Jesuitas

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Jesuitas

  1. 1. El SalvadorCaso Jesuitas: los asesinos inextraditablesLa última y más reciente ronda sobre el caso de los jesuitas asesinados en noviembre de 1989 laganaron los militares asesinos, ayudados por la resistencia de la Corte Suprema a cumplir con ladifusión roja de la INTERPOL. Pero el caso no está cerrado. Habrá nuevas rondas que pondrán aprueba a un país que debe luchar contra la impunidad.Elaine FreedmanLa represión selectiva es un instrumento que usan las dictaduras, no tanto para eliminar a alguienespecialmente peligroso, sino por el impacto sicológico de terror que esto provoca en todo el pueblo.Éste fue el caso del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus trabajadoras en 1989, en elmarco de la ofensiva guerrillera que el FMLN bautizó con la consigna “Hasta el tope... ¡y punto!”.“SALDRÁN A LA LUZ”Asesinar a los sacerdotes jesuitas era un mensaje disuasivo para toda la población: no se involucren enprotestas sociales, menos en la organización política-militar revolucionaria. “Si les matamos a ellos, quetienen un gran renombre a nivel nacional y un importante respaldo internacional, podemos matar acualquiera de ustedes”. Más allá de la pérdida humana que representa cualquier homicidio, latrascendencia de asesinatos de este tipo es el valor simbólico que tienen para todo el pueblo.Por esta razón, en estos casos la justicia se convierte en una reivindicación sentida por todo el pueblo.Meses antes de su asesinato, Monseñor Romero dijo, ”Tengo fe, hermanos, que un día saldrán a la luztodas esas tinieblas y que tantos desaparecidos y tantos asesinados y tantos cadáveres sin identificar ytantos secuestros que no se supo quien los hizo, tendrán que salir a luz. Y entonces tal vez nosquedemos atónitos sabiendo quiénes fueron sus autores”. Si no salen a la luz los responsables en casosde tanto renombre internacional como el de los jesuitas es muy difícil mantener la fe en que seesclarezca la verdad en los miles de casos de salvadoreños “comunes y silvestres” que entregaron susvidas para cambiar la suerte de su pueblo.RENACEN LAS ESPERANZASLas expectativas de muchas y de muchos despertaron de nuevo en noviembre de 2008, cuando laAsociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro para la Justicia y la Responsabilidad deEstados Unidos demandaron a 14 militares salvadoreños y al ex-Presidente Alfredo Cristiani, actualpresidente del partido ARENA, ante el Juez Eloy Velasco, titular del juzgado central de instrucciónnúmero seis de la Audiencia Nacional española por “crímenes de guerra”, “encubrimiento de crímenesde guerra” y “terrorismo de Estado”. La querella fue interpuesta por Alicia Martín Baró, hermana deljesuita asesinado Ignacio Martín Baró.La justificaba en el hecho de que cinco de las ocho víctimas erande nacionalidad española. Las ONG españolas que acompañaron la demanda utilizaron la figura de“acusación popular”, un mecanismo jurídico que en España “ofrece la posibilidad de que institucioneslegítimas con interés público y responsabilidad puedan abrir un proceso”, según explica la abogadaAlmudena Bernabeu, quien lleva el caso en España.OCHO MUERTES ANUNCIADASEn noviembre de 1989, desde el comienzo de la ofensiva del FMLN, tropas del batallón élite Atlacatltenían rodeado todo el campus universitario de la Universidad Centroamericana (UCA) en San Salvador.Por su cercanía al Estado Mayor y a los abundantes predios montosos de los alrededores, donde habíaenfrentamientos armados, toda la zona quedó militarizada y con fuerte vigilancia. A pocas horas deiniciada la ofensiva, el gobierno estableció que todas las emisoras del país se encadenaran a la RadioCuscatlán, emisora de las Fuerzas Armadas. Supuestos “ciudadanos comunes” llamaronincesantemente a la radio alentando a acabar con los “culpables” de aquel “desorden”. En las listas delos señalados, junto a los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS),estaba el arzobispo Arturo Rivera y Damas y el obispo Gregorio Rosa Chávez y los líderes políticosGuillermo Ungo y Rubén Zamora, de la opositora Convergencia Democrática. Una y otra vez acusabana “Ignacio Ellacuría y los jesuitas de la UCA”.
  2. 2. Las amenazas no eran nuevas. En su carta a los Superiores de la Compañía de Jesús a nivelinternacional, publicada dos días después del crimen, el General de la Compañía, Peter-HansKolvenbach dijo: “Durante los últimos meses, nuestra Curia recibía informaciones, cada vez másprecisas, que demostraban una intensificación en las violentas amenazas. Se tenía en la mira amiembros de la Jerarquía y a los jesuitas y, nominalmente, al rector de la UCA. No se tratabaúnicamente de medidas vejatorias respecto al personal, jesuita o no, que se consagra a los numerososrefugiados. Ni solamente de bombas intimidatorias colocadas en las inmediaciones de la residenciauniversitaria, sino de una deliberada y violenta campaña de prensa, que reclamaba la expulsión dedeterminados jesuitas”.El testimonio escrito por el entonces asesor militar estadounidense en El Salvador, Eric Buckland -posteriormente se retractó del mismo- abona al argumento de Kolvenbach. Según Buckland, el TenienteCoronel Avilés le dijo, diez días antes del lanzamiento de la ofensiva guerrillera: “Voy a tener que hablar.El Coronel Ponce y yo estamos muy preocupados con (el Coronel Guillermo) Benavides: anda hablandode asesinar a los jesuitas”.EL DÍA DEL CRIMENLa muerte de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas en la madrugada del 16 de noviembreera una muerte anunciada. Dos días después de un exhaustivo cateo de la vivienda de los sacerdotes,que tuvo todos los rasgos de una operación exploratoria, entró en el campus universitario de la UCA unaunidad de 30 miembros del batallón Atlacatl.A lo largo de los años y de los cientos de testimonios recogidos sobre el caso, se han ido revelando losdetalles de cómo se cometió el crimen. Que al entrar al Centro Pastoral Monseñor Romero dispararon,simbólicamente, a una fotografía del arzobispo mártir. Que en algún momento el padre Martín Baro,quien les abrió la puerta de la casa, les dijo: “”Esto es una injusticia. Ustedes son carroña”. Que AntonioÁvalos mató a los padres Juan Ramón Moreno y Amando López, mientras que Oscar Amaya Grimaldi,“Pilijay” (“verdugo”en náhuatl) disparó contra Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró y Segundo Montesen el patio de la casa. Que el padre Joaquín López y López salió de su escondite al oir los disparos, violos cadáveres e inmediatamente se metió en la casa. Que cuando los soldados de fuera le dijeron:“Compa, véngase”, el padre hizo caso omiso y el cabo Ángel Pérez Vásquez le disparó. Que, de último,Tomás Zarpate, quien tenía vigilada a Elba Julia Ramos y a Celina, su hija de 16 años, les disparómúltiples veces a las dos, que murieron abrazadas. Que antes de salir del recinto universitario dejaronpintas en las paredes adjudicando el asesinato al FMLN: “El FMLN hizo un ajustamiento a los orejascontrarios. Vencer o morir”. Que lanzaron dos bengalas en señal de retirada.UN JUICIO AMAÑADOMenos de dos años después de la masacre, en septiembre de 1991, tras una tremenda presión nacionale internacional, hubo un juicio orquestado, donde se llevó al banquillo a nueve militares, pero sólo fueroncondenados el Coronel Guillermo Benavides, director de la Escuela Militar y coordinador del operativo, yel Teniente Yussy Mendoza, Comandante de las operaciones en el terreno. Los otros doce implicadosfueron absueltos por estar “obedeciendo órdenes”, algo que contradice toda la historia jurídicainternacional en materia de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a partir de los tribunalesde Nuremberg en 1945. No fue acusado tampoco ningún superior de Benavides, aunque habíaevidencia testimonial para enjuiciar a varios. En marzo de 1993 la Asamblea Legislativa aprobó la Leyde Amnistía General para la “Consolidación de la Paz” por mayoría simple, con los votos de ARENA, losdel Partido de Conciliación Nacional (PCN) y los del Movimiento Auténtico Cristiano. Los doscondenados quedaron en libertad.Seis años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió que el Estadode El Salvador había violado durante la guerra los derechos a la vida y las garantías judiciales de lasvíctimas. La CIDH recomendó que El Salvador condujera una investigación “completa, imparcial yefectiva” de acuerdo con los criterios internacionales para identificar, perseguir y sentenciar a todos losgrupos responsables de los crímenes. También dictaminó que El Salvador indemnizara a los gruposafectados y ajustara sus leyes internas para cumplir con la Convención Americana de DerechosHumanos, incluyendo la revocación de la Ley de Amnistía.QUINCE EN LA LISTA
  3. 3. Con estos lamentables antecedentes, se recurrió al derecho internacional en el año 2008. En estaocasión la querella por crímenes de lesa humanidad, encubrimiento de crímenes de lesa humanidad yterrorismo de estado, abarcó a quince hombres. El primero en el listado era el entonces PresidenteAlfredo Cristiani. Lo seguían los Generales Rafael Humberto Larios, Rene Emilio Ponce -fallecido porcausas naturales en mayo de 2011-, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda; los CoronelesInocente Orlando Montano -residente en los Estados Unidos- y Francisco Helena Fuentes; el Teniente-Coronel Carlos Camilo Hernández Barahona; los Tenientes José Ricardo Espinoza Guerra y SegundoGonzalo Guevara Cerritos; el Sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, el Sargento segundo TomásZarpate Castillo y el Cabo Ángel Pérez Vásquez. También los soldados rasos Oscar Mariano AmayaGrimaldi-en paradero desconocido- y José Alberto Sierra Ascencio.GESTIONES PARA SALVARA CRISTIANIMenos de un mes después y según un cable de la embajada estadounidense, posteriormente difundidopor Wikileaks, el ex-Canciller de la República y firmante de los acuerdos de paz por el gobierno, OscarSantamaría y Salvador Samayoa -ex-dirigente del FMLN, también firmante de los acuerdos de paz,quien posteriormente se convirtió en funcionario del gobierno de Antonio Saca- viajaron a España,donde sostuvieron dos reuniones con los funcionarios españoles Fernando Burgos Pavón, fiscal adjuntode la Audiencia Nacional, y Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para América Latina del Ministerio deRelaciones Exteriores español. Según Santamaría, este viaje se realizó a petición del ex-PresidenteCristiani, con un único propósito: sacarlo a él de la lista de imputados. En el mismo período, EnriqueBorgo Bustamante, Vicepresidente durante la administración de Armando Calderón Sol (1994-1999),también se reunió con el fiscal de la Audiencia Nacional. Según relató el cable, sus peticiones y suargumento de que esto afectaría el proceso de reconciliación del país “recibieron palabras decomprensión y apoyo”.Aunque no se supo más de este viaje, las gestiones parecen haber sido efectivas porque, al admitir elcaso el 13 de enero de 2009, la Audiencia Nacional de España imputó a 14 ex-militares salvadoreñospor crímenes de lesa humanidad y terrorismo de estado, dejando fuera a Cristiani. Pesó más loconversado en esas visitas que el testimonio del entonces Ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios,quien expresó que en una reunión del 15 de noviembre de 1989 -considerada clave en la formulación dela orden de matar a los jesuitas y otras figuras públicas- estas decisiones se consultarían con elPresidente Cristiani y “si hay una contraorden después de consultar con el Señor Presidente se lescomunicará”. El mismo jefe militar que levantó acta de aquella reunión dejó constancia que “no hubocontraorden” del Presidente. Cristiani fue eximido con el argumento de que se carecía de evidenciasuficiente en su caso y que el crimen por el cual fue imputado -encubrimiento- no cabía dentro de lalegislación referente a la persecución internacional.20 MILITARES CONDENADOSEntre 2009 y mayo de 2011 el juicio siguió su curso con pocas novedades públicas. La muerte delGeneral René Emilio Ponce, semanas antes del veredicto de la Audiencia Nacional de España, le salvóde asumir alguna consecuencia por al menos uno solo de los muchos crímenes que cometió como Jefedel Estado Mayor y posterior Ministro de Defensa.El 30 de mayo, el juez español Eloy Velasco condenó no sólo a los 14 ex-militares identificados en laquerella inicial. Sumó a ellos a Guillermo Benavides y a Yushy Mendoza, los dos amnistiados de 1993,al entonces Jefe del conjunto 3 del Estado Mayor, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, a León Linares,Coronel a cargo del Batallón Atlacatl en noviembre de 1989, y a dos entonces miembros de la DirecciónNacional de Inteligencia, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar y Héctor Ulises Cuenca Ocampo.La decisión judicial volvió a inyectar esperanza en muchos salvadoreños, aunque la justicia se hicierasólo en este caso, tal como había reflexionado el jesuita Jon Cortina en 1992: “Si el hecho de que miscompañeros hayan sido jesuitas obliga a reabrir el caso y a un castigo ejemplar, por lo menos mostraríaque se quiere hacer un poco de justicia. Creo que entonces habría mucha gente que sentiría que loscasos de sus familiares, quienes murieron en forma muy parecida, de alguna manera estarían tambiénsiendo juzgados.”
  4. 4. INTERPOL: DIFUSIÓN ROJAEl día 4 de agosto la INTERPOL activó lo que llama “difusión roja internacional” contra 10 de los 20condenados en España por el veredicto del 30 de mayo. Según un comunicado de Casa Presidencial, alno más recibir la difusión roja, la Policía Nacional Civil inició procedimientos para hacerla efectiva. ¿Quésignifica hacer efectiva esta medida de INTERPOL? La normativa de INTERPOL explica que lasnotificaciones rojas “se utilizan para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición de unapersona buscada y se basan en una orden de detención o en una resolución judicial”. Era ésta lasegunda difusión roja que llegaba a El Salvador en 2011. En el mes de mayo los ex-militaresguatemaltecos Juan José Pineda Vásquez y Genaro Pineda Rojas, condenados en El Salvador porposesión y tenencia de droga, fueron arrestados en un proceso atropellado, puesto que había confusiónsobre la existencia o no de la difusión roja y posteriormente, sobre el papel que le corresponde a losjuzgados en estos casos. Al final, los resultados fueron contundentes.El 19 de mayo la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó su captura “en virtud de lanotificación roja emitida por la INTERPOL, por atribuírseles la comisión de delitos en los Estados Unidosde América”. La Corte argumentó que “la emisión de la notificación roja en contra de los señores PinedaRojas y Pineda Vásquez se da en el marco de la cooperación jurídica internacional, en el caso concretodel tratado de extradición entre la República de El Salvador y los Estados Unidos de América”. Ladecisión fue coherente con el Artículo 327 del Código Procesal Penal (CPP) vigente en El Salvador, queestablece que “la policía procederá a la captura de una persona, aun sin orden judicial”, cuando,“respecto de la persona exista difusión o circular roja de instituciones policiales internacionales”.“SERÁ UN RETROCESO”En el caso de la difusión roja internacional del 4 de agosto, sobre el caso de los jesuitas, los intereseseran otros. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) expresó en un comunicado que “elsector empresarial considera un retroceso para nuestra democracia y la reconciliación alcanzada tras lafirma de los acuerdos de paz que se intente perseguir hechos de la guerra que ya fueron juzgados,violentando incluso nuestra misma Constitución de la República al no respetar la amnistía acordada”. Enlíneas siguientes aprovecharon para amenazar al FMLN: “Abrir esta página de la historia también traeráconsecuencias para los miembros del FMLN”.VARGAS: “VIENE UN TSUNAMI”El General Mauricio Vargas, miembro de La Tandona -promoción de la Escuela Militar de 1966- yseñalado en el Informe de la Comisión de la Verdad por su privilegiado protagonismo en la comisión decrímenes de guerra y de lesa humanidad, se convirtió en el principal portavoz de los militares buscados.Desfiló por todos los programas televisivos de entrevistas matutinas repitiendo incesantemente que elproceso abierto en la Audiencia Nacional de España contra los ex-jefes militares era ilegal, que violabala soberanía nacional y que hasta podría llevar a una ruptura del proceso de Paz en El Salvador. En sucruzada para sembrar pánico en la población comparaba las posibles consecuencias de una extradicióncon un “tsunami que se dejó venir y ahí, ¡salvase quien pueda!”. Al mismo tiempo, hacía una alusióncasi inconsciente a una separación entre las Fuerzas Armadas y el Estado, acotando reiteradamente, ycon toda naturalidad, las diferencias de obligaciones y posiciones, sin reconocer que las FuerzasArmadas son parte del Estado y que su Comandante en Jefe es el Presidente de la República. Más quedesconocer una realidad básica de nuestro sistema político, parecía querer que prevaleciera su idea decómo “deben funcionar las cosas”.“ES UNA OFENSIVA TERRORISTA”La Asociación de Veteranos Militares de El Salvador (ASVEM) pasó varios días en silencio. Vargas sedirigía al público en calidad personal y no como directivo de ASVEM. Los veteranos militares pidieron ala autoridad judicial salvadoreña impedir “la continuidad de la agresión política jurídica emanada de laAudiencia Nacional de España y representada por el juez Eloy Velasco” y alertaron a su membresíapara “estar preparados para rechazar esta persecución, que no es más que una nueva ofensivaterrorista apoyada desde el exterior contra la FAES (Fuerza Armada de El Salvador) y el EstadoSalvadoreño”.El 12 de agosto los militares retirados realizaron una marcha hasta la Embajada de España. Según “LaPrensa Gráfica”, la marcha contó con la participación de importantes miembros de ARENA, como los
  5. 5. diputados Roberto D’Aubuisson y Ernesto Angulo, Roberto Ávila, hermano del ex-candidato a laPresidencia Rodrigo Ávila, y Mario Acosta Ortel, dirigente de ARENA, quien entregó su cargo partidarioa principios de 2011 después de protagonizar un escandaloso caso de violencia intrafamiliar.Las declaraciones partidarias y oficiales de ARENA las brindó Oscar Santamaría, miembro de lacomisión negociadora del gobierno en el proceso de paz suscrito con la guerrilla del FMLN y hoyencargado de asuntos internacionales en su comité ejecutivo nacional. Desestimó la solicitud deextradición como improcedente: “Lo que debería darse es una aplicación de perdón entre todos. Y eseperdón significa la Ley de Amnistía, y fue justamente por eso que la dimos”.Medardo González, secretario general del FMLN, remarcó que era importante para el país “que se hagajusticia y que no termine imperando la impunidad”. Sin comprometerse más, dio su voto de confianzapara que la Corte Suprema de Justicia resolviera el caso.¿DETENIDOS O RESGUARDADOS?Antes de que la Policía Nacional Civil llegara a capturar a los nueve militares requeridos por laINTERPOL, ellos mismos se presentaron en el Batallón Especial de Seguridad Militar (BESM) -instalaciones de la ex-Guardia Nacional- en la tarde del domingo 7 de agosto. A la mañana siguiente, elMinistro de la Defensa, David Munguía Payés, los puso a la orden del Juez Décimo Segundo de Paz,“para los procesos legales correspondientes”.Los nueve aclararon que no reconocían ni la legalidad ni la legitimidad de la orden de capturainternacional, pero que, aún y así se entregaban en calidad de “detención preventiva voluntaria”. Segúnla Magistrada Titular de la Sala de lo Civil, Mirna Perla, “Ningún sujeto puede detenerse a sí mismo.Conforme al concepto básico de detención, ésta se define como la privación provisional de la libertadordenada por autoridad competente.” A pesar de todo, el hecho fue suficiente causa para que no sesiguiera el procedimiento policial de hacer efectiva la difusión roja. Después de 17 días de emitida, losmilitares pudieron estar reunidos en terreno propio con reglas propias y Roberto Calderón, Juez DécimoSegundo de Paz, remitió el caso a la Corte Plena. En El Salvador, la Corte Plena es la máximaautoridad de la Corte Suprema de Justicia. Está compuesta por sus quince miembros titulares.FUNES: “NO PODEMOS SACARLOS”El Presidente Funes declaró a la prensa: “Nosotros no podemos ir a sacarlos y llevarlos presos al lugarque se nos ocurra”. El juez debía decidir: “Y el juez ha decidido dejarlos ahí”, dijo Funes, asegurandoque “en todo caso están en una situación de arresto, en ningún momento están refugiados, como se hadicho”. Sin embargo, se los seguía llamando refugiados o “resguardados”. Algunas organizaciones nogubernamentales de derechos humanos apoyaron a un grupo de familiares en la realización de dossentadas, una frente al local donde se encontraban los militares. Exigieron una justicia que debíacomenzar con el arresto real de los acusados. Su comunicado fue firmado por la Concertación por laPaz, la Dignidad y la Justicia Social, por el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de lasComunidades Indígenas, Campesinas y Urbanas de El Salvador, por el Movimiento Patria Exacta, por elServicio Social Pasionista, por la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, por la ConcertaciónMonseñor Romero y por la fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD). Distintos analistaspolíticos de izquierda plantearon lo mismo en los múltiples programas televisivos dedicados al temadurante todos esos días.LA CORTE VS. LA AUDIENCIAPara los militares, la Corte Plena era el lugar más seguro para resolver su caso. Contaban con dosantecedentes favorables. En 2010, cuando la Audiencia Nacional de España solicitó a la Corte Supremade El Salvador un informe sobre el caso de los jesuitas, la Corte denegó la solicitud argumentando queen el país está prohibido el doble juzgamiento, que los imputados ya habían sido procesados en ElSalvador y que existía cosa juzgada en tales casos, que algunos de los procesados, habían sidosobreseídos, otros amnistiados y a otros se les habían aplicado los efectos de la prescripción,extinguiéndose todo tipo de responsabilidad penal. Además, adujo que acceder a la cooperaciónsolicitada sería contrario al “interés esencial” del Estado de El Salvador, de preservar la paz y lareconciliación nacional, tras el conflicto de los años 80.Estos argumentos fueron de poco peso para la Audiencia Nacional de España, que había calificado
  6. 6. como fraudulentos” los juicios realizados en El Salvador, amparándose en la resolución de la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos (1999). Al mismo tiempo, recordaron a la Corte Suprema deJusticia de El Salvador que las amnistías no se aplican a crímenes de lesa humanidad y que, según elartículo 244 de la Constitución de El Salvador, “la violación, la infracción o la alteración de lasdisposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley, y las responsabilidades civiles openales en que incurran los funcionarios públicos, civiles o militares, con tal motivo, no admitiránamnistía, conmutación o indulto, durante el período presidencial dentro del cual se cometieron”. Lamasacre de los jesuitas y las dos mujeres sucedió en el mismo período presidencial en que se decretóla Amnistía.CORTE: ALIADA DE LOS MILITARESCon estos antecedentes, los militares “resguardados” podían estar relativamente seguros de que ladenegación de colaboración de la Corte Suprema de Justicia con la Audiencia Nacional de España,anunciaba, no una deliberación jurídica, sino un apoyo político de la Corte Plena.Les bastaba recordar las recientes palabras de Alfredo Cristiani, en medio de la coyuntura generada porel Decreto 743, decreto aprobado en la Asamblea Legislativa por los partidos de la derecha para atarlelas manos a la Sala de lo Constitucional. Cristiani explicó que la prisa de los legisladores había sidomotivada por miedo a que la Sala de lo Constitucional derogara la Ley de Amnistía, la que él calificócomo “piedra angular de nuestra democracia”. Una semana después, al argumentar que ARENAbuscaba la derogación del Decreto 743, que ellos mismos habían promovido, expresó que ya noalbergaba ese miedo porque “existía la certeza de que la Ley de Amnistía no sería declaradainconstitucional por la Sala” y que, por el contrario “iban a defenderla”. Era obvio que los militares teníancerteza de que la Corte Suprema de Justicia sería su mejor aliado para escapar de la difusión roja.LA CORTE CONOCE EL INFORMEY así fue. El 9 de agosto, menos de 48 horas después del auto-encierro de los militares en el BESM, laCorte Plena informó haber conocido “el informe del Juez Décimo Segundo de Paz, relacionado con lapresentación voluntaria de los militares acusados en el caso del asesinato de seis sacerdotes jesuitasen 1989”. Al mismo tiempo, la Sala de lo Constitucional conoció recursos de habeas corpus que ladefensa de los militares interpuso contra la INTERPOL, división de El Salvador, y contra el Director de laPolicía Nacional Civil, Carlos Ascencio.Cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional –precisamente los polémicos “cuatrofantásticos” que estaban en el centro de la atención nacional por el Decreto 743- pidieron ser excusadospor distintas razones. Esto hizo más larga la agonía. Finalmente, solo Sidney Blanco fue excusado,puesto que él había sido agente auxiliar del Fiscal General de la República durante el juicio de 1991 yhabía fungido como testigo para la Audiencia Nacional de España. Los otros tres, incluyendo elPresidente de la Corte Suprema de Justicia, se abstuvieron de participar en las sesiones, a pesar de nocontar con el permiso del organismo. Mirna Perla y Marcel Orestes Posada participaron pero,inconformes con el proceso y con la resolución, se abstuvieron de votar e igualmente de firmar laresolución.LA CORTE RESUELVEEl 25 de agosto apareció finalmente el dictamen de la Corte, firmado por sólo diez de los quincemagistrados. Según los magistrados, la difusión roja requería buscar y localizar a los extraditables ynada más. Bajo esta lógica, el Estado salvadoreño ya había cumplido su tarea. Explicaron que elprocedimiento que utilizaron con los narcotraficantes guatemaltecos fue errado. Reafirmaron lo que yase sabía: que aún no habían recibido una solicitud de extradición del Reino de España y que cuandollegara, por si quedaban dudas, “esta Corte Suprema de Justicia es el único tribunal competente paraconocer y resolver sobre las extradiciones y, por tanto, es el filtro jurídico-político único, supremo eineludible en esta materia”. Finalmente, aclararon que los “señores aludidos” nunca habían estado endetención preventiva porque la Corte “se encuentra inhibida para decretarla o denegarla”. 24 horasdespués el BESM regresó a la normalidad. Sus visitantes desocuparon el local. El caso estaba“cerrado”.Naturalmente, este caso no está cerrado. El cumplimiento de la difusión roja sólo fue un mecanismopara preparar el terreno para la solicitud de extradición que, en algún momento, tendrá que enviar el
  7. 7. gobierno español al gobierno salvadoreño. Pero esta ronda terminó y los asesinos ganaron. En estaprueba de fuerzas, quedó claro que los militares, a pesar de ser actores de poco peso en la actualcoyuntura política nacional, siguen teniendo un respaldo fiero y tenaz.PREGUNTAS EN EL AIREEs evidente que los asesinos del pueblo, responsables no sólo por las ocho muertes escudriñadas eneste caso, sino por miles de muertos a lo largo de la guerra, entrarán con una buena correlación defuerzas a la siguiente ronda. Pero quedan muchas preguntas moviéndose en el trasfondo.¿Qué pasó para que la Policía Nacional Civil no realizara las capturas antes de que los militares seresguardaran en el BESM? El General Orlando Zepeda, uno de los acusados, explicó en un medioteleviso que fue decisión propia del grupo de los nueve resguardarse en el BESM y que esto se hizo sinconocimiento previo del Ministro de Defensa ni del Comandante del BESM, mucho menos delPresidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Mauricio Funes.Es un cuento difícil de tragar. Aunque La Tandona se sienta muy superior al actual liderazgo de lasFuerzas Armadas, estos ex-militares no son tan autónomos como quisieran aparecer ni como alude elGeneral Vargas cuando se refiere a dos actores distintos: El Estado y las Fuerzas Armadas. Es pococreíble, especialmente en una institución militar, que el responsable del portón del BESM les hubieradejado entrar sin tener órdenes de arriba. Tuvo que haber antes una negociación y en ella tuvo quehaber participado el Presidente de la República, única persona con mando sobre las Fuerzas Armadas yla Policía Nacional Civil al mismo tiempo. Probablemente, fue una negociación necesaria, por el ampliorespaldo que tenían los militares y por la beligerancia mostrada en su autodefensa y a toda costa,posiciones harto conocidas.¿Y ESTADOS UNIDOS?Para nadie es un secreto que el gobierno de Estados Unidos tuvo un papel importante en el asesinatode los jesuitas. Además de haber financiado y entrenado al Batallón Atlacatl que los asesinó, elConjunto III del Estado Mayor contó con la presencia de dos asesores militares estadounidenses quepermanecieron en ese centro de mando durante la noche del 15 y la madrugada del 16 de noviembre.En su testimonio, Alfredo Cristiani menciona el apoyo de dos o tres asesores de Estados Unidos en elEstado Mayor. Además, la DIA, División de Inteligencia del Departamento de Defensa de EstadosUnidos, reconoció en algún momento haber tenido 85 documentos con información sobre el caso, queno podía entregar para no dañar la seguridad nacional de Estados Unidos.Finalmente, en el transcurso del año 1990 entregó a los jesuitas algunos documentos en los que, en unahoja de 25 ó 30 líneas, están tachadas y son ilegibles 15 ó 18 líneas. Todo eso, además de lainformación publicada por el diario “El Mundo” de España en 2009, que adjudica al Coronel MiltonMenjívar, entonces jefe militar de la embajada de los Estados Unidos en El Salvador, conocimientoanterior de la preparación del asesinato de los jesuitas, indica que hay funcionarios de ese gobierno quetambién podrían ser acusados, por lo menos de encubrimiento, incluso de una participación mayor.Por esto, es pregunta de rigor indagar sobre el interés del gobierno de Estados Unidos en el desarrollodel caso.Según la abogada acusadora, Almudena Bernabeu, la desclasificación de algunos documentos delgobierno estadounidense y su voluntad de colaborar con la investigación fue importante parafundamentar el caso frente a la Audiencia Nacional de España. Además, el portavoz de la Oficina paraAsuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, William Ostick, declaró a la prensa en agosto:“Seguimos monitoreando el caso muy de cerca. No podemos comentar detalles porque son casosabiertos, pero estamos trabajando con el Departamento de Justicia para asegurarnos de que cualquiersolicitud de ayuda sea recibida con la consideración apropiada”.¿A qué se debe este cambio de actitud, si es que realmente existe un cambio sustancial? ¿Será, comodicen los portavoces del gobierno de Estados Unidos, una preocupación sincera por el respeto a losderechos humanos, en medio de la salvaje violación de esos derechos en Afganistán, Irak y Libia?¿Será, como dicen otros, que quieren sacrificar a sus antiguos peones, que ya no les sirven, paradespués pedir la extradición de figuras como el Ministro de Justicia y Seguridad y militante del FMLN,
  8. 8. Manuel Melgar, por la muerte de cuatro marines estadounidenses, ajusticiados por un comando delFMLN en 1985, razón por la cual el gobierno de Estados Unidos ha hostigado al gobierno de Funesdesde que entró a la Presidencia?LA PREGUNTA MÁS DOLOROSAHay que preguntarse también por qué el pueblo salvadoreño, afectado por ésta y otros centenares demasacres, no salió masivamente a las calles para hacer un contrapeso a los militares, que siguenofendiendo la dignidad de este pueblo. ¿Por qué las actividades de protesta en rechazo al resguardo delos militares no fueron más nutridas? Ésa, posiblemente, es la pregunta más dolorosa. Buscarrespuestas es necesario para fortalecer la lucha contra la impunidad.EDUCADORA POPULAR. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN EL SALVADOR.

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