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Unión Europea. La puesta en marcha del semestre europeo 2015. Análisis del Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento, y del proyecto de informe conjunto sobre el empleo.
Eduardo Rojo Torrecilla. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona.
1 de diciembre de 2014.
Texto publicado en el blog del autor http://www.eduardorojotorrecilla.es/
1. La Comisión Europea hizo públicos el pasado viernes, 28 de noviembre, los documentos con los que se inicial el ciclo de gobernanza económica correspondiente a 2015 y que he tenido oportunidad de leer, teniendo como punto de referencia principal el Estudio Prospectivo Anual sobre el crecimiento 2015 (EPAC), que se centra, según la nota oficial de presentación, “en el objetivo de volver a afianzar Europa en una senda de creación de empleo y crecimiento económico sostenible”. Para lograr ese objetivo, la nueva Comisión ha presentado el documento “Un plande inversiones para Europa”, con el que se pretende “movilizar, de aquí a finales de 2017, al menos 315.000 millones EUR en inversión pública y privada adicional en la economía real”, y que valora positivamente no sólo por la cantidad que se pondrá en juego sino también, según la Comisión, porque su impacto se multiplicará y rebasará dicha cantidad “a medida que vaya aumentando el número de participantes que aporten contribuciones adicionales voluntarias”. El documento debería ser aprobado en el Consejo europeo de los días 18 y 19 de diciembre, y la adopción de las medidas legislativas necesarias para que el nuevo Fondo propuesto, “Fondo europeo para inversiones estratégicas” debería realizarse durante los primeros meses de 2015 “para asegurar que el Fondo... esté operativo a más tardar en junio de 2015, y a dar seguimiento con celeridad a los otros aspectos del Plan”.
Además, la Comisión ha presentado el Informe sobre el mecanismo de alerta y el Proyecto deInforme Conjunto sobre el Empleo (PICE) de acuerdo este último a lo dispuesto en el art. 148 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), documento que se califica en su introducción como “aportación fundamental a unas orientaciones económicas afianzadas, corrobora los mensajes clave relativos al empleo que figuran en el EPAC”.
El propósito de esta entrada es analizar los contenidos más relevantes del EPAC en materia de empleo y protección social, así como también del Informe sobre empleo que previsiblemente será aprobado en el Consejo Europeo de marzo de 2015. Junto a todos los documentos citados, no conviene olvidar tampoco la reciente Resolución del Parlamento europeo, aprobada el 25 de noviembre, sobre “elempleo y los aspectos sociales de la Estrategia Europea 2020”, en la que se formula una dura crítica a las políticas europeas que se centran en el crecimiento económico y que olvidan otros contenidos de carácter social, con menciones críticas específicas a los anteriores EPAC que se concretan en el apartado 2 y que por su interés reproduzco: “deplora que los Estudios Prospectivos Anuales sobre el Crecimiento y las recomendaciones específicas

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por país adoptados hasta el momento como parte de los ciclos anuales del Semestre Europeo no tengan la suficiente coherencia con los objetivos en materia de empleo, reducción de la pobreza y educación de la Estrategia Europa 2020; lamenta que no se tenga suficientemente en cuenta la importancia de los regímenes de seguridad social como instrumentos clave para la estabilización de la economía y de la sociedad, así como para la reducción de la pobreza; pide esfuerzos más decididos para orientar y coordinar las políticas de la UE a fin de contribuir a reforzar el mercado único con vistas a afrontar los obstáculos a su ejecución y aprovechar su potencial para impulsar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y la creación de empleo; insta a la Comisión a que vele por que las futuras recomendaciones específicas por país establezcan como prioridad la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020”.
2. Para quien desee comparar los documentos presentados la pasada semana con los presentados hace un año, correspondientes al semestre europeo 2014, remito a la entradapublicada en el blog el 21 de noviembre de 2013. Sólo recupero dos fragmentos de mi análisis, para poder enlazar con la explicación de los documentos del año en curso. Respecto al EPAC, “El estudio prospectivo anual sobre el crecimiento realiza de una parte un balance de cuál es la situación económica y social de Europa, y de otra fija las políticas a desarrollar durante 2014. Como punto de partida pone de manifiesto la existencia de “signos de lenta recuperación en la UE”, la elaboración del estudio en relación con las nuevas reglas de coordinación de las políticas presupuestarias de la zona euro (recordemos que la Comisión cumple el papel de guardiana de la ortodoxia presupuestaria de los presupuestos de los Estados miembros), y el hecho de que 2014 será el primer año en el que se aplicará el nuevo marco financiero plurianual europeo, que ha sido objeto de especial atención, y aprobación de varias Resoluciones, en el pleno de esta semana del Parlamento Europeo, con una mención expresa, que hay que destacar por su importancia, a que está previsto dedicar más de 400 millones de euros “para potenciar el crecimiento y la creación de puestos de trabajo a nivel nacional y regional con cargo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos ESI)”. Para la Comisión, la máxima prioridad para el próximo año es “construir crecimiento y competitividad” en el marco de una recuperación duradera, y para ello es necesario además “proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que favorezca el crecimiento, restablecer las condiciones normales de préstamo a la economía; luchar contra el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración Pública”.
Sobre el PICE, “Por primera vez, el Informe acompaña un cuadro de indicadores sociales y de empleo, tal como se propuso por la propia Comisión en su Comunicación sobre “Reforzar la dimensión social de la unión económica y monetaria”, a la que dediqué un comentario monográfico en otra entrada del blog. Del análisis de dichos indicadores, se confirman las importantes diferencias existentes entre los Estados miembros y también en el seno de cada Estado, y no repito algunos de los datos ya mencionados en otros documentos, pero sí me quedo con una reflexión general del documento que es muy clara y diáfana: “La desigualdad de la renta está creciendo entre los Estados miembros y dentro de ellos, especialmente en el sur y la periferia de la UE. Estos son también los Estados miembros que registraron los mayores aumentos del desempleo. En muchos países, la crisis ha intensificado las tendencias a largo plazo de

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polarización salarial y segmentación del mercado laboral, que junto con unos sistemas fiscales y de prestaciones menos redistributivos, han impulsado el aumento de las desigualdades. Unas tasas de desempleo elevadas (con los mayores aumentos en la parte inferior del mercado de trabajo) y, en algunos casos, un impacto del saneamiento presupuestario, también explican los grandes aumentos de las desigualdades en los países más afectados por la crisis”.
3. Según puede leerse en la introducción de la Comunicación presentada por la Comisión el 28 de noviembre “Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento 2015”, el EPAC, junto con los restantes documentos que lo acompañan, “establece el paquete de medidas a favor del empleo, el crecimiento y la inversión, anunciado como primera prioridad en las Orientaciones políticas de la nueva Comisión”, y en el que se propone que la política económica y social de la UE para el próximo año se sustente en tres pilares: en primer lugar, “impulso coordinado de la inversión”, con la utilización de los ya reseñados 315.000 millones de euros del plan de inversiones durante 2015-2017; en segundo lugar, “compromiso renovado de emprender reformas estructurales”, haciendo hincapié en la necesidad de adoptar medidas que estimulen el crecimiento y el empleo, y sobre la necesidad de que Europa sea hecha más suya por los gobiernos y parlamentos nacionales (y supongo que también querrá decir, aunque no lo haga expresamente, de la ciudadanía, buena parte de la cual no mira precisamente con buenos ojos a las instancias europeas por considerarlas culpables de las políticas de austeridad y recortes de derechos sociales); en fin, “perseverancia en la responsabilidad presupuestaria”, con propuestas para mejorar la eficiencia del gasto y para dar prioridad a la inversión productiva, con una mención específica, y que sería muy de agradecer que se concretara de forma eficaz, a que la lucha contra el fraude y la evasión fiscales “es esencial para garantizar la equidad y permite a los Estados miembros recaudar los ingresos fiscales que se les adeudan”. A) En el EPAC se encuentran referencias concretas, aunque no distintas a mi parecer de las existentes en documentos de años anteriores, sobre la necesidad de abordar reformas en las políticas de empleo y de protección social, con frases muy repetidas en los documentos comunitarios, como por ejemplo que “es preciso modernizar nuestros sistemas de protección social de modo que puedan hacer frente al desafío que supone el rápido envejecimiento de la población”, o que en el ámbito estatal los esfuerzos realizados en sede comunitaria deben complementarse “con una ambiciosa aplicación de reformas estructurales en los mercados de productos y servicios y en el mercado laboral”.
Es en el bloque segundo del documento, en el que se recogen las propuestas de reformas estructurales, un “compromiso renovado” de la nueva Comisión que ha iniciado su mandato el 1 de noviembre, donde encontramos aquellas que afectan al ámbito laboral y que deben ser emprendidas, de acuerdo a la distribución de competencias, por los Estados miembros, aunque algunas que se adoptan a escala UE tienen indudable importancia sobre el mundo laboral, como por ejemplo la continuación del “programa de adecuación y eficacia de la reglamentación(REFIT), sobre cuya finalidad no habría nada que cuestionar en principio, en cuanto que se trataría de “aligerar y simplificar la legislación de la UE y hacer menos costoso su cumplimiento en beneficio de los ciudadanos y las empresas”, pero en cuya puesta en marcha hay que estar muy atentos, como ya señaló en su día la Confederación Europea de Sindicatos, para evitar una disminución de la protección laboral y social, en especial en las pequeñas empresas,

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habiendo señalado los riesgos de esa “adecuación” sobre la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales y de derechos de información y consulta de los representantes de los trabajadores. B) La Comisión pide avanzar en reformas “adicionales” en los Estados miembros, en el bien entendido que pueden varias en razón de la situación económica y social de cada Estado. Con una cierta “neolengua”, aunque de la lectura de sus propuestas se entiende fácilmente qué tesis se defienden, propone diversos ámbitos que deben ser objeto de reformas, y tres guardan directa relación con el empleo y la protección social, apostando por “mejora de la dinámica de los mercados laborales y medidas frente al elevado nivel de desempleo”, “reforma de las pensiones”, y “modernizar los sistemas de protección social”. Junto a estas propuestas, hay otras de carácter más general pero cuya puesta en marcha tendría un indudable efecto sobre el empleo (en qué términos, de cantidad y calidad, es discutible): “mejora de la flexibilidad de los mercados de bienes y de servicios”, “mejora de las condiciones generales de la inversión empresarial”, “mejora de la calidad de la inversión en investigación e innovación”, y “aumento de la eficiencia en la administración pública (en la que, por cierto, se apuesta por fomentar mecanismos alternativos para la resolución de litigios, y la “independencia” (¿?) de los sistemas judiciales, tesis que parece gozar de apoyo en sede europea ya que también se plantea de forma indirecta en el bloque dedicado a asuntos laborales cuando se apuesta por “reformar los sistemas de resolución de litigios en el ámbito laboral”). La tesis principal del documento, en el que no se encuentran referencias a la calidad de empleo ni tampoco a las condiciones laborales (que sí aparecerán en el PICE) es que hay que corregir “las rigideces del mercado laboral” para reducir el desempleo, y a ello debe contribuir también la reforma de la protección social. a) Como digo, un primer ámbito de reformas “adicionales” que propone la Comisión se centra en aquello que califica de “mejora de la dinámica de los mercados laborales y medidas frente al elevado nivel de desempleo”, aunque en puridad creo que más que adicionales son punto y seguido de las contenidas en documentos anteriores, salvo una mayor concreción en la puesta en marcha del sistema de garantía juvenil. La Comisión apuesta por el desarrollo permanente de los conocimientos y de la innovación, y por facilitar la movilidad laboral entre “diferentes empleos, sectores y/o regiones”, tesis que no encuentra especial buena acogida, por decirlo de forma suave, en algunas de las recientes propuestas presentadas por el gobierno británico; movilidad, en cualquier caso, que para ser efectiva requiere de un pleno reconocimiento de la posible transferencia de derechos de pensión en toda la UE. Según los datos facilitados en el PICE, un 25 % de los ciudadanos europeos afirma que se ha planteado trabajar en otro país de la UE en los próximos diez años, pero la realidad pone de manifiesto que “tan solo el 3,3 % de la población europea económicamente activa residía en otro Estado miembro”.
No sé muy bien que quiere decir la Comisión al referirse a “condiciones adecuadas que favorezcan la contratación”, ofrecer “niveles modernos de protección social”, o “eliminar los obstáculos que impiden la creación de empleo”, aunque después de leer bastantes de sus últimos documentos entiendo que apuesta mucho más, en la aplicación de la “flexiguridad”, por la flexibilidad que por la seguridad. Sí hay propuestas concretas sobre reducción de los impuestos que gravan el trabajo (destacando que existen diferencias de hasta un 40 % entre los Estados miembros en la carga impositiva del trabajo, “en lo que atañe al coste de emplear un trabajador a un salario medio y al sueldo neto de los trabajadores”) y sobre reducción de la “segmentación del mercado

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laboral”, siendo esta última recurrente y en la que parece apostarse por medidas que faciliten la mejora del empleo, o el acceso al mismo, de trabajadores temporales y desempleados, aún cuando no se haga mención expresa esta vez de la necesidad o conveniencia de “equiparar” los niveles de protección de los trabajadores con contratos indefinidos y temporales, algo que habitualmente se ha identificado con la reducción de la protección de los primeros, tanto en cuanto a la protección jurídica de la extinción de su relación contractual como de reducción de la cuantía indemnizatoria en caso de extinción no ajustada a derecho.
Nuevamente se insiste sobre la importancia de la formación permanente y de la mejora de las cualificaciones profesionales, en cuanto que hay sectores en expansión que demandan personal con alta cualificación, entre los que se cita a la economía digital, los sectores ecológicos y la sanidad. Especial importancia, y es la parte más novedosa del documento con respecto al del año anterior, se dedica a la problemática de los jóvenes, y en concreto a la aplicación de la garantía juvenil, con una llamada de urgencia a los Estados miembros para que utilicen todos los fondos disponibles “con mayor diligencia y eficiencia”, y que los completen con recursos nacionales, poniendo de manifiesto con preocupación que hasta el momento de elaborar el documento sólo tres países, (Francia, Italia y Lituania) “han adoptado programas operativos por un importe de 1.600 millones EUR, lo que permite efectuar pagos de prefinanciación a esos países”. Dicho sea incidentalmente, sobre la problemática del empleo y el desempleo de los jóvenes, y sus condiciones de trabajo, tuvimos un animado debate el pasado viernes durante la celebración de la jornada de trabajo organizada por el Instituto de Estudios de Trabajo de la UAB, quedándome ahora por su especial interés con la aportación de las profesoras Agnés Pardell y Mª Àngels Cabassés, de la Universitat de Lleida, que realizaron una brillante presentación de su libro “Una visión crítica del plan de implementacion de la garantía juvenilen España”, editado recientemente por la Ed. Bomarzo y que las autoras han tenido la amabilidad de pedirme su presentación en Barcelona el próximomiércoles, en la Fundació Ferrer i Guárdia. Tampoco encuentro novedades en materia de política salarial , ya que se pide su evolución “de forma acorde con el desarrollo de la productividad”, tanto a nivel de sector como de empresa, y con petición de una mayor flexibilidad para poder pactar salarios diferenciados, más exactamente “aumentos salariales”, según los sectores, e incuso dentro de cada uno de ellos, en función de cómo haya evolucionado la productividad, reconociendo, y me parece importante, que para ello “la función de los interlocutores es crucial”. Dicha flexibilidad, incluso exacerbada, ya existe en España desde la reforma laboral de 2012, como lo confirman tanto las estadísticas oficiales del MEySS como los periódicos informes sobre negociación colectiva (es decir la parte “oficial” de la vida laboral, ya que existe una parte real, en especial en las pequeñas empresas, que difícilmente aparece en los mismos) que realizan las organizaciones sindicales y empresariales.
b) Otras propuestas de contenido laboral versan, como ya he indicado con anterioridad, sobre la reforma de las pensiones y la modernización de los sistemas de protección social. Sobre la reforma, se insiste en seguir profundizando en las emprendidas por la mayor parte de Estados miembros en años anteriores (España es “una buena alumna” en este terreno) para aumentar “la eficiencia y la sostenibilidad financiera de las pensiones”. La “neolengua” sobre la conveniencia de alargar la edad de jubilación se convierte en no hacer mención expresa a la edad, sino a la adopción de “un enfoque más

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dinámico de la edad a la cual las personas puedan jubilarse”, y ello llevaría (hay varios documentos de la Comisión que van en esta línea y que se pretende que se incorporen a la normativa de los Estados miembros) a vincular la edad legal de jubilación y esperanza de vida (en España, con datos del INE, se situaría alrededor de los 78 años para los hombres y 84 para las mujeres), con objeto, se dice, “de alcanzar un equilibrio adecuado entre el tiempo de vida laboral y el tiempo de vida en situación de jubilación”., aunque, afortunadamente a mi parecer, se reconoce en el PICE que “varios estados miembros todavía tienen serias reservas con respecto a esta idea”. Igualmente, el PICE subraya que en 25 de los 28 Estados UE “ya han legislado o tienen previsto legislar retrasos en la edad de jubilación” En fin, no hay novedades en cuanto a la modernización de los sistemas de protección social, con referencias genéricas a políticas de atención de las necesidades de los colectivos más desprotegidos, aun cuando hay una frase que pudiera dar a entender un “ajuste” de la protección, sin mayor concreción, en cuanto que se plantea que las políticas sociales ·deben simplificarse y dirigirse más a objetivos específicos”.
De obligada referencia para el caso español es el VII Informe FOESSA, presentado a finales del mes de octubre. En el texto, se subraya que desde el anterior informe hasta 2013 “ha quedado plenamente constatado el enorme deterioro que la cohesión social está experimentando en nuestro país durante los últimos 7 años, con un incremento notable de los procesos de exclusión social, que se hacen además más graves y con una expansión significativa también de las situaciones de precariedad y vulnerabilidad social”. Deterioro de la cohesión social que se manifiesta, entre otros, en el hecho de que disponer de un empleo no garantiza la integración social (el fenómeno de los trabajadores pobres adquiere relevancia en España) para alrededor de un 15 % de la población, de tal manera que ciertamente el desempleo expande la exclusión social, “pero la ocupación precaria también hace que aumente”, con un llamamiento a reforzar tanto las políticas activas de empleo, “aportando a las personas más excluidas oportunidades vitales, de ocupación y empleo”, como las políticas de protección social y más concretamente “reformar profundamente y ampliar la cobertura del sistema de garantía de ingresos mínimos”, una reforma que se considera necesaria, planteamiento con el que coincido, y para cuya “puesta en escena” hay que partir de la consideración previa de que hay distintos sectores de la política social implicados (no sólo, pues, las prestaciones por desempleo) y de que las lógicas protectoras son “heterogéneas”, y piénsese, y así se recoge en el documento, en cuáles son las condiciones de acceso a cada prestación, qué características tiene la prestación, y cuales son “las obligaciones y contraprestaciones asociadas a su percepción”.
4. Centro mi atención a continuación en el PICE, documento que realiza un amplio análisis de la situación social en Europa y que completa el EPAC, análisis que, tal como se explica en su introducción “se basa en la evolución social y del empleo en Europa, en la aplicación de las orientaciones para el empleo(2010- 2014), en el examen de los programas nacionales de reforma que dieron lugar a las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 8 de julio de 2014, así como en la evaluación de la aplicación de dichas recomendaciones hasta el momento”, de las que cabe hacer lógicamente especial mención a las Recomendaciones realizadas para España. Destaco a continuación aquellos contenidos que me parecen más relevantes del Informe y que se apuntan en la introducción.

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A) Se considera necesario seguir avanzando en la introducción de medidas que faciliten la incorporación de los jóvenes al mundo laboral, y la efectiva implantación de la garantía juvenil puede jugar un papel importante al respecto, así como también la instrumentación de medidas como los contratos de aprendizaje que faciliten una adecuada transición de la educación al empleo. Nuevamente se insiste en la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo, con una mayor “activación” de las mismas (que suele identificarse, aunque no hay esta vez mención expresa al respecto, en un mayor control sobre la aceptación de las ofertas de empleo por parte de la persona desempleada”. A diferencia de la EPAC, o más exactamente con mayor concreción, el PICE pide a los Estados miembros de la UE que sigan aplicando, y que en algunos casos intensifiquen, “las medidas destinadas a resolver el problema de la segmentación de los mercados de trabajo mediante la simplificación de la legislación laboral”. El uso de algunos términos no es desde luego casual ni neutro: hay un “problema” y es necesario “simplificar”. Cómo se haga esa simplificación es una opción de política legislativa y puede llevarse a cabo tanto reduciendo los niveles de protección de los trabajadores estables, como acercando en positivo la protección de los trabajadores temporales a la de los primeros, con un control mucho más estricto, tanto en el plano sustantivo como procesal, de las causas que permitan la contratación de duración determinada, y apostando también fuertemente por utilizar los incentivos a la contratación sólo para aquellos contratos estables. ¿Cuál es la tesis de la Comisión? Si nos hemos de atener a documentos anteriores, es la primera, aunque no se mencione de forma expresa la reducción de la protección de los trabajadores con contrato estable. B) A continuación el PICE procede al examen del mercado de trabajo y las tendencias y retos sociales en la UE, poniendo de relieve la difícil situación, a efectos de tasas de desempleo, de la población joven y de los trabajadores de baja cualificación, mientras que es mejor la situación de los trabajadores de edad avanzada, aún cuando su salida del mercado de trabajo les genera muchas más dificultades para volver a mismo que a los dos colectivos anteriores. Existe especial preocupación por el desempleo de larga duración entre los hombres, los jóvenes y los trabajadores poco cualificados en relación con otros grupos del mercado de trabajo, siendo especialmente preocupante su afectación “a quienes trabajan en sectores y ocupaciones en declive”. Igualmente es motivo de mucha atención la situación de los jóvenes ninis, entre 15 y 24 años, que ni estudian ni trabajan, que son un porcentaje superior al 10 % de los jóvenes en la mayor parte de Estados, aunque con importantes diferencias porcentuales entre ellos, enfatizándose en el texto que dicho fenómeno “se debe principalmente a un aumento del desempleo juvenil, pero también a una inactividad vinculada a carencias educativas”.
C) En el conjunto de la UE la tasa de actividad se ha mantenido, e incrementado, durante el período de la crisis (primer trimestre 2008- primer trimestre 2014: 70,3 y 72 %, respectivamente) por la mayor presencia de los trabajadores de edad y de las mujeres, ya que el descenso de la población masculina ha sido significativo. No obstante el crecimiento de la presencia femenina en el mercado de trabajo, su tasa de actividad sigue estando bastante por debajo de la masculina, en concreto 11,7 puntos en el primer trimestre de este año (77,9 y 66,2 %), con una mucha mayor presencia entre las personas que trabajan a tiempo parcial. Por el contrario, disminuye la tasa de empleo en el mismo período hasta quedarse ahora en el 68,4 %, muy lejos del objetivo marcado del 75 % para las personas entre 20 y 64 años en la Estrategia Europea 2020. Hay un

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dato especialmente importante, y preocupante en cuanto que marca una clara línea de tendencia de cómo está disminuyendo la calidad del empleo (si el trabajo a tiempo parcial se presta involuntariamente) y el número de horas trabajadas: “el empleo a tiempo completo se ha reducido en aproximadamente 8,1 millones entre el primer trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2014”, mientras que por el contrario “se ha producido un aumento constante del empleo a tiempo parcial: 4 millones más de puestos de trabajo desde el primer trimestre de 2008”. Desde luego, muy optimista, y desconozco su fundamentación, me parece la tesis del PICE de que en el contexto macroeconómico actual, “el trabajo temporal y el trabajo a tiempo parcial, involuntarios en cierta medida, pueden contribuir a crear empleo y, a medio plazo, puede constituir un trampolín para los contratos indefinidos o a tiempo completo (por ejemplo para los jóvenes)”.
D) Es bien sabido que el debate sobre la desigualdad y su impacto sobre la vida política, económica y social está siendo cada vez más importante, en especial a partir de las aportaciones de Thomas Picketty en su obra “El capital en el siglo XXI”, habiendo manifestado en una entrevista publicada el 19 de noviembre en "Eldiario.es" que “la desigualdad puede ayudar al crecimiento hasta cierto punto, pero más allá de un determinado nivel de desigualdad se obtiene, sobre todo, un efecto negativo que reduce la movilidad en la sociedad y conduce a la perpetuación en el tiempo de la estratificación social. Esto tiene una impacto negativo sobre el crecimiento”, así como también que otro efecto negativo de la desigualdad muy fuerte es que “puede conducir a la captura de las instituciones democráticas por parte de una pequeña élite que no va necesariamente a invertir en la sociedad pensando en el conjunto de la población”. Pues bien, el PICE constata, previa afirmación de que la evolución de la economía “afecta a los distintos grupos de la población de diferentes maneras”, que en muchos Estados miembros los niveles de desigualdad han aumentado, especialmente en los del Sur, con mención expresa a España, Grecia, Italia y Chipre, algo a lo que desde luego no será ajeno el hecho de que desde 2011 el gasto social ha ido disminuyendo, constatando el Informe que tal disminución se ha producido “en particular por lo que respecta a las prestaciones en especie y los servicios, a pesar de que las condiciones económicas y sociales han seguido deteriorándose”. E) Más adelante, el PICE pasa revista a la aplicación de las orientaciones para el empleo, o lo que es lo mismo qué reformas se han operado en el ámbito de las políticas sociales y de empleo desde el anterior informe, en desarrollo de las recomendaciones sobre empleo aprobadas para cada Estado. Se pasa, pues, revista a cómo se han concretado tales recomendaciones u orientaciones.
a) Recuerdo que la número 7 propugna el aumento de la participación en el mercado laboral y la reducción del desempleo estructural, y en este bloque se efectúa mención expresa a España por haber “simplificado los modelos de contratos para las empresas” (tengo fundadas dudas de que la reducción de modelos haya simplificado la tramitación), “aclarado los procedimientos de despido colectivo” (no debe haber ocurrido así a juzgar por los numerosos conflictos que siguen suscitándose en sede judicial), y “promovido el trabajo a tiempo parcial por medio de incentivos contributivos y una mayor flexibilidad en el uso de las horas complementarias” (más bien aquello que se ha dado en realidad es una desarticulación de la ordenación del tiempo de trabajo, hasta tal punto que la llamada flexibilidad en el TTP puede significar

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contratar formalmente un número determinado de horas y trabajar muchas más hasta acercarse a las de quienes trabajan a tiempo completo). El PICE explica con detalle las medidas adoptadas por diversos Estados para facilitar el empleo de los jóvenes, en especial con la puesta en marcha de la garantía juvenil, y se manifiesta optimista al respecto, vinculando algunas medidas adoptadas con otras que han promovido la reforma de los servicios públicos de empleo “para mejorar el nivel de la prestación (de la garantía juvenil) y la coordinación entre los distintos niveles regionales”. b) La orientación número 8 versa sobre la necesidad de conseguir una población cualificada que responda a las necesidades del mercado laboral y la promoción del aprendizaje permanente, y en el Informe se constata que buena parte de los países han puesto en marcha medidas con las que se trata de mejorar la oferta de cualificaciones y fomento del aprendizaje, que han ido de la mano con reformas paralelas en el ámbito de la formación profesional. c) En cuanto a la orientación núm 9 trataba sobre la mejora de la calidad y los resultados de los sistemas educativos y de formación en todos los niveles, y de incremento de la participación en la enseñanza superior, donde encontramos una nueva referencia a España en la que se afirma que “ha puesto en marcha una reforma para introducir un sistema dual de formación profesional adaptado a las necesidades del mercado de trabajo (cobra aquí sentido el viejo refrán “del dicho al hecho hay gran trecho”). d) En fin, recuerdo que la orientación número 10 se refiere a la promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, en donde el PICE pone de manifiesto varias líneas de tendencia que están apareciendo o consolidándose en los Estados miembros (no en todos, ciertamente), una de las cuales es el reforzamiento de las políticas activas del mercado de trabajo (con especial acento en las políticas de activación) y la reforma de las políticas contributivas y asistenciales de protección de las personas desempleadas, con especial atención a la protección de quienes se encuentran ante el riesgo de verse afectados por situaciones de pobreza o exclusión social. F) La última parte del Informe está dedicado al análisis de las tendencias puestas de manifiesto al aplicar el cuadro de indicadores sociales y de empleo clave, que se presentó por primera vez en el proyecto de informe de 2013 y que fue aprobado en el Consejo europeo de marzo de 2014. Remito al documento para que los lectores y lectoras del blog se detengan con detalle en el análisis de tales indicadores, que en el PICE 2014 han sido ligeramente revisados para tomar en consideración en el análisis de los datos “las perspectivas de género y de edad”.
Del análisis general de todos los indicadores, el PICE 2014 constata que la situación más problemática del mercado laboral se encuentra en Italia y Rumania, con una situación ambivalente en países fuertemente afectados por la crisis como son Grecia, Portugal y España, ya que si los indicadores de empleo muestran una cierta mejora o estabilidad, los indicadores sociales “siguen señalando índices de pobreza y desigualdades en aumento y ya bastante elevados, y un descenso de la renta de los hogares en términos reales”. A partir del análisis de todos los datos disponibles y de los indicadores de aplicación, el PICE constata que se ha detenido en la UE el crecimiento del desempleo con respecto a su edición anterior, pero que aún así se mantienen, y sin

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signo de mejoras, importantes diferencias entre los países, y califica de “alarmantes” las tasas de desempleo de siete países, en comparación con la media comunitaria, entre los que se encuentre España. Respecto a los jóvenes en concreto, las tasas globales de desempleo juvenil mejoran ligeramente a escala global, pero con importantes diferencias entre los Estados, y sobre los “ninis” se pone de manifiesto que su número sólo ha sufrido un ligero retroceso con respecto al año anterior, y que los países del sur de Europa tienen un elevado porcentaje de jóvenes que se encuentran en dicha preocupante situación, calificándose de “dramática” la situación de los jóvenes en general (y no sólo de los ninis) en el mercado de trabajo de siete países, entre los que nuevamente aparece España, ya que en todos ellos la tasa de desempleo está, como mínimo, siete puntos por encima de la media de la UE. G) Más preocupante aún, y confirma datos recogidos con anterioridad en el propio Informe, y sobre los que se manifestaba también preocupación en el EPAC, es el estancamiento o reducción importante de la renta de los hogares operada desde 2011 en varios Estados, aquellos “más afectados por la agravación del deterioro de las condiciones económicas”, poniéndose de manifiesto que en comparación con el año 2012 “no menos de dieciséis Estados miembros han experimentado importantes evoluciones negativas en la renta bruta disponible de los hogares”. Sería bueno que el gobierno español, que siempre afirma estar muy atento a las manifestaciones de las organizaciones internacionales sobre las reformas laborales y de protección social, sin duda sobre todo cuando le son favorables, prestara atención también a las que no van en esa línea, como la que se encuentra en el Informe PICE sobre el incremento en 2011 y 2012 de la tasa de riesgo de pobreza de la población en situación laboral (si no recuerdo mal, permítanme la ironía, 2012 fue el año de aprobación de la reforma laboral), ya que España fue uno de los países de la UE en el que más aumentó la misma, constatando el documento que estoy ahora analizando que en la mayoría de los países que experimentaron incremento de las tasas de riesgo de pobreza, “el prolongado período de crecimiento del PIB negativo o cercano a cero, el creciente desempleo de larga duración y el debilitamiento a lo largo del tiempo del efecto de las transferencias sociales han generado un mayor riesgo de pobreza”. Añádase a este dato, a modo de conclusión, el crecimiento de las desigualdades de renta en tales Estados, y en ello tiene un papel no menospreciable el deterioro de las condiciones laborales (entre ellas obviamente el salario), desigualdades particularmente relevantes en España y otros seis Estados en 2013, “donde la participación en la renta del 20 % con renta más alta es al menos seis veces mayor que la del 20 % de renta más baja”. Buena lectura de todos los documentos.