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Una primera aproximación a la nueva Ley de la Jurisdicción Social.
 

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    Una primera aproximación a la nueva Ley de la Jurisdicción Social. Una primera aproximación a la nueva Ley de la Jurisdicción Social. Document Transcript

    • Una primera aproximación a la nueva Ley de la Jurisdicción Social.Eduardo Rojo Torrecilla.Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UniversidadAutónoma de Barcelona.11 de diciembre de 2011.Texto publicado en el blog del autor. http://eduardorojoblog.blogspot.com/1. El Boletín Oficial del Estado publicó el martes 11 de octubre la Ley 36/2011, de 10de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Su disposición final séptima fija laentrada en vigor “a los dos meses de su publicación”, es decir el domingo 11 dediciembre, con excepción de la nueva atribución competencial en materia deprestaciones por dependencia, para la que establece un plazo de tres años para el que elgobierno remita a las Cortes una ley en la que se disponga su fecha de entrada.Mediante la nueva ley se deroga, tal como se estipula en la disposición derogatoriaúnica, la Ley de Procedimiento Laboral, o por decirlo más exactamente el Real DecretoLegislativo 2/1995 de 7 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la LPL, “asícomo todas las normas de igual o inferior rango en cuanto se opongan a la presenteLey”.Se trata de una norma de especial importancia en el ordenamiento jurídico laboral y deahí que deba ser objeto de lectura y estudio detallado por parte del mundo iuslaboralista,ya que los cambios que introduce con respecto a la derogada LPL son en bastantesocasiones verdaderamente importantes. Desde luego, ya disponemos de excelentesartículos doctrinales a cargo de algunos de los autores del proyecto de ley, así comotambién de otros magistrados del orden jurisdiccional social, y ya he podido leeralgunos de ellos y espero hacerlo poco a poco con el resto, ya que la complejidad de lanorma (trescientos cinco artículos, tres disposiciones adicionales, cinco disposicionestransitorias, una disposición derogatoria y siete finales) así lo aconseja. Es obligada lareferencia al número extraordinario dedicado a la LJS de la revista “Jurisdicción Social”de Jueces para la Democracia, dirigida por el incansable magistrado Miquel Falguera,en el que encontramos tres artículos muy interesantes de los magistrados FernandoSalinas, Joan Agustí y del propio Miquel Falguera, además de una excelentecomparación de la LPL y la LJS para poder analizar con detalle los cambios operadospor la nueva norma.A lo largo de los próximos meses asistiremos sin duda a interesantes debates sobre lanueva LJS y sobre sus contenidos concretos y su aplicación, aunque no se puede negarque desde la publicación en el BOE hasta la entrada en vigor ya se han realizadobastantes, dado el interés de todos los profesionales dedicados al Derecho del Trabajo yde la Seguridad Social, y de todas las personas a quienes les puede afectar, por suconocimiento. Desde luego, la importancia de la norma me anima a pensar en la puestaal día, o mejor sería decir su casi completa revisión” de algunos de los comentarios queefectué a la LPL en su redacción del Real Decreto Legislativo 521/1990 de 27 de abriljunto con el profesor Francisco Pérez Amorós y el magistrado Luis Saura Lluvià, en laobra “Formularios procesales laborales. Comentarios y jurisprudencia”, publicada por laeditorial Bosch, cuya primera edición data de 1988 y la segunda, con la nueva LPL, de 1
    • 1991. Espero que las obligaciones docentes, la preparación de las explicaciones delDerecho Procesal Laboral, me animen a ello, al menos en aquellos ámbitos de mayorcambio operado por la LJS. Me permito ahora reproducir un párrafo de la presentación ala segunda edición de aquella obra, que es perfectamente válido para el momentopresente sólo con los obligados cambios de referencia del nuevo texto legal.“La LPL … no se trata… de una norma de importancia menor, sino que nace convocación de permanencia en el ordenamiento jurídico laboral e introducemodificaciones sustanciales que afectan no sólo a la vertiente procesal, sino también a lasustantiva, del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. … Podemos afirmar…que no se trata de una norma elaborada en el vacío, sino que ha sido objeto de estudio,análisis y debate por un importante número de profesionales del Derecho y que buenaparte de las observaciones formuladas por los mismos durante el proceso de elaboraciónhan sido tenidas en cuenta en el texto que finalmente ha visto la luz pública”.2. Para los estudiosos de la norma, muy especialmente desde la perspectiva académicaya que estoy seguro que la LJS o partes de su contenido merecen ser objeto de tesisdoctorales, es obligado hacer el seguimiento de su tramitación parlamentaria, desde lapresentación el 18 de febrero y la publicación del proyecto de ley en el Boletín Oficialdel Congreso de los Diputados del 25 hasta su aprobación definitiva por el Pleno de laCámara Baja el 22 de septiembre, con recomendación especial de la lectura del debateen la Comisión de Justicia de la cámara baja de 12 de julio en la que se aprobó elproyecto, y su remisión al Senado, con competencia legislativa plena. De dicho debatedeseo resaltar las palabras del diputado socialista Manuel de la Rocha que creo querecogen muy bien el espíritu de la nueva LJS: “Una ley que busca garantizar mejor ladefensa de los derechos de los trabajadores frente a los empresarios y frente a losservicios públicos. Porque, señorías, se ha dicho por el señor Olabarría que lasrelaciones laborales, las relaciones de trabajo, son relaciones desiguales. Se basan enuna situación de desigualdad en la que el empresario tiene una posición de dominaciónsobre el trabajador, sobre el empleo, sobre el salario y también sobre el trabajo, que esgarantía de su dignidad y de su familia. De ahí la razón de ser histórica del derecho deltrabajo y del derecho procesal del trabajo, de las normas que regulan el derecho laboraly el derecho procesal laboral, un proceso entre partes desiguales que la ley debe buscarreequilibrar. Este es uno de los ejes vectores, si no el más importante de este proyectode ley: la mejor garantía de los derechos de los trabajadores y de los beneficiarios de lasprestaciones públicas ante su juez natural que es el juez de lo social”. En el preámbulode la norma se justifica la razón de ser en términos que me parece que guardan unabuena relación con la frase anterior y que por su interés también reproduzco: “la normaaspira tanto a ofrecer una mayor y mejor protección a los trabajadores y a losbeneficiarios de la Seguridad Social, fortaleciendo la tutela judicial en un espaciovertebrador de la vida social y económica. Al mismo tiempo se refuerza la seguridadjurídica del marco de encuentro entre los operadores sociales y económicos, así como enla actuación de las entidades u organismos gestores o colaboradores de las referidasprestaciones sociales. La presente Ley persigue dotar a los órganos judiciales deinstrumentos que agilicen los procesos de resolución de controversias, eviten abusosequilibrando la protección y tutela de los distintos intereses en conflicto, protejan mejora los trabajadores frente a los accidentes laborales y proporcionen mayor seguridadjurídica al mercado laboral. Esta Ley presenta, en definitiva, una respuesta más eficaz yágil a los litigios que se puedan suscitar en las relaciones de trabajo y seguridad social, y 2
    • ofrece un tratamiento unitario a la diversidad de elementos incluidos en el ámbitolaboral para una mejor protección de los derechos”.La norma ha tenido el beneplácito de todos los grupos parlamentarios, con los obligadosmatices de cada grupo, por lo que es de prever su mantenimiento en la nueva legislaturay con el nuevo gobierno resultante de las elecciones generales del 20-N, aunqueciertamente no pueden descartarse modificaciones que sean obligadas comoconsecuencias de los posibles cambios que puedan llevarse a cabo en el derechosustantivo laboral, señaladamente en todo lo que afecte a la regulación de lasmodificaciones de las condiciones de trabajo, a las extinciones contractuales en general,a las extinciones individuales/plurales por causas objetivas, a la tramitación de losexpedientes de regulación de empleo, y a los despidos disciplinarios, por citar algunosde los posibles ámbitos normativos que podrían verse modificados en el inmediatofuturo si nos hemos de atener a las propuestas electorales del Partido Popular.3. De forma esquemática, cabe decir que tras un excelente, y exhaustivo, preámbulo enel que se explica la razón de ser de la nueva norma y las modificaciones más relevantesintroducidas con respecto a la anterior LPL, el libro primero está dedicado a la partegeneral, con inclusión de varios títulos que regulan el ejercicio de la potestadjurisdiccional, las partes procesales, la acumulación de acciones, procesos y recursos,los actos procesales y la evitación del proceso.El libro segundo está dedicado al proceso ordinario, con la regulación del procesoordinario por una parte y de las diversas modalidades procesales por otra: despidos ysanciones; extinción por causas objetivas y despidos colectivos por causas económicas,organizativas, técnicas o de producción; vacaciones, materia electoral, clasificaciónprofesional, movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo yderechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal oconvencionalmente; prestaciones de Seguridad Social; procedimiento de oficio eimpugnación de actos administrativos en materia laboral y de seguridad social noprestacionales; conflictos colectivos; impugnación de convenios colectivos;impugnaciones relativas a los estatutos de los sindicatos y de las asociacionesempresariales o su modificación; tutela de derechos fundamentales y libertadespúblicas; audiencia al demandado rebelde.El libro tercero se dedica a los medios de impugnación: recursos contra providencia,autos, diligencias de ordenación y recursos; recurso de suplicación; recurso de casación;disposiciones comunes a los dos últimos recursos citados; revisión de sentencias ylaudos arbitrales firmes, y proceso de error judicial;En fin, el libro cuarto aborda la ejecución de sentencias, con un primer título dedicado ala ejecución de sentencias y demás títulos ejecutivos, y un segundo dedicado a laejecución provisional.Las disposiciones adicionales tratan sobre las especialidades procesales, la autorizaciónde actuaciones a entidades públicas y privadas, y la aplicación de la Ley Concursal (másexactamente la no aplicación a las cuestiones litigiosas sociales que se planteen duranteel concurso y de las que corresponda conocer al juez mercantil, “con la excepcionesexpresas que se contiene en dicha Ley”). 3
    • Las cinco disposiciones transitorias versan sobre las normas aplicables a los proceso entramitación, las que son de aplicación en materia de recursos y ejecución forzosa desentencias que se dicten a partir del 11 de diciembre, la ejecución de sentencias y demástítulos ejecutivos así como también las medidas cautelares, la competencia del ordenjurisdiccional social, y las reclamaciones al FOGASA al amparo de la disposicióntransitoria tercera de la Ley 35/2010. Es importante destacar que aquellos procesos queya se hubieran iniciado, pero que todavía no hayan finalizado en la instancia por lacorrespondiente sentencia o resolución, continuarán tramitándose por la normativaanterior hasta que se dicte aquella, siendo de aplicación la nueva ley “a los recursoscontra resoluciones interlocutorias o no definitivas”. Si ya se hubiere dictado sentenciau otra resolución que ponga fin a la instancia, la impugnación por medio de recurso seajustará a lo dispuesto en la normativa anterior, si bien la ejecución provisional ya seregirá por la nueva ley. En cuanto a la ejecución, la norma ahora objeto de comentarioserá de aplicación a la de la sentencias y demás títulos, con inclusión expresa deaquellas que se encuentren en trámite, disponiéndose la validez de “las actuaciones,incluidas las medidas cautelares, realizadas al amparo de la legislación anterior”.La única disposición derogatoria deroga la anterior LPL y todas las normas de igual oinferior rango que se le opongan.En fin, las siete disposiciones adicionales tratan sobre una nueva modificación de la Leydel Estatuto de los trabajadores, en concreto su disposición adicional decimoséptimasobre la resolución de las discrepancias en materia de conciliación; la modificación dela regulación (Ley 20/2007) del trabajo autónomo económicamente dependiente, pararegular más exactamente el reconocimiento de dicha condición, la formalización delcontrato por escrito y el conocimiento por el orden jurisdiccional social de los conflictossuscitados; el título competencial de la norma (la competencia exclusiva en materia delegislación procesal atribuida al Estado por el artículo 149.1.6ª de la Constitución); lasnormas supletorias (con carácter general la Ley de Enjuiciamiento Civil y con carácterespecial la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en supuestos deimpugnación de actos administrativos de competencia del orden social y siempre “conla necesaria adaptación a las peculiaridades del proceso social y en cuanto seancompatibles con sus principios); la remisión a la aprobación por el gobierno, en unplazo de seis meses, de un nuevo sistema de valoración de daños derivados deaccidentes de trabajo y enfermedades profesionales; la habilitación al gobierno para lamodificación de la cuantías reguladas en la norma (recursos de suplicación y decasación ordinaria, honorarios de abogados y graduados sociales; sanciones pecuniariasy multas; depósitos para recurrir, y una cláusula abierta que permite incluir “cualquierimporte con trascendencia procesal que pudiere venir incluido en la normativa procesalsocial, incluso el fijado para el acceso al proceso monitorio”); por último, la entrada envigor, que como ya he indicado con anterioridad es de dos meses a partir del 11 deoctubre, es decir el 11 de diciembre de 2011.4. La ampliación competencial del orden jurisdiccional es una de las partes másimportantes, sin duda, de la LJS, tal como se explica en el preámbulo y se concreta en eltexto articulado (artículo 2), y el examen de la comparación con la LPL así lodemuestra, partiendo la LJS, cuando así se ha considerado necesario, de la premisa de“una unificación de la materia laboral que permite dar una cobertura más especializaday coherente a los distintos elementos de la materia laboral”. 4
    • Esa unificación afecta al conocimiento por el orden social de todas las cuestioneslitigiosas relativas a accidentes de trabajo, evitando así el “peregrinaje dejurisdicciones” (civil, contencioso-administrativo y social) hasta ahora necesario paraintentar lograr la tutela judicial de los daños producidos.También impacta en el conocimiento, y velar por el cumplimiento, de la normativa deprevención de riesgos laborales, aún cuando no se deriven daños concretos por losincumplimientos, y con atracción al orden social de los conflictos que afecten a personalno sometido a la LET, en concreto el personal funcionario y estatutario.De especial importancia (y a esta materia creo que hay que dedicar especial atención enel ámbito docente cuando se explica la protección de los derechos fundamentaleslaborales, ya sean específicos o inespecíficos) es la conversión del orden social en el“garante ordinario” de la protección de los derechos fundamentales y libertades públicasde las partes en el ámbito de la relación laboral, con una mención expresa al supuestodel acoso y en el que la protección demandada podrá solicitarse, acogiendo la LJS ladoctrina jurisprudencial reciente, no sólo contra el empresario sino también “contracualquier otro sujeto que resulte responsable, con independencia del tipo de vínculo queuna al empresario”.No menos importante en fin, es la unificación en el orden social, prevista desde 1998pero nunca llevada a cabo, de las impugnaciones de las resoluciones contractualescolectivas por causas objetivas, hasta ahora atribuidas al orden contencioso-administrativo y que ha provocado una dualidad jurisdiccional con efectos negativos enbastantes ocasiones para la resolución de los conflictos planteados, si bien la disposicióntransitoria cuarta estipula que la nueva competencia sólo se ejerce para los conflictosque se susciten a partir del 11 de diciembre, y que las impugnaciones de actosadministrativos dictados con anterioridad “continuarán sustanciándose ante el ordenjurisdiccional contencioso-administrativo conforme a las normas aplicables a dichoorden”5. De la lectura del texto he extraído algunos de los contenidos que me han parecidomás interesantes. No se trata ciertamente de que sean los más importantes, sino sólo deaquellos que me han parecido dignos de ser destacados en esta entrada. La lectura de lanorma, insisto, es obligada para todos los sujetos interesados, y no hay duda de que suaplicación cotidiana suscitará numerosas cuestiones prácticas que deberán ser objeto deatención y estudio, a la espera de que los juzgados y tribunales se vayan pronunciadosobre las mismas. Destaco que una de las que más debate ha provocado en los foros ydebates sobre la nueva norma es la modificación operada en la modalidad procesal dedespido, en la que se integra la posibilidad, sólo reconocida en la normativa ahoraderogada para sanciones inferiores, de autorizar una medida sancionadora alternativa (esdecir inferior), justificándose en el preámbulo la modificación “para así favorecer lareanudación de la relación frente a la indemnización compensatoria de la pérdida delpuesto de trabajo”, habiendo un amplio debate sobre hasta qué punto puede el juzgadorsustituir la decisión empresarial, ya que es el empleador el titular del poder de direccióny del sancionador, y el que teóricamente debe conocer la gravedad del incumplimientocontractual del trabajador y la sanción legal o convencionalmente fijada al respecto. 5
    • A) Se atribuye legitimación pasiva a los comunidades de bienes y grupos sinpersonalidad jurídica cuando actúen como empresarios, al objeto, según el preámbulo,“de garantizar la existencia de un sujeto susceptible de ser demandado por lostrabajadores en caso de ser necesario”. El artículo 16.5 dispone la comparecencia dequienes aparezcan como sus organizadores, director o gestores, o en su defecto comosocios o participes, en el bien entendido que esa capacidad y legitimación procesalopera “sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la ley, pueda corresponder aestas personas físicas”.B) Destaca la amplitud conferida a la intervención sindical ante el orden social,acogiendo la doctrina constitucional y del Tribunal Supremo, atribuyéndoselegitimación a todo sindicato “con implantación suficiente en el ámbito del conflicto”(obsérvese que no se utilizan los conceptos de “mayor representatividad” o“representatividad”) para acciones en cualquier proceso en el que estén juego interesescolectivos de los trabajadores, con la lógica cautela procesal de que “exista un vínculoentre dicho sindicato y el objeto del pleito de que se trate”, con una concreciónimportante de que esos intereses serán, en un proceso de ejecución, “los tendentes a laconservación de la empresa y a la defensa de los puestos de trabajo” (artículo 17.2).Además, la destacada posición procesal que ostentan los sindicatos en el orden social semanifiesta con la exención de efectuar depósitos y consignaciones en sus actuaciones,además de gozar del beneficio de justicia gratuita, “cuando ejerciten un interés colectivoen defensa de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social (artículo 20.4).C) Hay novedades relevantes en la regulación de la acumulación de acciones (artículos25 a 27), que se justifican en el preámbulo por la conveniencia de “garantizar una mayorcoherencia en la respuesta judicial, eficiencia y agilidad en la resolución de los litigiosque se planteen ante la jurisdicción social”. Por ejemplo, la acumulación de todas laspretensiones de resarcimiento de daños y perjuicios en reclamaciones sobre accidentesde trabajo y enfermedad profesional; la acumulación de acciones por despido yextinción del contrato, siempre y cuando la primera se presente de acuerdo al plazo decaducidad establecido en su modalidad procesal, con posible acumulación de lascantidades adeudadas si la extinción se pide por incumplimiento del abono salarial; laposible acumulación, igualmente, de la reclamación de cantidades adeudadas hasta lafecha de despido con la acción por este motivo; la reclamación de las cantidades que seconsideran debidas cuando se presente una demanda en reclamación de clasificaciónprofesional por realización de trabajos de categoría o grupo profesional superior; en fin,de especial interés para los trabajadores autónomos es la posibilidad de acumular lademanda por despido, si consideran que su relación es laboral, con la que formulen ensu caso contra la decisión del cliente sobre la extinción de la relación contractual para elsupuesto de que se desestime la del hipotético despido.D) En cuanto a los actos procesales (artículos 42 y siguientes) cabe destacar laposibilidad que se otorga al juez, en el supuesto de sentencias orales, no sólo de dictarsentencia de viva voz en todos aquellos litigios que no proceda la interposición posteriorde recurso de suplicación, sino también la de pronunciar el fallo “cualquiera que sea lacuantía o la materia”. En la manifestación de fallo de la sentencia el juzgador deberáefectuar una motivación sucinta del mismo, quedando obligado a la redacción posteriorde la sentencia “dentro del plazo y la forma legalmente previstos”. La intervenciónverbal del juzgador también podrá producirse dictando autos al finalizar unacomparecencia que se haya practicado “en cualquier incidente suscitado durante el 6
    • proceso”.Todas las actuaciones procesales deberán practicarse en días y horas hábiles, conarreglo a las reglas del artículo 43 y con la regulación especial para la demanda pordespido (artículo 103), con plazo de caducidad en el que no se computarán “los sábados,domingos y los festivos en la sede del órgano jurisdiccional”.El siglo XXI llega a los juzgados de lo social, o al menos así lo pretende la LJS. Frentea la redacción anterior del precepto sobre comunicaciones fuera de la oficina judicial, enla que se disponía que podían practicarse por el servicio de telégrafo o por cualquierotro medio idóneo de comunicación o de transmisión de textos si los interesadosfacilitaran los datos indicativos para utilizarlos, la nueva norma incluye la cita expresadel fax o el correo electrónico, siempre con la obligada mención de que los interesadoshayan facilitado tales datos (algo cada vez más frecuente en la vida de los despachos deabogados y graduados sociales).E) En el título V del capítulo I se regulan las actuaciones tendentes a la evitación delproceso, destacándose en el preámbulo las nuevas referencias incorporadas a lamediación y a los laudos arbitrales, al regularse en el capítulo I “la eficacia eimpugnación de los mismos”. En efecto, la norma prevé como requisito previo para latramitación del proceso no sólo el intento de conciliación, sino que también cabe en sucaso el intento de mediación, en ambos casos ante el servicio administrativocorrespondiente o ante el órgano que asuma tales funciones creado por acuerdosinterprofesionales, convenios colectivos, o acuerdos de interés profesional paratrabajadores autónomos. En cuanto a los principios del proceso y de los deberesprocesales de las partes destaca a mi parecer el incremento de la multa que puedeimponerse a la parte que actúe de mala fe, que pasa a ser de 180 a 6.000 euros, con lamatización de que “en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercer parte dellitigio”. El juzgador podrá imponer la multa ponderando todas las circunstanciasconcurrentes en el supuesto de hecho, incluyendo también el artículo 75 las referenciasexpresas a la capacidad económica del sujeto infractor y “los perjuicios causados en elproceso y a otros intervinientes a terceros”.F) En el libro segundo se regula el proceso ordinario y las diversas modalidadesprocesales. La nueva norma acoge la doctrina jurisprudencial sobre posibles medidascautelares cuando se ejercita una acción de extinción contractual al amparo del artículo50 de la LET por presunta vulneración de la dignidad o la integridad física o moral deltrabajador y que afecte a algún derecho fundamental o libertad pública “que pudieranhacer inexigible la continuidad de la prestación en su forma anterior” (la implícitareferencia al acoso es clara y manifiesta). En tal caso, y siempre y cuando sea solicitadopor la parte demandante, el juzgador podrá adoptar medidas cautelares como, porejemplo, la suspensión de la relación o la exoneración de la prestación de servicios,manteniéndose la obligación empresarial de cotizar a la Seguridad Social y abonar lossalarios al sujeto trabajador, “sin perjuicio de lo que pueda resolverse en la sentencia”.La posibilidad de que en el acto de juicio no se pueda tener debido conocimiento detodas las pruebas documentales o periciales que se practiquen porque resultaren, dice elartículo 87.6, “de extraordinario volumen o complejidad” ha llevado al legislador (sinduda el conocimiento directo del proceso laboral por parte de los redactores del 7
    • proyecto de ley ha tenido mucho que ver en esta modificación) a permitir que el juez otribunal pueda otorgar a las partes la posibilidad de realizar por escrito, ypreferiblemente por medios telemáticos, “sucintas conclusiones complementarias, sobrelos particulares que indique, en relación con dichos elementos de prueba”, en un plazode tres días siguiente al juicio. Se trata, como puede comprobarse, de garantizar el mejorconocimiento posible por parte del juez o tribunal de todas las pruebas presentadas, alobjeto de garantizar con las mayores garantías posibles el derecho a la tutela judicialefectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución.La reforma de la negociación colectiva operada por el Real Decreto-Ley 7/2011 de10 dejunio amplió las funciones y competencias de las comisiones paritarias de los convenioscolectivos, llegando a gozar de un poder de comisión negociadora ad hoc durante lavigencia del convenio de referencia, en el bien entendido que en este supuesto debedarse juego jurídico a todos los sujetos legitimados para negociar en el correspondienteámbito negociador y que, por las razones que fuera, no tuvieran presencia en lacomisión paritaria, siendo de especial interés la nueva redacción del artículo 91.4(incluido en el artículo 5, dedicado a la aplicación e interpretación del conveniocolectivo), en el que se expone que las resoluciones de la comisión paritaria sobrenegociación o aplicación del convenio “tendrán la misma eficacia jurídica y tramitaciónque los convenios colectivos regulados en la presente ley”. Si se compara la redacciónanterior del artículo 85.3 e) y el nuevo texto se comprueba el cambio cuantitativo ycualitativo que supone, dado que se le otorgan funciones, vuelvo a insistir, de sujetonegociador además de las habituales de interpretación del convenio y conocimiento delos conflictos suscitados en su ámbito como paso previo al ejercicio de las posiblesacciones judiciales. La nueva LJS refuerza a mi parecer la importancia de talescomisiones, en cuanto que el artículo 95, que trata sobre los informes de expertos,dispone en su apartado 2 que cuando el litigio verse sobre la interpretación de unconvenio colectivo, “el órgano judicial podrá oír o recabar informe de la comisiónparitaria del mismo”.Está por ver ciertamente, en cuanto que se trata de una novedad en el orden social, y dela que no he sabido encontrar referencia alguna en el preámbulo, cuál será laimportancia real del nuevo proceso monitorio regulado en el artículo 101 y de formadiferenciada del resto del proceso ordinario, con una intervención destacada delsecretario judicial. Se trata, con arreglo a la normativa procesal civil, de unprocedimiento de enjuiciamiento especial, dispuesto para una resolución de juicios enlos que no se produzca contradicción. En el orden social, se podrá poner en marchacuando se plantee una reclamación salarial contra un empresario que no esté sometido aconcurso, cuando se trate de cantidades “vencidas, exigibles y de cuantía determinada”no superiores a 6.000 euros, y siempre que pueda notificarse al sujeto deudor lademanda por los procedimientos previstos en la norma. Se excluyen de este procesomonitorio las reclamaciones de carácter colectivo interpuestas por la representación delos trabajadores, y las dirigidas contra las entidades gestoras o colaboradoras de laSeguridad Social.G) Ya he apuntado con anterioridad la posibilidad que abre la LJS de cambiar lamáxima sanción de despido por otra de categoría inferior, siendo posible para elempresario cumplir con dicha sentencia en un plazo de caducidad de diez días, una vezque haya devenido firme, siempre y cuando se haya procedido previamente a lareadmisión del trabajador en debida forma. 8
    • La LJS refuerza la protección de los trabajadores afectados por despidos por causaseconómicas, técnicas, organizativas o de producción, de tal manera que el artículo 124dispone la nulidad de la decisión empresarial cuando no se hubiera obtenido laautorización administrativa, o la judicial del juez del concurso, no sólo en los supuestosen que así está legalmente previsto, sino también cuando la medida empresarial “se hayaefectuado en vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas”.H) La LJS incluye toda la materia electoral como susceptible de impugnación en trámitearbitral, es decir desde la promoción de las elecciones, con una mención expresa en elpreámbulo “a partir de la impugnación de preavisos electorales”. Por consiguiente sonsusceptibles de impugnación todas las actuaciones que se practiquen desde lapromoción electoral, con mención expresa en el artículo 127 a “la validez de lascomunicaciones a la oficina pública del propósito de celebrar las mismas”. Además, laimpugnación podrá plantearse contra todas las actuaciones previas y posteriores a laconstitución de la mesa electoral y las decisiones de esta, y la atribución de losresultados, “hasta la entrada de las actas en la oficina pública dependiente de laautoridad administrativa o laboral”.I) Consecuencia de las nuevas competencias atribuidas al orden jurisdiccional social esla regulación de una nueva modalidad procesal (artículos 151 y 152) que lleva por título“Del procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral y deSeguridad Social excluidos los prestacionales”. La impugnación se regirá por lodispuesto en dichos preceptos y en todo lo demás por las reglas generales del procesolaboral, si bien se deja la puerta abierta a la aplicación de las normas que regulan lajurisdicción contencioso-administrativa siempre que alguna cuestión no esteexpresamente prevista en la normativa especial o general laboral (algo que, a primeravista, parece ciertamente difícil), en el bien entendido que la aplicación de estas normassólo se llevará a cabo “en cuanto sean compatibles con los principios del procesosocial”. Se trata, en suma, de la impugnación de actos administrativos en materia laboralque han sido dictados por el Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales u otrasadministraciones u organismos, estando legitimados activamente para la interposiciónde la demanda quienes sean destinatarios del acto o resolución impugnada, y tambiénquienes ostenten derechos o intereses legítimos en su revocación o anulación,correspondiendo siempre la legitimación pasiva a la administración o entidad autora delacto.Especial interés tiene esta modalidad procesal en cuanto que a través de la misma setramitarán las impugnaciones contra resoluciones dictadas por la administración laboralcompetente en expedientes de regulación de empleo que hayan autorizado la extinciónde contratos de trabajo. Si la sentencia declara la no conformidad a derecho de laresolución administrativa, declarará también el derecho de los trabajadores afectadospor el expediente a reincorporarse a sus puestos de trabajo, otorgando la LJS laposibilidad al empresario, al igual que en el supuesto de despido improcedente, de optarpor la readmisión o por el abono de una indemnización idéntica a la del despidoimprocedente (45 días de salario por año trabajador y un máximo de 42 mensualidadescon carácter general, y 33 días y 24 meses en casos de contratos formalizados al amparode la modalidad contractual de fomento de la contratación indefinida), y con derecho enambos casos por parte del trabajador a percibir los salarios de tramitación, deduciéndosede los mismos, o devolviéndose en su caso, las cantidades percibidas como 9
    • indemnización. Más protección se otorga, en coherencia con otras disposiciones de lamisma norma, en el supuesto de declaración de no conformidad a derecho de laresolución administrativa por apreciar el juzgador que se ha producido una vulneraciónde derechos fundamentales o libertades públicas, ya que en tal caso se reconocerá elderecho a la readmisión y al abono de los salarios de tramitación, aplicándose si ello nose produce, y a instancias del trabajador, las reglas de ejecución de sentencias firmes dedespido, como por ejemplo seguir percibiendo salario y estar dado de alta en laSeguridad Social con independencia de que la empresa proporcione ocupación efectivaal trabajador.J) En cuanto que la sentencias dictadas en procesos de conflictos colectivos (artículos153 a 162) producen efecto de cosa juzgada sobre proceso individuales pendientes deresolución o que puedan plantearse, la norma concreta el contenido de la sentenciaestimatoria cuando sea, justamente, susceptible de ejecución individual, en cuyo casodeberá contener “la concreción de los datos, características y requisitos precisos parauna posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto ybeneficiarios por la condena y especificar la repercusión directa sobre los mismos delpronunciamiento dictado”.K) La modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas(artículos 177 a 184) pretende ajustar la norma a la doctrina constitucional, tratándosede una regulación “más completa y estructurada” que la derogada, particularmente encuanto a los términos de los pronunciamientos a dictar y respecto del resarcimiento de lavíctima y su estatuto procesal. Tal como se explica en el preámbulo, “se amplía elámbito de la modalidad procesal más allá de la invocación principal de derechosfundamentales laborales específicos, como la libertad sindical, para comprender conamplitud toda posible vulneración de tales derechos y libertades fundamentales en elámbito de las relaciones de trabajo, sean genéricos o específicamente laborales, salvocuando sea necesario seguir una determinada modalidad procesal especial para, en ella,incluir tal alegación, en todo caso con aplicación de las garantías propias de estamodalidad procesal especial.Tendrán la condición de sujetos legitimados para demandar cualquier trabajador osindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, “considere lesionados losderechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertadespúblicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso”. En talcaso, podrá recabar la tutela judicial cuando la pretensión se suscite en el ámbito de lasrelaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o enconexión directa con las mismas, “incluidas las que se formulen contra tercerosvinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración alegada tengaconexión directa con la prestación de servicios”.Por lo que respecta al contenido de la sentencia estimatoria me interesa destacar quedispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y lareposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derechofundamental, “así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción uomisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera”. El juzgadordeberá pronunciarse sobre la hipotética cuantía de la indemnización que puedacorresponderle a la parte demandante y su intervención se realizará “prudencialmente”(este es el término utilizado por el artículo 183.2) cuando la prueba de su importe exacto 10
    • “resulte demasiado difícil o costosa”. Con acogimiento de la doctrina jurisprudencialconstruida durante los últimos años, la norma permite la compatibilidad de estaindemnización “con la que pudiera corresponder al trabajador por la modificación oextinción del contrato de trabajo o en otros supuestos establecidos en el Estatuto de losTrabajadores y demás normas laborales”.L) El libro tercero versa sobre los medios de impugnación. En el recurso de suplicación(artículos 190 y siguientes) destaca la elevación del mínimo de la cuantía para poderrecurrir ante el correspondiente Tribunal Superior de Justicia, de tal manera que noprocederá este recurso “en reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000euros”, frente a los 1.800 euros previstos en la norma derogada, ni tampoco en procesosde impugnación del alta médica “cualquiera que sea la cuantía de las prestaciones porincapacidad temporal que viniere percibiendo el trabajador”. En cuanto a la inclusión denuevos supuestos para los que se prevé siempre la posibilidad de interposición de esterecurso, el artículo 191.3 g) ha incorporado, a modo de cláusula de cierre, las sentenciasdictadas en procesos de impugnación de actos administrativos en materia laboral que notengan cabida en las letras anteriores del mismo precepto, cuando no sean susceptiblesde valoración económica “o cuando la cuantía litigiosa exceda de dieciocho mil euros”.En el recurso de casación ordinario (artículo 205 y siguientes) encontramos algunasmodificaciones de interés, resultado del nuevo marco competencial de los juzgados ytribunales de lo social. Con carácter general el TS conocerá de los recursos interpuestoscontra sentencias y otras resoluciones judiciales dictadas en única instancia por las Salasde lo Social de los TSJ y por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, pero seestablecen determinadas excepciones por razón de la cuantía económica o del númerode trabajadores afectados. En efecto, el artículo 206.1 exceptúa de la posibilidad deinterponer este recurso cuando se trate de sentencias dictadas en procesos deimpugnación de actos de las administraciones públicas atribuidos al orden social en elartículo 2 (letras n y s) y que sean susceptibles de valoración económica, “cuando lacuantía litigiosa no exceda de ciento cincuenta mil euros”; igualmente, y deseo destacareste supuesto porque responde a la asunción por parte del orden social del conocimientode las resoluciones dictadas por la administración laboral en expedientes de regulaciónde empleo, no serán susceptibles de recurso las sentencias dictadas en caso deexpedientes de extinción o suspensión contractual, o de reducción de jornada, ycualquiera que sea la cuantía, “cuando afecten a menos de cincuenta trabajadores”.Hay novedades destacadas en el recurso de casación para la unificación de doctrina, y aellas se refiere ampliamente el preámbulo y se concreta después en el texto articulado(artículos 218 y siguientes). En primer lugar, y por el orden que aparecen en el artículo219, se amplían las resoluciones que pueden alegarse como doctrina de contradicción:ya no se trata sólo de sentencias del TS y de los TSJ, sino también las dictadas por elTC y los tribunales internacionales instituidos “en los Tratados y Acuerdosinternacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales ratificadospor España”, y las dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea eninterpretación del derecho comunitario. Obviamente, la cita de esta “doctrina decontradicción” sólo podrá efectuarse cuando se cumpla las reglas generales previstaspara poder interponer este recurso, es decir la existencia de una contradicción respectode los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación donde “en mérito ahechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado apronunciamientos distintos”. 11
    • En segundo término, se atribuye al Ministerio Fiscal la legitimación para interponer esterecurso aún cuando no haya contradicción entre sentencias, en función de su defensa dela legalidad. La posibilidad está contemplada en el artículo 219.3, en cuanto que serefiere a supuestos semejantes a los del recurso interpuesto por otros sujetoslegitimados, y a caso en los que parezca difícil que pueda llegarse a interponer elrecursos, o bien cuando se trate de normas que lleven poco tiempo en vigor, másexactamente menos de cinco años desde el momento en que se inició el proceso. Eltexto literal del citado apartado, que reproduzco para una mejor comprensión delsupuesto ahora analizado, es el siguiente: “Dicho recurso podrá interponerse cuando, sinexistir doctrina unificada en la materia de que se trate, se hayan dictadopronunciamientos distintos por los Tribunales Superiores de Justicia, en interpretaciónde unas mismas normas sustantivas o procesales y en circunstancias sustancialmenteiguales, así como cuando se constate la dificultad de que la cuestión pueda acceder aunificación de doctrina según los requisitos ordinariamente exigidos o cuando lasnormas cuestionadas por parte de los tribunales del orden social sean de recientevigencia o aplicación, por llevar menos de cinco años en vigor en el momento dehaberse iniciado el proceso en primera instancia, y no existieran aún resolucionessuficientes e idóneas sobre todas las cuestiones discutidas que cumplieran los requisitosexigidos en el apartado 1 de este artículo”. La sentencia estimatoria fijará en el fallo ladoctrina jurisprudencial y este se publicará en el BOE, disponiendo la norma quecomplementará el ordenamiento jurídico, “vinculando en tal concepto a todos los juecesy tribunales del orden jurisdiccional social diferentes al Tribunal Supremo”. Justamenteen el preámbulo de la norma se enfatiza la importancia de “salvaguardar la posiciónconstitucional del Tribunal Supremo”.LL) Por último, el libro cuarto (artículos 237 y siguientes) versa sobre la ejecución desentencias, materia ciertamente de bastante complejidad y que requiere de un análisis yestudio muy detallado y que no puede hacerse en las páginas de un blog. Por ello, bastecitar las modificaciones referenciadas en el preámbulo: nueva atribución decompetencias a los secretarios judiciales en el marco de la organización de la nuevaoficina judicial; equiparación de todos los títulos ejecutivos laborales a efectos de laejecución definitiva, tanto los que constituyan con intervención judicial como aquellosque se hagan sin ella; ejecución de sentencias de conflicto colectivo en las que puedandeterminarse los afectados de forma individual, así como la posibilidad de llegar a unacuerdo transaccional en la ejecución, “con las necesarias cautelas para asegurar laefectividad de lo juzgado”. A tal efecto recuérdese, con carácter general, que el artículo246.1 prohíbe la renuncia de los derechos reconocidos por sentencias favorables altrabajador, “sin perjuicio de las posibilidades de transacción dentro de los límiteslegalmente establecidos”.Buena lectura, para quien no lo haya hecho aún, de la Ley 36/2011. 12