Sobre las prácticas no laborales en empresas  ¿A quién se dirige el Real Decreto 1543, de 31 de octubre de 2011?.
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Sobre las prácticas no laborales en empresas ¿A quién se dirige el Real Decreto 1543, de 31 de octubre de 2011?.

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  • 1. Sobre las prácticas no laborales en empresas. ¿A quién se dirige el Real Decreto1543/2011, de 31 de octubre? ¿Un “período de prueba”, no laboral, del posteriorcontrato en prácticas?Eduardo Rojo Torrecilla.Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UniversidadAutónoma de Barcelona.20 de noviembre de 2011.Texto publicado en el blog del autor. http://eduardorojoblog.blogspot.com/1. El Consejo de Ministros celebrado el viernes 28 de octubre aprobó un Real Decretopor el que se regulan unas determinadas prácticas no laborales en las empresas. La notade prensa del Consejo decía lo siguiente:“Con esta decisión se pretende contribuir a mejorar la integración laboral de laspersonas jóvenes desempleadas, con cualificación profesional y sin experiencia laboral.Constituye una nueva herramienta de lucha contra el paro juvenil en nuestro país, a lavez que se clarifican los derechos de las personas que realicen estas prácticas. Lamedida consiste en el desarrollo de prácticas profesionales no laborales en empresas quehayan celebrado previamente convenios de colaboración con los Servicios Públicos deEmpleo a estos efectos. Estas prácticas podrán desarrollarlas personas jóvenesdesempleadas, entre dieciocho y veinticinco años, con titulación universitaria, título deFormación Profesional o certificado de profesionalidad pero nula o escasa experiencialaboral.Serán llevadas a cabo bajo la dirección y supervisión de un tutor, en los centros detrabajo de la empresa y tendrán una duración entre seis y nueve meses, durante loscuales percibirán una beca de apoyo que, como mínimo, será del 80 por 100 delIPREM. Se prevé que, a la finalización de las prácticas, obtendrán un certificado queacredite su realización. Del mismo modo, a estas personas se les aplicarán losmecanismos de inclusión en la Seguridad Social contemplados en el Real Decretoaprobado el pasado 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condicionesde inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas queparticipen en programas de formación, según marca la Ley sobre actualización,adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. Finalmente, estasprácticas no laborales podrán culminar en una contratación laboral por parte de lasempresas en donde se hayan desarrollado. Los contratos que se formalicen podránbeneficiarse de medidas de apoyo a la contratación, tanto en el ámbito de la formaciónprofesional para el empleo, como es el caso de los convenios de colaboración concompromiso de contratación, como en los programas de incentivos al empleo.No están incluidas en el ámbito de aplicación de este Real Decreto las prácticasacadémicas externas, curriculares y extracurriculares de los estudiantes universitariosque se regirán por su normativa específica”. 1
  • 2. 2. En una entrada anterior del blog tuve oportunidad de efectuar un breve comentariosobre el borrador de RD que había podido conocer, en la que dejaba suscitada la dudade si la medida que recogía el proyecto no podía ya ponerse en marcha por otras vías, alamparo de las posibilidades que ofrece la normativa sobre formación profesional para elempleo. Destacaba también que la efectiva instrumentación de la norma (acuerdo entrela empresa y el Servicio Público de Empleo competente) requeriría de la intervención delas respectivas Comunidades Autónomas, salvo cuando la empresa llevara a cabo talesprácticas en centros de trabajo ubicados en más de una autonomía. En fin, planteaba quela regulación de estas prácticas no laborales en una norma estatal podía generarconflictos con algunas autonomías, que quizás fueran críticas con la medida porentender que invadiría títulos competenciales propios. No dejaba, por último, de llamarla atención sobre la conveniencia de regular cuidadosamente la percepción de una “becade asistencia” a cargo de la empresa o grupo empresarial en donde se desarrollaran lasprácticas, para evitar posibles confusiones con la percepción de un salario.3. Con bastante retraso desde su aprobación por el Consejo de Ministros, el BoletínOficial del Estado publicó el pasado viernes 18 de noviembre el Real Decreto1543/2011, de 31 de octubre, que entró en vigor en el día de ayer y que se dicta alamparo competencial del 149.1.7.ª de la Constitución, que atribuye al Estado lacompetencia exclusiva en materia de legislación laboral. Pero recuerdo, de entrada ymuy importante, que se trata de “prácticas no laborales en las empresas”, y de ahí queestamos fuera de la normativa laboral reguladora de las relaciones de trabajo entreempresarios y trabajadores, o poder decirlo con las claras e inequívocas palabras delartículo 2.2 (siempre, matizo yo ahora, que se trate de prácticas auténticas) las prácticas“no supondrán en ningún caso la existencia de relación laboral entre la empresa y lapersona joven”.En la introducción de la norma se reproducen, lógicamente, algunos de los contenidosde la nota citada, pero también se introducen algunas otras referencias sociales paratratar de enlazar la puesta en marcha de la medida con la aportación de las empresas a larecuperación del empleo en España. El punto de referencia es la difícil situación deempleo de la población juvenil (ya apunto que la norma se dirige a jóvenes entre 18 y25 años, inclusive, a diferencia de medidas de fomento de empleo que llegan hasta los30 años, también inclusive) y la dificultad de adquirir experiencia laboral, conindependencia de la mayor o menor titulación o conocimientos profesional de la que sedisponga. Para ayudar a atenuar esta difícil situación aparece esta nueva norma quepermitirá, una vez que se cumplan los requisitos fijados en el texto articulado y a losque más adelante me referiré, que los jóvenes “con problemas de empleabilidad”desarrollen prácticas no laborales en las empresas”, o más exactamente con las quehayan celebrado previamente convenios con “los Servicios Públicos de Empleo” (noestá de más ahora recordar que la gestión de las políticas activas de empleo están enmanos de las Comunidades Autónomas, si bien repárese en que estamos refiriéndonos auna medida de contenido formativo que puede llegar a tener, pero no obligatoriamente,consecuencias laborales en términos de formación de una relación contractual laboral).La relación de la nueva medida con la “responsabilidad social empresarial” es quizás lanota más destacada que encuentro en la norma con respecto a otras medidas en materiade empleo-formación adoptadas por el gobierno español en los últimos meses.Probablemente los redactores de la norma hayan tenido en consideración la regulación 2
  • 3. explícita de la promoción de dicha responsabilidad social en la Ley 2/2011, de 4 demarzo, de Economía Sostenible, cuyo artículo 39 llama a la adopción por lasAdministraciones Públicas de políticas de promoción de la misma, poniendo adisposición de las empresas y organizaciones e instituciones públicas o privadas “unconjunto de características e indicadores para su autoevaluación en materia deresponsabilidad social, así como modelos o referencias de reporte”, y que este conjunto“deberá atender especialmente a los objetivos de transparencia en la gestión, buengobierno corporativo, compromiso con lo local y el medioambiente, respeto a losderechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la integración de lamujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la igualdad de oportunidadesy accesibilidad universal de las personas con discapacidad y del consumo sostenible”.Como digo, la norma trata de vincular la incorporación no laboral de jóvenes a lasempresas con la responsabilidad social empresarial, de la que se afirma en laintroducción del texto que “cada vez adquiere más importancia dentro de los planesestratégicos de las empresas, no solo como un instrumento de refuerzo de lacompetitividad, sino también a través del estímulo a un buen gobierno corporativo delas mismas, que se convierte en instrumento impulsor de la sostenibilidad económica,social y medioambiental”. Más adelante, y no debe ser ciertamente casualidad, se insistepor vía indirecta en la introducción en que la adopción de medidas que contribuyan amejorar la experiencia profesional de los jóvenes y contribuir a reducir el desempleojuvenil forma parte de dicha responsabilidad social. La referencia a la responsabilidadsocial se encuentra recogida, de forma expresa, en el artículo 2, referencia que tieneciertamente un valor social importante pero que no aporta nada, en términosestrictamente jurídicos, al texto articulado.La introducción de la norma trata de explicar las características propias de estasprácticas no laborales que podrán llevar a cabo los jóvenes que cumplan los requisitosprevistos en la misma. Se recuerda que ya hay regulación de prácticas profesionales enlas empresas, previstas en el Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo, y en efecto elartículo 25 regula las “acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadoresdesempleados”, disponiendo su apartado 3 lo siguiente: “Asimismo, se potenciaránacuerdos con las empresas, públicas o privadas, al objeto de favorecer la realización deprácticas profesionales (incluidas las de carácter internacional), el intercambio detecnologías y de personal experto y la utilización de infraestructuras y medios técnicos ymateriales. Las prácticas profesionales en las empresas no supondrán, en ningún caso, laexistencia de relación laboral entre los alumnos y las empresas. En el acuerdo deberádescribirse el contenido de las prácticas, así como su duración, lugar de realización yhorario, y el sistema de tutorías para su seguimiento y evaluación. Antes del comienzode las prácticas, se pondrá en conocimiento de los representantes legales de lostrabajadores en la empresa el citado acuerdo, así como una relación de los alumnos queparticipan en las mismas”. La especificidad, de la nueva normativa radica, se dice, enlas particularidades que derivan de su objetivo prioritario, cual es “procurar elacercamiento de las personas jóvenes con cualificación pero sin experiencia profesionalal mundo laboral”, y busca su anclaje jurídico en el artículo 25.1 b) de la Ley 56/2003de 16 de diciembre, de Empleo, que entre el conjunto de acciones y medidas queintegran las políticas activas de empleo incluye “Formación y recualificación: accionesy medidas de aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional incluidas enel subsistema de formación profesional para el empleo”. No obstante dicha explicación, 3
  • 4. sigo teniendo las mismas dudas sobre la necesidad de la puesta en marcha de estamedida específica que las manifestadas anteriormente con respecto al proyecto de RD.4. El contenido restante de la introducción es una explicación sintética del textoarticulado, por lo que me refiero ahora a este último.A) La norma regula la prestación de prácticas no laborales en (atención por la amplituddel colectivo empresarial al que se dirige) “empresas o grupos empresariales”. Requisitoprevio obligatorio será la formalización de un convenio con el Servicio Público deEmpleo competente. El público al que se dirige la medida es, se afirma con caráctergeneral en el artículo 1, es el de las “personas jóvenes que, debido a su falta deexperiencia laboral, tengan problemas de empleabilidad”. La concreción del sujeto alque se dirige la norma se encuentra en el artículo 3 (“Destinatarios de las prácticas nolaborales y contenido de las mismas) y también en el artículo 2 (“Definición”).¿A quién van dirigidas las prácticas no laborales”?. Veamos las características que debereunir el sujeto beneficiado:a) Edad entre 18 y 25 años, inclusive.b) Encontrarse en situación de desempleo e inscrito en la correspondiente oficina deempleo.c) Poseer una titulación o certificado que acredite sus conocimientos. Más exactamente,“una titulación oficial universitaria, titulación de formación profesional, de grado medioo superior, o titulación del mismo nivel que el de esta última, correspondiente a lasenseñanzas de formación profesional, artísticas o deportivas, o bien un certificado deprofesionalidad”.Inmediatamente es obligado recordar cuál es el colectivo al que se refiere el contrato detrabajo en prácticas, regulado en el artículo 11.1 de la Ley del Estatuto de lostrabajadores, para saber qué puntos de concordancia y/o separación hay entre ambos. Esel siguiente: “quienes estuvieren en posesión de título universitario o de formaciónprofesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos comoequivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o decertificado de profesionalidad de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que habiliten para elejercicio profesional, dentro de los cinco años, o de siete años cuando el contrato seconcierte con un trabajador con discapacidad, siguientes a la terminación de loscorrespondientes estudios”.d) La persona joven no pueden haber tenido una relación laboral “u otro tipo deexperiencia profesional” (supongo que el legislador está pensando en otras actividadesformativas desarrolladas con anterioridad) por un período superior a tres meses “en lamisma actividad”, período que a juicio del legislador implica que la persona joven tiene“ninguna o muy escasa experiencia laboral”. Se excluyen de este supuesto las prácticasincorporadas en las diferentes titulaciones y certificados, mientras que quedan fuera detoda la norma las prácticas académicas externas de los estudiantes, curriculares oextracurriculares, que se regularán por su normativa específica. Justamente el Consejo 4
  • 5. de Ministros del mismo día de publicación del RD en el BOE, 18 de noviembre, aprobódicha regulación, con la que se pretende, según la nota oficial, “hacerlas más acordes ala realidad actual y al nuevo marco establecido tras la adaptación al Espacio Europeo deEducación Superior”. Habrá que esperar a la lectura del texto íntegro del nuevo RD parapoder efectuar una valoración de las similitudes y diferencias de dichas prácticas con lasque ahora estoy analizando.e) La finalidad de la práctica, en una línea teórica semejante a la prevista en el nuevocontrato para la formación y el aprendizaje por el Real Decreto-Ley 10/2011 de 26 deagosto, con la diferencia obligada de la titulación del sujeto trabajador, es mejorar suempleabilidad, posibilitando “un primer contacto con la realidad laboral” (aunque nonecesariamente ha de ser un primer contacto porque puede haber trabajado ya conanterioridad) y completando su formación.B) La regulación del contenido de las prácticas no es sustancialmente distinta de laprevista para otros supuestos formativos en el RD 395/2007 y la Orden TAS/718/2008,de 8 de marzo. En síntesis, es la siguiente:a) En primer lugar, se requiere la firma de un convenio con el Servicio Público deEmpleo autonómico correspondiente o bien con el Servicio Público de Empleo Estatalcuando las prácticas se lleven a cabo en centros de trabajo ubicados en más de unaautonomía.Dicho convenio incluirá las reglas de preselección del personal, en el bien entendidoque la última palabra de quienes participarán en el programa (“el proceso de selecciónfinal”) le corresponde a la empresa. En cuanto al programa de la actividad propiamentedicho, deberán constar el contenido de las prácticas y la formación que se reciba y suduración, así como los mecanismos de evaluación y tutorías. Dado que el objetivoperseguido por la norma es la mejora de la empleabilidad, en el convenio deberánpreverse mecanismos de control y seguimiento por parte de los SPE para verificar quelas prácticas están respondiendo a su real objetivo (y que no están sirviendo, no lo dicela norma pero lo digo yo, para encubrir relaciones laborales).b) Una vez suscrito el convenio entre la empresa, o grupo empresarial, y el SPEcompetente, se formalizará el acuerdo entre el sujeto formador y la persona joven, porun período de duración comprendido entre tres y nueve meses, con proceso formativodirigido y supervisado por un tutor, a cuya finalización deberá entregarse un certificadoa la persona que ha realizado el proceso formativo.En el acuerdo entre la empresa y la persona joven que va a desarrollar las prácticasdeben definirse como mínimo los siguientes aspectos: “el contenido concreto de lapráctica a desarrollar, la duración de la misma, las jornadas y horarios para surealización, el centro o centros donde se realizará, la determinación del sistema detutorías y la certificación a la que la persona joven tendrá derecho por la realización delas prácticas”. Por otra parte, y de acuerdo con la normativa laboral y de empleovigente, la empresa queda obligada a informar a la representación legal de lostrabajadores sobre tales acuerdos de prácticas no laborales, y también a los SPEcompetentes.c) En materia económica y de protección social, y recuérdese una vez más que estamos 5
  • 6. en presencia de una relación jurídica no laboral, el joven percibirá una “beca de apoyo”de la empresa o grupo empresarial para el que realice la actividad formativa, en cuantíamínima del 80 % del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM)vigente en cada momento. Recuérdese que en el contrato de trabajo en prácticas(artículo 11.1 e de la LET) la retribución del trabajador será la fijada en conveniocolectivo para los trabajadores en prácticas, “sin que, en su defecto, pueda ser inferior al60 o al 75 por 100 durante el primero o el segundo año de vigencia del contrato,respectivamente, del salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe elmismo o equivalente puesto de trabajo”.Respecto a la inclusión de las personas jóvenes en el ámbito de la protección socialdurante el período formativo no laboral, la norma los incluye en el ámbito delrecientemente aprobado Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que seregulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de laSeguridad Social de las personas que participen en programas de formación. Dichanorma, a la que dediqué especial atención en una anterior entrada del blog, regula, talcomo se explica en su introducción, la integración en el régimen general de SeguridadSocial de personas que participan en programas de formación que incluyen prácticasformativas en empresas, instituciones o entidades, y que no tienen carácter puramenteacadémico (“lectivo” es el término más exacto utilizado en la norma), añadiéndose aefectos pedagógicos (aunque no se dijera también debería ser así, pero no me parecemal que el legislador recuerde que puede haber actividades laborales jurídicamentehablando con prácticas formativas) que la integración en la Seguridad Social seproducirá sólo en tales casos, es decir siempre que tales prácticas no den lugar por símismas “al establecimiento de una relación laboral”.d) Las empresas o grupos empresariales podrán incluir en el convenio con el SPEcompetente una cláusula de compromiso de contratación de un determinado número depersonas jóvenes en formación, previsión contemplada en el RD 395/20007. En tal caso,debe acudirse a la Orden TAS/718/2008 de 7 de marzo, en concreto su artículo 21, paraver cómo se regulan las acciones formativa con compromiso de contratación (obsérvese,dicho sea incidentalmente, como la norma ahora objeto de comentario no estableceninguna diferencia en este punto con relación a otros procesos formativos por parte delas empresas que puedan significar la incorporación posterior como personal laboral deun número determinado de sujetos formados).Por consiguiente, para poder acceder a las subvenciones que compensen los gastosderivados de las acciones de tutoría y evaluación de las acciones formativas, habrá queformalizar previamente un compromiso de contratación que “se establecerá sobre unporcentaje del total de trabajadores formados, en función de las circunstancias de lasempresas y del mercado local de empleo. Tal compromiso no podrá ser inferior al 60por ciento de trabajadores formados. Los contratos de trabajo que se celebren comoconsecuencia del compromiso serán preferentemente de carácter indefinido o, en otrocaso, de una duración no inferior a 6 meses y serán conformes a la normativa laboralvigente, debiendo presentarse ante el órgano concedente de la subvención en elmomento de su justificación”. Los nuevos contratos laborales (aunque no se dijeratambién ocurriría, pero parece que el legislador quiere ser muy pedagógico) podránacogerse a los incentivos que, en su caso, existan en materia de contratación, ya seformalicen durante la vigencia del período formativo a justamente a su finalización. 6
  • 7. Por fin, también debe indicarse que la posibilidad de formalizar compromisos decontratación laboral de un determinado número, o de todos ellos, de los sujetosformados puede estipularse por medio de la negociación colectiva.5. Como recapitulación final, y a la espera de mejor parecer como siempre decimos losjuristas, cabe destacar lo siguiente a mi parecer:La norma puede servir para que las empresas dispongan de personal cualificado duranteun cierto tiempo (no más de nueve meses) sin relación jurídico-laboral alguna y concostes de Seguridad Social mínimos. Al finalizar las prácticas laborales, cada empresadecidirá (en función de si tiene o no compromisos de contratación de una parte de laspersonas formadas) si esa persona ya formada en la vida laboral real, aunque sea sinrelación laboral, puede ser interesante contratarla. Lógicamente dicha contratacióndebería ser de contrato en prácticas para que tenga relación con la actividad formativaanterior, pero no hay nada que lo diga expresamente (o al menos yo no he sabidoencontrarlo).En conclusión, y me gustaría equivocarme, parece que podemos estar ante un pre-contrato de trabajo en prácticas, expresión que creo que se entiende pero quejurídicamente no es correcta porque se trata de prácticas laborales, o si se quiere decirde otra forma de un período de prueba no laboral previo a la posible formalización de uncontrato de trabajo en prácticas (u otra modalidad). Si se quiere ver de otra forma, puedeser una "buena oportunidad" para que las empresas tengan jóvenes cualificados duranteun período y después decidan si los incorporan en plantilla, de forma temporal oindefinida. Explicaré a mis alumnos y alumnas que antes de acceder a un posiblecontrato de trabajo en prácticas es muy posible que deban pasar primero por un períodoformativo no laboral una vez que ya disponen de titulación.Buena lectura del Real Decreto 153/2011 de 31 de octubre. 7