Sentencia de Amparo a Pepsico por Tenencia NL 622 2011
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Sentencia de Amparo a Pepsico por Tenencia NL 622 2011

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Sentencia de amparo otorgada a Pepsico en contra del impuesto a la tenencia en Nuevo Leon.

Sentencia de amparo otorgada a Pepsico en contra del impuesto a la tenencia en Nuevo Leon.

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  • 1. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -1- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II. AMPARO EN REVISIÓN. 622/2011-II. QUEJOSA: ********** RECURRENTE: LA MISMA.MAGISTRADO RELATOR: JESÚS R. SANDOVAL PINZÓN.SECRETARIO: JESÚS ROSALES IBARRA. Monterrey, Nuevo León, acuerdo del Tercer TribunalColegiado en materia Administrativa del Cuarto Circuito,correspondiente al día doce de enero de dos mil doce. V I S T O para resolver en revisión los autos del juicio deamparo indirecto número **********; y RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el **********, ante laOficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distritoen materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, del quecorrespondió conocer por razón de turno, al Juzgado Segundo deDistrito en Materia Administrativa en el Estado, **********, pormedio de su apoderado general ocurrió en demanda de amparocontra el Congreso del Estado de Nuevo León y otrasautoridades, de quienes reclamó la expedición, discusión yaprobación del Decreto 146 que reforma la Ley de Hacienda delEstado de Nuevo León; en particular los artículos respectivos al
  • 2. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -2- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, asimismo reclamala expedición, discusión y aprobación del Decreto 149 por el quese establece la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León, parael año 2011, así como la expedición y orden de publicación delas Reglas de Operación del Programa de Apoyo en MateriaVehicular a la Economía de las Familias de Nuevo León. Actos que la quejosa estimó violatorios en su perjuicio de lagarantía contenida en el artículo 16 y 31, fracción IV, de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. El **********el Juzgado Segundo de Distrito enMateria Administrativa en el Estado, admitió la demanda degarantías la que quedó registrada con el número **********Asimismo solicitó a las autoridades sus respectivos informesjustificados y citó a las partes a la celebración de la audienciaconstitucional. Seguido el juicio por sus trámites, el ********** el juezSegundo de Distrito celebró la audiencia constitucional y el**********siguiente dictó resolución, en la que por un ladosobreseyó en el juicio y por otro, negó el amparo solicitado. TERCERO. Inconforme con la determinación anterior,**********, abogado autorizado de la quejosa, interpuso recursode revisión que fue admitido por el presidente de este Tribunal enacuerdo de ********** Se dio la intervención que legalmente corresponde alagente del Ministerio Público de la Federación adscrito a esteTribunal, del presente recurso de revisión, mismo que seabstuvo de formular pedimento alguno, no obstante estar
  • 3. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -3- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.debidamente notificado según consta a fojas ochenta y cuatro,del expediente en que se actúa. Posteriormente, se turnaron los presentes autos almagistrado relator para formular el proyecto de sentenciacorrespondiente, se listó el asunto para su resolución; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Este Tribunal Colegiado es competente paraconocer y resolver el presente recurso de revisión, deconformidad con lo dispuesto en los artículos 83, fracción IV, 85,fracción II, y 86 de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la LeyOrgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que seinterpone contra una sentencia dictada en audienciaconstitucional por un juez de Distrito en la materia y dentro de lajurisdicción de este Circuito. SEGUNDO.- La resolución impugnada, en lo queinteresa, se sustentó en los razonamientos que a continuaciónse extractan: En el séptimo considerando, el juez de Distrito procedióa analizar los conceptos de violación segundo, tercero ycuarto, los cuales señaló que eran infundados. Lo anterior, pues señaló que el principio deproporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31,fracción IV, de la Constitución Federal, consistía en que lossujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastospúblicos en función de su respectiva capacidad contributiva,
  • 4. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -4- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.debiendo aportar un parte justa y adecuada de sus ingresos,así, para que un gravamen fuera proporcional, se requería queel hecho imponible del tributo establecido por el Estado,reflejara una autentica manifestación de la capacidadeconómica del sujeto pasivo, entendida ésta como lapotencialidad real de contribuir a los gastos públicos. En esa tesitura, señaló que los impuestos debían fijarsede acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo,de manera que las personas que obtuvieran ingresos elevadostributaran en forma cuantitativamente superior a los demedianos y reducidos recursos, lo que se conseguía con elestablecimiento de tarifas progresivas que permitieran que elimpacto fuera distinto no sólo en cantidad, sino en el mayor omenor sacrificio patrimonial, acorde a los ingresos obtenidos. Agrego, que debía existir una estrecha relación entre elhecho imponible del tributo y la base gravable a la que seaplicaba la tasa o tarifa del impuesto. Además señaló que el principio de equidad tributariaconsistía en otorgar igualdad jurídica, esto es, que loscontribuyentes que se ubicaran en la misma situación de hechotengan el mismo trato y que los sujetos que se encontraran ensituaciones distintas recibieran un trato jurídico distinto, por loque dicho principio determinaba que las personas, en tantoestuvieran sujetas a cualquier impuesto y estuvieran en igualescondiciones relevantes a efectos tributarios, debían recibir elmismo trato en lo que se refiriera al impuesto respectivo. Por otra parte, el juez consideró conveniente acudir alcontenido de los artículos 118 y 122, de la Ley de Hacienda del
  • 5. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -5- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.Estado de Nuevo León, de los cuales, del primero de ellosseñaló que determinaba que el objeto del impuesto sobretenencia o uso de vehículos era precisamente, la tenencia ouso de vehículos descritos en la misma norma dentro de lacircunscripción territorial del Estado, de igual menara seestablecía que el propietario del vehículo era quien seconsideraba tenedor o usuario del vehículo de su propiedad,por lo tanto sujeto del impuesto de mérito. Luego que legislador en el artículo 122, fracción I, de la Leyde Hacienda del Estado de Nuevo León estableció una tabla quebuscaba determinar el impuesto a pagar, atendiendo a la riquezadel sujeto del impuesto, y para ello previó rangos de riqueza, loscuales fueron gravados según una cuota fija para ese rango,además de una tasa a aplicar sobre el monto que excediera dellímite inferior de dicho rango; por lo tanto, tales saltos en losrangos previstos, respetaban el principio de proporcionalidadtributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de laConstitución, en virtud de que las personas que tuvieran unhaber patrimonial similar pagarían impuestos similares. Además, el a quo señaló que resultaba aplicable al caso,por analogía, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de laSuprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente:"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. LOS ARTÍCULOS 5º, FRACCIÓN I y 15-C DE LALEY QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOSDE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN2004)1", ya que si bien refería a la Ley del Impuesto sobre Tenenciao Uso de Vehículos, aplicable a nivel federal hasta el año dos mildiez, lo cierto era que los numerales 1, 5 y 15-C de dicha norma,en relación con los diversos 118, 122 y 133 de la ley reclamada,1 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, mayo de dosmil cinco, página cuatrocientos cincuenta y ocho.
  • 6. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -6- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.en su parte conducente, resultaban esencialmente similares. En relación con el argumento de inequidad de la quejosa,en el que adujo que el procedimiento de cálculo del impuesto,contenido en los artículos 122, 132 y 133 de la Ley de Haciendadel Estado de Nuevo León, era inequitativo al otorgar un tratopreferencial a los taxistas, al considerar que les resultaba muchomenor el pago del tributo y se perjudicaba a los demás tenedoresde vehículos, el a quo consideró dicho argumento infundado;toda vez que el principio de equidad consistía fundamentalmenteen dar un mismo tratamiento a contribuyentes que seencontraban dentro del mismo supuesto de causación, mas ellono significaba que no se pudieran crear algunas categorías,clases o ramas, en las que se diera un trato diferente entre una yotra, siempre y cuando se sustentara en bases objetivas; esdecir, que existiera una causa, motivo o razón de índoleeconómico, social o político, que justificara esa diferencia. Además, refirió que el trato diferente que otorgaba talprecepto a las personas que contaran con algún vehículo de losdenominados "taxis", se encontraba sustentado en basesobjetivas; para lo cual, el juez de Distrito acudió a la exposiciónde motivos (Diario de los Debates número 163-LXXII S.O. de quince de diciembre dedos mil diez) de los integrantes de la Septuagésima SegundaLegislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberanode Nuevo León que dio origen a la contribución reclamada,advirtiendo que el impuesto tildado de inconstitucional por larecurrente, se dio a través de la transformación del impuestosobre tenencia o uso de vehículos que estuvo vigente a nivelfederal hasta el ejercicio fiscal dos mil diez, para pasar a ser unacontribución estatal con el propósito de fortalecer las finanzasestatales sin incrementar la carga fiscal a los contribuyentes, esto
  • 7. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -7- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.en los mismos términos que contemplaba esa legislación federal. Por lo que de una interpretación al artículo 5°, fracción IV,de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos,precepto del que derivó el diverso 122 combatido, se desprendíaque el legislador reconsideró que los propietarios de estacategoría de vehículos (taxis) los destinaban a la realización deuna actividad económica que, a juicio del Congreso de la Unión,merecía un tratamiento fiscal diferenciado, con el objetivo deapoyar la reactivación de dicho servicio de transporte por ser unacuestión de orden social y para fomentar la economía; por lo quese creó una categoría, clase o rama en la que se da untratamiento diferente entre una y otra. Por tanto, el a quo determinó que al encontrarsesustentado en bases objetivas el trato diferente, el artículo 122de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, no violaba lagarantía de equidad tributaria del quejoso, apoyando su criterio,por analogía, en la jurisprudencia 168/20042 de la Segunda Salade Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TENENCIA OUSO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL IMPUESTORELATIVO VIGENTE EN 2003, AL OTORGAR UN TRATO PREFERENCIAL A LOSPROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES CON PERMISO PARA PRESTAR EL SERVICIOPÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y LOS DENOMINADOS "TAXIS", NOTRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA." Asimismo, declaró infundado el argumento de que existíacerteza en cuanto a los camiones, tractores no agrícolas tipoquinta rueda, microbuses y autobuses integrales usadosdestinados a la industria o comercial de trasporte de pasajeroso efectos; muchos vehículos “pick up” eran de lujo para uso2 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, diciembre dedos mil cuatro, página quinientos cuarenta y seis.
  • 8. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -8- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.particular, por lo que resultaba incuestionable que la diferenciano encontraba sustento fiscal o extra fiscal la inclusión dedichos vehículos. Lo anterior, toda vez que para los vehículos de carga opara más de quince pasajeros, se señalaban diferentescondiciones para calcular el tributo, atendiendo el peso brutovehicular o la capacidad para trasportar pasajeros, dichadistinción se consideraba justificada, ya que se tomaban encuenta razones objetivas de naturaleza económica y social asaber: impulsar la actividad del trasporte ya sea de carga o depasajeros; además que la capacidad de carga de los vehículos,se determinaba por un órgano técnico especializado desde elmomento de su fabricación, lo que ponía de manifiesto quedicho elemento (carga), no quedaba a la discreción de laautoridad administrativa, sino que respondía a esquemas yespecificaciones técnicas determinadas por especialistas en lamateria, por lo que se consideraba que el legislativo tuvorazones objetivas extra fiscales para crear esa categoría devehículos. Por otro lado, en cuanto al argumento de que el artículo133 de la ley hacendaria estatal violaba los principios deproporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31,fracción IV, de la Constitución Federal, al contemplar una tablade depreciación o determinación del valor fiscal de los vehículosusados, que era fría, presuntiva y caprichosa, al no utilizar loscriterios justificados para determinar el nivel de depreciaciónanual de los mismos. El resolutor consideró infundado dicho argumento, ya queno podía estimarse que la tabla decreciente prevista en el
  • 9. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -9- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.numeral impugnado violara el principio de proporcionalidad, envirtud de que contenían rangos (factor de depreciación) que decrecíanconforme a la antigüedad del vehículo, así que a mayorantigüedad del automotor, mayor el descuento, de donde seseguía que pagaba menos el titular de un vehículo más antiguo,respecto de aquél que ostentara uno más nuevo; por lo que lanorma cuestionada atendía a la capacidad contributiva del sujetopasivo, y por lo tanto, no resultaba inequitativa. Para arribar a la conclusión anterior, el juez señaló quese partía de la base de que el valor del vehículo constituyesolamente uno de los elementos que sirven para ladeterminación gravable del tributo, pues debía destacarse queel objeto del impuesto lo constituía la tenencia y/o uso devehículo automotor, es decir, no se trataba de un impuesto realque gravara sobre el bien en particular como lo pretendía hacernotar la recurrente; por lo que podía afirmarse que no seestaba gravando el valor del automóvil, sino la capacidadcontributiva del sujeto que tenía el carácter de tenedor ousuario del mismo; ello, ya que al no ser objeto del tributo elvehículo como tal, bastaba con que se estableciera unparámetro que además de tener el carácter de general, seaproximara al valor del mercado. Por otra parte, el juzgador declaró infundados losconceptos de violación en el que la recurrente argumentó que elartículo 19 de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León, encual se otorgaba un subsidio fiscal para apoyar la economíafamiliar de los residentes en el estado, consistente en laliberación del pago de tenencia o uso de vehículos, resultabaviolatorio del artículo 31, fracción IV, Constitucional, queresultaba inconstitucional que en el mismo se estableciera que
  • 10. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -10- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.correspondía al Ejecutivo Estatal expedir las Reglas deOperación correspondientes al programa destinado a apoyar laeconomía familiar, pues consideraba que únicamentecorrespondía al legislador modificar las normas que afectaban laobligación tributaria, asimismo, además señaló que Reglas deOperación del Programa de Apoyo en Materia Vehicular a laEconomía de las Familias de Nuevo León, vulneraba en superjuicio la equidad tributaria. Determinación la anterior, toda vez que el juez de distritoestimó que el Ejecutivo del Estado con su actuar no violentó elprincipio de reserva de ley ya que actuó dentro de las facultadesque le confiere el artículo 85, fracción X, de la ConstituciónPolítica del Estado de Nuevo León, para expedir las Reglas deOperación del Programa de Apoyo en Materia Vehicular a laEconomía de las Familias de Nuevo León, pues éste establecía acargo del Ejecutivo Estatal las obligaciones fundamentalesconsistentes en los actos formales que implicaban lapromulgación de las leyes que expidiera el Congreso del Estado,así como ejecutar dichas leyes a través de cumplir y hacercumplir su contenido y proveer en la esfera administrativa lonecesario para su ejecución; aunado a que en ningún momentocon la expedición de dichas reglas se hubiese reglamentando laley que contiene el impuesto sobre tenencia o uso de vehículosen el estado, pues con la expedición de las mismas únicamentese establecieron los lineamientos y requisitos que debían cumplirlos beneficiarios del apoyo en materia vehicular. Ahora bien, por lo que hizo al concepto de violación en elque la impetrante de garantías adujo que las Reglas Operacióndel Programa de Apoyo en Materia Vehicular a la Economía delas Familias de Nuevo León, eran contrarias a los principios
  • 11. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -11- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.tributarios de proporcionalidad y equidad; lo anterior, en virtud deque las citadas reglas constituían un estímulo fiscal que demanera injustificada y caprichosa recibían los titulares quetuvieran uno o varios vehículos. A lo anterior, el juez precisó, que la quejosa señaló que eraun subsidio en materia fiscal, pues bien, el subsidio en materiatributaria tenía la naturaleza jurídica desgravatoria o exonedorade carácter parcial que se distinguía de los supuestos de nosujeción, es decir, el legislador tributario únicamente señalacuales son las personas no sujetas al tributo; en cambio elsubsidio fiscal no puede existir sin hecho punible previo, lo queen el caso consideró se estaba ante un estímulo fiscal ya queexistía el hecho punible como lo era el pago sobre tenencia o usode vehículo, por lo que consideró analizar dicho concepto a laluz de estímulo fiscal y no como subsidio. El anterior motivo de agravio fue considerado inoperantepor parte del juez de Distrito, en razón a los siguientesrazonamientos: - En principio, que diversos criterios jurisprudencialeshabían establecido que los estímulos fiscales eran prestacioneseconómicas concedidas a una persona que podía hacer valer asu favor, respecto de un tributo a su cargo, con el objeto deobtener de ese beneficio un fin parafiscal o extra fiscal. - Luego, que los estímulos fiscales, a pesar de sudenominación tributaria, no siempre quedaban integrados a laestructura de la contribución, ya que el Estado podía sóloutilizarlos como instrumentos eficientes para alcanzar sus finespúblicos; es decir, por facilidad operativa se incorporaba al final
  • 12. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -12- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.de la mecánica de la contribución para disminuir la cargaimpositiva, siendo este último el beneficio económico que recibíael gobernado. - Además, que la característica principal de este tipo debeneficios era que el legislador no trataba de medir o graduar lacapacidad contributiva de los sujetos obligados, de hechoatendían a factores que no guardaban relación con los elementoscuantitativos del tributo, por lo que podían surgir en un ejercicio ono estar presentes en otro, de acuerdo con las políticaseconómicas del Estado, sin afectar a la tributación misma, puesla correspondencia sólo se reflejaba en el sujeto obligado y lacarga económica que tenía que cubrir. Con base en lo expuesto, arribó a la convicción de que unestímulo fiscal no tenía relevancia impositiva en el impuesto quese reclamase, cuando no se adhiriere a alguno de sus elementosesenciales como objeto, base, tasa o tarifa, o integra sumecánica. Por tanto, el juzgador determinó que en el caso de que alestímulo fiscal no le fueran aplicables las mismas reglas que alas contribuciones; es decir, las de justicia tributaria, y en elamparo se enderezaren conceptos de violación en ese sentido,los mismos debían declararse inoperantes, pues no era posibleanalizarlo en esos términos. Además, precisó que el apoyo o estímulo fiscal establecidoa través del artículo 19 y las reglas antes referidas, en nadamodificaban los elementos esenciales del tributo, pues estosseguían intocados en la Ley de Hacienda del Estado de NuevoLeón, en consecuencia, con la emisión de los actos reclamados
  • 13. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -13- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.no se modificaban ni adicionaban los elementos esenciales delimpuesto sobre tenencia o uso de vehículos en el Estado deNuevo León, pues éstos subsistían en el supuesto de que elapoyo fiscal dejare de existir. Bajo el anterior razonamiento, el a quo llegó a la conclusiónque al quedar establecido que el apoyo o estímulo fiscalcontenido en la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León y enlas Reglas de Operación del Programa de Apoyo en MateriaVehicular a la Economía de las Familias de Nuevo León, no seincorporaba al esquema del tributo, ya que no actuaba a travésde un elemento esencial o se adicionaba a su mecánica, dadoque se podía separar de la norma, y que tampoco teníarelevancia impositiva porque no se asociaba a la valoración de lacapacidad contributiva de los sujetos obligados, por tanto, sedeterminaba que en este caso el apoyo o estímulo fiscal operabadesde afuera; es decir, sin relevancia impositiva debido a quesolamente sustraía una parte del impuesto que debía soportar elcontribuyente, de ahí lo inoperante de los conceptos de violación,ya que en el caso no se podía analizar la inconstitucionalidad delacto atendiendo a los principios de justicia tributaria contenidosen el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Sustentando su criterio, por analogía, con la jurisprudencia185/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, de rubro: "ESTÍMULO FISCAL, EL ANÁLISIS DECONSTITUCIONALIDAD DEL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A,FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA ELEJERCICIO FISCAL DE 2009, NO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA ÓPTICA DE LOSPRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA."
  • 14. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -14- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II. Finalmente, el a quo declaró infundado el concepto deviolación, en el que la quejosa adujo que el impuestoreclamado violaba el artículo 16 Constitucional. Lo anterior, pues señaló que la obligación de fundar ymotivar, en tratándose de actos legislativos, se veíansatisfechas cuando estos fueran emitidos dentro de los límitesde las atribuciones que la constitución le confiere a laautoridad, y cuando las leyes que emitan se refieran arelaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas,por lo que no era necesario que todas y cada una de lasdisposiciones que integran estos ordenamientos debían sernecesariamente materia de una motivación. Por tanto, señaló que las reformas a la Ley de Haciendadel Estado de Nuevo León, vigente a partir del primero deenero de dos mil diez, al ser propuesta por uno de los órganoscompetentes para ello, en el caso, el gobernador del Estado, yexpedida por el órgano competente, el Congreso del estado, noviolaba lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, puesademás regulaba una situación social necesaria para cubrir elgasto público, que con independencia que lo manifestado en lainiciativa o en la exposición de motivos, tuviera o no sustento,lo cierto era que la inconstitucionalidad de una ley sólo podíaderivarse de su proceso de creación o de su contenido, más node las exposiciones de motivos contenidas en una iniciativa deley, así como de los debates del legislador, cuyo único objetoes de facilitar el análisis, discusión y aprobación de losproyectos de ley por el Congreso. La sentencia constitucional concluyó con los resolutivossiguientes:
  • 15. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -15- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II. “PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo 345/2011, promovido por PEPSICO INTERNACIONAL MÉXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, contra las autoridades y actos que reclamaron, de conformidad con lo establecido en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. - - - SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A PEPSICO INTERNACIONAL MÉXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, contra los actos que reclamó, por lo motivos que se precisan en el último considerando de este fallo constitucional.” TERCERO.- No se transcriben los agravios queformula el recurrente en virtud de que no existe dispositivolegal que así lo exija; en el entendido de que serán referidos enel considerando correspondiente. Lo anterior encuentra apoyoen la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la SegundaSala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en elSemanario Judicial de la Federación y su Gaceta, NovenaÉpoca, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, cuyo rubro es:“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARACUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA YEXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ESINNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”. CUARTO. No serán materia de estudio en la presenteejecutoria las consideraciones emitidas en el fallo que se revisaen el considerando tercero y sexto, donde el juzgador sobreseerespecto de diversas autoridades y actos, conforme a losrazonamientos ahí expresados. Lo anterior es así, debido a que tales determinaciones noaparecen combatidas por parte legítima; en cuya virtud, debenquedar firmes.
  • 16. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -16- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II. Avala dicha decisión, la jurisprudencia de la entoncesTercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyorubro y datos de localización son: "REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES." (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de 1917 a 1995, tomo VI, Materia Común, página 471, identificable con el número de registro 394,427). QUINTO.- Es fundada una parte del primero de losagravios y suficiente para revocar el fallo que se revisa, deacuerdo con las consideraciones que se exponen a continuación. En dicho concepto de agravio la recurrentesustancialmente alega que la sentencia revisada es contraria aderecho, ya que el juzgador Federal para declarar infundadosconjuntamente los conceptos de violación tercero y cuarto, de sudemanda de garantías y por ende declarar la constitucionalidadde los sistemas de tributación contenidos en el numeral 132,derivado del esquema previsto en el ordinal 122, fracción II, yúltimo párrafo, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado deNuevo León, así como del sistema previsto en el artículo 133,derivado del esquema previsto en el diverso numeral 122,fracción I, de la ley en cita, el juzgador realizó un estudioindividual de cada sistema en lugar de analizar laconstitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos pero a laluz de su confrontación como se propuso en los agravios encomento, de forma tal, que no fue resuelta la cuestiónefectivamente planteada. Que en atención a la imprecisión destacada, el juzgadorinterpretó y aplicó erróneamente los numerales 122, fracción I y II
  • 17. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -17- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.y último párrafo, así como los diversos 132 y 133, todos de la Leyde Hacienda para el Estado de Nuevo León; además, que de lasentencia que se recurre no se advierte argumento alguno porparte del juzgador tendiente a abordar eficazmente el estudio delconcepto de violación cuarto. Alega, que como podrá advertirse del tercer conceptode violación contenido en la demanda de garantías, los quejososrevisionistas no reclamaron la inconstitucionalidad del sistema detributación contenido en el numeral 133, derivado del 122,fracción I, de la Ley de Hacienda para el Estado de Nuevo Leónpor vicios propios, es decir por violación al principio deproporcionalidad tributaria, que genera la aplicación de dichosistema entre los sujetos pasivos a quienes le es aplicable, sinoque se reclamó en confrontación con el diverso sistema detributación contenido en el numeral 133, derivado del sistemaprevisto en el 122, fracción II y último párrafo de la Ley deHacienda para el Estado de Nuevo León. Que lo anterior era así, pues la violación al principio deproporcionalidad tributaria reclamada por los quejosos seproduce cuando el sistema contenido en el 133, derivado delesquema contenido en el diverso 122, fracción I, de la Ley deHacienda para el Estado de Nuevo León, al que están afectos losquejosos, esto es, los usuarios o tenedores de vehículos usadosdestinados al transporte de hasta quince pasajeros, al serconfrontado con el sistema establecido en el numeral 132,derivado del esquema tributario ubicado en el ordinal 122,fracción II y último párrafo, de la citada ley, es decir, aquelsistema al que están sujetos los tenedores o usuarios devehículos denominados “pick up”.
  • 18. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -18- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II. Que el análisis efectuado respecto al principio deequidad tributaria planteado en la demanda de garantías enrelación con los numerales citados, fue equivocado, toda vez quese hizo referencia a un supuesto argumento vertido por la ahorarevisionista en cuanto al trato preferencial que el numeral 122,fracción II, de la Ley de Hacienda para el Estado otorga a losvehículos denominados “taxis”, cuando en principio la quejosa sedolió a través del concepto de violación tercero del tratopreferencial que el numeral 122, fracción II y último párrafo de laLey de Hacienda otorga a los vehículos denominados “pick up”,por lo que no se resuelve la controversia efectivamenteplanteada en el mencionado concepto de violación. Señala, que no obstante no haber reclamado losargumentos destacados por el juzgador en cuanto al tratopreferencial de los “taxis”, “ad cautelam” expone razones paraconsiderar que el referido trato preferencial otorgado a losvehículos “pick up”, no se encuentra justificado con basesobjetivas, partiendo de la supuesta justificación al tratopreferencial otorgado por la norma a los tenedores o usuarios devehículos denominados “taxis”. Al respecto, dice que los argumentos señalados por eljuzgador mediante los que pretendió demostrar que el tratopreferencial otorgado a los vehículos destinados al servicio depasajeros denominados “taxis” por el numeral 122, fracción II, dela Ley de Hacienda para el Estado de Nuevo León, no resultaviolatorio del principio de equidad tributaria, al estar sustentadoen bases objetivas y de índole económico-social, no resultanaplicables ni acertados para demostrar la justificación del tratopreferencial el citado artículo 122, fracción II, último párrafo,otorga a los vehículos tipo “pick up”.
  • 19. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -19- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II. Ello, pues debía señalarse que la Constitución Políticadel Estado no facultaba a la legislatura Estatal a “transformar”impuestos federal en contribuciones locales, sino establecer lascontribuciones que fueran indispensables para la satisfacción delas necesidades de la Entidad y sus municipio. Por tanto, debíaconcluirse que el decreto 146, a través del que se reformó víaadición la Ley de Hacienda Estatal “creó” una nueva contribucióny no transformó el impuesto de federal a local; de ahí que laexposición de motivos relativa a la Ley del Impuesto SobreTenencia o Uso de Vehículos no puede de manera alguna servirde sustento para justificar el ejercicio de la potestad tributaria porparte del Congreso Local para crear el impuesto de mérito, puesde aceptar dicha postura se aceptaría que el Congreso de laUnión tuvo injerencia en el proceso legislativo que culminó con laemisión del decreto 146 reclamado en la demanda de garantías. En esas condiciones, el análisis efectuado por el juezFederal debió circunscribirse únicamente a los debatesformulados en la exposición de motivos emanada del CongresoLocal, sin que de dicha discusión pueda advertirse el tratamientopreferencial otorgado a los vehículos denominados “pick up”, yaque no se aprecia discusión alguna sobre que el tratamientodistinto obedezca necesidades de fomentar la reactivación delservicio de transporte por ser una cuestión de orden social y parafomentar la economía en el Estado de Nuevo León ydefinitivamente ello tampoco se desprende del argumentorelativo a que se pretendió establecer el Impuesto sobre tenenciao uso de vehículos a nivel estatal en los mismos términos que lalegislación Federal, ya que ello solo significa que el Estadopretendió reproducir en la Ley Hacendaria Estatal en un gradocasi íntegro las disposiciones contenidas en la Ley del Impuesto
  • 20. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -20- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, más no hacer suyas lasdiscusiones y debates contenidos en la exposición de motivosrelativa a la reforma a dicha Ley Federal analizada por larecurrida. Señala además, que de resultar infundado lo alegadocon anterioridad, también cobraba relevancia el que la Ley delImpuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos fue abrogadamediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaciónel veintiuno de diciembre de dos mil siete, en donde se precisóque todos los mexicanos estaríamos exentos de dicho pago apartir del uno de enero de dos mil doce, por lo que a su sentir,resulta absurdo que la finalidad de apoyar la reactivación deltransporte y promover el oportuno cumplimiento en el pago deltributo sean factores para justificar el tratamiento preferencial alos tenedores o usuarios de vehículos “pick up”, contenido en losartículos 132 y 122, fracción II y último párrafo de la Ley deHacienda para el Estado de Nuevo León, pues el Congreso de laUnión previamente decidió que dicha contribución ya no seríanecesaria para cubrir el presupuesto federal a partir de esa data. Luego, podía concluirse que las razones expuestas enla exposición de motivos analizada por el juzgador en lasentencia recurrida han cesado de tener vigencia, pues ya noserá necesario reactivar la actividad del transporte aplicandotasas preferenciales a los contribuyentes tenedores de ciertosvehículos, como en la especie los denominados “pick up”,sencillamente porque ya no existirá el impuesto en comento y porlo mismo no será necesario a través de la aplicación de dichastasas preferenciales promover el pago oportuno de ese tributo.
  • 21. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -21- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II. Asimismo, cuestiona que el juzgador argumenta que encuanto a los vehículos destinados al transporte de carga o paramás de quince pasajeros, el tributo se calcula atendiendo al pesobruto o a la capacidad para transportar pasajeros y que dichadistinción la consideraba justificada ya que se tomaron en cuentarazones de naturaleza económica y social, tales como impulsar laactividad del transporte, ya sea de carga o pasajeros, por lo quese consideraba que el legislativo tuvo razones objetivasextrafiscales para crear esa categoría de vehículos con untratamiento fiscal distinto. Así, refiere que la confrontación de los sistemastributarios establecidos en los numerales que cuestiona produceviolación al principio de equidad tributaria consagrado en elartículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, ya que a loscontribuyentes que tributan por ser tenedores o usuarios devehículos usados destinados al transporte de hasta quincepasajeros se les da un trato distinto al recibido por los causantesque tributan por ser propietarios o tenedores de vehículos “pickup”, pues a estos se les da un tratamiento fiscal distintoinjustificado, toda vez que en ambos casos, aun cuando losvehículos contaran con la misma antigüedad y sin importar que elvalor sea idéntico o incluso menos el de los destinados altransporte de hasta quince pasajeros y se destinen al mismo uso,resultarán beneficiados los usuarios de vehículos “pick up”, enfunción de la “versión” o “línea” del automóvil que detentan(equipado con caja de carga), lo que a su parecer, de ningunaforma obedece a una finalidad legítima objetiva yconstitucionalmente válida, pues la supuesta justificación conbases objetivas y razonables que la autoridad consideró, esdecir, el fomento y apoyo a la actividad económica relacionadacon el transporte no encuentra sustento para los vehículos
  • 22. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -22- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.denominados “pick up”, puesto que existen muchos vehículos deeste tipo que son autos de lujo para uso particular y no siemprese destinan al transporte comercial o industrial. Finalmente, aduce que no advierte que el juzgador sepronunciara cabalmente sobre el cuarto concepto de violaciónformulado en su demanda de garantías, en relación con elartículo 133 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León. Como se adelantó, es fundado el agravio en cuestión,toda vez que contrario a lo resuelto, no se adviertenconsideraciones objetivas que justifiquen el trato diferenciadoprevisto en los artículos 122, 132 y 133 de la Ley de Haciendadel Estado de Nuevo León, que otorgan un trato preferencial alos tenedores o usuarios de vehículos “pick up”, respecto al restode los gobernados, y por consecuencia resultan violatorios delprincipio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracciónIV Constitucional. Ahora bien, a fin de justificar lo anterior, convieneseñalar que el artículo 64 de la Constitución del Estado deNuevo León, establece lo siguiente: “Art. 64.- No puede el Congreso: I.- Establecer más contribuciones que las indispensables para satisfacer las necesidades generales del Estado y de los Municipios. (…)” Dicho numeral interpretado en un sentido contrario,prevé la facultad del legislador local para establecer los tributosque estime necesarios para solventar las necesidades de laEntidad y municipio; facultad la anterior que presupone una
  • 23. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -23- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.libertad para legislar e implementar la normatividad que resultepertinente para alcanzar dicho fin. También cobra relevancia destacar que el DiccionarioJurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas,3idefine que el objetivo primario de la actividad técnica en laelaboración de las leyes consiste en transformar los finesimprecisos de una sociedad en normas jurídicas, que permitanrealizar esos fines en la vida práctica. La primera tarea que seimpone en esta materia es, por lo tanto, la de formular lasnormas jurídicas, o sea traducir al lenguaje legal las ideassurgidas de procesos previos. Aquí la importancia de las fuentesdel derecho (leyes, costumbres, jurisprudencia, doctrina, etc.),“que deben manifestarse mediante un vocabulario preciso,utilizando en lo posible las palabras con un significado definido yconstante, procurando la claridad de la expresión y prefiriendo lasencillez y simplicidad al exagerado tecnicismo”. Además, señala que la técnica convierte el contenido ylos propósitos del derecho en palabras, frases y normas a lascuales da una arquitectura sistemática. Es la diferencia queexiste entre la idea y su realización, entre el fondo y la forma. Elestudio científico y la política sólo dan la materia prima de lanorma, la técnica la moldea, la adapta y la trasforma para lograrla realización práctica de esos propósitos. Y concluye que el legislador tiene la obligación demejorar y de readaptar las leyes, puesto que éstas debensometerse a las exigencias de adecuación, necesariedad,proporcionalidad, claridad y exigibilidad, y en cuanto una ley3 , Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, Edición Histórica,Editorial Porrúa S.A y Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, Pág. 3630
  • 24. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -24- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.determina defectuosamente los supuestos de hecho y estableceprecisiones defectuosas, reconocibles ex ante o a posteriori, estáfallando en su esencia, en su finalidad, pierde su razón de existirfrente a la regulación que pretende; deviene inapropiada y no essusceptible ni digna de constreñir derechos. Por otra parte, en relación con las leyes fiscales elDiccionario Jurídico Mexicano del Instituto de InvestigacionesJurídicas4, señala que la ley en el ámbito tributario tiene lanecesidad de regular los elementos esenciales de lacontribución, tales como los sujetos pasivos, hecho imponible ogenerador y los elementos mínimos de cuantificación. La ley esuna garantía a favor del ciudadano de que sólo le podrán sercobradas aquellas contribuciones establecidas en leyesemanadas del Poder Legislativo en el que se encuentran susrepresentantes electos popularmente. La ley tributaria es la expresión de los principios delegalidad y de reserva de ley, porque por un lado, contiene loslímites de la actuación de la administración pública, y por otro lareserva de ley en materia tributaria garantiza que los elementosesenciales del tributo o la contribución se establecerán a travésde un proceso legislativo. La ley debe ser un mecanismo dedefensa de la arbitrariedad y discrecionalidad de la autoridad. En el constitucionalismo moderno es característica detodos los Estados que los tributos se establezcan por medio de laley votada en cortes, lo cual cumple con los mandatosconstitucionales. El establecimiento de contribuciones a través dela ley tiene la necesidad de mencionar detalladamente loselementos estructurales que componen los tributos: hecho4 Idem, Págs. 2362 y 2363.
  • 25. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -25- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.imponible, sujetos, devengo o causación, base imponible, tipo degravamen, tasa, etc. Del tal forma que el principio de legalidadprofundiza y comprende la aprobación por los ciudadanos, detodos los elementos que, en definitiva, van a utilizarse paradeterminar la cuota que han de pagar. En México, las leyes tributarias pueden ser federales olocales. Son federales las leyes emanadas del Congreso de laUnión, que tiene como ámbito territorial de aplicación todo elterritorio nacional, y que crean o imponen contribuciones enaquellas materias en las que puede legislar el Congreso federalde acuerdo con el sistema de distribución de competencias queestablece la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos. Son leyes fiscales locales las que emanan de laslegislaturas de cada estado o entidad federativa, que tiene comoámbito territorial de la entidad federativa y que establecen ocrean contribuciones sobre aquellas materias que no estánreservadas a la Federación. Destaca, que las legislaturas de los estados no sólodeben emitir las leyes fiscales correspondientes a los ingresosdestinados a cubrir el presupuesto de la entidad federativa, sinoque también deben emitir leyes que señalen las contribucionesque podrán cobrar los municipios para formar la haciendamunicipal, debido a que éstos no tienen poder de imposición, deacuerdo con lo que dispone la fr. IV del a 115 constitucional. Ahora bien, para el caso a estudio, igualmente esimportante señalar que mediante Decreto de veintiuno dediciembre de dos mil siete, publicado en el Diario Oficial de laFederación se determinó, entre otras cosas, lo siguiente:
  • 26. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -26- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II. “DECRETO por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. (…) LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS ARTÍCULO TERCERO.- Se ABROGA la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980. DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS ARTÍCULO CUARTO.- El artículo tercero de este Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2012. En caso de que, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, antes de la fecha señalada en el párrafo anterior las entidades federativas establezcan impuestos locales sobre tenencia o uso de vehículos respecto de vehículos por los que se deba cubrir el impuesto federal contemplado en la ley que se abroga, se suspenderá el cobro del impuesto federal correspondiente en la entidad federativa de que se trate. Las obligaciones derivadas de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos que se abroga conforme al artículo anterior de este Decreto, que hubieran nacido durante su vigencia por la realización de las situaciones jurídicas previstas en dichos ordenamientos, deberán ser cumplidas en las formas y plazos establecidos en los mismos y en las demás disposiciones aplicables. (…)” Como puede advertirse del Decreto señalado, en lo quedestaca, se abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso deVehículos a partir del año dos mil doce, y además, no obstanteque dicho tributo es federal, las entidades federativas que así loestimen conveniente podrán establecer este tipo de contribuciónantes de su abrogación, situación la anterior que permite concluirque con la plena libertad podrán determinar las características,los requisitos y las condiciones que consideren pertinentes parasu recaudación. Actividad legislativa la anterior, que de acuerdo con latécnica que debe observar, implicaría un proceso de creación de
  • 27. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -27- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.la norma fiscal, donde se externe no sólo la imposición de unanueva contribución para los gobernados, sino también loselementos esenciales que integrarán dicho tributo, tales como elobjeto, la base y los sujetos, entre otros; todo ello con laintención de garantizar los derechos fundamentales de legalidady seguridad jurídica que impiden la carga de una prestaciónpersonal o patrimonial sin arreglo con la ley previamenteestablecida. Por otra parte, en relación con el principio de equidadtributaria, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,en su jurisprudencia 24/2000, de rubro: “IMPUESTOS.PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR ELARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL”, señala quedicho principio presupone la igualdad, ante la misma leytributaria, de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, losque en consecuencia deben recibir igual trato y que puedetraducirse en que las normas tributarias otorguen un tratamientoigual a quienes se encuentren en situaciones idénticas y desiguala los que por el contrario se ubiquen en una situacionesdiversas. Esto es, el principio constitucional de equidad tributaria,obliga a que no exista distinción entre hipótesis jurídicas quepueden considerarse iguales, sin que haya, para esto, unajustificación objetiva y razonable; en otras palabras, el principiode equidad consiste en evitar que existan normas que,destinadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad dehecho, produzcan desigualdad como efecto de su aplicación, algenerar un trato distinto en situaciones análogas o al propiciarefectos iguales sobre sujetos que se ubican en situacionesdispares.
  • 28. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -28- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II. El criterio mencionado, dictado por el Pleno de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, se localiza en elSemanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, demarzo de 2000, página 35, de rubro y texto siguientes: “IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.” Como puede observarse, para cumplir con el principiode equidad tributaria, el legislador al crear una norma relativa aimpuestos, no sólo tiene la facultad sino también la obligación decrear categorías o clasificaciones de contribuyentes, se limita talproceder a que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, es decir,tienen que ser sustentadas en bases objetivas que justifiquen eltrato diferente entre una y otra categoría, y que puedenresponder a finalidades económicas o sociales, razones depolítica fiscal o incluso extrafiscales. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte deJusticia de la Nación, en la jurisprudencia 46/2005, señaló que
  • 29. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -29- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.por regla general correspondía la legislador justificarexpresamente, en la exposición de motivos o en los dictámenescorrespondientes los fines extrafiscales que pudiera perseguir alestablecer alguna contribución, a fin de reflejar su voluntad en elproceso de creación de un tributo, pues de esa forma, ante unproblema de constitucionalidad el juzgador podría atender a lasjustificaciones expresadas por los órganos encargados de lacreación de una ley y no a las posibles ideas o razones quehubiesen tenido u objetivos que se pretendieran alcanzar; reglala anterior, que permite una excepción cuando el caso permitaadvertir de forma evidente la finalidad perseguida por la norma. Consideraciones que se ubican en la jurisprudenciavisible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,tomo XXI, de mayo de 2005, página 157, de rubro y textosiguientes: “FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES. Una nueva reflexión sobre el tema de los fines extrafiscales conduce a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar que si bien es cierto que el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios, también lo es que puede agregarse otro de similar naturaleza, relativo a que aquéllas pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar (fines extrafiscales), por lo que ineludiblemente será el órgano legislativo el que justifique expresamente, en la exposición de motivos o en los dictámenes o en la misma ley, los mencionados fines extrafiscales que persiguen las contribuciones con su imposición. En efecto, el Estado al establecer las contribuciones respectivas, a fin de lograr una mejor captación de los recursos para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que respondan a fines extrafiscales, pero tendrá que ser el legislador quien en este supuesto refleje su voluntad en el proceso de creación de la contribución, en virtud de que en un problema de constitucionalidad de leyes debe atenderse sustancialmente a las justificaciones expresadas por los órganos encargados de crear la ley y no a las posibles ideas que haya tenido o a las posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar. Lo anterior adquiere relevancia si se toma en cuenta que al
  • 30. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -30- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II. corresponder al legislador señalar expresamente los fines extrafiscales de la contribución, el órgano de control contará con otros elementos cuyo análisis le permitirá llegar a la convicción y determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos reclamados. Independientemente de lo anterior, podrán existir casos excepcionales en que el órgano de control advierta que la contribución está encaminada a proteger o ayudar a clases marginales, en cuyo caso el fin extrafiscal es evidente, es decir, se trata de un fin especial de auxilio y, por tanto, no será necesario que en la iniciativa, en los dictámenes o en la propia ley el legislador exponga o revele los fines extrafiscales, al resultar un hecho notorio la finalidad que persigue la contribución respectiva.” Igualmente, cobra relevancia el criterio sostenido por elPleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dondedeterminó que si de la simple lectura de una norma tributaria seadvierte, prima facie, que está orientada a impulsar, conducir odesincentivar ciertas actividades o usos sociales, según seaconsiderados útiles o no para el desarrollo armónico del país, ylos fines que pretende son fácilmente identificables en tanto sedesprenden con claridad del propio precepto sin necesidad dehacer un complicado ejercicio de interpretación, esincuestionable que el juzgador puede sostener que el preceptorelativo establece fines extrafiscales aunque sobre el particularno se haya hecho pronunciamiento alguno en la exposición demotivos o en el proceso legislativo respectivo. Consideraciones que se localizan en la tesis visible en elSemanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembrede 2007, página 20, de rubro y texto siguientes: “FINES EXTRAFISCALES. NO NECESARIAMENTE DERIVAN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY CORRESPONDIENTE O DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE LE DIO ORIGEN, SINO QUE PUEDEN DEDUCIRSE DEL PRECEPTO QUE LOS ESTABLEZCA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos de autoridad legislativa, el requisito de fundamentación se satisface cuando aquella actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere y la motivación se colma cuando las leyes que emite se
  • 31. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -31- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II. refieren a relaciones sociales que deben regularse jurídicamente, sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran los ordenamientos deban ser materia de una motivación específica, pues ello significaría una actividad materialmente imposible de llevar a cabo. Ahora bien, si de la simple lectura de una norma tributaria se advierte, prima facie, que está orientada a impulsar, conducir o desincentivar ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no para el desarrollo armónico del país, y los fines que pretende son fácilmente identificables en tanto se desprenden con claridad del propio precepto sin necesidad de hacer un complicado ejercicio de interpretación, es incuestionable que el juzgador puede sostener que el precepto relativo establece fines extrafiscales aunque sobre el particular no se haya hecho pronunciamiento alguno en la exposición de motivos o en el proceso legislativo respectivo”. Dicho lo anterior, conviene precisar el contenido de losartículos cuya inconstitucionalidad reclama la parte quejosa ydonde, según dice, se da un trato preferencial injustificado por ellegislador: “Artículo 122. Tratándose de automóviles, omnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda, el impuesto se calculará como a continuación se indica: I. En el caso de automóviles nuevos, destinados al transporte hasta de quince pasajeros, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo, la siguiente: TARIFA Límite inferior Límite inferior Cuota fija Tasa para aplicarse sobre el excedente del importe señalado en el límite inferior $ $ $ $ De 0.01 a 526,657.78 0.00 3.0 Mayor de a 15,799.73 8.7 526,657.78 1,013,523.64 Mayor de a 58,157.06 13.3 1,013,523.64 1,362,288.13 Mayor de a 104,542.7 16.8 1,362,288.13 1,711,052.62 4 Mayor de 163,135.1 19.1 1,711,052.62 6 Tratándose de automóviles blindados, excepto camiones, la tarifa a que se refiere esta fracción se aplicará sobre el valor total del vehículo, sin incluir el valor del material utilizado para el blindaje. En ningún caso el impuesto que se tenga que pagar por dichos vehículos, será mayor al que tendrían que pagarse por la versión de mayor precio de enajenación de un automóvil sin blindaje del mismo modelo
  • 32. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -32- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.y año. Cuando no exista vehículo sin blindar quecorresponda al mismo modelo, año o versión del automóvilblindado, el impuesto para este último, será la cantidad queresulte de aplicar al valor total del vehículo, la tarifaestablecida en esta fracción, multiplicando el resultado porel factor de 0.80.II. Para automóviles nuevos destinados al transporte demás de quince pasajeros o efectos cuyo peso brutovehicular sea menor a 15 toneladas y para automóvilesnuevos que cuenten con placas de servicio público detransporte de pasajeros y los denominados "taxis", elimpuesto será la cantidad que resulte de aplicar el 0.245%al valor total del automóvil.Cuando el peso bruto vehicular sea de 15 a 35 toneladas,el impuesto se calculará multiplicando la cantidad queresulte de aplicar el 0.50% al valor total del automóvil, porel factor fiscal que resulte de dividir el peso bruto máximovehicular expresado en toneladas, entre 30. En el caso deque el peso sea mayor de 35 toneladas se tomará comopeso bruto máximo vehicular esta cantidad.Para los efectos de esta fracción, peso bruto vehicular es elpeso del vehículo totalmente equipado incluyendo chasis,cabina, carrocería, unidad de arrastre con el equipo y cargaútil transportable.III. Tratándose de automóviles de más de diez añosmodelos anteriores al de aplicación de este Capítulo, elimpuesto se pagará a la tasa del 0%.Para los efectos de este Artículo, se entiende por vehículosdestinados a transporte de más de 15 pasajeros o para eltransporte de efectos, los camiones, vehículos Pick Up sinimportar el peso bruto vehicular, tractores no agrícolas tipoquinta rueda, así como minibuses, microbuses y autobusesintegrales, cualquiera que sea su tipo y peso brutovehicular”.“Artículo 132. Tratándose de vehículos de fabricaciónnacional o importados, a que se refieren los Artículos 122,fracción II y 126 de la presente Ley, así como deaeronaves, excepto automóviles destinados al transportede hasta quince pasajeros, el impuesto será el que resultede multiplicar el importe del impuesto causado en elejercicio fiscal inmediato anterior por el factor quecorresponda conforme a los años de antigüedad delvehículo, de acuerdo con la siguiente:TABLA Años de antigüedad Factor 1 0.900 2 0.889 3 0.875 4 0.857 5 0.833 6 0.800 7 0.750 8 0.667 9 0.500
  • 33. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -33- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II. El resultado obtenido conforme al párrafo anterior, se actualizará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 129 del presente Capítulo. Tratándose de automóviles de servicio particular que pasen a ser de servicio público de transporte denominados "taxis", el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se calculará, para el ejercicio fiscal siguiente a aquél en el que se dé esta circunstancia, conforme al siguiente procedimiento: I. El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo del vehículo, de conformidad con la tabla establecida en este Artículo; y II. La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se actualizará de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 129 del presente Capítulo el resultado obtenido se multiplicará por 0.245%. Para los efectos de este Artículo, los años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a partir del año modelo al que corresponda el vehículo”. “ARTÍCULO 133.- Tratándose de automóviles de fabricación nacional o importados, de hasta nueve años modelo anteriores al de aplicación de este Capítulo, destinados al transporte de hasta quince pasajeros, el impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente: El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo del vehículo, de conformidad con la siguiente: TABLA Años de antigüedad Factor de depreciación 1 0.850 2 0.725 3 0.600 4 0.500 5 0.400 6 0.300 7 0.225 8 0.150 9 0.075 La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se actualizará de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 129 del presente Capítulo y al resultado se le aplicará la tarifa a que hace referencia el Artículo 122 de este Capítulo. Para efectos de la depreciación y actualización a que se refiere este artículo, los años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a partir del año modelo al que corresponda el vehículo”. **********Como puede desprenderse del contenido delos numerales reseñados, en ellos se establecen diversas reglas
  • 34. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -34- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.para calcular el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, enlo que trasciende, respecto de aquéllos destinados para eltransporte de hasta quince pasajeros y de más de este númerode tripulantes; igualmente, señala que para efectos de loestipulado en el artículo 122, fracción II, se deberá entendercomo vehículo destinado al transporte de más de quincepasajeros los tipo “pick up”, mismos que pagarán un impuestoresultado de aplicar el 0.245% al valor total del automóvil. Además, lo anterior permite evidenciar que dichosartículos, establecen una tasa variable para todos losautomóviles, misma que se va incrementado conforme al valordel vehículo, sin embargo, en lo que ahora cobra relevancia,para los vehículos denominados “pick up” el impuesto sedeterminará al aplicar una tasa fija del 0.245% al valor total delvehículo. Por tanto, se advierte un trato diferenciado al disponerseuna tasa fija menor a los propietarios o usuarios de vehículos tipo“pick up” (0.245%), para el cálculo y determinación del ImpuestoSobre Tenencia o Uso de Vehículos para el año dos mil once,respecto del resto de los contribuyentes, que como los quejososdetentan vehículos clasificados como destinados al transporte demás de quince pasajeros, cuya tasa inicial es de 3.0%, mismaque se incrementa conforme el valor de la unidad, hasta alcanzaruna tasa del 19.1% a pagar sobre el excedente del importe totaldel valor total del vehículo, conforme al límite inferior. Como se anticipó al inicio del presente considerando, delos artículos citados, no se desprenden elementos objetivos quepermitan justificar el trato diferenciado dado a los propietarios delos vehículos denominados “pick up”, respecto a los demás
  • 35. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -35- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.sujetos del tributo, pues aun cuando el legislador está facultado –y en algunos casos hasta obligado- a establecer tratos diferentesque pudieran obedecer a cuestiones de política fiscal o a un finextrafiscal, de los numerales en cita no es posible apreciar dichascuestiones, así como tampoco de la discusión y dictamen quegeneró la creación del Impuesto sobre tenencia o uso devehículos en el Estado de Nuevo León. Es así, pues de la exposición de motivos relativa a lareforma que introdujo el mencionado tributo en la Ley deHacienda del Estado de Nuevo León, visible en el Diario de losDebates, identificado con el número 163-LXXII S.O. de quince dediciembre de dos mil diez, se expuso lo siguiente: “… POR OTRO LADO, DESTACA LA MODIFICACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS ACTUALMENTE DEROGADOS, ADICIONANDO UN CAPÍTULO QUINTO “DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS” Y LOS ARTÍCULOS 118 AL 138, RESULTANDO EN LA TRANSFORMACIÓN DEL IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, EN UNA CONTRIBUCIÓN ESTATAL, EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE CONTEMPLA LA LEGISLACIÓN FEDERAL, CON EL OBJETO DE FORTALECER LAS FINANZAS ESTATALES SIN INCREMENTAR LA CARGA FISCAL A LOS CONTRIBUYENTES, AL TRATARSE DE UN IMPUESTO AL QUE ESTÁ SUJETO EL CIUDADANO. ESTA TRANSICIÓN DEL IMPUESTO FEDERAL A LOCAL PERMITE LA POSIBILIDAD DE QUE EN EL ÁMBITO ESTATAL SE PUEDAN EXPLORAR ESQUEMAS DE APOYO A LA POBLACIÓN QUE PERMITAN IR REDUCIENDO EN FORMA SIGNIFICATIVA EL IMPACTO DE ESTE GRAVAMEN, SIN CAUSAR PERJUICIO A LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL, PUES LA RECAUDACIÓN DE ÉSTE IMPUESTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES PROPIOS DEL ESTADO SIN INTERRUPCIÓN ALGUNA”. …” De dichas manifestaciones del legislador local seobserva, que el impuesto que ahora se tilda de inconstitucional,
  • 36. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -36- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.se impuso como resultado de una “transformación” del impuestofederal sobre tenencia o uso de vehículos vigente hasta elejercicio fiscal dos mil diez, para pasar a ser una contribuciónestatal; determinación que aparentemente obedeció al propósitode fortalecer las finanzas estatales sin incrementar la carga fiscala los contribuyentes, esto en los mismos términos quecontemplaba la legislación federal. Como puede apreciarse, le asiste razón a la partequejosa en cuanto alega que el juzgador Federal no podíajustificar el trato diferenciado establecido en los numerales encuestión, conforme a lo sostenido respecto de la legislaciónFederal, pues como se evidencia, por una parte, los numeralesno reflejan por sí la justificación para distinguir en la Entidad eltratamiento dado a los propietarios o usuarios de vehículos tipo“pick up” y por otra, de los razonamientos expresados por ellegislados estatal, no aparecen consideraciones o motivos quepermitan obtener una base objetiva del por qué se imponía yrecaudaba el impuesto en iguales términos que aquellosprevistos en la legislación Federal, esto es con los mismos tratosy distinciones ahí previstos. Veraz, pues como se precisó con antelación, en el casoparticular, la imposición del tributo por parte del legislador estatalderivó, en principio, de lo establecido en el decreto emitido elveintiuno de diciembre de dos mil siete, donde se estipuló laabrogación de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso deVehículos Federal, y se previó que los Estados que desearanretomar el impuesto de mérito, podían hacerlo, incluso antes dela fecha en que habría de desaparecer la contribución Federal.
  • 37. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -37- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II. De esa forma, si bien el legislador local quedó expeditopara retomar el impuesto en cuestión, no menos cierto es, queello no lo eximía de cumplir con las obligaciones mínimascorrespondientes a justificar los términos en que se llevaría acabo el cálculo del tributo, puesto que no debe confundirse lavoluntad expresada por crear un impuesto local queanteriormente se establecía como federal, con la obligación deexponer, al menos, el por qué se fincaba en iguales términos quelos previstos en la normatividad Federal. Lo anterior, en atención a que en el caso, no secomparte la idea de que exista una “transformación” del impuestosobre tenencia o uso de vehículos, ya que dicha figura no seencuentra prevista como tal en la Constitución del Estado deNuevo León, ni en los reglamentos y demás disposicionesrelativas al Poder Legislativo Estatal, de ahí, que si estamos antela creación de una contribución, el legislador, debe, al menos,exponer las razones por las que justifica cualquier tratopreferencial, ya que si bien, dicho tratamiento no está prohibido,lo cierto es que debe encontrar justificación ya sea en laexposición de motivos o debates correspondientes oexcepcionalmente, desprenderse del propio contenido de lanorma cuestionada. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, de lasconsideraciones advertidas en el diario de debatescorrespondiente al decreto donde se propuso la creación delimpuesto sobre tenencia o uso de vehículos, sólo aparecenrazones que justifican, en todo caso, la imposición del tributocomo estatal, puesto que el hecho de que se hubiese precisadopor el legislador que ello obedecía a una “transformación” eniguales términos que la legislación Federal, con el objeto de
  • 38. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -38- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.fortalecer las finanzas públicas, sin incrementar la carga fiscal delos contribuyentes pues se trataba de un impuesto que ya veníapagándose, sólo revela la justificación de la contribución ahoraestatal, pero es insuficiente para obtener mayor informaciónacerca de los motivos o razones que orillaron al legislador paraotorgar tratamientos idénticos a los previstos en la norma federalpara el cálculo del impuesto respecto de diversos sujetos. Sobre dicho punto es importante destacar que no puedeperderse de vista que las razones dadas por el legislador federalobedecen a situaciones de carácter nacional, vistas desde unpunto general que intenta abarcar a las mayorías en el país,puesto que sus normas no se limitan a un grupo o entidaddeterminado, sino que cubrirán la totalidad de los gobernados; deahí, que en el caso, el juzgador no podía acudir a los criteriossostenidos respecto a la legislación Federal para justificar lasmedidas o métodos establecidos para el cobro del impuesto en elEstado y menos aún, a la exposición de motivos del Congreso dela Unión de diez de noviembre de mil novecientos noventa ysiete, pues como se ha vislumbrado, las razones que ahí secontuvieran obedecieron a situaciones atinentes a lasnecesidades de la totalidad de la población y no a un Estado enParticular. Por ello, si el órgano legislativo del Estado de NuevoLeón, consideró prudente retomar el impuesto sobre tenencia ouso de vehículos que anteriormente tenía el carácter de federal,así como la forma para su cálculo y los tratos diferenciales ahíestablecidos, era menester que expresara, por lo menos, lasrazones por las que consideraba aplicables dichas cuestiones, loque como se ha expuesto, no aconteció en la especie.
  • 39. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -39- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II. Además, del propio contenido de los numeralescuestionados no se advierte de forma objetiva las razones quepudieron llevar al legislador para otorgar un trato preferencial alos tenedores o usuarios de vehículos tipo “pick up”, pues si bien,con el tratamiento dado a “taxis” o vehículos de transportepúblico, con independencia de la capacidad de número depasajeros, se percibe una intención de apoyar ese sector de lasociedad (transporte público), respecto de los mencionados “pickup”, no se aprecia elemento alguno que por sí solo puedasuplantar la omisión del legislador. Así resulta, ya que las condiciones en la entidad impidencoincidir con lo dicho por el juez de Distrito respecto a que eltrato dado a los vehículos de carga obedece a cuestionesobjetivas de naturaleza económica y social, consistentes enimpulsar la actividad de transporte y que estas cuestiones sedeterminaban por un órgano técnico desde la fabricación delvehículo, por lo que no quedaba a discreción de la autoridadadministrativa, sino a esquemas y especificaciones técnicas deespecialistas en la materia. Lo anterior, pues como se dijo en párrafos queanteceden, de la exposición de motivos ni del diario de debatesrelativo a la creación del impuesto sobre tenencia o uso devehículos en el Estado, no se advierte que el legislador previeradichas cuestiones o que al menos hubiese destacado unasimilitud en las condiciones actuales de la entidad para con lasexistentes en el País al momento de crear el impuesto federalque retomaba y que por ello, también se aplicara lo concernientea su cálculo para los neoloneses.
  • 40. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -40- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II. Máxime, si en el mercado nacional de vehículos tipo“pick up” encontramos que sus especificaciones técnicas arrojanresultados diversos en cuanto a su capacidad de carga y costode la unidad, es decir, que igualmente se encuentran vehículoscon un gran acondicionamiento mecánico para la realización detrabajos pesados y de un precio moderado en relación con laactividad en que habrá de utilizarse, así como también, otros conun costo mucho mayor y una capacidad de carga muy inferior alos restantes, que implicaría una inversión elevada en relacióncon el servicio de trabajo que podría prestar; lo que impideconcluir con certeza o notoriedad evidente que todo vehículo tipo“pick up” estaría destinado al transporte de carga o como detrabajo; de ahí que si el legislador local no estableció las razonesque tuvo para generar dicho trato preferencial o al menos, losmotivos que tuvo para afirmar que en la entidad prevalecíaniguales condiciones que las que generaron los elementosprevistos para el impuesto federal, es evidente que con dichaomisión se trastocó la equidad tributaria que debe respetar todanorma fiscal. Finalmente, cabe precisar que las consideracionesanteriores no resultan contradictorias con los diversos amparosen revisión, donde este tribunal ha resuelto sobre el tema de latenencia estatal que era válido que el juez de Distrito acudiera ala exposición de motivos del Legislador Federal para justificar eltrato deferencial dado a los propietarios o tenedores de vehículostipo “taxi”, ya que lo ahora determinado obedece a que losargumentos de la aquí quejosa cuestionan el trato dado a lospropietarios o poseedores de vehículos tipo “pick up”, mismo quetal cual se dijo en párrafos que anteceden no se justifica de formaevidente o notoria dentro la normatividad que rige dicho tributo, ypor ello se concluyó que el legislador Local sí debió exponer las
  • 41. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -41- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.razones que motivaran dicho trato; lo que no sucedió para elcaso de los “taxistas”, donde el propio contenido de la disposiciónfiscal permite evidenciar un apoyo al servicio público detransporte y que coincide con los razonamientos ponderados porel Congreso de la Unión. Por tanto, se considera que el sistema tributario previstoen los artículos 122, 132 y 133 de la Ley de Hacienda para elEstado de Nuevo León, al otorgar a los propietarios de losvehículos denominados “pick up” un trato diferente respecto delresto de los sujetos ahí previstos, violenta el principio de equidadtributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, Constitucional,pues del diario de debates ni del contenido propio de las normascuestionadas se advierten razones que justifiquen lo ahídeterminado por el legislador; pues con independencia de quepudieran existir tratamientos derivados de cuestiones de políticafiscal o con fines extrafiscales, establecidos en la anteriorLegislación Federal, ello no eximía al Congreso Local de exponeral menos, las razones del porqué se adecuaban tanto el tributocomo el método para su cálculo en iguales términos que lacontribución federal ahora retomada como local. En ese orden de ideas, es fundada la parte del agravioen estudio, en cuanto se alega que el trato diferencial establecidoen las normas tildadas de inconstitucionales no se encontrabajustificado por el legislador del Estado y por consecuencia, no erapermisible que el juzgador atendiera a las razones dadas por eldiverso cuerpo legislativo federal en cuanto a la norma de esaíndole, pues con ello se suplantaría la voluntad del legislador dela Entidad al prever la contribución local.
  • 42. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -42- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II. Consideración la anterior que se ilustra, por analogía,con lo resuelto en la jurisprudencia de la Segunda Sala de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el SemanarioJudicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, de mayo de2005, página 481, que al respecto dice: “JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO DEBE APLICARLA PARA RESOLVER SOBRE LA LEGALIDAD DE UN ACTO FUNDADO EN UNA DISPOSICIÓN DIVERSA A LA DECLARADA INCONSTITUCIONAL, AUN CUANDO REITERE SU CONTENIDO. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no debe aplicar la jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de un precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver sobre la legalidad de un acto fundado en una diversa disposición a la que se declaró inconstitucional, con independencia de que aquélla sólo haya reiterado el contenido de esta última, ya que se trata de un nuevo acto legislativo no examinado por el Alto Tribunal, pues aceptar lo contrario, llevaría a que los tribunales ordinarios determinen, sin facultades para ello, que otra ley tiene los mismos vicios reconocidos explícitamente en la declarada inconstitucional por jurisprudencia, lo que contraviene el sistema de control de la constitucionalidad de las leyes reservado a los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación y a la determinación última del Máximo Órgano jurisdiccional. Además, la aplicación analógica del criterio contenido en una tesis de jurisprudencia que hubiera determinado la inconstitucionalidad de cierta norma, ya no es lo que el propio Alto Tribunal ha definido como una cuestión en la que los tribunales administrativos se limitan a realizar un estudio de legalidad, relativo a si el acto o resolución impugnados respetaron el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si un precepto no ha sido declarado específica y concretamente inconstitucional por aquella jurisprudencia, el análisis de otro precepto, aunque sea semejante, sólo lo pueden hacer los tribunales de control constitucional. Acorde con lo expuesto, al no encontrarse sustentadoen bases objetivas el trato diferente previsto en los artículos122, 132 y 133 de la Ley de Hacienda del Estado de NuevoLeón, respecto de los propietarios o tenedores de vehículostipo “pick up” se viola la garantía de equidad tributariaconsagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Ley de Amparo y
  • 43. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -43- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.en consecuencia dichos numerales devieneninconstitucionales. En mérito de las consideraciones anteriores, loprocedente es revocar en la materia el fallo que se revisa yconceder el amparo solicitado respecto a lainconstitucionalidad de los artículos 122, 132 y 133 de la Leyde Hacienda del Estado de Nuevo León y por consecuencia, todavez que de los autos que integran el juicio de origen se advierteque la parte quejosa realizó el pago del tributo, a fin de que se lerestituya en el pleno goce de la garantía violada en términos delartículo 80 de la Ley de Amparo, se le reintegren en supatrimonio los montos correspondientes. Finalmente, en atención a que los motivos de agravioestudiados, se ha declarado fundados y suficientes para larevocación del fallo revisado, resulta innecesario examinar losrestantes argumentos, toda vez que no se obtendría un mayorbeneficio al ahora percibido, en aplicación analógica de la tesisde jurisprudencia número 693, publicada en la página 466 delApéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación1917-1995, que a la letra dice: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad vertidos en la demanda de garantías.” Sólo resta precisar, que en los alegatos y manifestacionesrendidas ante esta instancia por diversas autoridades señaladascomo responsables, donde se solicita que los conceptos deagravio propuestos por la recurrente del amparo seandesestimados; al margen de lo resuelto, no son de tomarse enconsideración, toda vez que no es obligatorio para este órgano
  • 44. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -44- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.Federal el tener en cuenta dichos argumentos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94,sostenida el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,consultable en la página 14 de la Gaceta del Semanario Judicialde la Federación 80, agosto de 1994, identificable con el númerode registro: 205,449. Localización: Octava Época; que rubro:“ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIODE AMPARO.” Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. En la materia de la revisión, se REVOCA laresolución recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA YPROTEGE a **********, contra los actos de las autoridadesprecisadas en el considerando cuarto de la sentencia que serevisa, en los términos y por las razones expuestas en el últimoconsiderando de esta ejecutoria. Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan losautos relativos a su lugar de origen y, en su oportunidad,archívese el expediente como asunto concluido. A S Í, por unanimidad de votos de los señores MagistradosJorge Meza Pérez, Miguel Ángel Cantú Cisneros y Jesús R.Sandoval Pinzón, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado enMateria Administrativa del Cuarto Circuito, siendo ponente ypresidente el tercero de los nombrados, quien firma ante el
  • 45. 647- 647-06470000109551300005004.ddd -45- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II.secretario de acuerdos que autoriza y da fe, con fundamento enlo dispuesto por el artículo 41, fracción V, de la Ley Orgánica delPoder Judicial de la Federación. MAGISTRADO PRESIDENTE Y RELATOR: JESÚS R. SANDOVAL PINZÓN. SECRETARIO DE ACUERDOS: MARCO ANTONIO ARROYO TORRES.Cotejó: Lic. Jesús Rosales Ibarra.Ssv*/kargEl licenciado Marco Antonio Arroyo Torres, Secretario de Acuerdos delTercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Cuarto Circuito,CERTIFICA que esta foja corresponde a la parte final de la ejecutoriapronunciada el día doce de enero de dos mil doce, en el amparo en revisiónadministrativo número 622/2011-II, en el que se resolvió, en la materia de larevisión revoca y ampara, por unanimidad de votos.- CONSTE.El licenciado(a) Jesús Rosales Ibarra, hago constar y certifico que entérminos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentesen lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la informaciónconsiderada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en elordenamiento mencionado. Conste. Lic. Jesús Rosales Ibarra
  • 46. 647- 647-06470000109551300005004.ddd-46- AMPARO EN REVISIÓN 622/2011-II. Secretario(a)