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Sen Norma Morandini

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  • 1. PROYECTO DE COMUNICACIÓN La H. Cámara de Senadores de la Nación Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe a través de los organismos que corresponda sobre las siguientes cuestiones relacionadas con el derecho de acceso a la información pública: 1. Por qué razón la Sindicatura General de la Nación, órgano de control dependiente de la Presidencia de la Nación, ha eliminado de su sitio web el acceso a la totalidad de sus informes de auditoría. Precise qué tipo de "datos personales" se pretende proteger, según han declarado voceros de la SIGEN a los medios periodísticos, y cuáles son los criterios que se aplican para autorizar o denegar las solicitudes de informes, que se deben presentar por escrito. 2. Por qué razón la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no ha publicado aún el 4º Informe Trimestral del Boletín Fiscal 2009 en el sitio web de Ejecución Presupuestaria de la Oficina Nacional de Presupuesto. 3. Por qué razón la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no ha actualizado desde el año 2007 los Informes de Ejecución Presupuestaria del Sector Público Nacional No Financiero en el sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto. 4. Por qué razón la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha publicado aún el 4º Informe Trimestral de 2009 sobre Ejecución Presupuestaria de Divisas de la Administración Pública Nacional en el sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto.
  • 2. 5. Por qué razón la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) no ha actualizado en su sitio web la información acerca de las Operaciones de Financiamiento a proyectos productivos y economía real del Fondo de Garantía de Sustentabilidad durante el corriente año. 6. Por qué razón el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, no ha actualizado en su sitio web sus informes de gestión desde septiembre de 2009. 7. Por qué razón la Jefatura de Gabinete de la Nación se negó a brindar información sobre los gastos del Estado en publicidad oficial a la Fundación Poder Ciudadano y a la Asociación por los Derechos Civiles, contrariando las garantías de acceso a la información pública previstas en el decreto 1172/03. 8. Por qué razón el Ministerio de Desarrollo Social no ha publicado en su sitio web la Rendición de Cuentas de su gestión desde mayo de 2009. 9. Por qué razón la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos no ha actualizado en su sitio web los Informes de su gestión desde abril de 2009. 10. Si existe, desde el Poder Ejecutivo de la Nación, una política deliberada de impedir el acceso a la información pública de determinados organismos del Estado. En caso de respuesta negativa, explique las razones por las cuales la decisión de eliminar o negar el acceso de esa información en los portales oficiales se ha transformado en una medida recurrente de organismos centrales de la administración pública.
  • 3. FUNDAMENTOS Sr. Presidente: Por confundir prensa con propaganda, una herencia dejada por la dictadura que diseñó el lema “somos derechos y humanos” para ocultar la verdad, en nuestro país aún persiste el vicio cultural de confundir noticia con información y creer que sólo les compete a los medios privados gestionar el derecho universal a buscar, recibir y difundir información, cuando ese derecho subjetivo ha sido ampliamente superado por el derecho colectivo de las sociedades a ser informadas, y son los gobernantes los que deben garantizarlo. A los medios se les debe exigir la responsabilidad que es inherente al ejercicio de la libertad. ¿Pero cómo se puede demandar responsabilidad a los medios si el Estado elude su obligación de dar a conocer e informar sobre sus acciones? Debemos incorporar como cultura el valor de la publicidad de los actos de gobierno y el derecho ciudadano a saber qué hacen sus autoridades con todo lo que les pertenece: desde los bosques hasta el dinero de los impuestos. Sin información pública se reduce a la prensa a ser repetidora de partes oficiales, tal como sucede en las tiranías, que lo primero que hacen es imponer la censura para cancelar la transacción de los poderes y la dinámica social que impulsa la libertad. Aquel atraso cultural político de hacer propaganda en lugar de informar se observa en las páginas web de los principales organismos del Estado, donde la agenda de los funcionarios, lo que dicen y a dónde van sustituye lo que es una obligación, consagrada por nuestra Constitución: la información pública, se trate de las políticas sociales, la ejecución de los presupuestos o los programas de divulgación y educación ciudadana. Resulta paradójico que a más de cuarto de siglo de la recuperación democrática se ignore lo que ya es un lugar común en las llamadas sociedades de la información: la base de sustentación de la democracia es el derecho de la sociedad a recibir información veraz para ejercer no sólo el derecho a decir sino para garantizar activamente su competencia política. Vale recordar que esos derechos que miden el estadio de desarrollo de las sociedades contemporáneas han sido reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos del
  • 4. Hombre de 1948 y se remontan a la Declaración francesa de 1789. Más cercanos en el tiempo y de gran actualidad en el debate de la Ley de Medios Audiovisuales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, han consagrado no sólo la libertad de expresión, opinión o pensamiento sino el derecho a investigar, buscar, recibir, difundir información. Si la verdad es una condición ética para los profesionales de la información, los gobernantes no pueden ni mentir ni eludir lo que es su obligación de informar sobre sus acciones. Vale entonces, repetir los argumentos con los que venimos exigiendo tanto el derecho a la información como la no utilización de la pauta oficial como instrumento de propaganda: En tanto en el mundo desarrollado se debate la relación de los medios y la democracia, entre nosotros se busca limitar la libertad para cancelar esa transacción de información que entraña la libertad de acción y pensamiento. No existe la censura directa y gozamos de libertad hasta para denunciar que tememos por la calidad de esa libertad. Sin embargo, la comunicación directa de este gobierno y su apropiación de los medios públicos cancelaron no sólo la mediación de la prensa sino que al cerrar los canales de la información del Estado hirió al periodismo que debió conformarse con el rumor y terminó degradado por la información interesada de los lobbistas u "operadores de prensa". Si lo que define a la democracia es la igualdad ante la ley, en la medida que el sistema garantiza esa igualdad se va afirmando la que debe ser su fortaleza, la participación política de la ciudadanía. Una participación que depende de la calidad de la información: Así, ese derecho democrático a participar en las cuestiones políticas es inseparable de la vida republicana, o sea, del espacio público de las opiniones. De modo que el cercenamiento de la información pública al mutilar los derechos ciudadanos debilita peligrosamente la democracia. Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.

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