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Amparo Constitucional Caso CICPC
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  • 1. Ciudadano,JUEZ DISTRIBUIDOR DE LOS JUZGADOS SUPERIORESCONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITALSu Despacho.-Yo, CARLOS JOSÉ CORREA BARROS, venezolano, mayor de edad, de csy titular de la Cédula de Identidad No. V-8.317.640, actuando en nombre propio y a la vezen representación de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO, sociedaddebidamente protocolizada por ante la Oficina Subalterna del Sexto Circuito de Registrodel Municipio Libertador del Distrito Federal en techa veinte (20) de febrero de 2003,inscrita bajo el No. 28, Tomo 02, Protocolo Primero, y cuya última acta de Asamblea seencuentra protocolizada por ante el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del MunicipioLibertador del Distrito Capital en fecha tres (03) de julio de 2006, bajo el No. 08, Tomo 04,Protocolo Primero, los cuales anexamos a la presente marcados con las letras "A" y "B",respectivamente; asistido en este acto por el abogado Oswaldo Rafael Cali Hernández,venezolano, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la Cédula de Identidad No.18.185.049, debidamente inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 153.405; anteustedes respetuosamente ocurrimos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23,27, 49, 51, 57, 58, y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (la"Constitución"); 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 1, 2, 5 y 8 de laLey Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a los fines deinterponer acción de amparo constitucional contra el Cuerpo de investigacionesCientíficas, Penales y Criminalísticas (CICPC), representado en la persona de suDirector General Nacional Comisario General José Humberto Ramírez M-, venezolano,mayor de edad, de este domicilio, de otorgar oportuna y adecuada respuesta a la solicitudde información que realizamos mediante comunicación entregada en fecha seis (06) deseptiembre de 2011. la cual anexamos a la presente marcada con la letra "C", a los finesde obtener el inmediato restablecimiento de la situación jurídica infringida en virtud dela violación de los derechos constitucionales de acceso a la información públicasolicitada y a obtener una oportuna y adecuada respuesta por parte de dicho órgano de laRepública. La presente acción de amparo se ejerce en los siguientes términos: -I-
  • 2. DE LOS HECHOSEn fecha seis (06) de septiembre de 2 0 1 1 , la persona y la organización recurrentes,entregaron una comunicación en la cual hicieron efectivo un Derecho de Petición, dirigidoal ciudadano Wilmer Flores Trosel, quien para aquel momento ejercía la Dirección Generaldel Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). En lamencionada comunicación, se solicitó lo siguiente: 1.- Número de homicidios en el primer semestre del año 2011 2.- Tasa de criminalidad en Venezuela de los años 2008, 2009, 2010 y el primer semestre de 2011. Provea una copia de los informes de criminalidad en estos períodos en los cuales se indiquen los números y tipos de delitos ocurridos, la ubicación geográfica de los mismos, y el número de víctimas afectadas por cada uno de ellos.Es el caso, Magistrados y Magistradas, que desde la fecha de presentación del escrito depetición, hasta la fecha de interposición de la presente Acción Judicial de AmparoConstitucional, no se ha obtenido por parte del ente, ninguna respuesta, muy a pesar dehaber transcurrido, con creces, el lapso de veinte (20) días hábiles legalmente establecidoen el artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.Por lo tanto, transcurridos como fueron los veinte (20) días hábiles sin obtener respuestaalguna, se configuró para ese momento la vulneración, por parte de la AdministraciónPública, el Derecho a petición y oportuna respuesta, así como el derecho a la libertad deexpresión, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en laConvención Americana sobre Derechos Humanos, que hacen procedente la acción deamparo constitucional, por no existir otra vía idónea y eficaz que repare la situaciónjurídica infringida en esos derechos, como será fundamentado en este escrito. La violacióndel derecho de petición tiene como consecuencia inmediata la violación de nuestro derechoconstitucional de controlar la gestión pública y dentro de ello el control fiscal establecidoen el artículo 62 de la Constitución y afecta el ejercicio protagónico pues el acceso a lainformación pública es condición esencial para su ejercicio.
  • 3. - II- COMPETENCIALa competencia para conocer de la acción de amparo constitucional ejercida en formaautónoma está regulada en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y GarantíasConstitucionales. Así, en su Artículo 7 se establece que son competentes para conocer de laacción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con lanaturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados deviolación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto, uomisión que motivaren la solicitud de amparo.La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 07 deagosto de 2007, Carla Mariela Colmenares contra D1SIP, con ponencia de la MagistradaCarmen Zuleta de Merchán, precisó la competencia de amparos autónomos en aquelloscasos donde en atención a la jerarquía del órgano de la Administración, no corresponda a laSala Constitucional conocerlos. Dicha sentencia estableció lo siguiente: "Esta Sala determina que el criterio residual no regirá en materia de amparo, por lo que en aquellos supuestos donde el contencioso administrativo general le asigne la competencia a las Cortes para el control de los actos, ese criterio no será aplicable para las acciones de amparo autónomo, aplicándose, en razón del acceso a la justicia, la competencia de los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo con competencia territorial donde se ubique el ente descentralizado funcionalmente (v.gr. Universidades Nacionales) o se encuentre la dependencia desconcentrada de la Administración Central, que, por su jerarquía, no conozca esta Sala Constitucional. En igual sentido, y para armonizar criterio, lo mismo ocurrirá si el amparo autónomo se interpone contra un ente u órgano de estas características que, con su actividad o inactividad, haya generado una lesión que haya acontecido en la ciudad de Caracas: en este caso la competencia recaerá en los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital"Por consiguiente, siendo entonces que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales yCriminalísticas (CICPC) es un organismo que está sujeto a la dirección del MinisterioPúblico de conformidad con el Artículo 3 de la Ley del Cuerpo de Investigaciones
  • 4. Científicas, Penales y Criminalísticas en concordancia con la Ley Orgánica del MinisterioPúblico, y por ende correspondería entonces a este Tribunal, el conocimiento de lasacciones de amparo constitucional contra este funcionario. Procedemos a continuación aexpresar el caso en cuestión y solicitar su correspondiente admisión y solicitamos que asísea decidido. -III- DE LA ADMISIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONALLa presente acción es admisible, pues no incurre en ninguna de las causales deinadmísibilidad previstas en el Artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos yGarantías Constitucionales y por cuanto: 1) Los hechos que a continuación se exponen, no han cesado por cuanto aún no hemos obtenido respuesta adecuada y oportuna y por lo tanto, la violación al derecho constitucional invocado está vigente. 2) La amenaza contra el derecho o la garantía constitucional es inmediata, posible y realizable por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en la persona del Comisario General José Humberto Ramírez M., en su carácter de Director General del CICPC. 3) La situación jurídica infringida es susceptible de restablecimiento por vía del mandamiento de amparo que se solicita en el presente libelo al ordenar al mencionado ente que proporcione la información solicitada. 4) No ha existido consentimiento expreso ya que no han transcurrido seis (6) meses desde la violación de los mencionados derechos. Tampoco ha existido consentimiento tácito de la situación y de la violación que ha continuación se denuncia. La petición de información fue entregada el día seis (06) de septiembre de 2011, luego de lo cual este ente tenía veinte (20) días hábiles para dar respuesta a la misma, los cuales se cumplieron el día cuatro (04) de octubre de 2011. Entonces a partir del día cinco (05) de octubre de 2011, ocurre la abstención por parte del ente
  • 5. público y comienza a correr el lapso de seis (6) meses los cuales concluirían el primero (01) de abril de 2011. 5) No se ha recurrido a vías judiciales ordinarias ni se ha hecho uso de medios judiciales preexistentes. 6) No se trata de decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia. 7) No existe suspensión de derechos y garantías constitucionales que afecten expresamente este derecho. 8) No está pendiente decisión de acción de amparo ejercida ante un Tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta.Adicionalmente, debe establecerse que la acción de amparo es procedente para este caso deconformidad con el Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y GarantíasConstitucionales, e! cual establece que: "La acción de amparo procede contra todo actoadministrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violeno amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medioprocesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional". En vista deldebate que existe en la jurisprudencia de este Tribunal acerca del criterio de admisibilidaddel amparo en casos de abstención de la Administración, procederemos a continuación ahacer una explicación más detallada de las razones por las que consideramos que el recursoidóneo para el caso en concreto es el de amparo constitucional. Del criterio jurisprudencial actual del Tribunal Supremo de Justicia -El Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Constitucional ha sostenido a lo largo de losúltimos diez años un criterio en cuanto a la admisibilidad de la acción de amparoconstitucional. Este criterio ha sido desarrollado en la Sentencia No. 1089 del 09 denoviembre de 2001 de la siguiente manera: "Luego, resulta congruente con este análisis que la específica acción de amparo constitucional, a que se contrae el inciso segundo del artículo 27 de la Carla Magna, constituye un medio adicional a los ordinarios en la tarea
  • 6. de salvaguardar los derechos fundamentales. Por lo tanto, y al contrario decómo ha venido siendo concebida, dicha acción no entraña un monopolioprocesal en cuanto al trámite de denuncias respecto a violaciones a laregularidad constitucional. Así lo ha afirmado esla Sala en varias de susdecisiones, entre las que destacan, por la trascendencia que dieron al tema,las sentencias 848/2000, caso: Luis Alberto Baca y 963/2000, caso: JoséÁngel Guía. También se refirieron al punto las sentencias 1120/2000,1351/2000, 1592/2000, 27/2001, 29/2001, 30/2001, 46/2001, 331/2001,1488/2001, 1496/2001, 1488/2001, 1591/2001 y 1809/2001, entreoirás).Así, en cuanto al complejo de medios procesales que la Constitución pone adisposición de las personas, esta Sala, en su decisión n° 848/2000 yamencionada, afirmó: "Sin mucha claridad, fallos de diversos tribunales, incluyendo los de variasSalas de la extinta Corte Suprema de Justicia, han negado el amparo alaccionante, aduciendo que el mismo ha debido acudir a las vías procesalesordinarias, aunque sin explicar la verdadera causa para ello, cual es quepor estas vías se podía restablecer la situación jurídica infringida antes quela lesión causare un daño irreparable, descartando así la amenaza deviolación lesiva. Por lo tanto, no es cierto que per se cualquier transgresión de derechos y garantías constitucionales está sujeta de inmediato a la tutela del amparo,y menos las provenientes de la actividad procesal, ya que siendo todos losjueces de la República tutores de la integridad de la Constitución, ellos deben restablecer, al ser utilizadas las vías procesales ordinarias (recursos, etc.), la situación jurídica infringida, antes que ella se haga irreparable " (Subrayado posterior).2. - En consecuencia, es criterio de esta Sala, tejido al hilo de losrazonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional operabajo las siguientes condiciones: a) Una vez que la vía judicial haya sido instada y que los medios recursivos hayan sido agotados, siempre y cuando la invocación formal del derechofundamental presuntamente vulnerado, en la vía o a través del medio correspondiente, no haya sido satisfecha; ob) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en elcaso concreto y en virtud de la urgencia de la restitución, no darásatisfacción a la pretensión deducida.La disposición del literal a) apunta a la comprensión de que el ejercicio dela tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a
  • 7. través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por elordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicialvenezolano, tal como se afirmó en líneas anteriores: por lo que, enconsecuencia, ante la interposición de una acción de amparoconstitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la víaordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar talescircunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrara analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que laConstitución atribuye a las vías o medios procesales ordinarios les imprimela potestad de conservar o restablecer el goce de los derechosfundamentales, por lo que su agotamiento es un presupuesto procesal a laadmisibilidad de la acción de amparo. La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal, no tiene el sentido de que se interponga cualquiera imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechosfundamentales que se denuncian. No se obliga, pues, a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles. Por ejemplo, ante el agotamiento de la doble instancia en un juicio civil, el actor tendrá la posibilidad de recurrir en casación o en amparo constitucional, pues es sabido que aquélla constituye una vía extraordinaria de revisión. De cara al segundo supuesto [literal b], relativo a que la acción de amparopuede proponerse inmediatamente, esto es, sin que hayan sido agotados losmedios o recursos adjetivos disponibles, el mismo procede cuando sedesprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean lapretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resultainsuficiente para el restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado.Alguna de tales circunstancias podría venir dada cuando, por ejemplo, lapretensión de amparo exceda del ámbito intersubjetivo para afectargravemente al interés general o el orden público constitucional; en caso deque el recurrente pueda sufrir una desventaja inevitable o la lesión devengairreparable por la circunstancia de utilizar y agotar la vía judicial previa(lo que no puede enlazarse el hecho de que tal vía sea costosa o menosexpedita que el procedimiento de amparo, tal como lo argumenta elaccionante); cuando no exisla vía de impugnación contra el hecho lesivo, oésta sea de imposible acceso; cuando el peligro provenga de la propiaoscuridad o complejidad del ordenamiento procesal; o ante dilacionesindebidas por parte los órganos judiciales, tanto en vía de acción principalcomo en vía de recurso.Debe recordarse, no obstante, que el concepto de proceso sin dilacionesindebidas es un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido concretodeberá ser obtenido mediante la aplicación, a las circunstancias específicas
  • 8. de cada caso, de los criterios objetivos que sean congruentes con su enunciado genérico. Podrían identificarse como ejemplo de tales criterios objetivos: la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, la conducta procesal del interesado y de las autoridades implicadas y las consecuencias que de la demora se siguen para los litigantes. Así pues, criterios de razonabilidad pesarán sobre la decisión que se tome en cada caso concreto. 3.- Precisado lo anterior, la Sala es del parecer que los argumentos esgrimidos por el accionante, en cuanto a que el procedimiento contencioso administrativo sería insuficiente para el restablecimiento de su situación jurídica constitucional, no alcanzan a desvirtuar el principio del uso previo de las vías judiciales ordinarias, pues sus razones giran en torno a la brevedad y eficacia del procedimiento de amparo en contraste con otros procedimientos, lo cual, como ya se dijo, no constituye un motivo capaz de vedar el examen de la cuestión planteada por el juez ordinario. "Este mismo criterio ha sido aplicado en diversas Sentencias de esta sala, tales como la2629/2002, 93/2006, 697/2010, entre otras. De nuestras consideraciones al respecto del criterio jurisprudencial que se aplica -Con respecto a este punto, es importante resaltar que el amparo es la única vía efectiva yexpedita para obtener el restablecimiento oportuno de la situación jurídica infringida en elpresente caso, el cual debe admitirse dada la urgencia con la cual se requiere lainformación.En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se establececlaramente la obligación de los Estados ante la denegatoria de información bajo su control,la existencia de un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita que se determinesi se produjo una vulneración del derecho del solicitante de información y, en su caso, seordene al órgano correspondiente la entrega de la información; asimismo, lo ha establecidoesta Sala Constitucional (véase sentencia del 19.8.2004, caso: Gregorio Pérez Vargas). Eneste ámbito, dicho recurso debe ser sencillo y rápido, tomando en cuenta que la celeridad enla entrega de la información es indispensable en esta materia.
  • 9. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece en su Artículo 25, elderecho a la Protección Judicial en los siguientes términos: "/. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra acias que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. "En este sentido, en el caso Claude Reyes vs. Chile, de la Corte Interamericana de DerechosHumanos, al versar sobre el derecho a la protección judicial en un caso de acceso a lainformación pública, manifestó lo siguiente: "128. El artículo 25. J de la Convención ha establecido, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos viólatenos de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por ¡a Constitución o por la ley. 129. La salvaguarda de la persona frente al ejercicio arbitrario del poder público es el objetivo primordial de la protección internacional de los derechos humanos. La inexistencia de recursos internos efectivos coloca a las personas en estado de indefensión. 130. La inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones de los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte. Los Estados Partes en la Convención tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de dicho recurso efectivo.
  • 10. 131. Para que el Estado cumpla lo dispuesto en el artículo 25 de laConvención no hasta con que los recursos existan formalmente, sino que losmismos deben tener efectividad, en los términos de aquél precepto. Laexistencia de esta garantía "constituye uno de los pilares básicos, no sólode la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en unasociedad democrática en el sentido de la Convención", Esta Corte hareiterado que dicha obligación implica que el recurso sea idóneo paracombatir la violación, y que sea efectiva su aplicación por la autoridadcompetente.132. En el presente caso los señores Marcel Claude Reyes, Arturo LongtonGuerrero y Sebastián Cox Urrejola interpusieron un recurso de protecciónante la Corte de Apelaciones de Santiago el 27 de julio de 1998 (suprapárr.57.23), con fundamento, Ínter alia, en que "la conducta omisiva del Comitéde Inversiones Extranjeras" afectaba la garantía constitucionalcontemplada en el artículo 19 N" 12 ("libertad de emitir opinión y deinformar") de la Constitución Política, "en relación con el artículo 5"inciso 2 de la misma[W7] y los artículos 13.1 de la Convención Americanasobre Derechos Humanos y 19.2 del Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos, toda vez que por su intermedio se confígurafba] unaomisión arbitraria en el acceso a información pública, no permitida por elordenamiento jurídico que inhabilita a los recurrentes [...] a efecto[s d]elcontrol social sobre los órganos de la Administración del Estado ".133. El referido recurso de protección se encuentra contemplado en elartículo 20 de la Constitución Política, el cual puede ser interpuesto poruna persona "por sí o por cualquiera a su nombre " ante la Corte deApelaciones respectiva, cuando por "causa de actos u omisiones arbitrarioso ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejerciciode los derechos y garantías" establecidos en determinados numerales delartículo 19de la Constitución (suprapárr. 57.24).134. Al pronunciarse sobre dicho recurso, la Corte de Apelaciones deSantiago no resolvió la controversia suscitada por la actuación delVicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras, pronunciándosesobre la existencia o no en el caso concreto del derecho de acceso a lainformación solicitada, ya que la decisión judicial fue declararinadmisible el recurso de protección interpuesto (suprapárr. 57.25).135. En primer término, este Tribunal encuentra que esa decisión judicialcareció de fundamentación adecuada. La Corte de Apelaciones de Santiagoúnicamente señaló que adoptaba tal decisión con base en que de "loshechos descritos [...] y de los antecedentes aparejados al recurso, sedesprende que éste adolece de manifiesta falta de fundamento". Además, laCorte de Apelaciones señaló que tenía presente que "el recurso deprotección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando ésteha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que
  • 11. amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales", sin desarrollar ninguna consideración al respecto. 136. La referida resolución judicial no contiene otra fundamentación que la señalada anteriormente. La Corte de Apelaciones de Santiago no realizó ni la más mínima indicación respecto de las razones por las que se "desprendfía]" de los "hechos" y "antecedentes" del recurso su "manifiesta falta de fundamento". Tampoco realizó una evaluación respecto de si la actuación de la autoridad administrativa, al no entregar una parte de la información solicitada, guardaba relación con alguna de las garantías que pueden ser objeto del recurso de protección, o si procedía algún otro recurso ante los tribunales ordinarios. 137. El Estado debe garantizar que, ante la denegatoria de información bajo el control estatal, exista un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita Que se determine si se produjo una vulneración del derecho del solicitante de información y. en su caso, se ordene al órsano correspondiente la entrega de la información. En este ámbito, dicho recurso debe ser sencillo v rápido, tomando en cuenta que la celeridad en la entrega de la información es indispensable en esta materia De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2 y 25.2. b) de la Convención si el Estado Parle en la Convención no tiene un recurso judicial para proteger efectivamente el derecho tiene que crearlo. 138. Respecto de la alegada violación del articulo 25 de la Convención, Chile se limitó a señalar que "los peticionarios ejercieron el recurso de protección de las garantías constitucionales sin obtener los resultados apropiados a sus pretensiones", y explicó las reformas realizadas a partir de noviembre de 1999 que, Ínter alia, establecieron un "recurso [judicial] específico en materia de acceso a la información". 139. La Corte considera que en el presente caso Chile no cumplió con garantizar un recurso judicial efectivo que fuera resuelto de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención y que permitiera que se resolviera el fondo de la controversia sobre la solicitud de información bajo el control del Estado, es decir, que se determinara si el Comité de Inversiones Extranjeras debía o no dar acceso a la información solicitada." (Resaltado añadido)En el citado texto observamos, como en este caso de la Corte Interamericana de DerechosHumanos, el cual ha desarrollado estándares internacionales importantes en el tema de laexigibilidad del derecho de acceso a la información, y cuyas opiniones son vinculantes parala República Bolivariana de Venezuela de conformidad con los Artículos 23 y 31 de la
  • 12. 12Constitución Nacional y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; laCorte consideró que es indispensable que las personas dispongan de un recursosuficientemente rápido y sencillo que les permita acceder a la información, tomando encuenta que este es un derecho humano fundamental. Este recurso no es otro, que el másexpedito con el que pueda contarse de manera de satisfacer de una forma real el derecho delas personas a obtener la información pública que han solicitado.En un caso llevado por Espacio Público y el Programa Venezolano de Educación-Acciónen Derechos Humanos (PROVEA), relacionado con una petición de información acerca delos Boletines Epidemiológicos, la Magistrada de esta Sala Carmen Zuleta de Merchánmanifestó en su voto concurrente ofrecido en la Sentencia No. 697/2010 que no debegeneralizarse el presupuesto jurisprudencial aludido (sobre la admisibilidad del amparo),pues esto pudiera conducir a equívocos indeseables si no se distingue la entidad del bienjurídico en conflicto, que no de la obligación, y los sucedáneos respectivos. Debe entonces,a criterio de la Magistrada atenderse a las peculiaridades de cada caso, tal y como la SalaConstitucional ha mencionado en su Sentencia No. 401 /2006, en la cual ha manifestado que"...al recurso por abstención o carencia como la vía ordinaria para tutelar derechosconstitucionales lesionados por abstenciones de la Administración de cumplir con susobligaciones genéricas o especificas, pero con la salvedad que (...) en muchos casos, síserá el amparo constitucional el único medio procesal que, de manera efectiva, satisfagaestas pretensiones, cuando no sea idónea, en el caso concreto, la dilatada tramitación delrecurso por abstención ..T De esta manera en el caso que se estudiaba en esta Sentencia,el bien jurídico que estaba en juego no era sólo la simple respuesta administrativa, pues setrataba de información relacionada con información no proporcionada por el Ministerio delPoder Popular para la Salud acerca de la no publicación de los Boletines Epidemiológicosdesde el año 2006 y, por tanto, la idoneidad de la dilatada tramitación del recurso porabstención o carencia más que una concreción de la tutela judicial se convierte en unobstáculo. En este sentido agrega la Magistrada: "Se pretende llamar la atención sobre lanecesidad de trascender en este tipo de casos del dato formal del carácter integral delrecurso por abstención o carencia y hacer uso de la jurisdicción constitucional comomecanismo judicial de impulso y control del "buen gobierno "; pues creo que se es conteste
  • 13. 13en aceptar que no es lo mismo para ¡a sociedad y, por tanto, para el ordenamientoconstitucional, pretender enervar mediante amparo la falta de pronunciamiento de unasolicitud de reincorporación a cualquier órgano o ente público que la falta de publicaciónde los boletines epidemiológicos, que además está en retraso desde el 2006"Otras Sentencias de la Sala Político-Administrativa, más antiguas, señalaban un criteriodiferente al que actualmente se considera por este Tribunal. En ese sentido podemos citar ladecisión de fecha 13/8/92, caso: Navio J. Salas Grado, en donde el accionante cuestionabala omisión de pronunciamiento del Ministerio de la Defensa ante los recursos dereconsideración y jerárquico que ejerció contra el acto expreso que le había dado de baja dela Escuela de Aviación Militar. Textualmente esta Sentencia expuso lo siguiente: "Efectivamente, los principios que se desprenden de la jurisprudencia sobre la materia respecto de la procedencia de una acción de amparo para el caso de un silencio o conductas omisivas de la Administración en la resolución de un asunto o recurso, son las siguientes: 1°.- La conducta omisiva de la Administración debe ser absoluta y total, es decir, no precede la extraordinaria acción de amparo sobre la base de una supuesta violación del derecho de representar y obtener oportuna respuesta, cuando aquella se hubiere pronunciado mediante un acto administrativo expreso, ya sea en el procedimiento consultivo o al resolver la interposición de los recursos administrativos internos. Consecuentemente: 2°.- Ha de ocurrir la omisión ante una obligación genérica de pronunciarse, a cargo de la Administración, pero no ante una obligación específica que le haya sido impuesta por la ley, ya que en este último caso habría de recurrirse más bien al recurso por abstención, contemplado en el artículo 42, ordinal 23, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, la acción de amparo procedería ante el silencio, la omisión o la abstención de pronunciamiento del superior jerárquico - caso de autos -, pero sólo en los casos en que éste no se hubiere pronunciado acerca de la ficción de acto denegatorio prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, no desvirtuada ni confirmada por una decisión expresa del jerarca. Así se obligaría a la Administración a responder a la solicitud o petición planteada, para que posteriormente el peticionante pueda ejercer su derecho a la defensa ante la jurisdicción contencioso-administrativa, ya que, de lo contrario, no habría materia sobre la cual el juez pudiera decidir el recurso"
  • 14. 14En esta misma línea de ideas, el catedrático Dr. Rafael J. Chavero Gazdik, quien en su librotitulado "El Nuevo Régimen del Amparo Constitucional en Venezuela" (EditorialSherwood, Caracas, 2010, páginas 379 y siguientes); hace un estudio sobre la admisibilidadde la acción de amparo constitucional por las omisiones de la administración pública. Eneste sentido señala que la tesis jurisprudencial es que el amparo sólo procedería en el casode que exista una omisión absoluta de pronunciamiento de la Administración Pública, puessi existe algún acto expreso ya no sería procedente el amparo constitucional, pues laomisión de respuesta en los recursos administrativos se con el efecto del silencioadministrativo.De igual manera señala que: "Aún cuando hoy en día parezca inútil, que ante la omisión depronunciamiento absoluta de la Administración Pública, es decir, ante una omisión derespuesta de una solicitud inicial, no es necesario el agotamiento de los recursosadministrativos previstos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pues nohabría nada que reconsiderar o corregir. De tal forma que ante la omisión inicial, elparticular puede ejercer directamente una acción de amparo autónoma, a los fines deobtener su respuesta -cualquiera esta sea- y, de considerarlo pertinente, recurrir de esarespuesta en caso de que sea contraria a sus intereses".Es enfático el Dr. Chavero en el marco de su capítulo, que la omisión que puede dar lugar auna acción de amparo constitucional es la genérica y no la específica, pues para ésta existela acción en carencia, la cual sería la vía ordinaria e idónea para combatir este tipo deomisiones. Este criterio ha sido desarrollado por la Corte Suprema de Justicia en la decisióncitada por la Sala Político-Administrativa en fecha 11/02/93, caso Myrtho Jean-Mary deSeide, en donde se cuestionaba la conducta omisiva del Ministerio de Relaciones Interiores,al no otorgarle a los accionantes sus documentos de identidad. Consideró la Sala losiguiente: "La Sala ha ido definiendo los requisitos que deben existir para que sea admitida la acción de amparo constitucional contra las "conductas omisivas" en que incurre la Administración. Al efecto se ha precisado que la omisión o inactividad debe ocurrir ante una obligación genérica de pronunciarse y no ante la obligaciones especificas que le sean
  • 15. 15 determinadas o impuestas por la ley. Además se exige que esa omisión sea absoluta, es decir, que la Administración no se hubiere pronunciado previamente por el mismo asunto (sentencia de esta Sala del 11.07.91, caso: José Emisael Duran Díaz; reiterada el 13.08.92, caso: Navio Jesús Salas Grado). Puede observarse que se ha negado la admisión de acciones de amparo constitucional cuando la Administración se haya obtenido de -o negado a- realizar el acto, entendido en el sentido amplio de actuación, que una disposición legal le imponga de manera específica. Esto se explica porque aceptar lo contrario, sería contradecir dos principios fundamentales de la doctrina, los cuales esta Sala, laboriosamente a través de su jurisprudencia, ha ido atribuyendo a la acción de amparo constitucional cuando se ejerza en forma exclusiva; a saber: a) el de la necesaria violación directa e inmediata de la Constitución y; b) el del carácter extraordinario o especial de la acción de amparo; a) En efecto, ha sostenido la Sala en repetidas oportunidades que para laprocedencia del amparo constitucional el acto, hecho u omisión cuestionados debe infringir directa e inmediatamente una disposiciónfundamental. Esto no significa, precisó igualmente la Corte, que "el derecho o garantía de que se trate no estén desarrollados o regulados en textos normativos de rango inferior, pero sin que sea necesario al juzgador acudir ofundamentarse en ellos para detectar o determinar si la violación constitucional al derecho o garantía efectivamente se ha consumado" (sentencia No. 343 del 10.07.91, caso Tarjetas BANVENEZ). En los casos de abstenciones u omisiones de la Administración puede observarse una distinción entre las normas constitucionales lesionadas cuando aquellas ocurren ante obligaciones genéricas u obligaciones específicas. En el primer supuesto, cuando un ente público no cumple con la obligación genérica de responder o tramitar un asunto o recurso interpuesto por un particular, se infringe el derecho de éste de obtener oportuna respuesta, consagrado en el artículo 67 de la Constitución; mientras que cuando la inactividad se produce ante una obligación específica que la ley le impone de manera concreta e ineludible, no se viola esta disposición constitucional ni alguna otra directamente. Requisito el último que ha venido exigiendo nuestra jurisprudencia para que pueda accionarse en vía constitucional, derivándolo de los términos del artículo 133 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aun cuando éste haya sido concebido en relación con el 117, el cual "por supropia y específica formulación, jamás puede ser violado en forma directa" (s. de esta Sala del 23.05.88, caso: "Fincas Algaba "). De esta manera resulta concluyente para esta Sala que la inactividad de la Administración ante una obligación legal específica infringe en forma directa e inmediata, precisamente, el texto legal que la contempla, indirecta o mediata. En efecto, para que el Juez de amparo pueda detectar si la abstención del ente agraviante lesiona efectivamente un derecho o garantía consagrado en la Constitución, deberá en primera instancia, acudir o
  • 16. 16 fundamentarse en la supuesta ley incumplida para verificar si la abstención se produjo ante una obligación especifica. Lo cual significaría negarle el amparo su carácter de acción constitucional y otorgarle otro, por ejemplo, el de un recurso contencioso administrativo, tal como fue aclarado por esta Sala en las dos sentencias comentadas. h) El otro principio que impide el ejercicio de la acción de amparo autónoma contra la abstención del cumplimiento de obligaciones específicas es el de ostentar aquella un carácter extraordinario o especial. Esta característica, atribuídale por vía jurisprudencial, fue confirmada con la promulgación de la ley que rige la materia cuando se condicionó su admisión al hecho de no existir otros medios procesales eficaces con capacidad para restablecer inmediatamente la situación constitucional infringida. "Entonces, de acuerdo con estos criterios, aplicados extensamente por el Tribunal Supremode Justicia, para decidir sobre la admisibilidad de la acción de aparo en casos de omisionesde la Administración Pública se deben cumplir tres requisitos: (I) que haya una violacióndirecta a la Constitución, o más concretamente a un derecho fundamental; (2) que se tomeen cuenta el carácter extraordinario de la acción de amparo constitucional, eslo es, que seanobligaciones de tipo genérico; y (3) que la abstención de la administración haya sidoabsoluta, es decir, que no se haya pronunciado anteriormente por lo mismo.Sin embargo también ha sido desarrollados criterios doctrinales que señalan que incluso apesar de que las obligaciones sean de tipo específico, debe admitirse la acción de amparoconstitucional en consideración de la urgencia en la tramitación y decisión del caso. Así loha expuesto el Dr. Chavero de la siguiente manera: "En efecto, es cierto que la acción de amparo constitucional procede cuando no existan otras vías judiciales idóneas para restablecer efectivamente los derechos constitucionales vulnerados. Es más, ya hemos expuesto suficientemente todo lo referente al carácter extraordinario de esta acción, por lo que no vamos a repetir aquí lo ya afirmado en Capítulos anteriores. Ahora bien, el hecho de que el amparo constitucional sólo proceda cuando no existan vías ordinarias capaces de restablecer efectivamente la situación jurídica infringida no implica que podamos afirmar de plano y sin excepciones la imposibilidad de ejercer amparos ante algún tipo particular de actos, hechos y omisiones. Tan es así, que a pesar del carácter extraordinario de esta acción, la misma jurisprudencia contencioso-administrativa ha admitido la posibilidad de intentar acciones de amparo autónomas contra actos administrativos.
  • 17. 17 Lo determinante siempre ha sido el análisis de la eficacia de los mecanismos alternos de que dispone el agraviado para atender una determinada pretensión. Se trata entonces de examinar si los procesos judiciales, ordinarios o especiales, resultan idóneos para proteger con eficiencia el derecho o garantía constitucional vulnerado o si, por el contrario, es sólo el amparo constitucional la vía procesal apta para ello. Pues bien, si estamos en presencia de una omisión específica, pero que sólo puede ser tutelada a través del remedio extraordinario del amparo, dada la urgencia en la tramitación y decisión del caso, entonces debería permitirse la utilización del amparo constitucional, así sea para obligar a la Administración a que cumpla con la conducta particular a que se ha negado. Para seguir utilizando el ejemplo de las competencias internacionales, podemos destacar como una acción de amparo constitucional pudiera ser el remedio judicial más efectivo para cuestionar una omisión específica de un atleta que tiene que acudir a una competencia internacional dentro de un plazo inmediato. Vemos aquí, como una acción de carencia podría ser insuficiente y hasta innecesaria para este tipo de controversias, con lo cual se erigiría el amparo como la única forma de salvaguardar lo derechos constitucionales que se encuentren vulnerados ".Finalmente es importante tomar en cuenta, como también lo sostiene el Dr. Chavero, quehoy en día existe una tendencia universal de entender que las democracias imponen unreforzamiento, y en modo alguno relajación, de los controles judiciales. Una democracia sincontrol no puede durar. Hay una tendencia a reducir márgenes de discrecionalidadespecialmente amplios, lo que implica, lógicamente, una extensión de los poderes del juez,y entre ellos, el de amparo.En jurisprudencia comparada es posible observar como en otros países es admitido en estesentido la acción de amparo constitucional para procedimientos de babeas data y acceso a lainformación pública.En el caso "Urteaga, Facundo Raúl c/ Estado Nacional -Estado Mayor Conjunto de lasFF.AA.- s/ amparo ley 16.986", sentencia del 15/10/98 de la Corte Suprema de la Nación,República de Argentina, en el cual se solicitaba una acción de babeas data, la Corte decidióadmitir el recurso de amparo constitucional por considerar que era la única acción queotorgaba la plena protección a los derechos del solicitante. En este sentido expresa ladecisión lo siguiente:
  • 18. 18 "II) Que la acción cíe babeas dala ha sido reconocidano sólo en las legislaciones de diversos países, sino también por los organismos internacionales que, en sus diferentes ámbitos, han elaborado pautas que contribuyen a integrar la perspectiva con que ha de ser evaluada la modalidad de su ejercicio por este Tribunal Así, en términos generales coinciden las directrices formuladas por la Organización de Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el Consejo de Europa, e inclusive la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. La amplitud de sus alcances, tanto en lo relativo a la exigencia de licitud, lealtad y exactitud en la información, como en lo que hace al acceso de las personas legitimadas -conforme con la coincideníe opinión de estas instituciones y organismos- encuentra limitaciones, fundamentalmente, en razones de seguridad y defensa nacional. 12) Que en aquel marco constitucional, no reglamentado aún por el órgano competente, corresponde a este Tribunal delinear los alcances de la garantía mencionada con razonable flexibilidad, a fin de otorgar al peticionario la plena protección que ella establece, sin condicionar el ejercicio de aquella potestad reglamentaria que hasta el presente no ha sido ejercida por el Congreso Nacional. "En conclusión, luego de revisados los anteriores argumentos de derechos, debemosforzosamente concluir que para que se haga valer el derecho de acceso a la informaciónpública, el cual es un derecho humano fundamental, debe aceptarse el uso del recurso deamparo constitucional como vía idónea para satisfacerlo, ya que es el único que puedesatisfacer este derecho en un tiempo y modo adecuado. - De la admisibilidad del amparo constitucional para el caso concreto -En el caso en concreto, se verifican los requisitos de admisibilidad del recurso de amparoconstitucional. En primer lugar, la acción se fundamenta en una violación a un derechoconstitucional y fundamental como lo es el derecho de petición y oportuna y adecuadarespuesta, consagrado en el Artículo 51 del texto Constitucional; y conjuntamente elderecho a la información por parte de la Administración Pública del Artículo 143 delmismo texto; así como los Artículos 57 y 58 que consagran los derechos a la libertad depensamiento y expresión y el derecho a la comunicación e información. En segundo lugar,la obligación que se reclama, es una obligación genérica, pues está presente en el texto
  • 19. 19constitucional. En tercer lugar, la abstención de la administración ha sido absoluta, pues nose ha pronunciado por lo mismo previamente. Además, debe considerarse que el presentecaso tiene urgencia para su tramitación y decisión debido a que están en juego derechosfundamentales para todos los ciudadanos como lo son el de libertad de pensamiento y deexpresión, el de ejercer contraloría social sobre la gestión del gobierno y el derecho a laigualdad de género y a la protección que tenemos todos los ciudadanos, y en particular lasmujeres, a que reciban protección contra la violencia de género.La urgencia del caso se basa en que las preguntas de la petición de información formuladaal Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas versan sobre un temadelicado y de importancia fundamental como lo es la tasa de criminalidad y el número dehomicidios en Venezuela. No es ajeno a ninguna persona, que en Venezuela se vive bajo uncontexto de inseguridad, en el cual frecuentemente escuchamos de actos de violencia queafectan no sólo a las víctimas directas de estos hechos, sino a la colectividad quien vive contemor de salir a las calles y de desarrollar su vida libre y plenamente.El deber del Estado de brindar seguridad a los ciudadanos están consagrado en laConstitución Nacional en su Artículo 55, el cual establece que "Toda persona tiene derechoa la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadanaregulados por la ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgopara la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y elcumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos y ciudadanas en losprogramas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración deemergencias será regulada por una ley especial..."De igual manera, el Título Vil de la Carta Magna establece lo referente a la Seguridad de laNación, señalando en el Artículo 322 que la seguridad de la Nación es competenciaesencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y sudefensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personasnaturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado que se encuentranen el espacio geográfico nacional.
  • 20. 20Puede observarse entonces que la República Bolivariana de Venezuela se ha constituidocon un pilar fundamental para toda sociedad como lo es el de la seguridad ciudadana. ElEstado tiene la responsabilidad principal de garantizar esta seguridad a todas las personasque se encuentren en el territorio de la República, y también nosotros todos comociudadanos y ciudadanas tenemos el deber de defender esta segundad y velar porque elEstado cumpla con su labor constitucionalmente establecida.En este sentido, cuando nosotros como organización de defensa de los derechos humanos, ycomo ciudadano venezolano interesado en la observación de la gestión pública y delcumplimiento de la garantía de seguridad constitucionalmente establecida, preguntamos alCICPC sobre los homicidios y la tasa de criminalidad que existe en Venezuela, tenemos uninterés urgente en acceder a esta información. La urgencia de tener esta información se basaen que queremos conocer estos datos para saber la criminalidad que existe en el país en elque habitamos y con estos datos ejercer nuestra labor social de defender la seguridadciudadana y velar por que el Estado cumpla con su deber constitucional cada vez de unamanera más eficiente.Si no nos es otorgada esta información con la máxima prontitud posible, nosotros comociudadanos y ciudadanas y organizaciones no podríamos ejercer de la mejor manera nuestrodeber constitucional de contribuir con la seguridad. Además es necesario destacar que eldesconocimiento por parte de la colectividad de datos reales y certeros acerca de lacriminalidad en Venezuela crea una incertidumbre importante para todos los ciudadanos, locual causa un temor importante que no permite que las personas vivan y se desarrollenlibremente en el territorio nacional.En este sentido, por la urgencia con la cual se requiere la información mencionada, paragarantizar la seguridad nacional, una correcta transparencia de la gestión pública y elcorrecto ejercicio de nuestra libertad de pensamiento y de expresión, sostenemos que elrecurso de abstención o carencia no es adecuado ni suficiente para satisfacer nuestras
  • 21. 21pretensiones, pues tardaría tiempo excesivo que puede ser determinante para protegerderechos fundamentales de los ciudadanos.Si se interpusiese el recurso ordinario de abstención o carencia, se correría el riesgo, aunadoal retraso procesal existente en los tribunales, de tener que esperar un tiempo posiblementelargo e indeterminado en los cuales podríamos obtener una sentencia favorable del tribunalo esperar un tiempo tal que se demuestre una vez más la insuficiencia de este recurso parael caso en concreto. No resulta apropiado esperar un lapso indeterminado de tiempo, en elcual el recurso contencioso administrativo correspondiente no sea tramitado con prontitudadecuada para entonces interponer el amparo constitucional, pues la urgencia delcumplimiento de este derecho fundamental no se vería cumplida.Es por estas razones por las cuales el único recurso que resulta idóneo y suficiente y puedecubrir nuestras pretensiones para el caso en concreto es el de amparo constitucional, yconjuntamente se cumplen los demás requisitos de admisibilidad, por lo que esta accióndebe ser declarada admisible y solicitamos que así sea decidido.A continuación desarrollamos los fundamentos jurídicos que hacen procedente esta acciónde amparo: -IV- DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE HACEN PROCEDENTE LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO1. Del derecho al acceso a la información violado por el Cuerpo de InvestigacionesCientíficas, Penales y Criminalísticas (CICPC).El artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estableceexpresamente lo siguiente: Artículo 23: Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía
  • 22. 22 constitucional, y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público. (Resaltados añadidos).Ahora bien, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conjerarquía constitucional de conformidad con el artículo 23 de la Constitución, consagraexpresamente el derecho a la libertad de expresión de la siguiente manera: Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ¡deas de toda índole, sin consideración de fronteras, va sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (Subrayado nuestro) 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la segundad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ¡deas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección
  • 23. 23 moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. (Resaltados añadidos).La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrlDH) ha establecido que "el derecho ala libertad de pensamiento y de expresión comprende "no sólo el derecho y la libertad deexpresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir ydifundir informaciones e ideas de toda índole" (ver Corte Interamericana de DerechosHumanos, caso López Álvarez vs. Honduras, Sentencia de 1 de febrero de 2006 párr. 163;Caso Ricardo Gañese vs. Uruguay, Sentencia de 31 de agosto de 2004, párr. 77; y CasoHerrera Ulloa vs. Costa Rica, Sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 108)En efecto, el derecho consagrado en el referido artículo 13, comprende además del derechoa la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho y la libertad de buscar, recibir ydifundir informaciones e ideas de toda índole, entre la que destaca el derecho a obtenerinformación bajo el control del Estado, tal como ha señalado la CrlDH, especialmente ensu sentencia del 19 de septiembre de 2006, Caso Claude Reyes y otros vs. Chile,(consultada en www.corteidh.or.cr), en la cual se dejó sentado que: 77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones ", protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo vara su obtención o una
  • 24. 24 afectación personal, salvo en los casos en que ye aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea. (Resaltados añadidos).De esta manera, ese Tribunal Interamericano ha resaltado la importancia del acceso a lainformación pública, requisito indispensable para el funcionamiento mismo de lademocracia y de la mayor transparencia y buena gestión pública.En este mismo sentido, nuestro derecho interno establece diversas normas que consagran ygarantizan ese derecho a la información, que deben ser interpretados conforme a lanormativa y la jurisprudencia internacional, no sólo por configurar una obligacióninternacional del Estado venezolano, sino además por ser una obligación constitucional conjerarquía constitucional y prevalecer en el orden interno. En este sentido, el artículo 58 denuestra Constitución reconoce el derecho de toda persona a la información oportuna, veraze imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, el cual estávinculado con el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento reconocido en elartículo 57 constitucional, ya que la información constituye un presupuesto para elejercicio de la expresión de alguna opinión. Estos derechos son reforzados por los derechosa ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública y al acceso a losarchivos v registros administrativos. En este sentido, el artículo 143 constitucional disponeque: Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna v verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de
  • 25. 25 contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarías públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad. (Subrayados añadidos).Es obligación del Estado suministrar al público la máxima cantidad de información enforma oficiosa. Este tipo de información, no requiere una petición expresa para supublicación. Es una obligación del Estado suministrar la información de manera proactiva yconstante.2. De la violación al derecho a la oportuna y debida respuesta por parte Ael Cuerpo deInvestigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)De conformidad con el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela, los particulares tienen derecho a dirigir peticiones ante cualquier autoridad sobrelos asuntos que sean de su competencia, estando dichas autoridades obligadas a emitir unarespuesta dentro de los lapsos establecidos -respuesta oportuna-, y de forma adecuada, esdecir, acorde con lo solicitado. Señala la norma referida expresamente lo siguiente: Artículo 51: Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionario pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo.Por su parte, el artículo XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes delHombre dispone en cuanto a este derecho cuanto sigue: Artículo XXIV.- Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.Este derecho permite a toda persona la posibilidad de dirigir y presentar cualquier clase deescritos, peticiones, solicitudes ante las autoridades, funcionarios públicos o funcionarias
  • 26. 26públicas sin ningún tipo de restricciones, siempre que sean de su competencia; y más aun,establece sanciones para "quienes violen este derecho".En consecuencia, en ejercicio del derecho constitucional de petición, la persona yorganización de derechos humanos arriba mencionada, solicitó al Cuerpo cíeInvestigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) la informaciónmencionada.Así mismo, los artículos 2 y 5 de la LOPA establecen el derecho de petición que tiene todoindividuo en el ámbito de la Administración Pública, de la siguiente forma: Artículo 2. Toda persona interesada podrá, por sí o por medio de su representante, dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa. Estos deberán resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien declarar, en su caso, los motivos que tuvieren para no hacerlo. Artículo 5. A falta de disposición expresa toda petición, representación o solicitud de naturaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos de la Administración Pública y que no requiera susíanciación, deberá ser resuella dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación o a la fecha posterior en la que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales exigidos. La Administración informará al interesado por escrito, y dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud, la omisión o incumplimiento por éste de algún requisito.Por su parte, la jurisprudencia reiterada de nuestro Tribunal Supremo de Justicia se hapronunciado sobre el contenido del derecho de petición y de oportuna y adecuada respuesta,señalando que: Tal como lo exige el artículo 51 de la Constitución, toda persona tiene derecho a obtener una respuesta "oportuna" y "adecuada". Ahora bien, en cuanto a que la respuesta sea "oportuna", esto se refiere a una condición de tiempo, es decir que la respuesta se produzca en el momento apropiado, evitando así que se haga inútil el fin de dicha respuesta. En cuanto a que la respuesta deba ser "adecuada", esto se refiere a la correlación o adecuación de esa respuesta con la solicitud planteada. Que la respuesta sea adecuada en modo alguno se refiere a que ésta deba ser afirmativa o exenta de errores; lo que quiere decir la norma es que la
  • 27. 27 respuesta debe tener relación directa con la solicitud planteada. En este sentido, lo que intenta proteger la Constitución a través del artículo 51, es que la autoridad o funcionario responsable responda oportunamente y que dicha respuesta se refiera específicamente al planteamiento realizado por el solicitante. Sentencia de fecha 4-4-OL Caso Sociedad Mercantil Estación de Servicios Los Pinos S.R.L. (Resaltados añadidos).De acuerdo a las normas y a la jurisprudencia citada, el derecho de petición es un "derechofundamental", a los fines de que cualquier ciudadano pueda acudir a los órganos o entespúblicos para obtener información o realizar cualquier actuación de su interés, estandoobligados éstos a contestarla de manera oportuna -no tardía- y suministrando el contenidode lo solicitado.En el presente caso, es evidente la violación del derecho a obtener oportuna y adecuadarespuesta, en virtud del silencio por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas. Penalesy Criminalísticas (C1CPC) al no dar respuesta a la solicitud de información que le hicieranjas organizaciones.Lo anterior evidencia, sin lugar a dudas, la violación del derecho a dirigir peticiones acualquier autoridad pública y obtener de ellas una oportuna y adecuada respuesta en tornoa lo planteado, el cual se encuentra reconocido, en los artículos 51 de la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela. XXIV de la Declaración Americana de los Derechos vDeberes del Hombre, y 2 y 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y asísolicitamos sea declarado.3. De las razones o propósitos para los cuales se requiere la información y de laproporción de la utilización y uso que se le pretende dar a esta información con lamagnitud de información que se solicitaEn Sentencia de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 15 dejulio de 2010, No. 745; se estableció con criterio vinculante lo siguiente: "...que en ausencia de ley expresa, y para salvaguardar los límites del ejercicio del derecho fundamental a la información, se hace necesario: i)
  • 28. 28 que el o la solicitante de la información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la información; y U) que la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada... "Vale mencionar en el contexto de este punto, que este criterio es contrario a los estándaresinternacionales de derechos humanos expresados en decisiones de la Corte Interamericanade Derechos Humanos y por lo tanto no debe ser acatado por este Tribunal ni por ningúnotro ente público.En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes yotros vs. Chile, ha establecido lo siguiente: 77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el articulo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a 11 buscar"y a "recibir" "informaciones", protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legitima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea. (Resaltado añadido)Para la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con el Artículo 23 de laConstitución Nacional en concordancia con la Convención Americana sobre DerechosHumanos, deben aplicarse las recomendaciones y decisiones que emanen de los principalesorganismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, entre loscuales se encuentra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, todas
  • 29. 29las decisiones y criterios que adopte esta Corte Interamericana deben ser aplicados en laRepública para el mejor ejercicio de los derechos humanos en Venezuela.De la lectura del anterior criterio jurisprudencial de la Corte Interamericana, vemos comoes directamente contrario al criterio que actualmente sostiene esta Sala Constitucional delTribunal Supremo de Justicia, y en este sentido, para debe esta Sala adecuarse a loscriterios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para cumplir con susobligaciones internacionalmente contraídas. En este sentido, solicitamos respetuosamentea esta Sala, que modifique su criterio vinculante anteriormente citado, y lo adecúe alos estándares internacionales de derechos humanos, estableciendo que la informaciónpública debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para suobtención o una afectación personal, salvo en los casos en los que se aplique unalegítima restricción; y que la entrega de esta a una persona puede permitir, a su vezque esta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella vvalorarla.4.-De los obstáculos a nuestros deberes establecidos en el artículo 132 de laConstitución.Finalmente queremos destacar que tanto el derecho de petición ejercido ante el Cuerpo deInvestigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C1CPC), en la persona de suDirector General Nacional Comisario General José Humberto Ramírez M., como lapresente acción de amparo constituyen un ejercicio práctico de la obligación que nosimpone el artículo 132 de la Constitución de promover y defender los derechos humanoscomo una manera de ejercer el protagonismo para el desarrollo individual y colectivo. Ental sentido es obligación de los Poderes Públicos de conformidad con el artículo 62 de laConstitución a través de sus entes y órganos facilitar a todas y todos en el país elcumplimiento de nuestros deberes ciudadanos y facilitar como ciudadano y ciudadanasnuestro accionar protagónico. Es fundamental por lo tanto para esta Sala remover losobstáculos que puedan impedir el cumplimiento de nuestro deber de defender los derechoshumanos.
  • 30. 30 -V- PETITORIOPor las razones de hecho y fundamentos de derecho expuestos anteriormente de manerasucinta , y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, 51, 57, 58, 62, 141 y 143de la Constitución; 1, 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y GarantíasConstitucionales, solicitamos respetuosamente a este Tribunal que, admita y declarePROCEDENTE la presente Acción de Amparo Constitucional, en protección de losderechos constitucionales a la debida y oportuna respuesta y al acceso a la informaciónpública, consagrados en el artículos 13 de la Convención Americana de DerechosHumanos, XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 51,57, 58 y 143 de la Constitución, que han sido lesionados por el Cuerpo de InvestigacionesCientíficas, Penales y Criminalísticas (CICPC). En tal sentido, solicitamos muyrespetuosamente que:Se ordene al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) enla persona de su Director General Nacional Comisario General José Humberto Ramírez M.,una respuesta inmediata una vez publicada la sentencia, en relación con la peticiónpresentada por la persona y organización arriba mencionadas, en fecha seis (06) deseptiembre de 2011, para que éste suministre información acerca de: 1.-Número de homicidios en el primer semestre del año 2011 2.- Tasa de criminalidad en Venezuela de los años 2008, 2009, 2010 y el primer semestre de 2011. Provea una copia de los informes de criminalidad en estos períodos en los cuales se indiquen los números y tipos de delitos ocurridos, la ubicación geográfica de los mismos, y el número de víctimas afectadas por cada uno de ellos. -VI- DOMICILIO PROCESAL
  • 31. 31En cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica sobreDerechos y Garantías Constitucionales, concatenado con el artículo 174 del Código deProcedimiento Civil, indicamos como agraviante al Cuerpo de Investigaciones Científicas,Penales y Criminalísticas (CICPC) en la persona de su Director General NacionalComisario General José Humberto Ramírez M., y su domicilio es el siguiente: Av.Urdaneta, de Pelota a Punceres, Edif. CICPC, Caracas, Venezuela.Asimismo, indicamos como agraviado al ciudadano Carlos José Correa Barros y a laAsociación Civil Espacio Público, cuyo domicilio procesal es el siguiente: AvenidaUniversidad, Esquinas Traposos a Chorro, Edificio Centro Empresarial, Piso 12, Oficina H,Urb. Catedral, Municipio Libertador, Caracas, Venezuela.Es Justicia que esperamos en la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.