El documento discute las políticas para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Propone caracterizar la vivienda como un derecho subjetivo ante los tribunales y fomentar otras políticas como el urbanismo social. También aboga por una intervención pública que regule el valor del suelo, reserve suelo para vivienda protegida, movilice la vivienda vacía y aumente la oferta de alquiler social.