Corrupcion Mexico 1

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  • 1. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES, UNAM LABORATORIO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CORRUPCIÓN CULTURA DE LA TRANSPARENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO: Prácticas y percepciones relativas a los procedimientos de adquisiciones Encuesta a funcionarios responsables y funcionarios usuarios de los departamentos de adquisiciones de 17 secretarías de estado y 4 organismos descentralizados Abril de 2005 1
  • 2. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES UNIDAD DE ESTUDIOS SOBRE LA OPINIÓN Instituto de Investigaciones Sociales Dr. Rene Millán Valenzuela Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción Dr. Antonio Azuela de la Cueva Coordinación y Diseño de la Investigación Mtra. Julia Isabel Flores Dávila Asistentes de investigación Mtro. Carlos Silva Forné Mtro. Mauricio Padrón Innamorato Mtra. Patricia Román Reyes Lic. Rebeca Domínguez Cortina Lic. Jorge Tello Torres Diseño de la muestra y cálculo de estimadores para la obtención de muestra Mtra. Yvon Angulo Análisis estadístico Act. Guillermo Cuevas Pineda Act. Luis Calva Sánchez Act. Enrique Martínez Carpio Apoyo Técnico Lic. Horacio Hernández Avilés Lic. Alberto Romero Beltrán Lic. Carlos Flores Ruiz Apoyo de cómputo Ing. Arturo Mondragón Lule Apoyo secretarial Navorina Díaz Pineda 2
  • 3. CULTURA DE LA TRANSPARENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO: Percepción del ejercicio de la función pública: opiniones, actitudes y valores Encuesta a funcionarios responsables y funcionarios usuarios de los departamentos de adquisiciones de 17 secretarías de estado y 4 organismos descentralizados ÍNDICE GENERAL 3 I. INTRODUCCION 7 II. APROXIMACIONES TEORICAS 12 II.1. Acercamientos a la corrupción 12 II.1.1. Definiciones 13 II.1.2. Orígenes de la corrupción 14 II.1.3. Diferencias entre corrupción política y burocrática 15 II.1.4. Diversos acercamientos metodológicos 17 II.2. La cultura de la transparencia del servicio público 18 II.2.1. La cultura del servicio público: cultura de la transparencia y cultura de 18 las organizaciones III. APROXIMACIONES METODOLOGICAS 23 III.1. Metodología de la investigación 23 III.2. Variables del estudio 25 III.3. Análisis de las categorías de las respuestas “no sabe” y “no contesta” 27 III.4. Criterios para la clasificación de los funcionarios entrevistados 33 IV. PERFIL LABRAL DE LA POBLACION ENTREVISTADA 37 IV.1. Funciones desarrolladas por los trabajadores 37 IV.2. Participación en los procesos de adquisiciones 38 IV.3. Condición de actividad 38 IV.4. Características del trabajo 39 IV.5. Trayectorias ocupacionales de los funcionarios 39 IV.6. Prestaciones 40 IV.7. Tipos de contratación 41 IV.8. Integración al servicio civil de carrera 41 IV.9. Reclutamiento de personal 42 V. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA 45 V.1. Sexo, estado civil y edad 45 V.2. Escolaridad 45 V.3. Nivel de ingresos 46 V.4. Diferencias por género 47 VI. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DEL PAÍS 48 VI.1. Percepción de la situación política del país 48 VI.2. Percepción de la situación económica del país 48 VII. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 50 VII.1 Evaluación de la administración pública en México 50 VIII. CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 51 3
  • 4. VIII.1. Procesos de adquisiciones 51 VIII.2. Adjudicaciones directas y licitaciones restringidas 53 VIII.3. Razones para realizar adjudicaciones directas 58 VIII.4. Evaluación del mecanismo de licitaciones 58 VIII.5. Tiempos de los procesos de adquisición de bienes y servicios 60 IX. RESULTADOS DE LAS ADQUISICIONES 63 IX.1. Evaluación de la calidad de los servicios 63 IX.2. Mejoras en el servicio 63 IX.3. Percepción de la relación con los proveedores 73 X. CONOCIMIENTO Y APEGO A LA LEY 79 X.1. Conocimiento de la ley 79 X.2. Excepciones a las licitaciones públicas 80 X.3. Apego a la normatividad 81 XI. MECANISMOS DE EVALUACION Y CONTROL 83 XI.1. Órganos de evaluación interna 83 XI.2. Consultas a los usuarios 84 XI.3. Procesos de evaluación interna y transparencia 85 XI.4. Procesos de evaluación externa y transparencia 86 XI.4.1. Evaluación de la SECODAM 86 XI.5. Conocimiento de la contraloría social 91 XI.6. Funciones del contralor ciudadano 92 XI.7. Existencia de otras formas de participación ciudadana en los procesos 94 XI.8. Medidas para mejorar la administración 95 XI.9. Beneficios obtenidos por las propuestas 96 XII. CULTURA Y PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS 97 XII.1. Reclutamiento de personal 97 XII.2 Desempeño según prácticas administrativas 99 XII.3. Denuncia de conductas ilícitas 101 XII.4. Aplicación de medidas correctivas 102 XIII. PERCEPCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN EN LA 103 ADMINISTRACION PUBLICA XIII.1. Valores y actitudes hacia el superior jerárquico 104 XIII.2. Lealtad y confianza 104 XIII.3. Lealtad entre jefes y empleados 107 XIII.4. Lealtad y capacidad 110 XIII.5. Tolerancia hacia conductas de corrupción 113 XIII.6. Cultura de la denuncia 115 XIII.7. Prácticas de corrupción más frecuentes 117 XIII.8. Percepción de la corrupción según niveles de la administración pública 119 XIII.9. Percepción de la corrupción en la acción de la administración en 122 adquisiciones XIII.10 Percepción de niveles de corrupción según Secretarías de Estado 126 XIII.11. Percepción de costos y beneficios de los actos de corrupción 127 XIII.12. Percepción de la penas aplicadas a los actos corruptos 128 XIII.13 Percepción de los tipos de sanciones aplicadas a los funcionarios 129 4
  • 5. corruptos XIV. ÍNDICE DE ACEPTACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA Y 132 CORRUPCIÓN Y RESULTADOS PRELIMINARES DE LA REGRESIÓN XV. PERCEPCIONES GENERALES SOBRE LA CORRUCPION 140 XV.1 Origen, causas y responsabilidades frente a la corrupción 140 XV.2. Exceso de trámites 140 XV.3. Centralización de los servicios 141 XV.4. Calificación a la corrupción 141 XV.5. Soluciones percibidas frente a la corrupción 143 XVI. CONCLUSIONES 152 XVII. BIBLIOGRAFÍA 161 ANEXOS ANEXO I. TABLAS CRUZADAS ANEXO II. CUESTIONARIO ANEXO III. DISEÑO MUESTRAL ANEXO IV. LISTADO DE FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS POR SECRETARIA 5
  • 6. I. INTRODUCCION Este trabajo sintetiza los resultados de la investigación Cultura de la Transparencia en el Servicio Público: Prácticas y percepciones relativas a los procedimientos de adquisiciones que consistió en una encuesta a funcionarios responsables y funcionarios usuarios de los departamentos de adquisiciones de 17 secretarías de estado y 4 organismos descentralizados La investigación se orienta a conocer las características de la cultura del servicio público, mediante el estudio de la relación que existe entre los ciudadanos y las instituciones a través de las políticas públicas, que se manifiesta en una cultura del servicio público. Los objetivos generales de la investigación son los siguientes: • Conocer las percepciones y prácticas relativas a los procedimientos de adquisiciones • El apego a una cultura de la legalidad • Medir la tolerancia a prácticas de corrupción de los funcionarios responsables, funcionarios usuarios y proveedores del sector de adquisiciones de 21 dependencias y entidades del Gobierno Federal. Como objetivos particulares de estudio la investigación se dirigió a: • Conocer el impacto de la corrupción en sectores seleccionados de áreas prioritarias en los ámbitos público y privado • Conocer la percepción sobre la corrupción en el ejercicio de la función pública • Conocer el nivel de profesionalización con respecto a la normatividad de los funcionarios y empleados de los sectores público y privado en materia de adquisiciones 6
  • 7. La encuesta fue diseñada por especialistas del laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción y de la Unidad de Estudios Sobre la Opinión del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (UDESO), y levantada por las empresas BIMSA, Berumen y Consulta-Mitofsky y procesada por la UDESO, para conocer los factores principales que inciden en las actitudes, opiniones y valores de la población entrevistada frente a la transparencia, la legalidad y el servicio público. La investigación se dirige también, a recoger las percepciones del desempeño institucional y algunos elementos de la cultura del servicio público en México. En ella se sintetizan los resultados de las percepciones, actitudes, opiniones y valores de los funcionarios responsables de adquisiciones y de los funcionarios usuarios de estos servicios, en 17 secretarías de estado y 4 organismos descentralizados del gobierno federal. Con el propósito de hacer posible que el estudio sea replicado por otros, se exponen las nociones teóricas, las consideraciones metodológicas que fundamentan el trabajo, los resultados de la encuesta en el lugar de trabajo aplicada a 1641 personas, así como un breve análisis de sus efectos y significados. De la investigación se desprende que la cultura de la transparencia aún no ha arraigado entre los funcionarios y sus proveedores en el país. La desconfianza y el temor a brindar información se evidenciaron en las negativas de los funcionarios a ser entrevistados. Existe una brecha entre las élites responsables y los usuarios del servicio de adquisiciones. Esta brecha se refleja también en la existencia de dos visiones distintas del servicio público y dos culturas del servicio público distintas. Estas 7
  • 8. culturas distintas evidencian dos percepciones distintas del país: entre las élites responsables y los usuarios El estudio indica la presencia de dos culturas distintas: entre funcionarios con larga permanencia en la administración pública y los nuevos que recién ingresan, así como entre quienes mencionaron contar con servicio civil de carrera y quienes dijeron no tenerlo. La mitad de la población encuestada reconoce no saber si se realizan licitaciones en las secretarías para la adquisición de bienes, productos o servicios. Los servicios que realizan licitaciones en más elevada proporción son los relacionados con la papelería y los servicios de copiado. Mayormente son los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Seguridad Pública quienes indican que nunca se realizan licitaciones. Las razones más destacadas aducidas por los funcionarios encuestados para no llevar a cabo licitaciones son, para cuatro de cada diez encuestados, la dificultad para lograr la rápida adquisición de los bienes y servicios. Una elevada proporción de trabajadores de PEMEX sostiene esta opinión La investigación muestra que existe una gran desconfianza y falta de credibilidad en las instituciones y los partidos políticos y se observa una amplia gama de perspectivas y valoraciones, de corte negativo sobre el sistema de impartición de justicia en el país. Los políticos, los partidos políticos y los sindicatos son las instituciones reconocidas como las más corruptas por los encuestados en general, Las medidas que la población encuestada considera son las más necesarias y eficaces para solucionar el problema de la corrupción son la capacitación al personal, el mejoramiento de la legislación y el aumento de los controles internos. Las medidas consideradas menos eficaces son las denuncias anónimas 8
  • 9. Finalmente, La presencia de una cultura de transparencia se asocia principalmente con factores: • De índole individual: la escolaridad y la autopercepción • Asociados al sistema político: percepción de corrupción en actores político; percepción de corrupción en la administración y percepción de impunidad, costos de incurrir en conductas de corrupción (aprobar un trámite incorrecto) • Los factores asociados a la trayectoria y el desempeño profesional no son relevantes para explicar la presencia de una cultura de transparencia: no importa si se es funcionario responsable o usuario ambos tienen las mismas posibilidades de participar en actos de corrupción • El conocimiento de la ley no es un factor relevante para la presencia de una cultura de transparencia De lo anterior se desprende: • La importancia de educar en una cultura de la transparencia y de apego a la legalidad • La consolidación efectiva del estado de derecho • Crear condiciones de confianza en las instituciones del sistema político • Homogeneizar y profesionalizar el servicio público Los apartados en los que se divide este informe son los siguientes: el primer apartado contiene una introducción al estudio. Las consideraciones teóricas y metodológicas de la investigación se consignan en un segundo apartado; en el tercero se presenta un perfil de la población entrevistada por lo que respecta a sus puestos y trayectorias; en el cuarto apartado se analiza su perfil sociodemográfico; en un quinto apartado se estudian las percepciones sobre la situación del país que permiten reconstruir el contexto en el que se enmarcan las diversas opiniones; en 9
  • 10. el sexto apartado se abordan las percepciones y evaluación de la administración publica en México. Un séptimo apartado se dedica a la calidad de los procedimientos administrativos en el área de adquisiciones; en el octavo, se examinan las percepciones sobre el sistema judicial de nuestro país; el octavo se hace lo mismo con los resultados de las adquisiciones. Uno noveno apartado se dirige a estudiar el conocimiento de la ley de adquisiciones, así como las percepciones de su vinculación con la realidad actual del país. En un noveno apartado se estudian la disposición hacia la democracia sus reglas y valores; el décimo apartado se dirige a analizar los mecanismos de evaluación y control del desempeño de las instituciones. El apartado undécimo se dedica al examen de la cultura y prácticas administrativas, mientras que el duodécimo consigna las percepciones de la transparencia y corrupción en la administración pública . El décimo tercer apartado se dirige a recoger las percepciones generales sobre la corrupción en el país. El apartado final incluye un resumen de los resultados de la investigación y consigna las conclusiones del trabajo. El documento se acompaña de cuatro anexos que comprenden: el diseño de la muestra (anexo I), los instrumentos utilizados en la investigación (anexo II) y las tablas que contienen los cruces básicos para cada pregunta (anexo III). En el anexo IV, se presentan la metodología utilizada para realizar el trabajo de campo. Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción Unidad de Estudios Sobre la Opinión Instituto de Investigaciones Sociales UNAM Abril de 2005 10
  • 11. II. APROXIMACIONES TEORICAS II.1. Acercamientos a la corrupción La corrupción es un fenómeno complejo y multifacético con múltiples causas y efectos y asume varias formas y funciones en distintos contextos. El fenómeno de corrupción varía desde un acto de pago de un soborno, o un pago contraindicado por la ley hasta el mal funcionamiento endémico de un sistema político y económico. El problema de la corrupción ha sido visto como un tema estructural de política o economía, o como un problema moral o cultural individual. La definición de corrupción consecuentemente varía de los términos amplios de “abuso del poder público” hasta “decaimiento moral” a definiciones legales estrictas como un acto de soborno que involucra a un servidor público y una transferencia de recursos tangibles. En consecuencia, el estudio de la corrupción ha sido multidisciplinario y disperso y abarca desde la construcción de modelos teóricos hasta descripciones detalladas de escándalos de corrupción. Se ha estudiado como un problema de subdesarrollo político, económico, moral o cultural. La naturaleza compleja de la corrupción ha llevado a la mayoría de los observadores a estar de acuerdo en que permea varias sociedades y no existen soluciones fáciles a este problema. Se ha hecho notar también que la corrupción no desaparece cuando un país se desarrolla, o se moderniza, sino que toma nuevas formas (Girling: 1997). 11
  • 12. II.1.1.Definiciones En una extensa revisión de la literatura sobre el tema Amundsen clasifica los discursos académicos contemporáneos sobre corrupción de acuerdo a distintas disciplinas sociales (Amundsen and Fjeldstad 2000). La investigación sobre corrupción incluye la clasificación de las diversas formas de corrupción con el propósito de operacionalizar el concepto. Los investigadores han definido a la corrupción como una relación particular entre el Estado y la sociedad y han elaborado la distinción entre corrupción política y corrupción burocrática. Otra distinción analítica amplia ha sido la de corrupción funcional y corrupción disfuncional, o como un mecanismo de extracción “hacia arriba” o “hacia abajo”. En otras ocasiones el enfoque se centra en la relación entre la corrupción y otros fenómenos o procesos, como por ejemplo, en las agendas recientes de la ciencia política, se ha colocado a la corrupción y la lucha contra la misma en la agenda más amplia de la democratización1 El papel decisivo del estado se refleja en la mayoría de las definiciones de la corrupción, que se entiende como una relación particular estado-sociedad. La corrupción ha sido definida convencionalmente como la apropiación privada de bienes públicos. Es el abuso de los recursos públicos por servidores públicos para la obtención de beneficios privados. La definición de corrupción utilizada por Transparencia Internacional y el Banco Mundial señala que “es el abuso del poder público para fines (o beneficios) privados”2. Otra definición utilizada con frecuencia es “una transacción entre actores de los sectores público y privado a través de la cual los bienes colectivos son ilegítimamente convertidos en beneficios privados. Este último punto, es enfatizado por Rose-Ackerman3 que señala que la 1 . Véase: Jens Chr. Andvig and Odd-Helge Fjeldstad Research on Corruption a Policy Oriented Survey, Final report, December 2000, NORAD Chr. Michelsen Institute (CMI) & Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) 2 . Transparency International (1998): “Corruption perception index 1998”. http://www.transparency.de/index.html [13.12.00]. 3 Rose-Ackerman, Rose (1978): Corruption. A Study in Political Economy. London/New York: Academic Press. 12
  • 13. corrupción existe en la interfase de los sectores públicos y privados, definición que apunta a la distinción weberiana entre lo público y lo privado como fundamento de la administración y la política no corruptas4 En la definición clásica de Nye la corrupción es “un comportamiento que se desvía de los deberes formales de un rol público (por elección o designación) por causas (personales, familiares o de un grupo) a la búsqueda privada de beneficios de riqueza o status5. Samuel Huntington señaló que “donde las oportunidades políticas son escasas, la corrupción ocurre a medida que la gente la utiliza para obtener poder, y donde las oportunidades económicas son pocas, la corrupción ocurre cuando el poder político es utilizado para perseguir riquezas”6. II.1.2.Orígenes de la corrupción Dadas las definiciones de corrupción como un estado particular de la relación entre el Estado y la sociedad los orígenes de la corrupción se localizan en los dos campos de interacción: entre el estado y la sociedad, y más allá de ellos, esto es a nivel nacional e internacional. Además, tiene lugar dentro del propio Estado, en sus varios niveles. En el nivel institucional nacional dentro de los varios niveles y agencias del Estado, la corrupción puede desarrollarse entre las distintas ramas del gobierno (ejecutivo, legislativo o judicial) y entre las instituciones políticas y administrativas. Estas relaciones pueden corromperse por la sobreposición de funciones, autoridades en conflicto, luchas por el poder político o por acceso a recursos escasos, flujos manipulados de información y relaciones personales de dependencia o lealtad. 4 Rose-Ackerman, Susan (1999): Corruption and Government. Causes, Consequences and Reform.Cambridge: Cambridge University Press. 5 Nye, J.S. (1967): “Corruption and political development”, American Political Science Review, vol. 61,no. 2, pp. 417-427. 6 Huntington, S.P. (1968): “Modernization and corruption”, en Political order in Changing Societies, Samuel P. Huntington, New Haven, Connecticut: Yale University Press. Pp. 59–71. 13
  • 14. En particular, la débil separación entre el servicio público y los partidos políticos, la débil profesionalización de la burocracia y la falta de rendición de cuentas y transparencia administrativa, así como el deficiente control político y de los mecanismos de auditoría incrementarán la corrupción: “A medida que aumenta la discrecionalidad de los servidores públicos a través de regulaciones abundantes, complejas y no transparentes, se incrementará la probabilidad de que aparezca la corrupción”7 II.1.3. Diferencias entre corrupción política y burocrática La distinción entre corrupción política y burocrática es ambigua. Depende de la separación weberiana de la política y la administración, que se ha probado que es difícil de implantar en los países más pobres y por lo tanto, escasamente observable. No obstante, dicha distinción es importante en términos analíticos. La corrupción política es algo más que la desviación de las normas legales formales y escritas, de los mandatos de las cortes y de los códigos de ética profesionales. La corrupción política es cuando los gobernantes abusan de las leyes y las regulaciones o ignorar y arreglan dichas leyes para beneficiar a sus propios intereses o a intereses privados. Se da cuando las bases legales contra las cuales son juzgadas y evaluadas las prácticas corruptas son débiles o sujetas a deformaciones por los líderes. La corrupción política puede ser incidental, controlada o negociada, como en la mayoría de las democracias consolidadas. La corrupción política o gran corrupción tiene lugar en los niveles más altos de la autoridad política, cuando los políticos y tomadores de decisiones quien están investidos del poder de autorizar e implantar las leyes en el nombre del pueblo son corruptos. La corrupción política se da cuando la formulación de las políticas públicas y la legislación se arreglan para beneficiar a los políticos y a los legisladores. 7 Véase: Jens Chr. Andvig and Odd-Helge Fjeldstad Research on Corruption, op. cit. p. 13 14
  • 15. En forma similar, la corrupción burocrática puede tener lugar en el nivel de implantación de las políticas públicas sin necesariamente ser parte del sistema político o que tenga repercusiones políticas. Esto sucede con frecuencia cuando un gobierno fuerte y transparente ha sido capaz de limpiar los corredores del poder, pero no cada unidad del servicio público, siendo el caso de que ciertos servicios o burócratas están todavía comprometidos con prácticas corruptas. Al mismo tiempo, la corrupción burocrática y la política tienden a desarrollarse en forma conjunta y a reforzarse una a la otra. La corrupción política está apoyada generalmente en pirámides burocráticas extendidas, pirámides de extracción hacia arriba. Y la corrupción en lugares con alto poder es contagiosa a niveles inferiores, es por esta razón que una definición estricta de la definición de corrupción como una desviación de las reglas formales y un enfoque particular en la corrupción burocrática puede estar sesgado. La corrupción burocrática puede ser controlada y restringida cuando existen voluntad y capacidad política para implantar las regulaciones necesarias. En algunas democracias liberales la corrupción ha disminuido a través de auditorías, legislación y reformas institucionales. La corrupción política es de naturaleza incidental y ocasional y se relaciona con el sistema político existente por las reformas, revitalización de las instituciones políticas de rendición de cuentas como las judiciales, legislativas y administrativas. En los países son corrupción sistémica política o administrativa, el marco legal del estado es insuficiente8 como término de referencia para juzgar el problema de la corrupción. Así los efectos degenerativos de la corrupción política no pueden ser contratacados sólo por enfoques legalistas o administrativos. Tendrán que imponerse estándares o metas morales, normativas, éticas y políticas. La 8 Véase: Johnston, Michael (1996): “The search for definitions: The vitality of politics and the issue of corruption.” International Social Science Journal, no. 149, pp. 639-58. 15
  • 16. corrupción endémica necesita de reformas políticas radicales, un sistema de rendición de cuentas y una democratización profunda. II.1.4.Diversos acercamientos metodológicos Los debates internacionales sobre cómo acercarse al fenómeno de la corrupción se desarrollan sobre una definición general y ampliamente aceptada que es “el abuso del servicio público para la obtención de ganancias privadas” (Amundsen 1999, Rose-Ackerman 1996). Esta definición depende de la existencia de un dominio público que sea reconocible, separado de la esfera privada. En la ciencia política la concepción del servicio público está fuertemente influenciada por el tipo ideal de Max Weber de la racionalidad legal. El paradigma de la racionalidad legal se considera básico para entender la corrupción como la falta de separación de los ámbitos público y privado. Esta perspectiva de análisis de la administración pública ha sido cuestionada. La mayoría de los antropólogos sociales considera que la definición convencional de corrupción es demasiado estrecha y se orienta demasiado a la ilegalidad de las prácticas. “Los juicios de las personas sobre los cursos de la acción no emergen de un juego invariable de normas culturalmente universal que ayude a las personas a decidir si determinadas acciones podrían ser clasificadas como corruptas o no. Sino que es necesario ver cómo varían de un país a otro” 9. Dadas tales variaciones es necesario realizar exploraciones de cómo los actores evalúan por si mismos las prácticas sociales. Algunas normas sociales y de comportamiento tienden a facilitar la corrupción, como la “existencia de unas reglas del juego fluidas y siempre negociables, múltiples sistemas de normas, intermediarios, prácticas de donación de regalos, cadenas de solidaridad, familias extensas, y formas de autoridad 9 Véase: Jens Chr. Andvig and Odd-Helge Fjeldstad Research on Corruption, op. cit. p. 165 16
  • 17. neopatrimonialistas” (Olivier de Sardan 1996). El examen de las lógicas socioculturales que alimentan las prácticas cotidianas revelará lo que cada quien considera que es y no es la corrupción y ello es materia de la experiencia social. II.2. Cultura de la transparencia del servidor público Es posible situar una de las causas de la corrupción en el modo de relación que desde hace tiempo se ha establecido entre las instituciones y los ciudadanos. La falta de transparencia e información en la toma de decisiones, la escasa participación e involucramiento de los ciudadanos en la elaboración y cambio de las políticas públicas, a los que se aúna la existencia de normas y reglamentaciones inadecuadas u obsoletas, propician la transgresión de las normas y el establecimiento de reglas de juego paralelas basadas en el uso de mecanismos y acuerdos informales, y con ello, la aparición de conductas de corrupción. Lo anterior, ha contribuido a desarrollar una cultura del servicio público, presente en los diversos ámbitos de acción y que es compartida tanto por los ciudadanos, como por los servidores públicos. Una de las características de dicha cultura se muestra en su falta de transparencia, la escasa responsabilidad ciudadana y del servidor público con respecto al uso de los bienes y servicios públicos -que dada la lejanía del ciudadano con respecto a la esfera pública, a la que se considera ajeno-, son considerados como bienes que no pertenecen a nadie en particular, y por ello, susceptibles de disposición. II.2.1.La cultura del servicio público: cultura de la transparencia y cultura de las organizaciones Cultura de la transparencia del servidor público La cultura de la transparencia en el servicio público se define como las ideologías, normas y rutinas orientadas a brindar acceso a la información con oportunidad, 17
  • 18. visibilidad del trabajo que gobiernan las expectativas y el comportamiento del staff burocrático así como las relaciones de la organización con su entorno externo. La creación de una cultura de acceso, significa crear una cultura donde proveer información sea contemplado como una parte integral y valorada del trabajo de cada servidor público, no entendido como algo accesorio al trabajo real o como una molestia adicional. El cambio en esta percepción influenciará la manera en que es creada la información gubernamental, clasificada y comunicada. El elemento de transparencia significa que las siguientes metas son fundamentales para la cultura del servicio público: • Proporcionar al ciudadano la mayor visibilidad del trabajo que está siendo desarrollado • Proveer información disponible y con oportunidad Uno de los obstáculos mayores que se presenta para implantar cambios conducentes a la transparencia es la existencia de una cultura organizacional fuertemente enraizada, que puede ejerce efectos en el cambio de la organización, limitando la extensión de las reformas e impidiendo ir más allá de los cambios estructurales y de reglas formales para romper con los valores e incentivos subyacentes e incitar a realizar cambios significativos y sustanciales en el comportamiento organizacional. En aquellos lugares donde las metas de las reformas son consistentes con los elementos de la cultura organizacional existente el éxito e dicha implantación ha sido más evidente. Del mismo modo, en donde las reformas han demandado cambios a un nivel profundo de las ideologías, normas y rutinas se ha encontrado con resistencia considerable y en algunos casos, incluso, ha fracasado. 18
  • 19. Lo que indica la experiencia es que un entendimiento completo de la dinámica compleja del cambio de y dentro de las organizaciones, debe dirigirse no sólo a los factores sistémicos que demandan un cambio, sino también, a los factores internos críticos que moldean la ejecución de las reformas estratégicas y de sus resultados finales. Se plantea entonces la necesidad de discernir la relación dinámica entre las organizaciones y el ambiente, especificar las condiciones bajo las cuales pueden sobrevivir y alternativamente, como obtienen autonomía de e influencia sobre sus principales funciones. independencia financiera, y control sobre la información y la acción experta. Estos son primeros pasos esenciales en la comprensión de las oportunidades y condiciones para el comportamiento y el cambio de las organizaciones. No obstante, sin una teoría social de la organización poco se puede explicar sobre el contenido de esos comportamientos y la dirección y sentido del cambio. Los académicos constructivistas de la teoría sociológica de la organización han ampliado esos modelos para explorar la naturaleza de la acción: la vida social de los actores organizacionales que explica los resultados de comportamiento y los procesos de cambio no predecibles por otros métodos. Estos modelos exploran la interacción de factores internos y externos que generan fuentes de poder independiente e influencia en las políticas públicas y en las prácticas de las organizaciones. El denominador común es la afirmación de que las organizaciones, una vez pasado el punto de su creación, evolucionan para convertirse en actores sociales por derecho propio, desarrollando y desplegando intereses y comportamiento que aseguren su legitimidad y sobrevivencia en los ambientes institucionales externos. Esta concepción de la acción de las organizaciones está construida sobre la observación de las organizaciones que buscan alcanzar sus metas en ambientes 19
  • 20. competitivos y demandantes, no sólo por la adopción de estructuras formales apropiadas y tecnología, sino también al crear en el tiempo distintas culturas organizacionales. Dentro de las organizaciones la cultura naturalmente evoluciona con el tiempo o es estratégicamente creada por líderes como un medio de enfrentar los requerimientos externos para su supervivencia y crecimiento, así como para alcanzar la integración interna que permita realizar operaciones eficientes y medios de adaptación. Los elementos definitorios de la cultura afectan al comportamiento de las organizaciones a través de reglas formales y estructuras informales que moldean las expectativas de los miembros acerca de sus propios roles e identidades, así como lo que constituyen los pensamientos e ideas normativa e instrumentalmente apropiadas. A lo largo del tiempo, es a través de los procesos de socialización en el que los miembros de la organización internalizan respuestas a los problemas y retos, la cultura organizacional se enraiza fuertemente y se vuelve resistente al cambio. Las mismas ideologías, normas, lenguajes y rutinas que ayudan a aliviar la incertidumbre y proveen estabilidad, también inhiben el aprendizaje organizacional que conlleva una reflexión acerca de ideologías, valores y metas. En otras palabras, esta cultura se convierte en un filtro a través del cual las organizaciones interpretan las señales del ambiente y las traducen en decisiones de la organización con vistas a agendas selectivas y prácticas de política. Más aún, esta cultura actúa como un punto de fricción o de tensión y constricción sobre el cambio llevando a la organización en una trayectoria de múltiples resultados que van desde la preservación del statu quo hasta diversos grados de adaptación o aprendizaje. 20
  • 21. De lo anterior, se desprende que la creación de acciones tendientes a la creación de nuevas culturas organizacionales en el sector público es un elemento importante para lograr una cultura de la transparencia en el país. 21
  • 22. III. APROXIMACIONES METODOLOGICAS III.1. Metodología de la investigación Para dar cuenta de las situaciones anteriores, se requiere integrar en un marco básico de interpretación conocimientos de varias disciplinas: la administración pública, el derecho, la sociología, demografía y estadística, pero ello requiere también, de una combinación de metodologías de investigación. Es necesario, por una parte, identificar los puntos de referencia principales de la población estudiada, dibujar un mapa inicial de los entrevistados y las particularidades de su ocupación, trayectoria profesional y de sus características demográficas, sociales y económicas. Por otra parte, importa conocer la opinión, valoraciones y percepciones de los entrevistados sobre los procesos de adquisiciones. Eso sólo es posible mediante el empleo de metodologías cuantitativas, que permiten obtener representatividad, a la vez que extensión. En la investigación se recurrió al uso de la encuesta, con este propósito se diseñaron dos instrumentos: una ficha de registro diseñada para recoger la información de cada entrevistado, su trayectoria profesional y su entorno; y un cuestionario de opinión dirigido a recoger las percepciones, actitudes y valoraciones de los entrevistados sobre el servicio publico, la transparencia en las adquisiciones y la corrupción en el país y en la administración pública. El cuestionario consta de preguntas cerradas y abiertas e incluye una sección sociodemográfica que permite captar datos relativos a las condiciones de vida de los entrevistados (Véase Anexo II). Se elaboraron 16 versiones distintas del cuestionario, para su elaboración se contó con la aportación de distintos sectores: académicos, de la administración pública y del sector privado. Una vez que se aprobó la versión final se llevó a cabo una prueba piloto para conocer la respuesta de los entrevistados a su duración y 22
  • 23. fraseo, así como la pertinencia de las preguntas y se realizaron nuevas adaptaciones al cuestionario. Durante los meses de septiembre de 2004 a febrero de 2005, se entrevistó en su lugar de trabajo a 1641 funcionarios responsables y usuarios de los departamentos de adquisiciones en 17 secretarías de estado y 4 organismos decentralizados del gobierno federal. Los detalles relativos al diseño de la muestra se consignan en el Anexo metodológico I (Véase Anexo I). Las bases de datos de funcionarios sobre las que se elaboró la muestra fueron proporcionadas por la propia Secretaría de la Función Pública. Hubo que rehacerlas varias veces, debido a imprecisiones y desactualizaciones. En esta tarea colaboró la Secretaría de la Función Pública. Se presentó una fuerte negativa inicial de los funcionarios a ser entrevistados. Al mes de noviembre de 2005 se contabilizaron 2800 visitas y 920 rechazos en 19 de los 21 organismos seleccionados. Dada esta negativa, se solicitó una carta personalizada a cada funcionario responsable de los departamentos de adquisiciones de la Secretaría de la Función Pública para que se permitiera realizar las entrevistas. Se realizaron 3,800 visitas en los 21 organismos seleccionados. Se dieron 294 rechazos definitivos 23
  • 24. Cuadro 1 Secretarías y organismos públicos visitados  SEP  SECTUR  STRABAJO  PGR  SEGOB  SSALUD  SREXTERIORES  SECONOMÍA  SRA  SENERGÍA  SCT  SEDESOL  SAGARPA  SEMARNAT  SHCP  IMSS  COMISIÓN NACIONAL  CFE DEL AGUA  PEMEX  SFP  SRE Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. III.2. Variables del estudio Las variables consideradas en el estudio fueron las siguientes: • Variables sociodemográficas y socioeconómicas de la población objeto de estudio: Se tuvieron en cuenta variables como el sexo, la edad, así como el nivel de escolaridad, la condición de actividad y el ingreso familiar, y las características de profesionales. Con dichas variables se puede esbozar un perfil sociodemográfico y de trayectoria en el puesto, sus características generales y especificidades. • Percepciones sobre la situación del país: Se tienen en cuenta las percepciones sobre la situación por la que atraviesa México, y las expectativas para el futuro que posee la población entrevistada. • Evaluación de la administración pública en México: Se tuvieron en cuenta las valoraciones de la población frente a diversas instituciones de la administración pública, antes y después del año 2000. • Calidad en los procesos de adquisiciones: Se tuvieron en cuenta los procesos de adjudicaciones directas y licitaciones restringidas, las contrataciones de emergencia, la evaluación de los mecanismos de licitación, y 24
  • 25. los tiempos y costos de estos procesos. • Resultados de las adquisiciones. En este rubro se consideraron el nivel de satisfacción de los usuarios, la evaluación de la calidad y eficiencia al brindar los servicios, las mejoras en el servicio, la relación con los proveedores y la percepción de corrupción en las adquisiciones. • Conocimiento y apego a la ley de adquisiciones. De acuerdo a los objetivos de la investigación, se le concedió una importancia particular al análisis de las actitudes, opiniones, percepciones y valores de los encuestados sobre la ley de adquisiciones, así como de su aplicación y la cultura de la legalidad en general. • Percepciones sobre los mecanismos de evaluación y auditoría: Se analizaron las actitudes y percepciones sobre los mecanismos de evaluación internos y externos: auditorías, SFP y Contraloría ciudadana. • Cultura y prácticas administrativas: las actitudes, percepciones y opiniones sobre el servicio publico -elementos centrales en el cuestionario- se han analizado a través de la exploración de las percepciones que posee la población entrevistada sobre las prácticas más frecuentes n la administración y los valores que las guían. • Percepciones de la transparencia y corrupción en la administración pública: De igual forma, se analizó esta esfera a través de las opiniones y percepciones que posee la población objeto de estudio sobre las prácticas de corrupción, su origen, causas y evolución, así como las responsabilidades frente a la corrupción. Se incluyen además variables diseñadas para captar los focos de corrupción, los costos y beneficios de los actos corruptos, la percepción de las penas y sanciones aplicadas en esos casos. • Percepciones generales sobre la corrupción. Incluye la calificación de actores políticos y sociales corruptos, la autocalificación en la escala de corrupción; las soluciones percibidas a este problema y preguntas para captar los mecanismos percibidos para solucionarlo. 25
  • 26. III.3. Análisis de las categorías de las respuestas “no sabe” y “no contesta” La falta de respuesta por parte de los informantes es uno de los posibles errores que afectan a una encuesta en la fase de recogida de la información. En este sentido, nuestra encuesta presentó en muchas preguntas porcentajes muy elevados de la categoría “no sabe / no contesta”, por lo cual, bajo una primera mirada, podría suponerse que se está delante de un error del tipo antes mencionado. Una encuesta que aborda temas sobre corrupción es posible pensar que obtenga un porcentaje muy elevado de falta de respuesta por la reticencia de los entrevistados a contestar sobre un tema de alta sensibilidad. Sin embargo, si desglosamos la categoría entre aquellos informantes que respondieron que no sabían responder la pregunta y aquellos que directamente no quisieron contestar, es la primera categoría en la que se concentran casi todas las respuestas siendo marginal la falta de respuesta en todo el cuestionario. Igualmente habría que preguntarse acerca de tan altos porcentajes de “no sabe” en muchas preguntas de la encuesta. La respuesta a esta interrogante es doble: por un lado preguntas sobre conocimientos muy específicos que muchos informantes no estaban en posición de conocer, y segundo y más preocupante (y este es un resultado interesante del estudio), falta de conocimiento sobre temas que sí deberían conocer funcionarios vinculados en su labores con la temática de las preguntas. Si se dirige una rápida mirada a las tablas cruzadas resultantes del estudio se puede apreciar como los porcentajes de la categoría “no sabe” no alcanzan cifras muy elevadas en aquellas preguntas sobre información personal del entrevistado, o en preguntas de opiniones generales que se realizan. Sólo se alcanzan elevados niveles de no saber contestar en los casos de preguntas sobre conocimientos específicos sobre el funcionamiento de procesos administrativas de su secretaría. Un ejemplo claro de esto son las preguntas referidas a los procesos 26
  • 27. administrativos en el área de adquisiciones. Los porcentajes de la categoría “no sabe” van elevándose en función del nivel de especificidad de la pregunta en cuanto a los procedimientos al respecto. Al preguntar sobre la frecuencia con la que se hacen adquisiciones directas de algunos productos o servicios los porcentajes de “no sabe” alcanzan a alrededor de un tercio de los entrevistados, mientras que dichos porcentajes alcanzan a tres de cada cuatro entrevistados al preguntar sobre el tiempo de anticipación con el que se inician estos procesos. Ahora bien, podemos apreciar que el comportamiento de ese “no sabe” se distribuye de forma esperable en función del tipo de funcionario que contesta la encuesta. Por un lado, los funcionarios de ocupan cargos de personal de base duplican en la categoría “no sabe” a otros funcionarios de mayor rango tal como podemos apreciar en el siguiente cuadro para el caso de la adquisición directa de vehículos: Cuadro 2 ¿Con qué frecuencia hacen adquisiciones directas de los siguientes productos o servicios? Vehículos A Cargo SIEMPRE NUNCA NS NC Total VECES Mandos Superiores 1.7 7.6 67.1 23.1 0.5 100 Mandos Medios 2.0 10.1 55.7 31.4 0.9 100 Personal Operativo 17.5 55.0 25.0 2.5 100 Personal de Base 1.4 5.1 36.6 56.8 0.2 100 NC 100.0 100 Total 1.6 7.7 54.1 36.0 0.5 100 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. Más marcada es la diferencia en la misma categoría si se considera si el funcionario tiene o no alguna participación en los procesos de adquisiciones. En este caso en porcentaje de “no sabe” es más de tres veces más elevado para los funcionarios que no participan en estos procesos. Nuevamente ejemplificamos con las adquisiciones directas en el caso de los vehículos: 27
  • 28. Cuadro 3 ¿Con qué frecuencia hacen adquisiciones directas de los siguientes productos o servicios? Vehículos ¿Tiene usted SIEMPRE A VECES NUNCA NS NC Total alguna SI 3.2 20.2 62.8 13.9 100.0 intervención en NO 1.3 4.8 52.0 41.2 0.7 100.0 los procesos de adquisiciones? Total 1.6 7.7 54.1 36.0 0.5 100.0 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. El comportamiento de la categoría “no sabe” es similar para el caso de los otros productos y servicios sobre los que se consultó (Véanse Tablas 58 – 63). Como mencionamos anteriormente, los porcentajes son más elevados en las preguntas de procesos más específicos, por ejemplo los tiempos de anticipación de las adquisiciones. En este caso el comportamiento de la categoría “no sabe” también varía dependiendo si se trata de personal de base o de funcionarios de mayor rango, pero por tratarse de conocimientos más específicos los porcentajes de “no sabe” continúan siendo muy elevados. Vemos un ejemplo para el caso de los tiempos de adquisición del material de papelería: Cuadro 4 La última vez que contrataron los siguientes bienes y servicios en esta dependencia, ¿con que tanta anticipación se iniciaron los procesos de adquisición?... Material de papelería MENOS 6 3 Cargo 1 AÑO DE 3 NS NC Total MESES MESES MESES Mandos Superiores 7.4 5.2 7.3 13.7 65.6 0.8 100.0 Mandos Medios 7.5 6.4 4.2 15.8 64.5 1.8 100.0 Personal Operativo 7.5 10.0 5.0 2.5 72.5 2.5 100.0 Personal de Base 2.9 1.8 1.8 9.4 84.0 0.2 100.0 NC 100.0 100.0 Total 6.0 4.6 4.7 12.7 71.1 0.9 100.0 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. Para el caso de los funcionarios que declararon que participan o no participan en los procesos de adquisiciones las diferencias de la misma categoría son mucho más altas. Igualmente, llama la atención el bajo conocimiento sobre dichos 28
  • 29. procesos por parte del personal que sí tendría que estar al tanto de dicha información. Nuevamente ejemplifiquemos con el material de papelería, un servicio que muestra un comportamiento similar al de otros productos o servicios sobre los que se interrogó: Cuadro 5 La última vez que contrataron los siguientes bienes y servicios en esta dependencia, ¿con que tanta anticipación se iniciaron los procesos de adquisición?... Material de papelería MENOS 3 ¿Tiene usted alguna 1 AÑO 6 MESES DE 3 NS NC Total MESES intervención en los MESES procesos de SI 9.8 12.6 13.9 22.7 41.0 100.0 adquisiciones? NO 5.1 2.6 2.5 10.3 78.3 1.1 100.0 Total 6.0 4.6 4.7 12.7 71.1 0.9 100.0 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. Como puede apreciarse, la categoría “no sabe” es el doble para el caso de los funcionarios que declararon no intervenir en las adquisiciones, sin embargo, el porcentaje es muy elevado para los que sí participaron. Los porcentajes de “no sabe” para la pregunta por la suficiencia o insuficiencia de estos tiempos sigue un comportamiento similar al descrito anteriormente (Véanse Tablas 72 a 78). La satisfacción con la calidad de los servicios, como sería esperable, ya no muestra porcentajes tan elevados de “no sabe”. Sin embargo para algunos casos como la flotilla de vehículos o el servicio de viajes los porcentajes de no saber responder son mucho más elevados (53.4% para los vehículos y 46.3% para los servicios de viaje, contra, por ejemplo, 15% en el caso del material de papelería). Lo que sucede es que los usuarios de los dos primeros servicios son mucho menos extendidos que los últimos y eso de refleja en los resultados señalados. Similar es el comportamiento ante las preguntas referidas a la rapidez con que se brindan esos productos o servicios (Véanse Tablas 85 – 90). 29
  • 30. Cuando las preguntas vuelven a referirse a conocimiento más especializado sobre los procesos de adquisición los porcentajes de la categoría “no sabe” se elevan, pero nuevamente presentan una importante variación en función de nivel de los funcionarios dentro de la secretaría, tal como se ejemplifica en el siguiente cuadro para el caso de el servicio de computadoras. Cuadro 6 Si se cambiara de proveedores, ¿qué tanto cree usted que mejorarían los siguientes servicios? Computadoras Cargo MUCHO ALGO POCO NADA NS NC Total Mandos Superiores 9.0 13.6 15.6 34.4 26.5 0.8 100.0 Mandos Medios 10.1 14.5 14.7 30.9 29.4 0.4 100.0 Personal Operativo 5.0 22.5 12.5 10.0 50.0 100.0 Personal de Base 8.2 10.4 8.4 16.6 55.6 0.8 100.0 NC 100.0 100.0 Total 9.0 13.0 13.0 27.4 36.9 0.7 100.0 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. Como es esperable, una diferencia más marcada en esta categoría de respuesta se presenta en el caso de la división entre funcionarios que participan y que no participan de los procesos de adquisición. El porcentaje de “no sabe” para el caso de los funcionarios que sí participan de los procesos de adquisiciones es menos de la tercera parte del porcentaje que alcanza para el caso no los que no lo hacen. Igualmente, podría considerarse como falta de conocimiento en la materia que 15% no haya sabido responder a la pregunta. Un comportamiento similar se da en las preguntas que refieren a los otros servicios (Véanse Tablas 91 – 96). Cuadro 7 Si se cambiara de proveedores, ¿qué tanto cree usted que mejorarían los siguientes servicios? Computadoras ¿Tiene usted alguna MUCHO ALGO POCO NADA NS NC Total intervención en los SI 7.9 17.0 20.2 39.7 14.8 0.3 100.0 procesos de NO 9.2 12.1 11.3 24.4 42.2 0.8 100.0 adquisiciones? Total 9.0 13.0 13.0 27.4 36.9 0.7 100.0 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. 30
  • 31. Otras preguntas sobre los procesos de adquisición siguen un comportamiento similar al descrito hasta el momento, tal como es el caso de las preguntas sobre las quejas que realizan los proveedores (Tablas 97 y 98), la normatividad sobre las adquisiciones (Tablas 99, 100 y 116) Las preguntas sobre áreas específicas de las secretarías y sobre el conocimiento de la ley de adquisiciones también alcanzan porcentajes de la categoría “no sabe” muy elevados. Para el caso de preguntas sobre áreas o dependencias en las que existe mayor corrupción la frecuencia de la categoría “no sabe” no solamente es muy elevada (cerca de la mitad de los funcionarios entrevistados), sino que el porcentaje no varía en función de los tipos de funcionario. En este caso, el porcentaje elevado no parece deberse a falta de información específica como era el caso de muchas de las anteriores preguntas, sino a la temática sensible de la pregunta y al no querer comprometerse con una respuesta al interior de la misma secretaría en donde se trabaja cotidianamente (Véase Tabla 142). Con relación al conocimiento que los funcionarios tienen sobre la ley de adquisiciones, las diferencias entre funcionarios de distinto tipo vuelven a ser muy significativas. Pongamos el ejemplo de la pregunta sobre los procesos de contratación que establece la Ley de Adquisiciones, particularmente de la mención de la obligación de llamar a una licitación pública. Los porcentajes de la categoría “no sabe” son diversos para los distintos niveles de funcionarios: Cuadro 8 ¿Podría decirme los procesos de contratación que establece la Ley de Adquisiciones? Licitación pública nacional e internacional SI NO Cargo Total MENCION MENCION Mandos Superiores 71.6 28.4 100.0 Mandos Medios 61.4 38.6 100.0 Personal Operativo 42.5 57.5 100.0 Personal de Base 12.1 87.9 100.0 NC 100.0 100.0 Total 49.5 50.5 100.0 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. 31
  • 32. La diferencia es aún más marcada para la distinción entre funcionarios que participan en los procesos de adquisición y aquellos que no lo hacen: Cuadro 9 ¿Podría decirme los procesos de contratación que establece la Ley de Adquisiciones? Licitación pública nacional e internacional SI NO ¿Tiene usted alguna Total MENCION MENCION intervención en los SI 89.9 10.1 100.0 procesos de NO 39.9 60.1 100.0 adquisiciones? Total 49.5 50.5 100.0 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. Nueve de cada diez funcionarios vinculados a los procesos de adquisición mencionaron la necesidad de convocar a licitación pública, mientras que sólo lo hicieron cuatro de cada diez funcionarios que no participan en dichos procedimientos administrativos. Un comportamiento similar de la categoría “no sabe” es el que se presenta en las preguntas que refieran a las excepciones a la ley de adquisiciones, a la realización de auditorias y a la existencia y funcionamiento de los organismos de contralor ciudadano sobre estos procedimientos (Véanse Tablas 162 a 184). III.4 Criterios para la clasificación de los funcionarios entrevistados La clasificación de tipo de funcionarios se hizo con base a sus facultades y nivel de decisión señaladas en el articulo 5 la Ley Federal los Trabajadores al Servicio del Estado, donde describe las funcionarios que desempeñan los funcionarios de confianza de la administración pública federal: Según el artículo 5, son trabajadores de confianza, aquellos que desempeñan funciones que conforme a los catálogos de puestos sean de: 32
  • 33. a).- Dirección, que le confieren la representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando a nivel directores generales, directores de área, adjuntos, subdirectores y jefes de departamento. b).- Inspección, vigilancia y fiscalización: exclusivamente a nivel de las jefaturas y sub- jefaturas, cuando estén considerados en el presupuesto de la dependencia o entidad de que se trate, así como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente este desempeñando tales funciones ocupando puestos que a la fecha son de confianza. c).- Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal de disponer de estos, determinando su aplicación o destino. El personal de apoyo queda excluido. d).- Auditoria: a nivel de auditores y sub- auditores generales, así como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente desempeñe tales funciones, siempre que presupuestalmente dependa de las contralorías o de las áreas de auditoria. e).- Control directo de adquisiciones: cuando tengan la representación de la dependencia o entidad de que se trate, con facultades para tomar decisiones sobre las adquisiciones y compras, así como el personal encargado de apoyar con elementos técnicos estas decisiones y que ocupe puestos presupuestalmente considerados en estas áreas de las dependencias y entidades con tales características. f).- En almacenes e inventarios, el responsable de autorizar el ingreso o salida de bienes o valores y su destino o la baja y alta en inventarios. g).- Investigación científica, siempre que implique facultades para determinar el sentido y la forma de la investigación que se lleve a cabo. h).- Asesoría o consultaría, únicamente cuando se proporcione a los siguientes servicios públicos superiores; secretario, sub- secretario, oficial mayor, coordinador general y director general en las dependencias del gobierno federal o sus equivalentes en las entidades. i).- El personal adscrito presupuestalmente a las secretarias particulares o ayudantías. 33
  • 34. j).- Los secretarios particulares de: secretario, sub- secretario, oficial mayor y director general de las dependencias del ejecutivo federal o sus equivalentes en las entidades, así como los destinados presupuestalmente al servicio de los funcionarios a que se refiere la fracción i de este articulo. k).- Los agentes del ministerio publico federal y del distrito. l).- Los agentes de las policías judiciales y los miembros de las policías preventivas. Han de considerarse de base todas las categorías que con aquella clasificación consigne el catalogo de empleos de la federación, para el personal docente de la secretaria de educación publica. La clasificación de los puestos de confianza en cada una de las dependencias o entidades, formara parte de su catalogo de puestos. iii.- en el poder legislativo; en la cámara de diputados; el oficial mayor el director general de departamentos y oficinas, el tesorero general, los cajeros de la tesorería, director general de administración, el oficial mayor de la gran comisión, el director industrial de la imprenta y encuadernación y el director de la biblioteca del congreso. En la contaduría mayor de hacienda: el contador y el subcontador mayor, los directores y subdirectores, los jefes de departamento, los auditores, los asesores y los secretarios particulares de los funcionarios mencionados. En la cámara de senadores: oficial mayor, tesorero y subtesorero; iv.- en el poder judicial: los secretarios de los ministros de la suprema corte de justicia de la nación y en el tribunal superior de justicia del distrito federal, los secretarios del tribunal pleno y de las salas; El personal de base (personal operativo) comprendidos dentro del articulo anterior. Estos se subdividen según las funciones que desempeñan en: Grupos servicios: Personal que se caracteriza por la ejecución de actividades de apoyo mecanográfico, limpieza, mensajería, transportación de personas y 34
  • 35. documentos, almacenamiento de recursos materiales, mantenimiento y vigilancia de inmuebles, orientación al público Grupo administrativo: Personal que desempeña funciones tales como: elaborar, tramitar y controlar documentos, registrar en controles establecidos, actualizar información, operar máquinas de oficina, glosar documentos, realizar actividades secretariales y de archivo, así como, de cálculo, análisis y clasificación. Grupo técnico: Personal en cuyos puestos se aplican conocimientos teóricos- prácticos como el realizar estudios y programas técnicos, sobre diversas materias de especialización, operar equipos especializados de cómputo y electrónica, etc. Resolviendo problemas de carácter técnico. Grupo profesional: Personal que lleva a cabo la aplicación de conocimientos teórico-científicos, para realizar estudios técnicos y administrativos, que requieren de investigación o del conocimiento de materias a nivel profesional y que permiten evaluar situaciones y proporcionar alternativas de solución. De los funcionarios responsables entrevistados el 68.9% (199) tiene una intervención directa en los procesos de adquisiciones, el 4.5% son responsables de administración de recursos humanos, el 5.5% son responsables de la administración de recursos financieros, el 40.1% son responsables de adquisición de bienes y contratación de servicios y el 26.0% son responsables de administración de bienes y recursos materiales De los funcionarios usuarios entrevistados sólo el 8.7% tiene una intervención directa en los procesos de adquisiciones. El 39.6% de los entrevistados se dedican a las siguientes labores; el 6.9% son analistas de información, el 8.8% se ubican en el asesoramiento y apoyo jurídico, el 7.8% en la auditoria y control, el 10.2% en la elaboración de proyectos y normas y el 47.6% es personal operativo del departamento. 35
  • 36. IV. PERFIL LABORAL DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA De acuerdo con el cargo que los funcionarios ocupan en las secretarías, el 38.0% respondió que ocupa cargos que se podrían clasificar como de mandos superiores, el 29.1% de los encuestados indicó que ocupa cargos que corresponden a la categoría de mandos medios, el 33.0% contestó que ocupa cargos que se pueden agrupar bajo el rubro de personal operativo (Véase tabla 5). IV. 1. Funciones desarrolladas por los trabajadores Es importante destacar en este análisis las funciones que desarrollan los encuestados en las secretarías en las que trabajan. A este respecto se puede decir que el 41.8% declaró desarrollar funciones operativas en general, el 9.6% se ocupa en el área de adquisiciones de bienes y contratación de servicios, el 8.9% desempeña funciones relacionadas con la elaboración de proyectos y normas, el 7.9% tiene funciones vinculadas con la administración de bienes y recursos materiales, y el resto de los encuestados desarrolla funciones que van desde el análisis de la información (6.0%) hasta el seguimiento de programas (1.3%) (Véase Tabla 1). Entre los encuestados que declararon ocupar mandos superiores, el 31.5% desarrolla funciones operativas en general, el 12.4% se encarga de la elaboración de proyectos y normas y el 11.1% tiene como responsabilidad la adquisición de bienes y contratación de servicios. Un patrón distinto se observa para los encuestados que se ubican en mandos medios de los cuales el 34.6% están en funciones operativas; el 15.1%, en la adquisición de bienes y contratación de servicios y el 11.1% en la administración de bienes y recursos materiales (Véase Tabla 1). La amplia mayoría de los encuestados que se ubica como personal operativo desarrolla funciones operativas en general (60.1%) (Véase Tabla 1). 36
  • 37. IV. 2. Participación en los procesos de adquisiciones Prácticamente ocho de cada diez encuestados (80.7%) indicaron que no participan del proceso de adquisiciones, mientras que el 19.3% de los encuestados manifestó que participa de este proceso (Véase tabla 12). Los encuestados que tienen cargos de mandos medios y superiores participan en el proceso de adquisiciones en mucho mayor medida (29.5% y 26.2%, respectivamente) que el personal operativo (1.5%) (Véase Tabla 12). Casi todos los funcionarios (97.7%) que trabajan en la Comisión Nacional del Agua y en la Procuraduría General de la República (96.2%) señaló que no intervienen en los procesos de adquisiciones. Mientras que son los entrevistados de la Secretaría de Economía (28.3%) y la Secretaría de Desarrollo Social (27.7%) quienes en mayor proporción señalan tener algún tipo de intervención en los procesos de adquisiciones (Véase tabla 12). IV. 3. Condición de actividad Prácticamente todos los funcionarios de la muestra (93.7%) realizan su trabajo en cada una de las secretarías de manera exclusiva, sin desarrollar otra actividad laboral. Quienes tienen otra ocupación se dedican mayormente al comercio o a un negocio por cuenta propia (32.0%), son profesores (23.3%), tienen oficios varios y diversos (15.5%) o bien declaran ser consultores (10.7%) (Véase Tabla 196). Este mismo patrón se observa al hacer el análisis por cargo o puesto ya que tanto los mandos superiores (93.1%), como los medios (93.9%) y el personal operativo (94.1%) indicaron no tener otro trabajo (Véase Tabla 196). Entre los funcionarios que desarrollan otra actividad laboral además de desempeñarse en las secretarías, destacan los trabajadores de la Secretaría de energía (12.0%), de la Secretaría de Gobernación (10.5%) y el IMSS (9.5) (Véase Tabla 196). 37
  • 38. IV. 4. Características del trabajo La mayoría de los funcionarios encuestados (68.4%) indican que trabajan de manera interna, en tanto que el 20.5% de los trabajadores desarrolla su actividad tanto de forma interna como de cara al público, y uno de cada diez (10.2%) solo trabaja de cara al público (Véase tabla 4). Prácticamente la totalidad de la población encuestada manifestó que el departamento en el que trabaja no cuenta con otras oficinas o centros. Los trabajadores de la Secretaría de la Función Pública son quienes en mayor medida señalaron esta situación (94.8%), seguidos de los encuestados en la Secretaría de Energía (88.0%) y por último los trabajadores de la Secretaría de Gobernación (87.4%) (Véase Tabla 2). La amplia mayoría (83.3%) de los encuestados indicó que, en la oficina en la que trabajan son asistidos por algún tipo de servicio externo para el desarrollo de su trabajo, mientras que el 15.7% de los encuestados señaló que no reciben asistencia de ningún tipo (Véase tabla 17). IV.5. Trayectorias ocupacionales La mitad de los encuestados (50.1%) señala que ha trabajado siempre en la administración pública en tanto que el 49.7% no lo había hecho hasta el trabajo en la actual secretaría (Véase tabla 6). Mientras que la mayoría de los encuestados con mandos superiores (51.5%) y de mandos medios (51.2%) señalaron haber trabajado siempre en la administración pública, esta proporción desciende al 47.5% del personal operativo (Véase tabla 6). 38
  • 39. Los funcionarios del IMSS son los que en mayor proporción (65.1%) indican que han trabajado siempre en la administración pública, mientras que los funcionarios de la Secretaría de Gobernación son quienes en menor medida (40.0%) se han desarrollado en este nicho laboral (Véase tabla 6). Si bien no se observaron diferencias significativas en la proporción de encuestados que siempre trabajaron en la administración pública, se encuentran diferencias en las respuestas de los encuestados que siempre han trabajado en la misma secretaría. Casi tres de cada diez encuestados (28.3%) de mandos superiores han trabajado siempre en la misma secretaría, proporción que aumenta a cuatro de cada diez (45.9%) de los encuestados de mandos medios y se incrementa aún más para el personal operativo (75.9%) (Véase tabla 7). Son los trabajadores de PEMEX los que en la proporción más elevada (71.2%) manifiestan que siempre han trabajado en esa institución, mientras que en el extremo opuesto se encuentran los funcionarios de la Secretaría de de Seguridad Pública (el 85.7% de los encuestados indican que no han trabajado siempre en esa secretaria) (Véase tabla 7). Otras instituciones estatales en las que los funcionarios encuestados se han desenvuelto son el Gobierno Estatal (12.6%), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (6.8%), la Secretaría de Salud (5.8%), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (5.6%) y la Procuraduría General de la República (4.3%) (Véase tabla 8). IV.6. Prestaciones El 57.5% de los encuestados reportó contar con prestaciones del ISSSTE, el 21.0% indicó tener prestaciones del IMSS, el 19.7% de los funcionarios entrevistados declaró que cuenta con algún seguro médico privado y el 6.0% de los trabajadores cuentan con prestaciones del hospital de PEMEX (Véase tabla 202). 39
  • 40. Atendiendo esta situación para cada una de las secretarías se puede observar que la mayoría de los funcionarios entrevistados cuentan con seguros del ISSSTE, IMSS o particulares (Véase tabla 202). IV.7. Tipos de contratación La mayoría de los encuestados (65.4%) indica que es personal de confianza, mientras que el 17.1% señaló estar contratado como empleado de base, el 6.2% de los funcionarios manifestaron que sus contratos son por honorarios; y un 9.8% de los entrevistados indicó que trabajan como eventuales (Véase tabla 14). Los encuestados de mandos superiores en un 88.3% son personal de confianza, los mandos medios en un 76.1% indicaron ser personal de confianza y el personal operativo, en el 36.8% señaló ser empleado de base (Véase tabla 14). Las personas que laboran en la Secretaria de Seguridad Pública indicaron prácticamente en nueve de cada diez casos (87.9%) que son trabajadores de confianza, mientras que el 21.6% de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública trabajan por honorarios. Por otra parte el 32.5% de los entrevistados de las Secretaría de Turismo laboran como empleados de base y el 36.4% de los entrevistados de la Comisión Nacional del Agua respondieron que tienen trabajo por eventualidad (Véase tabla 14). IV.8. Integración al servicio civil de carrera Llama la atención que quienes dijeron pertenecer al servicio civil de carrera superan en número a los funcionarios que realmente pertenecen al servicio civil de carrera de la administración pública federal. Un número considerable de los entrevistados dijo pertenecer al servicio civil de carrera de la administración pública federal: el 36.6% señaló contar con esta integración, mientras que el 40
  • 41. 56.8% de la población encuestada manifestó no encontrarse integrada al servicio civil de carrera (Véase tabla 10). Lo anterior no sólo pone de relieve un desconocimiento de lo que es el servicio civil de carrera entre los entrevistados, que no conocen en qué consiste dicho servicio y los requisitos necesarios para pertenecer a él; sino que al mismo tiempo, manifiesta una carencia en la información y capacitación brindada en las diversas secretarías y en el servicio público federal. Si se analizan con cuidado las opiniones de quienes dijeron estar incorporados al servicio civil de carrera, contrastan fuertemente con las de los funcionarios que dijeron no pertenecer. La mayoría de los encuestados de mandos superiores (54.7%) indicó estar incorporado al servicio civil de carrera. Esta proporción desciende al 41.7% de los mandos medios y a tan sólo 1 de cada diez encuestados del personal operativo (10.9%). Es de destacar la alta proporción de personal operativo que indicó no saber si está incorporado al servicio civil de carrera (11.2%) frente a 4.2% de los mandos medios y el 2.4% de los mandos superiores (Véase tabla 10). La mayor proporción de funcionarios (61.7%) que se encuentran incorporados al servicio civil de carrera son trabajadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y trabajadores de la Secretaría de Gobernación (55.8%). Por otra parte entre las secretarías con menor proporción de trabajadores incorporados al servicio civil de carrera se encuentran el IMSS (el 93.7% de los entrevistados indicó no estar incorporados al servicio civil de carrera) y PEMEX (el 87.5% respondieron de igual forma) (Véase tabla 10). IV.9. Reclutamiento de personal En el cuestionario se incluyó una batería de preguntas que permitieran lograr un acercamiento al reclutamiento de personal y la relación de éste con prácticas de corrupción. 41
  • 42. Una de las preguntas empleadas con este fin fue: Por lo que usted ha visto, ¿las personas que trabajan en esta oficina, tienen o no tienen parientes trabajando en esta secretaría? El 2.1% respondió sí, todos tienen parientes aquí; el 12.1%, sí, muchas personas tienen parientes aquí; el 38.5%, sí, pocas personas tienen parientes aquí y el 36.5%, no, nadie tiene parientes aquí. El 0.2% dio otra respuesta. El 10.5% no supo y el 0.1% no contestó (Véase tabla 101). Es el personal operativo quien en mayor medida considera que muchas personas tienen parientes trabajando en la secretaría (21.4%), en comparación con los mandos superiores y medios (7.1% y 8.0%, respectivamente) (Véase tabla 101). Por un lado, los encuestados que más señalaron que pocas personas tienen parientes en esa dependencia fueron los de la Secretaría de la Reforma Agraria (60.0%) y los que menos respondieron de esta forma fueron los de la Comisión Nacional del Agua (11.4%). Por otro lado, los funcionarios que más contestaron que nadie tiene parientes en esa secretaría fueron los de la Procuraduría General de la República (61.5%) y los que menos respondieron de esta forma fueron los de la Secretaría de la Reforma Agraria (11.7%), con lo cual se verifica el dato antes mencionado (Véase tabla 101). A continuación se señalan los resultados del análisis con base en el tipo de funcionario. Se percibe que los responsables contestaron en menor medida que pocas personas tienen parientes en esa dependencia (31.5%), en comparación con los usuarios (40.0%). En cuanto a la opción de respuesta no, nadie tiene parientes aquí, se observa una tendencia opuesta (53.3%, los responsables y 32.9%, los usuarios) (Véase tabla 101). El 38.7% de los funcionarios siempre han trabajado en la administración pública ofreció la primera respuesta aquí analizada, mientras que el 38.4% de los no lo han hecho respondió de la misma forma. Para la segunda respuesta con mayor 42
  • 43. mención, los resultados son los siguientes: 35.2% para los que siempre han trabajo en la administración pública y 38.0% para los que no (Véase tabla 101). Los encuestados que siempre han trabajado en la misma secretaría respondieron en mayor medida que pocas personas tienen parientes en esa dependencia (42.5%), en comparación con los que no lo han hecho (34.9%). En contraste, los que siempre han trabajado en la misma secretaría respondieron en menor medida que nadie tienen parientes ahí (28.6%), en comparación con los que no lo han hecho (41.6%) (Véase tabla 101). El 37.7% de los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera manifestó que pocas personas tienen parientes en esa secretaría, en comparación con el 38.7% de los que no lo están. Del mismo modo, el 44.7% de los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera manifestó que nadie tienen parientes ahí, en comparación con el 32.4% de los que no lo están (Véase tabla 101). También se advierte que los funcionarios que intervienen en el proceso de adquisiciones respondieron en mayor medida nadie tienen parientes en esa secretaría (46.7%) en comparación con los que no intervienen (34.1%). Finalmente, los dos tipos de funcionarios respondieron casi con la misma frecuencia que pocas personas tienen parientes en esa dependencia (34.4% y 39.5%, respectivamente) (Véase tabla 101). 43
  • 44. V. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA V.1. Sexo, estado civil y edad El 54.5% de los funcionarios de secretarias entrevistados fueron hombres y el 45.5% mujeres. El 58.9% de los encuestados están casados, el 28.9% se declararon solteros, el 3.2% indicaron encontrarse viviendo en unión libre, el 4.1% se encuentra divorciado, el 2.1% manifiesta ser viudo y el 2.7% reporta estar separado. Esta población se distribuye por sexo de acuerdo a los grupos de edades de la siguiente manera; Cuadro 10 Distribución por sexo según grupos de edad (porcentajes) Grupos de edad Hombres Mujeres Total 18 a 19 años 28.9 71.1 100.0 20 a 24 años 46.4 53.6 100.0 25 a 29 años 43.3 56.7 100.0 30 a 34 años 50.8 49.2 100.0 35 a 39 años 58.2 41.8 100.0 45 a 49 años 67.4 32.6 100.0 50 a 54 años 58.6 41.4 100.0 Más de 55 años 67.0 33.0 100.0 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. V.2. Escolaridad Como se puede observar en el siguiente cuadro prácticamente la mayoría de la población encuestada (46.1%) tiene nivel de estudios de licenciatura, en tanto que el 14.3% cuenta con estudios a nivel de maestría, y el 7.8% de los funcionarios declararon haber realizado una carrera comercial. Tan sólo el 0.7% de los encuestados no han tenido estudios, mientras que una proporción muy pequeña (2.1%) no ha concluido la primaria. Se trata entonces de un universo con alta escolaridad (Véase Cuadro 11). 44
  • 45. Cuadro 11 Nivel de estudios Nivel de estudios Porcentaje No estudió nada 0.7 Primaria incompleta 2.1 Primaria completa 3.2 Secundaria incompleta 2.0 Secundaria completa 6.1 Carrera comercial 7.8 Carrera técnica 3.8 Preparatoria incompleta 3.2 Preparatoria completa 5.0 Licenciatura incompleta 5.0 Licenciatura completa 46.1 Maestría 14.3 Doctorado 0.7 Total 100.0 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. V.3. Nivel de ingreso familiar La mayoría de la población encuestada (62.1%) declaró percibir ingresos superiores a los diez salarios mínimos, en tanto, tan sólo el 2.0% de los entrevistados manifestó contar con ingresos de 0 a un salario mínimo. La distribución de cada uno de estos estratos se presenta en el siguiente cuadro; Cuadro 12 Distribución del ingreso de la población encuestada (Porcentajes) Más de 10 0 a 1 S.M. 1 a 3 S.M. 3 a 5 S.M. 5 a 7 S.M. 7 a 10 S.M. S.M. 2.0 9.6 10.2 5.6 7.8 62.1 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. Los funcionarios encuestados de las secretarías de la Procuraduría General de la República (el 80.8%), de PEMEX (el 80.2%), y de la Secretaría de Educación Pública (el 68.6%) son los trabajadores que señalaron en mayor medida percibir remuneraciones superiores a los 10 salarios mínimos. Dentro de los funcionarios que reportaron percibir los niveles salariales más bajos (de cero a un salario 45
  • 46. mínimo) se encuentran los de la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (el 6.8% percibe de 0 a 1 salario mínimo), los trabajadores de la Secretaría del Trabajo y la Prevención Social (el 6.4% se ubica entre 0 y 1 salario mínimo) y los funcionarios de la Secretaría de turismo (el 6.3% reporta ingresos de 0 a 1 salario mínimo) (Véase Tabla 198). V.4. Diferencias por género A pesar que prácticamente en todas las secretarías predominan los hombres, las mujeres son mayoría en la Secretaría de turismo (constituyen el 62.8% de los funcionarios), la Secretaría de la Función Pública (las mujeres representan el 54.2% del total de trabajadores) y la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (el 51.1% de los funcionarios son mujeres). De los hombres encuestados el 80.3% se desempeña como responsable frente al 19.7% de mujeres en ese mismo puesto. Las mujeres son mayormente (51.0%) usuarias frente a un porcentaje de 49.0% de hombres en esa misma posición. Mientras el 76.0% de los hombres interviene en el proceso de adquisiciones tan solo el 24.0% integra y participa de este proceso. Los hombres están incorporados al servicio civil de carrera en mayor medida (66.0%) que las mujeres (34.0%) (Véase Tabla 193). Importantes diferencias se encuentran para hombres y mujeres tanto por edad como por nivel de escolaridad. Los hombres de 18 a 24 años constituyen el 28.9%, en tanto que las mujeres de ese mismo grupo de edad representan el 71.1%. Por su parte mientras que las mujeres mayores de 55 años representan el 33.0%, los hombres de esa edad representan el 67.0% en el grupo de mayores de 55 años. A su vez mientras que los hombres con primaria o menos representan 2 de cada 10 personas encuestadas con ese nivel de escolaridad (23.5%), las mujeres con este mismo nivel son casi 8 de cada 10 (76.5%). La relación inversa se observa para el nivel de escolaridad más alto: el 76.4% de los hombres cuentan con estudios de posgrado, frente a tan solo el 23.6% de las mujeres en esa situación. También se observa una relación en este sentido al analizar los ingresos (Véase Tabla 193). 46
  • 47. VI. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DEL PAÍS VI.1. Percepción de la situación política del país Tomando en cuenta las respuestas de los encuestados se puede observar que una alta proporción de entrevistados (46.6%) percibe como preocupante la situación política del país con respecto a la del año pasado, mientras que el 24.5% indica que es muy inestable la situación del país, el 7.4% de la población encuestada indicó que la situación del país muy estable, el 9.3% señala que es tranquila y el 8.5% señala que la situación política del país es esperanzadora (Véase Tabla 44). Los funcionarios de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (53.9%), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (53.4%) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (51.3%) son quienes en mayor medida consideran que la situación política del país es preocupante (Véase Tabla 44). Los grupos de encuestados que en mayor medida consideraron que la situación del país es preocupante son: los que tienen primaria o menos (55.1%), aquellos cuyo ingreso oscila entre 1 a 3 salarios mínimos (51.0%), y los que pertenecen al grupo de mayor edad. (52.4%) (Véase Tabla 44). IV.2. Percepción de la situación económica del país Las opiniones con respecto a la situación económica del país están divididas; por un lado el 38.0% de la población encuestada considera que la situación económica del país va a empeorar, y por otra parte el 35.5% opinó que la situación ha empeorado. El 15.4% de los encuestados manifestó que la situación va a seguir igual de mal y el 5.4% de los entrevistados opinó que la situación va a seguir igual de bien (Véase Tabla 45). Las características sociodemográficas de la población indican que tanto la edad, como la escolaridad y los ingresos impactan en la percepción de los encuestados, 47
  • 48. ya que para los más jóvenes la situación del país va a mejorar en un 22.4% de los casos, proporción que se incrementa en un 34.1% en el caso de los de mayor edad. Del mismo modo se puede señalar que mientras que los encuestados con niveles de primaria y menos opinaron que la situación del país mejorará en un 15.3%, para los entrevistados con posgrado esta percepción se incrementa al 35.4%. Finalmente las personas con ingresos más bajos consideran que la situación del país va a mejorar en menor medida (12.1%) que los entrevistados con mayores ingresos (28.3%) (Véase Tabla 45). Las personas que en mayor proporción afirman que la situación del país puede empeorar son las de 18 a 24 años (44.7%), con estudios de primaria o menos (54.1%) y que reciben de 1 a 3 salarios mínimos (54.1%), lo que indica que los entrevistados en situación de mayor vulnerabilidad tienen una expectativa más pesimista –justificada por las carencias de su realidad personal-, sobre el futuro del país (Véase Tabla 46). 48
  • 49. VII. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VII.1. Evaluación de la administración pública en México Observando las respuestas de las personas que trabajan en las diferentes secretarías, se puede decir que una gran parte de los entrevistados opina que la administración pública en México es más eficiente que en años anteriores (49.8%). Por otro lado el 26.5% afirma que la administración pública es menos eficiente, el 11.9% dice que es igual de eficiente y el 7.3% asegura que es igual de ineficiente que en años anteriores (Véase Tabla 48). Mientras que para la amplia mayoría de los encuestados que ocupan mandos superiores (88.3%) y medios (80.1%), la administración pública en México es más transparente desde el año 2001 a la fecha, esta proporción desciende al 53.2% del personal operativo (Véase Tabla 48). Entre los funcionarios que consideran que administración pública es mas eficiente que en años anteriores, destacan los trabajadores de la Procuraduría General de la República (73.1%), los de la Secretaría de Gobernación (60.0%) y los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (57.3%). Los responsables de los servicios de adquisiciones en las distintas secretarías opinaron en mayor proporción (56.7%) que es más eficiente la administración pública en México en comparación con los usuarios (48.3%) (Véase Tabla 48). Entre los funcionarios que afirman que la administración pública en México es más transparente sobresalen los entrevistados de la Procuraduría General de la República (92.3%), la Comisión Federal de Electricidad (87.5%) y la Secretaría de Seguridad Pública (86.4%) (Véase Tabla 48). Cabe mencionar que las personas que en mayor proporción contestaron que es más transparente la administración pública, son personas de 25 a 29 años (88.9%), con un alto nivel de estudios (postgrado 87.0%) y con más de 10 SM (86.0%) (Véase Tabla 48). 49
  • 50. VIII. CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIII.1. Procesos de adquisiciones En las dependencias en las que trabajan los funcionarios encuestados las personas que deciden sobre los bienes que se adquieren fueron identificados de la siguiente manera; el 46.6% señaló que deciden los encargados de adquisiciones, el 15.2% indicó que la decisión está en los funcionarios que solicitaron el material, el 9.7% manifestó que ambos (encargados y funcionarios) toman las decisiones y el 9.4% reportó que el comité de adquisiciones es quien toma las decisiones (Véase Tabla 165). Los encargados de adquisiciones son las personas que en mayor medida deciden sobre los bienes que se adquieren para los encuestados, tanto de los mandos superiores (48.3%) como de los mandos medios (50.5%) y el personal operativo (41.0%). Los funcionarios que solicitaron el material son mencionados por el 14.8% de los mandos superiores, el 16.6% de los mandos medios y el 14.4% del personal operativo. Prácticamente tres de cada diez (32.9%) encuestados del personal operativo indicaron no saber quién decide sobre los bienes que se adquieren frente al 11.1% de los mandos medios y el 9.1% de los mandos superiores que dio esta respuesta (Véase Tabla 165). Algunas diferencias interesantes surgen al analizar la toma de decisiones en cada una de las secretarías. Así por ejemplo, mientras que el 71.7% de los funcionarios de la SRA indicaron que las decisiones las toman los encargados de adquisiciones, esta proporción desciende a 24.0% entre los trabajadores de la Secretaría de la función pública. De la misma manera en tanto que el 28.6% de los encuestados en el IMSS indican que las decisiones recaen en los funcionarios que solicitaron el material, tan solo el 3.8% de los trabajadores de la Procuraduría general de la República dio esta respuesta. Por otra parte el 19.6% de los funcionarios de la Secretaría de economía señaló que tanto los encargados como los funcionarios toman la decisión sobre los bienes a adquirir, proporción que 50
  • 51. desciende a 1.4% en los encuestados de la Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación. Finalmente, para el 31.3% de los funcionarios encuestados de PEMEX las decisiones las toma el comité de adquisiciones, mientras que no hubo respuestas en esta categoría entre los trabajadores tanto de la Procuraduría general de la república, como la Secretaría de gobernación, la Secretaría de energía, la Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación; Secretaría de Seguridad Pública, IMSS y Comisión federal de electricidad (Véase Tabla 165). Al considerar las características de los distintos funcionarios encuestados se puede apreciar que aquellos que intervienen en adquisiciones consideran que los funcionarios, funcionarios y encargados y el propio comité de adquisiciones toman las decisiones sobre la compra de bienes, en mayor medida que lo manifestado por los funcionarios que no intervienen en el proceso de adquisiciones (Véase Cuadro 13 y Tabla 165). Cuadro 13 Personas que deciden sobre la adquisición de bienes según tipos de funcionario (porcentaje) Encargados Comité de Funcionario Tipos Ambos adquisicione NS/NC Total adquisicione s s s Interviene en adquisicione 36.3 27.8 21.5 10.4 4.0 100.0 s No interviene 100.0 en 49.0 12.2 6.9 9.2 22.7 adquisicione s Usuario 48.4 11.5 8.1 9.5 22.5 100.0 Responsable 37.7 32.5 8.1 9.0 12.7 100.0 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. Del mismo modo se pueden observar diferentes opiniones entre los usuarios y los responsables; para los responsables los funcionarios tienen mayor poder de 51
  • 52. decisión en la compra de bienes que para los usuarios, quienes consideran en mayor medida, que son los encargados de adquisiciones los encargados de decidir los bienes a comprar (Véase Cuadro y Tabla 165). De acuerdo al ingreso de los funcionarios encuestados se puede decir que, mientras que para los trabajadores con ingresos de siete a diez salarios mínimos son los encargados de adquisiciones los que deciden los bienes a comprar (53.9%), para los encuestados con menores ingresos en mayor medida (15.2%) los responsables de la compra de bienes son los funcionarios que solicitaron el material, mientras que las personas encuestada con ingresos más altos opinaron en mayor proporción que tanto los funcionarios como los encargados (12.2%) y el comité de adquisiciones (13.1) son quienes deciden los bienes a comprar (Véase Tabla 165). Tanto para los distintos grupos de edad considerados como para las personas encuestadas con diversos niveles de escolaridad, los responsables de la adquisición de bienes y servicios se concentraron en los encargados de adquisiciones y en los funcionarios que solicitaron el material (Véase Tabla 165). VIII.2. Adjudicaciones directas y licitaciones restringidas Para prácticamente todos los productos y bienes sobre los que se preguntó, la mayoría de los funcionarios manifestó que nunca se realizan adquisiciones directas. En mayor proporción los vehículos y los seguros de vida se encuentran en esta situación (Véase Tablas 58 a 63). El análisis de la información permite señalar que la mayoría de los funcionarios (54.1%) indicaron que su secretaría no realiza adquisiciones directas de vehículos nunca, en tanto que el 36.0% manifestó no saber sobre el tema, el 7.7% señaló que algunas veces se realizan licitaciones y el 1.6% de los encuestados afirmó que siempre se llevan a cabo adquisiciones directas de vehículos (Véase Tabla 58). 52
  • 53. Es importante tener en cuenta las diferencias que se presentan en el conocimiento de los procesos y períodos de realización de adquisiciones entre los funcionarios usuarios y los responsables (Véase Tablas 58 a 63 y Cuadro 14). Cuadro 14 Conocimiento de la frecuencia de realización de adquisiciones directas por tipo de funcionario según productos y servicios (porcentajes) Usuarios Responsables Productos No sabe No contesta No sabe No contesta Vehículos 40.1 0.4 24.8 0.9 Servicios de 37.7 0.5 25.0 1.1 viajes Servicios de 36.3 0.6 23.6 0.5 copiado Seguros de vida 37.5 0.6 26.8 0.4 Computadoras 36.8 0.6 22.5 0.4 Material de 36.2 0.5 22.1 0.9 papelería Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. En todos los casos se puede observar que los porcentajes de no sabe son considerablemente más elevados para los funcionarios usuarios que para los responsables, lo que responde en gran medida a que los funcionarios que no son responsables de estos procesos administrativos desconocen asuntos de esta índole. Al interior de las diferentes secretarías los funcionarios que señalaron en mayor proporción no realizar adquisiciones de vehículos nunca fueron los trabajadores de la Secretaría de Gobernación (100%), la Secretaría de la Función Pública (79.2%) y la Secretaría de Seguridad Pública (78.8%) (Véase Tabla 58). Al observar las respuestas se puede apreciar que la mayoría de las personas encuestadas (50.2%), señala que nunca se llevan a cabo adquisiciones del servicio de viajes, en oposición con el 7.9% de los entrevistados que señala que estas adquisiciones se realizan a veces hacen, y el 7.0% de los funcionarios que 53
  • 54. reportó que siempre se hacen las adquisiciones de servicio de viajes (Véase Tabla 59). Los funcionarios que en mayor medida reconocen que nunca se llevan a cabo licitaciones para los servicios de viajes, son los trabajadores de la Secretaría de Gobernación (98.9%), así como los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (78.8%) y los trabajadores de la Secretaría de la Función Pública (77.1%) (Véase Tabla 59). Respecto de los servicios de copiado la mayoría (51.0%) de los encuestados indicó que nunca se realizan licitaciones de este servicio, mientras que el 32.9% de los entrevistados manifestó desconocer sobre estas adquisiciones. El 11.4% de los trabajadores señaló que siempre se hacen estas adquisiciones y el 4.0% afirmó que se llevan a cabo algunas veces (Véase Tabla 60). Entre los funcionarios de las secretarías que en mayor medida indicaron que nunca se realizan adquisiciones de los servicios de copiado, se encuentran los trabajadores de la Secretaría de Gobernación (97.9%), la Secretaría de Seguridad Pública (78.8%) y la Secretaría de la Función Pública (78.1%) (Véase Tabla 60). Los responsables de los servicios de adquisiciones consideran en mayor medida (58.8%) que los usuarios (49.3%) que nunca se llevan a cabo adquisiciones directas de servicios de copiado. En tanto que las personas que siempre han trabajado en esta secretaría consideran en menor medida (44.7%) que los funcionarios que no han trabajado anteriormente (56.3%) que nunca se realizan adquisiciones directas de servicios de copiado. Lo mismo ocurre con quienes están incorporados al servicio civil de carrera (61.5%) en comparación con quienes no lo están (44.5%), y con las personas que intervienen en el proceso de adquisiciones (58.4%) y quienes no lo hacen (49.2%) (Véase Tabla 60). 54
  • 55. La mayoría de las repuestas proporcionadas por las personas que laboran en las diferentes secretarías evidencia que nunca se realizan adquisiciones directas de los seguros de vida (53.1%). Por otra parte el 34,6% de los encuestados indica no saber si se efectúan estas licitaciones o no, el 5.9% afirma que siempre se llevan a cabo y, finalmente, el 5.8% de los entrevistados reportó que a veces se hacen adquisiciones directas de los seguros de vida (Véase Tabla 61). En cuanto a los trabajadores entrevistados al interior de cada una de las secretarías, los mayores porcentajes de respuesta que señalan que nunca se realizan adquisiciones directas de los seguros de vida, se encuentran entre los funcionarios de la Secretaría de Gobernación (98.9%), seguida por la Secretaría de Seguridad Pública (83.8%) y la Secretaría de la Función pública (79.2%) (Véase Tabla 61). De acuerdo al tipo de funcionario encuestado se puede observar que mientras que los miembros responsables indican que nunca hacen adquisiciones directas en una amplia mayoría de los casos (61.6%), esta proporción desciende (51.3%) entre los usuarios. Por otra parte los funcionarios que siempre han trabajado en la secretaría, perciben en menor proporción (48.2%) que nunca se han realizado adquisiciones directas de los seguros de vida, en comparación con las personas que no han trabajado en la secretaría desde siempre (58.7%) (Véase Tabla 61). También se manifiestan diferencias en las opiniones de las personas que están incorporados al servicio civil de carrera (el 63.8% indica que nunca se realizan estas adquisiciones directas) y las que no están incorporadas (el 46.4% manifiesta que no se llevan a cabo nunca las adquisiciones directas) (Véase Tabla 61). La mayoría de las personas encuestadas (51.6%) manifiesta que nunca se llevan a cabo adquisiciones directas de computadores, seguido de las personas que señalan no saber (33.3%), el 9.1% de los encuestados que opina que a veces se 55
  • 56. hacen ese tipo de adquisiciones y el 5.7% de las personas que indicó que siempre se hacen las adquisiciones directas de computadoras (Véase Tabla 62). Los funcionarios que en mayor medida indicaron que no se realizan nunca adquisiciones directas de computadoras, fueron los trabajadores de la Secretaría de Gobernación (100%), así como los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (89.3%) y la Secretaría de la Función Pública (76.0%) (Véase Tabla 62). De acuerdo con la opinión de los funcionarios responsables, nunca hacen adquisiciones directas de computadoras (57.4%), mientras que para los usuarios existe la misma opinión (50.4%). En tanto las personas que siempre han trabajado en la secretaría consideran en menor medida (45.7%) que quienes no lo han hecho (56.3%), que nunca se realizan adquisiciones directas con computadoras (Véase Tabla 62). Para prácticamente la mayoría de las personas (47.2%) que trabajan en las diferentes secretarías nunca se realizan adquisiciones directas con el material de papelería, mientras que el 32.4% indica no contar con información sobre estas adquisiciones, el 119% de los encuestados manifiesta que siempre se hacen estas adquisiciones y el 7.9% de los funcionarios afirmó que a veces se llevan a cabo adquisiciones directas de material de papelería (Véase Tabla 60). Las proporciones más elevadas de trabajadores que reconocen que en sus secretarías no se realizan nunca adquisiciones directas para la compra de material de papelería, son los funcionarios de la Secretaría de Gobernación (96.8%), seguida por la Secretaría de Seguridad Pública (77.3%) y la Secretaría de la Función pública (77.1%) (Véase Tabla 61). 56
  • 57. VIII.3. Razones para realizar adjudicaciones directas Es de destacar que la mayoría (51.9%) de los encuestados indica desconocer las razones por las cuales no se realizan licitaciones de los bienes y servicios. Este alto porcentaje es debido en buena medida a que las respuestas de que nunca se realizan este tipo de adquisiciones fueron predominantes en las anteriores preguntas. El 13.5% de los funcionarios afirma que las adjudicaciones se realizan cuando es urgente obtener cierto material o servicio. Así mismo para el 8.9% de los encuestados se llevan a cabo adjudicaciones cuando hay un solo proveedor para el producto, en tanto que el (2.3%) señalo que se efectúan adjudicaciones cuando se requiere contar con proveedores de mucha confianza (Véase Tabla 64). El 13.8% de los mandos superiores considera que la principal razón para realizar adjudicaciones directas es la urgencia para obtener un material o servicio, mientras que el 18.0% de los mandos medios y el 9.1% del personal operativo dieron esta respuesta. Casi cuatro de cada diez (41.6%) del personal operativo indicó no saber o no conocer las razones por las que se llevan a cabo las adjudicaciones directas frente al 17.6% de los mandos medios y el 12.7% de los mandos superiores que dieron esta respuesta (Véase Tabla 64). VIII.4. Evaluación del mecanismo de licitaciones El 37.9% de los trabajadores encuestados en las diferentes secretarias plantean que las licitaciones dificultan la adquisición rápida de los bienes y servicios, en tanto que un 32.4% de los encuestados señaló que las licitaciones facilitan el proceso de adquisición y un 10.5% de las personas mencionó que las licitaciones ni dificultan ni facilitan las adquisiciones (Véase Tabla 65). Los funcionarios de mandos superiores encuestados respondieron en un 45.9% que las licitaciones dificultan la adquisición rápida de bienes y servicios, el 43.2% de los mandos medios y el 24.0% del personal operativo comparten esta opinión. 57
  • 58. En una elevada proporción (38.3%) el personal operativo manifestó no saber si las licitaciones dificultan o facilitan la adquisición rápida de bienes y servicios frente a tan sólo el 9.3% de los mandos superiores y el 9.0% de los mandos medios (Véase Tabla 65). Al interior de las distintas secretarias, son los trabajadores de PEMEX quienes manifiestan en mayor medida (57.3%) dificultad para la adquisición rápida de los bienes y servicios al licitarlos. Por otra parte los trabajadores de la Procuraduría General de la Republica manifiestan en un 46.2% de los casos que las licitaciones facilitan las adquisiciones de los bienes y servicios (Véase Tabla 65). Los usuarios encuestados manifestaron en un 38.3% de los casos que existe dificultad para la adquisición de los bienes y servicios mediante licitaciones, en tanto que los responsables manifiestan en un 43.6% la facilidad en la adquisición de bienes y servicios. Esto puede estar indicando el mayor compromiso y la más elevada participación en el proceso de adquisición de los responsables en comparación con los usuarios (Véase Tabla 65). El nivel de ingresos marca diferencias en la opinión de los entrevistados en este tema, ya que mientras que los funcionarios encuestados con ingresos superiores a los diez salarios mínimos manifiestan, en un 45.6% que las licitaciones dificultan más la adquisición rápida de los bienes y servicios, los funcionarios encuestados de los grupos más bajos de ingresos sólo lo hicieron en un 12.7% para los de 1 a 3 salarios mínimos, y en 24.2% en el caso de los de 0 a 1 salario mínimo (Véase Tabla 65). El nivel escolar constituye una variable importante de analizar ya que distancia las opiniones de los funcionarios encuestados. Por un lado la mayoría de los trabajadores con mayor nivel escolar manifestaron que las licitaciones dificultan adquisición rápida de los bienes y servicios (56.1%), en tanto que los funcionarios con niveles escolares más bajos dieron esa respuesta en menor medida (12.3% 58
  • 59. para el caso de secundaria y 14.3% para encuestados con educción primaria). Sin embargo, no puede dejarse de tomar en cuenta que la opción de no saber responder o no contestar también varía significativamente en función de la educación de los encuestados: casi seis de cada diez encuestados con primaria no supieron o no respondieron esta pregunta (58.2%) contra uno de cada diez de los entrevistados con educación universitaria (10.2%) (Véase Tabla 65). Algo similar sucede con el comportamiento de la no respuesta en relación al ingreso. Igualmente al disminuir la no respuesta va aumentando la opción que señala que las licitaciones dificultan las adquisiciones rápidas de bienes y servicios, mientras que la respuesta “la facilita” se mantiene sin grandes variaciones (Véase Tabla 65). VIII.5. Tiempos de los procesos de adquisición de bienes y servicios Se quiso conocer con que tiempo y anticipación se inician los procesos de compra y adquisición de bienes e insumos. Al respecto hay que destacar el elevadísimo porcentaje de funcionarios que indicaron desconocer estos tiempos; de 7 a 8 de cada 10 encuestados manifestó no saber cual es la temporalidad de los procesos de adquisición de la secretaría en que trabaja (Véanse Tablas 66 a 71). La explicación a tan alto porcentaje de la categoría “no sabe / no contesta” se encuentra en el conocimiento sumamente específico que implica la pregunta, dicho conocimiento puedo no esta al alcance, y en realidad por la encuesta se puede señalar que no lo está, de la gran mayoría de los funcionarios que hacen uso de los mencionados productos pero no participan de su adquisición. Por otro lado, sería esperable que los encuestados que sí están involucrados como responsables en la adquisición de bienes e insumos para las secretarías, tengan un buen conocimiento de estos tiempos de compra. Sin embargo, si bien los porcentajes de no saber o no contestar se reducen a la mitad, los encuestados responsables de procesos de adquisición de bienes, también desconocen en una 59
  • 60. importante medida estos tiempos tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro. Cuadro 15 Funcionarios responsables: Tiempos estimados para la adquisición de bienes y servicios (porcentajes) Menos de Bienes y servicios 1 año 6 meses 3 meses NS/NC Total 3 meses Vehículos 11.1 12.8 15.9 14.5 45.7 100.0 Servicios de viajes 10.7 9.3 14.9 19.0 46.0 100.0 Servicios de copiado 12.8 10.4 15.9 20.4 40.5 100.0 Seguros de vida 10.4 5.5 11.4 15.2 57.4 100.0 Computadoras 11.1 15.2 17.6 15.6 40.4 100.0 Material de papelería 9.7 13.5 15.9 21.8 39.1 100.0 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. Se podría esperar que los tiempos de adquisición fueran más prolongados en aquellos casos de bienes más caros y de mayor vida útil, sin embargo no existen importantes variaciones en las respuestas de los encuestados en función del tipo de bien (apenas una diferencia de 21.8% de respuestas a la opción menos de tres meses para el cado de material de papelería a 14.5% para el caso de los vehículos en el misma respuesta). Al momento de evaluar estos tiempos para la adquisición de distintos bienes y servicios nuevamente resalta el hecho que la gran mayoría de los encuestados responsables de los procesos de adquisición desconoce si los períodos son suficientes o insuficientes, o no responde a esta pregunta. En algunos de estos casos, los altos porcentajes, incluso para personas cuyo trabajo se relaciona con los procesos de adquisición de bienes, se deben a no respuestas cuando dichos bienes no son comprados por alguna secretaría. Igualmente los porcentajes de no saber o no contestar son demasiado elevados para ser personas responsables de adquisiciones lo cual denota falta de conocimientos sobre la materia de su propio trabajo (Véase Tablas 72 a 77 y Cuadro 16). 60
  • 61. Cuadro 16 Funcionarios responsables: Evaluación de los tiempos estimados para la adquisición de bienes y servicios (porcentajes) Suficient Insuficient Bienes y servicios Otra NS/NC Total e e Vehículos 51.6 4.2 0.0 44.3 100.0 Servicios de viajes 52.6 3.1 0.0 44.3 100.0 Servicios de copiado 56.4 4.2 0.0 39.5 100.0 Seguros de vida 41.2 4.2 0.0 54.6 100.0 Computadoras 53.3 6.9 0.0 39.8 100.0 Material de papelería 56.1 4.2 0.3 39.5 100.0 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. Como se puede apreciar, sin considerar la opción no sabe / no contesta, la enorme mayoría de los funcionarios responsables encuestados no ve mayor problema en los tiempos de compra de bienes y servicios los cuales considera como adecuados o suficientes. 61
  • 62. IX. RESULTADOS DE LAS ADQUISICIONES IX.1. Evaluación de la calidad de los servicios La gran mayoría de los entrevistados señalaron satisfacción con la calidad de algunos de los principales servicios con que se cuenta en las secretarías. Con relación a los servicios de fotocopias 76.8% de los funcionarios entrevistados dijeron estar satisfechos y muy satisfechos, 6.2% solamente dijeron estar insatisfechos o muy insatisfechos con su calidad, 2.9% dijeron no estar ni insatisfechos o satisfechos y 14.1% no supieron o no contestaron (Véase Tabla 79). Un poco más bajo es el porcentaje de “satisfecho y muy satisfecho” (59.5%) para el caso de el servicio de seguros, pero en este caso hay un menor conocimiento sobre el mismo ya que la opción “no sabe” alcanza a la cuarta parte de los entrevistados (25.0%), 6.4% dijeron no estar ni satisfechos ni insatisfechos, mientras que 8.3% señalaron que están insatisfechos o muy insatisfechos con la calidad de estos servicios (Véase Tabla 80). Con relación al servicios de vehículos los niveles de no respuesta son más elevados aún (53.4%) que en los servicios anteriores, muy posiblemente porque estos servicios sólo son usados por un sector no mayoritario de los funcionarios públicos. Un 30.0% de los encuestados declararon estar satisfechos o muy satisfechos con este servicio, 5.9% declararon que estaban ni satisfechos ni insatisfechos y uno de cada diez entrevistados señalaron que estaban insatisfechos o muy insatisfechos (10.6%) (Véase Tabla 81). Como el servicio de computación es mucho más extendido y usado entre los funcionarios de las secretarías, 16.6% señaló que no sabían responder sobre su calidad. La gran mayoría, de forma similar que en el resto de los servicios que se interrogó, contestó que estaban satisfechos o muy satisfechos con el servicio de computadoras (67.4%), 3.4% declaró que estaban ni satisfechos ni insatisfechos y 62
  • 63. 12.4% dijeron que estaban insatisfechos o muy insatisfechos con los mismos (Véase Tabla 82). También es elevada la satisfacción con el material de papelería (65.7% entre satisfechos y muy satisfechos), 4.8% señalaron que estaban ni insatisfechos ni satisfechos, 14.4% entre insatisfechos y muy insatisfechos y 15.0% dijeron no saber responder o no contestar (Véase Tabla 83). Finalmente, también hay satisfacción con los servicios de viaje (41.4% dijeron que estaban satisfechos o muy insatisfechos), 5.2% ni satisfechos ni insatisfechos, 7.0% que estaban satisfechos o muy satisfechos y nuevamente un elevado porcentaje de no saber responder o no contestar (46.3%) (Véase Tabla 84). Posteriormente se preguntó acerca de la rapidez de los mismos servicios. Las respuestas de los entrevistados tuvieron distribuciones muy similares al caso de la calidad de los mismos, también llegando a porcentajes elevados de no saber responder para el caso de los servicios de vehículos y los servicios de viajes (Véanse Tablas 85 a 90). IX.2. Mejoras en los servicios En el cuestionario se incluyó una batería de preguntas para identificar la opinión de los funcionarios acerca de las posibles formas de mejorar el servicio (Véanse Tablas 91-96 y Cuadro 17). 63
  • 64. Cuadro 17 Si se cambiara de proveedores, ¿qué tanto cree usted que mejorarían los siguientes servicios? (porcentajes) Mucho Algo Poco Nada NS NC Total Las prestaciones 6.2 12.7 12.6 24.6 43.2 0.7 100.0 en seguros El servicio de 5.9 11.5 13.0 32.7 36.3 0.6 100.0 fotocopiado Computadoras 9.0 13.0 13.0 27.4 36.9 0.7 100.0 Pasajes aéreos 4.3 8.2 9.8 23.9 52.8 1.0 100.0 La flotilla de 4.8 7.8 7.7 21.5 57.2 1.0 100.0 vehículos Material de 9.4 12.4 12.2 28.7 36.8 0.5 100.0 papelería Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. De los funcionarios encuestados en la Secretaría de Educación Pública, el 39.2% consideró que no mejorarían en nada las prestaciones en seguros si se cambiara de proveedores, mientras que el 3.9% afirmó que mejorarían mucho. Esta misma respuesta la ofrecieron con una frecuencia de 6.5% los encuestados en la Secretaría de Economía, mientras que el 37.0% respondió que no mejorarían en nada (Véase tabla 91). En relación con los tipos de funcionario se observa que los usuarios respondieron en mayor medida que las prestaciones en seguros no mejorarían en nada (35.3%), en comparación con los responsables (22.3%). Los dos tipos de funcionarios respondieron con la misma frecuencia que estos servicios mejorarían mucho (6.2%) (Véase tabla 91). No se observan diferencias entre los funcionarios que siempre han trabajado en la administración pública y los que no: ambos consideran, en mayor medida, que las prestaciones en seguros no mejorarán en nada (24.6% y 24.7%, respectivamente). Esta tendencia se repite para la opción de respuesta mucho (6.0% y 6.5%, para cada uno) (Véase tabla 91). 64
  • 65. Aquellos funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría respondieron con una frecuencia de 20.6% que no mejorarían en nada estos servicios, mientras que los que no han trabajado siempre en la misma secretaría ofrecieron la misma respuesta en el 28.6% (Véase tabla 91). El 6.3% de los funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría manifestaron que los servicios analizados aquí mejorarían mucho y el 5.3% de los que no han trabajando siempre en esta dependencia opinó de igual forma (Véase tabla 91). Los funcionarios incorporados al servicio civil de carrera respondieron en mayor medida que las prestaciones en seguros no mejorarían en nada (32.8%), en comparación con los que no están incorporados (20.0%). Sin embargo, este patrón se repite en la opción de respuesta mucho (7.3% y 5.3%, respectivamente) (Véase tabla 91). De los funcionarios que intervienen en el proceso de adquisiciones, el 36.9% considera que los servicios no mejorarían en nada con el cambio de proveedores y el 7.9% considera que mejorarían mucho. De los que no intervienen en el proceso de adquisiciones, el 21.7% respondió nada y el 5.8%, mucho, a la misma pregunta (Véase tabla 91). En cuanto al servicio de fotocopiado, los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública fueron los que más opinaron que el servicio mejoraría mucho si cambiaran de proveedores (12.1%), mientras que los que más contestaron que no mejoraría nada fueron los de la Secretaría de Gobernación (46.3%). Los que menos manifestaron que el servicio mejoraría mucho fueron los encuestados en la Secretaría de Salud (1.5%) y los que menos contestaron que no mejoraría nada fueron los del Instituto Mexicano del Seguro Social (4.8%) (Véase tabla 92). Con base en el análisis de tipo de funcionario, se observa que el 29.8% de los usuarios respondió que el cambio en los proveedores no mejoraría nada el 65
  • 66. servicio de fotocopiado en comparación con el 46.0% de los funcionarios responsables (Véase tabla 92). De los encuestados que siempre han trabajado en la administración pública, el 32.4% respondió que los servicios no mejorarían en nada. De esta forma, no se reportan diferencias con los que no han trabajado siempre en la administración pública (33.0%) (Véase tabla 92). Aquellos funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría respondieron con una frecuencia de 30.7% que no mejorarían en nada estos servicios con el cambio de proveedores, mientras que los que no han trabajado siempre en la misma secretaría ofrecieron la misma respuesta en el 34.1% (Véase tabla 91). El 6.0% de los funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría manifestó que los servicios analizados aquí mejorarían mucho y el 5.5% de los que no han trabajando siempre en esta dependencia opinó de igual forma, con lo que no se advierten diferencias (Véase tabla 92). Entre los funcionarios que están incorporados al servicio profesional de carrera, el porcentaje es más alto en la opción de respuesta nada (40.5%), en comparación con los que no están incorporados (27.9%). Este misma tendencia se observa entre los funcionarios que intervienen en el proceso de adquisiciones (46.4%) y los que no lo están (29.4%) (Véase tabla 92). En lo referente a las computadoras, los funcionarios que más respondieron que este servicio mejoraría mucho si cambiaran de proveedores fueron los de la Secretaría de Turismo (18.6%), en comparación con el porcentaje más bajo representado por el 1.4% de los encuestados en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Fue entre los funcionarios de la Comisión Nacional del 66
  • 67. Agua donde ningún entrevistado contestó que el servicio mejoraría mucho (Véase tabla 93). Los que más contestaron que no mejoraría nada fueron los de la Secretaría de la Función Pública (45.8%) y los que menos ofrecieron esta respuesta fueron los del Instituto Mexicano del Seguro Social (3.2%) (Véase tabla 93). En lo que toca al tipo de funcionario, se observa que los usuarios respondieron en menor medida que los funcionarios responsables que el servicio de las computadoras no mejoraría en nada si se cambiara de proveedores (25.6% y 35.6%, respectivamente). Asimismo, el 9.2% de los usuarios respondieron que el servicio mejoraría mucho y el 8.0% de los responsables opinó igual (Véase tabla 93). Tanto los funcionarios que siempre han trabajado en la administración pública como los que no lo han hecho consideraron en la misma frecuencia que el servicio analizado aquí no mejoraría nada (27.0% y 27.9%, respectivamente) (Véase tabla 93). Los encuestados que siempre han trabajado en la misma secretaria consideran en menor medida que el servicio no mejoraría en nada (24.1%), en comparación con los que no han trabajado siempre ahí (30.0%) (Véase tabla 93). Por otra parte, aquellos que están incorporados al servicio civil de carrera consideraron en mayor medida que el servicio no mejoraría nada (33.7%), en comparación con los que no lo están (23.9%) (Véase tabla 93). Finalmente, los funcionarios que intervienen en el proceso de adquisiciones respondieron con mayor frecuencia que el servicio no mejoraría en nada (39.7%), mientras que el 24.4% de los que no intervienen en el proceso de adquisiciones ofrecieron la misma respuesta (Véase tabla 93). 67
  • 68. En cuanto al servicio de pasajes aéreos, los funcionarios de la Procuraduría General de la República fueron los que más opinaron que el servicio mejoraría mucho si cambiaran de proveedores (19.2%), mientras que los que más contestaron que no mejoraría nada fueron los de Petróleos Mexicanos (44.8%) (Véase tabla 94). Los que menos manifestaron que el servicio mejoraría mucho fueron los encuestados en la Secretaría de la Función Pública (1.0%) y los que menos contestaron que no mejoraría nada fueron los del Instituto Mexicano del Seguro Social (4.8%) (Véase tabla 94). En relación con los tipos de funcionario se observa que los usuarios respondieron en menor medida que los pasajes aéreos no mejorarían en nada (22.2%), en comparación con los responsables (32.2%). Los dos tipos de funcionarios respondieron casi con la misma frecuencia que estos servicios mejorarían mucho (4.1% y 5.5%, respectivamente) (Véase tabla 94). No se observan diferencias entre los funcionarios que siempre han trabajado en la administración pública y los que no: ambos consideran, en mayor medida, que el servicio de pasajes aéreos no mejoraría en nada (24.1% y 23.8%, respectivamente). Esta tendencia se repite para la opción de respuesta mucho (3.8% y 4.9%, para cada uno) (Véase tabla 94). Aquellos funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría respondieron con una frecuencia de 21.9% que no mejorarían en nada estos servicios, mientras que los que no han trabajado siempre en la misma secretaría ofrecieron la misma respuesta en el 26.4% (Véase tabla 94). El 2.5% de los funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría manifestaron que los servicios analizados aquí mejorarían mucho, mientras que el 68
  • 69. 5.0% de los que no han trabajando siempre en esta dependencia opinó de igual forma (Véase tabla 94). Los funcionarios incorporados al servicio civil de carrera respondieron en mayor medida que los pasajes aéreos no mejorarían en nada (30.7%), en comparación con los que no están incorporados (20.4%). Tanto los funcionarios que están incorporados como los que no respondieron con la misma frecuencia que estos servicios mejorarían mucho (4.3% y 4.7%, respectivamente) (Véase tabla 94). De los funcionarios que intervienen en el proceso de adquisiciones, el 36.6% considera que el servicio de pasajes aéreos no mejoraría en nada con el cambio de proveedores y el 5.4% considera que mejoraría mucho. De los que no intervienen en el proceso de adquisiciones, el 20.9% respondió nada y el 4.1%, mucho, a la misma pregunta (Véase tabla 94). Los funcionarios de Procuraduría General de la República fueron los que más opinaron que la flotilla de vehículos mejoraría mucho si cambiaran de proveedores (19.2%), mientras que los que más contestaron que no mejoraría nada fueron los de Petróleos Mexicanos (34.4%) (Véase tabla 95). Los que menos manifestaron que el servicio mejoraría mucho fueron los encuestados en la Secretaría de la Función Pública (1.0%) y los que menos contestaron que no mejoraría nada fueron los del Comisión Nacional del Agua (4.5%) (Véase tabla 95). En relación con los tipos de funcionario se observa que los usuarios respondieron en menor medida que la flotilla de vehículos no mejoraría en nada (18.5%), en comparación con los responsables (35.6%). Los dos tipos de funcionarios respondieron con la misma frecuencia que estos servicios mejorarían mucho (4.7% y 4.8%, respectivamente) (Véase tabla 95). 69
  • 70. No se observan diferencias entre los funcionarios que siempre han trabajado en la administración pública y los que no: ambos consideran, en mayor medida, que la flotilla de vehículos no mejoraría en nada (21.1% y 22.6%, respectivamente). Esta tendencia se repite para la opción de respuesta mucho (4.4% y 5.2%, para cada uno) (Véase tabla 95). Aquellos funcionarios que siempre han trabajado en la misma dependencia respondieron con una frecuencia de 21.1% que no mejorarían en nada estos servicios, mientras que los que no han trabajado siempre en la misma secretaría ofrecieron la misma respuesta en el 22.6% (Véase tabla 95). El 3.0% de los funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría manifestaron que los servicios analizados aquí mejorarían mucho, mientras que el 5.8% de los que no han trabajando siempre en esta dependencia opinó de igual forma (Véase tabla 95). Los funcionarios incorporados al servicio civil de carrera respondieron en mayor medida que la flotilla de vehículos no mejoraría en nada (27.8%), en comparación con los que no están incorporados (18.1%). Tanto los funcionarios que están incorporados como los que no respondieron con la misma frecuencia que estos servicios mejorarían mucho (4.8% y 4.9%, respectivamente) (Véase tabla 95). De los funcionarios que intervienen en el proceso de adquisiciones, el 35.6% considera que la flotilla de vehículos no mejoraría en nada con el cambio de proveedores y el 4.7% considera que mejoraría mucho. De los que no intervienen en el proceso de adquisiciones, el 18.1% respondió nada y el 4.8%, mucho, a la misma pregunta (Véase tabla 95). Los funcionarios de la Procuraduría General de la República fueron los que más opinaron que el material de papelería mejoraría mucho si cambiaran de 70
  • 71. proveedores (23.1%), mientras que los que más contestaron que no mejoraría nada fueron los de Petróleos Mexicanos (42.7%) (Véase tabla 96). Los que menos manifestaron que el servicio mejoraría mucho fueron los encuestados en la Comisión Federal de Electricidad (3.8%) y los que menos contestaron que no mejoraría nada fueron los del Instituto Mexicano del Seguro Social (1.6%) (Véase tabla 96). En relación con los tipos de funcionario se observa que los usuarios respondieron en menor medida que el material de papelería no mejoraría en nada (26.4%), en comparación con los responsables (39.4%). Los dos tipos de funcionarios respondieron casi con la misma frecuencia que estos servicios mejorarían mucho (9.3% y 9.7%, respectivamente) (Véase tabla 96). No se observan diferencias significativas entre los funcionarios que siempre han trabajado en la administración pública y los que no: ambos consideran, en mayor medida, que la flotilla de vehículos no mejoraría en nada (27.9% y 29.6%, para cada uno). Esta tendencia se repite para la opción de respuesta mucho (9.6% y 9.2%, respectivamente) (Véase tabla 96). Aquellos funcionarios que siempre han trabajado en la misma dependencia respondieron con una frecuencia de 24.4% que no mejorarían en nada estos servicios, mientras que los que no han trabajado siempre en la misma secretaría ofrecieron la misma respuesta en el 31.0% (Véase tabla 96). El 7.8% de los funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría manifestaron que los servicios analizados aquí mejorarían mucho, mientras que el 11.1% de los que no han trabajando siempre en esta dependencia opinó de igual forma (Véase tabla 96). 71
  • 72. Los funcionarios incorporados al servicio civil de carrera respondieron en mayor medida que el material de papelería no mejoraría en nada (35.3%), en comparación con los que no están incorporados (25.2%). Tanto los funcionarios que están incorporados como los que no respondieron con la misma frecuencia que estos servicios mejorarían mucho (10.3% y 9.6%, respectivamente) (Véase tabla 96). De los funcionarios que intervienen en el proceso de adquisiciones, el 43.2% considera que el material de papelería no mejoraría en nada con el cambio de proveedores y el 10.7% considera que mejoraría mucho. De los que no intervienen en el proceso de adquisiciones, el 25.2% respondió nada y el 9.1%, mucho, a la misma pregunta (Véase tabla 96). Como se puede observar, la mayoría de los servidores públicos encuestados considera que no mejorarían en nada los servicios si se cambiara de proveedores (Véanse tablas 91-96). IX.3. Percepción de la relación con los proveedores Los funcionarios encuestados en un 29.7% señalan que los proveedores venden más caro a la Administración Pública que al Sector Privado, mientras que el 9.8% indica que es igual para ambos compradores. Tres de cada diez encuestados (32.1%) afirman que se le vende más barato a la Administración Publica (Véase tabla 78). Al interior de las distintas secretarías la mayoría de los funcionarios de PEMEX (60.4%) indican que los proveedores venden más caro a la Administración Pública que al Sector Privado, mientras que los trabajadores de la secretaria de la Función Pública son quienes en mayor proporción consideran que los proveedores venden más barato a la Administración Pública que al Sector Privado (42.7%) (Véase tabla 78). 72
  • 73. Para saber cómo es la relación con los proveedores se preguntó a los funcionarios cuáles son las quejas más frecuentes. El 1.3% se refirió a las exigencias de comisiones de los funcionarios; el 2.6%, denuncias sobre la corrupción en las licitaciones; 12.3%, la complejidad en las bases de los concursos; el 26%, el retraso en los pagos y el 6.9%, los tiempos establecidos para cumplir con las obligaciones. El 0.8% dio otra respuesta. El 0.9% señaló todas las opciones y el 5.4%, ninguna. El 0.1% manifestó que los requisitos son excesivos. El 43.1% no supo y el 0.6% no contestó (Véase tabla 97). Los encuestados que más identificaron al retraso en los pagos como la queja más frecuente de los proveedores fueron los de la Secretaría de Educación Pública (50%) y los que menos respondieron de esta forma fueron los de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (4.2%) (Véase tabla 97). A continuación se señalan los resultados con base en el análisis de tipo de funcionario. El 24.6% de los usuarios respondió que las exigencias de las comisiones de los funcionarios es la queja principal en relación con los proveedores, en comparación con el 32.2% de los responsables (Véase tabla 97). Este patrón se repite para encuestados que siempre han trabajado en la administración pública y los que no lo han hecho (26.6% y 25.4%, respectivamente). Los funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría y los que no ofrecieron esta misma respuesta con una frecuencia similar (25.9% y 27.4%, para cada uno) (Véase tabla 97). El 27.5% de los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera identificaron al retraso en los pagos como la principal queja de los proveedores, en comparación con el 26.7% de los que no lo están (Véase tabla 97). 73
  • 74. Finalmente, se advierte que los funcionarios que intervienen en el proceso de adquisiciones respondieron en mayor medida que el retraso en los pagos es la principal (37.9%) queja de los proveedores en comparación con los que no intervienen (23.1%) (Véase tabla 97). También se preguntó cuáles eran las quejas principales con respecto a los proveedores. El 23.6% manifestó que no entregan los bienes o servicios a tiempo; el 16.5%, que entregan bienes de mala calidad; el 1.6%, que intentan sobornar a los funcionarios y el 5.2%, que recurren a altos funcionarios para obtener contratos. El 1.0% dio otra respuesta. El 0.7% señaló todas las opciones y el 16.0%, ninguna. El 34.8% no supo y el 0.7% no contestó (Véase tabla 98). Los encuestados que más señalaron como la queja más frecuente de los proveedores que no entregan los bienes o servicios a tiempo fueron los de la Secretaría de Educación Pública (37.3%) y los que menos respondieron de esta forma fueron los de la Comisión Nacional del Agua (4.5%) (Véase tabla 98). Enseguida se anotan los resultados con base en el análisis de tipo de funcionario. Se advierte que los responsables respondieron en mayor medida (45.0%) que los proveedores no entregan los bienes y servicios a tiempo en comparación con los usuarios (19.1%) (Véase tabla 98). El 25.3% de los funcionarios siempre han trabajado en la administración pública ofreció la respuesta aquí analizada, mientras que el 22.1% de los no lo han hecho respondió de la misma forma (Véase tabla 98). Los funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría opinan en menor medida que la principal queja de los proveedores es que no entregan los bienes y servicios a tiempo (18.8%), en comparación con los que no lo han hecho (30.8%) (Véase tabla 98). 74
  • 75. El 26.2% de los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera identificaron al retraso en la entrega de los bienes y servicios como la principal queja de los proveedores, en comparación con el 23.2% de los que no lo están (Véase tabla 98). Finalmente, se advierte que los funcionarios que intervienen en el proceso de adquisiciones respondieron en mayor medida que el retraso en la entrega de los bienes y servicios (45.1%) es la principal queja de los proveedores en comparación con los que no intervienen (18.5%) (Véase tabla 98). También se preguntó a qué tipo de proveedores creen los funcionarios que se benefician más de la normatividad de adquisiciones. El 24.8% afirmó que son los más clasificados; el 13.7%, los que tienen amigos en la administración; el 31.7%, los que ofrecen precios más bajos y el 32.0%, los que tienen experiencia con la administración. El 1.1% dijo que a nadie y el 4.8% dio otra respuesta. El 2.1% señaló todas las opciones y el 1.5%, ninguna. El 31.3% no supo y el 0.4% no contestó (Véase tabla 99). Por un lado, los encuestados que más señalaron que los que tienen experiencia con la administración son los que se benefician de la normatividad sobre adquisiciones fueron los de la Secretaría de Economía (55.4%) y los que menos respondieron de esta forma fueron los de la Secretaría de Seguridad Pública (7.6%). Por otro lado, los funcionarios que más señalaron a los que ofrecen precios más bajos como los que se benefician de la normatividad sobre adquisiciones fueron los de la Secretaría de Turismo (72.5%) y los que menos respondieron de esta forma fueron los de la Secretaría de Gobernación (4.2%) (Véase tabla 99). Ahora se detallan los resultados del análisis de tipo de funcionario. Se percibe que los responsables contestaron en mayor medida (40.5%) que los que tienen experiencia con la administración son los que se benefician de la 75
  • 76. normatividad sobre adquisiciones en comparación con los usuarios (30.2%). En cuanto a la opción de respuesta los que ofrecen los precios más bajos, se observa el mismo patrón (42.9%, los responsables y 29.4%, los usuarios) (Véase tabla 99). El 31.9% de los funcionarios siempre han trabajado en la administración pública ofreció la primera respuesta aquí analizada, mientras que el 32.3% de los no lo han hecho respondió de la misma forma. Para la segunda respuesta con mayor mención, los resultados son los siguientes: 33% para los que siempre han trabajo en la administración pública y 30.7% para los que no (Véase tabla 99). Tanto los funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría como los que no lo han hecho así opinan casi con la misma frecuencia que los que tienen experiencia con la administración son los que se benefician de la normatividad sobre adquisiciones (30.9% y 33.2%, respectivamente). Igualmente, tanto los funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría como los que no lo han hecho consideran casi con la misma frecuencia que los que ofrecen precios más bajos son los que se benefician de la normatividad sobre adquisiciones (30.7% y 35.3%, para cada uno) (Véase tabla 99). El 38.2% de los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera manifestó que los que tienen experiencia con la administración son los que se benefician de la normatividad sobre adquisiciones, en comparación con el 30.2% de los que no lo están. Del mismo modo, el 37.2% de los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera manifestó que los que ofrecen precios más bajos son los que se benefician de la normatividad sobre adquisiciones, en comparación con el 30.3% de los que no lo están (Véase tabla 99). También se advierte que los funcionarios que intervienen en el proceso de adquisiciones respondieron en mayor medida que los que tienen experiencia con la administración son los que se benefician de la normatividad sobre adquisiciones (46.7%) en comparación con los que no intervienen (28.5%). Finalmente, esta 76
  • 77. tendencia se repite para la opción de respuesta los que ofrecen precios más bajos (42.3% y 29.2%, respectivamente) (Véase tabla 99). 77
  • 78. X. CONOCIMIENTO Y APEGO A LA LEY X.1. Conocimiento de la ley Dentro de los procesos de contratación que establece la ley, la mayoría de la población encuestada mencionó; la licitación pública nacional e internacional (50.5%), la invitación a cuando menos tres personas (57.2%) y la adjudicación directa (56.7%) (Véase Tablas 166 a 169). Para cada una de las secretarías los distintos mecanismos de contratación tienen una presencia diferente en la opinión y percepción de los funcionarios encuestados. Así, mientras que el 72.5% de los funcionarios de la Secretaría de educación pública reconocen las licitaciones como un mecanismo de contratación establecido en la ley, tan solo el 25.0% de los trabajadores de la Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación mencionan esta opción. Por otra parte si bien el 59.4% de los encuestados tanto en la Secretaría de la función pública como en PEMEX indicaron la invitación a cuando menos tres personas como un proceso de contratación incluido en la ley, esta proporción desciende a 25.3% entre quienes trabajan en la Secretaría de gobernación. Finalmente la adjudicación directa es un mecanismo reconocido dentro de la ley de contrataciones para el 60.4% de los trabajadores de PEMEX y tan solo para el 19.2% de los funcionarios de la Procuraduría general de la república (Véase Tablas 166 a 169). Algunas diferencias merecen ser destacadas al considerar el tipo de funcionario encuestado; por ejemplo mientras que prácticamente todos los responsables (91.7% en el caso de las licitaciones, 91.0% en la invitación a cuando menos tres personas y 90.3% en la adjudicación directa) señalan los distintos mecanismos mencionados como procesos integrados a la ley de adquisiciones, menos de la mitad de los usuarios hace lo propio (40.5% en el caso de las licitaciones, 32.5% en la invitación a cuando menos tres personas y 33.3% en la adjudicación directa). 78
  • 79. El mismo tipo de relación se observa al considerar la intervención o no de los funcionarios en el proceso de adquisiciones (Véase Tablas 166 a 169). En cuanto a la escolaridad y el ingreso de la población encuestada, la relación es directamente proporcional; a mayores niveles de escolaridad e ingresos, mayor es la aceptación que los mecanismos mencionados son procesos de contratación establecidos por la ley de adquisiciones (Véase Tablas 166 a 169). X.2. Excepciones a las licitaciones públicas El conocimiento de la población encuestada sobre las principales excepciones a la licitación pública arrojó los siguientes datos; el 73.7% de los encuestados considera que la titularidad de patentes y los derechos de autor no constituyen una excepción, el 81.0% de los encuestados manifestó que tampoco se realizan excepciones aunque peligren el orden social, la economía o los servicios. El 84.6% de los funcionarios encuestados opinó que no hay excepciones a la licitación pública para fines de la armada nacional, lo que fue reforzado por el 79.6% que manifestó que no se realizan excepciones a causa de fuerza mayor. Así mismo la mayoría (78.1% de los encuestados reconoció que no hay excepciones a la licitación pública antes marcas determinada, ni ante bienes perecederos (86.5%), como tampoco se señaló debe haberlos con campesinos o grupos urbanos o marginados (86.7%) (Véase Tablas 170 a 177). Si bien como se puede observar la amplia mayoría de los encuestados no reconoce excepciones a la licitación pública, en algunas secretarías destacan otro tipo de respuestas. Así, los funcionarios de la Secretaría de educación pública indicaron en un 55.9% que si deben realizarse excepciones a la licitación pública en el caso de la titularidad de patentes y derechos de autor, un 33.3% que ante bienes perecederos también debe haber excepciones y en un 35.3% que los campesinos o grupos marginados también deben reconocer excepciones en la aplicación de las licitaciones públicas. Los trabajadores de la Comisión nacional 79
  • 80. del agua manifestaron en un 40.9% de los casos que ante un peligro en el orden social, económico o en los servicios debe haber excepciones a las licitaciones públicas y quienes fueron encuestados en la Secretaría de la función pública señalaron en un 44.8% se deben realizar excepciones ante marcas determinadas (Véase Tablas 170 a 177). Al analizar las características sociodemográficas también se observan algunas diferencias; mientras que para las personas más jóvenes en prácticamente la totalidad de los casos no deben realizarse excepciones a la licitación pública bajo ninguna circunstancia, la población encuestada de mayor edad reconoce la posibilidad de realizar excepciones en un promedio de 3 personas encuestadas cada diez. La escolaridad y los ingresos guardan la misma relación; a menor escolaridad y menores niveles de ingresos menos excepciones se aceptan a la aplicación de licitaciones públicas (Véase Tablas 170 a 177). X.3. Apego a la normatividad En este mismo orden de ideas, se pidió a los encuestados que comentarán, desde su experiencia, qué frase de las que se señalan a continuación, es la que más se identifica con el momento de hacer adquisiciones (Véase tabla 116 y cuadro 18): Cuadro 18 Según su experiencia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es más cierta al momento de hacer adquisiciones? Frases Porcentajes Hay que apegarse estrictamente a la 56.8 normatividad A veces hay que brincarse algo de la 11.3 normatividad No se puede seguir la normatividad 3.0 NS 27.4 NC 1.5 Total 100.0 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. 80
  • 81. El 72.7% de los mandos superiores consideran que es necesario apegarse estrictamente a la normatividad al momento de hacer adquisiciones. El 64.8% de los mandos medios y el 31.1% del personal operativo comparten esta opinión. Es de destacar que prácticamente la mitad del personal operativo encuestado (49.7%) indicó no saber cuáles situaciones son más importantes al momento de hacer adquisiciones frente al 18.7% de los mandos medios y el 14.8% de los mandos superiores (Véase tabla 116). Los funcionarios que más consideran que hay que apegarse estrictamente a la normatividad son los de la Secretaría de la Función Pública (70.8%); los que menos, los de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (30.6%) (Véase tabla 116). En su mayoría, los responsables (83.4%), los que no han trabajado siempre en la misma secretaría (63.5%), los que están incorporados al servicio civil de carrera (68.0%) y los que intervienen en el proceso de adquisiciones (81.1%) consideran que es necesario apegarse estrictamente a la normatividad (Véase tabla 116). Los funcionarios que más consideran que a veces hay que brincarse algo de la normatividad son los de la Secretaría de la Reforma Agraria (25.0%); los que menos, los de la Secretaría de Gobernación. No se reportan diferencias en relación con los distintos tipos de funcionario (1.1%) (Véase tabla 116). Los funcionarios que más consideran que no se puede seguir la normatividad son los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (11.7%); los que menos, los de la Secretaría de la Función Pública (1.0%), con lo cual se verifican los datos mencionados líneas arriba. No se observan diferencias significativas a partir del análisis de los diferentes tipos de funcionario (Véase tabla 116). 81
  • 82. XI. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL X.1.Órganos de evaluación interna Dentro de este contexto, la investigación también se planteó conocer si en las dependencias aquí analizadas existe o no un comité de adquisiciones y, así, determinar con qué nivel de transparencia se llevan a cabo las licitaciones en la administración pública en México. Para lograrlo, se realizó la siguiente pregunta: En esta dependencia, ¿existe o no un comité de adquisiciones? A esta interrogante, el 69.8% de los funcionarios encuestados respondieron afirmativamente y el 5.5%, de manera opuesta. El 24.4% no supo y el 0.3% no contestó (Véase tabla 100). Los funcionarios que más respondieron afirmativamente a esta pregunta fueron los de la Comisión Federal de Electricidad (87.5%), en comparación con el 51.5% de la Secretaría de Salud, que fue el más bajo (Véase tabla 100). La gran mayoría de los usuarios como los responsables contestó que en la dependencia en la cual trabajan sí hay un comité de adquisiciones (63.2% y 63.8%, respectivamente) (Véase tabla 100). Por un lado, aquellos que siempre han trabajado en la administración pública respondieron a la pregunta aquí analizada en mayor medida (73.8%), en comparación con los que están en la situación opuesta (65.9%) (Véase tabla 100). Por otro, los funcionarios que han trabajado siempre en la misma secretaría respondieron en menor medida de manera afirmativa (66.6%), en comparación con los que no lo han hecho (80.5%) (Véase tabla 100). 82
  • 83. En cuanto al servicio civil de carrera se observa que los entrevistados que están incorporados respondieron en mayor medida que la secretaría en la que laboran sí tiene un comité de adquisiciones (80.3%), en comparación con los que no están incorporados (66.1%) (Véase tabla 100). Finalmente, los funcionarios que intervienen en el proceso de adquisiciones respondieron en mayor medida que su dependencia sí tiene un comité para este fin (95.6%), en comparación con los que no intervienen en él (63.6%) (Véase tabla 100). XI.2. Consultas a los usuarios La amplia mayoría (81.8%) de los encuestados indicó que en la dependencia en la que trabajan no se les consulta para conocer su opinión sobre los mejores proveedores para la adquisición de bienes o la contratación de un servicio. Un 11.6% manifestó que si es consultado para conocer su opinión, y el 3.7% de las personas encuestadas señaló que se le consulta a veces (Véase Tabla 164). Es elevada la proporción de los encuestados tanto de mandos superiores (77.7%) como de mandos medios (77.4%) y de personal operativo (90.6%) que indica no se ha consultado para conocer su opinión sobre los mejores proveedores para la adquisición de bienes o contratación de servicios (Véase Tabla 164). Los funcionarios encuestados que en mayor medida indicaron ser consultados para saber su opinión en relación con la adquisición de bienes y servicios, fueron los trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria (25.0%), los funcionarios de la Secretaría de desarrollo social (21.4%) y los trabajadores de la Secretaría de hacienda y crédito público (15.7%). Por otra parte la población encuestada que indicó no ser consultada en proporción más elevada fue, los encuestados del IMSS (93.7%), los funcionarios de la Comisión federal de electricidad (93.2%) y los trabajadores de secretaría de salud (89.7%) (Véase Tabla 164). 83
  • 84. Los trabajadores que intervienen en el proceso de adquisiciones declararon ser consultados sobre los proveedores para la compra de bienes y servicios en un 39.4% de los casos, mientras que los trabajadores que no intervienen en este proceso indicaron que son consultados en un 5.0% de los casos. Del mismo modo los funcionarios con servicio civil de carrera indicaron ser más consultados (10.9%) que quienes no cuentan con este servicio (2.8%), así como los responsables son más consultados (35.9%) que los usuarios (5.5%) (Tabla 164). La edad, la escolaridad y el ingreso tienen una relación proporcional con el grado de consulta; a mayor edad, más altos niveles de escolaridad e ingresos, se incrementa la solicitud de opinión sobre los proveedores entre la población encuestada (Véase Tabla 164). XI.3. Procesos de evaluación interna y transparencia La mayoría de los funcionarios encuestados (56.1%) indicaron que el área en la cual trabajan fue sometida a una auditoria el año anterior al levantamiento de la encuesta, el 29.3% reportó que no se han realizado auditorias, mientras que el 14.6% indicó no contar con esa información. En consonancia con estas tendencias, la mayoría de los trabajadores de todas las secretarías señalaron que se han realizado auditorias (Véase Tabla 162). Del mismo modo un alto porcentaje de la población encuestada (47.2%) indicó que los resultados de estas auditorias son de carácter público. La mayoría de los trabajadores de la Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación (73.5%), la Secretaría de desarrollo social (68.8%), la Comisión federal de electricidad (66.7%), la Secretaría de energía (57.1%), la Secretaría de la función pública (57.1%), el IMSS (56.0%), la Comisión nacional del agua (55.0%) y la SRA (51.1%) manifestaron que los resultados de las auditorias constituyen información pública (Véase Tabla 163). 84
  • 85. Una diferencia importante aparece entre los encuestados que intervienen en el proceso de adquisiciones y quienes no, ya que mientras que los primeros afirman en un 61.1% que los resultados de las auditorias son públicas, esta proporción desciende a 41.9% entre quienes no intervienen en los mecanismos de adquisiciones. Algo similar se observa entre los usuarios y los responsables; los usuarios indican que los resultados son públicos en un 42.9%, mientras que los responsables indican el carácter público de los resultados de las auditorias en un 59.3% de los casos (Véase Tabla 163). XI.4. Procesos de evaluación externa y transparencia XI.4.1. Evaluación de la SECODAM En la experiencia de los encuestados como servidores públicos evaluaron el funcionamiento de la SECODAM para el mejoramiento de la administración pública como eficiente en el 37.1% de los casos, nada eficiente en un 15.1%, ni eficiente ni ineficiente en el 14.3% de los casos y muy ineficiente en el 5.4% de los casos (Véase Tablas 159). El 42.4% de los mandos superiores, el 38.6% de los mandos y el 29.6% del personal operativo consideran que la SECODAM es eficiente en el mejoramiento de la administración pública. Son los encuestados que se ubican dentro del personal operativo quienes en mayor medida (31.6%) señalaron no saber cómo evaluar a la SECODAM frente a tan sólo el 5.0% de los mandos medios y el 2.9% de los mandos superiores (Véase Tablas 159). Al interior de las secretarías se observa que mientras que los funcionarios de la Secretaría de energía son quienes opinan en mayor proporción (12.0%) que la SECODAM es muy eficiente para el mejoramiento de la administración pública, en el otro extremo los trabajadores de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social consideraron en mayor medida (26.6%) que esta institución es nada eficiente para mejorar la administración pública. Los mayores porcentajes de respuesta para 85
  • 86. todas las secretarías señalan que la SECODAM es eficiente en el mejoramiento de la administración pública (Véase Tablas 159). Quienes intervienen en el proceso de adquisiciones opinaron que la SECODAM es muy eficiente en mayor medida (10.4%) que quienes no lo hacen (4.2%) y las personas que se encuentran integradas al servicio civil de carrera lo hicieron en mayor proporción (6.8%) que quienes no lo están (4.8%). Así mismo para los encuestados que son los responsables del proceso de adquisiciones la SECODAM es muy eficiente en mayor medida (11.1%) que para los usuarios (4.1%). (Véase Tablas 159). Existe una relación proporcional entre el nivel de escolaridad de los encuestados y la percepción de la eficiencia de la SECODAM; a medida que se incrementan la escolaridad también aumenta la eficiencia de esta institución. Así, mientras que para el 12.2% de las personas encuestadas la SECODAM es eficiente, esta proporción aumenta al 42.7% entre quienes tienen nivel de posgrado. Por otra parte y teniendo en cuenta los ingresos se puede decir que quienes perciben niveles salariales más bajos, de 0 a 1 salario mínimo, consideran en menor medida (6.1%) que la SECODAM es nada eficiente en comparación con quienes perciben salarios más elevados (el 16.5% de quienes cuentan con más de 10 salarios mínimos opina que la SECODAM es nada eficiente) (Véase Tabla 159). Otra dimensión para evaluar el funcionamiento y la calidad del trabajo de la SECODAM fue considerar el impacto de esta secretaría en la reducción de la corrupción pública. Al respecto las personas encuestadas opinaron que la SECODAM es muy eficiente en la reducción de la corrupción pública en un 3.7% de los casos, que es eficiente en un 33.4%, 15.2% señaló que es una institución ni eficiente ni ineficiente, el 25.3% opinó que es ineficiente y el 9.1% de los encuestados 86
  • 87. manifestó que el trabajo de la SECODAM es nada eficiente en la reducción de la corrupción pública (Véase Tabla 160). La eficiencia de la SECODAM en la reducción de la corrupción pública es señalada por el 37.7% de los mandos superiores, el 37.1% de los mandos medios y el 25.1% del personal operativo. Nuevamente, la proporción más elevada de no respuesta está entre el personal operativo (28.8%) (Véase Tabla 160). Los funcionarios de la Secretaría de energía (8.0%) y los trabajadores de la Secretaría de la función pública (7.3%) son los encuestados que en mayor medida opinaron que la SECODAM es muy eficiente en su trabajo para lograr la reducción de la corrupción pública. En el extremo contrario, entre quienes consideraron que la SECODAM es nada eficiente para mejorar la corrupción pública, se ubicaron los trabajadores de la secretaría de salud (19.1%) y los de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social (17.0%) (Véase Tabla 160). Para ubicar la evaluación de la SECODAM en cada una de las secretarías, se plantea el siguiente cuadro resumen, en el cual se ubican todas las secretarías encuestadas con los dos extremos de la evaluación; muy eficiente y nada eficiente. 87
  • 88. Cuadro 19 Evaluación de la SECODAM según secretarías* Mejoramiento Reducción administración pública corrupción Secretarías Nada Muy Nada Muy eficiente eficiente eficiente eficiente Secretaría de educación pública 2.0 13.7 0.0 11.8 Secretaría de turismo 5.0 18.8 1.3 6.3 Secretaría del trabajo y la 7.4 26.6 2.1 17.0 previsión social Procuraduría general de la 3.8 19.2 3.8 11.5 república Secretaría de gobernación 11.6 13.7 6.3 16.8 Secretaría de salud 2.9 19.1 4.4 19.1 Secretaría de relaciones 0.0 5.1 5.1 5.1 exteriores Secretaría de economía 8.7 15.2 6.5 5.4 Secretaría de la reforma agraria 5.0 15.0 6.7 10.0 Secretaría de energía 12.0 14.0 8.0 6.0 Secretaría de desarrollo social 3.6 15.2 0.9 9.8 Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, 6.9 18.1 2.8 5.6 pesca y alimentación Secretaría de medio ambiente y 4.5 17.0 2.3 9.1 recursos naturales Secretaría de la función pública 8.3 1.0 7.3 1.0 Secretaría de hacienda y crédito 0.9 17.4 1.7 4.3 público Secretaría de seguridad pública 4.5 15.2 6.1 3.0 IMSS 6.3 23.8 4.8 9.5 Comisión nacional del agua 4.5 13.6 4.5 11.4 Comisión federal de electricidad 6.3 20.0 2.5 16.3 PEMEX 5.2 9.4 5.2 7.3 Secretaría de comunicaciones y 2.9 8.7 1.9 6.8 transportes Total 100.0 100.0 100.0 100.0 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. *Se presentan únicamente los dos extremos de las opciones de respuesta Como puede observarse en el cuadro, para todas las secretarías la SECODAM es muy eficiente en bajas proporciones en los dos tipos de actividades evaluadas, y, por consiguiente, son considerablemente elevadas, también en todas las 88
  • 89. secretarías las respuestas que consideran que la SECODAM es nada eficiente en el desarrollo de su trabajo. Una importante proporción de encuestados (el 41.6%) considera que la Secretaría de la Función Pública dará mejores resultados que la SECODAM en el combate a la corrupción. El 27.1% de los funcionarios encuestados opinó que los resultados serán iguales, el 12.9% de las personas encuestadas señaló que estos resultados serán mejores solo en parte, mientras que el 6.5% consideró que los resultados serán peores (Véase Tabla 161). Para el 49.3% de los mandos superiores, el 41.9% de los mandos medios y el 32.5% del personal operativo la Secretaría de la Función Pública dará mejores resultados a la corrupción que la SECODAM (Véase Tabla 161). Al interior de las secretarías se observa que en prácticamente todas las secretarías los funcionarios consideraron que la Secretaría de la Función Pública dará mejores resultados que la SECODAM. Entre las proporciones más elevadas de esta respuesta destacan los trabajadores de la Procuraduría general de la república (69.2%), los funcionarios de la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (55.7%), los encuestados que laboran en la Secretaría de relaciones exteriores (53.8%) y los trabajadores de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social (53.2%). En la posición contraria, entre quienes opinaron que los resultados serán peores, las proporciones más altas de respuesta estuvieron entre quienes trabajan en la Comisión nacional del agua (15.9%), nuevamente los funcionarios de la Procuraduría general de la república (11.5%) y los trabajadores del IMSS (11.1%) (Véase Tabla 161). Quienes intervienen en el proceso de adquisiciones opinaron que la Secretaría de la Función Pública dará mejores resultados que la SECODAM en un 47.9%, mientras que quienes no participan de este proceso opinaron lo mismo en un 40.1%. Los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera 89
  • 90. indicaron que los resultados serán mejores en mayor proporción (38.8%) que quienes no lo están (25.9%). Entre responsables y usuarios del servicio no se observan diferencias significativas (Véase Tabla 161). Los más jóvenes de los funcionarios encuestados opinaron que la Secretaría de la Función Pública dará mejores resultados en menor medida (28.9%) que las personas mayores de 55 años (40.9%), al igual que los trabajadores de las distintas secretarías con menores niveles de escolaridad, quienes opinaron que los resultados serán mejores en menor medida (14.3%) que los encuestados con niveles de escolaridad más altos (42.7%) (Véase Tabla 161). XI.5. Conocimiento de la contraloría social Para el 28.5% de la población encuestada no existe ningún contralor ciudadano en los procesos de licitación de compras. El 16.1% afirma que existe esta figura y la mayoría de los encuestados (55.1%) reconoce que no sabe si existe o no esta figura (Véase Tabla 178). Posiciones encontradas se observan entre los trabajadores de las distintas secretarías. Mientras que para los funcionarios de la Comisión federal de electricidad (47.5%), la Secretaría de energía (44.0%), la Procuraduría general de la república (26.9%), la Secretaría de turismo (23.8%) y el IMSS (20.6%) existe un contralor en los procesos de licitación, los trabajadores encuestados en la Secretaría de educación pública (52.0%), la Secretaría de comunicaciones y transportes (48.5%), PEMEX (41.7%), la Secretaría de la función pública (39.6%) y la SRA (38.3%) indican que no existe una figure que controle los procesos licitatorios (Véase Tabla 178). También hay posturas disímiles entre los distintos tipos de funcionarios; para la mayoría de aquellos que intervienen en el proceso de adquisiciones (56.2%) no 90
  • 91. existe un contralor en las licitaciones, como tampoco existe este contralor para la mayoría de los responsables (56.1%) encuestados (Véase Tabla 178). Si bien la edad no pauta diferencias en las respuestas de los encuestados, los niveles de escolaridad si lo hacen. De tal suerte que mientras que tan solo el 2.0% de los funcionarios manifiesta que existe un contralor al proceso de licitaciones, el 15.4% de las personas con posgrado reconoce esta figura (Véase Tabla 178). Prácticamente la mayoría de los encuestados (40.0%) que reconoce la existencia de un contralor de los procesos de licitación, indica que es solo uno el contralor ciudadano que participa en este proceso. Esta misma situación se observa entre los funcionarios de las distintas secretarías con la excepción de los trabajadores de la Secretaría de la función pública, quienes en un 55.6% indican que más de un contralor participa en los procesos de licitaciones, y los funcionarios de la SSP, que dan esta misma respuesta en un 40.0% (Véase Tabla 179). XI.6. Funciones del contralor ciudadano Respecto de la naturaleza de este contralor el 38.5% de la población encuestada opina que solamente es testigo, el 27.2% indica que tiene voz y el 6.0% reconoce que tiene voto (Véase Tabla 180). Esta misma tendencia se observa tanto de acuerdo al tipo de funcionario como a las características sociodemográficas de la población encuestada (Véase Tabla 180). En la gran mayoría de las secretarías encuestadas se reconoce que el contralor ciudadano es un ente que participa del proceso licitatorio únicamente como testigo. Así lo manifestaron el 100.0% de los encuestados de la Comisión nacional del agua, el 76.9% de los funcionarios de la Secretaría de educación pública, el 58.3% de la población encuestada en la Secretaría de economía, el 55.6% de 91
  • 92. quienes fueron encuestados en la Secretaría de la función pública, el 52.6% de los trabajadores de la Secretaría de turismo y el 50.0 de los funcionarios de la secretaría de salud. Sin embargo el 54.5% de los trabajadores de la Secretaría de hacienda y crédito público y el 50.0% de los funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria reconocieron en el contralor una entidad con voz en el proceso de licitación (Véase Tabla 180). La mayoría de la población encuestada (58.5%) no conoce el tiempo de permanencia en el cargo del contralor ciudadano. Este desconocimiento se acentúa entre quienes tienen menores niveles de escolaridad (0.0%) en relación con los encuestados con nivel de posgrado (15.8%), y entre quienes cuentan con más altos niveles de ingresos (12.8%) en comparación con quienes tienen ingresos más bajos (16.7%). Es más elevado el desconocimiento entre los funcionarios que no intervienen en el proceso de adquisiciones en relación con los que participan de este proceso, así como entre los usuarios en relación con los responsables (Véase Tabla 181). Al interior de las secretarías se observa un fuerte desconocimiento en relación con la permanencia en el cargo del contralor ciudadano para la mayoría de las funcionarios encuestados (Véase Tabla 181). Ante el abrumador desconocimiento del tiempo de permanencia en el cargo las respuestas sobre cual es ese tiempo de permanencia aparecen muy dispersas; el 34.4% opina que la duración en el cargo es de más de 4 años, el 12.5% manifiesta que es de 3 años, el 9.4% señala dos años y el 9.4% indica que un año es la duración en el cargo del contralor ciudadano (Véase Tabla 182). 92
  • 93. XI.7. Existencia de otras formas de participación ciudadana en los procesos La gran mayoría de los encuestados (60.5%) reconoce no saber si en caso de no contar con un contralor ciudadano la institución a la que pertenece cuenta con alguna otra forma de participación ciudadana en sus procesos de adquisiciones. El 28.3% indica que no cuentan con ningún otro mecanismo y el 11.0% señala que si tienen otro mecanismo al no tener un contralor (Véase Tabla 183). Al interior de las distintas secretarías predominan dos tipos de situaciones; el desconocimiento de la existencia de mecanismos de participación distintos al contralor ciudadano y el afirmar no contar con otro tipo de mecanismos (Véase Tabla 183). Las formas de participación alternas a la ausencia de un contralor que se reconocen son; los mismos proveedores (32.7%), los observadores de la sociedad (25.8%), Transparencia Mexicana (7.5%), órganos internos de contraloría (7.5%) e información en Internet (6.3%) entre las más destacadas (Véase Tabla 184). Para cada una de las secretarías encuestadas la situación que se observa es diferente. Los mismos proveedores son señalados como mecanismos de participación en la totalidad de los funcionarios (100.0%) de la Comisión nacional del agua y en la gran mayoría (80.0%) de los trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por otra parte los observadores de la sociedad se reconocen como instrumentos de participación ciudadana entre los funcionarios de la Secretaría de educación pública (50.0%) y de la Secretaría de energía (50.0%), mientras que transparencia mexicana es mencionada por el 37.5% de los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública y el 33.3% de quienes laboran en la secretaría de gobernación (Véase Tabla 184). El 40.5% de los encuestados manifestó que el hecho de contar con el control ciudadano es muy importante para el proceso de transparencia, el 37.2% señaló 93
  • 94. que este control es un elemento importante, el 12.0% indicó que es poco importante y el 6.1% manifestó que no es nada importante para la transparencia (Véase Tabla 185). Mientras que para los funcionarios de la Secretaría de la Seguridad Pública (62.1%), la Procuraduría general de la república (57.7%), la secretaría de salud (51.5%) la Comisión federal de electricidad (51.3%), la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (51.1%), la Secretaría de educación pública (50.0%) y la Secretaría de energía (50.0%) el contralor es un mecanismo muy importante para mantener la transparencia, el 25.0% de los trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria y el 22.8% de los funcionarios de la Secretaría de economía consideran que es un instrumento poco importante, mientras el 17.9% de quienes trabajan en la Secretaría de relaciones exteriores opinan que es un mecanismo nada importante (Véase Tabla 185). No se destacan diferencias en las respuestas de acuerdo al tipo de funcionario ni a las características sociodemográficas (Véase Tabla 185). XI.8. Medidas para el mejoramiento de la administración La amplia mayoría de los funcionarios encuestados (72.9%) manifestaron no haber recibido ninguna propuesta de mejora administrativa de parte de los usuarios de los servicios que ofrece. En contraparte el 24.8% indicaron haber recibido propuestas y el 2.2% indicó no saber si se han recibido propuestas o no (Véase Tabla 186). En todas las secretarías los funcionarios encuestados, en una amplia mayoría indicaron no haber recibido ningún tipo de propuesta de mejora administrativa (Véase Tabla 186). 94
  • 95. Quienes señalaron haber recibido propuestas de mejora en una gran mayoría (87.9%) indicaron haberlas implementado, situación que también se observa para todas y cada una de las secretarías (Véase Tabla 186). XI.9. Beneficios obtenidos por las propuestas Los beneficios reportados por la implementación de las mejoras propuestas tuvieron que ver con la simplificación de actividades (40.6%), el mayor ahorro de tiempo (28.6%) y la reducción de costos administrativos (10.9%). En las secretarías los beneficios destacados han sido el ahorro de tiempo en la Comisión nacional del agua (100.0%), la Secretaría de turismo (53.3%) y en la Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación (50.0%) y la simplificación de actividades para los funcionarios encuestados en la S (61.5%), PEMEX (56.5%), la Secretaría de la función pública (53.1%) y la S (52.4%) (Véase Tabla 186). 95
  • 96. XII. CULTURA Y PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS XII.1. Reclutamiento de personal Para conocer la opinión de los funcionarios en relación con la forma de reclutar al personal, se incluyó una pregunta de este tipo. El 32.8% respondió que en esa dependencia, en general, reclutan al personal por buenas referencias; el 20.0%, a través de contactos personales; el 42.8%, por currículum; el 14.6%, por recomendación de un compañero; el 9.8%, por recomendación de familiares; el 15.1%, por recomendación de amigos y el 57.4%, a través de un examen o concurso. El 0.8% respondió que no se recluta personal. El 1.5% dio todas las respuestas y el 0.1%, ninguna. El 4.1% dio otra respuesta. El 9.8% no supo y el 0.1% no contestó (Véase tabla 108). Por un lado, los encuestados que más señalaron que reclutan su personal a través de un examen o concurso fueron los de la Secretaría de Economía (81.5%) y los que menos respondieron de esta forma fueron los de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (30.6%). Por otro lado, los funcionarios que más contestaron que nadie se recluta al personal a partir de su currículum fueron los de la Secretaría de Energía (72.0%) y los que menos respondieron de esta forma fueron los de la Comisión Nacional del Agua (22.7%) (Véase tabla 108). A continuación se señalan los resultados del análisis con base en el tipo de funcionario. Se percibe que para los responsables hay una frecuencia de respuesta similar a los usuarios en relación con la opción a través de un examen o concurso (68.1%), en comparación con los usuarios (55.1%). En cuanto a la opción de respuesta por currículum, se observa una tendencia similar (51.6%, los responsables y 40.9%, los usuarios) (Véase tabla 108). 96
  • 97. El 59.6% de los funcionarios siempre han trabajado en la administración pública ofreció la primera respuesta aquí analizada, mientras que el 55.5% de los no lo han hecho respondió de la misma forma. Para la segunda respuesta con mayor mención, los resultados son los siguientes: 43.7% para los que siempre han trabajo en la administración pública y 42.0% para los que no (Véase tabla 108). Los encuestados que siempre han trabajado en la misma secretaría respondieron casi en la misma medida el examen o concurso es el método para reclutar personal (58.8 y 61.1%, respectivamente). Asimismo, los que siempre han trabajado en la misma secretaría se inclinaron con una frecuencia similar por la opción de respuesta por currículum (43.5% y 44.2%, para cada uno) (Véase tabla 108). El 72.5% de los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera manifestó que en esa dependencia se recluta al personal a través de un examen o concurso, en comparación con el 50.6% de los que no lo están. En contraste, el 45.0% de los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera manifestó que se contrata al personal a partir del currículum, en comparación con el 43.4% de los que no lo están (Véase tabla 108). También se advierte que los funcionarios que intervienen en el proceso de adquisiciones respondieron en mayor medida que en esa secretaría se contrata al personal a partir de los resultados de un examen o concurso (73.2%) en comparación con los que no intervienen (53.6%). Finalmente, los dos tipos de funcionarios respondieron con frecuencia similares que el currículum es el principal elemento tomado en cuenta para el reclutamiento del personal (49.2% y 41.2%, respectivamente) (Véase tabla 108). 97
  • 98. XII.2. Desempeño según practicas administrativas Para conocer el desempeño de los funcionarios en relación con prácticas administrativas se incluyeron las siguientes preguntas (Véanse tablas 111-115 y cuadro 20): Cuadro 20 ¿A quién acudiría primero si tuviera que hacer las siguientes actividades de su trabajo…? (porcentajes) Informar Informar Recomen Informar Solicitar sobre un sobre un dar a una sobre un un servicio procedimie persona caso de aumento que puede nto de que busca corrupció salarial mejorar la adquisición empleo en n en su para usted eficacia mal hecho esta área área del área A sus compañeros 1.3 3.7 0.1 6.1 0.6 de trabajo A su 1.6 9.1 5.1 1.6 3.0 sindicato A sus 60.5 54.8 79.4 87.3 66.5 superiores A algún 0.2 4.0 0.1 0.1 0.2 conocido A la SFP 11.1 3.5 0.9 1.0 23.9 Al comité de adquisicione 14.4 0.5 0.1 1.8 0.2 s A otros 1.7 9.6 1.5 0.8 3.2 A nadie 2.1 12.8 11.5 0.5 1.5 NS 6.9 1.9 1.0 0.7 0.9 NC 0.2 0.1 0.3 0.1 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. Los funcionarios que más opinaron que deben avisar a sus superiores en caso de enterarse de un procedimiento de adquisición mal hecho fueron los de la Secretaría de Desarrollo Social (80.4%), los que menos se inclinaron por esta 98
  • 99. opción de respuesta fueron los encuestados en la Secretaría de Relaciones Exteriores (51.3%) (Véase tabla 111). No se observan diferencias significativas en relación con los tipos de funcionario, ya que la mayoría se inclinan por informar a sus superiores cuando se han percatado que un procedimiento de adquisición no fue realizado de manera adecuada (Véase tabla 111). Los funcionarios que más opinaron que deben consultar con sus superiores para recomendar a una persona que busca empleo fueron los de la Secretaría de Energía (74.0%), los que menos se inclinaron por esta (37.5%) (Véase tabla 112). Se observa una ligera diferencia entre los usuarios y los responsables (56.3%, para los usuarios y 48.1%, para los responsables). Los funcionarios que no están incorporados al servicio civil de carrera respondieron en mayor medida que es necesario consultar con los superiores para recomendar a una persona que busca empleo (57.7%), en comparación con los que sí están incorporados (48.8%). Este patrón se repite para los que no intervienen en el proceso de adquisiciones (57.0%) y los que no lo hacen (45.7%) (Véase tabla 112). De los funcionarios encuestados, los que más manifestaron que deben acudir a sus supervisores para solicitar un aumento de sueldo fueron los de la Secretaría de Energía (94.0%) y los que menos lo hicieron fueron los de la Secretaría de Turismo (70.0%). No se reportan diferencias significativas respecto al análisis del tipo de funcionario (Véase tabla 113). Los funcionarios de la Secretaría de Salud fueron los que más respondieron que informan primero a sus superiores sobre un servicio que puede mejorar la eficacia del área (98.5%), mientras que los de Secretaría de la Función Pública fueron los que menos contestaron de esta manera (74.0%). No se advierten diferencias significativas respecto al análisis del tipo de funcionario (Véase tabla 114). 99
  • 100. Los que más respondieron que es necesario informar sobre un caso de corrupción en su área fueron los entrevistados en la Secretaría de Salud (83.8%) y los que menos lo hicieron fueron los de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (43.2%). No hay diferencias entre los distintas clasificaciones de funcionarios (Véase tabla 115). XII.3. Denuncia de conductas ilícitas Prácticamente la totalidad de la población encuestada (91.8%) señaló no haber recibido ninguna denuncia de conductas ilícitas interpuestas por algún usuario de los servicios que ofrece la dependencia a la que pertenece. El 5.7% reconoció haber recibido denuncias y un 2.4% señaló desconocer si se habían o no interpuesto denuncia de algún tipo (Véase Tabla 189). Los funcionarios encuestados de todas las secretarías, en amplia mayoría, señalan no haber recibido denuncias de actos ilícitos. Sin embargo entre quienes en mayor proporción indicaron que habían recibido algún tipo de denuncia, se encuentran los trabajadores de la Comisión nacional del agua (18.2%), los funcionarios de la Comisión federal de electricidad (12.5%) y los de la Procuraduría General de la República (11.5%) (Véase Tabla 189). No se observan diferencias en las respuestas por tipo de funcionario ni por condiciones y características sociodemográficas (Véase Tabla 189). Quienes reconocieron haber recibido denuncias de actos ilícitos señalan que las mismas fueron resueltas en un 62.4% de los casos, no se resolvieron en un 26.9% y no se sabe que ocurre con su resolución en un 8.6% (Véase Tabla 190). Observando las respuestas de los funcionarios de las distintas secretarías se puede decir que las denuncias interpuestas ante Secretaría de agricultura, 100
  • 101. ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación fueron resueltas en el 100.0% de los casos, ante la Comisión nacional del agua en un 87.5%, ante PEMEX en un 85.7% y ante la secretaría de salud en un 75.0%. En el otro extremo se encuentran la Secretaría de energía, cuyos funcionarios encuestados indicaron que el 100.0% de las denuncias presentadas no fueron resueltas, y la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social que no resolvió las denuncias en un 66.7% de los casos (Véase Tabla 190). XII.4. Aplicación de medidas correctivas Las medidas correctivas más importantes aplicadas a los funcionarios que cometieron actos ilícitos fueron la inhabilitación del servidor público (48.0%), la aplicación de una multa administrativa al servidor público (12.0%), la sanción penal al servidor público (8.0%) y el reintegro económico al patrimonio público (6.0%) (Véase Tabla 191). Finalmente es importante considerar los beneficios obtenidos por la aplicación de las medidas correctivas. Entre los más importantes se destacan; la simplificación de actividades (23.6%), al reducción de costos administrativos (18.2%) y el mayor ahorro de tiempo (3.6%) (Véase Tabla 192. 101
  • 102. XIII. PERCEPCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN EN LA ADMINSTRACIÓN PÚBLICA En el análisis de las percepciones y prácticas sobre la corrupción se evaluó la opinión acerca de actos posiblemente corruptos. El 89.4% de los entrevistados respondió que aceptaría un viaje pagado por un proveedor, el 4.0% de los encuestados contestó depende y el 4.3% señaló que no aceptaría, mientras que el 2.3% respondió que no sabía si consideraría la posibilidad o no. Prácticamente la totalidad de los entrevistados declaró que aceptarían un viaje pagado por un proveedor, ante una minoría que rechazarían esta “oportunidad” (Véase Tabla 125). Observando las respuestas al interior de las secretarías se encuentra que las personas que trabajan en las Secretaría de Salud respondieron en su totalidad que aceptarían un viaje pagado por un proveedor, seguidos en importancia por los trabajadores de la Secretaría de Gobernación (97.9%); y por los funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (97.7%). Quienes respondieron en menor medida que sí aceptarían el viaje, pero igualmente con porcentajes sumamente altos fueron los encuestados de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (77.8%) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (79.5%) En el extremo opuesto se ubican los funcionarios que se negaron aceptar este tipo de acciones. Los que aportaron respuestas en mayor proporción en esta categoría son los trabajadores de la Secretaría de Economía; en el 15.2% de los casos declararon que no aceptarían un viaje pagado por un proveedor, y los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el 7.8% respondieron de igual manera. De estas personas entrevistadas el 93.2% están incorporados al servicio civil de carrera y el 92.5% no siempre han trabajado en esas secretarías (Véase Tabla 125). La aceptación a realizar un viaje pagado por un proveedor es mayor en personas con edades de 50 a 54 años (93.2%), mientras que las personas de edades más 102
  • 103. jóvenes disminuye; los entrevistados de entre 18 a 24 años aceptarían esta propuesta en el 77.6%. La escolaridad también indica diferencias en las opiniones de los encuestados, ya que mientras que las personas con nivel de posgrado indicaron que sí aceptarían un viaje pagado por un proveedor en el 93.9% de los casos, esta proporción desciende a 68.4% entre los funcionarios con primaria o menos. En relación con los ingresos se puede decir que las personas que declararon perciben más de 10 salarios mínimos aceptarían esta invitación en 93.7% de los casos, mientras los funcionarios que ganan de 1 a 3 salarios mínimo respondieron que la aceptarían en una proporción menor (72.0%) (Véase Tabla 125). XIII.1. Valores y actitudes hacia el superior jerárquico Respecto del personal se puede decir que la gran mayoría de los encuestados que labora en las secretarías están en desacuerdo con que lo mas fácil para ascender es llevarse bien con el jefe (56.7%), mientras que el 3.4% de las personas encuestadas señaló que están muy de acuerdo con lo que se menciona en la pregunta, el 16.2% señala que esta de acuerdo, el 4.4% indicó que no esta ni en acuerdo ni en desacuerdo y finalmente el 18.0% mencionó estar muy de acuerdo en llevar buenas relaciones con el jefe para poder ascender (Véase Tabla 107). Los funcionarios que en mayor proporción indicaron estar de acuerdo con que llevarse bien con el jefe es un mecanismo de ascenso, fueron los funcionarios Secretaría de Seguridad Pública (69.7%), la Secretaría de Economía (67.4%) y el Sistema Integral de Información Agroalimentaria y Pesquera (63.9%) (Véase Tabla 107). XIII.2.Lealtad y confianza De igual manera, en esta investigación se buscó conocer la opinión de los funcionarios acerca de diversos comportamientos que derivan en prácticas 103
  • 104. corruptas, así como de otro tipo de actitudes que, sin caer en la corrupción, pueden generar productividad. Para ello, se preguntó a los encuestados si están de acuerdo con las siguientes frases (Véanse tablas 102-106 y Cuadro 21). Cuadro 21 ¿Me podría decir qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las frases que le voy a leer? (porcentajes) Ni de Muy de acuerdo, ni En Muy en De acuerd en desacuerd desacuerd NS NC Total acuerdo o desacuerd o o o El algunas áreas de la administració n pública, los 18.1 42.5 4.8 25.2 2.8 6.5 0.1 100.0 sindicatos controlan las plazas La lealtad entre jefes y empleados no es importante 4.0 14.6 2.1 58.9 18.3 1.9 0.2 100.0 para el buen funcionamie nto de la administració n La mayoría de trabajos del Estado tienen una 4.1 38.1 9.3 41.8 4.3 2.2 0.2 100.0 gran vocación de servicio Es muy importante para la administració 23.9 64.9 2.1 6.7 1.0 1.2 0.2 100.0 n contar con personal de confianza Para el 15.7 41.7 4.7 31.5 3.8 2.2 0.4 100.0 servidor público las 104
  • 105. reglas deben estar por encima de las personas Lo más fácil para ascender es llevar una 3.4 16.2 4.4 56.7 18.0 1.1 0.2 100.0 buena relación con el jefe Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. Los funcionarios que más estuvieron de acuerdo con la frase En algunas áreas de la administración pública, los sindicatos controlan las plazas fueron los de Petróleos Mexicanos (82.3%), en comparación con los de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (39.9%). Y los funcionarios que más estuvieron en desacuerdo con la frase antes mencionada fueron los de la Secretaría de la Reforma Agraria (53.3%), en comparación con los de Petróleos Mexicanos (11.5%) (Véase tabla 102). En relación con el tipo de funcionario, no se reportan diferencias significativas en cuanto a las percepciones. Por un lado, el 61.0% de los usuarios estuvo de acuerdo y el 27.7%, en desacuerdo y, por otro, el 59.1% de los responsables estuvo de acuerdo y el 29.4%, en desacuerdo (Véase tabla 102). El 59.5% de los que siempre han trabajado en la administración pública están de acuerdo con la frase En algunas áreas de la administración pública, los sindicatos controlan las plazas, mientras que el 29.7% no lo está. El 61.5% de los que no han trabajado siempre en la administración pública están de acuerdo con la frase, mientras que el 26.3% opinó lo contrario (Véase tabla 102). De los que siempre han trabajado en la misma secretaría, el 56.8% estuvo de acuerdo, mientras que el 61.8% de los que no lo han hecho así opinó de igual forma. De los que han trabajado siempre en la misma secretaría, el 30.9% estuvo 105
  • 106. en desacuerdo, mientras que el 28.6% se inclinó por la misma opción de respuesta (Véase tabla 102). Tampoco se observan diferencias entre los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera y los que no lo están. En primer lugar, el 58.3% de los que sí están incorporados estuvo de acuerdo con la frase En algunas áreas de la administración pública, los sindicatos controlan las plazas, mientras que el 29.5% estuvo en desacuerdo. De los que están en la situación contraria, el 61.8% estuvo de acuerdo y, en desacuerdo, el 27.8% (Véase tabla 102). Finalmente, el 58.4% de los que intervienen en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo y el 61.1% de los que no intervienen opinó de igual forma. El 30.9% de los que sí están inmersos en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo con la frase y el 27.3% de los que no lo hacen se manifestó de manera opuesta. Como se pudo observar, la mayoría estuvo de acuerdo con la frase aquí analizada (Véase tabla 102). XIII.3. Lealtad entre jefes y empleados En relación con la frase La lealtad entre jefes y empleados no es importante para el buen funcionamiento de la administración se percibe lo siguiente: los funcionarios que más estuvieron de acuerdo con la frase fueron los de la Secretaría de Desarrollo Social (32.2%), en comparación con los de la Secretaría de la Reforma Agraria (5.0%). Y los funcionarios que más estuvieron en desacuerdo con la frase antes mencionada fueron los de la Secretaría de Seguridad Pública (87.9%), en comparación con los de la Secretaría de Desarrollo Social (61.6%) (Véase tabla 103). En lo concerniente al tipo de funcionario, no se reportan diferencias significativas en cuanto a las percepciones. Por un lado, el 18.1% de los usuarios estuvo de 106
  • 107. acuerdo y el 77.3%, en desacuerdo y, por otro, el 21.5% de los responsables estuvo de acuerdo y el 76.5%, en desacuerdo (Véase tabla 103). El 16.8% de los que siempre han trabajado en la administración pública están de acuerdo con la frase La lealtad entre jefes y empleados no es importante para el buen funcionamiento de la administración, mientras que el 78.7% no lo está. El 19.6% de los que no han trabajado siempre en la administración pública están de acuerdo con la frase, mientras que el 75.8% opinó lo contrario (Véase tabla 103). De los que siempre han trabajado en la misma secretaría, el 19.6% estuvo de acuerdo, mientras que el 14.2% de los que no lo han hecho así opinó de igual forma. De los que han trabajado siempre en la misma secretaría, el 73.9% estuvo en desacuerdo, mientras que el 83.2% se inclinó por la misma opción de respuesta (Véase tabla 103). Se observa una ligera diferencia entre los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera y los que no lo están. En primer lugar, el 13.0% de los que sí están incorporados estuvo de acuerdo con la frase La lealtad entre jefes y empleados no es importante para el buen funcionamiento de la administración, mientras que el 84.8% estuvo en desacuerdo. De los que están en la situación contraria, el 21.9% estuvo de acuerdo y, en desacuerdo, el 73.2% (Véase tabla 103). Finalmente, el 17.0% de los que intervienen en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo y el 19.0% de los que no intervienen opinó de igual forma. El 79.8% de los que sí están inmersos en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo con la frase y el 76.5% de los que no lo hacen se manifestó de manera opuesta. Como se pudo observar, la mayoría estuvo en desacuerdo con la frase aquí analizada (Véase tabla 103). 107
  • 108. Los funcionarios que más estuvieron de acuerdo con la frase La mayoría de los trabajadores del Estado tienen una gran vocación de servicio fueron los de la Procuraduría General de la República (57.7%), en comparación con los de la Secretaría de Desarrollo Social (25.9%). Y los funcionarios que más estuvieron en desacuerdo con la frase antes mencionada fueron los de la Secretaría de Turismo (57.5%), en comparación con los de Petróleos Mexicanos (31.3%) (Véase tabla 104). En relación con el tipo de funcionario, no se reportan diferencias significativas en cuanto a las percepciones. Por un lado, el 41.7% de los usuarios estuvo de acuerdo y el 46.5%, en desacuerdo y, por otro, el 44.0% de los responsables estuvo de acuerdo y el 40.1%, en desacuerdo (Véase tabla 104). El 45.9% de los que siempre han trabajado en la administración pública están de acuerdo con la frase La mayoría de los trabajadores del Estado tienen una gran vocación de servicio, mientras que el 41.6% no lo está. El 37.3% de los que no han trabajado siempre en la administración pública están de acuerdo con la frase, mientras que el 50.8% opinó lo contrario (Véase tabla 104). De los que siempre han trabajado en la misma secretaría, el 47.5% estuvo de acuerdo, mientras que el 46.6% de los que no lo han hecho así opinó de igual forma. De los que han trabajado siempre en la misma secretaría, el 38.2% estuvo en desacuerdo, mientras que el 44.5% se inclinó por la misma opción de respuesta (Véase tabla 104). Tampoco se observan diferencias entre los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera y los que no lo están. En primer lugar, el 42.5% de los que sí están incorporados estuvo de acuerdo con la frase La mayoría de los trabajadores del Estado tienen una gran vocación de servicio, mientras que el 46.0% estuvo en desacuerdo. De los que están en la situación contraria, el 43.0% estuvo de acuerdo y, en desacuerdo, el 46.1% (Véase tabla 104). 108
  • 109. Finalmente, el 41.0% de los que intervienen en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo y el 42.4% de los que no intervienen opinó de igual forma. El 46.1% de los que sí están inmersos en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo con la frase y el 46.2% de los que no lo hacen se manifestó de manera opuesta. Como se pudo observar, la opinión está dividida para la frase aquí analizada (Véase tabla 104). XIII.4. Lealtad y capacidad En relación con la frase Es muy importante para la administración contar con personal de confianza se percibe lo siguiente: los funcionarios que más estuvieron de acuerdo con la frase fueron los de la Secretaría de Energía (96.0%), en comparación con los de la Secretaría de Salud (80.8%). Y los funcionarios que más estuvieron en desacuerdo con la frase antes mencionada fueron los de la Secretaría de Salud (16.2%), en comparación con los de la Secretaría de Desarrollo Social (2.3%) (Véase tabla 105). En lo concerniente al tipo de funcionario, no se reportan diferencias significativas en cuanto a las percepciones. Por un lado, el 88.1% de los usuarios estuvo de acuerdo y el 8.0%, en desacuerdo y, por otro, el 92.4% de los responsables estuvo de acuerdo y el 6.2%, en desacuerdo (Véase tabla 105). El 88.0% de los que siempre han trabajado en la administración pública están de acuerdo con la frase Es muy importante para la administración contar con personal de confianza, mientras que el 8.2% no lo está. El 90.1% de los que no han trabajado siempre en la administración pública están de acuerdo con la frase, mientras que el 6.8% opinó lo contrario (Véase tabla 105). De los que siempre han trabajado en la misma secretaría, el 81.4% estuvo de acuerdo, mientras que el 91.1% de los que no lo han hecho así opinó de igual 109
  • 110. forma. De los que han trabajado siempre en la misma secretaría, el 9.8% estuvo en desacuerdo, mientras que el 7.0% se inclinó por la misma opción de respuesta (Véase tabla 105). No se observan diferencias significativas entre los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera y los que no lo están. En primer lugar, el 91.3% de los que sí están incorporados estuvo de acuerdo con la frase Es muy importante para la administración contar con personal de confianza, mientras que el 7.2% estuvo en desacuerdo. De los que están en la situación contraria, el 87.7% estuvo de acuerdo y, en desacuerdo, el 7.4% (Véase tabla 105). Finalmente, el 92.4% de los que intervienen en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo y el 88.0% de los que no intervienen opinó de igual forma. El 5.7% de los que sí están inmersos en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo con la frase y el 8.1% de los que no lo hacen se manifestó de manera opuesta. Como se pudo observar, la mayoría estuvo de acuerdo con la frase aquí analizada (Véase tabla 105). Los funcionarios que más estuvieron de acuerdo con la frase Para el servidor público, las reglas deben estar por encima de las personas fueron los de la Secretaría de Gobernación (72.6%), en comparación con los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (52.4%). Y los funcionarios que más estuvieron en desacuerdo con la frase antes mencionada fueron los de la Secretaría de Turismo (52.5%), en comparación con los de la Secretaría de Gobernación (22.1%) (Véase tabla 106). En relación con el tipo de funcionario, se reporta que, por un lado, el 53.7% de los usuarios estuvo de acuerdo y el 38.2%, en desacuerdo y, por otro, el 74.7% de los responsables estuvo de acuerdo y el 21.1%, en desacuerdo (Véase tabla 106). 110
  • 111. El 45.9% de los que siempre han trabajado en la administración pública están de acuerdo con la frase Para el servidor público, las reglas deben estar por encima de las personas, mientras que el 41.6% no lo está. El 37.3% de los que no han trabajado siempre en la administración pública están de acuerdo con la frase, mientras que el 50.8% opinó lo contrario (Véase tabla 106). De los que siempre han trabajado en la misma secretaría, el 47.7% estuvo de acuerdo, mientras que el 67.8% de los que no lo han hecho así opinó de igual forma. De los que han trabajado siempre en la misma secretaría, el 43.2% estuvo en desacuerdo, mientras que el 26.2% se inclinó por la misma opción de respuesta (Véase tabla 106). Se observa una ligera diferencia entre los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera y los que no lo están. En primer lugar, el 65.0% de los que sí están incorporados estuvo de acuerdo con la frase Para el servidor público, las reglas deben estar por encima de las personas, mientras que el 29.9% estuvo en desacuerdo. De los que están en la situación contraria, el 53.5% estuvo de acuerdo y, en desacuerdo, el 38.3% (Véase tabla 106). Finalmente, el 73.5% de los que intervienen en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo y el 53.6% de los que no intervienen opinó de igual forma. El 23.1% de los que sí están inmersos en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo con la frase y el 38.1% de los que no lo hacen se manifestó de manera opuesta. Como se pudo observar, la opinión está dividida para la frase aquí analizada (Véase tabla 106). En relación con la frase Lo más fácil para ascender es llevar una buena relación con el jefe se percibe lo siguiente: los funcionarios que más estuvieron de acuerdo con la frase fueron los de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (29.8%), en comparación con los de la Secretaría de Salud (7.4%). Y los funcionarios que más estuvieron en desacuerdo con la frase antes mencionada fueron los de la 111
  • 112. Secretaría de Salud (89.7%), en comparación con los de la Secretaría de la Función Pública (59.4%) (Véase tabla 107). En lo concerniente al tipo de funcionario, no se reportan en cuanto a las percepciones. Por un lado, el 12.3% de los usuarios estuvo de acuerdo y el 83.4%, en desacuerdo y, por otro, el 22.3% de los responsables estuvo de acuerdo y el 71.5%, en desacuerdo (Véase tabla 107). El 24.6% de los que siempre han trabajado en la misma secretaría están de acuerdo con la frase Lo más fácil para ascender es llevar una buena relación con el jefe, mientras que el 68.1% no lo está. El 15.1% de los que no han trabajado siempre en la misma dependencia están de acuerdo con la frase, mientras que el 80.1% opinó lo contrario (Véase tabla 107). Finalmente, se observa una ligera diferencia significativa entre los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera y los que no lo están. En primer lugar, el 11.5 % de los que sí están incorporados estuvo de acuerdo con la frase Lo más fácil para ascender es llevar una buena relación con el jefe, mientras que el 83.3% estuvo en desacuerdo. De los que están en la situación contraria, el 24.2% estuvo de acuerdo y, en desacuerdo, el 70.1% (Véase tabla 107). XIII.5. Tolerancia a conductas de corrupción Un objetivo más de esta investigación es conocer el nivel de tolerancia de los funcionarios públicos hacia prácticas corruptas. Se les preguntó ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que un funcionario público pueda aprovecharse del puesto si hace bien su trabajo? Los funcionarios que más estuvieron de acuerdo con esto fueron los de la Secretaría de Energía (40.0%), en comparación con los de la Secretaría de la Función Pública (3.1%). Y los funcionarios que más estuvieron en desacuerdo con la 112
  • 113. pregunta antes señalada fueron los de la Secretaría de Seguridad Pública (98.5%), en comparación con los de la Secretaría de Energía (60.0%) (Véase tabla 109). En relación con el tipo de funcionario, se reporta que, por un lado, el 7.9% de los usuarios estuvo de acuerdo y el 86.4%, en desacuerdo y, por otro, el 5.5% de los responsables estuvo de acuerdo y el 90.6%, en desacuerdo (Véase tabla 109). El 7.6% de los que siempre han trabajado en la administración pública están de acuerdo con el hecho de que un funcionario público se aproveche del puesto porque hace bien su trabajo, mientras que el 87.6% no lo está. El 7.5% de los que no han trabajado siempre en la administración pública están de acuerdo, mientras que el 87.1% opinó lo contrario (Véase tabla 109). De los que siempre han trabajado en la misma secretaría, el 10.3% estuvo de acuerdo, mientras que el 5.1% de los que no lo han hecho así opinó de igual forma. De los que han trabajado siempre en la misma secretaría, el 84.6% estuvo en desacuerdo, mientras que el 90.2% se inclinó por la misma opción de respuesta (Véase tabla 109). No se reportan diferencias entre los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera y los que no lo están. En primer lugar, el 7.5% de los que sí están incorporados estuvo de acuerdo con el hecho de que un funcionario público se aproveche del puesto porque hace bien su trabajo, mientras que el 87.5% estuvo en desacuerdo. De los que están en la situación contraria, el 7.6% estuvo de acuerdo y, en desacuerdo, el 86.9% (Véase tabla 109). Finalmente, el 6.3% de los que intervienen en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo y el 7.7% de los que no intervienen opinó de igual forma. El 89.3% de los que sí están inmersos en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo con la frase y el 86.8% de los que no lo hacen se manifestó de manera opuesta. Como 113
  • 114. se pudo observar, la mayoría está en desacuerdo con el hecho de que un funcionario público se aproveche del puesto porque hace bien su trabajo (Véase tabla 109). A la pregunta Según la experiencia, a quién es mejor contratar, ¿a una persona muy calificada o a una persona de mucha confianza?, el 56.5% respondió a una persona calificada; el 14.8%, a una persona de confianza; el 25.1%, ambas; el 0.7%, depende; el 0.7% no supo y el 2.1% no contestó. El 0.1% dijo que a ninguna (Véase tabla 110). Los funcionarios que más se inclinaron por una persona calificada fueron los de la Procuraduría General de la República (80.8%), mientras que los que más respondieron que a una persona calificada fueron los de la Secretaría de Energía (24.0%). Los de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fueron los que más se inclinaron por ambas opciones de respuesta (45.2%) (Véase tabla 110). No se observan diferencias significativas en relación con los tipos de funcionario, ya que la mayoría se inclinan por contratar a una persona calificada en lugar de a alguien de confianza (Véase tabla 110). XIII.6. Cultura de la denuncia A la pregunta Si alguien de su oficina estuviera seguro que un compañero participa en actos de corrupción, ¿qué debería hacer?, el 15.7% respondió hablar con él; el 53.0%, informar a sus superiores; el 2.2%, comentarlo con otros compañeros; el 25.1%, denunciarlo a las autoridades y el 2.4%, nada, no es su problema. El 0.5% ofreció otra respuesta; el 1.1% no supo y el 0.1% no contestó (Véase tabla 117). 114
  • 115. El 55.4% de los mandos superiores, el 57.2% de los mandos medios y el 46.6% del personal operativo consideran que es necesario informar a los superiores si alguien de la oficina se involucra con un acto de corrupción (Véase tabla 117). Los encuestados en la Secretaría de Desarrollo Social son los que más informarían a sus superiores si estuvieran enterados de actos de corrupción en su oficina (68.8%); los que menos lo harían así son los de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (37.2%). No se observan diferencias con base en el análisis de los tipos de funcionario (Véase tabla 117). Los que más respondieron que lo denunciarían con las autoridades fueron los de la Secretaría de la Reforma Agraria (36.7%) y el 13.2% de los encuestados en la Secretaría de Salud no lo harían así. No se perciben diferencias en relación con los diferentes tipos de funcionario (Véase tabla 117). Igualmente, se preguntó a los funcionarios Si alguien de su oficina estuviera seguro que un compañero participa en actos de corrupción, ¿qué debería hacer? El 17.5% respondió hablar con él; el 49.4%, informar a sus superiores; el 1.3% comentarlo con otros compañeros; 28.1%, denunciarlo a las autoridades y el 2.8%, nada, no es su problema. El 0.4% dio otra respuesta; el 0.4% no supo y el 0.1% no contestó (Véase tabla 118). Los funcionarios que más informarían sus superiores fueros los de la Secretaría de Energía (62.0%), en comparación con los de la Secretaría de Turismo (30%). Los encuestados que más denunciarían los hechos con las autoridades fueron los de la Secretaría de la Reforma Agraria (46.7%), en comparación con los de la Secretaría de Turismo (16.3%) (Véase tabla 118). Los funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría respondieron en menor medida que denunciarían los actos de corrupción con los autoridades 115
  • 116. (21.9%), en comparación con los que no han trabajado siempre en esa dependencia (31.9%) (Véase tabla 118). XIII.7. Prácticas de corrupción más frecuentes Las prácticas más frecuentes de corrupción en la administración pública señaladas por los encuestados fueron, recibir dinero o sobornos (88.8%), el tráfico de influencias (33.5%) la adjudicación indebida de contratos y concesiones (15.2%), la malversación de fondos (13.0%) y la venta de plazas (8.8%) (Véase Tabla 158). La amplia mayoría de los encuestados tanto de mandos superiores (88.9%) como de mandos medios (92.9%) y personal operativo (85.0%) consideran que recibir dinero o sobornos es la práctica más frecuente de corrupción en la administración pública, en tanto que la venta de plazas es la práctica mencionada en menor proporción (9.1%, 8.4% y 8.7% respectivamente) (Véase Tabla 158). Se incluyó una batería de preguntas para conocer la opinión de los servidores públicos en relación con la corrupción en la administración pública mexicana en los diferentes niveles de gobierno. El 54.2% de los funcionarios encuestados considera que hay mucha corrupción en la administración pública mexicana; el 34.5%, algo de corrupción; el 8.2%, poca corrupción; el 8.2%, poca corrupción y el 1.2%, nada de corrupción. El 1.8% no supo y el 0.2% no contestó (Véase tabla 119). El 40.6% de los mandos superiores considera que en la administración pública mexicana hay mucha corrupción, proporción que se eleva al 55.1% de los mandos medios y al 69.1% del personal operativo (Véase tabla 119). Los que más consideran que hay mucha corrupción son los de la Secretaría de la Función Pública (69.8%); los que más consideran que hay algo de corrupción, los 116
  • 117. de la Secretaría de Economía (51.1%); los que más consideran que hay poca corrupción, los de la Procuraduría General de la República (19.2%) y los que más consideran que no hay nada de corrupción son los de la Comisión Nacional del Agua (4.5%) (Véase tabla 119). Los usuarios consideran en mayor medida que hay mucha corrupción (57.5%), comparando con los responsables (38.9%). Los que están incorporados al servicio civil de carrera consideran en menor medida que hay mucha corrupción (44.2%), en comparación con los que no están incorporados (59.7%). Los funcionarios que no intervienen en el proceso de adquisiciones respondieron en mayor medida que hay mucha corrupción (57.3%), en comparación con los que sí intervienen (41.6%) (Véase tabla 119). El 28% de los funcionarios encuestados considera que la corrupción en la administración pública ha aumentado desde el año 2001; el 23.5%, que sigue igual de mal; el 1.8%, que sigue igual de bien y el 44.3% que ha disminuido. El 2.1% no supo y el 0.2% no contestó (Véase tabla 120). Tan sólo uno de cada diez (12.4%) de los mandos superiores considera que la corrupción en la administración pública ha aumentado, en tanto que esta proporción se eleva a dos de cada diez (21.6%) encuestados en mandos medios y a cinco de cada diez (51.6%) del personal operativo (Véase tabla 120). Los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores son los que más consideran que la corrupción ha aumentado (51.3%); los del Instituto Mexicano del Seguro Social, que sigue igual de mal (34.9%); los de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que sigue igual de bien (6.1%) y los de la Secretaría de Gobernación, que ha disminuido (71.6%) (Véase tabla 120). Los usuarios (62.3%), los que siempre han trabajo en la misma secretaría (47.6%), los que están incorporados al servicio civil de carrera (55.2%) y los que intervienen 117
  • 118. en el proceso de adquisiciones (61.5%) consideran en mayor medida que la corrupción en la administración pública ha disminuido desde el año 2001 a la fecha (Véase tabla 120). El 22.3% opina que hay más corrupción en la administración pública federal; el 16.0%, en la administración estatal y el 18.1%, en la administración municipal. El 36.0% dijo que en todas y el 0.5%, en ninguna. El 5% no supo y el 0.1% no contestó (Véase tabla 121). Los funcionarios que más respondieron que hay mayor corrupción en la administración federal fueron los de la Secretaría de Salud (44.1%); que es en la administración estatal, los de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (34.7%) y los de la Secretaría de Seguridad Pública comentaron que es en la administración municipal (27.3%) donde hay mayor corrupción. Los funcionarios que más opinaron que la corrupción está en todos los niveles de gobierno fueron los de la Comisión Nacional del Agua (56.8%). No se reportan diferencias en relación con el análisis de los tipos de funcionario (Véase tabla 121). XIII.8. Percepción de la corrupción según niveles en la administración pública A la pregunta ¿En qué niveles de la administración federal cree usted que existe mayor corrupción?, el 11.2% dijo que en los niveles bajos; el 14.1%, en los niveles medios y el 43.3%, en los niveles altos. El 25.8% dijo que en todos y el 1% que en ninguno. El 4.3% no supo y el 0.3% no contestó (Véase tabla 122). Los servidores públicos que más se inclinaron por la opción de respuesta en los niveles bajos fueron los de la Procuraduría General de la República (26.9%); los del Instituto Mexicano del Seguro Social fueron los que más opinaron que es en los niveles medios (23.8%); los que más que comentaron que es en los niveles 118
  • 119. altos fueron los de la Secretaría de Relaciones Exteriores (61.5%); a todos los niveles de la administración pública federal se refirieron los encuestados en la Comisión Nacional del Agua (47.7%) y los que más dijeron que en ninguna fueron los de la Secretaría de Desarrollo Social (4.5%) (Véase tabla 122). A continuación se muestran los resultados de la evaluación que hicieron los encuestados de las siguientes frases (Véanse Tablas 132-140 y cuadro 22): Cuadro 22 ¿Cree usted que hay corrupción o que no hay corrupción en la administración pública federal en…? (porcentajes) Sí, en Sí No NS NC Total parte En las adquisiciones 54.7 16.3 10.2 18.4 0.4 de material En las contrataciones 41.3 17.5 26.1 14.6 0.4 de personal En los concursos 40.2 17.2 26.4 15.8 0.4 público En la adquisición de 44.0 19.3 19.6 16.9 0.4 servicios En la asignación de 46.3 18.5 19.0 15.8 0.4 contratos En el manejo 41.0 16.0 23.9 18.6 0.4 del escalafón En asignación 39.6 16.9 27.4 15.6 0.4 de permisos En la conducción de 46.6 19.0 20.8 13.3 0.4 trámites En el uso de 34.1 14.8 34.3 16.4 0.4 viáticos Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. Los que más opinaron que sí hay corrupción en las adquisiciones de material fueron los de la Secretaría de Energía (72.0%); los que respondieron sí en parte, 119
  • 120. los de la Secretaría de Gobernación (24.2%) y los que más dijeron que no, los de la Secretaría de Relaciones Exteriores (17.9%) (Véase tabla 132). Los que más consideraron que sí hay corrupción en las contrataciones de personal fueron los de la Secretaría de Energía (66.0%); los que respondieron sí en parte, los de la Secretaría de Salud (29.4%) y los que más dijeron que no, los de la Secretaría de Seguridad Pública (53.0%) (Véase tabla 133). Los que más contestaron que sí hay corrupción en los concursos públicos fueron los de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (52.1%); los que respondieron sí en parte, los de la Secretaría de Salud (29.4%) y los que más dijeron que no, los de la Secretaría de Relaciones Exteriores (35.9%) (Véase tabla 134). Los que más expresaron que sí hay corrupción en las adquisiciones de servicios fueron los del Instituto Mexicano del Seguro Social (58.7%); los que respondieron sí en parte, los de la Secretaría de Salud (27.9%) y los que más dijeron que no, los de la Secretaría de Seguridad Pública (34.8%) (Véase tabla 135). Los que más respondieron que sí hay corrupción en la asignación de contratos fueron los de la Secretaría de Energía (64.0%); los que respondieron sí en parte, los de Petróleos Mexicanos (33.3%) y los que más dijeron que no, los de la Secretaría de la Reforma Agraria (28.3%) (Véase tabla 136). Los que más manifestaron que sí hay corrupción en el manejo del escalafón fueron los de la Secretaría de Desarrollo Social (60.0%); los que respondieron sí en parte, los de la Secretaría de Gobernación (25.3%) y los que más dijeron que no, los de la Secretaría de Seguridad Pública (43.9%) (Véase tabla 137). Los que más contestaron que sí hay corrupción en la asignación de permisos fueron los de la Secretaría de Energía (56.0%); los que respondieron sí en parte, 120
  • 121. los de la Secretaría de Salud (27.9%) y los que más dijeron que no, los de la Procuraduría General de la República (46.2%) (Véase tabla 138). Los que más opinaron que sí hay corrupción en la conducción de trámites fueron los de la Secretaría de Energía (68.0%); los que respondieron sí en parte, los de la Secretaría de Gobernación (28.4%) y los que más dijeron que no, los de la Secretaría de la Reforma Agraria (38.3%) (Véase tabla 139). Los que más expresaron que sí hay corrupción en el uso de los viáticos fueron los de la Secretaría de Energía (48.0%); los que respondieron sí en parte, los de la Secretaría de Economía (23.9%) y los que más dijeron que no, los de la Procuraduría General de la República (57.7%) (Véase tabla 140). XIII. 9. Percepción de la corrupción en acciones de la administración de adquisiciones Asimismo, se buscó conocer la opinión de los funcionarios acerca de diversas acciones (Véanse tablas 124-129 y cuadro 23): 121
  • 122. Cuadro 23 ¿Cuáles acciones son corruptas y cuáles no lo son? (porcentajes) Depende Sí No NS NC Total (esp) Aceptar 84.5 5.0 8.1 2.1 0.3 100.0 comisiones Aceptar un viaje pagado 89.4 4.0 4.3 2.3 100.0 por un proveedor Hacer una adjudicación 36.6 21.5 32.7 9.1 0.1 100.0 directa a un proveedor Solicitar dinero para 95.6 0.7 2.4 1.3 100.0 agilizar un trámite Brincarse la normativida d para 80.6 8.2 5.2 5.9 5.9 100.0 agilizar una adquisición Hacer una licitación 32.5 19.4 36.6 11.3 0.2 100.0 restringida Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. Los funcionarios que más admitieron que aceptar comisiones es una acción corrupta fueron los de la Secretaría de Seguridad Pública (98.5%), en comparación con los de la Procuraduría General de la República (39.9%). Y los funcionarios que más estuvieron en desacuerdo con la frase antes mencionada fueron precisamente los de la Procuraduría General de la República (53.3%), en comparación con los de la Secretaría de Salud y los de la Secretaría de Seguridad Pública (1.5%, para ambos casos) (Véase tabla 124). Por un lado, el 82.5% de los usuarios estuvo de acuerdo y el 9.0%, en desacuerdo y, por otro, el 94.1% de los responsables estuvo de acuerdo y el 3.8%, en desacuerdo (Véase tabla 124). 122
  • 123. El 92.7% de los que intervienen en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo y el 82.6% de los que no intervienen opinó de igual forma. El 3.5% de los que sí están inmersos en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo con la frase y el 9.2% de los que no lo hacen se manifestó de manera opuesta (Véase tabla 124). Los funcionarios que más admitieron que aceptar un viaje pagado por un proveedor es una acción corrupta fueron los de la Secretaría de Salud (100.0%), en comparación con los de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (77.8%). Y los funcionarios que más estuvieron en desacuerdo con la frase antes mencionada fueron los de la Secretarías de Seguridad Pública y del Medio Ambiente y Recursos Naturales con frecuencias idénticas (12.5%), en comparación con los de Petróleos Mexicanos (1.0%) (Véase tabla 125). En relación con el tipo de funcionario, no se reportan diferencias significativas en cuanto a las percepciones. Por un lado, el 92.4% de los usuarios estuvo de acuerdo y el 3.8%, en desacuerdo y, por otro, el 88.3% de los responsables estuvo de acuerdo y el 4.5%, en desacuerdo (Véase tabla 125). Los funcionarios que más admitieron que hacer una adjudicación directa a un proveedor es una acción corrupta fueron los de la Secretaría de la Reforma Agraria (51.7%), en comparación con los de la Secretaría de Educación Pública (20.6%). Y los funcionarios que más estuvieron en desacuerdo con la frase antes mencionada fueron los de la Secretaría de Seguridad Pública (45.5%), en comparación con los de la Comisión Nacional del Agua (11.4%) (Véase tabla 126). En relación con el tipo de funcionario, se reportan diferencias significativas en cuanto a las percepciones. Por un lado, el 42.2% de los usuarios estuvo de acuerdo y el 26.9%, en desacuerdo y, por otro, el 10.7% de los responsables estuvo de acuerdo y el 59.5%, en desacuerdo (Véase tabla 126). 123
  • 124. De los que siempre han trabajado en la misma secretaría, el 45.0% estuvo de acuerdo, mientras que el 27.4% de los que no lo han hecho así opinó de igual forma. De los que han trabajado siempre en la misma secretaría, el 33.2% estuvo en desacuerdo, mientras que el 36.8% se inclinó por la misma opción de respuesta (Véase tabla 126). Finalmente, el 12.0% de los que intervienen en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo y el 56.8% de los que no intervienen opinó de igual forma. El 42.5% de los que sí están inmersos en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo con la frase y el 26.9% de los que no lo hacen se manifestó de manera opuesta (Véase tabla 126). Los funcionarios que más admitieron que solicitar dinero para agilizar un trámite es una acción corrupta fueron los de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Salud con frecuencias idénticas (100.0%), en comparación con los de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (87.5%). Y los funcionarios que más estuvieron en desacuerdo con la frase antes mencionada fueron los de la Procuraduría General de la República (7.7%), en comparación con los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de la Función Pública con iguales porcentajes (1.0%) (Véase tabla 127). Los encuestados en la Comisión Nacional del Agua fueron los que en mayor medida contestaron afirmativamente que brincarse la normatividad para agilizar una adjudicación es una acción corrupta (93.2%), en comparación con los de la Secretaría de Desarrollo Social (70.5%). Los que más contestaron de manera negativa fueron los de la Secretaría de la Reforma Agraria (11.7%), en comparación con los de la Secretarías de Economía y de Gobernación con frecuencias idénticas (1.1%) (Véase tabla 128). 124
  • 125. Los funcionarios que más admitieron que hacer una licitación restringida es una acción corrupta fueron los de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (51.1%), en comparación con los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (19.4%). Y los funcionarios que más estuvieron en desacuerdo con la frase antes mencionada fueron los de la Secretaría de Energía (48.0%), en comparación con los de la Comisión Nacional del Agua (13.6%) (Véase tabla 129). Los que más respondieron afirmativamente que hacer una licitación restringida es una práctica corrupta fueron los usuarios (37.4%); los que no están incorporados al servicio civil de carrera (36.2%) y los que no intervienen en el proceso de adquisiciones (37.7%) (Véase tabla 129). XIII.10. Percepciones de niveles de corrupción según Secretarías de estado De igual forma, se pidió a los encuestados hicieran una evaluación del nivel de corrupción que hay en las secretarías, incluso en las que ellos mismos trabajan. Se van a exponer los datos para los cinco casos más representativos (Véase tabla 141). Las dependencias que resultaron evaluadas con mayor índice de corrupción son: la Procuraduría General de la República (44.2%), la Secretaría de Seguridad Pública (30.2%), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (25.1%), el Instituto Mexicano del Seguro Social (20.0%) y la Secretaría de Educación Pública (12.3%) (Véase tabla 141). A continuación se presenta la evaluación hecha por las demás dependencias; se mostrarán los datos de aquellas secretarías que más negativamente calificaron a las cinco mencionadas arriba (Véase Cuadro 24): 125
  • 126. Cuadro 24 ¿En qué secretaría, institución o dependencia gubernamental hay más corrupción? Dependencia evaluada Evaluación PGR PEMEX (61.5%) SSP PEMEX (46.9%) SHCP SRE (38.5%) IMSS SHCP (29.6%) SEP SAGARPA (20.8%) Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. *Pregunta de respuesta múltiple, los porcentajes no suman 100.0. Enseguida se detalla la evaluación que hicieron los propios funcionarios acerca de las dependencias en las cuáles laboran (Véase cuadro 25: Cuadro 25 ¿En qué secretaría, institución o dependencia gubernamental hay más corrupción? Dependencia evaluada Autoevaluación PGR 11.5% SSP 4.5% SHCP 10.4% IMSS 4.8% SEP 9.8% Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. *Pregunta de respuesta múltiple, los porcentajes no suman 100.0. Es pertinente hacer una acotación respecto a los datos antes señalados: con excepción de la Secretaría de Educación Pública, el resto de las dependencias están representadas, cada una, por el nivel más bajo de frecuencia de respuesta, es decir, cada secretaría fue la que mejor se evaluó respecto a las otras. XIII.11. Percepción de costos y beneficios de los actos de corrupción Finalmente, se pidió a los entrevistados que En una escala del 0 al 10, en donde 0 es ningún riesgo y 10 es mucho riesgo, ¿qué tanto arriesga a ser castigado el funcionario que…? (Véanse tablas 143-146 y Cuadro 26: 126
  • 127. Cuadro 26 Acción Calificación Acepta una mordida 8.62 Contrata a un familiar muy capacitado 7.42 Aprueba un trámite incorrecto para que 8.75 tenga éxito Acepta regalos valiosos de los proveedores 8.50 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. XIII.12. Percepción de las penas aplicadas a los actos corruptos En el análisis de los costos y beneficios que los actos corruptos tienen en las secretarías de estado uno de los elementos más importantes a considerar es el tema de las penalizaciones que estos actos reciben. En relación con la gravedad de las penas que se aplican a la corrupción la opinión de los entrevistados se polariza en dos posiciones encontradas; por un lado quienes consideran que estas penas son fuertes (29.3%) y por otra parte quienes manifiestan que las penas contra la corrupción son débiles (34.4%). En medio de estas posturas también hay quienes señalan que las penas son muy fuertes (8.1%) o muy débiles (13.3%) (Véase Tabla 147). Entre los trabajadores de las secretarías también se polarizan las posiciones, pero en este caso entre quienes consideran que las penas son débiles o fuertes. Así, y destacando algunas secretarias, se puede observar que mientras que los trabajadores del IMSS (49.2%), la Secretaría de Relaciones exteriores (48.7%), la Secretaría de la Función pública (43.8%), la Secretaría de la Reforma Agraria (43.3%) y la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (43.3%) son los que en mayor medida manifiestan que las penas son débiles, los trabajadores de la Procuraduría general de la república (46.2%), la Secretaría de la Seguridad Pública (42.4%), la Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación (38.9%), la Comisión federal de electricidad (33.8%) y la Secretaría 127
  • 128. de turismo (33.8%) son quienes indican en mayor proporción que las penas son fuertes (Véase Tabla 147). Los responsables de adquisiciones consideran que las penas son muy fuertes (11.1%) y fuertes (38.8%) en mayor medida que los trabajadores que son usuarios (7.5% y 27.2% respectivamente). Por otra parte quienes están incorporados al servicio civil de carrera consideran que las penas son fuertes (34.3%) en mayor medida que quienes no lo están (26.7%) (Véase Tabla 147). Al tener en cuenta algunas características sociodemográficas se observa que las personas con niveles de ingresos más bajos, quienes perciben ingresos de cero a un salario mínimo, son quienes en mayor medida (21.2%) indican que las penas aplicadas a los actos de corrupción son muy fuertes. También tienen esta opinión pero en un porcentaje inferior (7.9%) los entrevistados con más altos niveles de ingresos. Sin embargo no hay mayores diferencias en las respuestas de los entrevistados que consideran que las penas son débiles; así el 33.3% de las personas con menores ingresos y el 32.1% de quienes reportan percibir ingreso más altos, tienen esta opinión (Véase Tabla 147). XIII.13.Percepción de los tipos de sanciones aplicadas a los funcionarios corruptos La inhabilitación es la sanción más común aplicada los funcionarios que cometen actos de corrupción (41.6%) de acuerdo con la experiencia de las personas entrevistadas. La destitución del cargo (27.1%) lo es en menor medida, y medidas como la amonestación pública (6.6%), la prisión (5.7%) y la sanción económica, (3.8%) tienen menor presencia como sanciones hacia actos corruptos. Cabe destacar que el 3.9% de la población entrevistada señaló que normalmente no se aplican sanciones a los funciones corruptos (Véase Tabla 148). 128
  • 129. Dentro de las secretarías, la experiencia de los funcionarios entrevistados sigue la misma tendencia; las sanciones más aplicadas son la inhabilitación y la destitución del cargo, como se puede apreciar en el siguiente cuadro; Cuadro 27 Principales sanciones aplicadas a funcionarios corruptos por secretaría* Secretaría Secretaría Comisión Secretaría de de la federal de Sanciones de PEMEX educació Seguridad electricida turismo n pública Pública d Inhabilitación 66.3 56.9 56.1 53.8 49.0 Destitución 11.3 25.5 19.7 18.8 16.7 del cargo Prisión 7.5 2.0 4.5 7.5 4.2 Sanción 0.0 3.9 0.0 2.5 2.1 económica Amonestació 1.3 2.0 1.5 7.5 7.3 n pública Otras 13.6 9.7 18.2 9.9 22.8 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.*Se presentan únicamente los cinco valores más destacados para la sanción “inhabilitación” La sanción más utilizada en la experiencia de las personas entrevistadas, de acuerdo a las secretarías es la siguiente; la amonestación pública es la sanción más reconocida (13.7%) entre los funcionarios de la Secretaría de gobernación y la menos utilizada (1.3%) según los trabajadores de la Secretaría de turismo. La destitución del cargo es el tipo de sanción que manifiestan en mayor medida (48.9%) los trabajadores de la S en menor proporción (11.3%) los funcionarios que laboran en la Secretaría de turismo. La inhabilitación es el recurso más reportado como sanción (66.3%) por los funcionarios de la Secretaría de turismo y menos señalado (18.2%) por quienes trabajan en la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales. Por otra parte la prisión es señalada en mayor medida (12.5%) por los funcionarios de la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales y en menor medida (0.0%) por los trabajadores de la Procuraduría General de la República. Finalmente la sanción de tipo económico es mencionada por los trabajadores de la Secretaría de energía en el 10.0%, mientras que los 129
  • 130. trabajadores de la Secretaría de turismo, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Seguridad Pública no reportan este tipo de sanciones (Véase Tabla 148). Los trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores son quienes en mayor proporción (10.3%) indican que de acuerdo con su experiencia normalmente no se aplican sanciones a los funcionarios corruptos, mientras que son los funcionarios de la SECOM, la Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación y el IMSS los que en menor medida (0.0%) reconocen esta situación (Véase Tabla 148). Los trabajadores incorporados al servicio civil de carrera consideran en mayor medida que quienes no tienen esta incorporación que sanciones como la inhabilitación, destitución del cargo y la amonestación pública, son las más utilizadas. Sin embargo otro tipo de sanciones como la prisión y la sanción económica son reportadas en mayor medida por quienes no cuentan con un servicio civil de carrera (Véase Tabla 148). No se observan diferencias significativas al tener en cuenta las variables sociodemográficas. 130
  • 131. XIV. ÍNDICE DE ACEPTACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN Y RESULTADOS PRELIMINARES DE ANÁLISIS DE REGRESIÓN En la sociedad mexicana en general y en su administración pública en particular, si bien a nivel discursivo existe una amplia aceptación de los nuevos valores de transparencia y la legalidad, en las prácticas concretas que se realizan o se validan cotidianamente la situación es mucho más ambigua. Prácticas que van en contra del ideal normativo de legalidad y transparencia son naturalizadas y comúnmente aceptadas. Para dar cuenta de dicha aceptación al interior de la función pública se operacionalizamos esta dimensión en un conjunto de indicadores con los cuales se ha intentado construir un índice resumen. Para construir el índice de aceptación de prácticas de transparencia y corrupción se realizó un análisis de factores donde se incluyeron, en primer término, las siguientes preguntas del cuestionario: P21.Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que un funcionario público pueda aprovecharse del puesto si hace bien su trabajo? P31.1 Diría usted que aceptar comisiones es o no es una acción corrupta P31.2 Diría usted que aceptar un viaje pagado por un proveedor es o no es una acción corrupta P31.3 Diría usted que hacer una adjudicación directa a un proveedor es o no es una acción corrupta P31.4 Diría usted que solicitar dinero para agilizar un trámite es o no es una acción corrupta P31.5 Diría usted que brincarse la normatividad para agilizar una adquisición es o no es una acción corrupta P31.6 Diría usted que hacer una licitación restringida es o no es una acción corrupta 131
  • 132. Al correr el análisis factorial tres de estas variables presentaban bajas correlaciones con el resto y no se agrupaban dentro del primer componente, por lo cual se quitaron del índice original. Estas variables fueron: la P21, P31.3 y P31.6. En el caso de las dos últimas las opciones no definían con claridad actos de corrupción ya que bajo ciertas circunstancias dichas acciones son completamente válidas. Por otro lado, la pregunta 21 se distribuyó casi en su totalidad en las opciones de desacuerdo y muy desacuerdo (alrededor del 95%), es decir, los funcionarios contestaron en mayor medida respuestas de deseabilidad social que no se corresponden necesariamente con las conductas que son legitimadas al preguntarse sobre prácticas administrativas concretas. Dicho en otros términos, al nivel abstracto no se avala la corrupción, pero si se interroga sobre comportamientos específicos las respuestas presentan mayores matices. ¿De que factores depende la aceptación de prácticas de transparencia y corrupción entre los funcionarios públicos mexicanos? Hipótesis Dependería de tres tipos de factores: • Factores de características individuales (sociodemográficos y autopercepción) • Factores asociados a la trayectoria y desempeño profesional del funcionario • Factores asociados a la percepción del ambiente político-institucional Factores de características individuales: Edad Sexo Escolaridad Ingreso Autopercepción de corrupción 132
  • 133. a) Se supondría que los individuos más jóvenes tendrían una mayor cultura de la transparencia al estar menos expuestos a prácticas tradicionales corruptas b) Que los más escolarizados tendrían mayor nivel de información y con ello, más contacto con estímulos hacia la democracia y apertura a ideas sobre el buen gobierno c) Que las mujeres son más honestas que los hombres por tener menos exposición a los espacios públicos y a la socialización en prácticas corruptas d) Que las personas de menos ingresos en sus hogares estarían más dispuestos a ser corruptos como una forma de mejorar su economía personal o familiar Factores asociados a la trayectoria o al desempeño profesional de los funcionarios: Tipo de puesto Permanencia en la administración pública Permanencia en la secretaría Pertenencia al servicio civil de carrera Conocimiento de la ley Apego a la norma Se supondría que: a) El funcionario responsable por la posición estructural que ocupa tiene mayores posibilidades de practicar un tipo de corrupción de índole política, caracterizada por ser de mayor tamaño y complejidad, pero también de mayores costos. A su vez el funcionario responsable está más al tanto de los discursos propios de buen funcionamiento legal. A su vez el usuario, o funcionario que no es responsable tendría a su disposición, prácticas de corrupción burocrática más relacionadas con los procesos administrativos cotidianos, de menor cuantía y menores costos. Por lo tanto se espera que los funcionarios responsables acepten menos el tipo de prácticas frecuentes que se resumen en el índice. 133
  • 134. b) Los funcionarios con mayor permanencia en la administración pública, tendrían mayor tiempo de socialización en un ambiente de prácticas tradicionales de corrupción. c) Los funcionarios con mayor permanencia en una misma secretaría, conocerían más detalladamente los procesos y prácticas propias de esa institución en particular, socializándose en su ambiente más fácilmente. d) El servicio civil de carrera implica una mayor profesionalización y por ende un mayor respeto hacia la transparencia y la legalidad. e) Si bien el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, se supone que su conocimiento implicaría en mayor medida su aplicación. f) Un funcionario con apego a la norma tendría menores niveles de aceptación de prácticas corruptas. Factores asociados a la percepción del ambiente político-institucional Percepción del cambio en el nivel de transparencia de la administración pública Percepción de los riesgos de cometer actos corruptos Percepción del nivel de corrupción actual en la administración pública Percepción del cambio en el nivel de corrupción en la administración pública Se supondría que: a) Una percepción de cambio desfavorable en el nivel de transparencia en la administración pública facilitaría justificar una conducta corrupta como normal o natural. b) Al percibir menores riesgos hay más posibilidad de legitimar prácticas corruptas como normales. c) Una mayor percepción de corrupción actual en la administración pública permitiría justificar una conducta corrupta como normal d) Una percepción de cambio desfavorable en el nivel de corrupción en la administración pública facilitaría justificar una conducta corrupta como socialmente aceptada. 134
  • 135. Variables que explican la variación del índice de aceptación de prácticas de transparencia y corrupción a partir de regresiones simples con coeficientes significativos (a nivel de significancia de 0.005) A mayor escolaridad menor aceptación de prácticas corruptas. Se verifica lo expuesto en la hipótesis referida a la escolaridad. Con respecto al ingreso, se presenta la misma relación: a mayor ingreso menor aceptación de prácticas corruptas. Al contrario de los esperado, las mujeres presentan mayores niveles de aceptación de prácticas corruptas en relación a los hombres. Posiblemente, esta relación se deba a la incidencia de otras variables que no son controladas (por ejemplo, que las mujeres, en la función pública, tengan menor escolaridad que los hombres). Como veremos más adelante, al controlar por variables como escolaridad, la relación entre sexo e índice de aceptación de prácticas corruptas deja de ser significativa. Los funcionarios que participan en los procesos de adquisiciones, básicamente responsables, funcionarios medios y altos, presentan menores niveles de aceptación de prácticas corruptas que los funcionarios que no participan en tales procesos (básicamente usuarios y mandos operativos). Los funcionarios que se autoperciben como corruptos presentan mayores niveles de aceptación de prácticas corruptas. La categoría de autopercepción como más o menos corrupto está reflejando valores generales aplicables al resto de la vida social del funcionario, que también se podrían manifestar en ámbitos más restringidos de acción. Los funcionarios que declaran pertenecer al servicio civil de carrera presentan menores niveles de aceptación de prácticas corruptas tal como se hipotetizaba. 135
  • 136. Funcionarios con apego a la norma, al ser más respetuosos de los marcos normativos más allá de sus consecuencias en términos de eficiencia, presentan menores niveles de aceptación de prácticas corruptas. Los funcionarios que creen que la administración pública en México es más transparente desde 2001 presentan menores niveles de aceptación de prácticas corruptas internalizando el nuevo discurso hegemónico. Los funcionarios que creen que la administración pública en México es más corrupta desde 2001 presentan mayores niveles de aceptación de prácticas corruptas, es decir, mimetizándose con un ambiente que perciben como de alta corrupción. Variables que no son estadísticamente significativas para explicar la variación del índice de aceptación de prácticas corruptas. La edad no presenta una relación estadísticamente significativa con el índice de aceptación de prácticas corruptas. Ello se puede deber a que las prácticas y valores en las que se están socializando los funcionarios más jóvenes no difieren, en gran medida, de las de sus mayores. Para los funcionarios que participan en el proceso de adquisiciones, el conocimiento de la ley en esa materia no es significativo para explicar la variación en el índice de aceptación de prácticas corruptas. Esto indicaría que la dimensión cognitiva acerca de las leyes que rigen la administración pública es básicamente independiente de la creencia en su legitimidad. Considerar a las penas contra la corrupción, débiles o fuertes, no tiene ninguna incidencia en el nivel de la aceptación de prácticas corruptas. Esto quiere decir 136
  • 137. que la evaluación de los costos de las sanciones no mantienen relación alguna con la validación de prácticas corruptas. La permanencia en la administración pública desde “siempre” no es estadísticamente significativa para explicar el nivel de aceptación de prácticas corruptas como tampoco lo es el trabajar desde siempre en la misma secretaría para el caso de los que siempre trabajaron en la administración. Podríamos decir que los “tiempos” al interior de la administración pública o las secretarías no refuerzan la aceptación de prácticas de corrupción, posiblemente implicando que la aceptación de este tipo de prácticas excede los confines de la administración pública y son validadas en otros ámbitos sociales. La percepción del nivel generalizado de corrupción en la administración pública no está relacionada con el nivel de aceptación de prácticas corruptas. La evaluación como corrupta del ambiente de la función pública en general no condiciona como contexto a las prácticas particularizadas. La percepción del riesgo de aceptar una mordida, de aprobar un trámite incorrecto y de aceptar regalos de proveedores no guarda relación con el nivel de aceptación de prácticas corruptas. Nuevamente la evaluación de los costos por realizar un acto de corrupción no afecta la legitimidad que éstos tienen para los funcionarios públicos. Con las nueve variables que presentaron significancia estadística se corrió una regresión múltiple para explicar la variación del índice de cultura de la transparencia. Si bien el modelo no se ha ajustado en función de los presupuestos implícitos en una técnica de este tipo (multicolinealidad, heterocedasticidad entre otros), al controlar las variables independientes entre sí, cuatro de ellas perdieron significancia: Servicio civil de carrera Tipo de funcionario 137
  • 138. Sexo Percepción del cambio en el nivel de corrupción en la administración pública. La falta de significancia de servicio civil de carrera y tipo de funcionario, parece indicar que todo tipo de socialización organizacional no afecta la aceptación de prácticas corruptas que dependen de variables sociales ajenas a las más propiamente institucionales. En todo caso, la capacitación en el servicio civil de carrera o la que se desprende de ocupar puestos de mayor responsabilidad no obtienen como resultado funcionarios con una mayor cultura de la legalidad y la transparencia. Los esfuerzos de la propia administración pública por capacitar a su personal no se reflejan en el nivel normativo valórico de los mismos. Con el nuevo grupo de variables significativas, los factores que explicarían parcialmente el comportamiento del índice de aceptación de prácticas ajenas a la cultura de la legalidad serían: individuales (escolaridad, ingreso y autopercepción en escala de corrupción), del desempeño profesional (apego a la norma) y aquellos relacionados con el sistema político (percepción del cambio en el nivel de transparencia). Cuadro 28 Coeficientes de la regresión Standardiz Unstandardized ed Coefficients Coefficients Model Std. t Sig. B Error Beta 1 (Constant) 3,103 ,201 15,459 ,000 Escolaridad -,081 ,031 -,095 -2,571 ,010 Ingreso -,043 ,020 -,079 -2,105 ,036 auto ,147 ,075 ,057 1,974 ,049 clasificacion apego a la ,151 ,039 ,114 3,838 ,000 norma nivel de transparenc ,116 ,067 ,054 1,733 ,083 ia (cambio) 138
  • 139. XV. PERCEPCIONES GENERALES SOBRE LA CORRUPCION XV.1. Origen, causas y responsabilidades frente a la corrupción El 15.2% de los encuestados afirmó que hay corrupción porque las leyes no son buenas; el 21.0%, porque la sociedad es corrupta; el 40.2%, porque las reglas no se aplican; el 8.7%, por desconocimiento de los procedimientos; el 31.9%, porque los salarios son bajos y el 69.4%, por la falta de valores. El 2.6% ofreció otra respuesta. El 1.2% dijo que todas las opciones son válidas para la pregunta y el 0.1% que ninguna. El 0.3% no supo y el 0.1% no contestó (Véase tabla 123). Los que más dijeron que es porque no se aplican los procedimientos fueron los de la Secretaría de Gobernación (52.6%) y los que menos estuvieron de acuerdo con esto, los de la Procuraduría General de la República (23.1%) (Véase tabla 123). Los funcionarios que más opinaron que la causa es la falta de valores fueron los de la Procuraduría General de la República (84.6%) y los que menos, los de la Comisión Nacional del Agua (59.1%) (Véase tabla 123). Los responsables respondieron en mayor medida que el origen de la corrupción está en la falta de valores (82.4%), al igual que los que están incorporados al servicio civil de carrera (76.0%) y los que intervienen en el proceso de adquisiciones (81.4%) (Véase tabla 123). XV.2. Exceso de trámites A la pregunta A medida que crece el número de trámites aumenta, ¿aumenta el nivel de corrupción?, el 81.8% respondió que aumenta; el 7.9%, ni aumenta ni disminuye y el 6.9%, disminuye. El 1.3% dio otra respuesta. El 1.8% no supo y el 0.2% no contestó (Véase tabla 130). 139
  • 140. Los funcionarios que más respondieron que aumenta fueron los de la Comisión Nacional del Agua (95.5%); los de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fueron los que más opinaron que la corrupción ni aumenta ni disminuye (15.4%) y los de la Procuraduría General de la República fueron los que más contestaron que disminuye (19.2%) (Véase tabla 130). XV.3. Centralización de los servicios El 28.7% de los funcionarios encuestados considera que la descentralización de los servicios públicos crea más corrupción y el 44.9%, la centralización. El 0.9% dio otra respuesta. El 11.5% dijo que ambas opciones de respuesta son válidas y el 4.6% que ninguna (Véase tabla 131). Los que más consideraron que la descentralización crea más corrupción fueron los de la Procuraduría General de la República (53.8%) y los de la Secretaría de Seguridad Pública fueron los que más opinaron que es la centralización (60.6%). Los que más contestaron que ambas opciones de respuesta son válidas fueron los de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (23.5%) y los de la Secretaría de Economía que ninguna (8.7%) (Véase tabla 131). XV.4. Calificación sobre la corrupción La calificación sobre la corrupción se realizó a través de la evaluación a varias personas e instituciones públicas. De esta manera, como se puede observar en el cuadro que sigue, los partidos políticos y los políticos, son las instituciones que los entrevistados consideran son más corruptas, seguidos por los sindicatos y el gobierno. En el extremo opuesto, entre quienes se consideran menos corruptos, se encuentran los compañeros de trabajo y el propio entrevistado. Es decir que al momento de tener que identificar las personas o instituciones que comenten más actos de corrupción, el entorno cercano del entrevistado no fue incluido, mientras que el sistema político es el más señalado (Véase Cuadro 29). 140
  • 141. Cuadro 29 ¿Qué tan corruptos cree que son...? Institución/Persona Mucho Algo Poco Nada NS/NC Total Políticos 61.5 28.4 5.1 0.7 4.3 100.0 Empleados de base 12.6 29.7 31.9 20.2 5.6 100.0 Proveedores 27.4 39.0 15.9 5.0 12.7 100.0 Sindicatos 57.5 26.0 6.1 3.4 7.0 100.0 Partidos políticos 68.3 22.5 4.9 1.1 3.2 100.0 Gobierno 39.4 40.2 14.0 2.8 3.6 100.0 Empleados de 11.7 40.3 28.5 14.1 5.4 100.0 confianza Compañeros de 1.4 8.0 17.1 68.1 5.4 100.0 trabajo Entrevistado 0.6 2.1 5.5 90.2 1.6 100.0 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. La misma tendencia se puede observar al interior de cada una de las secretarías consideradas en la investigación. Así, los políticos son considerados los más corruptos en mayor medida, para los trabajadores de la Secretaría de turismo (70.0%), y de todas las demás secretarías, mientras que los empleados de base son los más corruptos (22.9%) en proporción más elevada para los trabajadores de la Secretaría de la función pública. Los proveedores son los más corruptos (49.0%) desde la perspectiva de los funcionarios de la Secretaría de la función pública, en tanto estos mismos trabajadores son los que consideran en mayor medida que los sindicatos son muy corruptos (75.0%). Por otra parte los trabajadores de la Comisión nacional del agua consideran que los más corruptos en mayor medida son, partidos políticos (79.5%) y el gobierno (54.5%). Finalmente los funcionarios de la Secretaría de turismo manifestaron que los empleados de confianza son los más corruptos en el 21.3% de los casos (Véase Tablas 149 a 157). Entre las personas e instituciones que los trabajadores de las distintas secretarías consideran menos corruptos se destacan; los políticos para los funcionarios de la secretaría de salud (2.9%), los empleados de base (35.0%) y los empleados de confianza (21.7%) para los funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria 141
  • 142. (35.0%), los proveedores (10.0%) y los partidos políticos (4.0%) para los trabajadores de la Secretaría de energía, los sindicatos (11.5%) y el gobierno (11.5%) desde la perspectiva de los funcionarios de la Procuraduría general de la república (Véase Tablas 149 a 157). Los políticos son considerados más corruptos por los más jóvenes, el 77.6% de los encuestados de 18 a 24 años así lo manifestó, en menor medida que por los mayores; el 47.6% de los encuestados mayores de 55 años los ubicó en esa posición. La relación inversa puede observarse por escolaridad; a menor nivel de escolaridad más corruptos son considerados los políticos. Así los más escolarizados consideran que los políticos son menos corruptos (así lo manifiestan un 49.2% de los encuestados con nivel de posgrado) que los encuestados con menores niveles de escolaridad (el 85.7% de las personas encuestadas con primaria o menos así lo indicaron). Por ingresos se observa que a mayores niveles de ingresos menos corruptos son considerados los políticos (Véase Tablas 149 a 157). El mismo tipo de relación se observa para las demás personas e instituciones, reflejando que las variables sociodemográficas pautan diferencias en las opiniones sobre la corrupción entre los individuos encuestados. XV.5. Soluciones frente a la corrupción Entre los mecanismos más importantes reconocidos por los encuestados para mejora el problema de la corrupción se señalaron, la capacitación al personal, el aumento de los controles internos y el mejoramiento de la ley (Véase Tablas 49 a 57 y Cuadro 30). 142
  • 143. Cuadro 30 ¿Qué tanto cree que contribuyen a solucionar la corrupción las siguientes medidas? (porcentajes) Mecanismos Mucho Algo Poco Nada NS/NC Total Servicio profesional carrera 45.1 25.3 13.0 9.3 7.3 100.0 Controles internos 50.4 24.4 12.4 6.9 5.9 100.0 Aumento de salarios 42.5 24.9 15.1 13.4 4.1 100.0 Mejoramiento de la ley 50.5 22.7 13.2 9.4 4.2 100.0 Vigilancia ciudadana 45.2 22.0 17.2 11.7 3.9 100.0 Aumento de castigos 30.4 26.6 21.3 17.6 4.1 100.0 Denuncias anónimas 26.6 25.3 20.9 22.7 4.5 100.0 Ley de transparencia y acceso 46.7 26.5 13.4 8.8 4.6 100.0 a la información Capacitación del personal 62.4 20.5 8.6 5.1 3.4 100.0 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005. Al observar las respuestas de los encuestados se pude ver que una parte importante de los trabajadores opina que el servicio profesional de carrera contribuye mucho (45.1%) a solucionar el problema de la corrupción, mientras que el 25.3% dice que contribuye algo, el 13.0% indicó que poco y el (9.3%) opinó que el servicio profesional de carrera no sirve en nada para solucionar el problema de la corrupción (Véase Tabla 49). Los funcionarios encuestados que en mayor proporción confían en que el servicio profesional de carrera puede hacer un cambio y podría ayudar a disminuir el problema de la corrupción son aquellos que trabajan en la Procuraduría General de la República (61.5%), la Secretaría de Gobernación (60.0%) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (54.4%) (Véase Tabla 49). En cuanto a las respuestas obtenidas por los usuarios y los responsables de los servicios de adquisiciones, se puede destacar que los responsables tienen mayor confianza (55.7%) en el servicio profesional de carrera con respecto a los usuarios (42.8%). En tanto que no se evidencian diferencias entre las personas que siempre han trabajado en la administración pública y los que no, así como las personas que siempre han trabajado en la misma secretaría y los que no. Si se destacan algunas diferencias entre las personas que están incorporados al 143
  • 144. servicio civil de carrera (en un 53.0% confían en este servicio profesional) y los que no están incorporados, cuya confianza desciende al 41.2%) (Véase Tabla 49). Por otra parte se puede notar que las personas con un alto nivel de estudios (51.6%), así como un alto nivel de ingresos más de 10 salarios mínimos (51.2%) y que tienen entre 45 a 49 años (51.3%) son las personas que en mayor proporción confían en el servicio profesional de carrera como un mecanismo para solucionar el problema de la corrupción (Véase Tabla 49). Mediante las respuestas obtenidas por las personas entrevistadas se puede destacar que la mitad de ellos (50.4%) indica que los controles internos pueden contribuir a solucionar el problema de la corrupción, mientras que un 24.4% opinó que solamente contribuiría algo a solucionar este problema. El 12.4% afirma que ayudaría poco y el 6.9% contestó que los controles internos no ayudarían en nada a solucionar este problema (Véase Tabla 50). Son los trabajadores de la Procuraduría General de la República (84.6%), seguidos por los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (72.7%) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (61.7%), quienes afirman en más elevada proporción que los controles internos pueden ayudar a solucionar los problemas de la corrupción. Con respecto a los usuarios y a los responsables se puede decir que los usuarios afirman en menor medida (47.1%) que los responsables (65.7%), que los controles internos constituyan una solución al problema de la corrupción (Véase Tabla50). Cabe mencionar que de acuerdo a las características sociodemográficas las personas en mayor proporción consideran que se puede mejorar mucho el problema de la corrupción mejorando los controles internos, son personas de 55 años o más (55.1%), con alto nivel de estudios (58.1%) y que obtienen mas de 10 salarios mínimos (60.3%) (Véase Tabla 50). 144
  • 145. El aumento de salarios como medida para contribuir a solucionar el problema de la corrupción, es considerada como una medida que contribuiría en mucho por menos de la mitad de los entrevistados (42.5%), en tanto que el 24.9% señaló que esta medida ayudaría algo, el (15.1%) opinó que contribuiría poco y el 13.4% contestó que esta medida no ayuda nada para solucionar este problema (Véase Tabla 51). Los funcionarios de las secretarías que opinaron que el aumento de los salarios es una buena medida que puede contribuir a solucionar el problema de la corrupción, fueron los trabajadores de la Procuraduría General de la República (76.9%), siguiéndole los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (56.1%), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (53.4%) y finalmente los trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores (53.3%) (Véase Tabla 51). Las personas incorporadas al servicio civil de carrera consideran en una proporción mayor (49.3%) que el aumento de los salarios es una buena medida para evitar la corrupción, en comparación con los trabajadores que no están incorporados a este servicio (39.3%) (Véase Tabla 51). Por otra parte las personas que apoya esta medida de aumentar los salarios para contribuir a solucionar el problema de la corrupción son mayormente jóvenes de 25 a 29 años (49.0%), personas que estudian o estudiaron los niveles de preparatoria (42.7%), licenciatura (47.3%) y postgrado (42.3%). Así como las persona cuyos ingresos son de 7 a 10 SM (42.2%), de 5 a7 SM (45.7%) y mas de 10 SM (47.0%) (Véase Tabla 51). Mediante las respuestas obtenidas por parte de los encuestados se puede observar también el acuerdo con la vigilancia ciudadana como medida para solucionar el problema de la corrupción, ya que el 45.2% de los encuestados menciona que ayudaría mucho, mientras que el 22.0%) indica que ayudaría algo, 145
  • 146. el 17.2% opina que ayudaría poco y el 11.7% señaló que esta medida no contribuiría en nada (Véase Tabla 53). Observando el porcentaje de las personas encuestadas que señalan que la vigilancia ciudadana puede contribuir a solucionar el problema de la corrupción, las mayores proporciones se observan entre los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (65.2%) y la Secretaría de la Reforma Agraria (63.3%) (Véase Tabla 53). En cuanto a las respuestas tomadas de las personas que están a favor y que mencionan que ésta medida contribuye en mucho, destacan los jóvenes de 25 a 29 años (56.9%), los que tienen nivel de escolaridad de licenciatura (54.0%) y aquellos con mas de 10 SM (53.4%) (Véase Tabla 53). El aumento de los castigos es una de medidas en las cuales los entrevistados ya no creen tanto como mecanismo adecuado para enfrentar a la corrupción, ya que el 30.4% de la población encuestada opinó que esta medida puede contribuir mucho a solucionar el problema de la corrupción, sin embargo el resto se dividió entre aquellos que contestaron que esa medida contribuía algo (26.6%), los que indicaron que serviría poco (21.3%) y los que respondieron que dicha medida no contribuiría en nada al combate de la corrupción (17.6%) (Véase Tabla 54). Entre los funcionarios que en mayor medida opinaron que el aumento de los castigos contribuye a mejorar el problema de la corrupción destacan los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (51.3%) y la Secretaría de la Reforma Agraria (43.3%) (Véase Tabla 54). Las denuncias anónimas como mecanismo para solucionar el problema de la corrupción es el mecanismo que obtiene los porcentajes más bajos de apoyo. Un poco más de la cuarta parte de los entrevistados (26.6%) señala que es una medida que contribuye en mucho para solucionar la corrupción, pero los restantes 146
  • 147. encuestados señalan que sólo contribuye en algo (25.3%), en poco con el 20.9% de las respuestas, y en nada (22.7%). Entre las secretarías destacan los entrevistados de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes consideran en mayor medida que los encuestados de otras secretarías, que las denuncias anónimas pueden ayudar a solucionar el problema de la corrupción (43.9 (Véase Tabla 55). Mediante las respuestas que se obtuvieron de los trabajadores de las diferentes secretarías, se puede observar que casi la mitad de ellos (46.7%) opinan que la ley de transparencia y acceso a la información es una medida que podría ayudar mucho con el problema de la corrupción. Por otro lado, el 26.5% de los encuestados manifiestan que esta medida ayudaría algo, el 13.4% señaló que contribuiría poco y el 8.8% opinó que esta medida no sirve de nada (Véase Tabla 56). De las personas que trabajan en las diferentes secretarías los encuestados que en mayor proporción afirmaron que ésta medida contribuiría mucho a solucionar el problema de la corrupción fueron; los trabajadores de la Procuraduría General de la República (73.1%), la Secretaría de Gobernación (69.5%) y la Secretaría de Seguridad Pública (62.1%) (Véase Tabla 56). Para los responsables de los servicios de adquisición encuestados la ley de transparencia contribuye a solucionar el problema de la corrupción en mayor medida (53.3%) de lo que perciben los usuarios (45.3%). Quienes están incorporados al servicio civil de carrera opinaron que ley de transparencia contribuye a solucionar el problema de la corrupción en el 54.0% de los casos, mientras que aquellos que no están incorporados opinaron lo mismo en el 43.1% de los casos. La misma situación se puede observar entre las personas que intervienen en el proceso de adquisiciones (53.9% opina que la ley de transparencia contribuye en mucho) y las que no lo están el (da la misma respuesta el 44.9% de los encuestados) (Véase Tabla 56). 147
  • 148. En tanto las personas que en mayor medida opinaron que la ley de transparencia y acceso a la información contribuye mucho a la solución de la corrupción, son nuevamente como en casi todas las restantes medidas sugeridas, personas con altos niveles de estudio posgrado (53.3%), con más de 10 salarios mínimos (53.7%) y con más de 55 años (55.7%) (Véase Tabla 56). Al observar las respuestas que los trabajadores de las diferentes secretarías proporcionan, se puede decir la medida que obtiene el mayor apoyo como mecanismo para solucionar los problemas de corrupción es la capacitación del personal. Los encuestados señalaron que contribuye mucho a solucionar la corrupción en un 62.4%, mientras que el 20.5% manifestó que esa medida solo contribuiría en algo, el 8.6% señala que contribuye en poco y el 5.1% de los encuestados afirmó que esa medida no contribuye en nada (Véase Tabla 57). Tomando en cuenta las respuestas de las personas que laboran en las diferentes secretarías destacan los trabajadores de la Procuraduría General de la República (84.6%), la Secretaría de Relaciones Exteriores (76.6%) y la Secretaría de Gobernación (75.8%), como los que en mayor proporción manifestaron que esa medida podría ayudar mucho en solucionar el problema de la corrupción. En cuanto tipo de funcionario encuestado, se aprecia un apoyo mayor para esta medida entre los responsables (77.2%) que entre los usuarios (59.2%) (Véase Tabla 57). Por otra parte, y teniendo en cuenta la trayectoria de trabajo en la secretaría, se puede decir que los funcionarios que no han trabajado siempre en la secretaría dan más apoyo (67.5%) a la capacitación del personal como medida para solucionar los problemas de corrupción, que las personas que han trabajado siempre (58.0%). Una situación similar se puede apreciar en el análisis de las respuestas de las personas que están incorporadas al servicio civil de carrera, y las que no. Esto es así ya que los funcionarios con servicio civil de carrera consideran en el 72.0% de los casos, que la capacitación es una buena medida en 148
  • 149. la lucha contra la corrupción, proporción que desciende a 58.4% entre quienes no están incorporados a este servicio (Véase Tabla 57). Teniendo en cuenta las características sociodemográficas se puede decir que las personas que consideran que la medida contribuiría mucho a solucionar el problema de la corrupción, son mayormente personas con alto nivel de ingresos mas de 10 SM (71.5%) y con un alto nivel de estudios (postgrado 71.1%) (Véase Tabla 57). A partir de las respuestas de los encuestados se puede observar que los trabajadores se dividen, más o menos de forma pareja, entre aquellos que creen en mayor medida en las medidas planteadas para solucionar la corrupción y aquellos que tienden a ser un poco más escépticos. Esto puede reflejarse en las siguientes respuestas, donde la mitad de los encuestados señalaron que el mejoramiento de la ley contribuye mucho a solucionar el problema de la corrupción 50.5%. Por otra parte el 22.7% de los encuestados señaló que el mejoramiento de la ley contribuye algo, el 13.2% indicó que esta medida contribuye poco y finalmente el 9.4% consideró que mejorar la ley no contribuye en nada a solucionar el problema de la corrupción (Véase Tabla 52). Del conjunto de la secretarías se destacan los trabajadores de PEMEX (58.3), de la Secretaría de Relaciones Exteriores (58.3%) y la Secretaría de la Función Pública (56.3%), como las mas optimistas con relación a la capacidad que el mejoramiento de la ley tiene para enfrentar los problemas de corrupción (Véase Tabla 52). En contra parte se puede observar que entre los encuestados que creen menos en esta medida se encuentran los de la Secretaría de Salud (en un 16.2% señalan que el mejoramiento de la ley no contribuye en nada a solucionar la corrupción), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (un 13.8% declaró que la ley no mejora la corrupción en nada) y la Secretaría de Desarrollo Social (el 12.5% indicó que la ley 149
  • 150. no contribuye nada). Cabe mencionar que la mayor parte de las personas entrevistadas y que contestaron que si se contribuye mucho son personas con un alto nivel de estudios (postgrado 59.3 %), mientras que los de primaria o menos (25.5%) son los de mayor porcentaje al contestar que no cambiaría nada (19.4%). Esto indica que los funcionarios entrevistados con mayor educación creen más en la potencialidad de dichas medidas (Véase Tabla 52). 150
  • 151. XVI. CONCLUSIONES De la investigación se desprende que la cultura de la transparencia aún no ha arraigado entre los funcionarios y sus proveedores en el país. La desconfianza y el temor a brindar información se evidenciaron en las negativas de los funcionarios a ser entrevistados. Existe una brecha entre las élites responsables y los usuarios del servicio de adquisiciones. Esta brecha se refleja también en la existencia de dos visiones distintas del servicio público y dos culturas del servicio público distintas. Estas culturas distintas evidencian dos percepciones distintas del país: entre las élites responsables y los usuarios: PERFILES DE LOS FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS Variables Funcionarios Funcionarios usuarios responsables Nivel de escolaridad Licenciatura Licenciatura promedio Promedio de edad 44.66 años 40.66 años Siempre ha trabajado 48.4% 50.4% en el sector público Siempre ha trabajado 26.4% 52.9% en la secretaría Servicio civil de 46.7% 34.4% carrera Tipo de puesto: 80.6% 62.2% confianza Esta brecha se refleja también en la existencia de dos visiones distintas del servicio público: 151
  • 152. PERFILES DE LOS FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS Culturas del servicio público distintas Funcionarios responsables Funcionarios usuarios Mayores niveles de Menores niveles de satisfacción con satisfacción con respecto a los los procedimientos procedimientos 37.8% dijo 30.7% dijo estar satisfecho estar satisfecho Mayores niveles de Menores niveles de satisfacción con satisfacción con los servicios los servicios 41.7% dijo estar satisfecho 17.7% dijo estar satisfecho Porcentajes más altos de Porcentajes menores de conocimiento conocimiento de la ley de la ley 22.3% la conoce 7.1% la conoce Mayores niveles de apego a la Menores niveles de apego a la norma, norma 52.3% 69.8% Menor percepción de Mayor percepción de impunidad impunidad 64.4% perciben 59.2% perciben que se aplican que se aplican castigos castigos El estudio indica la presencia de dos culturas distintas: entre funcionarios con larga permanencia en la administración pública y los nuevos que recién ingresan, así como entre quienes mencionaron contar con servicio civil de carrera y quienes dijeron no tenerlo. Los funcionarios responsables tienden a ser más optimistas que los funcionarios usuarios con respecto a: • Situación del país • Percepciones de la corrupción en el país • Impunidad frente a la corrupción 152
  • 153. Culturas del servicio público distintas Funcionarios responsables Funcionarios usuarios Niveles más altos de optimismo Niveles menores de optimismo con la con la situación del país situación del país 27.5% señala que está mejor 23.5% señala que está mejor Percepción de menores Percepción de mayores niveles de niveles de corrupción en el corrupción en el país, 55.6% país, 49.5% Menor percepción de Mayor percepción de impunidad, impunidad 64.4% 59.2% Piensa que las penalidades Piensa que las penalidades para para delitos de corrupción son delitos de corrupción son fuertes fuertes 43.3% 35.3% Dos culturas distintas: entre funcionarios con larga permanencia en la administración pública y los nuevos que recién ingresan Antecedentes en el sector público Funcionarios con antecedentes en el Funcionarios sin antecedentes sector público en el sector público Menor apego a las normas Mayor apego a la norma 57.0% 57.5% Porcentajes más altos de conocimiento Mayores niveles de conocimiento de la ley 13.8% la conoce de la ley, 8.7% la conoce Mayor percepción de impunidad, 65.3% Menor percepción de impunidad, 55.8% Determinantes de la cultura de la transparencia en el servicio público entre funcionarios responsables y usuarios de adquisiciones Finalmente, La presencia de una cultura de transparencia se asocia principalmente con factores: • De índole individual: la escolaridad y la autopercepción • Asociados al sistema político: percepción de corrupción en actores político; percepción de corrupción en la administración y percepción de impunidad, costos de incurrir en conductas de corrupción (aprobar un trámite incorrecto) 153
  • 154. • Los factores asociados a la trayectoria y el desempeño profesional no son relevantes para explicar la presencia de una cultura de transparencia: no importa si se es funcionario responsable o usuario ambos tienen las mismas posibilidades de participar en actos de corrupción • El conocimiento de la ley no es un factor relevante para la presencia de una cultura de transparencia De lo anterior se desprende: • La importancia de educar en una cultura de la transparencia y de apego a la legalidad • La necesidad de la consolidación efectiva del estado de derecho • Crear condiciones de confianza en las instituciones del sistema político • Homogeneizar y profesionalizar el servicio público • Crear las condiciones para que favorezcan la consolidación y profundización de la democracia en el país Los efectos de la democratización en el combate a la corrupción se han convertido en un tema debatido; no obstante, en la medida en que la corrupción sea considerada como una de las varias consecuencias de los sistemas democráticos deficientes, como una manifestación o síntoma, mas que una causa en si misma, los mecanismos recomendados para terminar con ella, consecuentemente tendrían que ser los mismos recomendados para ampliar y profundizar a la democracia. Resumen de las principales conclusiones Perfil sociodemográfico y ocupacional • Prácticamente la misma cantidad de hombres y mujeres desarrollan su actividad labora en las secretarías de estado, pero con significativas diferencias tanto en sus edad, como en los niveles de escolaridad e ingresos. Los hombres son predominantemente mayores frente a las mujeres, pero estas 154
  • 155. últimas poseen niveles de escolaridad e ingresos muy inferiores a los que detentan los hombres • Los funcionarios de las secretarías casi en la mayoría de los casos encuestados, realizan funciones operativas en general. Tan solo uno de cada diez encuestados se desarrolla en el área de adquisición y adjudicaciones Permanencia en la administración pública 50.1% ha trabajado siempre en la administración pública 49.9% no lo había hecho anteriormente • el 48.4% de los funcionarios responsables ha trabajado siempre en la administración pública, • el 50.4% de los funcionarios usuarios ha trabajado siempre en la administración pública Permanencia en la secretaría o institución Del total de los entrevistados el 48.4% ha trabajado siempre en esa secretaría 50.6% no lo había hecho con anterioridad • El 26.4% de los funcionarios responsables ha trabajado siempre en esa secretaría • El 52.9% de los usuarios ha trabajado siempre en esa secretaría Quienes no habían trabajado en el sector público con anterioridad provienen: 32.3% sector empresarial 11.7% del sector bancario 14.7% servicios profesionales 4.3% insuficientemente especificado 4.7% de la práctica de un oficio 155
  • 156. 1.9% de una organización gremial 1.2% de una institución educativa 29.2% No contestó Los funcionarios responsables provienen: 30.8% del sector empresarial 9.6% del sector bancario 13.7% servicios profesionales 7.6% diversas ocupaciones (sectores educativo, gremial y otros). 38.4% No contestó Servicio civil de carrera De los entrevistados, solamente el 36.6% está incorporado al servicio civil de carrera • 46.7% funcionarios responsables • 34.4% funcionarios usuarios El 65.4% de los entrevistados es personal de confianza, 17.1% es personal de base, el resto recibe ingresos por honorarios • el 80.6% de los funcionarios responsables es empleado de confianza y el 62.2% de los funcionarios usuarios Reclutamiento de personal Percepción de la existencia de un mayor número de parientes en : • SEP • CFE • PEMEX • IMSS • SCT Es en estas secretarías de estado en donde: 156
  • 157. • Más del 50% ha trabajado siempre en la misma secretaría • Más del 50% ha trabajado siempre en el sector público Percepciones sobre la situación del país • Casi la mitad de la población encuestada percibe de manera preocupante la situación política del país, a lo que se suma que dos de cada diez indican que el país atraviesa por una situación política inestable. Esta percepción se acentúa entre los trabajadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Relaciones Exteriores • Aunada a la percepción política preocupante cuatro de cada diez encuestados valora que la situación económica va a empeorar y otros cuatro de diez indican que la situación económica ya empeoró. Datos que indican que entre los funcionarios se refleja un fuerte pesimismo con respecto a la situación del país Licitaciones para adquirir bienes y servicios • La mitad de la población encuestada reconoce que nunca se realizan licitaciones en las secretarías, para la adquisición de bienes, productos o servicios. Los servicios que realizan licitaciones en más elevada proporción son los relacionados con la papelería y los servicios de copiado. Mayormente son los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Seguridad Pública quienes indican que nunca se realizan licitaciones • Las razones más destacadas aducidas por los funcionarios encuestados para no llevar a cabo licitaciones son para cuatro de cada diez encuestados la dificultad para lograr la rápida adquisición de los bienes y servicios. Una elevada proporción de trabajadores de PEMEX sostiene esta opinión • En general los encuestados indicaron que la demora para adquirir bienes y servicios es menor a tres meses. Las computadoras constituyen el producto que más tiempo de adquisición requiere. Estos tiempos son evaluados como 157
  • 158. suficientes por los trabajadores, de los cuales la mayoría está satisfecho con la calidad de los servicios de adquisición • Son los encargados de adquisiciones quienes mayormente se reconocen como las personas que deciden sobre la compra y contratación de bienes y servicios Evaluación de la SECODAM • Casi cuatro de cada diez encuestados reconoce que la SECODAM es eficiente para mejorar la administración pública, mientras que dos de cada diez funcionarios entrevistados indica que no es nada eficiente. La consideran más eficiente los funcionarios de la Secretaría de Energía y menos eficiente los trabajadores de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social • Cuatro de cada diez encuestados señaló que la Secretaría de la Función Pública trabajará mejor y logrará mejores resultados en el combate a la corrupción que la propia SECODAM. Son los funcionarios de la Procuraduría General de la República los que en mayo proporción tienen esta percepción Auditorias y contralores • En la mayoría de los departamentos y oficinas se han realizado auditorias que se han presentado a la opinión pública • La mayoría de los encuestados indican desconocer su existe una figura que oficie como contralor ciudadano, así como desconocen sus atributos. Ocho de cada diez indica además que la contraloría no tiene impacto en sus actividades cotidianas y que no se les consulta en este tema Evaluación de la corrupción • Los políticos, los partidos políticos y los sindicatos son las instituciones reconocidas como las más corruptas por los encuestados en general, excepto por los funcionarios de la Procuraduría General de la República, quienes los señalan como los menos corruptos 158
  • 159. • Los funcionarios de la Procuraduría General de la República son también quienes en mayor proporción reconocen en ellos mismos como funcionarios y en sus propios compañeros de trabajo, elevados porcentajes de corrupción Prácticas de corrupción y sanciones • Entre los actos corruptos más importantes reconocidos entre la población encuestada se encuentran, mantener una buena relación con el jefe para lograr ascensos y aceptar viajes pagados por los proveedores (prácticamente nueve de cada diez encuestados así lo indicó). Esta opinión se identifica en mayor proporción entre los trabajadores de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional del agua, y en menor medida en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público • La práctica más común de corrupción mencionada por la población encuestada es recibir dinero o sobornos • Casi cuatro de cada diez encuestados reconoce que las penas aplicadas a los funcionarios corruptos son débiles. La sanción más aplicada es la inhabilitación del cargo Medidas para evitar la corrupción • Las medidas que la población encuestada considerar son las más necesarias y eficaces para solucionar el problema de la corrupción son la capacitación al personal, el mejoramiento de la legislación y el aumento de los controles internos. Los funcionarios que en mayor proporción se inclinan por estas medidas son los que trabajan en la Procuraduría general de la República, la Secretaría de la Seguridad Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las medidas consideradas menos eficaces son las denuncias anónimas 159
  • 160. XVII. BIBLIOGRAFIA Aguilar, M. A., J.B.S. Gill and L. Pivio (2000): “Preventing fraud and corruption in World Bank projects. A guide for staff”. Washington DC.: World Bank (May). Alam, M.S. (1989): “Anatomy of corruption: An approach to the political economy of underdevelopment”, American Journal of Economics and Sociology, vol. 48, no. 4, pp. 441-456. Amundsen, Inge and Odd-Helge Fjeldstad (2000): “Corruption. A selected and annotated bibliography.” Bergen: Chr. Michelsen Institute Bergen: Chr. Michelsen Institute, Report 6:93. Andvig, Jens and Kalle Moene (1990): “How corruption may corrupt”, Journal of Economic Behaviour and Organization, vol. 3, no.1, pp 63–76. Bacharach, M. and D. Gambetta (1997): “Trust in signs”. www.sociology.ox.ac.uk/papers [15.11.00]. Banfield, E. C. (1958): The Moral Basis of a Backward Society. Chicago: The Free Press. 145 Bardhan, P. (1997): “Corruption and development: A review of issues”, Journal of Economic Literature, XXXV/3 (September): 1320-1346. Blundo, Giorgio and Jean Pierre Olivier de Sardan (2000) : “La corruption comme terrain. Pour une approche socio-anthropologique”, in Giorgio Blundo (ed.) Monnaier les Povoirs. Espaces, Méchanismes et Eprésentations de la Corruption. Paris: Presses universitaires de France.(Nouveux cahiers de 1’IUED, no 9, 2000). 160
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