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Montero realidades y retos en ejecución de medias en justicia juvenil
 

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    Montero realidades y retos en ejecución de medias en justicia juvenil Montero realidades y retos en ejecución de medias en justicia juvenil Document Transcript

    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010 REALIDADES Y RETOS EN LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS EN JUSTICIA JUVENIL Tomás Montero Hernanz Albacete, 1 de octubre de 2010I. INTRODUCCIÓN La LORPM es una ley que ha estado siempre, desde su aprobación,acompañada de una cierta polémica, generalmente bastante injusta al tenersu origen en sensaciones que se transmiten a partir del tratamiento públicoque se hace de determinados hechos y de una interpretación totalmentedescontextualizada. Digo desde su aprobación, porque su tramitación parlamentaria quefue el momento en el que se deberían haber puesto en claro sus virtudes ydefectos y haber analizado las posibles consecuencias de las diferentesopciones que se planteaban, su tramitación, decía, transcurrió sin pena nigloria, eclipsada en gran medida por el debate, que si se suscitó, de la leyreguladora de los derechos y libertades de los extranjeros. Su aprobación y publicación fue el detonante de una serie de debatesque hoy aún siguen vivos y que cobran actualidad periódicamente cada vezque un nuevo hecho grave tiene lugar, generalmente para hacerla“responsable” de ese hecho y acusarla de ley “blanda” que más queprevenir parece que incitara a la delincuencia. Decía Pedro Núñez Morgades, quien fuera Defensor del Menor de laComunidad de Madrid, en una entrevista, que, y cito palabras textuales,“en 29 años, no he visto nunca una Ley que tenga un rechazo social tanunánime por culpa del abandono que ha tenido por parte de lasadministraciones y de sus responsables. Es una ley que responde a uncriterio constitucional y que causa rechazo con sólo nombrarla. Espolíticamente incorrecto hablar de esta norma. Hay administraciones queno saben ni las responsabilidades que les atribuye esta norma”1. En mi exposición de hoy, amparándome en el título de la mesa(“realidades y retos de la ejecución de medidas en justicia juvenil”) voy aintentar poner algo de luz en lo que son las “realidades” de la ley, no tanto1 Entrevista publicada en El Semanal Digital 5 de febrero de 2006. Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 1
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010en el estricto ámbito de la ejecución, sino de la propia ley, ampliando unpoco el tema propuesto, evitando así reiterarme en aspectos que ya se hantratado o que a buen seguro serán el contenido de algunas de lasexposiciones siguientes, lo que me permite, además, centrarme en aspectosde naturaleza más jurídica y criminológica en los que me siendo máscómodo por mi formación en este ámbito. Varios son los temas por los que sobrevolaré aportando solamentealgunas pinceladas, pues el tiempo de que dispongo no da para mucho más,y a través de los cuales intentaré visualizar algunas de las realidades de lajusticia penal juvenil en nuestro país, y como la misma ha sido abordadapolítica y socialmente al hilo de la coyuntura y con ausencia de rigor. Antes de ello recordar que desde que se publicó la ley son ya cincolas reformas que ha sufrido en menos de diez años y o mucho me equivocoo los cambios aún no han concluido. Y si analizamos esos cambios detrásde ellos se encuentra la presión social y mediática que ha conseguido de lospolíticos cambios que desnaturalizan su filosofía inicial y guiados por lafamosa “tolerancia cero” que ha hecho de España uno de los países conmenor índice de delincuencia y mayor índice de presos, algo que por sí solopone de manifiesto la errática política criminal que sigue nuestro país enlos últimos diez años. A modo de ejemplo decir que el nuevo CP de 1995,el mal llamado código de la democracia, en menos de 15 años ha sido yamodificado en 25 ocasiones, la última por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 dejunio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,del Código Penal (BOE nº 152, de 23 de junio de 2010) y que entrará envigor a finales de año. El primer tema que trataré hace referencia al tan reiteradocrecimiento de la delincuencia juvenil y al cada vez más temprano inicio enel delito de los menores, si bien, y por no reiterarme haré referencia a ésteúltimo aspecto al final de la exposición. En segundo lugar me referiré al tópico creado en torno al tratamiento“blando” que la ley hace de la delincuencia juvenil, algo que ya anticipo esfalso. Distinto es si queremos o no hacerla aún más dura. Por último y muy íntimamente relacionado con el primero de losaspectos, intentaré centrar el fenómeno de la delincuencia juvenil dentro dela criminalidad en general, para, a través de los datos, demostrar que losmenores de edad no son quienes más delinquen en España. Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 2
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010 II. EL CRECIMIENTO DE LA DELINCUENCIA JUVENIL EN ESPAÑA El crecimiento de la delincuencia juvenil es una imagen que ha calado profundamente en la sociedad española. Sin embargo, algunos datos pueden hacernos dudar de que tal fenómeno sea una realidad o al menos una realidad tan absoluta como pretenden mostrarnos desde algunas instancias. Seguidamente se exponen algunos estudios que coinciden en cuestionar esta idea extendida de que realmente se esté produciendo en nuestro país un incremento de la delincuencia juvenil o que ese crecimiento haya sido progresivo desde la aparición de la LORPM:  Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia  Consejo General del Poder Judicial  “La criminalidad en España en 2006”, estudio elaborado por el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior Antes de nada creo preciso decir que nuestro país no cuenta con un sistema estadístico que permita un conocimiento fiable de esta realidad social a nivel nacional, y que los únicos datos nacionales son los que publica el INE con casi dos años de retraso. Pero si hoy quisiéramos saber el número de menores internados en centros tendríamos que ir a cada una de las Comunidades Autónomas para conocer el dato. El Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia realizó un estudio sobre la delincuencia juvenil en España a partir de los datos existentes sobre el número de menores detenidos. La información se tomaba del Ministerio del Interior, que, a su vez, recogía los datos del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y de la Policía Autónoma Vasca. El estudio, referido al periodo 2000-2006, pone de manifiesto un descenso del número de menores detenidos: Menores detenidos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 200614 y 15 años 7.722 9.390 9.314 8.600 8.244 7.668 6.38516 y 17 años 16.610 15.915 16.385 14.802 14.879 14.009 12.281 TOTAL 24.332 25.305 25.699 23.402 23.123 21.677 18.666 Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 3
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010 Los datos del Consejo General del Poder Judicial relativos los asuntos registrados en los Juzgados de Menores no permiten afirmar rotundamente que se haya producido desde la entrada en vigor de la LORPM un aumento en las infracciones cometidas por menores de edad, siendo inferior el número de asuntos registrados en 2008 a los registrados en 2002 y estos muy similares a los de 2009 (el 2001 debe excluirse de este análisis ya que el volumen de casos se vio incrementado por las previsiones contenidas en la disposición transitoria de la LORPM), pudiendo explicarse la variación de asuntos registrados a partir de 2007 no sólo como un crecimiento en el número de infracciones, sino también en la tipificación de algunas conductas anteriormente sancionadas administrativamente, caso de los delitos contra la seguridad vial. Asuntos registrados en los Juzgados de MenoresASUNTOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Registrados 54.922 36.605 33.120 32.574 33.549 34.855 33.349 35.893 37.339 Resueltos 38.953 31.986 36.089 35.611 34.785 35.623 37.361 34.752 38.215Pendientes 26.079 31.034 26.665 24.280 22.891 22.666 20.443 22.368 23.794 Los últimos datos que se aportan provienen del estudio sobre “La criminalidad en España en 2006”, elaborado por el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Este informe parte de los datos referidos al ámbito territorial de actuación del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil y en él dedica un apartado especial al “comportamiento de la criminalidad juvenil”, tomando como indicador de la misma el número de detenciones practicas sobre jóvenes menores de 18 años, como presuntos autores de un delito o una falta penal, concluyendo que el comportamiento de esta criminalidad presenta una positiva evolución, descendiendo en 2006 un 4,4% sobre el 2005, que a su vez había experimentado un descenso del 5,2 % sobre el 2004. Comportamiento de la criminalidad juvenil en España 2004 2005 2006 Total infracciones 23.257 22.039 21.072 Fuente: Ministerio del Interior Sin querer entrar en mayor abundamiento resulta curioso como la exposición de motivos de la Ley Orgánica 8/2006 (la Ley se publicó en el Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 4
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010BOE de 5 de diciembre), en ese análisis que hace de las estadísticas,además de hablar del “aumento considerable de delitos cometidos pormenores”, algo que los datos del propio Ministerio del Interior parecen noconfirmar, pone su énfasis en que no han “aumentado significativamentelos delitos de carácter violento, aunque los realmente acontecidos hantenido un fuerte impacto social”. Los datos del Ministerio del Interiorpueden dejar serias dudas sobre esta afirmación: Balance de la criminalidad en España Variación VariaciónDELINCUENCIA 2004 2005 2006 % 2004- % 2005- JUVENIL 2005 2006 Delitos contra el 15.464 15.168 13.957 -7,7 -8 patrimonioRobos con fuerza en 3.707 3.465 3.430 -6,5 -1las cosasRobos 3.710 3.395 3.274 -8,5 -3,6violencia/intimidaciónSustracción de 3.405 2.874 2.832 -15,6 -1,5vehículosHurtos 4.027 4.008 1.596 -0,5 -32,2Resto 1.585 1.46 2.825 -10 -8,3 Delitos contra las 1.594 1.775 1.789 11,4 0,8 personas Delitos contra la 357 340 350 -4,8 2,9 libertad sexual Otras infracciones 4.872 4.756 4.976 -2,4 4,6 penales TOTAL 23.257 22.039 21.072 -5,2 -4,4INFRACCIONES Otros datos, como el número de medidas impuestas por los Juzgadosde Menores, el número de diligencias previas incoadas por el MinisterioFiscal o el número de medidas ejecutadas por las Comunidades Autónomaspodrían llevar a conclusiones diferentes y poner de manifiesto queefectivamente se está produciendo un incremento de la delincuenciajuvenil, por lo que la cuestión no resulta del todo pacífica, y si bien nopuede afirmarse que la delincuencia juvenil ha experimentado un altocrecimiento, tampoco sería del todo cierto afirmar que la misma semantiene estancada, entre otras cosas por la falta de estudios rigurosos alrespecto y los pocos que hay no suelen contemplar periodos largos, sinocomparativas interanuales, centrándose en los datos pero obviando otrasrealidades como los cambios legislativos. Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 5
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010 Como en la presentación ya avanzaba, dejaré para el final el análisissobre el temprano inicio en la delincuencia de los menores.III. EL TRATAMIENTO DE LOS DELITOS GRAVES EN LALORPM Uno de los tópicos que persigue a la LORPM es que se trata de unaley excesivamente blanda, especialmente en el caso de menores autores dedelitos más graves. Sin embargo, la LORPM ha venido a suponer, en muchos casos, untratamiento más severo de los delitos cometidos por menores de edad, enrelación a la situación imperante antes de su entrada en vigor. Se expone de forma sencilla cuál podría haber sido el tratamiento deun delito de homicidio cometido por un menor en el año 2000 y cuál podríaser el tratamiento de ese delito si se hubiera cometido tras esa fecha. La comparativa no ofrece dudas respecto a que la LORPM puedesuponer un tratamiento más severo. a) Homicidio cometido en el año 2000 por un menor de edad: En este primer ejemplo habría que hacer una primera distinción enfunción de que los hechos hubieran sido cometidos por un mayor de 12años y menor de 16, en cuyo caso sería de aplicación la Ley Orgánica4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de lacompetencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores, o por unmayor de 16 años y menor de 18, en cuyo caso sería de aplicación la LeyOrgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. En el primer caso (mayores de 12 y menores de 16 años), los hechospodrían haber sido sancionados, como máximo, con una medida deinternamiento en régimen cerrado de dos años de duración, si bien la Leyno obligada al juez de menores a la adopción de esta medidaimperativamente, ni tampoco fijaba un mínimo a imponer. Esta medida,además, podría ser reducida, modificada o dejada sin efecto a la vista de laevolución durante su cumplimiento. Un último dato de interés es quedurante el cumplimiento de la medida no existiría obstáculo legal aldisfrute de permisos de salida, al no existir una específica regulación, porlo que de facto quedó a interpretación de los diferentes juzgados, lo queprovocó situaciones, a mi juicio, contrarias a los principio de legalidad Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 6
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010ejecutiva, igualdad y seguridad, ya que dependiendo del juzgado unosmenores disfrutaban de permisos y otros no. 2 Si el homicidio hubiera sido cometido por una persona con 16 o 17años le habría sido aplicado el CP, que en su artículo 138 establece paraeste delito una penda de prisión de 10 a 15 años, pero por tratarse de unmenor de 18 años sería de aplicación el artículo 65 del CP de 1973 quemantuvo su vigencia hasta la entrada en vigor de la LORPM, y queestablecía que "al menor de 18 y mayor de 16 se le aplicará la penainferior en uno o dos grados a la señalada por la ley", lo que en el presentecaso significaría la imposición de una pena de 5 a 10 años (si se impusierala inferior en un grado) o 2 años y medio a 5 años (si se impusiera lainferior en dos grados). Más adelante se analiza el régimen decumplimiento de esta pena en comparación con el de la medida que se leimpondría al menor que hubiera cometido el mismo delito una vez en vigorla LORPM. Sanción de delitos cometidos antes LORPM14-15 AÑOS L.O. 4/1992 Máximo: 2 años de internamiento Pena entre 2 años y 6 meses y 10 años de prisión.16-17 AÑOS L.O. 10/1995 Sobre diez años podría salir en libertad condicional cumplidos 6 años y ocho meses. b) Homicidio cometido tras la LORPM: Al igual que ocurría en el ejemplo anterior, la duración máxima quepodría alcanzar la medida vendría determinada por la edad del menor en elmomento de los hechos, pero lo cierto es que la vigente legislación prevéunas sanciones más graves. Así, el artículo 10.2 establece que cuando un delito de homicidio seacometido por un menor que tuviere en el momento de los hechos 14 o 152 La Ley Orgánica 4/1992 de 5 de junio, sobre reforma de la Ley Reguladora de laCompetencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, dio una nueva redacciónal artículo 16 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, aprobada por Decreto de11 de junio de 1948, cuyo número primero quedó redactado de la siguiente forma: “Elacuerdo del Juez de Menores que se designará <Resolución> apreciará las pruebaspracticadas, las razones expuestas tanto por el Fiscal como por la defensa y lomanifestado, en su caso, por el menor. Igualmente valorará las circunstancias ygravedad de los hechos, así como la personalidad, situación, necesidades del menor ysu entorno familiar y social. Si impusiere alguna de las medidas a que se refiere elartículo 17 expresará su duración, que no excederá de dos años, salvo lo previsto en sunúmero 1º”. Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 7
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010años, la medida a imponer podrá alcanzar hasta los cinco años deinternamiento en régimen cerrado (mínimo y obligatorio uno),complementada posteriormente por otra medida de libertad vigilada dehasta tres años: “a) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración, complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de hasta tres años.” Esta duración actual es el resultado de las sucesivas modificacionesen el texto de la Ley. El texto inicialmente aprobado no establecía la obligación de que aun menor que con 14 o 15 años cometiera un delito de esta naturaleza lefuera impuesta una medida de internamiento en régimen cerrado, y laduración de la medida impuesta no podría exceder de dos años, o de 100horas si fuera una prestación de servicios en beneficio de la comunidad ode 8 fines de semana si se tratara de una permanencia de fin de semana). Pero esta norma no llegó a entrar en vigor, pues la Ley Orgánica7/2000 vino a introducir importantes modificaciones, fruto en parte de lapresión social derivada de hechos acaecidos durante el año 2000, como lostristemente conocidos como “crimen de la catana” (ocurrido el 1 de abrilde 2000) o como el “crimen de San Fernando” (que tuvo lugar el 26 demayo de 2000), y que demandaban una respuesta mayor ante hechos deesta gravedad. La norma introdujo una nueva disposición adicional cuartaque afectaba a las sanciones a imponer a los delitos de homicidio, entreotros3, y donde se establecía que en los casos de delitos de esta naturalezacometidos por menores de 16 y mayores de 14 años el Juez deberíaimponer una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a cuatroaños, complementada por otra medida de libertad vigilada, hasta unmáximo de tres años. El proceso no acabó aquí y la terrible muerte, en mayo de 2003, deSandra Palo causó una enorme conmoción social y generó un gran debate,impulsado en gran medida por la lucha que sus padres iniciaron y que hoycontinúan, y que motivó que en la cuarta de las reformas, llevada a cabopor la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica laLey Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, se3 La citada disposición llevaba por epígrafe el siguiente: “Aplicación a los delitosprevistos en los artículos 138, 139, 179, 180, 571 a 580 y aquellos otros sancionados enel Código Penal con pena de prisión igual o superior a quince años”. Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 8
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010introdujera una nueva disposición adicional sexta dando un mandato alGobierno, para que tras evaluar su aplicación se impulsaran medidasorientadas a sancionar con más firmeza y eficacia los hechos delictivoscometidos por personas que, aún siendo menores, revistieran especialgravedad, tales como los previstos en los artículos 138, 139, 179 y 180 delCódigo Penal, estableciendo la posibilidad de prolongar el tiempo deinternamiento, su cumplimiento en centros en los que se reforzaran lasmedidas de seguridad impuestas y la posibilidad de su cumplimiento apartir de la mayoría de edad en centros penitenciarios, mandato que estabaentre las justificaciones de la quinta modificación llevada a cabo por la LeyOrgánica 8/2006, de 4 de diciembre. En esta quinta reforma se revisannuevamente las medidas a imponer por delitos de esta naturaleza, de formaque si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quinceaños de edad, se le impondrá una medida de internamiento en régimencerrado de uno a cinco años de duración, complementada en su caso porotra medida de libertad vigilada de hasta tres años. Si comparamos esta situación con la anterior a la entrada en vigor dela LORPM, observamos que el tratamiento se ha endurecido de formaconsiderable:  La posible duración de la medida ha pasado de un máximo de dos años de internamiento a un máximo de 8 años (cinco de internamiento más tres de libertad vigilada).  La posibilidad de disfrute de permisos de salida se demora hasta el cumplimiento de una tercera parte del internamiento y estos se limitan en un máximo de 12 días al año.  El incumplimiento de la medida de libertad vigilada podría tener una doble consecuencia: la sustitución de la medida por otra de internamiento en régimen semiabierto y el posible enjuiciamiento por un delito de quebrantamiento de condena (artículo 50 LORPM). Bien es cierto que el nuevo texto legal eleva la edad para la exigenciade responsabilidad penal a los menores hasta los 14 años, dejando fuera desu ámbito de aplicación los hechos cometidos por menores de esa edad,algo que en estos momentos está siendo objeto de debate, existiendomuchas voces que abogan por una rebaja en la edad, algo que debería serobjeto de especial y reflexivo análisis antes de que la comisión de un delitograve por un menor de 14 años vuelva a colocar a la LORPM en el puntode mira de todas las críticas. Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 9
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010 Sanción de delitos cometidos con 14-15 años L.O. 4/1992 Máximo: 2 años de internamiento Duración máxima: 2 años. Texto inicial (no llegó No existía obligación legal de imponer a estar en vigor) medida de internamiento. L.O 5/2000 Máximo: 4 años de internamiento seguida Reforma L.O. 7/2000 de 3 años de libertad vigilada. Máximo: 5 años de internamiento seguida Reforma L.O. 8/2008 de 3 años de libertad vigilada. Si el hecho hubiera sido cometido por una persona con 16 o 17 años,el artículo 10.2 establece que la medida a imponer podrá alcanzar hasta losocho años de internamiento en régimen cerrado (mínimo y obligatoriouno), complementada posteriormente por otra medida de libertad vigiladade hasta cinco años: “b) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años de duración, complementada en su caso por otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años. En este supuesto sólo podrá hacerse uso de las facultades de modificación, suspensión o sustitución de la medida impuesta a las que se refieren los artículos 13, 40 y 51.1 de esta Ley Orgánica, cuando haya transcurrido al menos, la mitad de la duración de la medida de internamiento impuesta.” Al igual que con los delitos cometidos por personas con 14 o 15 añosla redacción actual no es la originaria. El texto inicialmente aprobadoestablecía una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a cincoaños de duración, complementada sucesivamente con una medida delibertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años (art. 9, regla5ª). Pero esta norma no llegó a entrar en vigor, pues la Ley Orgánica7/2000 vino a introducir importantes modificaciones, como antes se dijo, yla nueva disposición adicional cuarta ya comentada estableció para estosdelitos el mismo tratamiento que actualmente se recoge en el artículo 10.2. Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 10
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010 Sanción de delitos cometidos con 16-17 años L.O. 10/1995 Pena entre 2 años y 6 meses y 10 años de prisión. Sobre diez años podría salir en libertad condicional cumplidos 6 años y ocho meses. L.O 5/2000 Texto inicial (no Máxima: 5 años de internamiento llegó a estar en seguido de 5 años de libertad vigor) vigilada. Reforma L.O. Máximo: 8 años de internamiento 7/2000 seguida de 5 años de libertad vigilada. Sanción de delitos cometidos tras LORPM Texto inicial Duración máxima: 2 años. (no llegó a estar en vigor) No existía obligación legal de imponer medida de internamiento.14-15 AÑOS L.O. 5/2000 Reforma L.O. 7/2000 Máximo: 4 años de internamiento seguida de 3 años de libertad vigilada. Reforma L.O. 8/2008 Máximo: 5 años de internamiento seguida de 3 años de libertad vigilada. Texto inicial (no llegó a estar en Máxima: 5 años de internamiento seguido vigor) de 5 años de libertad vigilada.16-17 AÑOS L.O. 5/2000 Reforma L.O. 7/2000 Máximo: 8 años de internamiento seguida de 5 años de libertad vigilada. Si vemos algunos aspectos del cumplimiento de la pena y de la medida, podemos también observar que la legislación de adultos (legislación penitenciaria) permite acceder a situaciones de libertad de forma más rápida que la prevista en la LORPM. Así, por ejemplo el condenado a 10 años de prisión podría disfrutar de permisos de salida una vez hubiera cumplido una cuarta parte de su condena –dos años y seis meses-, según establece el artículo 47.2 de la LOGP4, mientras que el sentenciado a 8 años de internamiento en régimen cerrado no podría disfrutar de permisos de salida hasta cumplido un tercio de la medida, es decir hasta cumplidos dos años y ocho meses (art. 45.7 del RLORPM5). 4 Artículo 47.2 LOGP: Igualmente se podrán conceder permisos de salida hasta de siete días como preparación para la vida en libertad, previo informe del equipo técnico, hasta un total de treinta y seis o cuarenta y ocho días por año a los condenados de segundo o tercer grado, respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena y no observen mala conducta. 5 Artículo 45.7 RLORPM: Los menores internados por sentencia firme en régimen cerrado, una vez cumplido el primer tercio del período de internamiento, cuando la buena evolución personal durante la ejecución de la medida lo justifique y ello favorezca el proceso de reinserción social, y cumplan los requisitos establecidos en el Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 11
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010 También sería mayor el número de días de permiso que podríadisfrutar al cabo del año el condenado a pena de prisión (36 o 48 días alaño en función de que estuviera condenado en segundo o tercer grado detratamiento) que el sentenciado a medida de internamiento (12 días al año). Otro aspecto donde la legislación penitenciaria es más flexible que laLORPM la encontramos en la posibilidad que tendría el condenado a penade prisión de ser clasificado en cualquier momento en tercer grado6, lo quesignificaría un régimen de vida de “cuasilibertad”, pues pernoctaría en elcentro de lunes a jueves, pudiendo salir del centro penitenciario durante eldía y disfrutar de salidas de fin de semana. Por el contrario el menorsometido a una medida de 8 años de internamiento en régimen cerrado nopodría ver modificada la misma y acceder a una internamiento en régimensemiabierto o abierto hasta transcurridos cuatro años. Por último, el menor condenado a diez años de prisión podríaacceder a libertad condicional cumplidas dos terceras partes de su condena,es decir una vez que hubiera cumplido seis años y ocho meses. Régimen de cumplimiento ANTES L.O. 5/2000 L.O. 5/2000 (sobre 10 años) (sobre 8 años) Cumplidos 2 años y seis meses Cumplidos 2 años y ocho meses PERMISOS (36 días al año en 2º grado y 48 (hasta cumplir 4 años sólo 12 días en 3º). al año). PASE A TERCER Periodo de seguridad: no puede GRADO/RÉGIMEN No existe periodo de seguridad. acceder hasta cumplidos 4 años. ABIERTO Lógicamente las variantes que se pueden dar son múltiples ypodríamos encontrar ejemplos contradictorios, pero esta sucinta exposiciónsirve para poner en tela de juicio el análisis simplista que identifica laLORPM con un tratamiento excesivamente “blando” de los delitos másgraves, y permite afirmar que las previsiones de la misma en muchos casosson más severas que las anteriores a su publicación. Cosa distinta es que elapartado 4, podrán disfrutar de hasta 12 días de permiso al año, con una duraciónmáxima de hasta cuatro días, cuando el juez de menores competente lo autorice.6 La exigencia actual prevista en el artículo 36.2 del CP que exige el cumplimiento dela mitad de la condena antes de acceder al tercer grado no es exigible a penados porhechos delictivos cometidos antes de la vigencia de su actual redacción, que se produjoel 2 de julio de 2003, tal y como ha sido establecido por el Tribunal Supremo, ensentencia de 12 de junio de 2006, estimando un recurso de unificación de doctrina enmateria penitenciaria. Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 12
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010planteamiento verse sobre un endurecimiento general del sistema penaljuvenil, pero entonces estaríamos moviéndonos en otros parámetrosdiferentes. Sanción de delitos cometidos con 14-17 años L.O. 5/2000 (antes L.O. 5/2000 (tras ANTES L.O. 5/2000 L.O. 8/2006) L.O. 8/2006) Máximo: 4 años de Máximo: 5 años de Máximo: 2 años de internamiento internamiento14-15 AÑOS internamiento. seguida de 3 años de seguida de 3 años de libertad vigilada. libertad vigilada. Pena entre 2 años y 6 meses y 10 años de prisión. Máximo: 8 años de Máximo: 8 años de Sobre diez años internamiento internamiento16-17 AÑOS podría salir en seguida de 5 años de seguida de 5 años de libertad condicional libertad vigilada. libertad vigilada. cumplidos 6 años y ocho meses.IV. LA EVOLUCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ESPAÑA Antes hemos visto algunas fuentes que hacen dudar del crecimientoreal, o al menos desproporcionado, de la delincuencia juvenil. Sin embargo,otras fuentes diferentes si hablan de un crecimiento de la delincuenciajuvenil en España. Me refiero, en concreto, a la “estadística de menores”elaborada por el Instituto Nacional de Estadística a partir de los datosobrantes en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal delos Menores. El matiz está ahora en estudiar si nos encontramos ante uncrecimiento de la criminalidad de menores o se trata de un aumento generalde la delincuencia en España. Para ello se comparan a continuación losdatos aportados por la “estadística de menores” con los resultantes de la“estadística de condenados”, también elaborada por el INE a partir delregistro central de sentencias. El análisis viene referido a los años 2007 y2008, ya que los datos de 2009 no se publicarán hasta finales de 2010.7 Antes de iniciar el análisis comparativo es necesario puntualizar quela “estadística de condenados” recoge sólo las condenas por delitos, no porfaltas, que en el caso de los menores de 14 a 17 años representaron en 2008el 32,94 % de las infracciones sancionadas, por lo que en la interpretación7 Los datos fueron publicados el día 1 de octubre. Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 13
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010de algunos datos debe tenerse presente esta circunstancia, como a modo derecordatorio se apuntará. La población española entre 14 y 17 años representaba en el 2008 el3,94 % de la población total de nuestro país. Sin embargo, en lacomparativa que sigue se toma como referencia no la población total, sinola población con edad penal, es decir aquella mayor de 14 años, donde lafranja 14–17 años representa el 4,56 %. Población española con edad penal en 2008 2008 Población total 46.157.822 Población 14–17 años 1.820.110 Población mayor de 18 años 38.124.396 Población con edad penal 39.944.506 El volumen de delitos cometidos por mayores de 18 años ha crecidoentre estos dos años un cuatro por ciento más que el de delitos cometidospor menores de edad. Evolución de los delitos sancionados en España entre 2007 y 2008 2007 2008 Variación 14–17 años 15.497 17.526 13,09% + de 18 años 213.740 250.201 17,06% Analizando los datos por grupos de edad, se puede ver que en lascinco primeras franjas donde se concentran más del 50 % de los delitoscometidos por mayores de 18 años la variación experimentada es superioren todos ellos a la que ha sufrido la criminalidad juvenil. Evolución de los delitos sancionados en España entre 2007 y 2008 por grupos de edad 2007 2008 Variación 14–17 años 15.497 17.526 13,09% 18–20 años 20.519 24.166 17,77% 21–25 años 35.336 43.006 21,7% 26–30 años 38.408 44.801 16,64% 31–35 años 35.092 39.826 13,49% 36–40 años 29.972 34.741 15,91% Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 14
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010 Centrándonos en los datos de 2008, de todos los delitos sancionadosen nuestro país un 6,55 % fueron cometidos por menores de entre 14 y 17años, lo que significa dos puntos más que su peso dentro del volumen depoblación con edad penal (4,56 %). Consecuentemente con el dato anterior, el número de delitoscometidos por cada mil habitantes es superior dentro de los sometidos a lalegislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores (9,63)que entre los mayores de edad (6,56). Delitos sancionados en España en 2008 según edad 14-17 años + de 18 años Total delitos 17.526 250.201 Delitos/1.000 habitantes 9,63 6,56 Población 1.820.110 38.124.396 Sin embargo, descendiendo en el análisis a los principales grupos deedad donde se concentra la mayoría de la delincuencia adulta, se observacomo el número de delitos por cada mil habitantes de esas franjas essuperior en la delincuencia adulta hasta los 35 años, siendo inferior a partirde los 36 años, lo que es consecuente con el descenso que experimenta lacriminalidad con la edad, concentrándose las mayores ratios de delitossancionados entre los 18 y los 30 años, edades donde la actividad delictivaes superior a la de los menores de edad. Delitos sancionados en España en 2008 según grupos de edad Delitos Delitos / 1.000 habitantes 14–17 años 17.526 9,63 18–20 años 24.166 16,2 21–25 años 43.006 14,36 26–30 años 44.801 11,58 31–35 años 39.826 9,67 36–40 años 34.741 8,96 Similares resultados encontramos si en lugar de fijarnos en el númerode delitos lo hacemos en el número de personas condenadas, si bien, comoya quedó expuesto, los datos que a continuación se exponen no soncomparables en su totalidad, ya que los facilitados por el INE en la“estadística de menores” no distinguen entre condenados por delitos y porfaltas, representado estas el 32,94 % de las infracciones cometidas, Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 15
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010mientras que la “estadística de condenados” refiere sólo aquellos que lohan sido por delito, obviando las condenas por faltas. A pesar de ese matiz,que lógicamente eleva los resultados de la franja de 14 a 17 años, resultagráfica su comparación para poder hacernos una idea del peso de ladelincuencia juvenil en el volumen global de criminalidad. Nuevamente, el número de condenados por mil habitantes es superiorentre los menores que entre los adultos, si bien estos datos se inviertencuando los confrontamos con las franjas de edad más activascriminalmente. Personas condenadas en España en 2008 según edad 14-17 años + de 18 años Total condenados 15.919 196.143 Condenados/1.000 habitantes 8,75 5,14 (5,87) Efectivamente, resultan muy superiores los condenados por milhabitantes en las franjas de 18-20, 21-25 y 26-30, aún teniendo en cuentaque en esto casos no están incluidos los condenados por faltas. Y aunque enlos dos grupos de edad siguientes el resultado es inferior a los datos demenores, seguramente si se incluyeran también las personas condenadaspor faltas la cifra sería superior. Personas condenadas en España en 2008 según grupos de edad Condenados /1.000 habitantes 14–17 años 8,75 18–20 años 12,14 21–25 años 11,22 26–30 años 9,07 31–35 años 7,53 36–40 años 6,92V. DE LEGE FERENDA: LA DEMANDA REFORMA DE LALORPM Periódicamente se abre el debate social en pos de la necesidad (o no)de una reforma de la LORPM. Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 16
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010 Generalmente son debates oportunitas y que surgen de hechospuntuales a los que se les da un tratamiento excesivo, interesado y malenfocado. Personalmente creo que la ley precisa de algunos cambios, pero talvez no los que aparecen en los debates públicos. Algunas de las posibles modificaciones que se apuntan estánrelacionadas con aspectos de política criminal y sobre ellas creo que no esprudente entrar y pronunciarse y que corresponde a los partidos políticos,previo análisis profundo de las realidades que detrás de ellas podríanencontrarse, y a mi modesto entender de una forma consensuada que cierredefinitivamente el debate. Estas posibles reformas (o no) vendrían referidasa los dos temas que están en permanente debate como son la posibleampliación del límite inferior, rebajando por debajo de los catorce años suámbito de aplicación, y el endurecimiento de la ley en el caso de los delitosmás graves. Respecto a la bajada del límite inferior ya fue planteado por elConsejo Fiscal en 2005, y ha sido demandado en reiteradas ocasiones porlas fiscalías, con el argumento de que los jóvenes cada vez empiezan antesa cometer infracciones penales. Así por ejemplo, la Memoria de la Fiscalíadel año 2007 de la Comunidad Valencia ponía de manifiesto que uno decada tres menores que cometió una infracción en 2007 tenía menos de 14años. Y esa cifra había crecido un 33,69% respecto al balance de 2006. Sin embargo, estos datos en parte no contrastados (se da por hecho laautoría de los menores denunciados, o que todos los hechos denunciadostienen relevancia penal) no parecen guardar relación con los extraídos delas sentencias impuestas, y en los últimos datos publicados se observacomo se ha producido un descenso en las infracciones cometidas por laspersonas de 14 y 15 años, siendo la franja de 17 años la que haexperimentado un crecimiento muy importante, duplicándose casi elnúmero de condenados por hechos cometidos con esta edad. Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 17
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010 Menores condenados 2007 2008 Variación Menores condenados 14 años 2.799 2.687 -4,00% Condenados / 1.000 habitantes 6,22 6,07 -2,39% Menores condenados 15 años 3.853 3.759 -2,44% Condenados / 1.000 habitantes 8,62 8,21 -4,82% Menores condenados 16 años 4.529 4.578 1,08% Condenados / 1.000 habitantes 9,97 10,05 0,73% Menores condenados 17 años 2.450 4.895 99,80% Condenados / 1000 habitantes 5,28 10,55 99,76% Quizá el debate deba orientarse no tanto a sancionar a niños menoresde 14 años, como a activar los mecanismos legales existentes en materia deprotección de menores y en materia penal para evitar la utilización demenores en actividades delictivas o conductas negligentes en su crianza.Pero no es menos cierto que también debería regularse de forma clara lasactuaciones posibles en el caso de menores que cometan hechos de especialgravedad (homicidios o agresiones sexuales), pues por una lado no siempreel sistema de protección podrá intervenir y por otro la ausencia de unprocedimiento priva de garantías al posible autor que socialmente esetiquetado como delincuente, no teniendo medios para su defensa. Sobre el endurecimiento de la LORPM sólo decir que la ley yaofrece un tratamiento más riguroso al existente anteriormente, por lo que eldebate, en todo caso, no debe partir de que es una ley “blanda”, sino dedonde ponemos el límite. Pero junto a estas posibles modificaciones que obedecerían a razonesde política criminal del estado, si que es preciso llevar a cabo otras mejorastécnicas en la ley que eviten algunas situaciones que actualmente no seencuentran reguladas o se encuentran, a mi entender, mal reguladas. Meestoy refiriendo a la aplicación ultraterritorial de la LORPM, por un lado, yal tratamiento que da a la pluralidad de delitos graves. El primero de los temas se puso recientemente de manifiesto con ladetención y traslado a España de uno de los acusados del secuestro delatunero español “Alakrana” cuando se encontraba faenando cerca de lacosta de Somalia, y puso al descubierto dos problemas jurídicos deimportantes repercusiones procesales. El primero de los problemas viene referido a la determinación de laedad, que ante la ausencia de documentación acreditativa y ante lasmanifestaciones del detenido obliga a recurrir a pruebas médicas que dejan Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 18
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010un amplio margen de duda, circunstancia esta que llevó en un primermomento al juzgado central de instrucción a inhibirse a favor de lajurisdicción de menores, atendiendo al principio de “in dubio pro reo”. Pero una vez remitido el caso al ámbito de la jurisdicción demenores, se plantea la segunda cuestión. La del órgano competente paraconocer del mismo, cuya solución no encontramos en el articulado de laLORPM. Afortunadamente al final se acreditó la mayoría de edad deldetenido, lo que de momento evitó un problema jurídico. Intentaréhacérselo visual de una forma esquemática. El principio de territorialidad rige con carácter general en el ámbitopenal. Conforme al mismo, las leyes penales españolas se aplican a losdelitos cometidos en territorio español, considerándose a tales efectos losbuques españoles (art. 23.1 LOPJ). De una manera directa, el principio de territorialidad se recoge en elartículo 8 del Código Civil donde se establece que “las leyes penales, lasde policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en elterritorio español”. Este principio exige determinar, en primer lugar, cuál es el territorioespañol y, en segundo lugar, dónde se considera cometido un delito. El territorio español sobre el que el Estado ejerce su soberanía seencuentra comprendido por el especio terrestre peninsular, insular y lasciudades y territorios norteafricanos; el mar territorial (zona de maradyacente a todas las costas españolas en una extensión de doce millas8); elespacio aéreo situado sobre el territorio y el mar territorial9; y los buques yaeronaves españoles10.8 La Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre Mar Territorial, establece que la soberanía delEstado español se extiende, fuera de su territorio y de sus aguas interiores, al marterritorial adyacente a sus costas (art. 1), cuyo límite interior viene determinado por lalínea de la bajamar escorada y, en su caso, por las líneas de base rectas que seanestablecidas por el Gobierno (art. 2) y el exterior por una línea trazada de modo quelos puntos que la constituyen se encuentren a una distancia de doce millas náuticas delos puntos más próximos de las líneas de base del límite interior (art. 3).9 La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, establece en su art. 1 lasujeción a la soberanía del Estado español sobre el espacio aéreo situado sobre elterritorio español y su mar territorial.10 Art. 23.1 LOPJ: “En el orden penal corresponderá la jurisdicción española elconocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 19
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010 Respecto al lugar de comisión del delito no existe en nuestro derechouna regla que lo fije, de forma similar a como hace el artículo 7 del CP enrelación al tiempo, habiéndose acudido a teorías doctrinales diferentes,como son la de la actividad (lugar en el que se realiza la conducta), la delresultado (lugar donde se produce éste) y la de la ubicuidad (ambosindistintamente), siendo esta la que actualmente cuenta con mayor acogida,pues es la única que permite el castigo de hechos que de otro modo podríanresultar impunes. A partir de este criterio general, tres principios hacen posible laaplicación de la legislación penal nacional a hechos cometidos fuera delterritorio nacional. Son los principios de nacionalidad o personal, real o deprotección y universal o de justicia mundial. El primero de ellos, recogido en el artículo 23.2 de la LOPJ, es unaconsecuencia del principio o cláusula de “no entrega del nacional” que seestipula en los tratados de extradición. De otro modo el Estado seconvertiría en un refugio de delincuentes que disfrutarían dentro de él deuna absoluta impunidad. Otra razón para la no entrega de los nacionalesradica en el temor frente a una posible falta de garantías al enjuiciar elhecho en un país extranjero, entre los que destaca la dificultad de entenderel idioma durante el proceso. Conforme a él la jurisdicción española conocerá de los hechos,aunque hayan sido cometidos en el extranjero, siempre que loscriminalmente responsables fueran españoles o extranjeros que hubieranadquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión delhecho y siempre que concurran los siguientes requisitos: a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que en virtud de un tratado internacional o de un acto normativo de una organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito. b) Que el agraviado o el Ministerio fiscal denuncie o interponga querella ante los Tribunales españoles. c) Que el delincuente no hay sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o en último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en lostratados internacionales en que España sea parte”. Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 20
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010 El principio real o de protección se asienta en la necesidad deconceder validez extraterritorial a la ley nacional, en la hipótesis de que losdelitos cometidos en el extranjero atenten contra los intereses del estado ysus ciudadanos. El estado considera que ciertos intereses son de talimportancia que exigen su protección penal aunque la acción se realice enel extranjero y con independencia de la nacionalidad del autor. Seencuentra recogido en el artículo 23.3 de la LOPJ, que atribuye a lajurisdicción español el conocimiento de los hechos cometidos porespañoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando seansusceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de lossiguientes delitos: a) De traición y contra la paz o la independencia del Estado b) Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el Regente c) Rebelión y sedición d) Falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los Ministros y de los sellos públicos u oficiales e) Falsificación de moneda española y su expedición f) Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado, e introducción o expedición de lo falsificado g) Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles h) Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la administración pública española i) Los relativos al control de cambios. Conforme al tercero de los principios, el de universalidad, la leypenal de un estado se aplica a todos los hechos considerados en ella comodelitos cualesquiera que sea el lugar, el delincuente y la nacionalidad de lavíctima, con tal de que se encuentre el autor en el territorio de dicho estadoy no haya sido castigado o no lo haya sido suficientemente en otro país. En nuestra legislación aparece recogido en el artículo 23.4 de laLOPJ, recientemente modificado por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 denoviembre (BOE nº 266, de 4 de noviembre de 2009), para, de un lado,incorporar tipos de delitos que no estaban incluidos y cuya persecuciónviene amparada en los convenios y costumbre del Derecho Internacional(delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra) y de otro para adaptar yclarificar el precepto de acuerdo con el principio de subsidiariedad y la Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 21
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010doctrina emanada del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia delTribunal Supremo. Este artículo atribuye a la jurisdicción española competencia paraconocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera delterritorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española,como alguno de los siguientes delitos: a) Genocidio y lesa humanidad. b) Terrorismo. c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves. d) Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces. e) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes. f) Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores. g) Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España. h) Cualquier otro que, según los tratados y convenios internacionales, en particular los Convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos humanos, deba ser perseguido en España. Tras la reforma, sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratadosy convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocerlos Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditadoque sus presuntos responsables se encuentran en España o que existenvíctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexiónrelevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en elseno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento quesuponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de taleshechos punibles, sobreseyéndose provisionalmente el proceso penaliniciado ante la jurisdicción española cuando quede constancia delcomienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por unTribunal internacional. Al igual que ocurría en el principio personal o de nacionalidad, tantoen el caso del principio real o de protección, como en el principio universalo de justicia mundial, será preciso que el delincuente no haya sido absuelto,indultado o penado en el extranjero, o en último caso, no haya cumplido lacondena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta pararebajarle proporcionalmente la que le corresponda. Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 22
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010 Esta aplicación de la legislación española exige una correlativaatribución de competencias objetivas a los órganos jurisdiccionales. Lacompetencia objetiva, esto es, la determinación del órgano competentedentro de la estructura jerárquica o de tribunales de distinto grado, seefectúa atendiendo a tres criterios: el de la gravedad del hecho punible, elde la materia y el de las personas. Conforme al segundo de estos criterioscorresponderá a los Juzgados Centrales de lo Penal o a la Sala de lo Penalde la Audiencia Nacional (en función de la gravedad del hecho) elconocimiento de los delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuandoconforme a las Leyes o tratados corresponda su enjuiciamiento a losTribunales Españoles (artículos 65.1.e y 89.bis.3 de la LOPJ) En la jurisdicción de menores no encontramos una norma similar a laanteriormente citada en relación a los delitos cometidos fuera del territorionacional, ya que el artículo 97 de la LOPJ establece que corresponde a losJueces de Menores el ejercicio de las funciones que establezcan las leyespara con los menores que hubieren incurrido en conducta tipificada comodelito o falta, además de aquellas otras que, en relación con los menores deedad, les atribuyan las leyes11, mientras que el artículo 96.2 reserva alconocimiento del Juez Central de Menores el conocimiento de las causasque le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de losmenores. Es por tanto la LORPM la que determina la competencia objetiva delos órganos jurisdiccionales competentes en materia de responsabilidadpenal de los menores. Y esa competencia se encuentra recogida en su artículo 2 cuyoepígrafe precisamente es ese: “competencia de los Jueces de Menores”. En él se establece la competencia exclusiva de los Jueces de Menorespara conocer de los hechos de naturaleza penal cometidos por los mayoresde 14 años y menores de 18, con la única excepción de los delitos previstosen los artículos 571 a 580 del Código Penal (delitos de terrorismo), cuyacompetencia se atribuye al Juez Central de Menores. En cuanto a la competencia territorial de los Juzgados de Menores,excepción hecha de la competencia del Juzgado Central de Menores quetiene jurisdicción en toda España, la misma corresponderá al Juez del lugardonde se haya cometido el hecho delictivo, estableciendo el artículo 20.311 Por ejemplo la autorización de ingreso de menores en centros de internamiento deextranjeros previsto en el artículo 62.3 de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobrederechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 23
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010una regla especial para el caso de que un menor haya cometido diversosdelitos en territorios diferentes, en cuyo caso la competencia se atribuirá aldel lugar del domicilio del menor, remitiéndose subsidiariamente a lasreglas previstas en el artículo 18 de la LECr. Nos encontramos, por tanto, que en la legislación vigente relativa amenores infractores no existe una previsión en cuanto a la competencia delos órganos jurisdiccionales españoles para el conocimiento de delitoscometidos fuera de nuestro país. Así, por ejemplo, un homicidio cometido por un menor de edad denacionalidad española fuera de nuestras fronteras y que fuera detenido enterritorio español nunca podría ser enjuiciado en nuestro país, a pesar de lasprevisiones del artículo 23 de la LOPJ, y la única alternativa a la impunidaddel hecho sería su extradición para su enjuiciamiento en el país dondeocurrieron los hechos. En el caso del pirata del barco “Alakrana”, si finalmente se hubieradeterminado su minoría de edad y se hubiera planteado su enjuiciamientoen España se hubieran suscitado importantes problemas. Parece claro que lacompetencia del Juzgado Central de Menores se limita única yexclusivamente a los delitos de terrorismo, no extendiéndose sucompetencia a los delitos cometidos fuera de España, como ocurre con losJuzgados Centrales de lo Penal y la Sala de lo Penal de la AudienciaNacional. La única posibilidad podría venir determinada por la provincia dematriculación del buque12 y atribuir la competencia al Juzgado de Menoresde dicha provincia, posibilidad que se me antoja muy forzada. La conclusión a todo lo dicho es que la actual atribución decompetencias entre los órganos judiciales que hacen la Ley Orgánica delPoder Judicial y la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penalde los Menores hace inviable el conocimiento por la jurisdicción españolade los delitos cometidos por menores de edad fuera del territorio español. Sería deseable una reforma de ambas normas que hiciera posible laaplicación de los números 2 y 3 del artículo 23 de la LOPJ en el caso dedelitos cometidos por menores de edad. El segundo de los aspectos que creo necesitados de revisión es elrelativo a la pluralidad delictiva, cuando nos encontramos ante delitos12 Ver Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación debuques y Registro marítimo. Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 24
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010graves. Varios hechos que en los últimos años han acaparado la atención delos grandes medios me han hecho plantearme cual sería la respuesta legalen nuestro país. El último, hace menos de un año, la masacre que perpetróun joven de 17 años en un instituto en Alemania, donde causó múltiplesmuertes con un arma de fuego. Pocas fechas antes, en España salió a la luzel pasado de un concursante de un programa televisivo, quien con 15 añosmató a sus padres en 1994. Unos años antes la imputación a un menor deedad de la muerte de sus padres y de su hermano en Burgos en el año 2004,ya me había llevado a escribir un artículo sobre cual podría ser la condenaen caso de que finalmente fuera declarado responsable, algo que hasta lafecha no ha ocurrido. El análisis de la respuesta que en la LORPM podríamos encontrarante hechos de esta naturaleza llevan al convencimiento de que debería serrevisada, pues actualmente la medida máxima a imponer a un menor quecomete varios delitos como los descritos sería de diez años deinternamiento en régimen cerrado si tiene 16 o 17 años en el momento delos hechos, o de seis años si su edad es de 14 o 15 años, algo quesocialmente podría generar una gran alarma y una importante sensación deimpunidad, lo que se traduciría en un descrédito social del sistema penalVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Recapitulando lo hasta ahora expuesto, podemos concluir: - No está del todo claro que desde la entrada en vigor de la LORPMse haya producido un crecimiento desorbitado de la delincuencia juvenil,por lo que la imagen social que se ha ido creando obedece más a larepercusión y tratamiento mediático que a la constatación de datos. - El tratamiento de las infracciones penales cometidas por menores escon la LORPM más severo que el existente antes de su publicación y elmismo se ha ido endureciendo consecuencia de las reformas que se han idollevando a cabo. - El crecimiento que en los últimos años se ha producido en ladelincuencia juvenil es inferior al producido en la delincuencia adulta, algoque sin embargo no encuentra reflejo en el tratamiento que se lleva a caboen los medios de comunicación. - Que al margen de reformas amparadas en razones de políticacriminal, que debieran venir precedidas de estudios reales (algo que en Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 25
    • Realidades y retos en la ejecución de medidas – Albacete, 1 de octubre de 2010nuestro país no se ha hecho a nivel nacional y un ejemplo es la penosaexposición de motivos de la L.O. 8/2006) y profundos de la delincuenciajuvenil, si que hay otros aspectos que exigen de una rápida reforma, antesde que los hechos pongan en evidencia a la Ley. Para finalizar recordar las palabras del Defensor del Pueblo en suinforme sobre el primer año de vigencia de la LORPM y que de algunaforma pueden sintetizar cual debería ser el papel de la legislaciónreguladora de la responsabilidad penal de los menores en nuestra sociedady sirve de recordatorio de la corresponsabilidad que en relación a losmenores todos tenemos: “Por último, esta Institución estima que de igual forma que unalegislación adecuada respecto de los menores que delinquen, evita en elfuturo que a estos menores haya que aplicarles el Código Penal, resultaesencial que el sistema educativo, los servicios sociales de atenciónprimaria y los de salud mental, actúen de forma eficaz respecto de aquellosmenores que presentan fracaso escolar o que tienen problemas de saludmental. De esta forma se evitaría que esos jóvenes se ven obligados apasar por la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penalde los menores”. Tomás Montero Hernanz (monherto@gmail.com) www.paip.es 26