1. Viviana Delgado Hernández. Historia de Colombia siglo XX.
24 de Octubre de 2013
Basado en dos colecciones documentales:
“Diario oficial. Órgano de publicidad de los actos del gobierno nacional”. Bogotá: Imprenta Nacional. N° 21355(1 de
Abril de 1930) al 21379 (2 de Mayo de 1930); páginas 1-231yn° 21879 (2 de Enero de 1932) a 21899(27 de Enero
de 1932) páginas 2-246.
Esteban Jaramillo. “Memoria de Hacienda”. Historia y teoría económica. Colección bibliográfica. Bogotá: Banco de
la República, 1990. Tercera parte (78 págs.): Memoria de Hacienda del año fiscal 1927 (Junio de 1926 a Julio de
1927);cuarta parte (70 págs.): Memoria de Hacienda del año fiscal 1928 (Julio de 1927 a Julio de 1928); ); quinta
parte (139 págs.): Memoria de Hacienda del año fiscal 1932 (Julio de 1931 a Julio de 1932).
TERCER INFORME DE LECTURA
El territorio colombiano fue habitado, explotado y/o usado por sus “ciudadanos”, por la administración pública y por
personas y empresas extranjeras. Las intervenciones a la Naturaleza que esos distintos actores sociales hicieron
se diferenciaron entre sí conforme la capacidad de impacto que ejecutaron. En este informe hablaremos del
encuentro de tales interesesen el territorio nacional respecto de lo que llamaremos explotación y/o uso de
recursos naturales, de las posturas de la administración pública respectode los otros actores. También se dirá
sobre las intervenciones desarrolladas por la administración pública
en tanto generadoras de
determinadaampliación a los limites conocidos de su frontera administrativa y en tanto causa de transformación
nacional al nivel de su morfología natural como de su composición económica y poblacional.
****
A principios del siglo XX la mayoría de los ciudadanos colombianos vivían una economía que no superaba el
marco geográfico de lo doméstico; o local, en el caso de losproductores de excedentes objeto de comercialización
local ; sin embargo de tal elementalidad, una minoría interactuaba comercialmente en ciertos mercados extranjeros.
La comercialización de café suave fue el producto de más interés en la segunda década del siglo XX; de forma que
de él se dijoser la“industria esencial en la economía colombiana” (JARAMILLO, Esteban. Memorias de Hacienda.
Quinta parte: 1932, p.106). El comercio cafetero lo llevó a cabo el sector denominado en la época “gremio
cafetero”, el cual aunado con la administración estatal generó para las finanzas públicas el mayor ingreso a cuenta
de impuestos de aduana por venta de sacos de café en el mercado estadounidense, principalmente, según mismas
afirmaciones de la época.
En igual condición el Estado percibió algún ingreso obtenido por transacciones comerciales en el mercado
internacional sobre otros productos frutos del territorio nacional, aquellos tales propios de la tierra o del subsuelo. El
Estado pues ejerció su dominio particular al respecto de la percepción de tasas impositivas y con misma
importancia usó al territorio en la forma de terreno que sirvió como sustento material para la edificación de los
inmobiliarios que posibilitaron el ejercicio de sus funciones propias(1). Así fue que en la medida de sus intereses el
Estado se constituyó, ante sus administrados, en personaje jurídico más con intereses por el uso, manejo, disfrute y
usufructo del territorio.
Además de la existencia de la producción nacional, orientada al comercio internacional,la sociedad colombiana
aumentó constantemente el tráfico interno de mercancías por causa del crecimiento de la posibilidad de consumo
que se daba entre el común de sus habitantes, como resultado de la ocupación permanentede “brazos” empleados
en la construcción de multitud de “obras públicas” y en general a la gran circulación de capitales que llegados al
país circularon por los variados campos de su economía (JARAMILLO, Memorias, 1927; pg. 5, 48). En el marco de
los estímulos que creó el desarrollo económico capitalista, el Estado colombiano se acogió, cada vez más
afanadoramente, a la corriente mercantilista mundial. El desarrollo de las condiciones económicas puestas en
juego por sus defensores creó consecuentemente la necesidad de mayores diligencias e inversiones, todo a la vera
delambiente económico internacional que le fue propicio a su fin.
Resulta entonces entendible la compulsión de la administración pública por señalar grandilocuentemente la
“buena situación económica del país, es decir, su creciente desarrollo industrial y comercial” (JARAMILLO, 1927;
25). Ciertamente la élite colombiana, acomodada en la administración pública o a la sombra de ésta, se formuló
como prioridad el desarrollo de los medios de comunicación porque lograr construir las vías indispensables para

2. poner en circulación los productos (producidos nacionalmente o importados) era condición sine qua non no lograría
reproducir sus inversiones en forma de ganancia. Tenemos, pues, que desarrollar medios para el transporte de las
mercancías (carreteras, caminos, ferrocarriles, cables aéreos, malecones, puertos fluviales, pavimentaciones,
estaciones ferroviarias, canales) y medios para operar las transacciones mercantiles necesarias (tipo telégrafos,
correos o “comunicaciones habladas”) fueron objetivo central del aparato estatal durante la época de nuestras
observaciones.
A la vera del ambiente económico internacional el Estado colombiano patrocinó proyectos de desarrollo económico.
Dedicó partidas presupuestales y amplió,y fortaleció a la par, su aparato administrativo en la exploración de
nuevos territorios que aunque nacionales no se comprendían dentro del conjunto del país conocido, habitado y
explotado (2). Para la época el gobierno colombiano permitió exploraciones y explotaciones de petróleo a
empresas extranjeras especializadas en esa actividad; dándose cuenta, quizá, del rezago respecto de las
potencias, en 1930 por intermedio del Ministerio de Industrias encargó al “Doctor” cónsul en Rumania gestiones
que indagaran sobre “la legislación, los sistemas de explotación y organización de trabajos en la explotaciones
petrolíferas de otros países” (DIARIO, 21369, pg. 133-134. Resolución 38).
Los proyectos de obras y las obras en sí surtieron el efecto de satisfacer la necesidad intrínseca al desarrollo
económico de tendencia capitalista en plena desenvoltura en Colombia. Las obras en sí sirvieron para vincular
al país al capitalismo. Las clases que ejercían dominio en Colombia por la vía de las actividades económicas y
políticas que practicaban, tuvieron la imperiosa necesidad de desarrollar la plataforma material de manera que esta
les sirviera de trampolín. De hecho, sí nos diéramos a la tarea de dibujar un mapa convencional de Colombia en la
época y le sobrepusiéramos un seguimiento grafico a las obras ejecutadas comprobaríamos que el “plan de obras”
conectaba al país al nivel interno pero sobre todo al nivel externo, Colombia con el mundo, cierto mundo. Veríamos
también, que zonas específicas del territorio concentraron mayor realización de obras en sus jurisdicciones locales,
tal el caso de Antioquia, los Santanderes, Cauca, Valle del Cauca, la región cafetera. Pero, e igualmente
importante, que el énfasis por crear, mantener y perfeccionar la comunicación internacional fue elemental en las
políticas del Estado.
La ideología del Estado de la época definió por norte de las políticas económicas hacer “obras de verdadero interés
público” (JARAMILLO, 1927; 25); frente al hecho de la economía restringida por la deficiente circulación expresó a
manera de definición que aquellas consistían en ser “obras reproductivas (…) reproductivas de riqueza”
(JARAMILLO, 1927, 21) ; señaló inmediatamente que el Estado no dedicaría finanzas para “gastos comunes
improductivos”. Es decir, el Estado se dedicaría a desarrollar medios de comunicación para multiplicar la actividad
económica del sector productor y comerciante. La intencionalidad de sus ideólogos fue clara: “(…) medios de
transporte que permitan la circulación y distribución de tales artículos en condiciones económicas (…)”, “ (…) el
abaratamiento de los fletes (…)” (JARAMILLO, 1927, 9 y 47).
Los gobiernos administraron la gestión pública para crear infraestructuras cuyos beneficios satisfacían, en términos
generales, necesidades importantes a la sociedad. El mercado capitalista internacional llegó a Colombia ofreciendo
créditos, ejemplos de sofisticación material, un modelo de estilo de vida y asociación mercantil. Ante esa realidad
los dirigentes estatales quisieron, se acogieron e implementaron todo lo requerido para conseguir sus objetivos. Así
fue quegranjear la atención de los capitalistas foráneos no fue cuestión de solidaridad, amistad o buena voluntad,
fue resultado del ser mismo del desarrollo desatado de la producción, cosa propia del capitalismo industrial. Ocurrió
entonces que Colombia vivió un candente concurso de empresarios dispuestos a poner en juego sus inversiones
en Colombia. Territorio con dirigentes aperturistas en tanto que ello convino para satisfacción de sus fines
económicos.
El Decreto 615 de Abril de 1930, producido por Min. Obras P. y Presidencia, reglamentó 50% de “descuento” para
el transporte de materiales, herramientas y enseres que los “concesionarios” hicieran por medio de ferrocarriles
nacionales o ferrocarriles subvencionados (departamentales y municipales) (3). Mediante el Decreto 51 ampliaron
las “exenciones” conferidas para los acueductos públicos municipales en la Ley 41 (1931); consistió en exonerar de
“derechos de aduana” las importaciones de maquinaria y tubería. Considerando que acceder continuamente a
suministros de agua potabilizada es un disfrute deseable, se diría que la reforma anterior expuesta significó una
acertada gestión estatal; sin embargo nos lleva a preguntarnos:

3. ¿los acueductos “públicos” municipales fueron accedidos por toda la sociedad? o, en su defecto,
administradores del bien “público” impusieron condiciones que limitaron el acceso?.
¿los
Al mismo tiempo aquellos dirigentes demostraron gusto por el modelo capitalista (en lo que más de cultural tuvo
aquél), a más de la conveniencia de participar del círculo correspondiente al mercado del conocimiento. Los
proyectos de Estado de que tratamos tuvieron motivación o influencia en la abundancia, la riqueza material y la
cultura selecta del referente europeo y norteamericano. La idea de horizonte y progreso social al que se acogió el
Estado colombiano siguió el curso de las iniciativas de las potencias económicas (JARAMILLO, 1927, 78).Muy
importantemente usó el desarrollo moderno para evolucionar operativamente su función administrativa (4)
El Estado pagó viáticos a personajes,quienes embestidos con el reconocimiento “ad honorem”, participaron de
encuentros internacionalesque visibilizaron a Colombia en el exterior en torno a preocupaciones por conducir
“técnica” y “científicamente” -según el modelo seguido-, las políticas respecto de infraestructuras (5). El Estado
colombiano costeó gastos de viaje y estadía a profesionales de la “Ingeniería”a países europeos (“países de
avanzada cultura para el manejo de sus ferrocarriles”) con la finalidad de imitar la ejecución propia de ellos al
sistema de transporte ferroviario, a razón de ser Colombia y Suiza, en este caso, de “características similares”; (6).
El Estado colombiano mediante la Resolución Ejecutiva 24 privilegió a Bogotá subvencionándola con $
600,000/año para pavimentación de la tradicional “carrera séptima”; tramobogotano de la Carretera Central del
Norte(7).
Observando partes del “Diario oficial” de 1930 y 1932 que se remiten a “actos” del Estado que, para nuestro interés
abarcaban incluso desde 1926 (8), notamos que el país tuvo copiosa presencia de extranjeros. Nos interesan
aquellos que se constituían en persona jurídica no nacional. Aquellos de quienes el Estado afirmó estar
“necesitado” por cuanto con sus haberes o “capitales” explotaban “negocios” en Colombia (JARAMILLO, 1927; 7).
Los intereses económicos y culturales de la élite colombiana estaban integrados al movimiento mundial dominante
del capitalismo. Su lugar en la red estuvo en el segundo plano, en cuanto a juzgársele en términos de
determinación en la actuación económica. El Estado colombiano era el lacayo del capitalismo imperialista de nuevo
tipo. A la vez, pero a nivel nacional, fungió como gobernante sectario defensor de intereses propios de una
economía “exclusiva y excluyente” (8). Agotó a la Naturaleza y a las fuerzas físicas de los sectores subalternizados,
como a la par lo hicieron los empresarios de otras nacionalidades. Al interior del territorio se comportó dominante,
soberbio e hipócrita, externamente a Colombia fue mendicante. Los estadistas tenían claro que su recurso era el
“capital extranjero” (JARAMILLO, 1932; 35 y 41); es decir, que la forma empresarial,o no, en que se presentara el
capital no sería lo fundamental al momento de pactar beneficios y obligaciones a la guisa de los contratos.
Colombia tenía consulados en varios países (Hungría, Francia, Londres, Washington (9)); los correspondientes a
Reino Unido (sede en Londres) y Estados Unidos de Norteamérica (sede Washington) fueron los más
meticulosamente atendidos por la administración colombiana, al punto que por Decreto presidencial del gobierno
conservador de Abadía Méndez, el 7 de Abril de 1930, ante el cada vez más inminente colapso financiero nacional,
enviaron extraordinariamente al, en ese momento, futuro presidente liberal Enrique Olaya Herrera con atribuciones
ministeriales y plenipotenciarias ante EE.UU(10).
El Estado tuvo relaciones más o menos cercanas con extranjeros involucrados de alguna manera con los
desarrollos,denominados en la época, “modernos”. A través de Min. Industrias matriculó al empresariadoimportador
de mercancías con destino a ser vendidas en Colombia; a la operación se le llamó “registro de marca de comercio”
y por aquél “reconocimiento” devengó imposición tributaria por medio de las aduanas(11).Los servicios
profesionales de “firmas”, constituidas por individuos con estudios afines a las ciencias implicadas en los proyectos
económicos de desarrollo a las infraestructuras, fue otra de las formas de vinculación del Estado con el capital
internacional (12). Casas bancarias oriundas principalmente de EE.UU. y Reino Unido hicieron prosperar en los
tres niveles administrativos de Colombia (gobiernos nacional, departamentales y municipales) al capitalismo
financiero cuya esencia consistía en la acometida del mayor número de compromisos crediticios (13).

4. Otra de las implantaciones transitorias de empresarios extranjeros fueron las “concesiones”. Sólo accedimos dos
casos de los agrupados en ese tipo: la resolución definitiva dada por Min. Industrias a la solicitud de “permiso” para
derivación (canalización) de aguas del río Digua destinadas a nutrir una hidroeléctrica (DIARIO, 21892; 1932, 139140)
y la “declaración de intereses” de la Société Europeenne des Petroles (DIARIO, 21887; 1932, 102-103).
Por medio de la figura denominada “permiso de concesión” se atendió intereses económicos con destinos de
explotación diferentes que cursaron con formalismos cuyos requisitos tuvieron índole jurídica y técnica. Los
contenidos del proceso consignados en “Diario oficial”, a pesar de estar abreviados evidencian una riqueza
inmensa sobre que ese tipo de relación del país con los extranjeros fue muy importante porque en el fondo crearía
un amplio y profundo impacto. La Naturaleza fue transformada. La sociedad preexistente al arribo del capital fue
alterada en sus esferas políticas tanto pública como al nivel de la vida privada o doméstica de sus habitantes.
Las concesiones de explotación no se sustentaron en contratos tales como los operados para los tipos
“intermediario de obra” o los contratos por obligación crediticia o por prestación de servicios. En la aproximación
que hicimos notamos que el procedimiento legal generador del “permiso” tuvo contenidos diferentes en los dos
casos; quizá se deba al medio de información que accedimos. Así pues generalizar no es propio de ello. Sin
embargo constituyen común denominador porque enseñan el encuentro de los tres actores: Estado, capital
extranjero y los que llamaremos terceros implicados.
La aprobación por parte del Estado a las pretensiones de explotación significó cesión del “bien de uso público” para
usufructo de terceros. El caso de resolución sobre “uso” del agua del río Digua se argumentó que la Ley 113 de
1928 establecía el “dominio y uso de la fuerza hidráulica”, es decir, las “aguas”, como fundamento real generador
de la citada ley, era otro de los “terrenos fiscales” más, de los descritos en el “Código Civil” como “perteneciente” al
Estado colombiano. La concesión del permiso implicó hacer inventario de los intereses en torno al uso de las aguas
del río; el organigrama administrativo de lo público fue convocado a gestión y versión.
El Gobernador de Valle del Cauca dijo: “(…)apoyar tal empresa, como la más conveniente(…)”; el Alcalde de
Dagua obligado a “inspección ocular”, dijo: “(…)“…sería la obra más trascendental que pueda emprenderse en
beneficio de la industria agrícola y fabril de nuestro Departamento(…)”; Corregidor y “varios vecinos” de El Salado,
Inspector de Policía y “algunos vecinos” de El Queremal dieron “memorial” de aprobación; el Concejo Municipal
hizo Resolución autorizando. Ministerio de Industrias resolvió: “permiso (…) para que de acuerdo con los planos
presentados pueda construir un canal y sacar agua del río Digua, en el municipio Dagua, departamento del Valle”.
El permiso de concesión implicaba, en términos tributarios, que el Erario participaría de la explotación percibiendo
“derechos” causados por beneficiarse del “bien de uso público”. Nos preguntamos: la fuerza hidráulica que se
propuso convertir en “luz” y “fuerza” para el “beneficio industrial del campo” ¿se suministró a todos
irrestrictamente?.
El permiso de concesión significó para los “ocupantes” de los terrenos fiscales la expropiación efectiva a las
explotaciones que efectuaban sobre la tierra que cultivaban y habitaban y la limitación al libre acceso al recurso
hídrico. El Estado colombiano dividido entre el gobierno nacional, la administración departamental y la autoridad
local e inmediata al suceso (Concejo Municipal, Personero, Alcalde, Inspector de Policía) apoyó las pretensiones de
los capitalistas extranjeros por sobre los antecedentes de ocupación de ciudadanos colombianos más directamente
afectados. Aquellos individuos y familias, de quienes sabemos sus nombres: Francisco Pane y su familia eran
“ocupantes” de la tierra sujeta a petición la trabajaban y “mejoraban” concomitantemente, se nutrían de los frutos de
la tierra y de la agua que sacaban del río, creaban su Memoria de la habitación que acunaban en la naturaleza
rústica que es el campo. Pero, ellos no fueron reconocidos por el Estado, ni sus necesidades ni sus costumbres, ni
su derecho a conservar el nexo con la tierra de que vivían. Ellos para el Estado fueron “ocupantes” de terrenos
fiscales o baldíos, es decir, gentes sin “derechos legalmente adquiridos”. Francisco Pane y su familia fueron
desterrados de Dagua y desaguados del Digua. Distintamente, Otto y ErnestBarth, “condueños” de una “finca”
también alterada por la solicitud de “permiso”, pudieron hacer sus “arreglos especiales” con J. C. Boldt& Co.; ellos

5. eran los sujetos de que trataba el “derecho de terceros” con calidad de “adjudicatarios” (DIARIO, 21892; 1932, 139140).
“Terreno petrolífero de propiedad nacional” fueron varias miles de hectáreas en Colombia; eso significa que por
petróleo se estaban explotando regiones naturales enteras, por ejemplo Catatumbo (JARAMILLO; 1932, 62). La
actividad de los macro proyectos crearon una distribución especial del territorio; por ejemplo, en cuanto al petróleo
los llamados “departamentos” Santander y Boyacá comprendían ambos la “zona 61” de intereses extractivo, o
rigurosa y numéricamente expresado: 50 mil hectáreas en la región Carare (DIARIO, 21892; 1932, 103) a
disposición del capitalismo industrial, necesitado de oro negro para mover las máquinas que producirían y
moverían los miles de millones de mercancías que satisfacían “necesidades” infundadas. En el caso del protocolo
de ingreso solicitado aSociété Europeenne des Petroles bastóun registro en Notaría y otro registro en Cámara de
Comercio donde junto a “declaración de intereses” se inscribieran a la “sociedad en comandita simple” en alguno
de los libros apilados de la administración. Interés declarado de la petrolera: “ (…)la búsqueda, la exploración, el
estudio, el obtenimiento (sic), la adquisición en toda forma, el arrendamiento de toda clase de concesiones de
petróleo, o relativas a cualesquiera otros productos minerales(…) en especial en Colombia (…)” La publicación
vista en “Diario oficial” testimonia que se trataba de una trasnacional con intereses en varios países pero sobresale
la indicación especial a Colombia; ¿era famoso el Estado colombiano de la época por su apertura económica y
prolijidad de “recursos” naturales?. Lo siguiente demuestra que no sólo la administración pública tenía interés por
crear infraestructuras de comunicación y operatividad si no que el capitalismo internacional funcionaba generando
ellos mismos la totalidad de sus aparatajes de funcionamiento: “la edificación de toda clase de construcciones, el
aprovechamiento y valorización de yacimientos y sus dependencias, el establecimiento y construcción de pozos,
galerías, rutas, ferrocarriles, caminos, cables aéreos, oleoductos y demás vías de circulación y medios de
transporte de carga, que convengan a las explotaciones de la sociedad” (DIARIO, 21892; 1932, 103).
Finalmente el tipo de intervención específica a las concesiones para construcción de obras públicas. Existieron en
la forma de contrataciones, con estipulaciones genéricas al común de los contratistas y al común de los niveles
gubernativos (el nivel nacional(14), el departamental(15), el local o municipal(16). No obtuvimos ninguna referencia,
ni mención siquiera, al procedimiento de selección de las “casas”, “consorcios” o, en general, empresas dedicadas
a vender servicios ingenieriles para construcción, modificación, mantenimiento o reparación de bienes inmuebles
del tipo de las infraestructuras de comunicación y comercio. Los “interventores” de obras públicas fueron
subcontratistas; como tales ejercieron titularidad contractual evidenciada en la disposición y manejo que hicieron de
papel sellado por medio de los cuales “engancharon” trabajadores “jornaleros” y “arrendamientos”(DIARIO, 21372;
1930, 167). Al interior de las concesiones por obras públicas las diferenciaciones sociales se desenvolvieron sin
problemas; los empresarios extranjeros se encargaban de trabajos de tipo directriz, vivían separados de los
“obreros” en casas especialmente construidas para ellos por otras constructoras especializadas en edificaciones
habitacionales (17). Las obras públicas que respondieron a claras intencionalidades comerciales transformaron el
componente social colombiano; muchos campesinos se convirtieron en obreros, pasando a integrar nuevos
conglomerados.
Las obras públicas obligaban a sus operarios (directivos u obreros) a vivir en los lugares de las obras. Algunos de
esos lugares eran inhabitados y/o se hallaban distantes de los centros poblados, por lo cual durante esa época
convulsionada existieron peculiares lugares poblados por humanos concentrados allí por acción de relaciones
sociales especiales y que desarrollaron estilos de convivencia así mismo peculiares. Correlativamente, las obras
alteraban las economías periféricas a ellas, por cuanto se constituían en lugares ideales para el intercambio
comercial suscitado en la nula producción de bienes alimenticios y todo lo demás elemental al sustento. La mano
de obra empleada no fue exclusivamente de campesinos o artesanos atraídos o necesitados por acogerse a las
innovaciones laborales que ofreció esa época acelerada. Los obreros que trabajaron en las obras fueron
clasificados entre “obreros libres” y “obreros no libres”, existiendo incluso secciones compuestas por ingente

6. “personal de presidio”; ellos fueron usadOs..principal, o exclusivamente –no lo sabemos-, para trabajar en obras de
carreteras y fue Min. Gobierno quien directamente operó el vejamen (DIARIO, 21887; 1932, 101, Y DIARIO, 21892;
1932, 120).
En conclusión, queremos decir que en Colombia se vivió durante la época de nuestro estudio un tiempo de intensa
y general actividad económica de que resultó una Colombia radicalmente diferente. Las informaciones halladas son
inmensas y valiosísimas, aunque se trataran de resúmenes en formato periódico. Para explotar riquezas(naturales
y humanas -de las clases subalternas-) hicieron frente los empresarios de todo tipo. Y demostrado queda que,
aunque autoproclamado, “gobierno” del “bien” y “destino” “público” el Estado de ese tipo y época no fue nunca cosa
diferente a élite en el poder político nacional, en lo departamental y lo local. Compulsados en su desarrollo íntimo,
el capitalismo industrial internacional halló en Colombia escenario de intensificación; las obras públicas bebieron
financieramente de fuentes del capital financiero; integradas por elementalidad al mercado mercantil, los dineros
que llegaron por medio del crédito se reintegró con réditos al mercado capitalista mundial porque era allí donde se
adquirían los materiales, enseres, herramientas y conocimientos de ese tipo de “desarrollo”.
Fue por eso que los proyectos capitalistas foráneos fueron adelantados, defendidos y soportados por los gobiernos
mediante los llamados “tratados comercio y navegación”; negociaciones en que gobiernos de potencias
económicas postulaban: “(…) b) los productos del suelo y de la industria (…) gozarán en el otro incondicionalmente
y desde todos los puntos de vista de las mismas facilidades y favores que los productos similares de la Nación más
favorecida (…) en especial (…) derechos de aduana y otros tributos y contribuciones(…)”; es decir, porque
teníamos líderes políticos que no entendieron o pactaron abajo del mantel que Colombia quedara en igualdad de
condiciones para el intercambio sin tener con qué responder mercantilmente a las exigencias elementales del
intercambio, sin ser Colombia productor de bienes recíprocos a los ofrecidos para el intercambio: café versus
relojes de plata, usados en“triangulación”(DIARIO, 21889; 1932, 113. Decreto 24: “Tratado de comercio y
navegación entre Colombia y Dinamarca”).
NOTAS
(1) El caso de los terrenos apropiados para construcción de cuarteles para las guarniciones de las plazas de la ciudad
de Palmira y el puerto de Buenaventura. Cuyo destino final, por obra del "retiro definitivo" de las plazas, fue la
resolución del contrato. Terrenos quizá expropiados a algún u algunos campesinos minifundistas o en el mejor de
los casos tomados de terrenos baldíos nacionales. Diario oficial. Órgano de publicidad de los actos del gobierno
nacional”. Bogotá: Imprenta Nacional. N° 21356, 1930, pg. 14. “Resolución ejecutiva”.
(2) Mediante la Resolución 39 el Estado a través de Min. Industrias “comisionó” al Geólogo “Doctor” EmillGrosse para
“estudiar” la región del Alto Caquetá y algunos sitios aledaños. Sobresale a nuestro interés el que se le dictaba la
obligación de entregar comprobantes sobre los destinos dados a los dineros confiados para la exploración. La
Resolución deja ver el desconocimiento que existía sobre esos territorios en la consecuente falta de toponimias
cuando de marcar límites a la exploración se trató, así: “hasta el sitio del Descanso y sobre ambas márgenes de
dicho río”. DIARIO, 21369;1930,pg. 134.
(3) “concesionarios” de construcciones concesionadas. DIARIO,21367;1930, pg. 118-119.
(4) El 20 de Marzo de 1930 mediante el Decreto 463 se legalizó que el “doctor” Alejandro López asistiera al “Quinto
Congreso Internacional de Construcción y Obras Públicas” a realizarse en Londres del 26 al 30 de Mayo de
1930
El 21 de Marzo de 1930 mediante el Decreto 468 al “señor ingeniero” Tomás Aparicio Vásquez se le declaró
delegado “ad honorem” por Colombia a la “Excursión de ingenieros hispanoamericanos”, eventocreado por la
“Unión de Ingeniería Iberoamericana”, a realizarse el 20 de Abril de 1930 en Cádiz.DIARIO, 21366; 1932,pg. 111.

7. (5) El sistema ferroviario: “(…) sistemas de organización (…) aspectos de la organización (…) construcción,
explotación, servicios administrativos (…)”. DIARIO, 21897; 1932, pg. 214. Decreto 112.
(6) Pavimentación entre la calle 26 y la avenida Santiago de Cali. DIARIO, 21369; 1930, pg. 136.
(7) En la concesión, a empresa extranjera, para la creación de la infraestructura indispensable a la creación de la
Compañía Telefónica Central (establecimiento de servicios telefónicos de larga distancia) el Estado se encargó
de procurar para su propio funcionamiento tal recurso moderno. El “servicio” proyectado en el proyecto abarcaba
ampliamente al territorio habitado de tipo urbano. Y además, serviría para la estrategia estatal. Por haberse tratado
de comunicaciones para altos y cardinales funcionarios públicos. Específicamente, el Estado formuló una cláusula
contractual en que ordenaba “ (…) conceder servicio al Excelentísimo señor Presidente, policías de alto rango,
administradores de correos, ministros, director general de la Policía, tesorero general de la República,
gobernadores e intendentes, Controlador General”, servicio que a manera de salvoconducto permitiera
“conferencias habladas” no superiores a cinco (5) minutos. DIARIO, 21370; 1930, pg. 157-158.
(8) Los fenecimientos a cuentas de 1926, levantados por el “Departamento de Contraloría” a Black Mc Kenney and
Steward, a causa de la concesión de obras en Bocas de Ceniza. DIARIO, 21368; 1930, pg. 127-128.
(8) Definición, muy a propósito, escuchada de un Maestro, Querido y siempre vigente en la Memoria de la autora.
(9) Consulados adscritos al Min. Relaciones Exteriores. Nombramientos “ad honorem” de personas cuyos nombres
y apellidos indican ascendiente extranjero: Pierre Pujols, Leopoldo Mendel, Mauricio Leconfrette. DIARIO, 21371;
1930, 145-146.
(10) DIARIO, 21360; 7 de Abril de 1930, 61. Decreto (20 de Marzo): “Comisión en el servicio diplomático”.
(11) Por ejemplo el reconocimiento a la “sociedad” (o Registro de marca de comercio) Business Publishers
International Corporation de New York. DIARIO, 21372; 1930, 165-166.
(12)DIARIO, 21883; 1932, 47-48. Contrato de “prestación de servicios” con “Sir” Alexander Gibb, socio lider de la
firma “Sir Alexander Gibb&Partners”. Designado “Consultor General” y “Experto Hidraúlico” al interior del Consejo
Nacional de Vías de Comunicación. El documento contiene informaciones abundantes acerca de los términos
contractuales de la particular relación.
(13) Para saber de nombres nos basamos en los “Movimientos de caja” de la Tesorería General de la Nación; miramos
todas las categorías propias del tipo de documento; declaramos que es un documento difícil de entender en él
mismo, por lo que sólo pudimos aprovechar ésto mayormente, y otros asuntos, aunque demasiado escasos de
interrelaciones y no venidos a este caso de estudio. El DIARIO pública muchisimos “Movimientos…” pues eran
levantados con periodicidad diaria por el Cajero General. Onomástica jurídica de bancos, mencionados en la
categoría “Acreedores varios”:
- Anglo South American Bank Ltd. DIARIO, 21369; 1930, 130.
- Royal Bank of Canada. DIARIO, 21358; 1930, 28.
- Lazard Brothers and Company Limited (Londres), The Guaranty Trush Company (New York), National
Bank
of commerce of New York, J. and W. Seligman and Company y Central Hanover Bank. DIARIO, 21376; 1930, 202.
(14) Fueron cuantiosos los proyectos nacionales de construcción de obras públicas; dataremos algunos con el
interés de mostrar que los proyectos nacionales de obras fueron monumentales:

8. - Sobre el “Arreglo y regularización del río Magdalena”. A través del contratista Julius Berger Konsortium.
Desde 1925 (año de firma del contrato) hasta 1929 (cuando Contraloría mantuvo “cuentas” en curso para
fiscalización a la interventoría, los llamados “fenecimientos”). Dan cuentan de los trabajos muchos fenecimientos,
citaremos el más prolijo en datos que suscitarían interés al análisis socio-histórico: DIARIO, 2359; 1929, 38-40.
-En 1932, por medio del Decreto 67 (Enero) la administración nacional siguió perfeccionando las
comunicaciones a través de la mayor arteria de comunicación del país: el Río Grande de la Magdalena. Se le llamó
“base de la organización de los trabajos del Ramo Fluvial”. Es un documento riquísimo. Muestra cómo entorno a
un río el Estado desplegó todo su potencialidad de organización. Cómo asignaban funciones con carácter
jerarquizado. Enseña que para los cargos de funcionarios estatales los “sueldos” estaban institucionalizados por
decreto y existía una mediana tipificación salarial. Enseña que el ser de los proyectos se regía con el lleno de
requisitos procedimentales-estrictos de gestión; que antecedía a las obras los “estudios de gabinete” o trabajos
técnicos y que sólo después se materializaban los “proyectos de obras”. Enseña que para finiquitar el proyecto
decretaron, incluso, el traslado y consecuente urbanización de toda una población conforme la “necesidad” pública.
El Estado colombiano existía y era poderoso y cada vez se fortalecía más, organizativamente hablando. DIARIO,
21894; 1932, 173-175.
(15) Cuenta el Ministro Jaramillo en sus Memorias que los “Representantes” de Antioquia fueron, en su momento,
harto entusiastas para buscar la asociación el gobierno central para la construcción del Ferrocarril de Antioquia.
También refiere que, en la coyuntura por crisis financiera internacional y nacional, esos mismos
Representantesbuscaron a la cúpula ejecutiva nacional para lograr apoyo a la hora de controlar la moratoria
exacerbada en torno al mismo proyecto. JARAMILLO, 1932, 102.
(16) En Colombia se ejercía centralismo de la administración pública. En el primer informe referimos un tecnicismo
del asunto. Según la referencia consultada agregaremos que los proyectos de obras, en el caso particular, fue
antecedido de aprobación de “presupuesto” por parte delgobierno central legislativo, es decir, el Congreso de la
República. En el “Diario”21374 (1930, 182) a la Intendencia Nacional del Chocó se le aprobó mediante Decreto 623
(Abril del mismo año) la vigencia fiscal que solicitó, por virtud de la ley sobre subvenciones nacionales a proyectos
locales, la suma de $ 670 mil pesos, para el rubro “obras públicas”. Obras públicas en Chocó que compartían
interés local, departamental y nacional:
- “Rectificación del trazado”, construcción y conservación a la Carretera Interoceánica (secciones QuibdóIstmina y Condoto-Nóvita). “rectificación del trazado”, construcción y conservación.
- Explanación y “otras deudas” relacionadas con la carretera Quibdó-Bolívar(el municipio Bolívar, en
Antioquia). Y “puentes”.
- Levantamiento de planos para acueducto y alcantarillado de Quibdó.
(17) El caso de que “ (…) que no bastaba tener una casa destinada al alojamiento de los empleados en aquél lugar,
porque no todos cabían en ella (…)”. Oficio 616 (Agosto de 1926) hecho por el “Doctor” Mariano Ospina Pérez,
Ministro de Obras Públicas, como consecuencia del acuerdo entre el Consorcio (Julius Berger Konsortium) y el
Ministerio para permitir los alojamientos en lugar diferente al sitio de la obra. DIARIO, 21358; 1930, 39.
Fenecimiento 2359 (1929) sobre “cuenta” del mes Septiembre de 1927. Casa construída en “El Prado” por The
General ConstructionCompany