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Derechos culturales en la Región de Coquimbo, autor Fernando Graña Pezoa
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Derechos culturales en la Región de Coquimbo, autor Fernando Graña Pezoa

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Tesina Diplomado DESC 2009

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  • 1. Diplom a do Internacional de Especialización Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas TESINA “DESC, POLÍTICAS CULTURALES PÚBLICAS EN LA REGIÓN DE COQUIMBO: INSTITUCIONALIDAD, ACCESO Y PARTICIPACIÓN” ∗. FERNANDO GRAÑA PEZOA Santiago de Chile, Julio-Agosto, 2009 Oficina Regional 1, Sa ntiago Centro Santiago, CHILE Teléfono-Fax: +56-2 697 2976  Tutor Héctor Oyarce, Programa de Gerencia Social y Políticas Púbicas FLACSO Chile, 1
  • 2. TABLA DE CONTENIDOS I.- REFLEXIÓN INICIAL: ¿DONDE ESTAMOS EN MATERIA CULTURAL? 3 I.I.- Hacia la re-definición de conceptos 4 I.II.- ¿Un nuevo espacio para la identidad y los derechos? 4 I.III.- Política cultural local 5 I.IV.- Intervención del territorio con fines culturales 5 I.V.- Territorio, participación y ciudadanía cultural 6 II.- CULTURA Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL CONTEXTO DEL PIDESC 6 III.- LA CULTURA EN EL PIDESC 9 IV.- DERECHO A LA CULTURA EN CHILE: ALGUNOS ANTECEDENTES 10 IV.I.- Institucionalidad cultural en la Región de Coquimbo 12 V.- RECOMENDACIONES FINALES 14 VI.- BIBLIOGRAFÍA 15 2
  • 3. “Los DDHH no son un invento, sino el desarrollo de un proceso de milenios. Detrás de cada derecho hay un valor, o si se quiere, los derechos son una manifestación política de esos valores”1 I.- REFLEXIÓN INICIAL: ¿DONDE ESTAMOS EN MATERIA CULTURAL? Para Jesús Martín Barbero, una de las dimensiones más contradictorias de la modernidad latinoamericana se halla en los proyectos de nación y en los desajustes con lo nacional. En los años 20´ lo nacional se propone con síntesis de la particularidad cultural y la generalidad política que transforma la multiplicidad de deseos de las diversas culturas en un único deseo particular del sentimiento nacional. Posteriormente en los años cuarenta / cincuenta el nacionalismo se transmuta en populismos que consignan el protagonismo del Estado en detrimento de la sociedad civil, un protagonismo que es racionalizado como modernizador tanto en la ideología de las izquierdas como en la política de las derechas. Para los ochenta, la afirmación de la modernidad, al identificarse con la sustitución del Estado por el mercado como agente constructor de hegemonía, acabará produciendo una profunda devaluación de lo nacional. Hoy en día se vive un proceso en el cual los medios de comunicación se constituyen como uno de los más poderosos agentes de devaluación de lo nacional. Se aprecia la emergencia o surgimiento de culturas sin memoria territorial o en las que lo territorial ha pasado a un segundo plano. Las nuevas culturas vinculadas a lo musical-visual superan a las culturas cuyo eje era el territorio. Las nuevas culturas o tribus, por estar ligadas a estrategias del mercado transnacional de la televisión, del disco o del video no pueden ser subvaloradas en lo que ellas implican respecto a nuevos modos de operar y percibir la identidad. Según el mencionado autor, estamos ante identidades de temporalidades menos largas, más precarias, dotadas de una plasticidad que les permite amalgamar ingredientes que provienen de mundos culturales muy diversos y por lo tanto atravesados por discontinuidades. Entonces resulta difícil no proyectar sobre esas nuevas sensibilidades desterritorializadas la dicotomía fundante de los estados nacionales haciendo aún más difícil comunicar a los jóvenes el sentido y valor que aún puede tener lo nacional. Sin embargo, los medios introducen otro orden de organización de lo cultural que no es pensable en términos de nacional / antinacional, ya que ponen en juego un contradictorio movimiento de globalización y fragmentación de la cultura, de mundialización y revitalización de lo local. Radio, prensa y televisión son hoy en día los más interesados en diferenciar las culturas, ya sea por regiones o por edades, para luego poder conectar cada una de ellas a los ritmos e imágenes de lo global. La devaluación de lo nacional no proviene únicamente de la desterritorialización que efectúan los circuitos de interconexión global de la economía y la cultura- mundo, sino de la erosión interna que produce la liberación de las diferencias, especialmente de las regionales y las generacionales2. En ese contexto, las lógicas transnacionales impugnarían los fundamentos institucionales de los sistemas de comunicación de los estados-naciones. Al conectarlos con las normas de redes planetarias, resulta que el proceso de desregulación prefigura profundas mutaciones del modelo económico y social. Para referirse a esa fase de integración mundial, iniciada en los años ochenta, 1 Garreton, Roberto. “Los derechos humanos, económicos, sociales y culturales”. En: Políticas públicas para un Estado social de derechos (Ximena Erazo, María Pía Martín y Héctor Oyarce Editores), LOM Ediciones, Fundación Henry Dunant América Latina, Santiago, 2007. Pág. 36 2 Barbero, Jesús Martín. “Comunicación: el descentramiento de la modernidad”. En Revista Anàlisi 19, 1996. 3
  • 4. ha brotado la noción de globalización, la que trata de abarcar el proceso de unificación del campo económico y por extrapolación, de diagnosticar la situación general del mundo 3. I.I.- Hacia la re-definición de conceptos. En América Latina la experiencia de los movimientos sociales está llevando a redefinir lo que se entiende por ciudadano, no solo en la relación con los derechos a la igualdad sino también con los derechos a la diferencia. Esto implica una desustancialización del concepto de ciudadanía. La ciudadanía y los derechos no hablan únicamente de la estructura formal de una sociedad, sino que además indican el estado de la lucha por el reconocimiento de los otros como sujetos de “intereses válidos, valores pertinentes y demandas legítimas”. Los derechos son reconceptualizados como principios reguladores de las prácticas sociales, definiendo las reglas de las reciprocidades esperadas en la vida en sociedad a través de la atribución mutuamente acordada de las obligaciones y responsabilidades, garantías y prerrogativas de cada uno. García Canclini nos sintetiza en cinco los procesos de las modificaciones socioculturales que están ocurriendo en la nueva escena sociocultural: 1) el redimensionamiento de las instituciones y circuitos de ejercicio de lo público, traducido en la perdida de peso de los organismos locales y nacionales en beneficio de los conglomerados empresariales de alcance transnacional; 2) la reformulación de los patrones de asentamiento y convivencia urbanos, lo cual trae una serie de consecuencias vinculadas va a desvaloración de espacios tradicionales y revalorización de nuevos espacios dentro de la ciudad; 3) la reelaboración de lo propio debido al predominio de los bienes y mensajes provenientes de una economía y cultura globalizada en desmedro de los generados en la ciudad y nación a los cuales se pertenece; 4) la redefinición del sentido de pertenencia e identidad, organizado cada vez menos por lealtades locales o nacionales y más por la participación en comunidades transnacionales o desterritorializadas de consumidores; y 5) el paso del ciudadano como representante de una opinión pública al de ciudadano como consumidor interesado en disfrutar de una cierta calidad de vida percibida como superior 4. I.II.- ¿Un nuevo espacio para la identidad y los derechos? Cuadra nos recuerda que el diseño cultural latinoamericano está en directa relación con la palabra escrita la cual fue detentada por un grupo privilegiado que constituyó lo que otro autor ha dado en llamar la “ciudad letrada”. Sin embargo, más allá de los signos existe la ciudad real que solo existe en la historia. La ciudad letrada ha sobrevivido durante casi todo el siglo XX, ya sea a través de la prensa periódica, de los partidos políticos o burócratas y funcionarios asociados al Estado. En la actualidad, su supervivencia estaría en riesgo ya que los patrones culturales latinoamericanos están siendo transformados aceleradamente por un creciente impacto de medios que privilegian la prole y la imagen: nace un nuevo diseño cultural, la ciudad virtual. A ello sumemos que los flujos transnacionales conforman una nueva significación imaginaria central que erosionan y redefinen las identidades tradicionales en América Latina 5. La ciudad virtual se constituye como el nuevo escenario cultural latinoamericano, con grandes redes televisivas a nivel continental e infinitos canales locales. Si antes la ciudad real era administrada desde la escritura por los intelectuales de la ciudad letrada, hoy en día la ciudad real responde a los diseños culturales de la media, de la ciudad virtual, la que se caracteriza por ser un 3 Mattelart, Armand. La mundialización de la comunicación. Paidós, Barcelona, España, 1998. 4 García Canclini, Néstor. “Introducción”. En Consumidores y ciudadanos. Editorial Grijalbo, México, 1995. 5 Cuadra, Álvaro. De la ciudad letrada a la ciudad virtual. Manuscrito. Universidad ARCIS / IHEAL / CEPAL / Universite Paris III, Programa de Doctorado en Estudios de Sociedades Latinoamericanas, Santiago, 2001. 4
  • 5. espacio cosmopolita y consumista. Esta trae consigo nuevos modos de concebir la política, la ética, el entretenimiento y la vida cotidiana. La ciudad virtual hace de la sociedad un medio y de la publicidad el lenguaje de lo político. La ciudad virtual se consolida en estos tiempos tras un siglo de desarrollo como doble proceso de mediatización y virtualización 6. En nuestra época, vivimos en una sociedad global, donde la información fluye a caudales, generando diferentes y nuevos grados y niveles de segregación y discriminación social. El antiguo analfabetismo de lecto-escritura ha dado paso al nuevo analfabetismo digital, hoy en día la historia oral y tradiciones transmitidas de generación en generación, han dado paso a la inmediatez del mensaje televisivo y a la impersonalidad de las comunicaciones vía Internet (chat). Actualmente se vive un proceso en el cual los medios de comunicación se consolidan como uno de los más poderosos agentes de devaluación de lo nacional. Surgen de culturas sin memoria territorial o en las cuales lo territorial ha pasado a un segundo plano. Las nuevas culturas vinculadas a lo musical- visual superan a las culturas cuyo eje era el terruño, lo tradicional. Las nuevas tribus urbanas, por estar ligadas a estrategias del mercado transnacional de la televisión, del disco o del video, no pueden ser subvaloradas en lo que ellas implican respecto a nuevos modos de operar y percibir la identidad. Las identidades actuales poseen temporalidades menos largas, más precarias, dotadas de una plasticidad que les permite amalgamar ingredientes que provienen de mundos culturales muy diversos y por lo tanto atravesados por discontinuidades. Los medios de comunicación introducen otro orden de organización de lo cultural que no es pensable en términos de nacional - antinacional, ya que ponen en juego un contradictorio movimiento de globalización y fragmentación de la cultura, de mundialización y revitalización de lo local. Radio, prensa y televisión son hoy en día los más interesados en diferenciar las culturas, ya sea por regiones o por edades, para luego poder conectar cada una de ellas a los ritmos e imágenes de lo global. I.III.- Política cultural local En este contexto es necesario reflexionar respecto el concepto de política cultural. Ochoa contrasta tres nociones contemporáneas del concepto de “política cultural”, las cuales podemos resumir en: 1º el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y grupos comunitarios con el fin de satisfacer las necesidades culturales de la población; 2º proceso generado por distintos actores políticos marcados por y encarnando prácticas y significados diferentes; 3º ciencia de la organización de las estructuras culturales, generalmente entendida como un programa de intervenciones realizada por el Estado, instituciones civiles, entidades privadas o grupos comunitarios con el fin de satisfacer las necesidades culturales de la población y promover el desarrollo de sus representaciones simbólicas 7. Para dicha autora, en América Latina lo concerniente a las políticas culturales se sitúa primordialmente, en el campo de “mediación” entre organización social, cultural, política y movilización de las esferas de las artes específicas. Para ella lo que encontramos en el espacio público “es un rechazo o demanda al desarrollo de esta noción” 8. I.IV.- Intervención del territorio con fines culturales Toda política cultural, necesariamente debe ser ejecutada en un territorio determinado. Por ello estamos plenamente de acuerdo con Matus (2006), cuando señala que en Chile, requerimos 6 Cuadra, Alvaro & Ossa, Carlos. Comunicación I. Programa de Magíster en Ciencias Sociales Universidad ARCIS, Santiago, 2004. 7 Ochoa, Ana María. “Políticas culturales, academia y sociedad”, en Daniel Mato (coord.): Estudios y otras practicas intelectuales Latinoamericanas en cultura y poder, Caracas: CLACSO y CEAP, Universidad Central de Venezuela, 2002. Págs. 215-216 8 Ochoa, Ana María, op.cit. Pág. 216 5
  • 6. cambios profundos para dar un lugar real y efectivo a la participación ciudadana, desde luego en el Estado, las autoridades y los partidos políticos, desarrollando capacidad de diálogo, de atención y escucha de las demandas ciudadanas. En estos cambios los ciudadanos deben ser capaces de actuar colectivamente, desarrollar sus iniciativas sin temor, críticos, para dar lugar a nuevas formas de participación y relaciones entre ciudadanos y entre éstos y el estado. Debemos “revitalizar la acción ciudadana” con miras a democratizar la cultura y el conocimiento. Hay que dejar atrás el estado actual de pasividad ciudadana, potenciando y estimulando las posibilidades y espacios para expresar desacuerdos o diferencias. La expresión ciudadana queda acallada, y existe una evidente desigualdad entre el ciudadano y los poderes que actúan en la sociedad. Para el ciudadano y ciudadana es indispensable, gestar y gestionar la convivencia de su entorno. Tener la seguridad que sus deseos, aspiraciones, opiniones y propuestas posee canales de expresión, son parte del debate público, y que puede ejercer control de los actos de la autoridad 9. I.V.- Territorio, participación y ciudadanía cultural Es necesario definir lo que entendemos por territorio. Si bien existen muchas definiciones al respecto, en su mayoría arrancadas de la geografía humana y de la ecología cultural. Tomando en cuenta aquella diversidad conceptual, en el contexto de nuestro trabajo, concebimos al territorio como una matriz de organización e interacción social, superando con ello las definiciones que lo abstraen en demasía, situándolo como un espacio receptor de las acciones humanas. Por otro lado, debemos tener presente que la participación ciudadana es un componente fundamental de la vida democrática, lo cual permite a cada uno de los ciudadanos “adquirir una cultura política democrática en espacios públicos para la participación”10. Esta misma autora, al definir el concepto de participación señala: 1º Participación es una acción colectiva en torno a objetivos compartidos; 2º los actores claves de la participación, son la sociedad civil y el mismo Estado; y 3º la participación ciudadana posee un carácter mediatizador entre ambos actores (sociedad civil y Estado) 11. Esto se vincula directamente con el concepto de ciudadano cultural. Esto se vincula con el derecho a ser diferentes con respecto a las normas de la comunidad nacional dominante sin que se comprometa –necesariamente- el derecho natural de pertenecer y de participar en el proceso democrático más amplio en el contexto mayor del Estado-Nación. Por ello, cuando hablamos de ciudadanía cultural, nos referimos a un proceso social mediante el cual los derechos ciudadanos son reclamados e incluso expandidos, centrando su atención en el potencial que otorgan las prácticas culturales y los procesos de formación de identidades 12 . II.- CULTURA Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL CONTEXTO DEL PIDESC La tarea o labor del servicio publico en el ámbito de la cultura, debe, necesariamente estar situada en un contexto global, al amparo de los derechos universalmente reconocidos y las normativas jurídicas reconocidas en diferentes esferas y ámbitos de acción. Es fundamental el reconocimiento y validación funcionan que se haga de los acuerdos y tratados internacionales en estas materias, por cuanto, es en esta suerte de “niveles o ámbitos de acción subalterna” donde se ponen en juego el 9 Matus, Verónica. Participación y ciudadanía, Documento docente del Diploma Virtual en Gestión Cultural, III Versión, Santiago, Universidad de Chile – Consejo Nacional de la Cultura y las Artes – Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Santiago, 2006. Pág.4 10 Matus, Verónica, op. cit. Pág. 10 11 Idiem, pág. 14 12 Ibidiem, pág.17 6
  • 7. sentido y misión de acuerdos y tratados de amplia cobertura, pero de dudosa aplicabilidad en el espacio micro, donde realmente se observan los beneficios sobre las personas en su cotidiano vivir. Las políticas públicas e materia cultural, amparadas en marcos normativos internacionales, deben procurar su “aterrizaje” en lo local, influyendo, sino, tutelando, las políticas locales de desarrollo en esta materia. Para ello se necesitan políticas públicas de calidad, que permitan superar los grandes problemas que existen mundialmente13. En este sitial de la cuestión se torna de suma importancia incorporar el denominado enfoque de derechos en las políticas públicas y estrategias de desarrollo, el cual considera el derecho internacional de los DDHH como “marco conceptual capaz de orientar el diseño de instituciones y políticas conducentes a corregir el déficit que existe en materia de realización de los derechos universales. El enfoque debe traducirse en políticas integradas tendientes a intervenir al mismo tiempo en diversos aspectos del circuito desigualdad-exclusión, aportando a procesos redistributivos que superen el universalismo meramente formal” 14. Además, Erazo señala que esto es de sumo complejo en el caso de los DESC, dado el complicado contexto del carácter incompleto de su paradigma, lo cual esta relacionado con la forma en que están organizados los Estados en estas materias. En América Latina la gestión de los servicios que satisfacen la mayoría de los DESC, están al arbitrio y discrecionalidad administrativa de cada Estado, priorizando en el diseño de las políticas, normas de carácter administrativo asociadas al funcionamiento de las instituciones, sin relación directa y explícita con la garantía de los DESC propiamente tal15. Continuando con la presentación de diversas interrogaciones, Orbe se pregunta ¿qué políticas públicas requiere la Región latinoamericana para resolver los principales problemas?. A manera de hipótesis, dicho autor propone que los DDHH entregan un marco normativo con respecto a la formulación de las políticas públicas, ya que estos se sustentan por valores morales universalmente reconocidos y reforzados por obligaciones jurídicas de los Estados, entre los cuales destacan la misma Declaración Universal de los DDHH, el PIDESC, el PIDCP, la Convención de Estocolmo, la Convención Sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación a la Mujer, etc. Por ello, al asumir el enfoque de DDHH, hay un conjunto de principios que orientan la formulación de las políticas públicas, a saber: • Universalidad e inalienabilidad, el cual apunta a que todo ser humano está protegida por la Carta Universal de los DDHH y por los demás instrumentos que los consagran. Estos derechos no pueden ser suspendidos ni enajenados. 13 Es necesario retomar las interrogantes de Erazo, en cuanto a “¿Qué se entiende por políticas públicas de calidad? La pregunta es pertinente cuando enfrentamos la realidad mundial y especialmente latinoamericana, en la cual, pese a los esfuerzos y trabajo permanente de los Estados, no se logran superar grandes flagelos sociales como la pobreza e incluso la muerte por factores asociados a esta. ¿Cómo vencer estos problemas a través de las políticas públicas?”. Erazo, Ximena. “Políticas públicas para un Estado social de derechos. El paradigma de los derechos universales”. En: Políticas públicas para un Estado social de derechos (Ximena Erazo, María Pía Martín y Héctor Oyarce Editores), LOM Ediciones, Fundación Henry Dunant América Latina, Santiago, 2007. Pág. 13 14 Para la misma autora, “el desafío consiste, entonces, en expresar el enfoque de derechos en la concreción de políticas públicas y no solamente en la abstracción de la política, interviniendo en problemas básicos y específicos de la sociedad”. Erazo, Ximena. op.cit. Pág.14. 15 Idiem, op.cit. Pág.15 7
  • 8. • Indivisibilidad. Esto apunta a que los DDHH son indivisibles, sean estos de primera, segunda o de tercera generación16. Los DDHH son inherentes a la dignidad del ser humano. • Interdependencia e interrelación de los derechos. Este principio señala que la garantía de los derechos depende o contribuye a la garantía de otros. Caso de ejemplo constituye la relación que existe entre los Derechos Civiles-Políticos con los DESC, o con los Derechos Ambientales. • No discriminación e igualdad. Esto se refiere a que todos los seres humanos tienen derecho al respeto de sus DDHH sin que exista discriminación debido a su procedencia étnica, color, género, edad, lengua, religión, opinión política o de otra naturaleza, origen nacional o social, discapacidad, propiedad, nacimiento, o cualquier otra condición, tal como lo señalan los tratados respectivos. • Participación. Este quinto elemento señala que cada ser humano posee derecho a participar, contribuir y disfrutar de forma libre y significativa del desarrollo económico, social, cultural y político, en el que se garanticen y afiancen los DDHH y las libertades fundamentales. • Rendición de cuentas e imperio de la Ley. Los Estados nacionales y otros titulares de deberes, son responsables de garantizar la observancia de los DDHH, por ello deben cumplir con las normas legales y estándares consagrados internacionalmente en los diferentes instrumentos. En caso de caer en acciones de incumplimiento, las personas tienen derecho de emprender acciones para obtener la reparación apropiada. • Progresividad. Los principios e instrumentos internacionales de los DDHH imponen a los Estados nacionales, la obligación de garantizar los DCP y los DESC, sin embargo, el enfoque de los DDHH no imponen una exigencia de que todos ellos se deban realizar de manera inmediata. El código internacional sobre la materia, indica que muchos DDHH se realizaran de forma gradual y progresiva, supeditados a la disponibilidad de recursos del Estado respectivo17. Orbe señala que adoptar el enfoque de DDHH en los procesos de formulación de políticas públicas, significa que las instituciones públicas a cargo, deben basar sus definiciones explícitamente en las normas y valores establecidos en la legislación internacional sobre el tema; los DDHH constituyen un marco normativo para la formulación de políticas nacionales e internacionales, con inclusión de las estrategias de desarrollo. Para el citado autor, el enfoque de derechos es una herramienta metodológica que incorpora los principios y estándares de los DDHH, tanto en el análisis de problemas, como en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos sociales. Por ello, cualquier intervención para el cambio social, debe contribuir al respeto 16 Los DDHH de primera generación son los Derechos Civiles y Políticos, los de segunda generación son los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mientras que los de tercera generación son los Derechos Colectivos. 17 Orbe, Jorge. “El enfoque de derechos en las políticas públicas y en las estrategias de desarrollo”. En: Políticas públicas para un Estado social de derechos (Ximena Erazo, María Pía Martín y Héctor Oyarce Editores), LOM Ediciones, Fundación Henry Dunant América Latina, Santiago, 2007. Págs. 180-182 8
  • 9. y protección progresiva de los DDHH, lo que implica necesariamente que las leyes y políticas públicas, deben tener a la persona humana como sujeto de derechos18. Ahora bien, al momento de incorporar de forma concreta el enfoque de derechos al proceso de diseño de políticas públicas, debemos tener en cuenta algunos pasos: • Primero: realizar una identificación de los principales problemas que afectan a la población y elaborar un diagnóstico de la realidad económica y social. • Segundo: Realizar una lectura de la información a la luz de los DDHH, estableciendo relaciones entre los problemas identificados y los diferentes derechos. Esto nos lleva a realizar un análisis de la importancia, contenido y alcance de cada derecho vinculado a los problemas identificados en el diagnóstico. (Matriz de directrices de la OACNUDH)19 III.- LA CULTURA EN EL PIDESC El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), fue promulgado en Chile en el año 1972 y publicado en el Diario Oficial recién en el año 1989. Dicho pacto de carácter internacional, considera diversas temáticas vinculadas a los llamados DDHH de segunda generación, buscando dar garantías al desarrollo integral del ser humano en sus ámbitos económicos, sociales y culturales. En este último asunto, nos interesa destacar lo indicado en varios de sus artículos, los cuales se relacionan con nuestro tema de discusión y análisis en el ámbito de lo Regional. En primera instancia, el PIDESC señala de forma clara que los pueblos, al amparo del derecho a la libre determinación y establecimiento libre de su condición política, deben proveer al desarrollo cultural. Asimismo, los Estados que se hacen parte del PIDESC, se “comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados”.20 El énfasis en materia cultural está señalado en el artículo 15º del PIDESC, el cual señala lo siguiente: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: a) Participar en la vida cultural; b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. 18 Orbe, Jorge, op.cit. pág. 183 19 Idiem, pág.184 20 Artículo 1º y 3º del PIDESC. 9
  • 10. 4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.” 21 Estos enunciados pueden ser sintetizados en ciertos ejes o líneas de acción, a saber: Participación, Protección a la creación, Conservación, Desarrollo y Difusión. Pese a que no está indicado de forma explícita en los documentos del sector22, queda en evidencia –como veremos más adelante- que todos estos temas fueron considerados e incorporados en la actual institucionalidad cultural chilena, tanto en sus aspectos legislativos cómo programáticos. IV.- DERECHO A LA CULTURA EN CHILE: ALGUNOS ANTECEDENTES. La Constitución Política de Chile, señala en su artículo 10º, que “corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”. Luego, en su artículo 111º, indica que los Gobiernos Regionales, tendrán por objeto “el desarrollo social, cultural y económico de la región”. Posteriormente, en el área de la administración local, indica en su artículo 118, que los gobiernos locales, a saber, los municipios, tienen como finalidad “satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna”. Con miras a dar cumplimiento al mandato constitucional y a su vez, cerrando un amplio proceso de participación ciudadana en torno a las necesidades de la sociedad nacional en materia artística y cultural, se promulga en el año 2003, la Ley Nº 19.891 del Consejo nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). Esta señala que la nueva institución tiene por objeto “apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura, contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de la Nación y promover la participación de éstas en la vida cultural del país” 23. Respecto de sus funciones, la legislación señala que el CNCA deberá: “1) Estudiar, adoptar, poner en ejecución, evaluar y renovar políticas culturales, así como planes y programas del mismo carácter, con el fin de dar cumplimento a su objeto de apoyar el desarrollo de la cultura y las artes, y de conservar, incrementar y difundir el patrimonio cultural de la Nación y de promover la participación de las personas en la vida cultural del país; 2) Ejecutar y promover la ejecución de estudios e investigaciones acerca de la actividad cultural y artística del país, así como sobre el patrimonio cultural de éste; 3) Apoyar la participación cultural y la creación y difusión artística, tanto a nivel de las personas como de las organizaciones que éstas forman y de la colectividad nacional toda, de modo que encuentren espacios de expresión en el barrio, la comuna, la ciudad, la región y el país, de acuerdo con las iniciativas y preferencias de quienes habiten esos mismos espacios; 21 Fuente: OHCHR- UNDP. Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe (1989-2004), Santiago, 2004. Págs.20-21 22 Nos referimos a los textos del documento Chile quiere más cultura. Definiciones de política cultural 2005-2010, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Santiago, 2005 y la Ley del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Nº19.891. 23 Art. 2º, Ley Nº 19.891 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 10
  • 11. 4) Facilitar el acceso a las manifestaciones culturales y a las expresiones artísticas, al patrimonio cultural del país y al uso de las tecnologías que conciernen a la producción, reproducción y difusión de objetos culturales; 5) Establecer una vinculación permanente con el sistema educativo formal en todos sus niveles, coordinándose para ello con el Ministerio de Educación, con el fin de dar suficiente expresión a los componentes culturales y artísticos en los planes y programas de estudio y en la labor pedagógica y formativa de los docentes y establecimientos educacionales; 6) Fomentar el desarrollo de capacidades de gestión cultural en los ámbitos internacional, nacional, regional y local; 7) Impulsar la construcción, ampliación y habilitación de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las actividades culturales, artísticas y patrimoniales del país, y promover la capacidad de gestión asociada a esa infraestructura; 8) Proponer medidas para el desarrollo de las industrias culturales y la colocación de sus productos tanto en el mercado interno como externo; 9) Establecer vínculos de coordinación y colaboración con todas las reparticiones públicas que, sin formar parte del Consejo ni relacionarse directamente con éste, cumplan también funciones en el ámbito de la cultura; 10) Desarrollar la cooperación, asesoría técnica e interlocución con corporaciones, fundaciones y demás organizaciones privadas cuyos objetivos se relacionen con las funciones del Consejo, y celebrar con ellas convenios para ejecutar proyectos o acciones de interés común; 11) Diseñar políticas culturales a ser aplicadas en el ámbito internacional, y explorar, establecer y desarrollar vínculos y convenios internacionales en materia cultural, para todo lo cual deberá coordinarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores; 12) Desarrollar y operar un sistema nacional y regional de información cultural de carácter público. Para la operación del sistema nacional y regional de información cultural a que hace referencia este numeral, el Consejo podrá crear un banco de datos personales de aquellos señalados en la ley Nº 19.628; 13) Administrar el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes de que trata el Título II de la presente ley; 14) Administrar el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, creado en la ley Nº 19.227; 15) Hacer cumplir todas las acciones, los acuerdos y las obligaciones que le corresponden al Comité Calificador de Donaciones Privadas, contemplado en la ley Nº 18.985; 16) Proponer la adquisición para el Fisco de bienes inmuebles de carácter patrimonial cultural por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, y 11
  • 12. 17) Coordinar a los organismos a que se refiere el artículo 36”.24 Atendiendo a que la nueva institucionalidad cultural daba forma adminstrativa a un servicio público, dentro del organigrama y macro-estructura del Estado de Chile. Para orientar el proceso de la gestión misma del nuevo servicio, se crea una Política Cultural Nacional, con la intencionalidad de constituirse como una Política de Estado, con miras a trascender a los Gobiernos de turno. Esta Política la recoge el programa de Gobierno de la Presidenta Michel Bachelet Jeria, con miras a fijar para el periodo 2006-2010, cuatro líneas o ejes prioritarios en la materia: • Acceso a la cultura. Entendiendo la cultura como un derecho, el Gobierno busca garantizar que todos los chilenos puedan ejercerlo, en todos los rincones del país. Para lograr lo anterior, es necesario democratizar su acceso. • Rescate del Pasado. Nuestro pasado nos construye como país y nos hace ser quien somos en el presente y nos permite proyectarnos al futuro. Por esta razón el programa de gobierno de la Presidenta contempla una política cultural enfocada en el rescate de nuestro pasado. Rescate que nos permitirá definir un horizonte común con sentido, pero también con esperanzas. • Promoción de la creación artística. Para dar mejor cuenta de las especificidades de cada disciplina, llegar a regiones y consolidar procedimientos cada vez más claros y perdurables en el tiempo se establecen en el programa de gobierno de la Presidenta Bachellet tres objetivos generales: Perfeccionar los fondos de creación, mejorar la inscripción del país en los circuitos artísticos internacionales • El libro y la transmisión cultural. El libro y la lectura son básicos en la generación de individuos con capacidad crítica y activos frente a las profundas transformaciones de nuestros horizontes cotidianos. Para construir una sociedad civil participativa se necesita fomentar la lectura y facilitar el acceso a los libros como bienes culturales.25 IV.I.- Institucionalidad cultural en la Región de Coquimbo. En la Región de Coquimbo, la oferta pública de servicios y productos culturales y artísticos está centrada en el ámbito de acción del Consejo Regional de la Cultura y las Artes (CRCA Coquimbo), entidad desconcentrada perteneciente al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con sede central en la ciudad de Valparaíso. Dicha entidad cumple con su misión institucional a través del desarrollo de programas que abordan diversas problemáticas del sector. Para ello, el trabajo es 24 Fuente: Artículo 3º, Ley 19.891. Además este cuerpo legal señala en su Artículo 36º que los organismos que serán coordinados por el CNCA, en lo concerniente a sus “políticas, planes, programas y acciones”, son los siguientes: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIBAM y el Consejo de Monumentos Nacionales CMN. Ahora bien, para operativizar y dar curso a la nueva institucionalidad, se genera buna Política de Cultura para el periódo 2005-2010. Esta señala en sus inicios, estar orientada por nueve principios, a saber: 1. Afirmación de la identidad y la diversidad cultural de Chile; 2. Libertad de creación y expresión; 3. Participación democrática y autónoma de la ciudadanía en el desarrollo cultural; 4. Rol insustituible y deber del Estado; 5. Educar para la apreciación de la cultura y la formación del espíritu reflexivo y crítico; 6. Preservación, conservación, difusión del patrimonio cultural y rescate de la memoria; 7. Igualdad de acceso al arte, los bienes culturales y las tecnologías; 8. Descentralización de la política cultural y desarrollo cultural equilibrado; 9. Profundizar la inserción en el mundo. 25 Programa de Gobierno 2006-2010, Presidenta Michel Bachelet Jeria. 12
  • 13. desarrollado por diferentes departamentos, replicando a escala regional, el organigrama y estructura de funcionamiento del nivel central de la institución. Asimismo, para el funcionamiento y en calidad de rectora de las actividades y programas a ser desarrollados en el territorio regional, cada Consejo regional de la Cultura dispone de una Política Regional de Cultura, la cual es elaborada para ser implementada en un periodo de tiempo acotado. En el caso de Coquimbo, la Política Cultural regional posee cinco líneas estratégicas, a saber: 1. La creación artística y cultural. Desarrollar el talento artístico creativo de niños y niñas desde la más temprana edad, a través de un proceso educativo general y especializado y apoyar a los artistas en la creación de sus obras, procurando instancias para. 2. Producción artística cultural e industrias culturales. Promover el desarrollo de pequeñas y medianas empresas de carácter cultural que aporten al crecimiento en cantidad y calidad de la oferta de bienes y servicios culturales en la región, y que asegure la difusión de la creación artística y del patrimonio regional. 3. Participación en la cultura: difusión acceso y formación de audiencias. Crear y desarrollar más y mejores audiencias difundiendo la cultura, aumentando la infraestructura, estimulando la gestión, mejorando la difusión en los medios de comunicación social, ampliando la formación para la apreciación de las artes, aumentando el acceso de los grupos de escasos recursos y de los grupos vulnerables a los bienes de consumo cultural, generando las condiciones iniciales para una relación permanente entre los miembros de estos grupos y la actividad cultural. 4. Patrimonio, identidad y diversidad cultural. Preservar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural regional, reconociendo y valorando nuestras culturas originarias y las grandes figuras culturales que ha dado nuestra región, aumentando la educación patrimonial, la inversión pública y privada e implementando modernas y creativas formas de participación por parte de la comunidad. 5. Institucionalidad cultural. Consolidar la nueva institucionalidad cultural en lo relativo a atribuciones, infraestructura, recursos humanos, organizacionales y financieros y estimular el aporte del sector privado a la cultura. El otro pilar de la institucionalidad cultural regional, lo constituye el Gobierno Regional, el cual ha incoporado dentro de su Plan Regional de Gobierno, diversos objetivos y compromisos en dicha materia. Si bien, desde el punto de vista administrativo no existe una institución similar al Consejo regional de Cultura, el Gobierno regional admnistra y distribuye un importante número de recursos económicos para ser utilizados con fines culturales, ya sea mediante concursos públicos o asignaciones directas, todo en directa relación con las facultades y atribuiciones que esta repartición de la administración del Estado posee por ley. El Gobierno Regional de Coquimbno señala es su Plan Regional de Gobierno, que el objetivo general del programa cultural regional, apunta por una parte a fortalecer las capacidades, habilidades, destrezas, talentos, conocimiento y acercamiento a las diversas disciplinas artísticas y ámbitos culturales que se desarrollan y son propios de la Región de Coquimbo; y por otra, a fortalecer los espacios tanto públicos como privados para el mejoramiento o implementación de una adecuada infraestructura cultural. Ello implica una óptima coordinación con las distintas instituciones 13
  • 14. públicas relacionadas al sector, como también un perfeccionamiento en el nivel y calidad del trabajo de redes culturales locales. Asimismo, esta entidad asume una seria de compromisos para el periódo 2006-2010, relacionados con mejoramiento de la infraestructura cultural regional, promoción, rescate y difusión de la cultura regional, y con el fomento a la producción de bienes y servicios culturales. Cabe señalar que para concretar estos compromisos, cada año el Gobierno regional dispone de recursos económicos disponibles a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Ahora bien, el GORE de Coquimbo asume tres ámbitos de medidas a ser desarrolladas el el actual periódo de gestión: • La identidad regional. La identidad cultural posibilita un sentido de pertenencia que a su vez promueve la identificación con la gente, la historia, las expresiones y los proyectos de las diversas personas, grupos y localidades de la región, condiciones todas que permiten preservar y cultivar una singular posición para dialogar con el mundo que se globaliza con los conocimientos, las tecnologías y los medios de comunicación. Es necesario, en este sentido, reconocer, respetar y promover la diversidad de expresiones artísticas y culturales que tienen lugar en la región, a fin de fortalecer y enriquecer nuestra identidad. • La relación entre capital social y cultura. El reconocimiento recíproco, el compromiso cívico, la asociatividad y la confianza son elementos que fortalecen nuestras potencialidades y posibilitan un desarrollo más integral de la región. La participación comunitaria y ciudadana constituye un eje central de la política de gobierno. En materia cultural se hace cada vez más necesario reconocer el rol importantísimo de la participación y en consecuencia se requiere la articulación de redes sociales que favorezcan la comunicación y los intercambios. • La dimensión económica de las actividades culturales de la región. En las regiones se requiere incorporar más decididamente los bienes culturales a los polos de desarrollo productivos. En nuestra región se identifican, entre otros, polos de desarrollo audiovisual, artesanía y turismo cultural 26. Estas dimensiones de medidas, se relacionan directamente con las líneas estratégicas de la Política Regional de Cultura del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, lo cual nos permite señalar que en el contexto institucional público regional, se está acorde al relato superior indicado tanto por la Política Nacional de Cultura y por la misma Constitución Política del Estado de Chile. Ahora bien, si esto lo tratamos de relacionar con los panteamientos del PIDESC en materia cultural, podemos señalar sin mayor pretención, que existe un correlato entre todos los documentos citados (Constitución, Política Nacional de Cultura, Política Regional de Cultura y Plan de Gobierno Regional). V.- RECOMENDACIONES FINALES Si nos remitimos a los instrumentos jurídicos y documentos de carácter oficial, podemos afirmar sin lugar a dudas, que el desarrollo y acceso a la cultura, desde una perspectiva de política y agenda 26 GOBIERNO DE CHILE – SERPLAC Coquimbo (Secretaría Regional de Planificación, Región de Coquimbo). Plan Regional de Gobierno 2006-2010. Región de Coquimbo, Gobierno Regional de Coquimbo, La Serena, 2006, pág. 52 14
  • 15. pública, no tan solo ha sido reconocida, sino priorizada en las diferentes categorías territoriales donde el Estado de Chile y sus organismos administrativos desarrollan su accionar. Desde los tratados internacionales, la constitución política, las políticas públicas sectoriales del área de la cultura y las políticas de desarrollo regional. Todas ellas, en su justa dimensión y contexto apuntan a que se cumplan y respeten aspectos fundamentales del desarrollo cultural señalados en el PIDESC. Asimismo, se han realizado esfuerzos en cuanto a difundir esta situación en un formato discursivo que apunta a visibilizar los derechos ciudadanos y los mecanismos en que el Estado garantiza su cumplimiento pleno. Sin embargo queda una tarea pendiente, relacionada con la evaluación y grado de cumplimiento de los enunciados que registran los documentos legales y de gestión pública en materia de cultura. Estamos consientes que desde el Gobierno del ex presidente, Sr. Ricardo Lagos Escobar, se ha planteado la necesidad e intención que en materia cultural exista una política de Estado sobre el tema, la cual trascienda al Gobierno de turno. Es necesario acuñar dicha intencionalidad, con miras a consolidar un tema de sumo fundamental y transversal, por cuando la cultura y sus diversas aristas son transversales al desarrollo de toda política pública. El proceso de consolidación de la vida democrática y tolerante a la diversidad, debe ir acompañado por el diseño y puesta en marcha de una política pública de Estado y de Gobierno coherente, acorde al contexto internacional, nacional, regional y local. Esto debería tener una contraparte financiera y de gestión permanente, con una fuerte participación del aparato público en aspectoseconómicos y gerenciales, lo cual no excluye un creciente compromiso de otros sectores de la sociedad, sean estos de carácter ciudadano y/o privados, estos últimos focalizados en el aporte necesario que debe realizar la empresa e industria al desarrollo cultural. Concluyendo, se puede afirmar que, a la fecha derealización de esta monografía, la política cultural regional, tanto del Gobierno Regional de Coquimbo como la del mismo Consejo Regional de la Cultura y las Artes, están acordes en sus aspectos centrales, al discurso y acuerdos internacionales sobre la materia explicitada en el PIDESC. VI.- BIBLIOGRAFÍA Barbero, Jesús Martín. “Comunicación: el descentramiento de la modernidad”. En Revista Anàlisi 19, 1996. Cuadra, Álvaro. De la ciudad letrada a la ciudad virtual. Manuscrito. Universidad ARCIS / IHEAL / CEPAL / Universite Paris III, Programa de Doctorado en Estudios de Sociedades Latinoamericanas, Santiago, 2001. Cuadra, Alvaro & Ossa, Carlos. Comunicación I. Programa de Magíster en Ciencias Sociales Universidad ARCIS, Santiago, 2004. Erazo, Ximena. “Políticas públicas para un Estado social de derechos. El paradigma de los derechos universales”. En: Políticas públicas para un Estado social de derechos (Ximena Erazo, María Pía Martín y Héctor Oyarce Editores), LOM Ediciones, Fundación Henry Dunant América Latina, Santiago, 2007. García Canclini, Néstor. “Introducción”. En Consumidores y ciudadanos. Editorial Grijalbo, México, 1995. 15
  • 16. Garreton, Roberto. “Los derechos humanos, económicos, sociales y culturales”. En: Políticas públicas para un Estado social de derechos (Ximena Erazo, María Pía Martín y Héctor Oyarce Editores), LOM Ediciones, Fundación Henry Dunant América Latina, Santiago, 2007. GOBIERNO DE CHILE - CNCA (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes). Chile quiere más cultura. Definiciones de política cultural 2005-2010, Santiago, 2005. GOBIERNO DE CHILE - CRCA Coquimbo (Consejo Regional de la Cultura y las Artes, Región de Coquimbo). La Región de Coquimbo quiere más cultura. Definiciones de política cultural Región de Coquimbo 2005-2010, Santiago, 2005. GOBIERNO DE CHILE - MIDEPLAN (Ministerio de Planificación). “Derecho a la Cultura”, En: Guía de Derechos Sociales 2008, Gobierno de Chile, Santiago, 2008. GOBIERNO DE CHILE – SERPLAC Coquimbo (Secretaría Regional de Planificación, Región de Coquimbo). Plan Regional de Gobierno 2006-2010. Región de Coquimbo, Gobierno Regional de Coquimbo, La Serena, 2006. Mattelart, Armand. La mundialización de la comunicación. Paidós, Barcelona, España, 1998. Matus, Verónica. Participación y ciudadanía, Documento docente del Diploma Virtual en Gestión Cultural, III Versión, Santiago, Universidad de Chile – Consejo Nacional de la Cultura y las Artes – Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Santiago, 2006. Ochoa, Ana María. “Políticas culturales, academia y sociedad”, en Daniel Mato (coord.): Estudios y otras practicas intelectuales Latinoamericanas en cultura y poder, Caracas: CLACSO y CEAP, Universidad Central de Venezuela, 2002. OHCHR-UNDP. Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe (1989-2004), Santiago, 2004. Orbe, Jorge. “El enfoque de derechos en las políticas públicas y en las estrategias de desarrollo”. En: Políticas públicas para un Estado social de derechos (Ximena Erazo, María Pía Martín y Héctor Oyarce Editores), LOM Ediciones, Fundación Henry Dunant América Latina, Santiago, 2007. 16

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