Nulidad Reglamento Asamblea Nacional

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Recurso de Nulidad por Inconstitucionalidad del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional interpuesto por Espacio Público, Colegio Nacional de Periodistas, Sindicato de Trabajadores de la Prensa y periodistas venezolanos.

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Nulidad Reglamento Asamblea Nacional

  1. 1. Ciudadanos y Ciudadanas,MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS DE LA SALATRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA FRIBUNALSUWEWOOEJUOTKREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CISu Despacho.- FECHA: «^ RECIBIDO PORNosotros, CARLOS JOSÉ CORREA BARROS, de nacionalidad venezolana, mayor deedad, domiciliado en la ciudad de Caracas, de profesión Comunicador Social y titular de laCédula de Identidad Venezolana No. V-8.317.640, debidamente inscrito en el ColegioNacional de Periodistas bajo el N° 18.082 actuando en este acto a título personal, y en micarácter de DIRECTOR EJECUTIVO de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIOPÚBLICO, entidad privada, con personalidad jurídica conforme a la Ley, debidamenteconstituida según consta en documento protocoli/ado por ante la Oficina Subalterna delSexto Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal, RepúblicaBolivariana de Venezuela, en fecha veinte (20) de febrero de 2003, bajo el No. 28, Tomo02, Protocolo Primero, y cuya última Acta de Asamblea, se encuentra protocolizada porante el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del DistritoCapital en fecha tres (03) de julio de 2006, bajo el No. 08, Tomo 04, Protocolo Primero;documentos que anexo a la presente marcados con las letras "A" y "B"; asociación civilque tiene como finalidad la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmentela libertad de expresión; el derecho a la información y la responsabilidad social en losmedios de comunicación social, MARCO ANTONIO RUIZ, venezolano, mayor deedad, domiciliado en la ciudad de Caracas, titular de la cédula de identidad N° 14.344.828, periodista, debidamente inscrito en el Sindicato Nacional de Trabajadores de laPrensa bajo el N° 6149 actuando en este acto a título personal y en mi carácter deSECRETARIO GENERAL del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORESDE LA PRENSA, cuyos estatutos se registraron ante el Ministerio del Trabajo, bajo el N°236, Folio 44, Tomo II, de fecha 02 de mayo de 2006 del Libro de Registro de SindicatosNacionales y Regionales, y carácter que consta de elecciones celebradas el 10 dediciembre de 2009, reconocido por el Consejo Nacional Electoral en sesión celebrada el25 de marzo de 2010, notificado mediante oficio DGASG/M 33/ 2010; con facultades paraejercer representación judicial del SNTP tal como consta en estatutos constitutivos en suartículo 33 literal b. documentos que se anexan a la presente marcados con las letras "C","D" y "E", SILVIA ANGELINA ALEGRETT MASSO, venezolana, mayor de edad,
  2. 2. domiciliada en la ciudad de Caracas, titular de la Cédula de Identidad N° 3.971.270, deprofesión Comunicadora Social, debidamente inscrito en el Colegio Nacional dePeriodistas de Venezuela bajo el N° 136 actuando en este acto a título personal y en sucarácter de Presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, corporación de derechopúblico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente del FiscoNacional, conforme a la Ley de Rjercicio de Periodismo, publicada en Gaceta Oficial N°4819 de fecha 22 de diciembre de 1994, carácter que consta en Acta de Juramentación dela Junta Directiva Nacional y Tribunal Disciplinario Nacional de fecha 18 de junio de2010, debidamente reconocido en la Resolución No. 100901-0384 de fecha 01 deseptiembre de 2010, publicada en Gaceta Electoral de la República Bolivariana deVenezuela No. 541, de fecha 24 de septiembre de 2010, documentos que anexamos a lapresente marcados con las letras "F" y "H"; y HERNÁN GREGORIO LUGOGALICIA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, soltero y titular de la Cédula deIdentidad N° V-9.588.273, de profesión Comunicador Social, debidamente inscrito en elColegio Nacional de Periodistas bajo el N° 7.850, quien ha trabajado como periodistaacreditado de la Asamblea Nacional según consta en carnet que anexamos a la presentemarcado con la letra "I"; todos asistidos en este acto por el abogado en ejercicio OswaldoRafael Cali Hernández, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, e inscrito en elIPSA bajo el No. 153.405; ante ustedes respetuosamente ocurrimos, de conformidad conlo dispuesto en los artículos 23, 25, 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivarianade Venc/uela, 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la RepúblicaBolivariana de Vene/uela, a los fines de interponer: Recurso de Nulidad porInconstitucionalidad, contra los Artículos 56 y 66 del Reglamento de Interior yDebates de la Asamblea Nacional, promulgado por la Asamblea Nacional en fecha 22de diciembre de 2010, y publicado en Gaceta Oficial No. 6.014 Extraordinario defecha 23 de diciembre de 2010, conjuntamente con Solicitud de Amparo Cautelar,por ser violatorio de los Artículos 2, 6, 19, 57, 58 y 108 de la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela y el Artículo 13 de la Convención Americanasobre Derechos Humanos.Anexamos al presente copia de la Gaceta Oficial No. 6.014 Extraordinario de fecha 23 dediciembre de 2010 marcado con la letra M".La presente acción se ejerce en los siguientes términos:
  3. 3. -I- DE LA COMPETENCIA DE ESTA SALALa Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana deVenezuela establece en su Artículo 25, numeral 4, la competencia de la SalaConstitucional del Tribunal Supremo de Justicia para declarar la nulidad total o parcial delos actos dictados por cualquier órgano estatal en ejercicio del Poder Público, en ejecucióndirecta e inmediata de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuandocolidan con ésta. Así señala expresamente: "Artículo 25. Son competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: ...omisis... 4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con esta.De igual manera, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cuandoestablece las atribuciones de la Asamblea Nacional, señala en su Artículo 187 lo siguiente: "Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional: ... omisis... 19. Dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en él se establezcan. (...)"De conformidad con los Artículos citados, la Asamblea Nacional, en ejercicio de susatribuciones constitucionales dictó su Reglamento de Interior y Debates, y es competenciade esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declarar, por ende, la nulidadtotal o parcial de este acto, por haber sido dictado por un órgano en ejercicio del PoderPúblico, como lo es la Asamblea Nacional, en ejecución directa e inmediata de la
  4. 4. Constitución de la República Bolivariana de Vene/uela. cuando colidan con esta y no seanreputables como actos de rango legal.Adicionalmente. la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionalesestablece en su Artículo 3 lo siguiente: También es procedente la acción de amparo, cuando la violación o amenaza de violación deriven de una norma que calida con la Constitución. En este caso, la providencia judicial que resuelva la acción interpuesta deberá apreciar la inaplicación de la norma impugnada y el Juez informará a la Corte Suprema de Justicia acerca de la respectiva decisión. La acción de amparo también podrá ejercerse conjuntamente con la acción popular de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos estatales normativos, en cuyo caso, la Corte Suprema de Justicia, si lo estima procedente para la protección constitucional, podrá suspender la aplicación de la norma respecto de la situación jurídica concreta cuya violación se alega, mientras dure el juicio de nulidad". (Resaltado propio)Finalmente, es menester mencionar el Artículo 32 de la Ley Orgánica del TribunalSupremo de Justicia, la cual establece que: "De conformidad con la Constitución de la República, el control concentrado de constitucionalidad sólo corresponderá a la Sala Constitucional den los términos previstos en esta Ley, mediante la demanda popular de inconstilucionalidad, en cuyo caso, no privará el principio dispositivo, pudiendo la Sala suplir, de oficio, las deficiencias o técnicas del demándame por tratarse de un asunto de orden público. Los efectos de dicha sentencia serán de aplicación general, y se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Oficial del estado o municipio según corresponda ".
  5. 5. En consecuencia esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es el órganocompetente para conocer el presente Recurso de Nulidad por Inconstitucionalidad,conjuntamente con Solicitud de Amparo Cautelar, contra los Artículos 56 y 66 delReglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional, promulgado por la AsambleaNacional en fecha 22 de diciembre de 2010, y publicado en Gaceta Oficial No. 6.014Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, por ser violatorio de los Artículos 2, 6,57, 58 y 108 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Artículo 13de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y solicitamos que así seadeclarado. -II- DE LA LEGITIMIDAD DE LOS DEMANDANTES PARA INTERPONER ESTE RECURSODe conformidad con lo previsto en el noveno Artículo 133, numeral 3 de la Ley Orgánicadel Tribunal Supremo de Justicia, se declarará la inadmisión de la demanda cuando seamanifiesta la falta de legitimidad o representación que se atribuya el o la demandante, o dequien actúe en su nombre, respectivamente.Ahora bien, la existencia de un interés actual para impugnar los Actos en este grupo deaccionantes es clara, ya que todos se encuentran afectados, no en un simple interés, sino enla esfera de sus derechos subjetivos, tal y como pasamos a explicar, lil Reglamento deInterior y Debates de la Asamblea Nacional, en sus artículos 56 y 66 limita el derechohumano a la libertad de expresión, que incluye la pluralidad de acceso por parte de losmedios de comunicación a las Sesiones Plenarias de la Asamblea Nacional.El derecho a la libertad de expresión es reconocido como "una piedra angular en laexistencia misma de una sociedad democrática" (Corte IDH, La colegiación obligatoria deperiodistas, cil., párr. 70.), así como ha sido declarado que el ejercicio de este derechodebe estar abierto a cualquier medio de comunicación, pues "[sjon los medios decomunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad deexpresión" ( Corte IDH, OC-5/85, párr. 34).
  6. 6. Como lo afirmó la Comisión Interamcricana de Derechos Humanos (en lo adelantetambién e indistintamente la "Comisión Interamcricana", la "Comisión o la "CIDH") enel Informe de Admisibilidad del caso William (Jómez Vargas "La Comisión considera portanto, que una conducta estatal que alegadamente interfiere en el libre ejercicio de laactividad de un medio de comunicación podría configurar una violación al derecho a lalibertad de expresión, en perjuicio de las personas naturales que lo utilizan para d i f u n d i rinformación y opiniones" (CIDII, Informe de Admisibilidad No.72/11, Petición 1164-5,William Gómez Vargas vs. Costa Rica, (31 de marzo de 2011).En efecto, los ciudadanos CARLOS JOSÉ CORREA BARROS, MARCO ANTONIORUIZ, SILVIA ANGELINA ALEGRETT MASSO y HERNÁN GREGORIO LUGOGALICIA, anteriormente identificados, por ser de profesión Comunicadores Sociales, ypersonas que ejercen activamente el periodismo, nos encontramos afectados en nuestrosderechos e intereses para el libre y eficaz ejercicio de nuestra profesión. Además, losreferidos artículos de los cuales se pide la nulidad, restringen nuestro derecho humano delibertad de expresión y acceso a la información pública, por afectar la pluralidad demedios para recibir información tal y como se explicará más adelante detalladamente.Adicionalmente, HERNÁN GREGORIO LUGO GALICIA, por ser periodista quecubre la fuente de la Asamblea Nacional para el diario El Nacional, según consta de carnetanexo a la presente, es directamente afectado por esta violación constitucional en susderechos y deberes.La Ley del Ejercicio del Periodismo, de fecha 22 de diciembre de 1994, publicada enGaceta Oficial N° 4.819, extraordinario; establece en su Artículo 34 que son deberes delos miembros del Colegio Nacional de Periodistas, como lo son las personas mencionadas,ajustar su actuación a los principios de la ética profesional, al respeto y a la defensa de losderechos humanos, de la paz entre los pueblos, de la libertad de expresión al servicio de laverdad y la pluralidad de informaciones. En este sentido los mencionados ciudadanos, coneste recurso están haciendo efectivo su deber legal de defender los derechos humanos, lalibertad de expresión al servicio de la verdad y la pluralidad de informaciones.De igual manera, el Tribunal Constitucional Español declaro lo siguiente:
  7. 7. [I^a plena efectividad de los derechos fundamentales exige reconocer que la titularidad de los mismos no corresponde sólo a los individuos aisladamente considerados, sino también en cuanto se encuentran insertos en grupos y organizaciones, cuya finalidad sea específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad o realizar los intereses y los valores que forman el sustrato último del derecho fundamental... (N° 64/1988) Así lo han postulado también doctrinarios autori/.ados: [Eln la medida en que, por su naturaleza, resulten aplicables a ellas se afirma la necesidad de reconocer derechos fundamentales a las personas jurídicas para garantizar en definitiva los derechos fundamentales de los ciudadanos (la organización no sólo como resultado del ejercicio de los derechos sino también como medio y como titular).... (A.J. Gómez Montoro, "La titularidad de derechos fundamentales por personas jurídicas: Un intento de fundamentación", en Revista Española de Derecho Constitucional N° 65. Mayo-Agosto 2002. lágs.: 49-106) Y el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional no ha sido ajeno a estedesarrollo teórico, al sostener que, Rste artículo [el 58 Constitucional] desarrolla otro aspecto de la libertad de expresión, cual es el de la libertad de comunicación, que no es otra que la de divulgar las ideas y opiniones. Pero la norma incluye el derecho de las personas a estar informadas en forma oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios constitucionales, lo que se refiere a un aspecto diferente, aunque conexo, de la libertad de expresión, y que gravita sobre los medios destinados a producir masivamente opiniones y noticias sobre sucesos, es decir, los medios destinados, en cualquier forma, a la comunicación... [Sentencia N° 1942 del 15 de julio de 2003)
  8. 8. En este sentido, La ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO, como organización dederechos humanos que tiene como objetivo la promoción y defensa de los derechoshumanos, especialmente la libertad de expresión; el derecho a la información y laresponsabilidad social en los medios de comunicación social, al considerar que elReglamento viola el derecho de libertad de expresión y acceso a la información de losciudadanos, se encuentra plenamente legitimada para interponer la presente acción denulidad por inconstitucionalidad. Los estatutos de esta Asociación Civil, los cuales seencuentran anexos, establecen específicamente en su cláusula Cuarta, que el objeto de estaAsociación es: "...la promoción de una práctica de comunicación social, pública yprivada de calidad que contribuya a fortalecer una sociedad democrática y participativa.En este sentido, desde una perspectiva integral y multidisciplinaria realizará acciones deinvestigación y difusión de la situación de los medios de comunicación; formación ycapacitación de comunicadores y ciudadanos; promoción de políticas públicas ylegislación relacionada con el ejercicio del periodismo y la comunicación social, asicomo la intercomunicación para el diálogo, el debate y la revisión de temas clavesrelacionados con la práctica comunicativa, en general..."El SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA PRENSA, comoorganización que promueve la eficaz garantía de los derechos de los trabajadores de laprensa, de conformidad con sus estatutos anexos a la presente, directamente relacionadoscon la pretensión de este recurso, se encuentra plenamente legitimado para interponer lapresente acción de nulidad por inconstitucionalidad, en su objetivo de defensa de estoscomunicadores sociales que se ven limitados tanto en su ejercicio profesional, como en suejercicio de libertad de expresión.El COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS, como organización que recoge a losprofesionales que desempeñan su labor de periodistas en la República Bolivariana deVenezuela, se encuentra plenamente legitimado para interponer la presente acción denulidad por inconstitucionalidad, en representación del interés gremial de la garantía delejercicio profesional libre de los comunicadores sociales y de su derecho a la libertad deexpresión. En efecto, este ente fue constituido de conformidad con la Ley de Ejercicio delPeriodismo, la cual establece en su Artículo 5, numerales 5, 6 y 7, respectivamente, que el
  9. 9. Colegio Nacional de Periodistas persigue entre sus fines: salvaguardar la libertad deexpresión y el derecho de información; contribuir al fortalecimiento, ampliación yprofundización de la democracia en Venezuela; y, cooperar en el diseño de la políticacomunicacional del Estado Venezolano.En conclusión, en el presente caso los recurrentes, más que poseer una legitimacióncalificada para intentar la presente acción, son titulares de derechos subjetivos que estánsiendo restringidos por el referido Reglamento (libertad de expresión de todos losaccionantes). Y así solicitamos respetuosamente que se declare. -III- DE LA ADMISIBILIDADLa Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana deVenezuela establece en su Artículo 133 lo siguiente: "...Se declarará la inadmisión de la demanda: 1. Cuando se acumulen demandas o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles. 2. Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la demanda es admisible. 3. Cuando sea manifiesta la faifa de legitimidad o representación que se atribuya el o la demandante, o de quien actúe en su nombre, respectivamente. 4. Cuando haya cosa juzgada o liíispendencia. 5. Cuando contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos. 6. Cuando haya falta de legitimación pasiva. "Así mismo, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionalesseñala en su Artículo 6 lo siguiente: "Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:
  10. 10. 101) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho ogarantía constitucionales, que hubiesen podido causarla;2) Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales,no sea inmediata, posible y realizable por el imputado;3) Cuando la violación del derecho o la garantía constitucionales,constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible elrestablecimiento de la situación jurídica infringida.Se entenderá que son irreparables los actos que, mediante el amparo, nopuedan volver las cosas al estado que tenían antes de la violación;4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen elderecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa otácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones queinfrinjan el orden público o las buenas costumbres.Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubierentranscurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales oen su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza alderecho protegido.El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos deaceptación.5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judicialesordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En talcaso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho ogarantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y alos lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, afin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del actocuestionado;6) Cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema deJusticia;
  11. 11. 11 7) En caso de suspensión de derechos y garantías constitucionales conforme al artículo 241 de la Constitución, salvo que el acto que se impugne no tenga relación con la especificación del decreto de suspensión de los mismos; 8) Cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un Tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta. "El presente recurso es admisible, toda vez que no incurre en ninguno de los supuestos deinadmisibilidad previstos en los artículos referidos, a saber: - Este es el Tribunal y la Sala competente para conocer este recurso por los argumentos expuestos ut supra. Con relación al plazo de tiempo para intentar la acción, el Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales señala en su parágrafo único que "cuando se ejerza la acción de amparo contra actos administrativos conjuntamente con el recurso contencioso administrativo que se fundamente en la violación de un derecho constitucional, el ejercicio del recurso procederá en cualquier tiempo, aún después de transcurridos los lapsos de caducidad previstos en la Ley y no será necesario el agotamiento previo de la vía administrativa". De manera que estas acciones se presentan dentro de un tiempo aceptable por tratarse de un acto general del Poder Público que además se ejerce el recurso contencioso administrativo conjuntamente con la acción de amparo fundamentada en un derecho constitucional. No existen acciones que se acumulen o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles para el presente caso. Se acompañan al presente recurso todos los documentos indispensables para verificar si la acción o recurso es admisible. No es necesario cumplir ningún procedimiento administrativo para el ejercicio de este recurso. No se contienen conceptos ofensivos o irrespetuosos de ningún tipo. No resulta inintclcgible el presente recurso. Existe legitimación de los recurrentes tal y como se ha establecido.
  12. 12. 12 No existe cosa juzgada ni litispendencia. - No ha cesado la violación o amenaza de los derechos y garantías constitucionales que se aleguen, pues aún siguen vigentes los artículos del referido Reglamento. La violación de los derechos constitucionales es inmediata, posible y se está realizando actualmente en los términos que se explican en este documento. La violación del derecho o garantía constitucional es reparable en los términos expuestos. Los actos no han sido consentidos ni expresa ni tácitamente por los recurrentes. No se trata de decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia. No existe suspensión de derechos y garantías constitucionales que afecten estos derechos. - No está pendiente ninguna otra decisión de amparo ante ningún otro Tribunal por los mismos hechos del presente recurso.La presente acción cumple, por las razones señaladas, con todos los requisitos de la ley, yno se encuentra dentro de ninguna de las causales de inadmisibilidad, razón por la cualsolicitamos que sea admitido por este Tribunal y así se declare.A continuación desarrollamos los fundamentos de hecho y de derecho que hacenprocedente esta acción de nulidad, por la evidente violación de los derechosconstitucionales: -IV- DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHOEn fecha veintidós (22) de diciembre de 2010 la Asamblea Nacional aprobó elReglamento de Interior y Debates vigente, el cual fue publicado posteriormente en GacetaOficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.014 Extraordinario de fecha 23 dediciembre de 2010, la cual anexamos a la presente marcada con la letra "1".
  13. 13. 13Ahora bien, dicho Reglamento contiene entre sus disposiciones los Artículos 56 y 66 quedisponen lo siguiente: "Artículo 56. La Asamblea Nacional sesionará en forma ordinaria y en forma extraordinaria, según las necesidades que al efecto se establezcan. También podrá celebrar sesiones especiales. Todas ¡as sesiones serán públicas, podrán declararse privadas o secretas mediante decisión de la mayoría absoluta de los presentes, a proposición de cualquiera de ellos. A fín de garantizar el acceso a la información, ele conformidad con el artículo 108 de la Constitución de la República, las sesiones plenarias serán transmitidas por la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV), pudiendo prestar apoyo para la transmisión la televisora del Estado. Se facilitarán las condiciones para que los medios de comunicación interesados en transmitir la información que se genera en el desarrollo de la Sesión, puedan hacerlo a través de la señal de ANTV. "(Resaltado propio) "Artículo 66. Ninguna persona distinta a los miembros de la Asamblea Nacional o invitada especial, o personal que se requiera para el funcionamiento y transmisión de la Sesión, puede bajo ningún pretexto introducirse o permanecer en el salón de sesiones durante el desarrollo de éstas. Se entiende por personal necesario para el funcionamiento de la Asamblea Nacional el de taquigrafía y redacción, atesoramiento, de seguridad y cualquier otro que al efecto se considere, y para la transmisión en vivo, al equipo de ANTV o apoyo del canal del Estado. "(Resaltado propio) -V- DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO - De la nulidad de los actos inconstitucionales -
  14. 14. 14El presente recurso se fundamenta sobre la base de los siguientes artículos de laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela: "Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarlas públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les .sirvan de excusa órdenes superiores. " (Negritas añadidas) "Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. " (Negritas añadidas) "Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la /) custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. ¡/
  15. 15. 15 EJ ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales. " (Negritas añadidas)En este sentido, de acuerdo con los citados Artículos, todo aeto dictado en el ejercicio enel ejercicio del Poder Público, entiéndase en este easo Reglamento de Interior y Debatesde la Asamblea Nacional, según ya hemos evidenciado, que viole o menoscabe íosderechos garantizados por esta Constitución y por la ley es nulo. Así mismo, toda personatiene derecho a ser amparada por tribunales de justicia para el goce y ejercicio de losderechos y garantías constitucionales, y hacer valer sus derechos e intereses, incluso loscolectivos y difusos tal y como nosotros lo estamos haciendo a través del presente recurso.Ahora bien, los referidos artículos 56 y 66 del Reglamento de Interior y Debates de laAsamblea Nacional violan o menoscaban los derechos garantizados por la Constitución dela República Bolivariana de Venezuela por las razones que a continuación se exponen. - De los argumentos Constitucionales por los cuales los referidos Artículos del Reglamento son contrarios al ordenamiento jurídico -La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente: "Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político." (Negritas y subrayado añadido)
  16. 16. 16Debemos resaltar de este Artículo que Venezuela se ha constituido como un Estadodemocrático y social de Derecho y de Justicia, en el cual existe una preeminencia de losderechos humanos y existe de igual manera un pluralismo político. "Articulo 6. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que Ja componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables." (Negritas y subrayado añadido)Debemos resaltar que nuevamente este Artículo resalta que el gobierno de la República esy será siempre democrático y pluralista. "Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohibe la censura a los funcionarios públicos o funcionarías públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. " (Negritas añadidas)En este Artículo es importante destacar que el derecho a la libertad de pensamiento y deexpresión es uno de los derechos humanos garantizados por la constitución, en los términosen los cuales se especifica el mismo. Este derecho a la libertad de pensamiento y deexpresión es uno de los pilares fundamentales sobre el cual se basa toda democracia y esindispensable para el eficaz ejercicio de la misma. "Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación
  17. 17. 17 cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral. " (Negritas añadidas)En este Artículo observamos algunas características sobre las cuales se basa el derecho a lalibertad de pensamiento y de expresión fundamentado en el Artículo 57. De acuerdo conesto, la comunicación es libre y plural, y toda persona tiene derecho a la informaciónoportuna, veraz e imparcial, son censura, de acuerdo con los principios de la Constitución. "Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley" (Negritas y subrayado añadido)Nuevamente, este Artículo precedente nuevamente contempla el derecho a la libertad depensamiento y de expresión, esta vez estableciendo expresamente que es un deber de losmedios de comunicación "públicos y privados" contribuir a la formación ciudadana. Eneste sentido el Estado garantizará el acceso universal a la información.De igual manera es menester destacar que los derechos humanos contemplados en laConstitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no sonexclusivamente los enunciados en dichos documentos, sino que todo derecho humano,reglamentado o no, debe ser efectivamente ejercido. Así lo establece la CRBV de lasiguiente manera: "Artículo 22. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria
  18. 18. 18 de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos" (Negritas añadidas)Otro factor importante a tomar en cuenta al hablar de libertad de expresión, es queesta debe tener especial trascendencia en cuanto a los temas de interés público queson de alta relevancia para los ciudadanos. De esta manera, la Asamblea Nacionalcomo organismo del Poder Público en el cual los diputados o diputadas son lasvoces de la población venezolana, y se encuentran, por ser una sociedaddemocrática, representando al pueblo y opinando lo que opina el pueblovenezolano para temas de interés nacional de alta importancia, es de altarelevancia que las personas conozcan lo que se dice en dicha asamblea, y que lohagan con todas las garantías de la libertad de expresión, como lo son la veracidadde información y la pluralidad de medios que permita que medios de diversosgrupos políticos puedan observar, enfocar, resaltar, pensar y opinar de maneralibre y plural en ejercicio de este derecho humano fundamental. Así observamosesto en el Artículo 186 de la CRBV que expresa: "Artículo 186. La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional, según una base poblacional del uno coma uno por ciento de la población total del país. Cada entidad federal elegirá, además, tres diputados o diputadas. Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela elegirán tres diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres. Cada diputado o diputada tendrá un suplente o una suplente, escogido o escogida en el mismo proceso." (Negritas añadidas) - De los argumentos basados en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos por los cuales los referidos Artículos del Reglamento son contrarios al ordenamiento jurídico -
  19. 19. 19El artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estableceexpresamente lo siguiente: "Artículo 23: Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional, y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público. " (Negritas añadidas).Ahora bien, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conjerarquía constitucional de conformidad con el artículo 23 de la Constitución, consagraexpresamente el derecho a la libertad de expresión de la siguiente manera: Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, Je frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. f)
  20. 20. 20 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. " (Negritas añadidas).La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CII)H) ha establecido que la libertad deexpresión se caracteriza por ser un derecho con dos dimensiones: una dimensiónindividual, consistente en el derecho de toda persona a expresar los propios pensamientos,ideas e informaciones, y una dimensión colectiva o social, consistente en el derecho de lasociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas oinformaciones ajenos y a estar bien informada. (Ver Corte Interamericana de DerechosHumanos, caso Claude Reyes y otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006párr. 75; Caso López Álvarez vs. Honduras, Sentencia de 1 de febrero de 2006, párr. 163)En consecuencia, en el caso planteado, al prohibir el ingreso de las cámaras de lastelevisoras a las sesiones de la Asamblea Nacional, se esta vulnerando el derecho a lalibertad de expresión en su doble dimensión, a los periodistas una total cobertura de lassesiones y en consecuencia el derecho de la sociedad al estar plenamente informados.Es por ello, que en el caso planteado, como ciudadanos se nos vulnera el derecho a obtenerinformación en temas de interés nacional como los que se debaten en las sesiones de laAsamblea Nacional.En este mismo sentido, las normas de derecho interno que consagran y garantizan esederecho a la libertad de expresión, deben ser interpretadas conforme a la normativa y lajurisprudencia internacional, no sólo por configurar una obligación internacional delEstado venezolano, sino además por ser una obligación constitucional con jerarquíaconstitucional y prevalecer en el orden interno. En este sentido, el artículo 57 de nuestraConstitución reconoce el derecho de toda persona a expresar libremente sus
  21. 21. 21pensamientos, sus ideas u opiniones (...) y de hacer uso para ello de cualquier medio decomunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Igualmente, el artículo 58reconoce el derecho de toda persona a la información oportuna, vera/, e imparcial, comoya hemos mencionado.En torno a estos derechos, la jurisprudencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo deJusticia (N° 127, de fecha 2 de septiembre de 2004) ha señalado igualmente que ejderecho a la información forma parte de las bases fundamentales de todo Estadodemocrático, en correspondencia con lo hemos venido destacando, que: "La libertad de expresión y el derecho a la información forman parte de las bases fundamentales de todo estado democrático, ya que el ejercicio de la democracia implica la existencia de un debate público de los temas sociales y políticos, en el cual los interesados puedan participar libremente y que ello permita la existencia de pluralidad de opiniones. En ese .sentido, el artículo 2 de nuestra Constitución indica que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, entre otros, los de la libertad, la democracia, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos y el pluralismo político. Ya en el artículo 4 de nuestra Constitución de 1819 se hablaba de que el derecho a "expresar (sic) sus pensamientos y opiniones de palabra, por escrito o de cualquier otro modo, es el primero y más inestimable bien del hombre en sociedad". En palabras de los órganos de justicia uruguayos, "naturalmente la libertad de información es formadora de la opinión pública inherente a todo sistema democrático" (Lanza, Edison: La Libertad de Prensa en la Jurisprudencia Uruguaya, Fundación Konrad-Adenauer Uruguay, Montevideo, 2004, p. 64). " (Negritas y subrayado añadidos). De la importancia de la pluralidad de medios y la prohibición de los monopolios u oligopolios -
  22. 22. 22Para el ejercicio de la libertad de expresión, es indispensable lomar en cuenta la máximade pluralidad de medios, según la cual todos los medios de comunicación deben poderacceder a la información pública, de manera que esto permita un libre y plural flujo deideas que permitan consolidar una eficaz libertad de pensamiento y de expresión. Además,el derecho a la libertad de expresión incluye la prohibición de monopolios u oligopolios,debido a que si un solo medio, o sólo medios pertenecientes a un mismo propietario o deuna misma tendencia política tienen acceso a la información, o tienen autorización deobtener o divulgar la información, se viola o menoscaba este derecho.En relación con las propiedades del derecho a la libertad de expresión del cual venimoshablando, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH estableceen sus Principios 2. 5 y 12 lo siguiente: "Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el articulo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con isualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive ios de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier oirá índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. " (Negritas y subrayado añadidas) "La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión. " (Negritas y subrayado añadidas) •Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto
  23. 23. 23 conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos. " (Negritas y subrayado añadidas)La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamcricana deDerechos Humanos ha dicho que el principio 12 "fundamenta su lógica en elentendimiento que si los monopolios y oligopolios existen en los medios decomunicación social, sólo un pequeño número de individuos o sectores sociales podríaejercer control sobre las informaciones que se brindan a la sociedad. De esta forma losindividuos podrían verse privados de recibir información proveniente de otras fuentes "y que "en este sentido, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA consideraque esta provisión no limita en manera alguna la obligación del Estado de garantizar através de la legislación la pluralidad en la propiedad de los medios" (CIDH, Informeanual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2004. Capítulo V, párr. 93 y94) (Negritas añadidas)En este sentido, el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de laComisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA/Ser.L/V/II. Doc 5, 7 de marzo de2011, párrafo 753) ha expuesto lo siguiente: "... el Estado debe asegurar la existencia de medios públicos verdaderamente independientes del gobierno con el objetivo de fomentar la diversidad y garantizar a la sociedad, entre otros, ciertos servicios educativos y culturales. Como ha dicho la propia Suprema Corte mexicana, "¡IJa radio y la televisión son medios masivos de comunicación que tienen importancia trascendental en la vida diaria de los individuos, por lo que el Estado, al regular el uso del bien público utilizado en esa actividad, debe garantizar la igualdad de oportunidades para su acceso y
  24. 24. 24 propiciar un pluralismo que asegure a la sociedad el respeto del derecho a la información y la libre manifestación de la ideas" (Negritas añadidas)Bsa misma Relatoría afirma en el párrafo 78: "La libertad de expresión, además de proteger el derecho individual del emisor, garantiza el derecho de todas las demás personas a acceder a la mayor cantidad y diversidad de informaciones e ideas, como requisito del debate robusto que exige el sistema democrático para su buen funcionamiento. La Corte Interamericana específicamente remarcó esta doble dimensión, individual y social, de la libertad de expresión, y tanto esa Corte como la Comisión Interamericana han sostenido que la ausencia de pluralidad de fuentes de información y medios de comunicación representa un serio obstáculo para el efectivo ejercicio de este derecho. " (Negritas añadidas)También añade este Informe en el párrafo 228: "Ai/ Relatoría Especial valora el rol que los medios públicos independientes tienen en el debate público. En efecto, pueden y deben desempeñar una función esencial para asegurar la pluralidad y diversidad de voces necesarias en una sociedad democrática. Su papel es fundamental a la hora de proveer contenidos no necesariamente comerciales, de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población. Sin embargo, para que los medios públicos puedan realmente cumplir su función, debe tratarse de medios públicos independientes del Poder Ejecutivo; verdaderamente pluralistas; umversalmente accesibles; con fínanciamiento adecuado al mandato previsto por la lev; y que contemplen mecanismos de participación de la comunidad en las distintas instancias de producción, circulación y recepción de contenidos."" (Negritas y subrayado añadido)
  25. 25. 25Este mismo Informe de la Relatoría, luego de haber considerado la situación de la libertadde expresión en Venezuela, en su Capítulo IV sobre Venezuela realiza entre susrecomendaciones específicas para nuestro país, "Abstenerse de ejercer represalias outilizar el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud desu opinión política y sarantizar la pluralidad de espacios para el ejercicio democrático.incluyendo el respeto a las movilizaciones y protestas que se llevan a cabo en ejerciciodel derecho de reunión y manifestación pacífica. "(Negritas añadidas)En este mismo orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expuestoque, ""son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejerciciode la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento debenadecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, Ínter alia, lapluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera seala forma que pretenda adoptar (...)". (Ver Corte ID1I. La Colegiación Obligatoria dePeriodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). OpiniónConsultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 34).Así mismo, la Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión, presentada el12 de diciembre de 2007 por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad deOpinión y de Expresión, el Representante de la OSCE sobre Libertad de los Medios deComunicación, el Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y la RelatoraEspecial de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobreLibertad de Expresión y Acceso a la Información, ha establecido la importancia de ladiversidad de los medios de comunicación para el libre intercambio de ideas en lasociedad; ha resaltado el hecho de que la concentración idebida de la propiedad de losmedios de comunicación, directa o indirecta, así como el control gubernamentalsobre los mismos constituyen una amenaza a la diversidad de los medios, a la vez quegeneran otros riesgos, tales como la concentración del poder político en manos de lospropietarios o de élites gobernantes; y ha afirmado el potencial existente para el abusoque tienen los sistemas de regulación a los medios de comunicación en perjuicio,entre otros, de la diversidad, particularmente cuando los órganos de control no cuentancon suficiente protección contra la interferencia política o de otra índole; en tal sentido hanexpuesto lo siguiente:
  26. 26. 26 "En reconocimiento de la particular importancia que la diversidad de los medios de comunicación tiene para la democracia, para prevenir la concentración indebida de medios de comunicación o la propiedad cruzada de los mismos, ya sea horizontal o vertical, se deben adoptar medidas especiales, incluyendo leyes anti-monopólicas. Tales medidas deben implicar el cumplimiento de estrictos requisitos de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación a todos los niveles. Además deben involucrar un monitoreo activo, el tomar en cuenta la concentración de la propiedad, en caso que sea aplicable, en el proceso de concesión de licencias, el reporte con antelación sobre grandes combinaciones propuestas, y la concesión de autoridad para evitar que tales combinaciones entren en vigoré (Negritas añadidas)En este mismo tono, en el año 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ensu Informe Democracia y Derechos Humanos (OEA Ser.L/V/II Doc. 54, 30 diciembre de2009, Capítulo IV. Libertad de Pensamiento y de Expresión, párrafos 370, 385, 415, 505 y509), ha expresado también la importancia del pluralismo y diversidad en el procesocomunicativo, en especial, en cuanto a la implementación de políticas de inclusión degrupos tradicionalmente excluidos del debate público.En este informe la CIDH ha dicho: "...la búsqueda de un grado significativo de imparcialidad, autonomía e independencia para los órganos encargados de regular las telecomunicaciones en un país nace del deber de los Estados de garantizar el máximo grado de pluralismo y diversidad de los medios de comunicación en el debate público. Las salvaguardas necesarias para evitar la cooptación de los medios de comunicación por parte del poder político o económico no es otra cosa que una garantía funcional e institucional para promover la formación de una opinión pública libre, la fluidez y profundidad de los procesos comunicativos sociales, y el intercambio y la divulgación de información e ideas de toda índole. Las
  27. 27. 27garantías de imparcialidad e independencia de la entidad de aplicación,aseguran el derecho de todos los habitantes a que los medios decomunicación no resulten, por vía indirecta, controlados por grupospolíticos o económicos. " (Negritas añadidas)"...el vigor de una democracia se fortalece, entre otras cosas, gracias a laintensidad de sus debates sobre los asuntos públicos y no en virtud de lasupresión de dichos debates. En consecuencia, los Estados debencomprometerse con un marco resulatorio que promueva una discusiónlibre, abierta, plural v desinhibida sobre todos los temas de relevanciapública, lo que implica diseñar instituciones que permitan, y no queinhiban o dificulten, la deliberación. Como lo ha sostenido la Corteínter americana, esta defensa de la libertad de expresión incluye laprotección de afirmaciones que puedan resultar ofensivas, perturbadoras oingratas para el Estado, pues tal es la exigencia de un orden democráticoque se funde en la diversidad y el pluralismo. Asimismo, la doctrina y lajurisprudencia han sido coherentes, consistentes y reiterativas al indicarque las expresiones críticas que cuestionan a las autoridades públicas olas instituciones merecen una mayor -y no una menor- protección en elsistema interamericano. Así lo ha sostenido la Corte ínter americana entodos y cada uno de los casos resueltos en materia de libertad deexpresión... " (Negritas añadidas)"Tal como ha señalado la Corte ínter americana, "[d] entro de unasociedad democrática [es necesario que] se garanticen las mayoresposibilidades de circulación de noticias, ideas, opiniones, asi como el másamplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto.La libertad de expresión se insería en el orden público primario y radicalde la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que ladisidencia tenga pleno derecho de manifestarse". El propio Estadovenezolano, en comunicación de 13 de agosto de 2009, en/atizó que"tiene interés en el desarrollo de medios de comunicación plurales,diversos e independientes7. " (Negritas añadidas)
  28. 28. 28De igual manera, sostiene la CIDII, que ...la facultad para asignar concesiones, licencias o permisos para el uso del espectro radioeléctrico no debe convenirse en un mecanismo de censura indirecta o de discriminación en razón de la línea editorial, ni en un obstáculo desproporcionado al ejercicio del derecho a la libertad de expresión protegido por el artículo 13 de la Convención Americana. Asimismo, ¡oda asignación o restricción debe hacerse de conformidad con reglas claras, preestablecidas y no discriminatorias, que aseguren la existencia de una radiodifusión independiente del gobierno, libre de presiones ilegítimas, plural y diversa. La CIDII enfatiza que la creación de monopolios u oligopolios públicos o privados, abiertos o encubiertos, compromete el derecho a la libertad de expresión. Como ya ha sido señalado, "los Estados en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos". Tal es el sentido del principio 12 de la Declaración de Principios, que dispone que "fi/as asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos " ". (Negritas añadidas)En este sentido, aplicando analógicamente este último principio, no es concebible quedentro de un sistema democrático se realice una limitación al acceso a los diversos mediosde comunicación a los debales de la Asamblea Nacional, pues es una forma de monopoliou oligopolio el hecho de que solamente puedan estar presentes en dichos debates canalesdel estado, con una única tendencia política, lo cual definitivamente afectará lainformación que se difunde.Así mismo, de acuerdo con Armagnague. Ábalos y Arrabal de Cañáis, (2002) en su librotitulado "Derecho a la Información, hábeas data e Internet" (Ediciones La Roca, BuenosAires, Argentina, páginas 65 y siguientes), sobre el derecho a la información se puedeafirmar lo siguiente:
  29. 29. 29 kt £7 arí. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos otorga el derecho a la información a todo individuo, es decir, hace referencia a que este derecho, prerrogativa, facultad o atribución, está en cabeza de una persona física, con alcance o carácter universal. En una palabra, no hay discriminación para ninguna persona. Más aun, este derecho fundamental sólo está en manos de las personas físicas, pues, como bien acota de las Carreras Serra, "sería contradictorio -y más propio de los sistemas no democráticos - conferir la protección de los derechos fundamentales a las instituciones públicas, porque precisamente los derechos fundamentales de la personalidad se reconocen a los particulares fren te al poder público". ...omisis... El derecho a recibir información o, como señala Desanies, el derecho a la noticia exige tres condiciones: la primera es la verdad, la segunda se compone por hechos de trascendencia pública y la tercera está constituida por la máxima pluralidad de medios..." (Negritas añadidas)De acuerdo con este texto, notamos que ciertamente la garantía de los derechos humanos,y en este caso, del derecho a la información, implica que el Kstado debe garantizar elderecho a la información, y en especial el acceso a la información a los particulares.conformados por los medios de comunicación social, no sólo públicos sino tambiénprivados y de otras índoles. Sería contradictorio que el Estado para garantizar el derecho ala información a los individuos lo haga exclusivamente, como sucede con los referidosartículos del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional, a través deempresas que le pertenecen al propio Estado.Como vemos más adelante en el mismo texto, ei derecho a la información incluye trescondiciones: la verdad, los hechos de trascendencia pública y la máxima pluralidad demedios. En el presente caso debemos notar que para asegurar la verdadera y completainformación que se transmite al público y tomando en cuenta el carácter trascendental quetienen los debates de la Asamblea Nacional para todos los ciudadanos de Venezuela debenecesariamente respetarse la máxima pluralidad de medios.
  30. 30. 30En este mismo sentido leemos en el libro publicado por Human Rights Watch (1998)titulado "Los límites de la tolerancia. Libertad de expresión y debate público en Chile"(Lom Ediciones, Colección Nuevo Periodismo, Chile, páginas 145 y siguientes), lasiguiente afirmación: "En una democracia sana, el debate público es por naturaleza amplio y libre, y carece de inhibiciones. Toda limitación del derecho de las personas a obtener información y expresar opiniones, y fiel de los medios a investisar y publicarla, se ve con malos ojos. Las normas internacionales de derechos humanos son categóricas en este aspecto. En el sistema europeo de protección de los derechos humanos, "la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática". En el sistema ínter americano, la libertad de expresión es "una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática". (Negritas y subrayado añadido)Resalta la referida cita nuevamente el hecho de que debe siempre velarse por que todaslas personas y todos los medios puedan investigar, obtener y publicar librementeinformación y expresar sus opiniones al respecto. Esto puede lograrse a través de medidasdel Estado que permitan esta libertad y pluralidad de acceso a la información, basadas, enel caso en concreto en normas que permitan y no prohiban el ingreso de los diversosmedios, públicos y privados a los debates parlamentarios.A este respecto el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2003), se hapronunciado en su libro titulado "Libertad de expresión en las Amcricas. Los cincoprimeros informes de la Rclaloría para la Libertad de Expresión" (San José, Costa Rica,páginas 151 y siguientes) de la siguiente manera: "Promover la exactitud de las noticias en general es una finalidad que puede lograrse más eficazmente a través de medidas gubernamentales positivas que a través de la imposición de sanciones en caso de informaciones percibidas como "inexactas" o "carentes de veracidad". Como ha señalado en varias ocasiones la Relataría, no debe suponerse
  31. 31. 31que invariablemente exista una verdad indisputable. Además, aunasumiendo que sea posible determinar la verdad de todas las cosas, eldebate y el intercambio de ideas son, evidentemente, el método óptimopara descubrir esa verdad y reforzar sistemas democráticos basados en lapluralidad de ideas, opiniones e información. ...omisis...En lugar de imponer sanciones por no difundir información veraz oexacta, los Estados pueden promover una mayor veracidad de los mediosde comunicación adoptando medidas positivas para garantizar lapluralidad de voces, provenientes de diferentes sectores de la sociedad.La democracia requiere la confrontación de ideas-, el débale y el diálogo.Cuando este debate no existe o se debilita debido al hecho de que lasfuentes de información son escasas, se produce una contravención directadel pilar principal del funcionamiento de la democracia. Una mayordiversidad de fuentes suscita inevitablemente la versión más exacta de loshechos. Esto puede lograrse a través de diversos mecanismos, como laprevención de monopolios u oligopolios y el uso de criterios democráticospara la concesión de frecuencias de radiodifusión. ...omisis...Los monopolios u oligopolios en los medios de comunicación de masasrepresentan un grave obstáculo al derecho de todas las personas aexpresarse y recibir información, lo que afecta gravemente el requisitodel pluralismo. Cuando las fuentes de información se reducendrásticamente en cantidad, como sucede con los oligopolios, o cuando sóloexiste una fuente, como pasa con los monopolios, aumenta la posibilidadde que se elimine el beneficio de que la información difundida seaimpugnada por otra fuente, con lo cual, en la práctica, se limita el derechode información de toda la sociedad.En gran medida por las mismas razones, si hay múltiples medios decomunicación, pero sus propietarios y trabajadores son fuertementerepresentativos de determinado grupo social, político, religioso, culturalo de otro género, la diversidad de puntos de vista es limitada. Se
  32. 32. 32 requieren criterios democráticos para la adjudicación de frecuencias de radiocomunicación y televisión, afín de garantizar la diversidad de puntos de vista. El Estado puede también promover una mayor exactitud de la información de los medios procurando que los periodistas tengan acceso a la mayor información posible. Los periodistas, y todos los miembros de la sociedad, tienen derecho a obtener acceso a la información que está en manos del Estado. ...omisis... Si se niega a los periodistas esa información, ellos pueden tener que obtenerla de otras fuentes, a menudo menos fidedignas... " (Negritas añadidas)Una vez más en este texto se resalta la importancia de la pluralidad de medios para elestablecimiento de la democracia, logrado a través de decisiones acertadas del Estado enlas cuales se permita que los medios de comunicación de diversos propietarios ytendencias políticas puedan acceder libremente a toda la información disponible, y en estecaso, a los debates parlamentarios.De acuerdo con Damián M. Loreti (1995) en su libro titulado "El Derecho a laInformación. Relación entre Medios, Público y Periodistas", (Editorial Paidós SAICF, 2a.Reimpresión, Buenos Aires, Argentina, páginas 152-154), resulta interesante estudiaralgunos ejemplos de derecho comparado respecto a las medidas que toman los países paracontrolar la concentración de los medios y promover la pluralidad de los mismos evitandoasí el monopolio. En este sentido expresa el mencionado lo siguiente: "En Francia no se puede adquirir o controlar un diario de información política o general cuando ello confiere a un mismo grupo o entidad la posesión de más del 30 % del mercado de diarios (ley 86.897 del 1/10/86, modificada por la 82.1210 del 27/11/86).
  33. 33. 33 Por la ley 89-25, una emisora nacional de radio sólo es acwnulable con otra que no alcance más de quince millones de oyentes potenciales. Por la misma ley, si se tiene una TV nacional no puede ser acumulada con otra licencia. Además no se puede poseer más del 15 % de una sociedad si se tiene más de ese porcentaje en otra. En España, se parte del principio de que nadie puede tener más del 25 % de una empresa licenciataria. La ley 10/1998 establece que ninguna empresa puede intervenir en más de una emisora de TV al mismo tiempo. Respecto de la radio, no se puede tener más de una AM y dos FM simultáneamente, y ningún grupo puede representar capital mayoritario en más de una empresa licenciataria. En Alemania, la ley prohibe a la prensa escrita fusionarse con empresas de edición, producción o distribución de diarios o revistas cuando su volumen de negocios en conjunto alcance la cifra de 25 millones de marcos. Para los medios electrónicos las restricciones no sólo se refieren a la propiedad, sino también a la programación, para evitar concentraciones o posturas dominantes... "Estas leyes demuestran una postura antimonopólica en la cual se mueve el derecho delos diversos países de acuerdo con sus necesidades particulares. En este mismo sentidodebe moverse la legislación venezolana, conduciendo cada vez a una mayor diversidad demedios de comunicación que hagan posible un mejor ejercicio del derecho a la libertad deexpresión en Venezuela, lejos de crear leyes que puedan ocasionar monopolios de lacomunicación que puedan tender a controlar la información que sale a la vista del público.En este mismo tono, Friedrich-Naumann-Stiftung (1997), en su libro titulado "Freedom ofExpression and Human Rights Protection (Stiftung ftir libérale Politik, Bruselas, página159) establece algunos parámetros para la libertad de expresión de la siguiente manera: "£/ propósito general de las limitaciones específicas en la propiedad de los medios es prevenir que un solo propietario adquiera el dominio local
  34. 34. 34 de todas las formas de transmisión, o una posición dominante sobre una forma de transmisión nacionar (Traducción propia) (Negritas añadidas)Si bien en el caso presente no está en discusión la propiedad monopólica de los medios decomunicación, si debe aplicarse este principio por analogía, pues el hecho que un únicomedio de comunicación sea el único autorizado para obtener información relevante deinterés público le da una posición dominante sobre una forma de transmisión nacional quepuede vulnerar el acceso a la información veraz y la pluralidad de opiniones por parte delos ciudadanos de la nación.Se ha establecido de igual manera que en un sistema democrático y pluralista, las accionesy omisiones del Estado y de sus funcionarios deben sujetarse a un escrutinio riguroso, nosolo por los órganos internos de control, sino también por la prensa y la opinión pública; lagestión pública y los asuntos de interés común deben ser objeto de control por la sociedaden su conjunto. (Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Eduardo Kimel,Sentencia de 02 de mayo de 2008, párr. 57; Caso Claude Reyes y otros vs. Chile,Sentencia de 19 de septiembre de 2006, párr. 84.)Es clara la Corte al establecer que la prensa y por consiguiente la opinión ciudadana que seforme de una información plural son la base de una gestión pública transparente. Resultalimitativo en consecuencia, impedir la cobertura de la prensa en las sesiones de órganolegislativo de un Estado, órgano de excelencia en la discusión de temas de interésnacional, ya que impide a los ciudadanos el acceso a la información sobre los asuntos quese debaten.No resulta una garantía la transmisión de las sesiones por el canal de la AsambleaNacional (ANTV), pues para un correcto funcionamiento de la democracia y para queexiste un eficaz control ciudadano de la gestión pública, es necesario el pluralismo, ladiversidad y eso solo es posible en la medida que los medios de comunicación, de diversascorrientes puedan transmitir las sesiones del órgano legislativo.Es clara la importancia que el legislador establece en el caso de la formación ciudadano yel acceso a la información. El artículo 108 de nuestra Constitución establece que son los
  35. 35. 35medios de comunicación, públicos y privados, quienes deben contribuir en la formaciónciudadana. Este postulado solo es posible en la medida en que los órganos del Estadofaciliten el trabajo de los medios de comunicación privados y no limiten en forma algunasu labor. - De la importancia de la pluralidad de medios en la Asamblea Nacional -Ahora bien, aplicando el derecho de la libertad de expresión a el caso particular, esmenester sostener que esta pluralidad de medios es indispensable que este presente en losdebates parlamentarios de la Asamblea Nacional.De acuerdo con el Informe del Relator Especial Sobre la Protección y Promoción delDerecho a la Libertad de Opinión y Expresión (E/CN.4/1998/40, del 28 de enero de 1998,Naciones Unidas, párrafo 12) observamos lo siguiente: "El Relator Especial desea abordar la cuestión del derecho a la información y su relación con los gobiernos. Considera que el derecho de acceder a la información que obra en poder del gobierno debe ser la norma y no la excepción. Además, debe existir un derecho general a acceder a cierto tipo de información relacionada con lo que podría denominarse la "actividad del Estado"; por ejemplo, en la medida de lo posible, las reuniones y los foros donde se adoptan decisiones deberían estar abiertos al público. En algunas democracias se ha observado una tendencia cada vez más acentuada a transmitir por radio o televisión, o ambos, los debates y las sesiones de las asambleas nacionales, regionales, estatales y locales, así como las audiencias judiciales E! Relator Especial recomienda que se promueva decididamente esta actitud y espera que más Estados y gobiernos locales adopten esta práctica." (Negritas añadidas)Aquí observamos como la CIDH se ha pronunciado no sólo referente a la pluralidad demedios y la prohibición de monopolios, sino también específicamente en relación a laimportancia de esta pluralidad de medios en los debates parlamentarios. Vemos entoncesque la Relaíoría hace especial énfasis a que las reuniones y foros en los cuales se tomen
  36. 36. 36decisiones se permitan la presencia de los medios de comunicación, de manera que losmismos estén abiertos al público.En este mismo sentido, de acuerdo con Bel Mallen. Corredoira y Alfonso (2003) en sulibro titulado "Derecho a la Información" (Editorial Ariel, 1a Edición, España, páginas168 y 169), la publicidad parlamentaria es parte fundamental del derecho a lainformación: "Puede afirmarse, en líneas generales, que el principio de publicidad preside toda la actividad parlamentaria. Esta publicidad se manifiesta normalmente mediante la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y el Diario de Sesiones. ...omisis... Por lo que hace a las sesiones, el Reglamento del Congreso de los Diputados, aprobado por el Pleno en las sesiones de 9 y 10 de febrero de 1982 (ROE n. ° 55, de 5 de marzo de 1982), indica en su artículo 63 que las sesiones del Pleno de la Cámara serán públicas salvo en casos excepcionales y en el artículo 96. / determina la publicación de las mismas, así como las de la Diputación Permanente y las Comisiones, en el Diario de Sesiones... " (Negritas y subrayado añadido)De igual manera, de acuerdo con libro publicado por el Tribunal Constitucional Español,Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (2002) titulado "La libertad deinformación y de expresión. Actas de las VII Jornadas de la Asociación de Letrados delTribunal Constitucional" (No. 139, Cuadernos y Debates. Madrid, España, páginas 152 y153) el derecho a la libertad de información y de expresión incluye el acceso de losmedios de comunicación a los debates parlamentarios. En este sentido establece: ""El TC ha reconocido, en sentencia 63/1987, de 20 de mayo que la democratización de la comunicación exige superar la consideración liberal de la libertad de información, entendida como ausencia de trabas, impedimentos o restricciones derivadas de los poderes públicos, atribuyendo a éstos actuaciones positivas en relación con el acceso a los
  37. 37. 37 medios de comunicación que reconoce el artículo 20.3 (JE. Y al legislador corresponde garantizar dicho derecho de acceso de los grupos sociales y políticos significativos a los medios públicos de comunicación social, en cuyo régimen cabe distinguir: ...omisis... O- Debates parlamentarios. En algunas Comunidades Autónomas se configura legislativamente una tercera manifestación del derecho de acceso reconocido en e! artículo 20.3 CE a los grupos políticos significativos. En el País Vasco y en la ("omunidad Valenciana se prevé que en la difusión diferida de los debates parlamentarios o en la información de los mismos, el tiempo de antena conferido a cada grupo parlamentario sea proporcional a su representación en las respectivas Asambleas Legislativas. Y, en Andalucía, iras atribuir al Consejo de Administración la competencia para determinar semestralmente el porcentaje sw horas de programación destinadas a los grupos políticos y sociales significativos, se establece la obligación de garantizar la presencia efectiva del Parlamento de Andalucía...** (Negritas y subrayado añadido)En las referidas citas vemos como en países como España es de relevancia que lapluralidad de medios se encuentre presente en los debates parlamentarios como parte desu derecho a la libertad de expresión en pro de una sociedad democrática.De acuerdo con Álvare/, Bertoni, Cantón y otros (2000), en libro titulado "EstudiosBásicos de Derechos Humanos X" (Instituto Intcramericano de Derechos Humanos, SerieEstudios de Derechos Humanos, Tomo X, Fundación Ford, Primera Edición, San José,Costa Rica, páginas 196 y siguientes), haciendo referencia específicamente a la presenciade los canales de televisión en los debates parlamentarios, manifiesta lo siguiente: " ...puede argumentarse que la TV-y la radio- ha logrado el sueño de un demócrata: permitir que casi todos tengan acceso a los debates de sus representantes Desde los tiempos de la democracia griega, en que los ciudadanos se reunían en el agora para discutir sus problemas, no se
  38. 38. 38 lograba un ingreso de la población - en esa magnitud- a ¡os débales de sus representantes. Podría argumentarse también que en ese caso, la transmisión directa de las sesiones parlamentarias, la TV y la radio son absolutamente neutrales y sólo reflejan exactamente lo que allí ocurre, a diferencia de lo que viene haciendo la prensa desde hace dos siglos: resumir la discusión y, por tanto, eventualmente filtrar la información de acuerdo a intereses particulares (lo mismo que los noticiarios de la TV). Salvo excepciones, difícilmente puede atribuirse a los medios intenciones protervas cuando difunden imágenes perjudiciales a las instituciones, como el Parlamento. Puede ser que salgan de lo común y que por tanto atraigan la atención del público, pero sólo en contadas ocasiones hay una intencionalidad destructiva... " (Negritas añadidas)liste mismo texto también expone: "...es casi imposible en la actualidad que un gobierno se atreva a establecer la censura previa, poniendo funcionarios en todos los medios para que revisen el material a publicarse. O que simplemente expropien todos los medios, como hizo el régimen militar peruano en 1974. No obstante, los gobiernos han encontrado mecanismos más sutiles y menos visibles, pero tanto más eficaces para limitar la libertad de prensa. Algunos de ellos son: ...omisis... • La información privilegiada es proporcionada a los medios complacientes con los gobiernos y negada a los críticos. En países donde la información pública en la práctica es secreta, se convierte en un mecanismo importante para domesticar a los medios... " (Negritas añadidas)Observamos una vez más en la referida cita la relevancia del acceso de la pluralidad de losmedios de comunicación a los debates parlamentarios como parte de los criterios que rigen
  39. 39. 39la democracia. Enfatizan también los autores el hecho de que algunos gobiernos tratan delimitar el derecho a la libertad de expresión a través de medidas de proporcionardeterminada información a los medios complacientes con los gobiernos, tal y como estáocurriendo en el presente caso con el hecho de que sólo se le permite a los canales delEstado el acceso a los debates parlamentarios. - Del retroceso en el derecho a la libertad de expresión -Otro factor que es necesario resaltar es el hecho de que con los referidos artículos delvigente Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional se está ejerciendo unretroceso en la garantía, goce y ejercicio de los derechos humanos, lo cual es incompatiblecon el principio de progresividad de los derechos humanos establecido en el Artículo 19de la Constitución.El Artículo 19 de la Carta Magna establece lo siguiente: El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de prosresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e ínterdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen. " (Negritas y subrayado añadido)Vemos como establecía expresamente el reformado Reglamento de Interior y Debates,publicado en Gaceta Oficial No. 5.789 Extraordinario, de fecha 26 de octubre de 2005, ensus Artículos 97 y 107, que los medios los medios de comunicación audiovisual podrántransmitir parcial o totalmente el desarrollo de las sesiones y se le garantizaba a losmismos su presencia en la Sala de debates parlamentarios: "Artículo 97. La Asamblea Nacional sesionará en forma ordinaria y en forma extraordinaria, según las necesidades que al efecto se establezcan. También podrá celebrar sesiones especiales.
  40. 40. 40 Todas las sesiones serán públicas. En atención al articulo 108 de la Constitución de la República Bo/ivariana de Venezuela, los medios de comunicación audiovisual podrán transmitir parcial o totalmente el desarrollo de las sesiones. En la discusión de materias de alto interés nacional, a juicio de la Junta Directiva de la Asamblea, ésta podrá solicitar de alguno de los medios audiovisuales del Estado, la transmisión de la sesión. Las sesiones podrán declararse privadas o secretas mediante decisión de la mayoría absoluta de los presentes, a proposición de cualquiera de ellos. " (Negritas y subrayado añadido) "Artículo 107. Ninguna persona distinta a los miembros de la Asamblea Nacional o invitada especialmente, o personal que se requiera para el funcionamiento de la misma, puede bajo ningún pretexto, introducirse o permanecer en el salón de sesiones durante el desarrollo de éstas. Se entiende por personal necesario para el funcionamiento de la Asamblea el de taquigrafía y redacción, asesoramienlo, de seguridad y cualquier otro que al efecto se considere. Se garantizará a los medios de comunicación social todas las facilidades para la más amplia y oportuna cobertura de las sesiones en los espacios que la Junta Directiva determine al efecto, salvo que se declaren secretas o privadas conforme al artículo 98 de este Reglamento. " (Negritas y subrayado añadido)En este sentido, en el anterior Reglamento del año 2005, con el cual se había venidotrabajando, era posible que la pluralidad de medios de comunicación accediera a laAsamblea Nacional y estuvieran presentes durante las sesiones de los diputados. Estasnormas garantizaban el derecho a la libertad de expresión y los referidos Artículos de laCRBV, pues permitían que existiera la libertad y pluralidad de acceso a la información alos medios de comunicación en los debates de la Asamblea Nacional, información queluego era utilizada para divulgarla libremente a la ciudadanía para el ejercicio del derechoa la libertad de pensamiento, opinión y expresión cónsono con el Estado democrático ysocial de derecho y de justicia. Hn los estándares de derecho generalmente aceptados se ha
  41. 41. 41reconocido que los derechos humanos, una vez adquiridos y promulgados por un Estadono pueden retroceder.A este respecto, GIMÉNEZ MERCADO, Claudia y VALENTE ADARME, Xavier, en sulibro titulado "El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas: ideas para undebate en ciernes" (CDC, ago. 2010, vol.27, no.74, p.51-79. ISSN 1012-2508) establece losiguiente: "Con relación a la progresividad, cabe destacar que existen obligaciones fundamentales de los Estados que se refieren a niveles esenciales mínimos en materia de derechos humanos y que, por tanto, requieren ser cumplidas prestamente. En otros casos, las obligaciones no necesariamente deben ser de efecto inmediato, sino que, con base en el principio de realización progresiva, se van poniendo en práctica gradualmente. Esto ocurre fundamentalmente por razones de disponibilidad de recursos e implica que el Estado puede manejar dos variables para ir acatando sus deberes: por una parte, la dimensión temporal en el entendido de que existen puntos de referencia (metas e indicadores), y por otra, la necesidad de establecer prioridades debido a la imposibilidad de mantener con la misma fuerza varias obligaciones de forma simultánea. En todo caso debe garantizarse —aun cuando se prioricen algunas obligaciones— el principio de no regresión, que consiste en que el resto de los derechos deben mantener su nivel de realización y nunca retroceder (OACDH, 2004). "(Negritas y subrayado añadido)En este mismo sentido, de acuerdo con Picard, M. y Useche, J., en su libro titulado "LaRegresividad del Código Penal de Acuerdo al Texto Constitucional Vigente" (Universidadde Carabobo, Anuario No. 28 (2005), ISSN 1316-5852), se sostiene lo siguiente: "Brewer (1999), refiriéndose al principio de progresi vidad señala: "£Y respeto y garantía de los derechos, por tanto, son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen. Se establece asi, en primer lugar, la
  42. 42. 42garantía estatal de los derechos humanos conforme al principio de laprogresividad, lo que implica necesariamente que la interpretación de lasnormas correspondientes y cualquier revisión constitucional futura deberealizarse de manera más favorable al ejercicio y goce de los derechos y,además, conforme al principio de la no discriminación. "; continúa elautor citando a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, yal artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ensentencia N° 1154 de 29 de junio de 2001 que indicó "en razón del cualresulta menester la adecuación del ordenamiento jurídico para asegurarla efectividad de dichos derechos, no siendo posible la excusa de lainexistencia o no idoneidad de los recursos consagrados en el ordeninterno para la protección y aplicación de los mismos " ...omisis...De acuerdo a los criterios manejados por la doctrina y la jurisprudencia,puede construirse una definición en los siguientes términos: El principiode progresividad confisura una prohibición seneral a los Estados dedesmejorar los losros que en materia de derechos humanos han sidoproducto de la evolución progresiva de los mismos, por lo tanto estáimplícita la prohibición de la resresividad de los derechos y sarantíasconstitucionales.De tal manera que no pueden ser desmejorados, eliminados los derechosy garantías establecidas, es un mandato para el legislador, para elintérprete, debe prevalecer la legislación, la jurisprudencia que sea másfavorable en cuanto a la amplitud del goce y disfrute de los derechoshumanos, éstos, cumplen una doble función:• En el plano objetivo, asumen una dimensión institucional• En el plano subjetivo, actúan como garantías ...omisis...Es importante resallar dos elementos que nos aclaran las perspectivas delprincipio de la progresividad, en primer lugar, la integración del DerechoInternacional de los derechos humanos al derecho interno, así losderechos humanos iníer nacionalmente reconocidos deben tener la
  43. 43. 43 supremacía jerárquica de los derechos constitucionales y estar bajo la cobertura de la justicia constitucional; en segundo lugar, se demuestra que la protección de los derechos humanos se confisura en un régimen Que siempre es susceptible de ampliación y no de restricción y que también toca a la integración de la regulación internacional entre si, con la nacional, afirma Niken (1995). ...o mi.sis... El criterio de regresividad choca con el principio de progresividad, al surgir el criterio que los derechos fundamentales del hombre forma parte de su situación jurídica subjetiva y derechos naturales (Doctrina Social de la Iglesia) y, como ¡al, no se puede menoscabar su goce y disfrute, mediante ley emanada del Órgano Legislativo que los disminuya, altere o menoscabe, pues la ley está sometida a la voluntad superior de la Constitución, de acuerdo al articulo 7 constitucional que estatuye el principio de supremacía constitucional De esta manera, una vez reconocidos los derechos humanos como inherentes a la persona, surge una serie de consecuencias como son: Reconocimiento de los derechos humanos por parte del Poder Público, en un Estado de Derecho o constitucional, la universalidad de esos derechos, la íransnacionaíidad o su internacionalización, la irreversibilidad, lo cual nos lleva a aseverar que no puede existir en esa materia relativismos ya que la inviolabilidad debe ser respetada y garantizada, así como la progresividad. por lo tanto, está implícita la prohibición de la regresividad de los derechos y garantías constitucionales. (Negritas y subrayado añadido)Es por las razones antes expuestas por las cuales debe necesariamente establecerse que noes posible hacer un retroceso en los derechos humanos, y en este caso en concreto en elderecho a la libertad de expresión. Los Artículos 56 y 66 del Reglamento de Interior yDebates de la Asamblea Nacional ocasionan un retroceso importante al derecho a lalibertad de pensamiento y de expresión, según se ha sostenido supra y por tanto no es

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