Documento base foro cambio social

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Documento base foro cambio social

  1. 1. Foro del Cambio Social PRESENTACIÓN Las sociedades postindustriales del siglo XXI, ofrecen numerosos elementos diferenciales con respecto a tiempos pasados. La revolución demográfica de finales del siglo pasado, los cambios en el modelo de familia y por supuesto los cambios económicos -principalmente los que afectan a la globalización de los mercados y a la irrupción y generalización en el uso de las nuevas tecnologías- obligan a replantearse algunos de los principios y sobre todo de las estrategias de actuación desde los poderes públicos así como la forma de implicación de la sociedad civil. Modalidades pretéritas de participación no parecen tener sentido en el momento actual, y en cambio, se ofrecen plataformas impensables, hace apenas veinte años, Algunos de estos cambios entran de lleno en el campo de actuación de las políticas sociales que en el siglo XX se caracterizaron por construir, en las sociedades europeas desarrolladas, un modelo de bienestar que ha sido capaz de garantizar los mayores niveles de bienestar y calidad de vida al mayor número de personas. Las formulas a través de las cuales se alcanzaron esos logros continúan presentes, pero se encuentran sometidas a las transformaciones de la realidad social y económica, por tanto requieren de una revisión que garantice su sostenibilidad. En esta revisión es especialmente necesario profundizar en los valores alcanzados, y cortar de raíz aquellas voces críticas que aprovechan el momento de crisis económica para cuestionar avances alcanzados que deben ser irrenunciables. Ahora bien, es cierto que los gobiernos y las sociedades en su conjunto deben actualizarse a las nuevas necesidades y aprovechar las nuevas oportunidades y potencialidades que ofrecen las sociedades contemporáneas. El documento pretende contribuir a este análisis y lo hace invitando a la participación y a la corresponsabilidad de aquellos que quieran aportar, construir y ofrecer su colaboración para alcanzar una sociedad más justa y equitativa. Queremos que todos sientan que su opinión cuenta, y que forman parte plena de un grupo integrado por tantas personas dispuestas a aportar soluciones como personas quieran integrarse en él, personas que nos ayudarán a encontrar respuestas, pero sobre todo a formular preguntas sobre los desafíos que afronta nuestro presente y futuro. La historia reciente nos recuerda los importantes avances sociales aportados por los gobiernos progresistas y también el riesgo de estancamiento y retroceso en función de determinadas actuaciones restrictivas propuestas por gobiernos conservadores. Ni un paso atrás en derechos sociales es una de las premisas que queremos poner como arranque en este documento. Rechazamos las ideas defendidas por los conservadores como que la salud y los distintos sistemas que la garantizan deban ser únicamente un negocio, rechazamos la privatización porque no ha demostrado mayor eficacia, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema y vulnera los principios de equidad e igualdad de los que parte la configuración del moderno estado del bienestar. Está demostrado que sistemas absolutamente públicos como la seguridad social española han sido eficaces durante más de 30 años e incluso en la actualidad pueden seguir generando un saldo positivo y de superávit, mientras que otras iniciativas de privatización de sistemas similares han dado resultados muy
  2. 2. negativos. El beneficio y el lucro legítimo en el mercado deben estar al margen del funcionamiento de los distintos sistemas de bienestar. Nuestra salud, educación y los servicios sociales no puede estar condicionada exclusivamente por criterios de beneficio económico de aquellos que la gestionan. Dependencia y algo más Nuestros sistemas descansan en la solidaridad intergeneracional, el valor de los activos atendiendo a los que actualmente están fuera del sistema productivo. Es uno de los pilares sobre los que se debe de sostener un sistema de compensación. Un ejemplo importante, además del Sistema de Pensiones, consiste en la reciente Ley para la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. La conocida como Ley de la Dependencia ha aportado elementos de protección que nos equiparan a los países europeos desarrollados. Con esta ley se cierra el círculo de protección social y se garantiza al millón y medio de personas dependientes unas prestaciones y servicios que le permitan disponer de una calidad de vida aceptable al margen de sus condiciones familiares y económicas. No obstante, en los primeros años de aplicación han aparecido luces y sombras evidentes. Entre las primeras, el esfuerzo incuestionable de las distintas administraciones que ha permitido, escasamente en dos años, atender a cerca de 800.000 personas, fruto de un esfuerzo normativo, organizativo y financiero puesto en marcha por la AGE, (administración General del Estado), CCAA, (Comunidades Autónomas) y CCLL Corporaciones Locales. En cuanto a las sombras, destacamos un déficit de coordinación y falta de lealtad institucional que han permitido un resultado excesivamente asimétrico en la aplicación de la ley entre comunidades. La Comunidad Valenciana, junto a Madrid y Murcia, se ha caracterizado por presentar niveles de aplicación de la Ley muy inferiores al resto de territorio. La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha algunas iniciativas que pueden cuestionar el carácter público de la norma, como la incorporación al sistema de diagnóstico de sociedades anónimas, que no han aportado eficacia y en cambio, han supuesto una merma importante de garantías para los ciudadanos. Además en esta comunidad no se ha ofrecido una respuesta adecuada a determinados colectivos como son las personas discapacitadas y las enfermas mentales Resulta sumamente llamativo como, durante este periodo de aplicación de la ley, se ha puesto en cuestión algunos de los principios previstos como la profesionalización o la prioridad de los servicios sobre las prestaciones económicas. Por el contrario, se han aportado de manera muy mayoritaria prestaciones económicas, que no se explican sólo por las legítimas preferencias de los afectados y sus familias, sino que se deben a una oferta insuficiente de servicios esenciales y también por un inadecuado tratamiento de la información. Una de las carencias más relevantes de nuestro sistema de protección social es la intervención en los domicilios, profesionalizando la intervención en los cuidados personales y también desplegando medidas que posibiliten la puesta en marcha de acciones de conciliación entre la vida familiar, laboral y personal. Un análisis, como el que han venido realizando diferentes expertos, pone el acento en algunas propuestas que son necesarias para mejorar el nivel de desarrollo, implantación y sostenibilidad de este nuevo derecho social. En primer lugar son necesarias mejoras en el modo de financiación, cambiando los modelos anuales de cooperación entre AGE y CCAA en plurianuales, promoviendo un mayor compromiso
  3. 3. de coordinación efectiva, garantizando que las prestaciones y los servicios se alcanzan en tiempos razonables, facilitando al máximo la tramitación a los posibles beneficiarios, considerando los importantes déficits a los que se encuentran sometidos muchos de ellos, estableciendo niveles de complementariedad entre los distintos servicios previstos en el catálogo de la Ley y, por supuesto, promoviendo fórmulas efectivas de generación de empleo, conforme se establecía en el Libro Blanco de la Dependencia que preveía la creación de un total de 350.000 nuevos puestos de trabajo, cifras que a fecha de hoy están muy lejos de ser una realidad. En materia de sanidad Algunas Comunidades Autónomas -y de manera muy evidente la valenciana- han llevado a cabo experiencias de privatización de la gestión sanitaria de las que se desconoce los niveles de eficacia alcanzados, más allá de las ventajas obtenidas por las iniciativas privadas que han participado en estas operaciones. La sostenibilidad del Sistema Sanitario debe descansar en una concepción de sistema público y de garantía de los derechos universales de todos los ciudadanos. Estas premisas no están absolutamente salvaguardadas si se incorpora el conflicto provocado entre el ánimo de lucro y los beneficios empresariales y la calidad de servicios. Resulta indispensable obtener información fiable acerca de los resultados reales de los procesos privatizadores en la Comunidad Valenciana, las consecuencias para el sistema sanitario en su conjunto, y sobre todo, las consecuencias a medio y largo plazo para su sostenibilidad, teniendo en cuenta la importantísima deuda acumulada. La falta de personal sanitario, que ha sido uno de los elementos que ha surgido con la generalización del sistema sanitario, no descansa solamente en la disponibilidad de personal especializado, también está íntimamente ligada a las prioridades que se establecen los responsables políticos, haciendo más o menos atractivo el trabajo de los profesionales sanitarios de acuerdo a salario y condiciones de trabajo. La dignidad de estas condiciones evita migraciones hacia otros territorios en los que se prioriza la atención a las personas y se facilitan todos los recursos necesarios para alcanzar niveles óptimos de calidad y eficacia. Aún no disponiendo de ninguna evaluación fiable, datos como la demora excesiva en la atención de personas, no parece que sea un indicador de calidad y de eficacia y nos acerca a la realidad de la atención sanitaria de la Comunidad Valenciana. Un ejemplo dramático lo tenemos en personas que están sufriendo problemas graves que se pueden solucionar con una intervención quirúrgica que no llega a tiempo por culpa de una ineficaz gestión de los recursos sanitarios disponibles Como propuestas: Integración de los diferentes sectores públicos en un sistema nacional de salud dentro de una red única. Regular con mayor intensidad el sector privado concertado, no sólo por razones de eficiencia sino también de calidad, estableciendo sistemas de control y evaluación permanentes que ofrezcan datos reales de funcionamiento Potenciar la dedicación exclusiva de los profesionales al sector sanitario. Garantizar niveles de coordinación entre los servicios sociales y los sanitarios Un concepto de salud integral Para finalizar, pero no menos importante
  4. 4. Otorgar el papel que corresponde al asociacionismo, a la población diana de las políticas sociales y sus familiares, que deben tener voz y presencia de manera que se les tenga en cuenta en el momento de diseñar, planificar y ejecutar las políticas dirigidas a ellos. La Administración Local ha demostrado durante sus los treinta años de vida democrática su implicación en las políticas solidarias. Los ayuntamientos fueron pioneros en la generación de recursos para la atención a los ciudadanos más necesitados, impulsando infraestructuras sanitarias, educativas y de servicios sociales. Se ha demostrado durante todo este tiempo que son la primera puerta a la que acuden los vecinos cuando tienen un problema significativo por lo que es indispensable que se les dote de mayores medios para adaptarse a las nuevas necesidades y puedan seguir garantizando un nivel de respuesta que no descanse exclusivamente en el esfuerzo técnico y el compromiso de los profesionales responsables y en la implicación económica de unas corporaciones locales que ven ampliamente superada su capacidad. Una sociedad desarrollada, como la valenciana, debe ser capaz de superar la sensación de fragilidad y provisionalidad en materia de políticas sociales y se debe consolidar la tarea realizada mejorando la financiación, el ámbito competencial y las formulas de colaboración y cooperación con otras entidades. Todos los estudios realizados obtienen un resultado mayoritario de apoyo a las políticas sociales. Los ciudadanos valoran de manera muy considerable que el Estado se preocupe de asuntos como la Sanidad, Educación y los Servicios Sociales. Somos muchos valencianos unidos en la esperanza de vivir en una sociedad cuya prioridad sea atender a las personas cuando más lo necesitan, unidos además en el compromiso de sostenerla, de cuidarla, para que el día que lo necesitemos, cuide de nosotros y de los nuestros. Actualmente en la Comunidad Valenciana pueden estar en riesgo estos logros alcanzados después de años y esfuerzos colectivos para su implantación. La forma de contribuir a sostener y mantener nuestros sistemas de bienestar será haciendo pública la opinión masiva de todos aquellos que pensamos que esto es lo que verdaderamente importa. Sabemos que somos la mayoría, y las mayorías deben hacer escuchar su voz mayoritaria. Desde el Foro vamos a realizar una tarea constante durante estos meses para que se escuchen todas las voces ciudadanas: las de los profesionales, las de los usuarios, la de todas las asociaciones implicadas, fundaciones, entidades, etc. para tener presencia en los distintos territorios y sobre todo para que la red crezca de forma exponencial, tal como permiten los actuales medios virales de comunicación interactivos, y que la voz de la que hablamos llegue a todos los rincones y sea capaz de construir un enorme Think Thank, cuya garantía de acierto la aporte la participación mayoritaria de todos aquellos que comparten dos ideas tan sencillas como extendidas: NOS IMPORTA LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y EL MOMENTO DE ACTUAR… HA LLEGADO. En materia de salud pública Los servicios de salud pública de la Comunidad Valenciana se desarrollaron y potenciaron durante el gobierno del PSPV-PSOE, con la estructuración de la Dirección General de Salud Pública y la creación de los Centros de Salud Pública en el ámbito territorial de las áreas de salud.
  5. 5. Desde estos centros se empezaron a ejercer sobre el territorio las funciones de vigilancia epidemiológica, seguridad alimentaria, sanidad ambiental, salud laboral, educación para la salud, programas de promoción de la salud y asesoramiento a las instituciones municipales sobre los problemas de salud pública. El objetivo de los centros era servir a la planificación sanitaria del área en función de las necesidades de salud, priorizar la prevención colectiva y el control del riesgo y asesorar e informar a los ayuntamientos sobre los problemas sanitarios y los elementos técnicos de prevención. Los gobiernos del PP han mantenido esta estructura territorial, aunque los Centros han visto disminuidas sus competencias y han sido relegados a ejercer fundamentalmente acciones individuales de prevención, dejando en segundo plano la intervención comunitaria de promoción y protección de la salud. Su relación con los ayuntamientos es nula de cara a definir estrategias colectivas para abordar los problemas de salud. Lo que pasa con los Centros de Salud Pública actualmente es fiel reflejo del estado de la Salud Pública en nuestra Comunidad. Transcurridos 5 años desde la aprobación de la Ley 4/2005 de Salud Pública de la Comunidad Valenciana, constatamos que es una ley que se limita a crear una serie de estructuras para gestionar la salud pública y que a día de hoy aún no se han creado. Es una ley que no define la estrategia para llevar a cabo las acciones de salud pública que han de incidir sobre las condiciones estructurales que generan los problemas de salud. Se echa en falta un planteamiento que incluya a la salud como elemento transversal de todas las políticas públicas y las impregne en su formulación y desarrollo. No se definen los riesgos emergentes y por tanto no se formulan las estrategias para su abordaje. Es evidente la poca sensibilidad de la ley por la participación de la sociedad civil en las políticas de salud como garantía de democratización de las mismas. Crea los consejos sectoriales de salud pública como órganos de información y coordinación intersectorial con escasa participación de la sociedad civil, cuando lo más conveniente es potenciar los Consejos de salud de Área y no crear otros consejos específicos de salud pública de difícil articulación con los de área y de dudosa utilidad per se. Dejando a un lado la dudosa utilidad de los órganos que se crean, en estos momentos la Ley está prácticamente sin aplicar y los organismos previstos sin definir ni desarrollar: no se han desarrollado ni la Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública, ni la Oficina de Información y Comunicación en Salud Pública, ni la Agencia de Seguridad Alimentaria, ni se ha aprobado el Reglamento de Estructuras, Organización y Funcionamiento de los Centros de Salud Pública. Tampoco se han asignado a la Consellería de Sanidad, tal y como preveía la ley, las funciones y competencias referidas a sanidad ambiental, actualmente adscritas a la Consellería de Medio Ambiente. Se ha creado el Centro Superior de Investigación en Salud Pública más como una decisión propagandística que como una apuesta seria por la investigación en el campo de la salud pública. Es urgente reformar este organismo, dotarlo de auténtico contenido, limitar y centrar su campo de actuación y asignarle los recursos humanos y materiales pertinentes. El actual plan estratégico de I+D+i en salud pública es en realidad un catálogo genérico de posibles líneas de trabajo, que por su falta de concreción, exceso de prioridades y nulo compromiso económico, lo convierte en un mero folleto publicitario. La Comunidad Valenciana requiere un auténtico plan estratégico de I+D+i en salud
  6. 6. pública, que se centre en los problemas emergentes prioritarios, fije objetivos precisos, y detalle compromisos presupuestarios realistas. Con tres años de retraso sobre la fecha prevista en la Ley de Salud Pública, se aprueba la Cartera de Servicios de Salud Pública de la Comunidad Valenciana (Decreto 98/2009). Dos características destacan del análisis de la misma: la primera, que está centrada casi íntegramente en acciones de salud dirigidas al individuo enfermo o en riesgo, en detrimento de las acciones sobre los factores determinantes de salud y la segunda, que comprende un catálogo de servicios que en su mayoría no tienen ningún nivel de desarrollo y por tanto no constituyen prestaciones reales para los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana. Las políticas de salud pública practicadas por el Gobierno Valenciano han prestado una escasa atención a los problemas de salud derivados de los factores ambientales como por ejemplo la exposición crónica a complejos cócteles de contaminantes presentes en el aire, agua, alimentos, edificios o productos de consumo. A pesar de la evidencia cada vez mayor de los vínculos existentes entre los factores ambientales y la salud, y de las estimaciones que señalan que hasta un 30% de la incidencia total de enfermedades en los países industrializados puede atribuirse a factores ambientales, se ha mantenido un enfoque anticuado tanto en las estrategias y las políticas en este campo como en la anacrónica distribución de competencias entre Departamentos (Medio Ambiente y Sanidad), o en la nula coordinación entre los mismos. Las estrategias, planes y actuaciones en seguridad alimentaría han de tener una dimensión europea e internacional. De hecho todo el diseño europeo de las políticas en el ámbito de la seguridad alimentaria se ha ido definiendo y aplicando a través del debate científico y político en las instituciones de la Unión Europea, con distintas vinculaciones con otros organismos internacionales. Si bien es cierto que el Gobierno Valenciano asume formalmente el marco europeo de seguridad alimentaria, que está definido en su ámbito estratégico por el Libro Blanco de Seguridad Alimentaria, y tiene su concreción en los diferentes reglamentos y planes de acción, no es menos cierto que el diseño de sus estructuras de gestión, las prioridades que se establecen y el diseño de sus programas, necesitan una urgente reorientación que permita mejorar su eficacia y hacer frente a los nuevos riesgos emergentes. Ante esta situación de los servicios de salud pública en la Comunidad desde el FORO DEL CAMBIO propugnamos: Desde el Gobierno de la Generalitat se ha de garantizar la democratización de los servicios de salud a través de la participación de la sociedad civil en las políticas de salud, potenciando los consejos de participación autonómico y de área. Desde el Gobierno de la Generalitat se ha de garantizar la mejora de los servicios de salud, estableciendo la necesaria coordinación con los municipios para actuar con eficacia frente a los problemas que ponen en peligro la calidad sanitaria del medio ambiente, potenciando la elaboración de planes de salud municipales para su inclusión en la Red de Ciudades Saludables de la OMS. La necesidad de definir y desarrollar las estrategias en salud pública sobre la base de potentes sistemas de información que además de los sistemas de vigilancia epidemiológica y redes centinela, incorpore los riesgos ambientales, en seguridad alimentaria y laborales. Tanto los riesgos ambientales como los riesgos alimentarios son elementos centrales en cualquier estrategia de salud pública. Es preciso reformular las estrategias y las
  7. 7. líneas de actuación en estos dos campos, teniendo en cuenta los nuevos riesgos emergentes y prioritarios, la internacionalización y globalización de los problemas y la transversalidad de los problemas asociados a estos ámbitos Hemos de abordar de una manera seria y decidida la calidad sanitaria del ambiente, implementando una estrategia de salud y medio ambiente que fije objetivos de calado como la reducción de la incidencia de enfermedades causadas por factores ambientales, o la identificación y prevención de nuevas amenazas para la salud causadas por factores ambientales. Esta estrategia ha de reforzar las políticas en este ámbito, y especialmente impulsar aquellos programas que se centran en las poblaciones más vulnerables como los niños y ancianos. La integración de la salud como objetivo es ineludible en la lucha contra el urbanismo salvaje y como componente del urbanismo del futuro. Es necesario incorporar criterios definidos por estrategias de salud al campo de conocimiento del urbanismo. El modelo de ciudad es determinante en la posibilidad de desarrollar un modo de vida saludable. Hay que actuar sobre los problemas de salud relacionados con la urbanización. Es urgente abordarlos mediante planificación urbanística y la acción intersectorial, con medidas de prevención a la exposición de factores ambientales como la contaminación del aire, el agua, el saneamiento o las basuras y con medidas para afrontar los accidentes de tráfico derivados del transporte. Nos hemos de comprometer a integrar la salud en las políticas públicas de las ciudades El transporte conlleva la suma de accidentes de tráfico, contaminación atmosférica, cambio climático debido al calentamiento global, ruido y falta de actividad física, causando un importante impacto en la salud. En la actualidad las muertes por accidentes de tráfico ocupan el noveno puesto entre las principales causas de mortalidad. Casi la mitad de víctimas son aquellos más vulnerables: peatones, ciclistas o motoristas. Es necesario impulsar actuaciones para prevenir o eliminar los efectos negativos del aumento del tráfico, especialmente con medidas de ordenación territorial, fomento del transporte público, el transporte intermodal y el transporte combinado, así como de los modos de transporte menos perjudiciales para el medio ambiente. Así como proseguir la investigación y el desarrollo tecnológico, especialmente para reducir las emisiones de CO2 y el ruido. La administración sanitaria ha de colaborar con el sistema de prevención de riesgos laborales participando activamente en la vigilancia y detección de enfermedades profesionales. Dos instrumentos esenciales para poder llevar a cabo esta misión son la elaboración del mapa de riesgos en salud laboral y la puesta en marcha de un sistema de vigilancia epidemiológica laboral. Ambos figuran en la cartera de servicios de salud pública sin que hasta el momento se hayan puesto en marcha por parte de la Conselleria de Sanidad. Es urgente elaborar los mapas de riesgo y daño en salud laboral en los departamentos de salud para conocer los principales riesgos a que están expuestos los trabajadores, cual es la población expuesta y los daños detectados para poder realizar programas específicos de prevención de riesgos laborales en función de los resultados obtenidos. Con respecto a las acciones de promoción y prevención dirigidas al individuo, hay que incrementar la coordinación y colaboración entre los centros de salud pública y los centros de atención primaria para una mejor implementación de los programas a desarrollar de acuerdo con las condiciones de salud del departamento, analizadas con criterios epidemiológicos.
  8. 8. El centro de salud pública ha de proporcionar los recursos y el apoyo técnico a los equipos de atención primaria para el diseño y la puesta en marcha de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Hay que abordar los problemas de organización y funcionamiento de los Centros de Salud Pública, definir sus plantillas adecuándolas a las tareas a realizar. Es imprescindible terminar con la precariedad de los profesionales de los centros, mayoritariamente interinos. Es urgente una equiparación en derechos y salarios a los trabajadores de la red asistencial. El gobierno del PP lleva diez años sin convocar oposiciones, propiciando la entrada de personal sin formación en salud pública. Es necesario diseñar una política de formación en salud pública que haga posible el desarrollo de las competencias en salud pública en los diferentes niveles de la administración autonómica. CONTENIDO DEL TEXTO ACOMPAÑANTE DEL DOCUMENTO Queremos conocer si compartes las inquietudes y propuestas contenidas en el documento inicial del Foro y recabar tus aportaciones para mejorar los aspectos sensibles de las políticas sociales con son: la atención a las personas dependientes, la implantación de una Renta Básica, el desarrollo de políticas de apoyo a las familias especialmente para facilitar la conciliación entre la vida laboral y personal, sostener el sistema público de salud como algo incuestionable, garantizar la inmediatez en la respuesta a los problemas de tipo sanitario y social de los valencianos. La integración de las distintas medidas de bienestar como uno de los principales activos en las políticas activas de empleo …. Y tantas y tantas otras propuestas que los distintos agentes sociales y la sociedad valenciana en su conjunto quieran aportar. Disponemos de un tiempo de reflexión abierto hasta el mes de septiembre de este año, a partir de ese momento trataremos de plasmar en un documento resumen, el resultado de todo el movimiento participativo que habremos llevada a cabo entre actos públicos, aportaciones y opiniones manifestadas en la red. Queremos tu participación, necesitamos tu opinión y tus propuestas de mejorar para manetener aquello que tanto nos ha costado de alcanzar y para mejorar los problemas que la ineficaz gestión o los cambios sociales pueden poner en peligro.

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