la preclusión de la investigación en la etapa de la averiguación, deriva de la lógica del sistema penal acusatorio consistente en la separación entre la investigación y el juzgamiento. Refuerza el anterior argumento el hecho de que la solicitud de preclusión de investigación requiere, en la mayoría de los casos, de la averiguación fáctica y de la valoración de evidencias o medios probatorios que, en caso de que la terminación del proceso sea solicitado por la defensa, conduciría al descubrimiento anticipado y al debate probatorio en una etapa ajena a ello, con lo cual se afectaría el debido proceso y se alteraría la estructura del sistema penal acusatorio, pues la etapa diseñada para la confrontación probatoria y para que todos los interesados en las resultas del proceso puedan participar a cabalidad en el debate es la fase del juzgamiento. Así mismo, advirtió que al hacer un análisis sistemático de las normas que regulan cuáles son los sujetos facultados para solicitar la preclusión de la investigación en la primera fase del proceso, para la Sala es evidente que si bien es cierto, dada la estructura del sistema penal acusatorio la defensa tiene menos posibilidades de solicitar la terminación anticipada del proceso, no lo es menos que sí puede acudir al juez competente para pedirla, pues el artículo 294 de la Ley 906 de 2004 autoriza a la defensa y al Ministerio Público a solicitar la preclusión de la investigación y la libertad inmediata del imputado cuando el Fiscal encargado del caso no ha formulado la acusación ante el juez de conocimiento dentro del término señalado en el artículo 175 del estatuto procesal penal y el plazo concedido por el mismo artículo 294 ibídem. En consecuencia, el hecho de que la defensa no pueda solicitar la preclusión de la investigación en la fase de la averiguación con base en las mismas causales que la ley consagra para el fiscal, no significa que el imputado nunca pueda solicitar la terminación anticipada del proceso en la etapa de la investigación ni que se encuentra impedido para ejercer su derecho de defensa, pues cuenta con los recursos y oportunidades propios de cada fase del proceso penal. Además, se tiene que si el fiscal decide acusar pese a que se dan los presupuestos para precluir la investigación, es perfectamente posible que la defensa presente
    • sus observaciones sobre el hecho en el escrito de acusación (artículo 339 del Código de Procedimiento Penal), o que interponga recurso de reposición contra la decisión de dar por terminada la audiencia de formulación de acusación (artículo 176 de la Ley 906 de 2004) o que, en etapa del juzgamiento, solicite la preclusión (parágrafo del artículo 332 del estatuto procesal penal), o que en el curso del juicio demuestre la existencia de una causal que excluya de responsabilidad al acusado, o la atipicidad del hecho investigado, o la ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado; causales estas de preclusión de la investigación que, de todas maneras, conducen a la absolución del acusado. En consecuencia, no se encuentra que la exclusión al imputado de la posibilidad de solicitar la preclusión de la investigación vulnere sus derechos de defensa y de acceso a la justicia. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-118-08 IV.2.7. Constitucionalidad de la figura de la sentencia anticipada Mediante acción de inconstitucionalidad se demandó el artículo 37 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior) que regula la sentencia anticipada, por considerarlo violatorio del debido proceso, específicamente del derecho de contradicción, de la presunción de inocencia y del principio de publicidad. La Corte, al declarar la exequibilidad de la norma, consideró que ésta no era violatoria del derecho de contradicción ya que, en la medida en que el acta tiene el mismo valor de la resolución acusatoria, es obligación del juez respetar el principio de congruencia, dictando la sentencia en armonía con lo acordado en ella. No debe olvidarse que es el fallador quien debe ejercer el control de legalidad, con el fin de verificar si en las actuaciones procesales se han violado garantías fundamentales del procesado. Así mismo sostuvo que la norma acusada no era violatoria del principio de presunción de inocencia por cuanto el juez no puede fallar basado exclusivamente en la aceptación de los hechos por parte del procesado, sino en las pruebas que ineludiblemente lo lleven al convencimiento de que éste es culpable. La aceptación por parte del implicado de ser el autor o partícipe de los hechos investigados penalmente, aunada a la existencia de prueba suficiente e idónea que demuestre tal afirmación, permite desvirtuar la presunción de inocencia. Finalmente, frente al principio de publicidad, la Corte señaló que en el trámite de sentencia anticipada no hay lugar a justicia secreta, pues todas las actuaciones son conocidas por el sindicado y cumplidas con su intervención. Que el
    • implicado que pide sentencia anticipada no tiene oportunidad de controvertir la acusación es un argumento que no tiene asidero, pues si la solicitud de sentencia anticipada se presenta en la etapa de instrucción debe levantarse un acta en la que consten los cargos formulados por el fiscal y la aceptación expresa de los mismos por parte del procesado. Si el implicado suscribe dicho documento ha de entenderse que está de acuerdo con su contenido, es decir, con los cargos que se le imputan; de lo contrario, es decir, si está inconforme con las imputaciones simplemente le basta con no firmar el acta. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-425-96 IV.2.8. La figura procesal de la sentencia anticipada consagrada en el decreto 2700 de 1991, modificado por la ley 81 de 1993, y la aceptación unilateral o allanamiento a los cargos que contempla la ley 906 de 2004, son instituciones análogas, con regulaciones punitivas diferentes, razón por la cual es procedente el principio de favorabilidad penal El demandante estima vulnerado el derecho al debido proceso, bajo la consideración de que se ha negado la aplicación del principio de favorabilidad penal consagrado en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. A juicio de la Corte, tanto la sentencia anticipada del decreto 2700 de 1991,modificada por la Ley 81 de 1993, como el allanamiento a los cargos de la Ley 906 de 2004, demandan la asistencia de defensor; una y otra puede presentarse desde la vinculación formal del procesado o imputado; en los dos eventos la aceptación de cargos constituye el fundamento de la acusación o de la sentencia; frente a los dos institutos el fallo es condenatorio y comporta una rebaja de pena; en ninguno de los dos eventos es admisible la retractación; frente a los dos sucesos el juez de conocimiento tiene como únicas opciones dictar sentencia o decretar la nulidad, dependiendo de si se afectan o no garantías fundamentales; para efectos de la concreción punitiva, en uno y otro evento el juez debe acudir al sistema de cuartos. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-356-07 IV.2.9. La figura del descubrimiento de la prueba en el sistema acusatorio. principio de igualdad de armas La obligación de la Fiscalía de descubrir el material probatorio con el que cuenta abarca la totalidad de las pruebas que haya recaudado, tal como lo exige el principio de igualdad de armas. La Corte Constitucional declaró la exequibilidad,
    • de la expresión contenida en el inciso primero del artículo 344 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2002) que obliga a la Fiscalía, dentro de la audiencia de formulación de acusación, al descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento, en el entendido de que dicha potestad puede ejercerse independientemente de lo previsto en el artículo 250 constitucional que obliga a la Fiscalía General de la Nación, o a sus delegados, en caso de presentarse escrito de acusación, a “suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado”. La Corte explica que la figura del descubrimiento de la prueba, que se da en el momento de la acusación, es un mecanismo que permite garantizar el principio de igualdad de armas, propio de los sistemas acusatorios. La decisión de garantizar el principio de igualdad de armas en el proceso penal mediante el instituto del descubrimiento de la prueba responde al reconocimiento de que el aparato estatal cuenta con recursos económicos, técnicos, científicos y operativos mucho mayores de los que podría disponer un particular acusado de incurrir en un ilícito. La desproporción que en materia investigativa inclina la balanza en contra de la defensa obliga al legislador a garantizar el equilibrio procesal mediante la autorización que se da al procesado para que acceda al material de convicción recaudado por los organismos oficiales. Del mismo modo, la admisión del inculpado al material probatorio recaudado por los organismos oficiales y, con él, en últimas, a la estructura investigativa del Estado, garantiza la preeminencia del principio de gratuidad de la administración de justicia, pues evita que el particular asuma directamente los costos que exige demostrar su inocencia ante la justicia. Si la defensa no tuviera acceso a las herramientas instructivas y a los resultados probatorios de la Fiscalía, el Estado estaría en la obligación de conferirle una infraestructura de investigación equipotente a la de los organismos oficiales, lo cual resulta sencillamente impracticable. Para la Corte la norma analizada interpretada en el contexto del sistema acusatorio, concretamente en el marco del principio de igualdad de armas, no puede ser entendida en el sentido de considerar que el legislador quiso limitar el acceso de la defensa a uno sólo de los medios probatorios de la Fiscalía, con exclusión de los demás. Por el contrario, considera que el objeto de la ley es permitirle a la defensa acceder al descubrimiento de cualquiera de los elementos de convicción de que tenga noticia que posee la Fiscalía. nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia C-1194-05 IV.2.10. La inoponibilidad de reserva por parte de las entidades públicas y privadas, así como de particulares, requiere por parte de la defensa la obtención de autorización del juez de control de garantías, cuando su tarea de búsqueda, identificación, recolección y embalaje del material probatorio, realización de entrevistas y valoraciones, afecte derechos fundamentales Se demanda la inconstitucionalidad del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 125 de la Ley 906 de 2004, bajo el argumento que desconoce los artículos 2°, 15 y 250-3 de la Constitución. En criterio del demandante, la inoponibilidad de reserva vulnera el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del secreto profesional, bancario y fiscal y sustrae a la defensa del deber que asiste a las partes en el sistema penal acusatorio de obtener autorización judicial para la afectación de derechos fundamentales, por lo cual pide a la Corte declarar su inexequibilidad para que quede establecido que al hacer uso de la referida atribución está sometida, como la Fiscalía, a criterios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad que sopese el juez penal competente. Para la Corte, dicha autorización no implica que ese juez esté decretando pruebas ni se esté pronunciando sobre el valor de las evidencias cuyo recaudo autoriza, ya que en procura de salvaguardar los derechos fundamentales toma una decisión acerca de la razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de restringir tales garantías, en un caso concreto. De esa manera, asegura la legalidad de la actuación investigativa de la defensa en los casos en que afecte derechos fundamentales, para lo cual el juez deberá realizar un juicio de proporcionalidad similar al que se aplica para autorizar medidas de revisión corporal. Agregó, que al extender esa autorización, el juez también deberá tener en cuenta que "en el desarrollo de la investigación y en el proceso penal los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento, para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia" (art. 27 L. 906/04), al igual que los principios de utilidad y circulación restringida que rigen el proceso de acopio, administración y circulación del dato personal, todo lo cual indica que, contrariamente a la opinión del Procurador, sí existen parámetros que permiten al juez regular la actuación de la defensa en materia de recaudo de evidencia. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-186-08
    • IV.3. Medidas cautelares IV.3.1. La cancelación de personería jurídica de sociedades y organizaciones por desarrollar actividades delictivas tiente efectos de suspensión. los efectos definitivos sólo pueden determinarse en la sentencia En ejercicio de la acción de inconstitucionalidad se demando ante la Corte Constitucional el artículo 65 de la Ley 600 de 2000, por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal, relacionado con la orden del funcionario judicial a la autoridad competente de la cancelación de la personería jurídica o el cierre de locales o establecimientos abiertos al público de las personas jurídicas, sociedades u organizaciones, cuando se encuentre demostrado dentro del proceso penal que se han dedicado total o parcialmente a actividades delictivas. La acción se fundamentó en que la norma demandada vulnera el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, porque: i) la norma hace que la medida sea inmediata y no brinda a las personas afectadas la posibilidad de presentar recursos; ii) la medida de cancelación de la personería jurídica se torna permanente, es decir, no constituye una medida cautelar sino definitiva; iii) La medida establece una “sanción” desproporcionada y iv) la norma demandada viola los principios de inocencia y legalidad respecto de las formas propias del juicio. La Corte Constitucional señaló que las medidas que aparecen en el artículo 65 demandado son de carácter cautelar y no sancionatorio y al declarar la exequibilidad condicionada de la norma, lo hizo porque: 1- Las medidas preventivas establecidas buscan la consecución de un fin constitucional legítimo, cual es el de proteger los derechos de la sociedad de las actuaciones delictivas que se realizan por medio de personas jurídicas, sociedades u organizaciones, o sus locales o establecimientos abiertos al público; 2- El cierre de locales o establecimientos abiertos al público es proporcional puesto que ello no afecta el ejercicio de otros derechos constitucionales, como el de asociación o de la personería jurídica y tal medida es idónea para lograr que no se sigan produciendo conductas delictivas en estos sitios; 3) La cancelación de la personería jurídica de las sociedades u organizaciones al implicar la extinción de la personería jurídica respectiva no puede conllevar efectos definitivos sino a partir de la sentencia, puesto que de otra forma seria desproporcionada y vulneraría derechos fundamentales, por lo tanto, la interpretación acorde con la Constitución es aquella según la cual la medida de cancelación señalada tiene efectos de suspensión, mientras que los efectos definitivos deben determinarse en la sentencia y 4) La providencia interlocutoria en donde se adoptan las medidas es susceptible de los recursos de reposición y apelación, como cualquier otra
    • providencia interlocutoria. La Corte también señaló que para que el funcionario judicial adopte tales medidas debe encontrarse demostrado en el proceso que las sociedades u organizaciones y que en los locales o establecimientos abiertos al público se desarrollan actividades delictivas; se debe garantizar el derecho de defensa mediante la publicidad y contradicción de la prueba y debe permitir que las personas jurídicas, sociedades u organizaciones puedan ser oídas en el proceso a través de su representante legal, sus socios, si lo solicitan y los titulares de derechos involucrados en los locales o establecimientos abiertos al público. Con los anteriores argumentos, la Corte declaró exequible el artículo 65 de la Ley 600 de 2000, “en el entendido que los efectos definitivos de la cancelación se deben determinar en la sentencia, y mientras tanto, esta orden tiene efectos de suspensión. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-558-04 IV.3.2. La cancelación de títulos apócrifos o fraudulentamente obtenidos, puede realizarse en cualquiera de las etapas del proceso penal, sin que se constituya como presupuesto, la necesidad de dictar sentencia condenatoria Se demanda la inconstitucionalidad parcial del artículo 101 de la Ley 906 de 2005, por considerar que desconoce los artículos 13, 29 y 250 de la Constitución. Para la Corte, dado que la cancelación de títulos de propiedad y registros fraudulentamente obtenidos es una medida eficaz y apropiada para lograr el restablecimiento del derecho y la reparación integral de las víctimas en un proceso penal, además dentro de los cánones de la justicia restaurativa, la Fiscalía debe, en ejercicio de las facultades antes indicadas, solicitar al juez la aplicación de esta medida, siempre que exista certeza suficiente sobre el carácter apócrifo de aquéllos. Así, resulta inconstitucional que tal medida sólo pueda adoptarse en caso de proferirse una condena, puesto que ello provoca la improcedencia de dicha solicitud cuando quiera que el proceso concluya con un pronunciamiento distinto a aquélla. En desarrollo del principio de conservación del derecho, ello conduce entonces a la declaratoria de exequibilidad condicionada de la expresión “En la sentencia”, bajo el entendido de que igualmente procederá la orden de cancelación definitiva de los títulos apócrifos cuando quiera que se dicte otra providencia que ponga fin al proceso penal. En todo caso y para plena claridad, la Corte Constitucional
    • advierte que en cualquier evento en que, de acuerdo con lo expuesto, la cancelación de los títulos apócrifos deba ordenarse en un contexto diferente al de la sentencia de fondo, dicha decisión sólo podrá tomarse en la medida en que, habiéndose permitido el pleno ejercicio del derecho de defensa y contradicción de quienes resultaren afectados por la cancelación, su derecho haya sido legalmente desvirtuado, lo que ocurre precisamente al alcanzarse el “convencimiento más allá de toda duda razonable” sobre el carácter fraudulento de dichos títulos, requisito cuyo rigor obviamente se mantiene, así no se logre la identificación, vinculación y condena de la o las personas penalmente responsables. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-060-08 IV.3.3. La prohibición de enajenar bienes del imputado sujetos a registro por seis meses no restringe de manera desproporcionada el derecho de propiedad Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 97 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, relacionada con la prohibición de enajenar bienes, por seis meses dentro del proceso penal, sujetos a registro del imputado. La demanda se fundamentó en la limitación desproporcionada de los derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la propiedad privada y los derechos adquiridos del imputado. La Corte Constitucional declaró compatible con la Constitución la disposición que prohíbe la enajenación de los bienes sujetos a registro del imputado, por seis meses dentro del proceso penal y las consecuencias del desconocimiento de tal prohibición, porque: 1- La medida es idónea y necesaria para proteger los derechos económicos de las víctimas, asegurar el pago de la indemnización y garantizar que la condena civil sea eficaz y 2- Es proporcional ya que no sacrifica otros principios, valores y derechos de mayor peso constitucional que el derecho a la reparación económica de las víctimas del delito y no se restringe de manera desproporcionada el derecho a la propiedad. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-210-07 IV.3.4. La solicitud de devolución de bienes afectados con medida cautelar de comiso debe efectuarse ante la autoridad que ordenó la medida La Corte estableció que no se vulnera el derecho a la vida, al trabajo y al debido proceso del accionante no implicado que ha solicitado la devolución de unos
    • bienes decomisados al inicio de una investigación previa, cuando tales solicitudes de devolución se han hecho ante autoridades distintas a la Fiscalía Delegada que los incautó y cuando tampoco se probó sumariamente su calidad de tenedor de tales bienes, por cuanto las solicitudes no han cumplido con los requisitos establecidos por la ley para tales efectos. Señaló la Corte que su jurisprudencia ha sido enfática en sostener que la acción de tutela no puede utilizarse como medio alternativo, adicional o complementario a los procedimientos legales reconocidos en el ordenamiento jurídico, cuando el interesado no ha utilizado adecuadamente los mecanismos de defensa judicial que tiene a su alcance. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-1136-04 IV.3.5. La facultad que se otorga al ministerio público de solicitar embargo y secuestro de bienes del imputado en los procesos en los que sean víctimas los menores de edad y los incapaces, no viola el derecho de reparación de las víctimas mayores de edad Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 92 ( parcial) de la Ley 906 de 2004 “ Por la cual se expide el Código de procedimiento penal”, de la expresión “En los procesos en los que sean víctimas los menores de edad o los incapaces”, relacionada con la facultad del Ministerio Público para solicitar el embargo y secuestro de bienes del imputado en esos casos. La demanda se fundamentó en la violación de los artículos 2, 6, 13 y 93 de la Constitución, en tanto que se desconoce la obligación de protección de los derechos de todas las personas y constituye una diferenciación injustificada que en detrimento de sectores desprotegidos. La Corte Constitucional declaró compatible con la Constitución la expresión “En los procesos en los que sean víctimas los menores de edad o los incapaces”, dentro del contexto de la facultad otorgada al Ministerio Público para que en esos casos, pueda solicitar el embargo y secuestro de los bienes del imputado, establecida en el artículo 92 ( parcial) de la Ley 906 de 2004 “ Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, porque: 1- El trato diferente de la disposición no conlleva una desprotección de las víctimas mayores de edad ni desatención del derecho a la reparación de estas personas, en tanto que ellas pueden intervenir para solicitar el embargo y el Fiscal tiene el deber legal de proteger dichos derechos y 2- El legislador no tenía la obligación de facultar al Ministerio Público para solicitar el embargo y secuestro de bienes en procesos relacionados con víctimas mayores de edad, en tanto que el deber del Ministerio
    • Público de proteger los derechos y libertades debe realizarse dentro de los parámetros, oportunidades, condiciones y etapas procesales que determine la ley. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-210-07 IV.3.6. Constituye vìa de hecho y violaciòn al debido proceso aplicar el principio de favorabilidad penal en relaciòn con el tiempo de prohibiciòn al sindicado de enajenar bienes sujetos a registro, cuando la norma favorable no habìa entrado en vigor y solamente se contempla para el sistema con tendencia acusatoria Dentro de un proceso penal por lesiones personales culposas, en el que se escuchó en indagatoria, en febrero de 2004, a dos personas sindicadas, la parte civil solicitó el embargo de un bien inmueble de propiedad de una de ellas, medida que fue decretada el 13 de febrero de 2005. El oficio que ordenaba el embargo del inmueble fue devuelto por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva, por cuanto el bien había sido vendido por compraventa del 22 de agosto de 2004, es decir meses después de habersele recibido diligencia de indagatoria. La parte civil solicitó a la fiscalía correspondiente la nulidad del negocio jurídico sobre el inmueble, lo que efectivamente se declaró, por cuanto el artículo 62 de la Ley 600 de 2000, por la cual se adoptó el Código de Procedimiento Penal, estabecía la prohibición para el sindicado de enajenar bienes sujetos a registro durante el año siguiente a su vinculación al proceso penal. Apelada la decisión, el fiscal competente ordenó revocar la nulidad del negocio jurídico, aplicando el principio de favorabilidad, en tanto que el artículo 97 de la Ley 906 de 2004, dismunía a seis meses la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro. La ley que fue publicada en el Diario Oficial el 1 de septiembre de 2000, implementó de manera progresiva un nuevo sistema procesal penal y debía ser aplicada para el departamento correspondiente al lugar de las conductas penales investigadas a partir del 1 de enero de 2007. Contra esta providencia se presentó acción de tutela por violación del debido proceso, la cual después de haber sido negada por improcedente en dos oportunidades, fue tutelada por la Corte Constitucional. La Corte ordenó a la fiscalía competente que comunique a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva y a la Notaría Única correspondiente la resolución del fiscal para que procedan a registrar la nulidad de la venta del inmueble en la Matrícula Inmobiliaria y se disponga lo correspondiente en el Protocolo de la Notaría. La Corte Constitucional estableció que al revocarse la nulidad de la compraventa
    • del inmueble que se había embargado dentro del proceso penal en las circunstancias antes descritas, se desconoció el debido proceso penal y se configuró una vía de hecho por defecto sustancial, porque: 1- El bien se enajenó existiendo una prohibición legal de hacerlo antes del año siguiente a la vinculación del sindicado - artículo 62 de la Ley 600 de 2000- y se aplicó una norma de la Ley 906 de 2004, con anterioridad a su promulgación y 2-No se podría aplicar -según jurisprudencia de la Corte- por principio de favorabilidad, la norma que establece una reducción a seis meses la prohibiición al sindicado de enajenar bienes sujetos a registro, ya que este término solo es aplicable y coherente con el nuevo sistema con tendencia acusatoria y “no guarda ninguna armonía con el anterior sistema. La resolución proferida por la fiscalía que revocó por „favorabilidad‟ la nulidad del negocio jurídico efectuado sobre el inmueble de la sindicada , “incurrió en una de las causales que hace procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, esto es, un defecto sustantivo, al emplear erradamente disposiciones que no podían ser aplicadas al caso concreto, efectuar interpretaciones inconstitucionales de la ley 906 de 2004, y desconocer las normas rectoras que rigen el procedimiento penal.” 1. Corte Constitucional, Sentencia T-1057-07 IV.3.7. La orden de cancelación de títulos y registros fraudulentos procede tambièn en contextos distintos de la sentencia condenatoria Se demandó la inconstitucionalidad de las palabras “En la sentencia condenatoria” contenidas en el inciso segundo del artículo 110 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, sobre el momento procesal de la cancelación de títulos y registros obtenidos fraudulentamente, por ser violatorios de los artículos 13, 29 y 250 de la Constitución. El demandante considera que la limitación establecida en los apartes demandados sobre la cancelación de títulos y registros apócrifos en los casos en que se logre proferir sentencias condenatorias, establece una distinción no justificada entre las posibles víctimas; implica una restricción que frustra una de las finalidades del proceso penal, relacionada con la reparación a las víctimas, lo que afecta el derecho a acceder a la administración de justicia y la garantía del debido proceso y obstruye el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General de la Nación, como la de velar por la protección y asistencia de las víctimas y procurar la reparación integral y restablecimiento de sus derechos. La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “condenatoria” y exequible
    • demanera condicionada la expresión “sentencia”. Condicionar la orden de cancelación de títulos y registros fraudulentos a la sentencia condenatoria es una medida inconstitucional, puesto que el restablecimiento del derecho de las víctimas se torna improcedente cuando el proceso finaliza con un pronunciamiento distinto a aquélla, lo que puede excluírlas del acceso a la administración de justicia, quebranta la garantía del debido proceso y obstaculiza la función de la Fiscalía General de la Nación de protegerla y restablecer los derechos e intereses de las víctimas. La expresión “la sentencia” es compatible con la Carta Política, en el entendido que “la cancelación de los títulos y registros respectivos también se hará en cualquiera otra providencia que ponga fin al proceso penal”. La Corte Constitucional advirtió que en los casos de cancelación de los títulos apócrifos ordenada en providencia distinta de la sentencia de fondo, la decisión sólo podrá adoptarse cuando se garantice el pleno ejercicio del derecho de defensa y contradicción de los afectados con la medida y su derecho hubiere sido legalmente desvirtuado, es decir, cuando el convencimiento del carácter de fraudulento de los títulos este “más allá de toda duda razonable”. 1. Corte Constitucional, Sentencia C-060-08 IV.4. Medidas propias de la etapa de juzgamiento IV.4.1. El principio de igualdad de armas entre la defensa y la fiscalía, se concreta y se hace efectivo, fundamentalmente en la etapa de juzgamiento Se demanda la inconstitucionalidad de los artículos 294, 331, 332 y 333 de la Ley 906 de 2004, que facultad solamente al fiscal para solicitar la preclusión en la etapa de investigación, por considerarlas violatorias de los artículos 2, 13, 29, 228 y 229 de la Constitución y 14 del Pacto Universal de Derechos Humanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para la Corte, se ha venido sosteniendo reiteradamente que el principio de igualdad de armas puede admitir limitaciones, especialmente justificables en la etapa de investigación penal, puesto que a pesar de que es fundamental que las partes cuenten con los medios procesales suficientes para defender sus intereses en el proceso penal, esa igualdad de trato no puede conducir a la eliminación de la estructura de partes que consagra el sistema penal acusatorio. De hecho, incluso, algunos doctrinantes sostienen que, por la naturaleza misma del sistema
    • penal acusatorio, el principio de igualdad de armas es incompatible y no se hace efectivo en la investigación, en tanto que el equilibrio procesal a que hace referencia esta garantía solamente puede concretarse cuando las partes se encuentran perfectamente determinadas, por lo que, sólo en el juicio, puede exigirse que el ataque y la defensa se encuentren en situación de igualdad. De todas maneras, a pesar de que la defensa también podría preparar el juicio mediante la búsqueda de elementos probatorios y de evidencias que desvirtúen la posible acusación, lo cierto es que en la etapa de la investigación el rol fundamental corresponde a la Fiscalía General de la Nación porque ella tiene a su cargo la tarea de desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al imputado. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-118-08 IV.4.2. La imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal y la inexistencia del hecho investigado, son causales de preclusión en la etapa de juzgamiento, que constituyen un desarrollo de los principios que orientan la estructura del modelo de enjuiciamiento diseñado por el acto legislativo 03 de 2002 Se demanda la inconstitucionalidad parcial del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, bajo el argumento de que vulnera los artículos 2, 13 y 29 de la Constitución, al limitar a dos las causales de preclusión en la etapa de juicio. Para la Corte, la limitación de las posibilidades de preclusión en la fase del juicio, responde a la estructura y filosofía del nuevo modelo procesal, caracterizado por los principios de contradicción e inmediación de la prueba en cuya virtud la definición, durante el juzgamiento, de aspectos sustanciales, con impacto sobre un pronunciamiento de ausencia o declaración de responsabilidad penal del acusado debe fundarse en la prueba practicada durante el juicio oral, contradictorio y público. En ese orden de ideas, la pretensión de ampliar las posibilidades de preclusión durante el juzgamiento a los mismos eventos que ameritan tal determinación en la fase de investigación, se funda en una concepción de la prueba basada en el principio de permanencia que regía el modelo probatorio de la Ley 600 de 2000, en virtud del cual la evidencia recaudada antes del juicio constituía prueba, visión que frente al nuevo modelo procesal resulta insostenible, en virtud de los principios de concentración e inmediación que lo rigen. La pretensión de retrotraer el momento culminante de formación del juicio del juez sobre aspectos definitorios del caso, a una fase anterior, mediante una solicitud de preclusión que apunta a los mismos objetivos del juicio, introduce
    • una alteración a la estructura del sistema, sin que de otra parte, tal opción se traduzca en una mayor garantía para el acusado. Éste debe contar con amplios espacios que le permitan desplegar toda una actividad probatoria y de argumentación jurídica, orientada a desvirtuar la probabilidad de verdad que ampara la acusación, tanto en relación con la existencia de la conducta delictiva, como respecto de la autoría o participación (Art. 336). Este espacio se lo brinda de manera más adecuada el juicio, que una audiencia de preclusión. Trasladar una discusión de la complejidad fáctica y jurídica que implica la verificación de una causal excluyente de responsabilidad, la definición sobre la atipicidad de la conducta o la determinación sobre ausencia de participación en el hecho, a una audiencia de preclusión, una vez que se ha formalizado la acusación, limita no solamente las posibilidades de defensa del acusado como se indicó, sino que reduce sustancialmente los mecanismos de intervención de otros sujetos procesales (Fiscalía) e intervinientes (víctimas y ministerio público) legitimados para participar activamente en la definición del caso. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-920-07 IV.4.3. La solicitud de preclusión efectuada por la fiscalía, la defensa o el ministerio público ante el juez de conocimiento, no lo obliga a su declaratoria Se demanda la inconstitucionalidad de los artículos 294 y 332 numeral 7 de la Ley 906 de 2004, bajo la consideración de que vulneran los derechos de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad. Para la Corte, el juez de conocimiento no deberá declarar la preclusión de la investigación pasados sesenta (60) días, sino que la defensa o el Ministerio Público podrán solicitarle tal medida. En otras palabras, el juez decidirá autónomamente si se presenta o no alguna de las causales legales que justifiquen tal decisión. Entendida la norma legal en términos de facultad y no de obligación es evidente que el cargo de inconstitucionalidad por violación del derecho fundamental de las víctimas de acceder a la justicia no está llamado a prosperar. En efecto, el artículo 294 de la Ley 906 de 2004 no establece una causal objetiva de extinción de la acción penal; tan sólo pretende ponerle término a una situación procesal anormal, derivada de la inactividad del órgano investigador, la cual termina afectando la libertad del imputado. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-806-08
    • IV.4.4. Cuando el procesado ha sido condenado a pena de prisión la detención domiciliaria debe revocarse En el curso de un proceso penal, al sindicado le fue concedida la detención domiciliaria como medida de aseguramiento. La sentencia de primera instancia condenó al acusado a pena de prisión sin beneficio de ejecución condicional. En la parte motiva de esta providencia, el juez explícitamente definió que la medida de detención domiciliaria debía ser revocada, como consecuencia de la sanción impuesta. Sin embargo, en la parte resolutiva de la decisión no apareció ninguna orden en que reflejara la decisión de revocar la detención domiciliaria. El tribunal de segunda instancia, durante el trámite del recurso de apelación, ordenó, por medio una providencia, el traslado del sindicado de su residencia a la cárcel, al considerar que la orden del juez de primera instancia contenida en la parte motiva de la sentencia de condena debía ser cumplida. Contra la citada decisión, el actor interpuso recurso de reposición, siendo éste negado por el tribunal, al estimar que, según lo dispuesto en el artículo 199 del CPP, los autos dictados en segunda instancia no son objeto de impugnación. El procesado interpuso acción de tutela al considerar que el tribunal incurrió en una vía de hecho, revocando la medida de detención domiciliaria, teniendo en cuenta que no existía ningún fundamento legal para ordenar el cambio de lugar de reclusión, ya que, por un lado, en la parte resolutiva de la sentencia impugnada el a quo no había revocado la medida de aseguramiento de detención domiciliaria y, por el otro, el hecho de que el recurso de apelación se haya concedido en el efecto suspensivo impedía que la sentencia condenatoria se hiciera efectiva antes de quedar debidamente ejecutoriada, esto es, una vez agotados todos los recursos. Por ello, considera que le asiste el derecho a permanecer en detención domiciliaria y no a que se inicie arbitrariamente la ejecución de la pena de prisión, pues la revocatoria de la detención domiciliaria y la orden de traslado sólo era ejecutable una vez fueran resueltos los recursos interpuestos. La Corte Constitucional no concedió la tutela al considerar que el tribunal no incurrió en vía de hecho al tomar la decisión de traslado del sindicado, pues, en primer lugar, la decisión del tribunal se fundamenta en una decisión ya adoptada por el juez de primera instancia y por lo tanto no resulta arbitraria ni descabellada y, en segundo lugar, tal medida obedece a una interpretación razonable de las disposiciones vigentes, conforme a una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual, una vez proferida la sentencia de primera instancia, debe revocarse la detención domiciliaria, siempre y cuando al condenado no se le haya otorgado el beneficio de la condena de ejecución condicional. Teniendo en cuenta entonces que la decisión del tribunal no es una
    • decisión arbitraria o irrazonable que contradiga abiertamente lo dispuesto por las disposiciones legales, no puede considerarse como una vía de hecho nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-852-02 IV.4.5. La detención domiciliaria en sustitución de la pena de prisión puede otorgarse en atención a la protección de los intereses prevalentes del menor de edad. El accionante fue condenado a la pena de 90 meses de prisión por el delito de lavado de activos, pena confirmada por el respectivo Tribunal Superior. Posteriormente interpuso recurso extraordinario de casación. El condenado solicitó al juez de primera instancia la sustitución de la medida de prisión por la de detención domiciliaria, la cual fue negada y la negativa confirmada por el juez de segunda instancia. Al interponer la acción de tutela, el accionante lo fundamentó en ser padre de un hijo menor de doce años, autista, bajo su cuidado y quien posteriormente a su privación de la libertad ha desmejorado en su salud psicológica, comportamiento social y familiar y en su rendimiento académico, por lo que consideró vulnerados los derechos “al debido proceso y los derechos de su menor hijo discapacitado a la salud, a tener una familia, a no ser separado de ella, a ser protegido contra toda forma de abandono y a la prevalencia de sus intereses”. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo de los derechos enunciados como vulnerados. La Corte Constitucional amparó los derechos mencionados por el tutelante; revocó la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y ordenó dejar sin efecto las decisiones que negaron la detención domiciliaria y se proceda a dictar, dentro 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia una nueva decisión en la que resuelva la solicitud de detención domiciliaria hecha por el condenado- tutelante teniendo en cuenta los lineamientos de la sentencia de revisión . Al amparar los derechos mencionados por el tutelante, la Corte Constitucional consideró 1) Que el padre condenado reunía las condiciones para ser considerado padre cabeza de familia; 2) La medida de detención domiciliaria es manifiestamente necesaria para el niño, en razón a la especial condición del menor, a su vulnerabilidad agravada por su autismo y a su marcada dependencia afectiva, y emocional de su padre y 3) De no otorgarse tal beneficio al tutelante, el menor quedaría desprotegido. nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia T-093-09 IV.4.6. Cuando desaparece la causa razonable o justa que dio lugar a la suspensión de la audiencia y esta no se reinicia o transcurren seis meses desde su iniciación es procedente la libertad provisional Se demandó la inexequibilidad de la expresión “cuando la audiencia se hubiere iniciado, y ésta se encuentre suspendida por causa justa o razonable o”, contenida en el numeral 5º del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal. El actor considera que negar la libertad provisional por la suspensión de la audiencia contraría los artículos 28 y 29 de la Constitución Política. Considera que queda al arbitrio del juez decidir la causa „justa‟ o „razonable‟, lo cual permite dilaciones injustificadas en el proceso que afectan el derecho fundamental a la libertad. En relación con el derecho de libertad provisional, considera la Corte que la iniciación de la audiencia pública no interrumpe el término establecido en el artículo 415 del CPP para acceder a ésta. De esta forma, una vez iniciada la audiencia, si ésta no culmina dentro del término de seis meses contados a partir de la resolución de acusación, el procesado tendrá derecho a obtener la libertad provisional, con fundamento en la norma citada. En consecuencia, la Corte declara exequible la expresión demandada “con la condición de que se entienda que la libertad provisional es procedente si, una vez superada la causa justa o razonable de la suspensión, no se reanuda inmediatamente la audiencia” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-123-04 IV.4.7. La excepción a la aplicación del sistema de acumulación jurídica de penas, de las penas ya ejecutadas, no es incompatible con el debido proceso Se demanda la expresión "ni penas ya ejecutadas" contenida en el inciso 2° del artículo 460 de la ley 906 de 2004 porque presuntamente es violatoria de los artículos 2°, 4°, 13, 29 y 228 de la Constitución Política, al excluir de la aplicación de la garantía de la acumulación jurídica de penas a las personas que hallándose en cualquiera de las hipótesis previstas en el inciso primero de la disposición, hubieren cumplido la totalidad de al menos una de las condenas impuestas. Para la Corte la consagración por parte del legislador de la figura de la
    • acumulación jurídica de penas y la determinación de los eventos en los que procede, así como de aquellos que quedan excluidos de ese sistema de dosificación punitiva, son materias que se ubican dentro del ámbito de libertad de configuración normativa del legislador en materia penal. Observa la Corte que la interpretación que al segmento normativo demandado le ha dado el órgano máximo de la jurisdicción encargada de su aplicación y de la unificación de la jurisprudencia en ese ámbito (la Corte Suprema de Justicia), se aviene al precepto constitucional que contempla el debido proceso (Art. 29). De acuerdo con esta interpretación la expresión acusada “ni penas ejecutadas” que prevé una excepción a la aplicación del sistema de acumulación jurídica de penas, no es predicable de las condenas proferidas por delitos conexos, eventos amparados por el principio de la unidad del proceso, el cual cobra pleno vigor en el momento de la ejecución de las distintas sentencias. En materia de conexidad, el debido proceso legal establece que "los delitos conexos se investigarán y juzgarán conjuntamente" (Art. 50 C.P.P.). Una eventual ruptura de esa unidad procesal en la fase de investigación, que obedece generalmente a razones ajenas a la voluntad del procesado, no puede conducir a que éste sea privado de la posibilidad de obtener una acumulación jurídica de penas. La garantía de la libertad convoca una vigilancia efectiva por parte del juez encargado de controlar la ejecución de las sentencias, en tanto que la acumulación jurídica de penas entraña un derecho sustancial con un significativo impacto sobre la libertad, que no puede quedar librado a la discrecionalidad, a la oportunidad o al grado de celeridad con que actúe el funcionario encargado de velar por la ejecución de las sentencias . En consecuencia, dado que el sentido real, no hipotético, del segmento normativo acusado, fijado por la jurisdicción responsable de su aplicación se ajusta a las exigencias del debido proceso, la Corte declara la exequibilidad de la expresión "ni penas ya ejecutadas" contenida en el inciso 2° del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-1086-08 IV.5. Subrogados penales IV.5.1. Sólo se puede revocar o negar un subrogado penal cuando los
    • requisitos para acceder a éste no se han verificado, o se han incumplido, sin justa causa, las obligaciones impuestas Mediante acción de inconstitucionalidad se demandó parcialmente el artículo 522 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior) que, a juicio del actor, viola el derecho a la libertad y los principios de igualdad y de favorabilidad de la ley penal. La Corte, al declarar la exequibilidad de la norma, sostuvo que la norma parcialmente impugnada al disponer que se podrán negar o revocar los subrogados penales "con base en prueba indicativa que origina la decisión" está garantizando que la determinación del juez de ejecución de penas se funde en un parámetro serio y racional y no en su simple arbitrio o discrecionalidad. Por tanto, es evidente que tal condicionamiento se ha instituido en beneficio del condenado para evitar que se perjudique con decisiones irreflexivas, ajenas a la realidad procesal. La presunta violación del derecho a la libertad es infundada, pues parte de la base de que el artículo 522 del Código de Procedimiento Penal, en lo acusado, permite al juez revocar o negar el subrogado penal, aun cuando el condenado satisfaga todos los requisitos de ley. La facultad que se otorga al juez en la disposición para revocar o negar el subrogado penal, sólo puede ejercerse cuando el juez, después de un análisis serio sobre el material probatorio, concluye que los requisitos para acceder al subrogado no se han verificado, o que se han incumplido sin justa causa, las obligaciones impuestas. El aparte acusado tampoco viola el derecho a la igualdad entre quienes han recibido el beneficio de la libertad antes de la sentencia, y aquellos a los que les ha sido negado el subrogado penal, pues se trata de situaciones de hecho distintas. Los primeros, que son sindicados de un delito, más no condenados, pueden acceder a la libertad provisional; figura diferente a la de los subrogados penales. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-679-98 IV.5.2. Deber de tener en cuenta las condiciones económicas del beneficiado con un subrogado penal para definir el monto de la caución La actora fue sancionada con pena privativa de la libertad en sentencia que le concedió el subrogado penal de condena de ejecución condicional por un período de tres años, beneficio que debía garantizar con una caución prendaria consistente en un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Desde la notificación de la sentencia la actora no ha podido disfrutar de la libertad concedida, debido a que carece de las condiciones económicas mínimas para consignar por lo menos
    • el salario mínimo que le fue fijado, a pesar de haber realizado todos los esfuerzos que desde una cárcel pueden hacerse. Por esta razón la condenada remitió una solicitud al juez para que considerara la rebaja de la caución para poderla establecer en un monto acorde con el dinero que ella ha podido conseguir. El juez competente le negó la solicitud argumentando que de acuerdo con la legislación penal vigente no era posible imponer una caución prendaria menor a un salario mínimo mensual. La Corte Consideró que en este caso no se configuró una vía de hecho por parte del juez, pues al momento de dictar la medida y negar la solicitud de la condenada, la legislación no permitía imponer una caución inferior a un salario mínimo mensual. Sin embargo, para la Corte en este caso es relevante tener en cuenta que la fijación de un tope mínimo para la caución fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en un fallo posterior a la providencia que se discute. Para esta corporación debe aplicarse el principio de favorabilidad, una vez se ha modificado la legislación, por pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la norma, y en consecuencia, por ser más beneficiosa de los intereses de la condenada, debe serle aplicable. La Corte ordenó al juez conceder la solicitud teniendo en cuenta las condiciones personales y económicas de la actora, según el prudente juicio y discernimiento nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-868-02 IV.5.3. No existe vía de hecho cuando el juez tiene en cuenta la situación económica del condenado para fijar la caución que le permita disfrutar del subrogado penal de condena de ejecución condicional de la pena El actor presentó acción de tutela por considerar que la decisión del juez de ejecución de penas, al negarse a reducir la caución impuesta para conceder el subrogado de condena de ejecución condicional de la pena, había vulnerado su derecho fundamental a la dignidad humana. En efecto, el actor considera que la suma impuesta como caución excedía su capacidad económica y por lo tanto ello implicaba la imposibilidad de acceder al beneficio de ejecución condicional. La Corte Constitucional estimó que el juez de la causa sí tuvo en cuenta su situación económica al fijar el valor de la caución. Esta facultad fue ejercida por el juez sin que se observe que hubiera actuado de manera manifiestamente arbitraria. En efecto, de conformidad con lo que obra en el expediente, el juez
    • tuvo en cuenta tanto la situación económica del actor como la gravedad de los hechos por los cuales había sido condenado y por esa razón fijó una caución que consideró justa y adecuada. Teniendo esto en cuenta, no puede el juez de tutela suplantar el criterio del juez de ejecución de penas, sino verificar que éste, al decidir, no se haya colocado en los extramuros del derecho nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-1002-02 IV.5.4. El juzgador debe ponderar, conforme a los criterios establecidos el monto de la caución prendaria para conceder la libertad condicional En sentencia de constitucionalidad la Corte revisó nuevamente la disposición del Código de Procedimiento Penal conforme a la cual el sindicado en un proceso penal tiene derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución prendaria cuando se dicte, en primera instancia, la preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria. En esta oportunidad, la Corte se refirió a la razonabilidad de la exigencia de una caución prendaria para conceder la libertad. Estimó que el Legislador puede determinar cuándo es necesario privar de la libertad de manera preventiva a una persona que está siendo investigada y juzgada como posible responsable de haber cometido una conducta punible, y cuándo, a pesar de tratarse de conductas socialmente reprochables que en principio justifican la pérdida temporal de la libertad personal, existen circunstancias que señalan que es innecesaria la detención en un establecimiento carcelario. Lo que puede resultar desproporcionado es la fijación de una cuantía excesiva para la caución. Frente a esta circunstancia, la Corte precisó que en Colombia los criterios escogidos por el Legislador para fijar una caución son la condición económica del procesado y la gravedad de la conducta punible (artículo 369 de la Ley 600 de 2000). La coexistencia de criterios plantea el problema de cómo se han de armonizar en cada caso cuando ambos parecen enfrentados. En efecto, puede suceder que una persona de escasos recursos sea investigada por una conducta punible muy grave, como el homicidio, o, por el contrario, que una persona adinerada sea investigada por un delito de menor gravedad relativa. En esas circunstancias, corresponde al juez penal ponderar en cada caso concreto los criterios sin darle prevalencia a uno sobre el otro, sino tratando de armonizarlos. Dicha armonización ha de apuntar al logro de los fines de la caución, como el de asegurar que quien sea dejado en libertad regrese a afrontar, si fuere el caso, el proceso; garantizar el pago de una eventual indemnización; y permitir el goce
    • inmediato de la libertad provisional sin esperar a que la providencia correspondiente quede en firme. Para juzgar la constitucionalidad del numeral 3 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 es necesario distinguir dos hipótesis: La primera de ellas se presenta cuando el sindicado privado de la libertad a favor de quien se ha dictado, en primera instancia, cesación de procedimiento, preclusión de la investigación o sentencia absolutoria, no tiene capacidad económica para pagar una suma de dinero como caución. En ese evento, como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de la cuantía mínima de la caución declarada por la Sentencia C-316 de 2002, el funcionario judicial podrá prescindir de ordenar el pago de una suma de dinero como condición para conceder la libertad provisional. Por lo tanto, la condición fijada en la norma bajo estudio para la obtención de la libertad provisional no opera de manera ineludible y, por ello, no constituye una condición inconstitucional en esta hipótesis. La segunda hipótesis se presenta cuando el sindicado privado de la libertad a favor de quien se ha dictado, en primera instancia, cesación de procedimiento, preclusión de la investigación o sentencia absolutoria, sí cuenta con medios económicos para pagar la caución. En este caso, es necesario examinar si en los eventos previstos en la norma citada, condicionar el goce efectivo de la libertad provisional al pago de una suma de dinero constituye un límite razonable de la libertad personal. Para ello, analizará si los fines que procura el Legislador con la disposición acusada son legítimos e importantes; si el medio previsto por el Legislador no se encuentra prohibido y, finalmente, si el medio establecido es adecuado para alcanzar los fines buscados por el Legislador. La Corte declara exequible la norma por ser una limitación razonable en un proceso, pero precisa los alcances de la decisión: 1) Prohíbe exigir caución a quien carece de recursos. 2) Respeto del principio de proporcionalidad. 3) Ponderación del monto en cada caso por el juez. 4) Al efectuar dicha ponderación, el juez penal no podrá pasar por alto que la presunción de inocencia ha sido confirmada por una providencia del propio Estado y que en ese sentido éste es un caso especial nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-039-03 IV.5.5. Prohibición al juez de considerar los antecedentes del condenado como requisito para conceder el subrogado penal de libertad condicional Una persona fue condenada por la comisión de dos hechos delictivos. Cuando ha cumplido las dos terceras partes de la pena de prisión, hace la solicitud para que
    • se le conceda el beneficio de libertad condicional, al que puede acceder por cumplir con esta condición. El juez de conocimiento niega este beneficio, aduciendo que si bien el condenado ha cumplido con el requisito objetivo de la pena de prisión, desde el punto subjetivo; el condenado, durante el curso de un proceso que se le adelantó, continuó cometiendo acciones delictivas de la misma índole de aquellas por las cuales se investigaba. El juez tomó esta decisión sin considerar que existía legislación en el sentido de prohibir al juzgador, considerar las circunstancias y antecedentes tenidos en cuenta para la dosificación de la pena, en el momento de apreciar el beneficio de libertad condicional. El condenado afectado decidió interponer recurso de apelación contra la mencionada decisión, pero desistió del trámite correspondiente y, en su lugar, interpuso acción de tutela. La Corte Constitucional decidió no conceder el amparo al considerar que esta acción no era procedente pues existía un mecanismo judicial adecuado para la protección del derecho como lo era el recurso de apelación. Para la Corte la acción de tutela no puede ser utilizada si es dable acudir a los recursos que el ordenamiento ha previsto con el mismo fin. Sin embargo, a juicio de este alto tribunal la negativa a conceder la acción no comporta que el actor no tenga derecho a que el juez accionado rectifique su decisión, porque las providencias atinentes a la libertad no tienen carácter definitivo, y las decisiones que quebrantan los derechos fundamentales no pueden permanecer en el ordenamiento. Como quiera que el actor tiene derecho al beneficio de la condena condicional, dado que la legislación no permite tener en cuenta su personalidad, como tampoco las circunstancias y antecedentes que le merecieron la agravación punitiva, la Corte instó al juez de la causa para que reconsiderara su negativa, sin necesidad de que mediara nueva solicitud del afectado nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-894-02 IV.5.6. El subrogado penal de libertad condicional está sujeto a la valoración que el juez haga de la conducta del individuo dentro de la cárcel Un juez de ejecución de penas negó el subrogado de libertad condicional a una persona privada de libertad, al estimar que no había cumplido con el requisito de mantener buena conducta dentro del penal, teniendo en cuenta que existía una certificación en la que el organismo correspondiente calificaba el comportamiento del condenado como regular. Para el sentenciado, esta decisión vulneró sus derechos a la igualdad y debido proceso, pues ya ha cumplido con el tiempo exigido por la ley penal para conceder la libertad condicional y considera
    • que el concepto de su comportamiento como regular obedece a actuaciones dentro del penal en las cuales ya hace bastantes años ha dejado de incurrir. La Corte Constitucional estimó que para la concesión de la libertad condicional la legislación establece una serie de requisitos que deben ser tenidos en cuenta por el juez. El primero de ellos es el cumplimiento de las tres quintas partes de la pena, y el segundo, por su parte, está relacionado con la valoración por parte del juez de la conducta del penado en el establecimiento carcelario. Esto quiere decir que el mencionado subrogado no se da automáticamente con el cumplimiento del primer requisito, sino que es necesario que el juez haga una valoración de la conducta del interno durante el término de reclusión, que lo lleve a la convicción de que ésta ha sido buena. De esta manera el juez, al estimar que por encontrarse probado que en una época del tiempo que el peticionario ha permanecido en la cárcel, el actor no presentó buena conducta, sino que ésta se calificó de „regular‟, entonces no debía por ahora, según su criterio, concederse el beneficio solicitado. Pero para tal efecto obro de conformidad con sus facultades y acorde con lo dispuesto por el artículo 64 del C.P. no realizó una conducta que permita tildar sus decisiones de arbitrarias, ni que con su decisión atentó contra el ordenamiento jurídico, por el contrario aplicó el contenido normativo vigente al caso particular, a partir de una interpretación basada en un criterio jurídico viable acorde con la potestad discrecional de valoración judicial que le asiste nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-895-02 IV.5.7. El otorgamiento de libertad condicional mediante caución prendaria cuando ya se ha absuelto al sindicado en primera instancia no vulnera los derechos de presunción de inocencia La Corte Constitucional declaró exequible la disposición contenida en el CPP conforme a la cual el sindicado en un proceso penal tiene derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución prendaria cuando se dicte, en primera instancia, la preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria. La Corte aclaró que esta norma no puede entenderse como mecanismo para mantener, de manera indefinida, a una persona sujeta al poder punitivo del Estado. A lo que hace referencia, por el contrario, es que el procesado no tendrá que esperar a la ejecutoria de las providencias para tener derecho a la libertad condicional. En la circunstancia en que dichas decisiones sean objeto de recursos,
    • el derecho a la libertad provisional se convertirá en libertad definitiva, una vez los recursos interpuestos contra ellas se hayan resuelto y las decisiones proferidas hayan sido confirmadas. De no presentarse ningún recurso contra cualquiera de las decisiones, surtido el término de ejecutoria, el derecho a la libertad provisional se convierte en libertad definitiva. Conforme a esto, el contenido de la norma no vulnera la presunción de inocencia, pues la figura de la detención preventiva, de la que se deriva, a su vez, la libertad provisional no comporta resolución alguna sobre la responsabilidad penal del sindicado. Tampoco esta disposición vulnera el derecho a la libertad, pues mientras no se ejecutoríen y queden en firme esas decisiones, y en consecuencia no haya concluido, de manera definitiva el proceso penal, no resulta desproporcionado, ni irrazonable, que le Legislador condicione el disfrute de dicha libertad al cumplimiento de unas determinadas obligaciones, acordes con las finalidades del proceso penal nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-030-03 IV.5.8. Exclusión de subrogados penales y beneficios a delitos de terrorismo, financiación del terrorismo y otros Fue demandado por inconstitucional el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 "por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones" que excluye de beneficios y subrogados a los delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos. La Corte declara la EXEQUIBILIDAD del articulo 26 de la Ley 1121 de 2006, debido a que la demandante sólo alega la violación al derecho a la igualdad tratando de establecer una comparación entre diversos delitos, sin contar con el segundo elemento que configura el margen de discrecionalidad del legislador. Ya que, el legislador puede establecer, merced a un amplio margen de configuración, sobre cuáles delitos permite qué tipo de beneficios penales y sobre cuáles no. Dentro de esos criterios, los más importantes son: (i) el análisis de la gravedad del delito y (ii) la naturaleza propia del diseño de las políticas criminales, cuyo sentido incluye razones políticas de las cuales no puede apropiarse el juez constitucional. En síntesis, la Corte indica que: i) el legislador cuenta con un amplio margen de configuración normativa, en tanto que manifestación de su competencia para fijar la política criminal del Estado; ii) con todo, la concesión o negación de
    • beneficios penales no puede desconocer el derecho a la igualdad; iii) se ajustan, prima facie, a la Constitución medidas legislativas mediante las cuales se restringe la concesión de beneficios penales en casos de delitos considerados particularmente graves para la sociedad; iv) el Estado colombiano ha asumido compromisos internacionales en materia de combate contra el terrorismo, razón de mas para que el legislador limite la concesión de beneficios penales en la materia. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-073-10 IV.5.9. Prohibición de otorgar los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión y cualquier otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, cuando la persona hubiere sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los 5 años anteriores Se demandó la inconstitucionalidad parcial del artículo 32, relacionada con la exclusión de los beneficios o subrogados legales, judiciales o administrativos a quien hubiere sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco años anteriores, contenida en la Ley 1142 de 2007 “Por la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”, en cuanto los demandantes consideraron tal disposición es violatoria de los artículos 13 y 29 de la Constitución en tanto se trata de una doble sanción por una misma causa y se fundamenta en el peligrosísmo penal. Es abiertamente irrazonable aplicada a personas en situación de debilidad manifiesta como madres cabeza de familia, enfermos o mujeres que dan a luz en la cárcel. La Corte declaró la exequibilidad de la norma demandada. La Corte al declarar la exequibilidad de la disposición que establece la exclusión de los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión y cualquier otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, cuando sea efectiva, cuando la persona hubiere sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los 5 años anteriores, tuvo en cuenta que: 1) La norma desarrolla el principio de la libre configuración normativa del legislador y se ajusta a la Constitución porque
    • contiene una medida razonable y adecuada constitucionalmente; 2) Esta situación no corresponde a la aplicación del principio non bis in ídem, por cuanto no se trata de dos sanciones que se imponen por el mismo acto, sino que hace relación al “deber de cumplir en forma completa la pena impuesta” y 3) “El concepto de antecedentes penales y contravencionales, regulado en el artículo 248 de la Constitución, está destinado a producir efectos jurídicos que pueden ser tenidos en cuenta por las autoridades públicas como criterio de exclusión o limitación de determinados privilegios. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-425-08 IV.6. Recurso extraordinario de casación IV.6.1. Prohibición al legislador de desnaturalizar el recurso de casación por vulneración de múltiples garantías procesales Se demanda la inconstitucionalidad de la Ley 553 de 2000, (por la cual se reforma el capítulo VIII del título IV del libro primero del Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal anterior). Bajo el ordenamiento anterior, Decreto 2700/91, la casación era un recurso extraordinario que procedía, en efecto suspensivo, contra sentencias de segunda instancia, dictadas por los tribunales penales por delitos que tuvieran señalada pena privativa de la libertad que excediera de 6 años. La Ley 553/2000 modificó dicha normatividad al abolir el carácter de "recurso" a la casación para convertirlo en una acción independiente del proceso penal, que procede por las mismas causales, pero contra "sentencias ejecutoriadas", esto es, en firme y para delitos cuya pena privativa de la libertad sea de 8 años. La Corte advierte que la casación penal tiene elementos estructurales y de contenido propios y por lo tanto no puede la ley modificarla de forma que la desnaturalice o la convierta en otra figura jurídica menos eficaz conforme a los fines que se le atribuyen. En el presente caso, el Legislador modifica su carácter de recurso extraordinario y lo convierte en una acción (aunque no la denomine así) que procede contra sentencias ejecutoriadas, con lo cual violó la Constitución por desconocer el derecho al debido proceso, la libertad, la presunción de inocencia, el principio de cosa juzgada y el principio de igualdad. Respecto de la libertad, la Corte sostiene que cuando se profiere una sentencia condenatoria ajustada a derecho, la pena privativa de la libertad es legítima; pero si ello no ocurre, por adolecer la decisión judicial de errores sustanciales que dan lugar a interponer la casación, lo que procede es su corrección inmediata.
    • Mientras no se defina lo relativo a la legalidad del fallo, la decisión judicial viciada no puede adquirir el carácter de cosa juzgada, hasta que no se resuelva. Según la ley demandada, mientras se resuelve la casación, la persona adquiere la categoría de condenado y se encuentra sujeta a todas las consecuencias jurídicas, familiares, sociales, morales y aun patrimoniales, que de ello se derivan. Para la Corte esto no es constitucionalmente legítimo, pues si una sentencia no ha sido expedida conforme a los mandatos superiores o a la ley por adolecer de errores sustanciales de Derecho, no puede consolidar una situación jurídica con efectos nocivos irreparables para los derechos esenciales de las personas, especialmente si se tiene en cuenta que, de conformidad con el artículo 248 de la Carta, esa condena se asume como definitiva, con todas las consecuencias negativas que ello implica. Por estas razones, las normas acusadas vulneran el derecho a la libertad, principio rector del debido proceso. La presunción de inocencia sólo puede quedar desvirtuada en una sentencia de carácter definitivo, lo cual no puede ocurrir cuando están pendientes de resolver cuestionamientos acerca de su validez jurídica. Si a un fallo se le imputan errores de derecho esta cuestión debe ser resuelta antes de que haga tránsito a cosa juzgada. Por tanto, dado que la casación apunta a impedir los agravios que se siguen de la inobservancia del debido proceso y del desconocimiento del derecho sustancial que aquél garantiza, ejecutar una sentencia que puede ser cuestionada, implica el desconocimiento de esa presunción. En cuanto al principio de cosa juzgada, la Corte sostiene que es contrario a la Constitución que las decisiones contrarias a derecho hagan tránsito a cosa juzgada, como sería el caso de aquellas en las cuales se inaplican o aplican indebida o erróneamente normas de Derecho sustancial o procesal sustancial, desconociendo las garantías y derechos fundamentales, circunstancias que están instituidas como causales de casación. Sentencias que desconocen el valor de la justicia al violar la Constitución y lesionar derechos fundamentales, no pueden tener eficacia jurídica, es decir, ser ejecutadas. Frente al principio non bis in ídem, la Corte sostiene que en el proceso de casación no se vuelve a juzgar al procesado cuya situación jurídica ya fue definida mediante una sentencia, sino la legalidad del fallo, es decir, si la decisión fue dictada con la estricta observancia del ordenamiento legal y constitucional, por lo cual tal principio no se vulnera. En relación con el principio de igualdad, la Corte señala que el recurso de casación tanto en materia civil como laboral además de continuar siendo un
    • recurso extraordinario, se interpone contra sentencias que aún no han adquirido firmeza. En cambio, en materia penal, con la reforma introducida por la ley acusada, primero se ejecuta la sentencia y luego se discute su legalidad. Si la casación, como medio de impugnación extraordinario, es una institución jurídica destinada a hacer efectivo el derecho material y las garantías fundamentales de las personas que intervienen en un proceso, no hay razón justificativa de un tratamiento distinto y más gravoso en materia penal, cuando están de por medio la dignidad humana, la libertad, el buen nombre, la honra, que exigen mecanismos de protección más eficaces. Alterar la naturaleza de la institución, y precisamente en el ámbito penal, resulta contrario a la Constitución y violatorio del principio de igualdad. Finalmente, la Corte señaló si lo que pretendía el Legislador era evitar el mal uso que del instituto jurídico de la casación penal estaban haciendo los litigantes, lo apropiado no era restringir o cercenar los derechos y garantías fundamentales de las personas que intervienen en el proceso penal, sino buscar mecanismos proporcionados a ese fin que no sean lesivos del ordenamiento superior. Por lo anterior, la Corte declara inexequible la expresión "ejecutoriadas" del artículo 218 del Código de Procedimiento Penal vigente, y los incisos 1 y 2 del artículo 223, modificados por los artículos 1 y 6 de la Ley 553 de 2000, materia de acusación. También declara inexequibles la expresión "ejecutoriadas" del artículo 205 y los incisos primero y segundo del artículo 210, de la Ley 600 de 2000, nuevo Código de Procedimiento Penal que reproducen las disposiciones mencionadas. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-252-01 IV.6.2. La decisión de la corte suprema de justicia de casar sentencias ejecutoriadas bajo la vigencia de la norma que admitía el recurso de casación no constituye vía de hecho En un proceso penal que se adelantaba contra un ciudadano la Fiscalía interpuso recurso de casación contra el fallo absolutorio de segunda instancia. El mencionado recurso se formuló bajo la vigencia de la norma que facultaba a las partes a recurrir en casación frente a sentencias ya ejecutoriadas. Posteriormente la Corte Constitucional declaró en fallo de constitucionalidad la inexequibilidad de tales normas, no obstante lo cual, la Corte Suprema de Justicia al conocer del recurso decidió revocar la sentencia y en su reemplazó condenar al acusado a pena de prisión, a multa y a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
    • El condenado interpuso acción de tutela contra el fallo de la Corte Suprema pues consideró que su derecho al debido proceso fue vulnerado por desconocimiento de la cosa juzgada planteada en la sentencia que declaró inexequible la norma. La Corte Constitucional consideró que la Corte Suprema de Justicia no incurrió en vía de hecho. Según el fallo de tutela, la declaración de inexequibilidad de las expresión “ejecutoriadas”, referida a las sentencias contra las cuales se podía interponer el recurso de casación, no privó a la Corte Suprema de Justicia de competencia para decidir en relación con las demandas de casación interpuestas por los condenados antes de ser dictada la sentencia de constitucionalidad, sino que, al contrario, lo que se advirtió fue que tal competencia se mantenía para que se resolviera lo que fuera pertinente por ésta. La Corte Suprema de Justicia, al interpretar la sentencia de inexequibilidad de la norma, no podía establecer distinciones entre sentencias condenatorias y sentencias absolutorias para dictar luego sentencia de casación en unos casos y en los otros abstenerse de hacerlo. Ya que la interpretación de la Corte Suprema es razonable, no riñe abiertamente con la Carta Política y, por lo tanto, no puede considerarse como vía de hecho, la Corte Constitucional negó el amparo de tutela. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-642-05 IV.6.3. La corte suprema de justicia debe motivar el auto por el cual inadmite la demanda de casación En el mismo caso, el artículo 9 de la ley demandada señala que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia puede inadmitir la demanda de casación y ordenar la devolución del expediente al despacho de origen, sin hacer referencia a la necesidad de motivar dicho acto. De acuerdo con la Corte, el acto mediante el cual se admite o rechaza la demanda presentada por un particular adquiere especial trascendencia, pues constituye el inicio de la intervención estatal en la resolución de un conflicto jurídico y la delimitación del problema de derecho que se ventila ante las autoridades judiciales. Resulta lógicamente necesario que en los eventos en los que la demanda no sea procedente, la autoridad competente señale y explique las razones que sustentan su decisión pues, de lo contrario, el ciudadano se vería innecesariamente obligado a interpretar el silencio de la autoridad en perjuicio de su propios intereses, haciendo del proceso judicial un mecanismo incierto y arbitrario para la protección de los derechos. En materia penal, el artículo 181 del CPP señala la
    • necesidad de que las providencias o autos interlocutorios sean fundamentados legalmente con el propósito de sustentar la decisión que se toma. Dicha conclusión también se extiende al caso de la demanda de casación, y sólo dentro de ese entendido puede comprenderse y aplicarse la norma demandada. De manera que cuando el demandante carece de interés o la demanda de casación no reúne los requisitos legales, debe entenderse que el auto mediante el que se inadmite el recurso debe contener los motivos que sustentan la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo bajo el entendido de que el auto que inadmite el recurso debe contener los motivos o razones que sustentan tal decisión. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-252-01 IV.6.4. La providencia que indamite una demanda de casación, en el contexto de la ley 600 de 2000, tiene ejecutoria inmediata. El tutelante quien había sido condenado por el delito de hurto agravado, interpuso ación de tutela contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al considerar vulnerados sus derechos al debido proceso penal, derecho de defensa y favorabilidad penal en relación con la negativa de esa Corporación de dar trámite a la reposición, por improcedente, contra la providencia que inadmitió la demanda de casación. Fundamentó la acción, en que el artículo 187 de la Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal, no excluye taxativamente este trámite como sí lo hacía el artículo 197 del Decreto 2700 de 1991. La sentencia que resolvió en primera instancia la tutela negó el amparo de los derechos solicitados como amparados y la de segunda instancia, que resolvió la apelación interpuesta, declaró improcedente la acción. La Corte Constitucional Confirmó la segunda decisión, es decir, declarar improcedente la acción. De lo argumentado por la Corte se puede afirmar que no procede, dentro del contexto del 187 de la Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal recurso de reposición contra la providencia mediante la cual se inadmite la demanda de casación, “con la cual finaliza el debido proceso casacional, dada su ejecutoriedad inmediata, sin detrimento de la obligatoriedad de su notificación para efectos de garantizar el principio de publicidad de las decisiones judiciales.”, y por ende es improcedente la acción de tutela. También señaló la Corte que interpretar de forma distinta la norma, como lo hizo el tutelante, conlleva a la vulneración al “debido proceso, que además de afectar
    • potencialmente a otros intervinientes en la acción penal, a las víctimas de la conducta juzgada y a la sociedad, constituiría grave desconocimiento de la Constitución e indebida prolongación del trámite casacional” y conllevaría “congestionar a la corporación accionada pretendiendo una nueva revisión de la demanda, con lo cual, además, sería agraviado el principio de legalidad, en el ámbito procesal nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-133-10 IV.6.5. Deber del juez de motivar los fallos que reiteran el precedente judicial El artículo 10 de la Ley 553 de 2000 consagra un mecanismo procesal que contribuye a la resolución de casos respecto de los cuales existe una línea jurisprudencial aplicada de manera uniforme a hechos que ya han sido objeto de estudio por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para la Corte, la consagración del mecanismo procesal de respuesta inmediata busca alentar el respeto al sistema de precedentes por parte del juez penal que conoce de la demanda de casación. La formulación de la respuesta inmediata, en estos términos, otorga una excesiva discrecionalidad al funcionario judicial que resuelve la casación penal, pues el precepto guarda silencio sobre la obligación de motivar el fallo y exponer las razones por las cuales se reitera determinada línea jurisprudencial. Así, en aras de una noción eficientista de la actividad judicial y con el propósito de descongestionar el tribunal de casación en materia penal, se sacrifican derechos de quienes defienden sus intereses en el proceso de casación. Las decisiones que toma el juez, que resuelven asuntos sustanciales dentro de un proceso, deben consignar las razones jurídicas que dan sustento al pronunciamiento; se trata de un principio del que también depende la cabal aplicación del derecho al debido proceso pues, si hay alguna justificación en la base de las garantías procesales es la necesidad de exponer los fundamentos que respaldan cada decisión, la obligación de motivar jurídicamente los pronunciamientos que profiere el funcionario judicial. El sistema de precedentes a través de la respuesta inmediata, consagrada en la norma demandada, desconoce las garantías del debido proceso de los sujetos procesales que intervienen en el recurso de casación, en detrimento de derechos como la libertad personal y la primacía de la justicia material en las actuaciones judiciales, por lo cual la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 10 de la Ley
    • 553 de 2000 y del artículo 214 de la Ley 600 de 2000. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-252-01 IV.6.6. El recurso extraordinario de casación penal es idóneo para la protección de derechos fundamentales La Corte en numerosas sentencias de tutela denegó los amparos solicitados por cuanto determinó que el recurso extraordinario de casación era un mecanismo idóneo para proteger los derechos de los accionantes, de tal forma que al existir otro medio de defensa judicial, la tutela no era procedente nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencias SU-087-99, SU-599-99, SU-54299, T-627-99, SU-646-99, T-469-99, T-504-00, T-852-00 y T-88601 IV.6.7. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias que constituyan vía de hecho, cuando no se reúnan requisitos para acudir al recurso extraordinario de casación Los actores interpusieron acción de tutela por considerar vulnerado su derecho al debido proceso, específicamente el principio de la no reformatio in pejus, dado que en segunda instancia, siendo apelante único, el fallador si bien mantuvo inmodificada la pena privativa de la libertad impuesta en primera instancia, adicionó la sentencia apelada exclusivamente por los accionantes al condenarlos a pagar una multa. Aunque la Corte concluyó que evidentemente se había violado el principio de la no reformatio in pejus, no amparó los derechos del actor por considerar que existían otros medios judiciales de defensa para hacerlo como lo era el recurso extraordinario de casación. La Corte estableció unos criterios para determinar cuándo es procedente el recurso extraordinario de casación y cuándo lo es la acción de tutela, en casos similares al analizado, donde el afectado por la decisión judicial debió haber fraccionado sus pretensiones de forma que si estaba inconforme con la totalidad del fallo agravatorio de segunda instancia elevara la acción de tutela por la agravación de la condena adicionada con la multa e interpusiera el recurso extraordinario de casación con respecto a la agravación de la condena en perjuicios. Los criterios son los siguientes: “1) Si la sentencia no es objeto de casación porque la pena máxima establecida para el delito en cuestión es inferior a la fijada como requisito de procedibilidad
    • del recurso, entonces la acción de tutela es la vía judicial procedente para proteger los derechos fundamentales vulnerados. 2) Si la casación se impetra respecto de las condenas en lo penal y en lo civil, ambas agravadas por el superior siendo el condenado apelante único, y en ambos casos es procedente recurrir en casación, entonces el medio judicial adecuado para proteger los derechos fundamentales es el recurso extraordinario de casación. 3) Si se recurre en casación la sentencia penal exclusivamente respecto de la condena a la indemnización de perjuicios y la cuantía así lo permite, entonces de nuevo es el recurso extraordinario de casación la vía judicial procedente, sin consideración a la pena señalada para el delito o delitos.” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-590-05 IV.6.8. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias de casación que constituyan vía de hecho Fue demanda en acción de inconstitucionalidad la expresión “ni acción” del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 que preveía que contra el fallo que aceptare alguna de las causales de casación no era procedente ningún recurso o acción, salvo la de revisión. El actor consideró que tal disposición pretendía desconocer los artículos 4 y 86 Superior, al negar la posibilidad de que contra esas decisiones, cuando constituyera vías de hecho, se ejerciera la acción de tutela, no obstante que tal posibilidad es admitida por la disposición constitucional, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia mayoritaria de la Corte Constitucional. La Corporación Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión demandada tras indicar que no existe incompatibilidad sino armonía entre la concepción de la casación como un control de constitucionalidad y legalidad del fallo lesivo de derechos y garantías fundamentales y la acción de tutela, como mecanismo constitucional subsidiario de protección de los derechos fundamentales. Para la Corte, si el recurso extraordinario de casación no resulta un medio judicial idóneo y eficaz de protección de los derechos y garantías fundamentales afectados en el proceso penal y la sentencia que lo resuelve desconoce esa situación, nada impide que el afectado acuda ante la jurisdicción constitucional en demanda de amparo para tales derechos. En este sentido, por ejemplo, un imputado al que se le ha vulnerado el derecho de defensa por no haber estado asistido por defensor en el momento de la
    • formulación de la imputación, puede solicitar, al interior de ese mismo proceso, la anulación de la actuación y contra la decisión que se profiera puede interponer los recursos legales ordinarios. Pero si no obstante esa situación, la actuación no es invalidada, nada se opone a que luego intente, en sede de casación, la invalidación de la sentencia y del proceso en el que ella se dictó. Y si en esta sede no se atiende su pedimento y concurren los exigentes presupuestos necesarios para ello, bien puede interponer acción de tutela en procura de protección del derecho fundamental al debido proceso. En estas condiciones, dice la Corte, es manifiesta la inconstitucionalidad del aparte demandado del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 ya que al indicar que contra la sentencia que resuelve el recurso extraordinario de casación en materia penal “no procede ningún recurso ni acción, salvo la de revisión”, está excluyendo la procedencia de la acción de tutela contra ese tipo de pronunciamientos y con ello, “qué duda cabe”, está contrariando el artículo 86 de la Carta Política ya que esta norma no excluye tales pronunciamientos de ese mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Es decir, en tanto que la voluntad del constituyente expresada en la norma superior ya indicada fue que la acción de tutela se aplicara respecto de los actos y omisiones de las autoridades públicas, incluidas las judiciales, el legislador ha tomado la decisión, manifiesta en la norma demandada, de excluir de la procedencia de ese recurso las sentencias que resuelven la casación penal. Entonces, “como es claro que una ley ordinaria no puede, bajo ninguna circunstancia, modificar o suprimir la Constitución Política y mucho menos uno de los mecanismos constitucionales de protección de los derechos fundamentales”, la expresión “ni acción” que hace parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 será expulsada del ordenamiento jurídico pues genera un espacio institucional en el que los derechos fundamentales no podrían ser protegidos. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-590-05 IV.6.9. La ausencia de un recurso de apelación contra la decisión que resuelve un recurso extraordinario de casación no vulnera normas constitucionales El actor fundamentó la demanda contra el primer inciso del artículo 205 ( parcial) de la Ley 600 de 2000, puesto que considera que al permitirse que la casación proceda cuando en las decisiones de primera y segunda instancia se haya absuelto al sindicado y se case profiriéndose sentencia condenatoria, se vulnera el artículo
    • 29 de la Carta Política porque se desconoce el derecho a impugnar tal sentencia proferida por Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ya que contra ella no procede recurso alguno. También considera vulnerado el artículo 31 Carta Política por cuanto consideró que éste debe interpretarse en concordancia con el artículo 29 superior en el sentido de no permitir al legislador en ningún caso descartar la impugnación de la sentencia condenatoria. La Corte Constitucional integró a la demanda, por unidad normativa, el aparte del inciso primero del artículo 205 mencionado que no había sido inicialmente demandado. La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 205 de la Ley 600 de 2000 “Por la cual se expide el Código de procedimiento Penal”, de acuerdo con la hipótesis planteada en la demanda, porque: 1) Cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia casa la sentencia de segunda instancia y la reemplaza por una decisión acorde con el ordenamiento jurídico, tal decisión no se asimila con una nueva instancia; 2) La acusación del actor basada en la obligatoriedad de la apelación como único mecanismo de impugnación para las situación descrita en la demanda, no corresponde a la interpretación del artículo 29 de la Carta Política, por cuanto cuando allí se establece el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, como garantía del debido proceso, no se refiere a una forma específica de impugnación ni a recurso específico alguno. Debe recordarse como la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la acción de revisión y la acción de tutela pueden constituirse, en las circunstancias concretas de aplicación, en mecanismos de impugnación de las decisiones judiciales, que se podrían aplicar frente a la sentencia condenatoria que llegaré a proferir por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia , en la hipótesis planteada por el actor y 3) No se puede considerar vulnerado el artículo 31 de la Carta Política, en cuanto que cuando se casa una sentencia de segunda instancia y se dicta una sentencia nueva, no se está frente a una decisión en una nueva instancia. La Corte señaló que no sobraba señalar que el actor partió de un entendimiento incompleto del mandato contenido en el referido artículo 31 superior, puesto que el artículo mencionado establece que “toda sentencia podrá ser apelada o consultada..”, pero, “salvo las excepciones que consagre la ley”. Lo anterior significa que en la Carta Política no se estableció un principio absoluto en esta materia, dejándose al legislador para que estableciera aquellos casos en los que respetando garantías que constituyen el debido proceso (art. 29 CPP) solo se profiriera una decisión de instancia. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-998-04
    • IV.6.10. El recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia. esta previsto a favor de todas las partes que intervienen en el proceso penal. En acción de inconstitucionalidad fue demandado ante la Corte Constitucional el artículo 205 – parcial- de la Ley 600 de 2000, que se refiere a la procedencia de la casación en el proceso penal. Señala el demandante que la norma acusada es contraria a los artículos 29 y 31 de la Constitución, por cuanto permite que la casación proceda en casos de sentencias absolutorias de primera y segunda instancia, sin que esa sentencia de la Corte Suprema pueda ser impugnada. Esto, a su juicio, vulnera también el artículo 13 de la Carta Política pues otorga un trato diferencial a los condenados en primera o segunda instancia, quienes si tienen la posibilidad de impugnar la sentencia condenatoria. La Corte se pronunció sobre la totalidad del inciso primero de la norma acusada, la cual consideró exequible. Fundamentó su decisión en los siguientes razonamientos: 1) El actor desconoce la naturaleza y finalidades de la casación y le atribuye características que no tiene, como la de ser una nueva instancia; 2) Cuando el artículo 29 de la Carta incluye el derecho a impugnar la sentencia no se refiere a una forma específica de impugnar. Tampoco hace mención específica a recurso alguno. En ese orden de ideas, tanto las acciones de revisión como las acciones de tutela son mecanismos de impugnación excepcionales de la sentencia condenatoria que llegue a proferir la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; 3) El artículo 31 de la Constitución establece que toda sentencia podrá ser apelada o consultada, “salvo las excepciones que consagre la ley”, lo que significa que el Constituyente no estableció un principio absoluto en esta materia y dejó al legislador la posibilidad de que en ejercicio de su potestad de configuración estableciera aquellos casos en los que sin perjuicio del respeto de todas las garantías ligadas al debido proceso (art. 29 C.P.) solo se profiriera una decisión de instancia; y 4) La garantía de acceso a la administración de justicia y del derecho a la igualdad se predica de todas las partes en el proceso penal. Si no se permitiera al Ministerio Público, a la Fiscalía, a la Víctima o a los perjudicados con el hecho punible solicitar la casación de las sentencia absolutoria con el fin de que se corrija un eventual desconocimiento de la Constitución y la ley, se estaría no sólo desconociendo el derecho a la igualdad de dichos intervinientes en el proceso penal sino su derecho al acceso a la administración de justicia en perjuicio de los
    • derechos del estado, de la sociedad, de la víctima o de los eventuales perjudicados con el hecho punible y con grave detrimento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-998-04 IV.6.11. Improcedencia de la acción de tutela cuando no se ha dado traslado de la demanda de casación a los demás sujetos procesales no demandantes y no se afectó el derecho de defensa de quien demandó en casación. Un Tribunal Superior modificó una sentencia recurrida, aumentando la pena de prisión al tutelante, como responsable del delito de concusión, y la inhabilidad en el ejercicio de derechos y funciones públicas a cinco años, fijó multa por 62.5 salarios mínimos mensuales vigentes, revocó la prisión domiciliaria que se le había conferido y le impuso privación de la libertad en establecimiento penitenciario. El apoderado judicial del condenado presentó recurso de casación. Antes de proferirse el fallo del recurso, el condenado planteó incidente de recusación contra los magistrados del Tribunal, petición que fue rechazada; su apoderado solicitó al Tribunal la declaratoria de prescripción de la acción penal, la solicitud fue negada y finalmente, el apoderado solicitó ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la nulidad de lo actuado, argumentando yerro procedimental, en tanto el Tribunal no había efectuado el traslado a los no demandantes en sede de casación, de conformidad con el artículo 211 de la Ley 600 de 2000, anterior Código de Procedimiento Penal. La Corte Constitucional al considerar que no se encontraba acreditado el defecto procedimental absoluto en tanto que no se comprobó que el presunto defecto esté vinculado con los derechos subjetivos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del tutelante, tuvo en cuenta que: 1- El artículo 211 de la Ley 600/00 dispone que el traslado de la demanda de casación se surtirá a los no recurrentes, lo que conlleva que el actor no está legitimado para alegar tal violación, en cuanto que esa oportunidad procesal tiene como titulares a los otros sujetos procesales y 2- La presunta “imposibilidad para los demás sujetos procesales de presentar sus argumentos frente a la demanda de casación”, no afectó de manera “cierta y verificable” el derecho de defensa del tutelante, porque en primer lugar, la intervención de los no recurrentes es facultativa y no se puede deducir cuál hubiera sido su contenido y en segundo lugar, porque el actor pudo ejercer durante todo el proceso su derecho de defensa. nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia T-565-10 V. Ley 975 de 2005 para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y otras disposiciones V.1. Naturaleza de la ley V.1.1. La ley 975 de 2005 es una ley ordinaria Se demandó la inconstitucionalidad de la Ley 975 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, por desconocimiento de la reserva de ley estatutaria al tramitarse esta Ley como ordinaria no obstante regular derechos fundamentales de las víctimas, “los deberes fundamentales de los victimarios e introduce modificaciones en la administración de justicia”, materias propias de una Ley estatutaria. La Corte Constitucional declaró exequible la Ley únicamente por ese cargo analizado. La Corte señaló que la Ley 975 de 2005 tiene por objeto establecer el “marco jurídico para la realización de procesos de paz y mecanismos de reconciliación con los grupos armados organizados al margen de la ley, lo cual incluye entre varios aspectos, un procedimiento de investigación y juzgamiento, sanciones y la regulación de los derechos de las víctimas y deberes de los victimarios“, pero que no implica afectar el núcleo esencial, ni regula estructura o integralmente un derecho La Ley no tiene por objeto disponer ni regular en forma integral, estructural o completa los derechos de las víctimas como concreción de los derechos fundamentales de acceso a la justicia y el debido proceso; la regulación de procedimientos penales y la creación de funcionarios y jueces, como lo hace la ley demandada, no requieren de ley estatutaria. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-319-06 V.2. Alternatividad penal V.2.1. La figura de la alternatividad penal establecida en la ley 975 de 2005
    • no constituye una desproporcionada afectación de la justicia ni indulto o perdón de la pena; su otorgamiento exige la colaboración con la justicia dirigido al logro efectivo de los derechos de las víctimas y no elimina las penas impuestas por hechos ocurridos antes de la desmovilización Se demandaron algunas normas de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, con la consideración que el beneficio de alternatividad penal, es decir, la suspensión de la pena impuesta en la sentencia a los desmovilizados y su reemplazo por otra alternativa que contribuyan con la consecución de la paz, colaboren con la justicia, reparen a las víctimas y tengan una adecuada resocialización, constituye impunidad y afecta excesivamente los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición, así como otros valores, principios y derechos constitucionales. En el anterior contexto la Corte Constitucional decidió hacer el estudio conjunto de los artículos 3°, sobre alternatividad; 19 ( parcial), sobre la aceptación de cargos hallada conforme a derecho; 20 sobre acumulación de procesos y penas; 24 relacionado con el contenido de la sentencia y la alternatividad y 29 ( parcial) sobre pena alternativa. La Corte Constitucional declaró compatible con la Constitución, salvo la inexequibilidad que se señala posteriormente, los artículos 3– constitucionalidad condicionada; 19 ( parcial),; 20 ; 24 y 29 ( parcial) e relación con los cargos relativos a la figura de la alternatividad, en tanto que tal figura no conlleva una desproporcionada afectación del valor justicia , ya que en la sentencia contra los desmovilizados se impone originalmente una pena, principal y accesoria, que debe atender los límites del Código Penal, la proporcionalidad con el delito por el que se ha condenado y la cual debe cumplir el desmovilizado cuando no se ciña a los requisitos bajo los cuales se otorga la suspensión de la pena y que están dirigidos a “satisfacer a cabalidad los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.” Dentro de ese contexto, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 3° de la ley citada. La disposición supedita la suspensión de la pena del desmovilizado a la “colaboración con la justicia”, y por tal colaboración debe entenderse aquella “dirigida al logro efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.” La Corte Constitucional declaró contrario a la Constitución, la expresión “pero en
    • ningún caso la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley”, establecida en el inciso 2° del artículo 20 de la Ley 975 de 2005, sobre la acumulación de proceso y penas, porque la eliminación de las condenas impuestas por hechos delictivos que los desmovilizados hubieren cometido con anterioridad a su desmovilización “equivale a una afectación manifiestamente desproporcionada del derecho de las víctimas a la justicia y podría ser interpretado como un indulto disfrazado.” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06 V.2.2. La comisión de cualquier delito por parte del desmovilizado durante el periodo de prueba conlleva la revocatoria de la libertad a prueba y el cumplimiento de la pena inicial señalada en la sentencia Se demandaron los incisos 4° ( parcial) y 5° del artículo 29 de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, con relación a las expresiones “los” y “por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley” y por omisión legislativa en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones, extinción de la pena principal y revocatoria de la libertad a prueba, ya que consideraron que los desmovilizados a quienes se les aplique penas alternativas no estrían obligados a renunciar a las actividades delictivas para beneficiarse de la reducción de penas. La Corte Constitucional declaró contrario a la Constitución Política de 1991, la expresión “los” y “por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley”, porque la comisión de delitos cualquier sea su naturaleza, durante el periodo de prueba del desmovilizado, constituye una desproporcionada afectación del valor a la justicia y del derecho de las víctimas a las no repetición, sin que ello implique la promoción de la paz. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06 V.3. Sobre el término víctimas V.3.1. Es también víctima cualquier familiar de la víctima directa, cuando hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley
    • Fueron demandadas las expresiones “en primer grado de consaguinidad, primero civil de la víctima directa” – inciso 2° del artículo 5° de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, como ampliación de la definición de víctima cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida; “ en primer grado de consaguinidad” – inciso 4° del artículo 5° de la Ley 975 de 2005-, como parte de la noción de víctima en relación con los miembros de la fuerza pública muertos en desarrollo de actos del servicio, ejecutados por miembros de grupos organizados al margen de la ley; “en primer grado de consaguinidad” – Artículo 47 de la Ley 975 de 2005-, relacionados con quienes serán sujetos de la atención médica y psicológica como medida de rehabilitación y el mismo término del numeral 49.3 del artículo 48 de la Ley 975 de 2005, en relación con los sujetos de medidas de satisfacción para que se restablezcan su dignidad, reputación y derechos. Los demandantes señalaron que tales términos restringen el concepto de víctima y por lo tanto limitan inconstitucionalmente la obligación de reparar. La Corte Constitucional declaró conforme a la Constitución las expresiones demandadas en el entendido que no se excluya como víctimas “a otros familiares que hubieran sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06 V.3.2. La condición de víctima de los miembros de la fuerza pública en los casos de haber sufrido lesiones descritas en el inciso 4º del artículo 5º de la ley 975 de 2005 o el menoscabo de sus derechos fundamentales producidas por las acciones de los miembros de grupos armadas organizados al margen de la ley no contraviene el derecho internacional humanitario Se demandó el inciso 4° del artículo 5° de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, relacionado con la consideración de que los miembros de la fuerza pública que hayan sufrido lesiones o menoscabo de sus derechos fundamentales por parte de los miembros de los grupos armados al margen de la ley tienen la condición de víctimas. Se fundamenta la demanda en que considerar a los miembros de la fuerza pública como víctimas desconoce el artículo 3°
    • común a los Convenios de Ginebra de 1949, en donde se establecen dos grupos de personas quienes participan directamente en las hostilidades y quienes no participan. Proponen un pronunciamiento condicionado según el cual a los miembros de la fuerza pública se les considere víctima “sólo cuando hubieran depuesto las armas, estuvieran por fuera de combate por enfermedad, herida o detención o por cualquier otra causa, o no estuvieran participando de las hostilidades, en caso contrario no pueden ser considerados como tales.” La Corte Constitucional declaró compatible con la Constitución el inciso 4° del artículo 5° de la Ley 975 de 2005, en donde se establece la condición de víctima de los miembros de la fuerza pública que hayan las lesiones descritas allí o el menoscabo de sus derechos fundamentales por parte de miembros – individual o colectivo- de grupos armados organizados al margen de la ley, porque: 1° De los textos del artículo 3° a los Convenios de Ginebra de 1949 y del Protocolo II no se desprende la prohibición de establecer es status de víctima al os miembros de la fuerza pública; 2- Del Protocolo II se desprende la prohibición de hacer discriminaciones respecto de las personas afectadas con el conflicto, incluyendo a los propios combatientes y 3° No existe vulneración del principio de distinción entre sociedad civil y combatientes, ya que el punto central es el otorgamiento a los miembros de la fuerza pública la condición de víctimas. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06 V.3.3. La ley 975 de 2005 establece un concepto de víctima que integra una dimensión individual y colectiva y contiene disposiciones que están dirigidas a la recuperación del tejido social en su conjunto, que trasciende estas dimensiones Se demandó por inconstitucionalidad el inciso octavo del artículo 8, los incisos 1 a 4, del artículo 23, las expresiones “obligaciones de reparación moral y económica” contenidas en el artículo 24, la expresión “más” contenida en el numeral 45.2 del artículo 44 y las expresiones “particularmente en las zonas más afectadas por la violencia” que hacen parte del artículo 49 de la Ley 975 de 2005. En la demanda para los distintos partes demandados, se consideró que: 1-las mediadas de reparación colectiva tienen solamente en cuenta el ámbito territorial y no a la calidad e las personas que no pertenezcan a las comunidades afectadas; 2-la reparación integral se establece como una relación procesal, entre víctima y victimario, lo que impide que las víctimas indirectas puedan acceder a la reparación integral; 3-se deja por fuera otros elementos de la garantía real del derecho a la reparación integral, limitándolo a la indemnización económica y
    • moral; 4–el derecho a la reparación no solamente va dirigido a las personas más cercanas a la víctima sino a un varios personas y en todo caso a la sociedad y 5para la reparación colectiva debe tener en cuenta cada caso particular para determinar cuales son las medidas apropiadas. La Corte Constitucional al declarar compatible con la Carta Política los aspectos demandados tuvo en cuenta que: 1-los demandantes no tuvieron en cuenta en cuenta la dimensión colectiva del concepto de víctima que trae la Ley y 2-los apartes de los artículos 8 y 49 hace relación “al direccionamiento de la acción del Estado en relación con la recuperación del tejido social mirado en su conjunto y no de las victimas individuales o colectivas y sus derechos, que como se ha visto en manera alguna pueden entenderse desconocidos por la Ley 975 de 2005.” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06 V.4. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización, colectiva o individual V.4.1. Los beneficios en favor de los miembros de grupos armados al margen de la ley privados de la libertad que conceden las leyes 975 de 2005 y 782 de 2002, además de la providencia judicial que establezca su pertenencia a dicho grupo, requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos en ellas , garantizando el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición Se demandó el parágrafo del artículo 10 de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, relacionado con los requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva y con respecto al acceso a los beneficios de la Ley 975 de 2005 y de la Ley 782 de 2002 en favor de los miembros de grupos armados al margen de la ley privados de la libertad, siempre que en las providencias judiciales se establezca la pertenencia al grupo, porque consideran lo actores que otorgar beneficios por el solo hecho de pertenecer a estos grupos desconoce el derecho a las víctimas a la justicia al no hacerse la “distinción entre los tipos de delincuentes, ni las clases de crímenes cometidos, esto es, si son de lesa humanidad, internacionales o delitos de sedición, ni al exigir tampoco un mínimo de cumplimiento de las penas impuestas”. La Corte Constitucional declaro compatible con la Constitución el parágrafo demandado.
    • Los beneficios de que trata la Ley sobre la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional -Ley 975 de 2005- y la que consagra instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia –Ley 782 de 2002- están supeditados “al cumplimiento del conjunto de requisitos y obligaciones que en la misma ley se imponen para la concesión de dicho beneficio y no simplemente al que se señala expresamente en la norma de que “en providencias judiciales correspondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo”. La disposición demandada deben ser examinadas “de manera sistemática con el conjunto de la ley y particularmente con el entendimiento que dio la Corte del beneficio de la alternatividad al condicionar la exequibilidad del artículo 3 de la Ley 975 de 2005 en el entendido que dicha alternatividad y la colaboración con la justicia que en ella se exige deben estar encaminadas a “lograr el goce efectivo de los derechos a las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06 V.4.2. Los miembros de grupos armados al margen de la ley, para efectos de los requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva, deben informar sobre la suerte de las personas desaparecidas. Se demandó como contraria a la Constitución, por omisión legislativa, la disposición del numeral 10.6 del artículo 10 de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, relacionado con la condición de elegibilidad para la desmovilización colectiva: Que liberen las personas secuestradas que se hallen en su poder.”, con el fundamento que la norma demandada incurrió en una omisión legislativa al no exigir como requisito que los desmovilizados señalen al momento de la desmovilización el paradero de las personas desaparecidas. La Corte Constitucional declaró compatible con la Constitución la frase “Que liberen las personas secuestradas que se hallen en su poder” del numeral 10.6 de la Ley 975 de 2005, como condición de elegibilidad, para que los miembros de un grupo armada organizado al margen de la ley puedan acceder a los beneficios de esa Ley, en el entendido que también deben, como condición para los mismos efectos de la disposición demandada, informar sobre la suerte de las personas
    • desaparecidas, lo anterior, en defensa de los derechos a la verdad, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a un recurso judicial efectivo. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06 V.4.3. Los bienes que se deben entregar para efectos del requisito de elegibilidad en las desmovilizaciones individuales o colectivas, son aquellos producto de la actividad ilegal Se demandaron las expresiones “producto de la actividad ilegal” –numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”-, en relación con los bienes que deben entregar los desmovilizados como requisito de elegibilidad para la desmovilización colectiva y “producto de la actividad ilegal” y “cuando se disponga de ellos” – numeral 1.5 del artículo 11 de la Ley 975 de 2005-, relacionada con la entrega de bienes para la reparación de las víctimas, como requisito de elegibilidad para la desmovilización individual, porque los demandantes consideraron que el no obligar a los desmovilizados a involucrar bienes lícitos propios para los efectos legales, vulnera el deber del Estado de garantizar la justa reparación de las víctimas. La Corte Constitucional declaró que las expresiones “producto de la actividad ilegal” –numerales 10.2 y 11.5 de los artículos 10 y 11, respectivamente, de la Ley 975 de 2005-, referidos a la procedencia de los bienes que deben entregar los desmovilizados como requisito de elegibilidad para la desmovilización colectiva e individual, son compatibles con la Constitución, porque la entrega de bienes de procedencia ilícita no supone un traslado de la propiedad, sino que constituye una devolución a su verdadero propietario. Sería distinto la exigencia de entrega del bien lícito, puesto que “al menos técnicamente, no existe aún título para dicho traslado”. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06 V.5. Requisitos para la concesión de la alternatividad penal V.5.1. Los miembros de grupos armados al margen de la ley, dentro del proceso de reincorporación a la vida civil, deben confesar desde la versión libre todos los hechos delictivos cometidos con ocasión a su pertenencia a
    • esos grupos, so pena que no se conceda el beneficio de alternatividad penal o se revoque Se demandó el artículo 25 (parcial) de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, con relación a las expresiones,” sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea, debidamente informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley”, y su inciso final, respecto del beneficio de alternatividad por hechos conocidos con posterioridad a la sentencia en donde se les concedió al desmovilizado el beneficio de pena alternativo o el indulto, por cuanto consideraron que tales apartes permiten a los desmovilizados beneficiados con la alternatividad no decir toda la verdad sobre los delitos cometidos, con lo cual se vulneran los derechos de las víctimas a la verdad y reparación. Al analizar los apartes demandados del artículo 25 citado, La Corte considero necesario estudiar conjuntamente los artículos 17 (parcial) sobre versión libre y confesión y artículo 29 (parcial), en cuanto respecta a los requisitos para gozar del beneficio de la libertad a prueba. La Corte declaró contrario a la Constitución la parte del artículo 25 de la Ley 975 de 2005, “sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea, debidamente informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley.” y el inciso 2º de la misma norma, según la cual “Teniendo en cuenta la gravedad de los nuevos hechos juzgados, la autoridad judicial impondrá una ampliación del veinte por ciento de la pena alternativa impuesta y una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba”, porque “el Estado estaría renunciando a su deber de adelantar investigaciones serias y exhaustivas sobre los hechos dentro de un plazo razonable, y estaría sacrificando desproporcionadamente el derecho de las víctimas a conocer la verdad integral y fidedigna de lo ocurrido.”
    • Dentro del anterior contexto, la Corte declaró acorde con la Constitución el artículo 17, sobre versión libre y confesión analizado conjuntamente, en tanto que la versión libre debe ser completa y veraz, sobre todos los hechos criminales en los que participaron como miembros del grupo armado organizado al margen de la Ley, como medida “indispensable para satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad y el interés de la sociedad en la construcción de memoria histórica.” También dentro de este análisis, la Corte declaró compatible con la Constitución el inciso 5° del artículo 29 ya citado, sobre la extinción de la pena principal, la revocatoria de la libertad a prueba y la aplicación de la pena inicialmente impuesta, siempre que se entienda que “también se revocará el beneficio de alternatividad cuando el beneficiario haya ocultado en la versión libre su participación como miembro del grupo en la comisión de un delito relacionado directamente con su pertenencia al grupo.” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06 V.5.2. Los miembros de grupos armados al margen de la ley que tengan investigaciones y acusaciones anteriores a desmovilizarse y acogerse a la ley de reincorporación a la vida civil, para acceder al beneficio de alternatividad penal deberán cumplir las etapas procesales y requisitos de la ley, que garanticen el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición Se demandó el parágrafo del artículo 22 de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, respecto de la facultad del desmovilizado, que al momento de acogerse a esa Ley se le adelante por la fiscalía investigaciones o se le formuló acusación en su contra, de aceptar los cargos señalados en la resolución que le impuso la medida de aseguramiento o en la formulación de imputación o en la resolución de acusación, para efectos del beneficio de alternatividad, porque según los demandantes en estas situaciones se omiten los pasos procesales como la versión libre, la entrega de bienes, que se exigen a los otros desmovilizados en la misma Ley, que conlleva el desconocimiento del mecanismo judicial efectivo para garantizar el derecho a la verdad: La Corte Constitucional declaró la norma demandada acorde con la Constitución. Los miembros de grupos al margen de la ley que tengan investigaciones y acusaciones al momento de desmovilizarse y se acojan a la Ley 975 de 2005 no
    • podrán exonerarse “del cumplimiento del conjunto de etapas procesales, requisitos y obligaciones que en la ley se imponen” para acceder al beneficio de la alternatividad penal. Al igual que frente a la exequibilidad del parágrafo del artículo 10 de la Ley 975 de 2005, la disposición aquí analizada se debe examinar con el conjunto de normas de la citada Ley y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte sobre el artículo 3 de la Ley 975 de 2005, según la cual la alternatividad penal y la colaboración con la justicia deben estar encaminadas a “lograr el goce efectivo de los derechos a las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06 V.5.3. La entrega de los menores de edad reclutados por parte de los miembros de grupos armados al margen de la ley no conlleva la pérdida de los beneficios penales, pero no los exime de su responsabilidad penal por esas conductas punibles Se demandó el artículo 64 de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, relacionado con que la entrega de menores de edad por parte de los miembros de grupo armados al margen de la ley no es causal de pérdida de los beneficios de la Ley en la que se encuentra el artículo demandado ni sobre los establecidos en la Ley y782 de 2002, porque el reclutamiento de niños y niñas por los grupos armados organizados al margen de la ley desconoce la normatividad internacional y nacional que prohíbe y sanciona estas conductas y porque la aplicación del artículo genera impunidad. La Corte declaró compatible con la Constitución. La situación según la cual no es causal de pérdida de los beneficios aludidos en el artículo 64 demandado no es eximente de responsabilidad penal por el reclutamiento de menores, sino que facilita la entrega de dichos menores de edad. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06 V.5.4. El archivo de las diligencias por hechos admitidos o no por el
    • desmovilizado en su versión libre o en posterior actuación procede por decisión motivada, que debe ser comunicada al denunciante y al ministerio público, cuando se compruebe que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan caracterizarlos como delito en su tipicidad objetiva Se demandó la inconstitucionalidad de la expresión “admitidos” del artículo 27 de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, en relación con los hechos admitidos por el desmovilizado y las circunstancias para que el fiscal disponga de inmediato el archivo de la actuación, por cuanto los demandantes sostienen que la Fiscalía puede archivar diligencias judiciales en delitos por los cuales el desmovilizado admitió su participación, lo que constituye un contrasentido, en cuanto la Fiscalía constitucionalmente tiene la obligación de “adelantar el ejercicio de la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que llegue a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio”. La Corte declaró que el artículo 27 demandado es compatible con la Constitución por el cargo demandado y resolvió declarar la exequibilidad condicionada de dicho artículo. El fiscal delegado podrá disponer, en relación con los hechos admitidos o no por el desmovilizado en su versión libre o en posterior actuación, de inmediato el archivo de la actuación cuando llegare a constatar que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delitos “en el entendido que la caracterización a que en el se alude corresponde a la tipicidad objetiva y que la decisión del archivo de las diligencias debe ser motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones y así se señalará en la parte resolutiva de la sentencia”. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06 V.6. Derechos de las víctimas e intervención en la actuación procesal V.6.1. Las víctimas tienen derecho a participar en las diligencias de versión libre y confesión, la audiencia de formulación de imputación y de aceptación de cargos dentro de los procesos de reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional Se demandaron los artículos 17, 18 y 19 Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
    • organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, relacionados respectivamente con la versión libre y confesión, formulación de imputación y aceptación de cargos. Los demandantes solicitaron la declaratoria de constitucionalidad condicionada de estos artículos “bajo el entendido de que se deberán garantizar mecanismos idóneos y efectivos para que las víctimas estén en posibilidad de enterarse del inicio del procedimiento, puedan ejercer el derecho a ser oídas permitiéndoles presenciar las diligencias, ser asistidas por un abogado o abogada que les proporcione una defensa técnica de sus intereses y contar con todas las facultades jurídicas que se requieran para participar efectivamente en la construcción de la verdad procesal y el acceso a una reparación integral que sea determinada conforme a los hechos y responsabilidades penales probados con su plena participación.” La Corte Constitucional declaró compatible con la Constitución, en relación con el derecho de acceso de las víctimas a las diligencias de versión libre, audiencia de formulación de imputación y en la de formulación de cargos, señaladas en los artículos 17, 18 y 19 Ley 975 de 2005, porque estas disposiciones deben verse desde el conjunto de normas de la misma Ley relativas a las facultades procesales de las víctimas, como las que se desarrollan en el capítulo VIII sobre “Derechos de las víctimas a la frente a la administración de justicia”; el sistema de garantías establecidos en esta Ley se apoyan en los principios del artículo 1° de la Ley, en el que uno de los objetivos es el regarantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación y en cuanto la aplicación de esta Ley debe sujetarse a los desarrollos jurisprudenciales constitucionales, con fundamento en el derecho internacional, según los cuales “el derecho a la justicia comporta un auténtico derecho constitucional al proceso penal y el derecho a participar en el proceso penal por cuanto el derecho al proceso en el estado democrático debe ser eminentemente participativo” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06 V.6.2. No se puede exigir la acreditación de registro en base de datos para que las víctimas puedan asistir a la diligencias de versión libre de los desmovilizados en los procesos de justicia y paz, establecido en la ley 975 de 2005 Varias personas interpusieron acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación para que se ampararán sus derechos de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la libertad de expresión y a la verdad, justicia y reparación, en relación a situaciones normadas sobre las diligencias de versión
    • libre frente a las víctimas de delitos cometidos por los paramilitares desmovilizados en aplicación de la Ley 975 de 2005. Los demandantes sostuvieron que las limitaciones a las víctimas para participar en las diligencias de versión libre como acreditar el daño causado (artículos 5º de la Resolución 3398 de 2006, 3º y 4º del Decreto 315 de 2007) y el registro en una base de datos, restringen sus derechos a la verdad, justicia y reparación. En consecuencia, los demandantes piden que, al inaplicar esas normas, la participación de las víctimas de los grupos desmovilizados en las audiencias de versión libre, no tenga ningún tipo de condiciones.” La Corte al negar el amparo por la vulneración de los derechos de acceso a la justicia, a la verdad, justicia y reparación de las víctimas dentro de los proceso de justicia y paz – Ley 975 de 2005, en tanto no se encontraban registrados en base de datos para acceder a las salas en donde se práctica la diligencia de versión libre de los desmovilizados, se fundamentó en que no existe en las normas analizadas tal requisito y no se acreditó en la tutela que a las víctimas se les hubiere negado su acceso a las diligencia de versión libre por no encontrarse inscritos en una base de datos. De lo señalado por la Corte, se puede afirmar que el requisito de tener que acreditar, ante la Fiscalía, de manera sumaria la condición de víctima, para que puedan acceder de manera personal a las salas en donde se desarrolla la versión libre del desmovilizado en los procesos de justicia y paz – Ley 975 de 2005, no vulnera los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y a la reparación, porque: 1- Siendo la diligencia de versión libre reservada para el público y no para la víctima, es razonable que se solicite la acreditación de tal condición para el acceso a esa diligencia, en tanto que lo contrario sería desconocer el principio de reserva de la investigación penal y desvirtuar el principio de separación de las etapas de investigación y juzgamiento, que es propio del sistema penal acusatorio; 2- La noción de víctima en los proceso de justicia y paz - Ley 975 de 2005 está ligada a la acreditación de daños directos producidos por acciones realizadas por los desmovilizados, miembros de grupos armados al margen de la Ley y 3- La medida es razonable y proporcional. La reglamentación sobre la participación de las víctimas en la diligencia de versión libre tienen objetivos constitucionalmente válidos: la reserva de la investigación judicial, verificación de la veracidad del material probatorio recaudado y proteger la intimidad y buen nombre de las víctimas. Es proporcional porque no sacrifica los valores y principios que son de mayor peso o de especial protección constitucional y el requisito de demostración es mínimo y no restringe de manera desproporcionada el derecho de las víctima. nota 1
    • 1. Corte Constitucional, Sentencia T-049-08 V.6.3. La restricción a dos abogados en la representación de las víctimas en las diligencias de versión libre de los desmovilizados en los procesos de justicia y paz –ley 975 de 2005- no vulneran sus derechos de acceso a la justicia y a la verdad, justicia y reparación. Varias personas interpusieron acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación para que se ampararán sus derechos de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la libertad de expresión y a la verdad, justicia y reparación, en relación a situaciones normadas sobre las diligencias de versión libre frente a las víctimas de delitos cometidos por los paramilitares desmovilizados en aplicación de la Ley 975 de 2005. Los demandantes sostienen que la reglamentación de “la participación de las víctimas en las diligencias de versión libre está limitada a la representación con un número determinado de abogados y a la presencia de una persona por familia (artículo 6º de la Resolución 3398 de 2006). En tal virtud, la demanda pretende que después de inaplicar esas disposiciones, el juez de tutela ordene a los fiscales competentes no limitar el derecho a la representación de las víctimas a dos abogados.” La Corte al negar el amparo por el desconocimiento de los derechos a la verdad, justicia y a la reparación, por la restricción normativa de la representación de las víctimas a dos abogados en las diligencias de versión libre, en los procesos de justicia y paz - Ley 975 de 2005-, señaló que: 1- No se puede concluir la falta de asistencia técnica por el número de abogados, en tanto que la adecuada representación de los intereses de las víctimas no es un asunto cuantitativo y 2No está acreditado dentro del expediente que tal limitación les hubiere impedido ejercer sus derechos en la diligencia de versión libre. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-049-08 V.6.4. Las víctimas pueden preguntarle al versionado por intermedio del fiscal y no directamente en desarrollo de la diligencia de versión libre en los procesos de justicia y paz – ley 975 de 2005 Varias personas interpusieron acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación para que se ampararán sus derechos de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la libertad de expresión y a la verdad, justicia y reparación, en relación a situaciones normadas sobre las diligencias de versión libre frente a las víctimas de delitos cometidos por los paramilitares desmovilizados en aplicación de la Ley 975 de 2005. Los demandantes sostienen
    • que la reglamentación señalada impide a las víctimas interrogar y contrainterrogar “al versionado, pues sus preguntas deben realizarse mediante el fiscal encargado de adelantar la diligencia (artículos 4º de la Resolución 3398 de 2006 y 2º del Decreto 315 de 2007). Por lo tanto, solicitan que, como consecuencia de la inaplicación de esas disposiciones normativas, el juez de tutela ordene “Establecer durante la versión libre una fase durante la cual las víctimas o sus representantes puedan interrogar y contrainterrogar directamente al desmovilizado”. La Corte Constitucional al establecer que la prohibición para la víctima de interrogar y contrainterrogar al desmovilizado en las diligencias de versión libre reguladas en la ley de justicia y paz, no violan los derechos fundamentales de los accionantes, se fundamentó en que la prohibición de la intervención directa de la víctima en dicha diligencia evitaría adelantar el contradictoria y la discusión de los intereses contrapuestos, en tanto que podría afectar la eficacia de la investigación y la separación de las etapas procesales de investigación y de juzgamiento, trasladando el debate de las partes a una etapa no destinada para ello. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencias T-049-08 V.6.5. Para poder entregar copias de la versión libre rendida por los desmovilizados en aplicación de la ley 975 de 2005 se requiere la demostración de la condición de víctima, es decir, de la legitimación para acceder a ellas Se interpuso acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación para que se ampararán sus derechos de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la libertad de expresión y a la verdad, justicia y reparación, en relación a situaciones normadas sobre las diligencias de versión libre frente a las víctimas de delitos cometidos por los paramilitares desmovilizados en aplicación de la Ley 975 de 2005. Los demandantes sostienen que la reglamentación de la participación de las víctimas en las diligencias de versión libre limitan su posibilidad de ejercer de manera eficiente y adecuada sus derechos a la verdad, justicia y reparación, en tanto que las Resoluciones 0387 de 2007 y 3398 de 2006 expedidas por el Fiscal General de la Nación y en el Decreto 315 de 2007 del Ministro del Interior y de Justicia, someten a reserva las audiencias de versión libre, lo que impide la reproducción de las actas en donde consta dichas diligencias y en cuanto señala que las víctimas deben ubicarse en las salas destinadas a los versionados (artículos 4º a 9º de la Resolución 387 de 2007). Con estos argumentos, solicitan que se inapliquen esas disposiciones y se ordene
    • la transmisión de las diligencias por radio, televisión e internet. La Corte consideró que no procede la entrega de copias de la versión libre rendida por los desmovilizados en aplicación de la Ley 975 de 2005, porque al no demostrarse la condición de víctimas ante el Fiscal competente, dicha diligencia estaba amparada por la reserva de la investigación. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia T-049-08 V.6.6. Las víctimas tienen derecho a designar representación judicial durante el juicio y en las otras etapas procesales Se demandó la expresión “durante el juicio” del numeral 38.7 del artículo 37 de la ley 975/05, “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, dentro del contexto de los derechos de las víctimas, por cuanto los demandantes consideran que se “limita el ejercicio del derecho de defensa de las víctimas a la etapa del juicio, excluyendo las demás etapas del proceso”. La Corte declaró que la expresión “durante el juicio” demandada, se encuentra de conformidad con la Constitución, en cuanto que la manifestación expresa de la ley sobre el derecho de las víctimas a tener representación judicial durante el juicio, “debe entenderse sin perjuicio de que designen representante judicial en otras fases del proceso.” nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06 V.6.7. Las víctimas tienen derecho a que se les facilite el aporte de pruebas, se les informe sobre la decisión definitiva sobre la persecución penal, a participar y conocer las actuaciones procesales anteriores a esta decisión y a intervenir en el proceso Se demandaron las expresiones “facilite” del numeral 38.4 del artículo 37 y “definitiva” del numeral 38.6 del mismo artículo de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, en relación respectivamente con el derecho de las víctima para aportar pruebas y a ser informada sobre la decisión respecto de la persecución
    • penal y los recursos, en cuanto los demandantes consideraron, en el primer caso, que tal expresión convierte en indeterminada y discrecional la obligación del Estado de garantizar el derecho de las víctimas a participar en el proceso judicial y en el segundo, en cuanto que la víctima no podría acceder a los documentos dentro el proceso judicial, sino una vez el caso sea definitivo, impidiendo su actuación hasta tanto no exista decisión en firme. La Corte Constitucional declaró las expresiones "facilite” y “definitiva” demandadas compatibles con la Constitución. Las disposiciones que señalan que las víctimas tendrán derecho a que se les facilite el aporte de pruebas y a ser informada la decisión definitiva, respecto de la persecución penal, no puede, en el primer caso como limitación de su derecho a intervenir en el proceso ni como exclusión a participar y conocer las actuaciones del proceso antes de la decisión definitiva. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06 V.7. Derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la protección especial a la integridad y la seguridad V.7.1. El estado debe asegurar el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, no repetición y al debido proceso Se demandaron la expresión “ promover” que aparecen en los artículos 4° y 7° de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, con relación respectivamente al derecho a la verdad, la justicia y la reparación y el debido proceso y el derecho a la verdad, porque se considero que tal expresión puede entenderse como una posibilidad “indeterminada” y “discrecional” frente a la obligación respecto de esos derechos de las víctimas, por lo tanto se solicitó la exequibilidad condicionada del término “en el entendido, que la misma no puede ser aducida para no garantizar debidamente los derechos de las víctimas de graves violaciones a los DDHH, crímenes de lesa humanidad y de guerra.” La Corte Constitucional declaró conforme a la Constitución Política de 1991, la expresión “promover” contenida en los artículos 4° y 7° de la ley 975/ 05, en relación con la obligación frente a los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, la reparación y al debido proceso, porque: 1° Etimológicamente tal
    • expresión “no excluye que se asegure la realización de los derechos que en este caso se encuentran comprometidos”, 2- La disposición acusada se encuentra dentro de un contexto normativo en que se busca garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación –Art. 1° de la Ley 975/05 y cuya interpretación deben atender los tratados internacionales ratificados por Colombia –inciso 2°, art. 2° de la Ley 975/05 y 3°. La colaboración con la justicia para el beneficio de la alternatividad del artículo 3° de la ley 975/05, “debe estar encaminada a lograr el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”,- Sentencia C-370/06. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06 V.7.2. Las víctimas tienen derecho desde la iniciación del expediente a acceder directamente a el para ejercer los derechos a la verdad, justicia y reparación Se demandó la frase “y en los mismos términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal” del numeral 38.5 del artículo 37 de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, relacionada con los derechos de las víctimas y particularmente al derecho a la información. Se pretendió con la demanda, que la remisión al Código de Procedimiento Pena, “debe ser entendida como remisión a la ley 600 de 2000, y conforme al alcance que la sentencia C-228 de 2002 de la Corte le dio al derecho de acceso a la justicia por parte de las víctimas.” La Corte al declarar compatible con la Constitución Política la frase y en los mismos términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal del numeral 38.5 del artículo 37 de la Ley 975 de 2005, lo hizo en el entendido que la remisión que hace la disposición demandada se refiere al “acceso al expediente y el aporte de pruebas por el perjudicado” del artículo 30 de la Ley 600 de 2000, interpretado de conformidad con la sentencia C-228 de 2002, según la cual la víctima o los perjudicados pueden acceder al expediente de manera directa desde su inicio para que puedan ejercer sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. nota 1 1. Corte Constitucionl, Sentencia C-370-06 V.7.3. La garantía de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación
    • se hace extensiva a los integrantes de las parejas del mismo sexo Al resolver una demanda de inconstitucionalidad contra distintas distintas de la Ley 975 de 2005 y otras de otros ordenamientos, en la que se plantea, de manera general, la necesidad de establecer, en primer lugar, si, en relación con cada una de las disposiciones demandadas, la situación de las parejas heterosexuales y homosexuales es asimilable, caso en el cual, en el evento en el que la diferencia de trato que resulta del carácter restrictivo que, en general, tienen las expresiones "compañero o compañera permanente", carezca de justificación, se presenta una violación del principio de igualdad, y, en segundo lugar, si tales disposiciones, al no incluir en sus supuestos a los integrantes de las parejas homosexuales dan lugar a un déficit de protección contrario a la Constitución, la Corte expresó indicó: En estricto sentido, la expresión "parientes" no se extiende a los cónyuges y compañeros permanentes, y, por consiguiente, no puede derivarse de ella un efecto excluyente en relación con los integrantes de las parejas del mismo sexo, quienes de hecho, y con el alcance que se ha fijado en esta sentencia, tienen, en los supuestos de la Ley 975 de 2005, el carácter de víctimas, en los términos de su artículo 5º. Sin embargo, de una lectura sistemática de la ley, se desprende que también los cónyuges y compañeros permanentes pueden, en determinadas circunstancias, encontrarse comprendidos entre los titulares de los derechos previstos en los artículos 47, 48 y 58 de la ley y, por consiguiente, en relación con lo dispuesto en ellos, caben las mismas consideraciones que se han hecho en relación con las expresiones compañero y compañera permanente acusadas en este acápite. Por consiguiente, se declarará la exequibilidad de dichos artículos, en el entendido de que, cuando corresponda, sus previsiones se aplican también al cónyuge, compañero o compañera permanente y, en las mismas condiciones, a los integrantes de las parejas del mismo sexo. nota 1 1. Corte Constitucional, Sentencia C-029-09 V.7.4. La reserva de las diligencias de versión libre en los proceso de justicia y paz impuesta a las víctimas que asisten a tal diligencia y la limitación a los medios de comunicación para transmitirla en directo no vulneran los derechos a la información, la verdad, justicia y a la reparación de las víctimas de los delitos cometidos por paramilitares desmovilizados en virtud de la ley 975 de 2005 Se interpuso acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación para que se ampararán sus derechos de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la libertad de expresión y a la verdad, justicia y reparación, en relación a
    • situaciones normadas sobre las diligencias de versión libre frente a las víctimas de delitos cometidos por los paramilitares desmovilizados en aplicación de la Ley 975 de 2005. Los demandantes sostienen que la reglamentación de la participación de las víctimas en las diligencias de versión libre limitan su posibilidad de ejercer de manera eficiente y adecuada sus derechos a la verdad, justicia y reparación, en tanto que las Resoluciones 0387 de 2007 y 3398 de 2006 expedidas por el Fiscal General de la Nación y en el Decreto 315 de 2007 del Ministro del Interior y de Justicia, someten a reserva las audiencias de versión libre, lo que impide la reproducción de las actas