Reflexiones de un bloguero laboralista sobre el empleo y la formación. Recopilación de entradas publicadas desde el 9 de septiembre de 2007 al 9 de septiembre de 2014 (I).

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Reflexiones de un bloguero laboralista sobre el empleo y la formación. Recopilación de entradas publicadas desde el 9 de septiembre de 2007 al 9 de septiembre de 2014 (I). Eduardo Rojo Torrecilla. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. 13 de septiembre de 2014.
Introducción.
Pongo a disposición de los lectores y lectoras del blog una recopilación de las entradas que he publicado desde el 9 de septiembre de 2007 al 9 de septiembre de 2014 dedicadas al empleo y la formación, o mejor dicho de las que he considerado más interesantes, un total de 177, por el orden cronológico de publicación. En todos los incorporados a esta recopilación hay, a mi parecer, aportaciones, reflexiones y documentos que son sin duda de interés para abordar con mayor y mejor conocimiento de causa la realidad del empleo y la formación, tanto a escala internacional como europea y española en el período transcurrido de siete años y con muy importantes cambios políticos, económicos, sociales y jurídicos. No he incorporado las referencias autonómicas, no porque no sean importantes, que sí lo son y en algunas ocasiones especialmente relevantes, sino porque el documento hubiera sido mucho más extenso de lo que ya es, por lo que remito a las personas interesadas a la consulta directa del blog donde encontrarán dichas reflexiones y análisis.
Sin duda habrá que seguir incorporando y efectuando reflexiones sobre las políticas de empleo y de formación tanto en los ámbitos citados como en los autonómicos, y desde luego ―material‖ no va a faltar desde ahora mismo: por poner sólo algunos ejemplos, la reciente reunión de trabajo y empleo del G20 en Melbourne, las medidas que adopte la UE para evitar una tercera recesión en Europa, la aprobación de la Estrategia Española de Activación para el Empleo y el Plan de Empleo 2014, o en el ámbito autonómico la aprobación del proyecto de ley del Servicio de Empleo de Cataluña. De todo ello espero hablar en el blog, como siempre digo, mientras el cuerpo y la salud aguanten y la actividad docente me lo permita.
He dividido la publicación del documento en tres bloques: el primero abarca desde septiembre de 2007 a diciembre de 2009; el segundo, desde enero de 2010 a diciembre de 2011; en fin, el tercero, desde enero de 2012 (con la llegada al poder del gobierno del Partido Popular) hasta septiembre de este año.
Buena lectura… o consulta cuando lo consideren oportuno.
PRIMERA PARTE: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2007 A 31 DE DICIEMBRE DE 2009.
1. La política de empleo. (9 de septiembre de 2007).

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La Ley 56/2003 de 16 de diciembre, de Empleo, se dicta en un momento en que el marco político, económico y social es sensiblemente diferente del que existía cuando se aprobó la Ley Básica de Empleo de 1980. Ya se ha desarrollado el marco político constitucional y estatutario, con la transferencia de la gestión de las políticas activas de empleo desde el Estado a las Comunidades Autónomas durante la pasada década y la presente. Es decir, ha cambiado el mapa territorial del empleo. Por otra parte, hay una creciente implicación de las Administraciones Locales en la aplicación, ejecución y desarrollo de políticas de empleo, aunque no estuvieran dotadas del marco legal propio para llevar a cabo dicha actividad. Es decir, las Administraciones Locales cada vez tienen más que hacer y decir sobre las políticas de empleo. También la incorporación de España a la Unión Europea a partir de 1986 y la adaptación gradual y paulatina de nuestro marco jurídico, con la obligación, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, en 1997, de adecuar nuestra política de empleo a las orientaciones generales de la política económica comunitaria, a la Estrategia Europea de Empleo y a las directrices anuales para el empleo, implica que la política de empleo española no puede concebirse sin el seguimiento de las líneas básicas y de las directrices comunitarias. Por fin, la apertura de las tareas anteriormente reservadas de forma exclusiva al Instituto Nacional de Empleo a las entidades colaboradoras, públicas o privadas, tales como las de información, orientación e intermediación, ha implicado la desaparición del monopolio público de la colocación y que cada vez haya más sujetos que intermedian en el mercado de trabajo. A mi parecer, los objetivos de las políticas de empleo que se han de poner en marcha con la Ley de Empleo son básicamente dos: en primer lugar, dar debida respuesta a los nuevos retos de los mercados de trabajo, combinando adecuadamente todos los instrumentos jurídicos disponibles desde el ámbito comunitario hasta el local, con una aplicación estricta del principio de subsidiariedad y con una coordinación adecuada y eficaz de todos los servicios públicos de empleo (comunitario, Servicio Público de Empleo estatal, el de cada de cada autonomía y los de aquellos ámbitos locales que los hayan puesto en marcha). Se trata de conseguir que los instrumentos jurídicos permitan hacer la política de empleo más eficaz y más cercana a la ciudadanía. En segundo término, la búsqueda del pleno empleo estable y de calidad, mediante la adecuada combinación de políticas activas de acceso al mercado de trabajo y de políticas de protección económica para las personas que se encuentran en situación de desempleo. Atención especial, tanto en políticas ―de cantidad‖ como ―de calidad‖, a los colectivos con más dificultades, como son las mujeres, los desempleados de larga duración, los jóvenes, las personas con discapacidad, y buena parte de los inmigrantes incorporados al mercado de trabajo español Se trata, en definitiva, de prestar atención a un mercado de trabajo cada vez más diversificado y con instrumentos adecuados que permitan hacer frente a esa diversidad.
2. Los jóvenes y su acceso al mundo educativo y laboral (29 de septiembre de 2007).
1. Con carácter de introducción, cabe decir que el colectivo de los jóvenes (de 15 a 29 años, con diferencias en los ámbitos educativos y laborales entre los de 15 a 24 por una parte y los de 25 a 29 por otra) debe ser objeto de especial atención, y dentro del mismo básicamente el núcleo duro de quienes encuentran numerosas dificultades para poderse integrar en los dispositivos de inserción existentes. Parece obvio que las situaciones de crisis no afectan por igual a todos ellos, dado que no forman un bloque homogéneo y

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además deben enfrentarse a obligaciones y compromisos similares en la sociedad, pero con recursos y medios que siguen siendo desiguales. Los periódicos Informes realizados por el Instituto de la Juventud de España ponen de manifiesto las dificultades de buena parte de jóvenes para acceder a un trabajo y a un futuro laboral estable, así como para poder gozar de independencia económica, y en concreto para las personas más vulnerables se apuntaba que los fenómenos más comunes son el desempleo, la eventualidad e inestabilidad de los empleos, la precariedad laboral y los trabajos de economía sumergida, y que en los procesos de inserción laboral de buena parte de la juventud se alternan los períodos de trabajo regular o irregular con las situaciones de desempleo. Es especialmente preocupante la sensación de inestabilidad con la que se encuentran muchos de ellos y que les impide planificar su futuro no sólo profesional sino muy especialmente personal, inestabilidad que se compensa o amortigua con la protección que sigue ofreciendo la unidad familiar. La red familiar ha atenuado la situación de precariedad laboral que afecta a buena parte de los jóvenes, constatándose en los estudios del INJUVE sobre las relaciones entre pobreza, familia y juventud, que una proporción importante de jóvenes, particularmente entre 25 y 29 años, convive con sus padres y que las nuevas formas de precariedad en el mercado de trabajo refuerzan las tendencias de dependencia familiar. En el documento comunitario que analizaré más adelante se muestra una preocupación especial por la pobreza infantil, que afecta al 19 % de los niños y jóvenes menores de 18 años, ya que el bienestar infantil tiene importantes repercusiones posteriores en la educación y el empleo. La experiencia empírica demuestra que a mayor titulación académica se tiene mayores posibilidades de alcanzar la estabilidad en el empleo una vez obtenida la incorporación al mundo laboral, y de ahí que la mayor parte de países desarrollados hayan introducido importantes reformas en los sistemas educativos en los últimos años para mejorar tanto los niveles de escolarización como para reducir el número de jóvenes que abandonan los centros educativos sin haber obtenido titulación, y que la Unión Europea también se manifieste y trabaje en esta línea en las directrices para el empleo que elabora desde 1998. El incremento del número de jóvenes que continúan estudiando una vez finalizada la enseñanza obligatoria es cada vez más importante, debido entre otras razones a que la titulación sigue siendo un valor considerado relevante para poder acceder al mundo laboral. La política de empleo debe concentrar, a mi parecer, sus esfuerzos sobre los grupos de jóvenes que tropiezan con particulares dificultades para obtener trabajo, por ejemplo aquellos que terminan la escolaridad con calificaciones insuficientes o sin calificaciones, las minorías étnicas, los incapacitados y los que residen en zonas de elevado desempleo, sin olvidar el necesario equilibrio para posibilitar la igualdad en el acceso al empleo de hombres y mujeres jóvenes, pues es difícil, con los datos disponibles, que la categoría de joven pueda definirse de forma no asexuada. Sin olvidar que buena parte de la problemática actual de la subocupación juvenil guarda relación con el funcionamiento general del mercado de trabajo.
2. La nueva Comunicación de la Comisión Europea sobre los jóvenes, que lleva por título ―Fomentar la plena participación de los jóvenes en la educación, el empleo y la sociedad‖, publicada el 5 de septiembre, asume la necesidad de poner en marcha una estrategia transversal en materia de juventud, con intervención de todos los públicos

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implicados en los ámbitos comunitarios, estatales, regionales y locales, y centra su análisis en las temáticas de la educación, el empleo y la más genérica de la sociedad. En el primer ámbito invita a los Estados miembros a que adopten las medidas adecuadas para reducir los índices de fracaso escolar y para acercar mucho más el mundo educativo y el laboral, y la preocupación de la UE no es errónea, ya que según los datos de que dispone uno de cada seis jóvenes de la UE abandona sus estudios prematuramente, y aún está lejos el objetivo global de reducir esa cifra a un 10 % el año 2010, y también que un 25 % de los adultos jóvenes (aquellos comprendidos entre los 25 y los 29 años) no han concluido el segundo ciclo de enseñanza secundaria. Con una apuesta clara por la formación permanente, al igual que en numerosos documentos que he tenido oportunidad de analizar en anteriores informes y comentarios, la Comisión llama a los jóvenes a prepararse para la inserción profesional y a formarse durante toda la vida, ―en aras de su desarrollo personal y para que puedan adaptarse a unas circunstancias profesionales cambiantes‖, con una especial toque de atención a la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras. Al referirse al ámbito del empleo, la Comisión manifiesta su preocupación por el elevado porcentaje de jóvenes en situación de desempleo, que tienen una posibilidad de encontrarse en dicha situación que dobla a la de los trabajadores de mayor edad. No es menos preocupante que las deficiencias educativas, a las que me he referido con anterioridad, provoquen que muchos jóvenes no dispongan de las cualificaciones adecuadas para incorporarse al mercado laboral europeo, ya que este demanda cada vez más niveles medios o elevados de cualificación para los puestos de trabajo que se crean, y de ahí que se constate por la Comisión que ―no es sorprendente que la tasa de desempleo de los jóvenes poco cualificados sea notablemente superior a la de los jóvenes con mayor nivel educativo‖. Desde su ámbito de actuación, los poderes comunitarios llaman a una intervención más activa del Fondo Social Europeo para proporcionar a los jóvenes itinerarios de transición entre la enseñanza y el trabajo, así como también para centrarse más en la juventud en las políticas estructurales dirigidas a reducir las disparidades regionales. No se olvida tampoco la importancia de promover y fomentar el espíritu emprendedor entre la juventud, mediante la información adecuada, la adopción de incentivos financieros adecuados, y con la eliminación de cargas legales y administrativas innecesarias para poner en marcha un negocio. Por fin, en el ámbito más global de la sociedad, la Comisión llama a la promoción de medidas que formen a ciudadanos jóvenes activos, que participen y se comprometan activamente en la sociedad, mediante implicación en la vida política, en actividades culturales o en tareas de voluntariado. En definitiva, todos los jóvenes deben poder acceder a una educación de calidad y a puesto de trabajo, por cuenta propia o ajena, que reúna también unos estándares de calidad adecuados. Si se quiere que los jóvenes se integren profesionalmente y ejerzan una ciudadanía activa deben tener las oportunidades adecuadas para ello. En definitiva, y ojalá que este frase del documento se convierta en realidad, ―todos los jóvenes y Europa en su conjunto deben tener la capacidad y la oportunidad de trabajar productivamente por el bienestar económico y social‖.
3. Encuesta europea sobre las condiciones de trabajo (22 de octubre de 2007).

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La cuarta encuesta europea sobre las condiciones de trabajo se realizó a finales de 2005 y sus resultados se han publicado durante este año. Se trata de una encuesta que se realiza desde el año 1990 y que aporta una información de indudable interés para conocer la situación laboral, y señaladamente la calidad del trabajo, de los trabajadores encuestados. En la encuesta de 2005 el universo laboral de los 31 países en la que se llevó a cabo era de alrededor de 235 millones de personas. Cabe destacar que en los cinco años transcurridos desde que se llevó a cabo la encuesta anterior se han incorporado diez nuevos Estados a la Unión Europea, y que en muchos de ellos las relaciones de trabajo son sensiblemente diferentes de las de los países de la UE-15, pero aún así el estudio constata que las condiciones de trabajo se han mantenido relativamente estables y que un elevado porcentaje, que supera el 80 %, se encuentra satisfecho o muy satisfecho con dichas condiciones. Me gustaría destacar en esta nota algunos datos de la encuesta que demuestran, a mi parecer, la necesidad de abordar los cambios que se están produciendo en el mercado laboral europeo y en las condiciones de trabajo de las personas afectadas, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. En primer lugar, la afirmación de que un 25 % de los trabajadores (frente al 21 % de la encuesta anterior) declare que su ritmo de trabajo es siempre o casi siempre muy elevado, es decir ―que la intensidad del trabajo está aumentando y cada vez es mayor el número de personas que deben trabajar a un ritmo muy elevado y sometido a plazos ajustados‖. En segundo término, que ha aumentado considerablemente desde que se hizo la primera encuesta el número de personas que utilizan el ordenador durante toda o casi toda su jornada de trabajo, ya que hemos pasado desde un 13 al 27 %, aún cuando convendría reflexionar, en el marco de una sociedad informatizada, sobre el dato aportado en la encuesta de que el 64 % de los trabajadores ―aún no utilizan nunca o casi nunca Internet o el correo electrónico‖.
En tercer lugar, sigue incrementándose el número de trabajadores que presta su actividad en el sector servicios (66 %), en detrimento de los ocupados en el sector industrial (29 %), aún cuando no sería justo olvidar que buena parte de ese cambio puede ser más fruto de procesos de reestructuración empresarial que no de un incremento propiamente dicho en la actividad del sector servicios (piénsese, a título de ejemplo, en el importante proceso de externalización de actividades de gestión y asesoramiento que anteriormente se llevaban a cabo en el seno de la propia empresa). Un dato que diferencia la realidad española de la media de los países encuestados es el volumen de contratación indefinida, que es del 78 % de promedio en los 31 Estados, destacando una presencia superior de la contratación de duración determinada en sectores como la hostelería y restauración, la agricultura y la educación. Queda bastante por hacer en el ámbito de las políticas de igualdad y de una mejor distribución de los trabajadores y las trabajadoras en las distintas actividades y sectores productivos. La encuesta pone de manifiesto que sólo el 23 % de la mano de obra trabaja en aquellos ámbitos en los que se ha producido ―la integración de género‖, es decir que entre el 40 y el 60 % de la mano de obra es femenina. También deberá seguir actuándose en materia salarial, ya que los datos de la UE-27 demuestran que alrededor

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del 50 % de las trabajadoras ocupan el tercio inferior de la escala salarial. No menos importante son los datos aportados por la encuesta sobre la edad de la población trabajadora, ya que se constata que numerosos países perderán en los próximos diez años alrededor de un 13 % de su mano de obra actual por llegar a la edad de jubilación, y que ―la considerable proporción de trabajadores (superior a un 15 %) que se encuentra en el grupo de edad correspondiente a los 55 años o más plantea un importante reto para las políticas actuales, ―en particular en los Países bajos y en los países escandinavos‖. En fin, si bien la jornada laboral de cinco días y 40 horas semanales sigue siendo la regla general para la mayor parte de trabajadores europeos (con poca flexibilidad para su adaptación, ya que el 56 % de los trabajadores no tienen ninguna posibilidad de modificar el horario fijado por la empresa), hay una parte no menospreciable de trabajadores que realizan largas jornadas de trabajo, es decir de más de 48 horas semanales. En dicha situación se encuentran el 15 % de los europeos (20 % varones y sólo 8 % mujeres), y siendo mayoritariamente algo que afecta de manera preferente a los trabajadores autónomos (44 %, frente a sólo el 9 % en los trabajadores por cuenta ajena). No obstante, también es importante reseñar que la última encuesta no sólo ha contemplado el tiempo de trabajo de la única o principal actividad del trabajador, sino que también ha incluido el tiempo que se dedica a un hipotético segundo trabajo, el invertido en los desplazamientos al trabajo (que se cuantifica como media en 40 minutos al día) y el invertido en el trabajo no remunerado, es decir ―cuidado de los niños, atención a familiares y ancianos y tareas domésticas‖. Las conclusiones refuerzan otros estudios realizados con los mismos criterios: en el trabajo remunerado, los hombres superan a las mujeres, pero en la suma de todos los trabajos ―las mujeres trabajan más que los hombres, incluso en el caso de las mujeres que trabajan a tiempo parcial‖. No debemos olvidar, por último, el drama que significa para una persona ser víctima de violencia, hostigamiento o acoso moral en el trabajo, que la encuesta cuantifica en un 5 % durante los últimos doce meses, con especial intensidad en las empresas de mayores dimensiones y en los sectores de educación, salud, hostelería y restauración.
4. Los problemas de los trabajadores de edad madura (28 de octubre de 2007).
La ―edad madura‖ es un eufemismo con el que se suele encubrir la llegada a los 50 años y el inicio de las preocupaciones de los trabajadores del sector privado, y ahora ya también de una parte del sector público, por la posible pérdida del empleo derivada de procesos de reestructuración o ajustes productivos de su empresa. En los últimos años, las propuestas presentadas, y en algunos casos ya pactadas, por importantes y potentes empresas para reducir el número de trabajadores de plantilla, y en especial de quienes ya tienen esa edad ―madura‖, ha abierto en toda Europa, y España no es una excepción, un debate que me parece positivo, y que no se acabará en mucho tiempo, sobre el uso de recursos públicos para financiar decisiones de empresas privadas que implican un coste económico considerable. Piénsese en lo que supone que una persona prejubilada perciba prestaciones públicas a partir de los 58, 56, o incluso 50 años como ya se ha planteado en importantes empresas.

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La reflexión que debemos hacer, y que va en la misma línea que está formulando la UE en estos momentos sobre la necesidad de permanencia de los trabajadores de edad en el marcado laboral, no guarda relación sólo con el posible coste económico de la medida, sino también con lo que la misma supone de desperdicio y despilfarro, en bastantes ocasiones, de un capital humano que cada vez es más necesario para ayudar a las jóvenes generaciones a una incorporación ordenada y tutelada al mercado laboral. Además, si cada vez más se constata la necesidad de una formación a lo largo de toda la vida y se pide a la juventud que estudie y se forme suficientemente antes de acceder al mercado laboral, con lo que la edad de acceso al trabajo se retrasa en muchos casos, voluntaria o involuntariamente, hasta los 24 o 25 años, y la estabilidad laboral no suele alcanzarse, para quien la alcanza, hasta una edad cercana a los 30, ¿cómo podemos plantearnos razonablemente que la edad de los 50 sea un momento crítico para poder permanecer en el mercado de trabajo?
Quizás dichas empresas rejuvenezcan sus plantillas, aligeren costes de personal básicamente por razón de la menor antigüedad del nuevo personal, pacten condiciones de trabajo más flexibles que las existentes con anterioridad, y a medio plazo ello pueda repercutir, aunque tengo bastantes dudas, en su mejora y nueva creación de empleo. Pero los costes económicos para los fondos públicos, la pérdida de capital humano y el poco rendimiento obtenido en bastantes ocasiones de la formación de las personas afectadas, ¿no son motivos suficientes para hacernos pensar en la necesidad de reordenar los mecanismos jurídicos existentes en la actualidad para evitar esa sangría? En un momento en que la expectativa media de vida se sitúa en España, por referirnos ahora de forma concreta a nuestro país, en cerca de 77 años para los hombres y de 82 años para las mujeres, ¿es socialmente ético plantearse la separación del mundo laboral de personas que cumplen los 50? ¿No será más correcto plantearse una nueva organización del trabajo en donde una mayor flexibilidad organizativa y una reducción del tiempo trabajado por cada persona posibilite un mayor volumen de empleo y un menor coste económico para las arcas públicas? Creo que cada vez será más necesario dedicar una mayor atención al aspecto de la edad en la gestión de los recursos humanos, ya que una mayor participación de las personas maduras, ineludiblemente acompañada de un incremento sensible de la participación femenina en el mercado de trabajo, es cada vez más necesaria para fortalecer el tejido social y el sistema de protección social. Planteo ahora otra cuestión que me gustaría someter a debate y discusión. Creo que no es aceptable plantear el debate, y analizar las respuestas jurídicas posibles, de igual forma para todo tipo de empresas. Es decir, no es lo mismo una empresa del sector industrial, en donde la dureza del trabajo y una organización de la jornada laboral a turnos puede haber hecho mella en quien empezó a trabajar a los 14 o 16 años, que algunas empresas del sector servicios en donde la causa de las prejubilaciones no es tanto la dureza física del trabajo como la falta de adecuación al cambio tecnológico y la consiguiente menor productividad de quien ha cumplido los ―malditos 50‖. El debate sobre la edad de salida del mercado de trabajo ha de formar parte de otro mucho más amplio, cual es el de fomentar la solidaridad intergeneracional. Dicha solidaridad tiene interés para la juventud ya que permite no desaprovechar el caudal de experiencias y de conocimientos que posee la gente madura, y para ésta posee importancia por su interés en el mantenimiento de un sistema público consolidado de

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protección social, para el cual es requisito indispensable un incremento de la tasa de actividad y del número de cotizantes a la Seguridad Social. Las cifras recogidas en los Informes de la Comisión Europea nos deben hacer recapacitar muy críticamente sobre la bondad de las medidas de prejubilación que se están adoptando: la previsión es que la población de 0 a 15 años descenderá al 15‘7 % en el año 2015, mientras que la generación de 50 a 64 años aumentará en un 26 %, es decir cerca de 15 millones de personas, y además se producirá un incremento del 30 % del número de trabajadores que accedan a la edad ordinaria de jubilación.
Dentro de los llamados trabajadores maduros debemos prestar especial atención a los trabajadores de edad avanzada que abandonan prematuramente el mercado de trabajo por razón de prejubilaciones, es decir por extinción de la relación laboral sin expectativas de reingreso en la vida laboral hasta que se pase a percibir una pensión, consiguientemente a las reestructuraciones que se producen en las empresas en que trabajaban hasta entonces, en el bien entendido que aquí no se trata de prever medidas que faciliten su reincorporación al mercado de trabajo sino de establecer medidas que faciliten su permanencia en el mismo y que eviten la pérdida de un capital humano e intelectual, en gran parte de los casos, de primera categoría. En nuestro país no tenemos una normativa propia sobre la prejubilación, si bien alguna norma parece identificarla con la salida del mercado de trabajo a partir de los 52 años, ya que se considera situación asimilable a la jubilación ―cualquier supuesto de extinción o suspensión de la relación laboral de un partícipe con al menos 52 años de edad cumplidos, que determine el pase a la situación de desempleo y siempre que se inscriba como tal en el Instituto Nacional de Empleo o se encuentre en dicha situación a partir de dicha edad‖. Es significativa también una reflexión efectuada por el Consejo Económico y Social español sobre esta cuestión en su Informe sobre ―Vida laboral y prejubilaciones‖: al salir antes del mercado de trabajo, las generaciones actuales ―se retiran cada vez más antes que sus progenitores de la actividad laboral, teniendo por delante más esperanza de vida que ellos‖, y la perspectiva que emerge a medio plazo es preocupante y algo desconcertante ya que podríamos tener ―una sociedad compuesta en su tercera parte por un ejército de seniors retirados del mercado laboral en plenitud de facultades‖. Hay que pensar en fórmulas que posibiliten el mantenimiento de buena parte de estas personas en el mundo laboral, atendiendo al incremento de la expectativa media de vida, con propuestas tales como reordenación de los tiempos de trabajo, flexibilidad en la contratación, políticas de formación dirigidas especialmente a estos colectivos, potenciación del autoempleo mediante la concesión de incentivos para ello y la utilización al mismo efecto de las partidas presupuestarias destinadas a protección pasiva por desempleo, y posibilidad de compatibilizar el percibo de la pensión con una actividad profesional a tiempo parcial, en la misma línea que se sugiere en documentos de organismos internacionales y que se ha incorporado ya al ordenamiento jurídico español aún cuando los resultados no sean significativamente positivos hasta el momento presente.
5. Veinte años no es nada ¿o sí? (4 de noviembre de 2007)
El mítico Carlos Gardel nos deleitaba en su precioso tango ―Volver‖ con estas frases: ―Volver con la frente marchita las nieves del tiempo, platearon mi sien, sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que no ha de volver‖.

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Pero, los cambios que se han producido en el mundo del trabajo durante los últimos 20 años han sido muchos y cada vez más rápidos y acelerados. Sin ánimo de ser exhaustivo, apunto algunos de los elementos que han impactado en el mundo laboral y que han tenido una trascendencia relevante tanto sobre la actuación de las poderes públicos como sobre la evolución de la población activa, ocupada y desempleada, como también sobre el nuevo rostro (que ya no es sólo ni blanco ni masculino) de los colectivos desfavorecidos y la actuación de las organizaciones sociales. Porque, deseo destacarlo, para transformar la realidad hay que conocerla y no operar con ideas y estereotipos preconcebidos.
El proceso de globalización o mundialización ha tenido lugar de forma cada vez más rápida desde la década de los noventa del ya finalizado siglo XX. Que han existido procesos económicos de carácter global en etapas históricas anteriores es algo bien sabido, pero el cambio que se ha acelerado en los últimos años, con el importante impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ha alterado sustancialmente las reglas del juego que se aplicaban desde mediados de los cincuenta en los países desarrollados, e igualmente ha tenido una trascendencia considerable sobre los países en desarrollo. Con toda seguridad, los colectivos desfavorecidos sufren las consecuencias de la fractura digital con mucha mayor intensidad que la restante población trabajadora.
La incorporación de España a la Comunidad Europea (ahora ya Unión Europea) se produjo el 1 de enero de 1986, y de ahí que pueda afirmarse que los marcos jurídicos comunitarios han condicionado mucho, en los últimos años, las estrategias nacionales por la obligación de adaptación de éstas a la Estrategia Europea para el Empleo y a las Directrices sobre el empleo, y que con respecto a los Fondos Estructurales comunitarios (en especial el Fondo Social Europeo) España haya sido uno de los Estados miembros de la UE que más se ha beneficiado. Las políticas de empleo comunitarias han prestado especial atención a la problemática de los sujetos de más difícil acceso al mercado de trabajo, y la normativa española ha seguido muy de cerca dichas políticas. La nueva realidad de la inmigración, de especial importancia en el mercado de trabajo español en el año 2007, es un elemento destacado de diferenciación respecto de nuestro marco de análisis de la realidad económica y social española con respecto a lo que ocurría, no ya hace veinte años sino también a finales de la pasada década, pues difícilmente hubiéramos podido pensar en aquel entonces que los extranjeros (básicamente los ciudadanos extracomunitarios) supondrían cerca del 11 % del total de afiliados a la Seguridad Social al finalizar el mes de octubre de este año. Probablemente el reto del futuro más importante, a mi parecer, sea garantizar la integración regular y ordenada de los inmigrantes en el mercado de trabajo, y dejar de debatir si el fenómeno migratorio es positivo o negativo para la realidad económica y social española. Formulo ahora una nueva reflexión: ha cambiado el trabajo en las últimas dos décadas. Efectúo esta afirmación porque creo que así ha ocurrido y porque es conveniente reflexionar en estos momentos sobre el trabajo y su futuro. Hay que debatir sobre cómo adaptar las políticas a los cambios en los conceptos de trabajo, empleo, actividad, formación o desempleo. También me parece obligado establecer mecanismos adecuados de articulación entre las políticas activas y pasivas de empleo, y dar respuestas socialmente adecuadas a la problemática del desempleo y a la precarización de las condiciones de trabajo, que en numerosas ocasiones son dos caras de la misma moneda,

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porque el debate sobre el trabajo y el empleo debe girar cada vez más a mi parecer no tanto sobre la cantidad de trabajo, aún y reconociendo su importancia, sino sobre su calidad. Otro rasgo destacado de los cambios en el mundo del trabajo en los últimos veinte años en España ha sido la cada vez más creciente participación de la mujer en el mercado laboral, proceso que no ha ido de la mano, al menos hasta épocas bien recientes, con una redistribución de las tareas familiares, en especial las de cuidado de los hijos y en su caso de las personas dependientes a cargo. Deseo resaltar la importancia de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres para avanzar en este proceso de asunción colectiva de responsabilidades familiares y laborales. Por último, vayamos a otro aspecto destacado: ¿Ha cambiado el mercado de trabajo en España en los últimos veinte años? ¿Y en los últimos diez? La respuesta es afirmativa, porque hay muchas más personas en el mercado de trabajo de forma regular, con sus derechos y deberes, con un número importante de quienes tienen una relación laboral estable, con independencia de que las situaciones económicas o las decisiones empresariales pueden provocar su extinción. Ciertamente, también es ahora mucho más importante el volumen de contratación temporal, y sigue siendo preocupante el volumen de desempleo femenino. Pero en cualquier caso, el problema viene a mi parecer no por aquello que se ha hecho, que es mucho, sino por lo que resta por hacer para que quienes tienen más dificultades para acceder al empleo, y hacerlo además en condiciones dignas, puedan tener la oportunidad de incorporarse, y en el marco de un modelo laboral donde se dan contradicciones aparentemente tan flagrantes como la existencia de tasas de desempleo cercanas al 9 % y la imposibilidad de cubrir numerosos puestos de trabajo vacantes por trabajadores autóctonos, comunitarios o extranjeros residentes en España, y la necesidad de acudir al mercado de trabajo extracomunitario para su cobertura.
6. Cada vez preocupa más la calidad de empleo, y algo menos su cantidad (5 de noviembre de 2007).
En mi condición de Director de la Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía de la Universidad de Girona me he acercado durante mucho años al examen y análisis del barómetro mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas, para destacar la percepción de la inmigración por la ciudadanía como un problema de mayor o menor importancia según el momento histórico, así como para resaltar la diferencia existente entre la consideración de un problema importante cuando se responde a la pregunta de cuáles son aquellos que hay en España y la de una cuestión de mucha menor importancia cuando el encuestado debe responder a cuáles son sus preocupaciones directas. Pero ahora quiero referirme en esta entrada a otra cuestión que está adquiriendo más importancia en los resultados mensuales del barómetro y que guarda, sin duda, mucha relación con los cambios que se están operando en el mercado de trabajo: el mantenimiento o ligera disminución de la preocupación por el desempleo y el incremento gradual de la derivada de ―los problemas relacionados con la calidad del empleo‖. Probablemente la tendencia se refuerce en el futuro inmediato, aunque deberemos ser prudentes para poder confirmar la hipótesis de que la percepción de la

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ciudadanía va más en la línea de afirmar que un serio problema es el de la calidad del trabajo (estabilidad, seguridad, cumplimiento de la normativa laboral, etc.) y que por el contrario el encontrarse en situación de desempleo, aún y no olvidando su relevancia, no es un problema tan serio como lo fue en épocas de tasa de desocupación mucho más elevadas que las actuales.
El barómetro del mes de septiembre, recientemente publicado, sustenta las afirmaciones que acabo de efectuar. En la pregunta sobre cuál es el principal problema que existe en España (con posibilidad de más de una respuesta), el paro se sitúa en tercer lugar (35.0), mientras que la calidad del empleo se encuentra en el sexto (13.5), e idéntica ubicación la encontramos cuando la persona encuestada debe responder a la pregunta (una respuesta) de cuál es el principal problema (15.8 y 4.6, respectivamente). El cambio se produce de forma sustancial cuando ya entramos en los problemas personales del encuestado que sitúa al paro en tercer lugar (16.4) y sube a la calidad del empleo al cuarto (14.4), diferencia que se mantiene cuando debe responderse a la pregunta del principal problema, si bien las posiciones que ocupan las respuestas son la cuarta y la quinta (9.3 y 6.5, respectivamente). Sugiero que reflexionemos sobre estos datos, y que apostemos de forma clara y decidida por políticas de empleo que refuercen la calidad como mecanismo de cohesión social.
7. La política comunitaria en apoyo de la movilidad en el empleo (9 de diciembre de 2007).
1. La publicación el pasado 6 de diciembre de una nueva Comunicación de la Comisión Europea sobre la movilidad en el trabajo, con la puesta en marcha del plan de acción europeo para la movilidad del empleo (2007-2010), entendida la movilidad como instrumento tanto para la creación de empleo como para el desarrollo individual de la persona que la practica, parece un buena ocasión para analizar los ejes más importantes de la política comunitaria en este ámbito. Esta política se ha desarrollado a partir de la aprobación de la Estrategia de Lisboa el año 2000 y ha sido recogida en tres Comunicaciones, datadas de 2001, 2002 y la que se acaba de hacer pública, sin olvidar la importancia que tuvo la designación de 2006 como el año europeo de la movilidad de los trabajadores.
Los últimos datos de la oficina estadística Eurostat demuestran que el flujo de trabajadores de la UE-27 que viven y prestan sus servicios en otro Estado miembro es del alrededor del 2 %, obviamente un número muy reducido en proporción al total de la población trabajadora comunitaria, pero la reciente Comunicación quiere destacar el dato positivo de que en la Europa-15 el número se ha incrementado desde las 470.000 personas ―móviles‖ en el año 2002 a los cerca de 610.000 en el año 2005, y que además hay un número importante de trabajadores estacionales y transfronterizos que son a menudo desconocidos por las estadísticas nacionales y que pueden incrementar el porcentaje antes referenciado. 2. Al examen de las tres Comunicaciones se dirigen los comentarios que siguen en esta nueva entrada del blog. En todas ellas, se constatan las limitaciones que deben corregirse, tanto jurídica como socialmente, para conseguir que la movilidad pueda valorarse como algo positivo por aquellos trabajadores que deseen practicarle, y que son

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básicamente las siguientes: costes económicos de alojamiento en el nuevo territorio, cómo afecta a la situación laboral de la pareja y educativa de la familia en su caso, las restricciones jurídicas todavía existentes a la llamada portabilidad de las pensiones, o las limitaciones todavía vigentes en cuanto al reconocimiento de conocimientos y calificaciones adquiridas en otros Estado miembros; sin olvidar, sin duda la más importante limitación hoy por hoy y que es la barrera de los idiomas que existe en una Europa plurilingüística, a diferencia por ejemplo de lo que ocurre en Estado Unidos. Por otra parte, la Comisión ya anuncia que seguirá trabajando en el desarrollo y puesta en marcha de nuevas medidas en este ámbito, y que realizará un informe de sus resultados cuando haya transcurrido la mitad del período de vigencia, para su publicación en 2009. 3. La Estrategia Europea para el Empleo (EEE) requiere, para su efectivo funcionamiento y eficacia, de unos mercados de trabajo abiertos a todos y accesibles a todos, tal como se constata en los documentos comunitarios que desarrollan este ámbito de acción y que fue apuntado como esencial en la aportación que realizó la Comisión Europea al Consejo europeo de Estocolmo de marzo de 2001. El texto, más en concreto la Comunicación de 28 de febrero de dicho año, hacía un extenso repaso de las medidas adoptadas y las iniciativas en aquel momento en curso para desarrollar la movilidad, así como exponía cuáles sería necesario adoptar para encarar los nuevos desafíos, facilitando la libre circulación de las personas y aumentando el nivel de competencias y su transferibilidad de un país a otro. Entre los factores existentes que justifican la intervención de los órganos de dirección comunitaria el texto se refería de forma especial a la presión ejercida por las empresas europeas que cada vez están más integradas a fin de disponer de un marco legal que agilice la contratación de personal; los profundos cambios estructurales que se están produciendo en Europa como consecuencia de la globalización, los avances tecnológicos, la evolución demográfica, el propio proceso de integración europea con la aparición de la moneda única, el desarrollo del sector de los servicios donde se requiere para muchos puestos de trabajo niveles medios y altos de cualificación profesional y en donde se están desarrollando actividades de elevado contenido tecnológico, las aspiraciones sociales de sectores de la población, y el desafío que plantea la necesidad de garantizar una mayor convergencia y mejores oportunidades en todas las regiones de la Unión Europea (UE) para hacer frente tanto a los cambios económicos y sociales como a la tendencia de una mayor integración en ambos. En definitiva, el objetivo de las propuestas presentadas en la Comunicación era el de conseguir no más tarde del año 2005 un mercado europeo de trabajo integrado, de forma que se eliminen los obstáculos que todavía subsisten para lograrlo, que sea abierto y accesible a todos, que permita garantizar un adecuado equilibrio entre la oferta y la demanda de cualificaciones y desarrollar los niveles de competencia de la mano de obra por medio del aprendizaje permanente, y que permita su integración con los mercados de productos y capitales a fin de lograr el pleno desarrollo del mercado interior europeo. La Comisión consideraba fundamental, a estos efectos, aumentar significativamente, con relación al 10 % entonces existente, el porcentaje de adultos en la Unió Europea (UE) que reciba enseñanza o formación complementaria. Entre los obstáculos que se citaban como limitativos de la aparición de nuevos

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mercados de trabajo europeos, y que convendría suprimir o limitar, se señalaban en el documento los siguientes: de carácter social, cultural y lingüísticos, tales como la falta del flexibilidad del sistema inmobiliario, el cambio de los sistemas de enseñanza para los hijos de los desplazados y el poco conocimiento de lenguas extranjeras; de carácter económico tales como las dificultades jurídicas existentes para la transferibilidad de las pensiones complementarias o privadas, o las diferencias en los regímenes fiscales existentes; de carácter educativo - profesional, en cuanto que todavía subsisten numerosas dificultades para el reconocimiento en otro Estado de las cualificaciones profesionales, académicas y de formación profesional obtenidas en un Estado (ya fuere o no el de origen, dentro o fuera de la UE) de quien se desplaza; la falta de accesibilidad de la información económica y social necesaria; en fin, la existencia de obstáculos inherentes al desarrollo económico y tecnológico que pueden facilitar el traslado de puestos de trabajo a países ajenos a la UE o desarrollar nuevas formas de trabajo irregular en su interior. La estrategia operativa puesta en marcha por la Comisión se articulaba en dos fases. La primera perseguía la puesta en práctica de determinadas acciones políticas fundamentales que corrigieran los obstáculos existentes al desarrollo de las competencias, movilidad e información antes apuntados, con especial atención al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, tanto las adquiridas en el ámbito educativo como aquellas obtenidas directamente en el ámbito laboral, la potenciación del aprendizaje permanente y de las mejores prácticas en los sistemas de educación y formación, potenciando además la movilidad de los investigadores, estudiantes, formadores, profesores, y de todo aquel que desee trabajar fuera de su Estado. La segunda fase consistía en la creación de un grupo operativo de alto nivel sobre las cualificaciones y la movilidad, integrado por reconocidos expertos en la materia, cuya razón de ser sería la de examinar en primer lugar cuáles son las fuerzas motrices y las principales características de los nuevos mercados de trabajo, así como determinar cuáles son los principales obstáculos al desarrollo de estos, al objeto de formular finalmente una serie de propuestas políticas que permitieran lograr ese objetivo antes apuntados de que en el año 2005 los mercados de trabajo europeos fueran abiertos a todos y accesibles a todos.
4. Un año más tarde, el 13 de febrero, la Comisión presentaba una nueva e importante Comunicación en la que exponía su plan de acción sobre las capacidades y la movilidad. El Plan de acción que se presentó en esta Comunicación suponía la culminación del proceso que se inició en febrero de 2001 con la Comunicación de la Comisión antes explicada sobre los nuevos mercados de trabajo europeos. El Plan se basaba en las conclusiones del informe presentado en diciembre de 2001 por el grupo operativo de alto nivel sobre las cualificaciones y la movilidad, y tenía por objetivo crear las condiciones que favorezcan la apertura de los mercados de trabajo europeos y la accesibilidad como máximo en el año 2005, así como crear oportunidades que permitan que los ciudadanos puedan desplazarse libremente por el territorio de la UE con fines educativos o profesionales, oportunidades que sólo existirán si se mejora la movilidad en el mercado de trabajo, lo que requiere de la mejora de los niveles de capacitación y la supresión de los obstáculos a aquella.

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El documento plantea propuestas de actuación para hacer frente a lo que se califican de ―problemas fundamentales‖ a resolver para facilitar la apertura de los mercados de trabajo europeos, problemas que son básicamente tres: una movilidad profesional deficiente, con la consiguiente necesidad de mejorar los sistemas de educación y formación, así como también y en el plano más específicamente europeo de mejorar los sistemas de reconocimiento de cualificaciones y competencias y en concreto el reconocimiento institucional del aprendizaje independiente de la forma como se haya adquirido; bajo nivel de movilidad geográfica entre los Estados miembros y dentro de los mismos, con la consiguiente necesidad de mejorar las capacidades lingüísticas y de adoptar políticas de vivienda, fiscales y de protección social que incentiven dicha movilidad, así como facilitar el desarrollo de una política de inmigración de ámbito comunitario; en fin, la dificultad de acceso a la información que según el documento disuade a muchas personas de cambiar de empleo o de ámbito profesional de actividad, circunstancia que se podría solucionar creando un sitio centralizado de información sobre la movilidad, un mejor funcionamiento del sistema EURES y la puesta en marcha de campañas adecuadas de información. Desde el ámbito operativo se propone que la Comisión evalúe cada año la aplicación de este Plan de acción en la reunión del Consejo Europeo de primavera. De los aspectos concretos que son objeto de estudio y análisis por el documento conviene hacer referencia a algunos datos especialmente significativos: A) La necesaria mejora de la calidad de la educación y formación iniciales, pues todavía en el año 2000 la tasa media de abandono escolar en la UE fue del 18‘5 %, oscilando entre el 8 y el 40 % según los Estados. B) La toma en consideración del proceso de envejecimiento de la población activa, de forma que los planteamientos en materia de educación y formación deben prestar atención a todas las etapas de la vida, a fin de asegurar que las futuras generaciones de personas de edad avanzada ―puedan adquirir las capacidades requeridas, adaptarse a los cambios en el entorno empresarial y laboral y equiparse para aprovechar itinerarios profesionales más flexibles‖. C) No debe olvidarse que en bastantes hogares existen dos fuentes de ingresos, y de ahí que la movilidad geográfica de un miembro de la pareja sólo será realmente factible en muchas ocasiones si se posibilita también que el otro miembro activo del hogar encuentre posibilidades de empleo en la zona a la que se desplacen. Asimismo, la movilidad puede ser favorecida por una política común europea de inmigración que facilite la libre circulación intracomunitaria de los ciudadanos de terceros países que residen en un Estado de la UE. D) A fin de mejorar el grado de conocimientos de los trabajadores, la Comisión propuso que como máximo en el año 2004 los Estados miembros y los agentes sociales habían de emprender iniciativas conjuntas encaminadas a ―promover el mantenimiento de los trabajadores en el empleo, haciendo especial hincapié en el acceso y la participación de los trabajadores en la formación dentro de la empresa‖, con objetivos específicos para los trabajadores de 55 a 64 años, para conseguir llegar a una tasa de empleo del 50 % en el año 2010.

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5. Como he expuesto con anterioridad, el nuevo plan europeo para la movilidad de empleo se ha aprobado por la Comunicación de 6 de diciembre y comprenderá el período 2007 (o más exactamente habría que decir lo que queda del mismo, realmente muy poco) hasta el 2010. El texto comunitario se califica de una nueva etapa a favor de la movilidad y se apoya en los resultados de todas las medidas puestas en marcha en los años anteriores, y en especial toma en consideración el informe final de 25 de enero de 2007 sobre el balance del plan aprobado en 2006, en el que se apuntan tres grandes ejes de acción para el futuro a corto y medio plazo: la necesaria adaptación de los sistemas educativos y formativos al nuevo mercado europeo del empleo, con el imprescindible aprendizaje lingüístico; la supresión de restricciones jurídicas y administrativas y la promoción del reconocimiento a escala comunitaria de todas las cualificaciones; en fin, la creación de un único portal de información sobre la movilidad basada sobre la plataforma de ofertas de empleo de EURES. Sin olvidar tampoco el impacto sobre las políticas de movilidad de los grandes retos y debates con los que se enfrenta la Europa comunitaria en estos momentos, como son la evolución demográfica, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, o la adecuada combinación entre la flexibilidad y la seguridad laboral, el Plan 2007-2010 se marca cuatro objetivos:
A) En primer lugar, mejorar la legislación y las prácticas administrativas que existen sobre la movilidad de los trabajadores. A tal efecto me parece especialmente importante destacar la propuesta que se formula de revisar la normativa vigente en materia de Seguridad Social, señaladamente los Reglamentos (CE) 1408/71 y 574/1972 para adaptarlos a las nuevas prácticas de movilidad, así como también el avance en la aprobación de la propuesta de Directiva, presentada en 2005, que permite facilitar la portabilidad de los derechos a la pensión complementaria. B) En segundo término, se trata de asegurar el apoyo político a la movilidad por todas las autoridades. En especial, se plantea incorporar su potenciación, tanto de índole geográfica como profesional, como objetivo prioritario en las estrategias nacionales de empleo y en las políticas educativas y formativas que se pongan en marcha como desarrollo de las Directrices integradas de orientación económica y de empleo para los Estados miembros, y desarrollar todas las potencialidades comunitarias para avanzar en el reconocimiento a escala europea de las certificaciones profesionales; sin olvidar, que una buena política de apoyo a la movilidad también debe velar por el cumplimiento estricto de la normativa y atajar las prácticas nocivas del trabajo no declarado y del dumping social. C) En tercer lugar, se propone reforzar la red EURES como único instrumento que permita facilitar eficazmente la movilidad de los trabajadores y de sus familias. A tal efecto, se plantea reforzar la capacidad de intervención de la red en el mercado laboral europeo mediante un mejor conocimiento y análisis del mismo, tomar en consideración las nuevas realidades de la población laboral europea y ayudar a construir un plan completo de carrera profesional, y valorar su posible apertura hacia ciudadanos de terceros países que no disponen del estatuto de residente de larga duración, y también abrir su acceso a trabajadores de otros países, en especial los candidatos a incorporarse a la UE. Por su importancia en este apartado, cabe referirse a una Comunicación del año 2002

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sobre las políticas a poner en marcha por la Red para avanzar hacia un mercado europeo integrado de trabajo, porque buena parte de sus planteamientos conservan a mi parecer vigencia. El documento constataba la existencia de unos niveles bajos de movilidad profesional en el seno de los Estados miembros y de la propia UE, y subrayaba su importancia para lograr un mejor funcionamiento de los mercados de trabajo en el seno de una nueva economía de servicios basada en el conocimiento. También constataba el bajo porcentaje de movilidad geográfica, derivado tanto de barreras legales y administrativas como de limitaciones y hábitos de tipo económico, social y cultural, y establecía la estrecha relación entre ambos tipos de movilidad, subrayando la importancia de poner en prácticas medidas que reformen los sistemas educativos y de formación. El documento exponía que está haciendo la red EURES para corregir estos desajustes en el ámbito comunitario, en especial su relación con los servicios públicos de empleo de cada Estado, partiendo siempre de sus dos objetivos principales: facilitar que los trabajadores comunitarios ejerzan su derecho a la libre circulación y a vivir y trabajar en otro Estado miembro, y el apoyo de la Estrategia Europea de Empleo y la movilidad profesional dentro del espacio económico europeo. Mediante la red EURES, tal como se constata en el documento, se posibilita que los solicitantes de empleo mejoren su empleabilidad al tener una experiencia profesional en otro país, y además las empresas pueden adaptarse mejor al ámbito europeo en donde existe una mayor variedad de cualificaciones, cultura de trabajo e idiomas. La integración de la red en los servicios públicos de empleo de cada Estado debe permitir una mejora de los recursos humanos, un mejor intercambio de las ofertas de trabajo, una mayor atención a las necesidades de los empresarios y una evaluación más efectiva de la integración. En el ámbito de la movilidad geográfica, tanto en el seno de cada Estado como transnacional, es importante destacar el dato de que las nuevas infraestructuras y la mejora de los sistemas existentes de transporte están creando nuevas dimensiones de la migración y los desplazamientos diarios al trabajo. La red EURES deberá tener en cuenta como elementos importantes en su funcionamiento, siempre según la Comisión, que la migración está siendo sustituida cada vez más por los desplazamientos diarios al trabajo y por consiguiente cada vez son más borrosas las diferencias entre ambos casos, y que las grandes empresas multinacionales están desplazando a sus trabajadores a otros países europeos como un instrumento de su política de personal. D) En cuarto y último lugar, la Comisión se plantea sensibilizar al gran público sobre las posibilidades y ventajas que ofrece la movilidad, con la celebración anual de las ―Jornadas europeas del trabajo‖ para facilitar el conocimiento adecuado de la realidad existente en este ámbito, el lanzamiento de un partenariado europeo para el empleo que incluya la creación de una red de todas las buenas prácticas en materia de movilidad, y la previsión de ayudas económicas, en el marco del programa PROGRESS, para financiar actividades pilotos, intercambios de buenas prácticas, difusión de resultados y de la emergencia de proyectos innovadores.
8. El trabajo no declarado ( 3 de enero de 2008).

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1. Hace veinte años escribí un amplio artículo en la revista Cáritas (número 261, enero de 1987) sobre la economía sumergida. He tenido recientemente oportunidad de leerlo nuevamente con ocasión de la preparación de un material bibliográfico para la realización de una tesis doctoral sobre el trabajo no declarado, ya sea de forma total o parcial, que dirijo en la Universidad de Girona y que me gustaría que llegara a buen puerto, como afortunadamente así ha ocurrido con las que he dirigido también desde hace veinte años en las Universidades de Barcelona y de Girona, y que espero que ocurra lo mismo si llego a dirigir alguna tesis doctoral en mi nuevo destino en la Universidad Autónoma de Barcelona. La lectura del artículo y el hecho de que recientemente la Comisión Europea ha vuelto a destacar la importancia de la economía irregular me llevan a redactar esta nueva entrada del blog, en la que abordo la política comunitaria sobre el trabajo no declarado, pero antes me permitirán que inicie este artículo con la misma cita con la que inicié el trabajo de 1987, ya que creo que sigue siendo válida: ―es un dato comúnmente aceptado por todos los estudiosos que los indicadores macroeconómicos no reflejan fielmente en muchas ocasiones la realidad económica, al estar todos los países afectados, en mayor o menor medida, por un conjunto de actividades ocultas de importancia cuantitativa variable y que son de difícil aprehensión por las estadísticas oficiales‖ (Ph. Barthélemy. ―Travail au noir et économie souterraine : un état de la recherche ». Travail et Emploi, nº 13, avril - juin 1982, págs. 25 a 33).
2. Quizás los mayores de 50 años, en bastantes ocasiones prejubilados de forma involuntaria, sigan trabajando aunque sea de forma irregular o sumergida, como también los hacen muchas mujeres en su domicilio, muchos jóvenes que no tienen otra posibilidad ante la negativa empresarial de darles de alta en la Seguridad Social, o muchos inmigrantes en situación irregular y que no tienen otra posibilidad que trabajar en dichas condiciones, por no disponer de ―los papeles necesarios‖ (autorización de residencia y de trabajo) para poder trabajar con arreglo a la legalidad. Que el trabajo no declarado es una parte importante de la actividad productiva de muchos Estados es algo que se constata a partir de los diferentes estudios realizados sobre esta materia, y baste ahora citar como ejemplo práctico el caso alemán; la presentación , el mes de diciembre de 2003, de un conjunto de medidas para combatir el trabajo declarado encontró su justificación en que el mismo alcanzaba cerca del 17 % de su Producto Interior Bruto (PIB), creciendo a una media del 6-7 % anual mientras que la economía oficial sólo crecía un 0‘5 %, y calculándose que si todo el trabajo no declarado aflorase a la luz pública ello permitiría ocupar a cinco millones de personas a jornada completa 3. En el ámbito de la Unión Europea, la Comisión constata su preocupación por los costes económicos y sociales que conlleva. Al respecto, baste aportar aquí una Resolución del Consejo de 29 de octubre de 2003 sobre la transformación del trabajo no declarado en empleo regular. La norma subrayó en primer término la dificultad de evaluar el trabajo no declarado, dada su naturaleza heterogénea, si bien se refirió a estudios realizados en el ámbito comunitario que la estimaban entre el 7 y el 16 % del PIB, consideraba preocupante a continuación que buena parte de ella se nutriera de inmigrantes en situación irregular, y destacaba por fin la necesidad de una implicación activa de las fuerzas sociales para

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garantizar que aflorara con los menores costes sociales posibles. Se sugería la combinación de medidas preventivas y sancionadoras, estableciendo de una parte el marco jurídico apropiado, tanto legal como administrativo, que propiciara la declaración de toda actividad económica y del empleo, y de otra aplicando sanciones adecuadas a los que se beneficiaran del trabajo clandestino, y garantizando la protección de aquellos que era explotados en tales situaciones, previendo políticas de empleo adecuadas respecto de los beneficiarios de medidas de protección social ―para ayudarlos a participar en el mercado de trabajo‖. La norma también llamaba al incremento de la conciencia social en el conjunto de la ciudadanía sobre las consecuencias nocivas de este tipo de actividad, tanto en términos económicos y de protección social como en términos de solidaridad y justicia.
4. Cuatro años más tarde, nuevamente el trabajo no declarado es objeto de atención en sede comunitaria. La nueva, e importante Comunicación de 24 de octubre de 2007 se estructura en cinco grandes apartados. En la introducción se define y conceptúa qué debe entenderse por trabajo no declarado, qué ha hecho la Comisión hasta ahora para combatirlo y qué nuevas medidas son necesarias para enfrentarse a una realidad que sigue teniendo indudable importancia en buena parte de los países de la UE, medidas que pueden proponerse, y adoptarse en su caso por los Estados miembros, a partir de los conocimientos adquiridos por una encuesta armonizada del año 2004 y por los datos aportados por un reciente eurobarómetro del segundo trimestre de 2007 dedicado monográficamente al trabajo no declarado. A continuación, se analiza la pertinencia de las políticas destinadas a combatirlo como mecanismo para contribuir al éxito de la Estrategia renovada de Lisboa (2000,2001, 2005 y 2007) para el crecimiento y el empleo. Un amplio apartado de la Comunicación se dedica al examen y análisis de los datos disponibles sobre el trabajo no declarado, poniendo de relieve la dificultad de conseguir datos fiables de un fenómeno que es muy difícil de observar y de registrar estadísticamente, y más cuando sus características varían a medida que también lo hace la vida laboral y la organización del trabajo y de las actividades productivas. Un nuevo epígrafe se dedica a proponer políticas para su reducción, partiendo de la premisa de que la complejidad y heterogeneidad del fenómeno impide la existencia de soluciones claras y sencillas para combatirlo. Por fin, el último apartado se dedica a las conclusiones y al seguimiento de las medidas que se adopten en el futuro inmediato, desde el planteamiento y convicción previa de la importancia de este fenómeno y de la necesidad de intensificar los esfuerzos por parte de los Estados miembros para combatirlo, destacando la necesidad de que se conozca qué se está haciendo por cada Estado y qué buenas prácticas podrían proponerse a escala comunitaria. 5. Destaco a continuación algunos de los aspectos más relevantes, a mi parecer, de esta importante Comunicación, que continúa el trabajo iniciado por otra más lejana en el tiempo, de 7 de abril de 1998, y también por la ya citada Resolución del Consejo de 29 de octubre de 2003.
A) En primer lugar, obviamente, debemos partir de la definición o concepto de trabajo no declarado, dónde la Comisión sigue considerando válida la acuñada en 1998, es decir ―cualquier actividad retribuida que sea legal en cuanto a su naturaleza pero que no sea declarada a las autoridades públicas, teniendo en cuenta las diferencias en el sistema regulador de los Estados miembros‖. La Comisión constata, por consiguiente, que el

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trabajo no declarado se vincula con el fraude fiscal y a la Seguridad Social, y que abarca actividades diversas (entre las que cabe citar, por ejemplo, el trabajo doméstico informal, el falso trabajo por cuenta propia, o la prestación laboral de inmigrantes en situación irregular) pero con la característica de su legalidad, quedando fuera de la definición las actividades delictivas. B) La importancia de reducir el trabajo no declarado, y de adoptar medidas que desincentiven su prestación, se vincula por la Comisión al éxito de la Estrategia de Lisboa, ya que dicha actividad afecta negativamente a la recaudación de los sistemas tributarios y de Seguridad Social, provoca situaciones de competencia desleal (dumping social) entre empresas, y genera una mayor ineficacia productiva, ya que las empresas o el trabajo no declarado no acceden a los circuitos ordinarios de ayudas y subvenciones a la actividad productiva y de medidas de fomento del empleo. En línea con los debates existentes sobre la reforma del modelo social europeo y del Derecho del Trabajo, se alerta en la Comunicación sobre los riesgos que el trabajo no declarado provoca en una mayor segmentación del mercado laboral, el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo en numerosas ocasiones, y la pérdida por la parte trabajadora del acceso a determinadas prestaciones públicas. Se pone de manifiesto, en este punto, por la Comisión, que ―a menudo, los trabajadores no declarados pueden tener derecho a subsidios por desempleo, inactividad o familia, pero al mismo tiempo renuncian a todas las ventajas que se derivan de trabajar con un contrato formal, como las pensiones contributivas, la formación, o la perspectiva de progresar tanto en cuestión de sueldo como de posición…‖. C) ¿Hay amplio espacio para el trabajo no declarado en la actividad productiva del siglo XXI? La pregunta no puede sólo responderse con el análisis de dicha actividad, sino que también debe serlo a partir de la aceptación social, mayor o menor, que un trabajo no declarado puede tener en cada sociedad. Desde la primera perspectiva, la Comisión alerta, y creo que acertadamente, sobre el impacto en dicho trabajo de la mayor demanda de servicios domésticos y de atención a las personas, de la flexibilización en la organización del trabajo, de los procesos de subcontratación y de segmentación del mercado de trabajo, y de los proceso de transnacionalización de la actividad. Ciertamente, no está escrito en ningún lugar que los factores enumerados, y creo que de forma no exhaustiva, por la Comisión, lleven per se a un incremento de la actividad no declarada, pero un mal uso de los mismos sí es cierto que puede contribuir a ello. D)Sobre los datos estadísticos, ya se ha indicado antes la dificultad de su medición, tanto si se utilizan métodos indirectos (comparación de agregados macroeconómicos) como directos (encuestas estadísticas), y de ahí que se apueste por una adecuada combinación de ambos. Con datos de un estudio de 2004, se recuerda que el trabajo no declarado tiene una mayor importancia en los países del sur y del este de Europa, donde puede igualar o superar el 20 % del Producto Interior Bruto, y mas recientes estudios enfatizan que el crecimiento económico y la carencia de mano de obra en algunos sectores puede contribuir a la reducción del fenómeno. E) Entre las políticas propuestas para reducir el trabajo no declarado, y para las que se pide la implicación de activa de las organizaciones sociales representativas de empresarios y trabajadores, se sigue poniendo el acento en medidas ya apuntadas en la Resolución del año 2003. Se trata, por ejemplo, de reducir su atractivo financiero, y ello se vincula, en el debate sobre la Estrategia Europea de Empleo y las Directrices

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integradas sobre el crecimiento económico y el empleo, con que las prestaciones laborales y de protección social deben permitir vivir en condiciones dignas, ―sin que por ello el trabajo regular deje de ser más atractivo que el no declarado combinado con las prestaciones‖, con propuestas que van desde un mayor control de las prestaciones sociales percibidas hasta una reducción de la fiscalidad sobre los empleos de baja productividad. Otra medida propuesta es la reforma y simplificación de los trámites administrativos, para reducir el coste derivado del cumplimiento de la legislación, con una amplia explicación de sistemas introducidos en diferentes Estados miembros, ya que la Comisión constata que ―en algunos casos extremos, la combinación de la baja productividad con cargas administrativas o fiscales hace que determinadas actividades dejen de ser viables desde el punto de vista económico en la economía formal‖. Entre las medidas propuestas me parecen de especial interés el máximo aprovechamiento de la administración electrónica, la afiliación por sistemas informáticos y el intercambio de información entre bases de datos administrativas. Inevitablemente se propone el refuerzo de los mecanismos de vigilancia y sanción, con una implicación más activa de la Inspección de Trabajo, de las autoridades tributarias, y de los propios agentes sociales, destacando la importancia de adoptar reglas adecuadas para detectar y sancionar el falso trabajo por cuenta propia, así como también la reducción de los contratos que no se formalicen por escrito y la sanción a empresarios que contraten a trabajadores inmigrantes en situación irregular; en fin, no se olvida la importancia de reforzar la cooperación transfronteriza entre los Estados miembros y las necesarias tareas de sensibilización hacia toda la sociedad en las que se ponga de manifiesto el daño económico y social que dicha actividad implica para toda la ciudadanía. F) Por último, en el marco del seguimiento de la Comunicación, se acuerda la realización de un estudio durante el año 2008, incardinado en el programa PROGRESS, para determinar qué metodología es la más adecuada para cuantificar el trabajo no declarado, y su tratamiento como una prioridad en su programa de aprendizaje mutuo.
9. La política de educación y formación en los textos comunitarios de 2006 y 2007 (6 de enero de 2008).
1. El profesor de la Universidad de Girona Ferran Camas Roda ha publicado recientemente un brillante y riguroso estudio sobre la formación profesional, cuya lectura recomiendo encarecidamente para todas las personas que quieran conocer en detalle el nuevo marco de la formación profesional en el ámbito comunitario y muy en especial en España (―La formación profesional en los ámbitos educativos y laboral. Análisis tras la LO 2/2006, de Educación, y del RD 395/2007 de formación profesional para el empleo‖. Editorial Aranzadi, 2007). Se trata, por otra parte, de una recomendación que puedo extender con pleno conocimiento de causa a todas las publicaciones, que son muchas, del profesor Camas, ya que al haber tenido la suerte de trabajar juntos durante quince años conozco sobradamente la valía profesional que atesora y que demuestra, no sólo en su actividad de investigación sino también en toda su actividad docente.

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En la introducción de su obra, el autor destaca la importancia de conocer el marco normativo de la formación profesional muy en especial desde la perspectiva del aprendizaje permanente, y enfatiza que se trata de adoptar medidas que permitan cubrir adecuadamente las necesidades tanto de las empresas como de los trabajadores, ―ya que cada vez la formación de la población, tanto joven como adulta, será decisiva para mantener el modelo social europeo‖. Justamente, el capítulo 1 de la obra está dedicado al estudio de la formación profesional en la Unión Europea, y en las conclusiones del estudio se remarca la importancia de la educación y la formación como factor esencial para la creación de más y mejores puestos de trabajo en la Europa comunitaria, se recuerda la importancia del reconocimiento de las educación tanto formal como informal, y tras un detallado análisis de las normas comunitarias más importantes desde la creación de la Comunidad Económica Europea se subraya que los poderes comunitarios apuestan por potenciar las políticas de formación permanente, en las que cabe destacar dos tendencias: ―la potenciación de las acciones de formación en el ámbito empresarial, y su atribución a adultos, más que con la finalidad de satisfacer sus necesidades personal o sociales, con la perspectiva de la empleabilidad‖. La lectura del estudio del profesor Camas ha sido un acicate para estudiar detenidamente los textos más destacados adoptados por las autoridades comunitarias en materia de educación y formación en los dos últimos años, y para extraer las ideas más importantes de los mismos, que son las que expongo, siempre desde mi óptica personal, a continuación. 2. El documento ―Modernizar la educación y la formación: una contribución esencial a la prosperidad y a la cohesión social en Europa‖, responde a la obligación asumida por las autoridades comunitarias el año 2004 de presentar cada dos años un resumen del desarrollo del programa de trabajo ―Educación y formación en el año 2010‖, un programa tendente a mejorar la situación de la educación y de la formación profesional en Europa y en el que se ponía de manifiesto la necesidad de combinar los objetivos económicos y sociales en materia de desarrollo educativo, afirmándose de forma contundente que los beneficios de la inversión en educación y formación superan a medio y largo plazo los costes que suponen a corto. El documento repasa todo lo efectuado desde 2004 y se basa en los informes nacionales presentados por los distintos Estados miembros y adherentes o candidatos, y llega a la conclusión general de que la Estrategia de Lisboa, tanto la originaria de 2000 como la revisada en el año 2005, ―constituye un factor que hay que tener en cuenta en la formulación de política nacional en materia de educación y formación‖, y valora como positivo que el porcentaje medio del gasto público de la UE en materia de educación haya crecido desde un 4,9 % de 2000 al 5,2 % de 2002, si bien lamenta que no se haya reducido la diferencia con los países competidores en el terreno económico, como Estados Unidos, al tiempo que alerta de la importancia que están adquiriendo también en este terreno las economías emergentes como la China y la India. En conclusión, el informe destaca que todos los países son conscientes de la necesidad de mejorar las capacidades de las personas, de ofrecer una educación de mayor calidad y con unos niveles de mayor exigencia, y de acercar las tecnologías de la información y la comunicación a la mayor parte de la población. Como aspectos concretos que se explican con detalle en el documento, cabe destacar en

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primer lugar la constatación de que la política de aprendizaje permanente avanza, pero que su puesta en práctica sigue planteando problemas, y que son los países nórdicos los que consiguen mayores progresos. Los datos más destacados del Informe son los siguientes: alrededor del 10 % de los adultos entre 25 y 64 años participan en actividades de aprendizaje permanente, un ligero aumento sobre los datos del año 2000; casi el 16 % de los jóvenes abandonan prematuramente el sistema escolar, una cifra todavía muy por encima del objetivo del 10 % fijado para el año 2010; no se ha reducido el porcentaje de jóvenes que siguen teniendo dificultades de competencias de lectura, alrededor del 15 %; en fin, todavía estamos ocho puntos por debajo del objetivo del 85 % de jóvenes que deberían completar la enseñanza secundaria superior entre los 18 y 24 años. Con respecto al proceso de reforma de la enseñanza superior, el informe destaca la importancia del desarrollo de la llamada declaración de Bolonia, y manifiesta que la mayor parte de países caminan de forma decidida para lograr los objetivos previstos en la misma. Al mismo tiempo, se vuelve a poner de manifiesto la diferencia negativa de la UE en inversión total dedicada la enseñanza superior (que según los datos de 2001 alcanzó sólo el 1,28 %, frente al 3,25 % de EE UU o el 2,5 % de Canadá, y nuevamente los países nórdicos son los que consiguen mejores resultados). El informe alerta de que para igualar la participación de EE UU se requeriría una inversión de 180.000 millones adicionales de euros cada año, o dicho de otra forma ―un incremento sustancial de la inversión procedente del sector privado‖. Un desafío importante es el de hacer más atractiva la formación profesional, y ello debe conseguirse tanto mejorando su calidad y las expectativas de acceso al empleo una vez finalizada, como estableciendo pasarelas de acceso a la enseñanza superior. Igualmente preocupa la situación de las personas poco cualificadas, alrededor de 80 millones en la UE, y se apuesta por la adopción de medidas que faciliten el incremento de sus tasas de actividad laboral y que promuevan, vía educativa, su inclusión social. En fin, no menos importante, y el informe constata que no se ha avanzado en este terreno desde 2004, es garantizar ―que los alumnos salen de la enseñanza secundaria con los conocimientos y las competencias que necesitarán como ciudadanos europeos‖. En definitiva, la conclusión del documento comunitario es que hay que acelerar el ritmo de las reformas para asegurar una contribución más eficaz a la estrategia de Lisboa y al fortalecimiento del modelo social europeo, y que las inversiones deberían concentrarse en los ámbitos que ofrecen rendimientos económicos y sociales más elevados y que combinan adecuadamente eficacia y equidad, con un referencia expresa a la potenciación de la inversión en enseñanza primaria porque ―reviste una importancia crucial para prevenir el fracaso escolar y la exclusión social, y para sentar las bases del aprendizaje complementario‖. En el ámbito europeo se sigue apostando, entre otras medidas propuestas, por lograr un acuerdo sobre el marco europeo de cualificaciones y sobre las competencias claves para el aprendizaje permanente, y por impulsar los trabajos sobre la calidad de la educación del profesorado. Y todo ello, desde la perspectiva de que las responsabilidades deberían repartirse y distribuirse entre todas las partes interesadas y a todos los niveles territoriales. 3. La Decisión Nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se

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establece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente, tiene por finalidad la puesta en marcha de un programa de aprendizaje permanente que contribuya al desarrollo de la Comunidad para su crecimiento más sostenible y con mayor cohesión social. Su valor añadido radica en las posibilidades que abre para estimular el intercambio, la cooperación y la movilidad entre los sistemas de educación y formación dentro del ámbito comunitario, ―de forma que se conviertan en una referencia de calidad mundial‖. La definición de aprendizaje permanente que realiza la norma es la siguiente: todas las actividades de educación general, educación y formación profesional, educación no formal y aprendizaje informal emprendidas a lo largo de la vida, que permitan mejorar los conocimiento, las aptitudes y las competencias con una perspectiva personal, cívica, social y/o laboral. Incluye la prestación de servicios de asesoramiento y formación. Los objetivos específicos del programa se listan exhaustivamente en el artículo 1.3, siendo uno de los más importantes a mi parecer el refuerzo de la contribución del aprendizaje permanente a la cohesión social, la ciudadanía activa, el diálogo intercultural, la igualdad entre hombres y mujeres y la realización personal. No menos importante, desde una perspectiva social, me parece el objetivo de que el programa cree un sentimiento de ciudadanía europea que se base en la comprensión y el respeto de los derechos humanos y de la democracia, así como del fomento de la tolerancia y del respeto hacia otros pueblos y otras culturas. 4. En las Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre eficiencia y equidad en educación y formación, se apuesta de forma clara y decidida por considerar la educación y la formación como una inversión prioritaria para el futuro, en cuanto que se trata de factores esenciales que contribuyen a la democracia, la cohesión social y al crecimiento sostenible. Se alerta sobre los riesgos de fractura social que las desigualdades en los sistemas educativos y formativos pueden provocar, con costes económicos (además, obviamente, de los sociales) que pueden ser muy superiores a las inversiones que hubieran podido realizarse para mejorar la calidad de tales sistemas, y se valora la mejora y fortalecimiento de la educación y la formación para la ciudadanía como una vía adecuada para reducir ―los riesgos de desempleo, exclusión social y potencial humano en una economía moderna basada en el conocimiento‖. De especial interés son, a mi parecer, dos tesis contenidas en las conclusiones. De una parte, la importancia de mejorar el acceso al segundo ciclo de la enseñanza secundaria y la reducción de los índices de abandono escolar resultan esenciales para mejorar la empleabilidad de las personas y para reforzar la cohesión social De otra, la apuesta por la mejora de las cualificaciones de las personas adultas, ya que en una sociedad basada en el conocimiento y ante un proceso de rápido cambio tecnológico, es del todo punto necesaria, y mucho más en una estructura demográfica donde la importancia de la población madura o de edad avanzada será cada vez mayor, y por ello comparto plenamente la tesis comunitaria de que ―a corto plazo, plantearse como objetivo inversiones para actualizar y ampliar las calificaciones y competencias existentes de los trabajadores es una forma rápida de contribuir al crecimiento económico y a la competitividad, y de no fomentar la jubilación anticipada de la mano de obra de más edad‖.

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En fin, no menos importante es la petición que las autoridades comunitarias efectúan a los Estados miembros para que dediquen una financiación adecuada para garantizar la calidad y la eficiencia del sistema educativo, con especial atención para adoptar medidas que corrijan las desventajas sociales existentes.
5. Fijo ahora mi atención en la Recomendación del Parlamento europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. El Parlamento y el Consejo recomiendan a los Estados miembros que desarrollen la oferta de las competencias clave para todos en el contexto de sus estrategias de aprendizaje permanente. El llamado marco de referencia europeo se incluye en el anexo, y recoge ocho competencias claves que, una vez enunciadas, son desarrolladas en el texto, conceptuándolas como aquellas que toda persona precisa para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión y el empleo. Son las siguientes: comunicación en lengua materna; comunicación en leguas extranjeras; competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; competencia digital; aprender a aprender; competencias sociales y cívicas; sentido de la iniciativa y espíritu de empresa; conciencia y expresión culturales. Además, se expone que en las ocho competencias clave hay una serie de temas comunes y que también deben incluirse en el proceso de aprendizaje, como son el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de iniciativa, la resolución de problemas, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos. 6. De especial importancia me parece la Comunicación de la Comisión sobre el Plan de acción sobre el aprendizaje de adultos, que lleva el significativo subtítulo de ―Siempre es un buen momento para aprender‖ El nuevo Plan de acción comunitario encuentra su origen en los resultados de la consulta realizada a partir de una anterior Comunicación, y centra su atención en aquellos que tienen especiales carencias de lectura y escritura o que tienen escasa capacidad para integrarse con éxito en la sociedad, entre los que pueden encontrarse los migrantes, las personas mayores, las mujeres o las personas con discapacidad. El documento acuña cinco mensajes o ideas-eje, a partir de las cuales desarrolla toda una argumentación y propuestas de medidas tendentes a facilitar el aprendizaje: ―Nunca es demasiado tarde para aprender; eliminar los obstáculos a la participación; aumentar la calidad y eficiencia del sector; acelerar un proceso de validación y reconocimiento; garantizar una inversión suficiente, y hacer un seguimiento del sector‖. La Comisión se propone realizar un amplio seguimiento de este nuevo Plan mediante la creación de un grupo de trabajo ad hoc y con la organización de un conferencia en la segunda mitad del año 2009 para examinar los resultados alcanzados. Se trata de conseguir que el aprendizaje de adultos sea una parte más del proceso formativo de las personas a lo largo de toda su vida, y que permita contribuir ―a que Europa salga airosa de los retos que se le plantean‖. Para corregir el déficit formativo, la Comisión apuesta por un sistema educativo de alta calidad y accesible a todas las personas adultas que lo necesiten; un sistema que,

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además, ha de integrarse en el proceso de modernización en curso en materia de educación y formación que se está llevando a cabo en los últimos años en los países de la Europa comunitaria. Dicho sistema debe ser eficaz para dar respuesta a varios e importantes retos que Europa debe afrontar en los próximos años: A) Cómo reducir la escasez de mano de obra mediante una mayor participación de la población adulta en el mercado de trabajo y con mayores competencias y nivel de cualificación, ya que la evolución demográfica apunta claramente hacia esa escasez si no se adoptan las medidas de corrección adecuadas. B) Cómo reducir el número de personas que abandonan prematuramente los estudios, que se calculan en alrededor de siete millones en el año 2006, mediante la posibilidad de continuar el proceso formativo en la etapa adulta para la mayor parte de los que no poseen cualificación. C) Cómo contribuir, mediante el proceso de aprendizaje, a corregir las situaciones de pobreza y exclusión social en las que se encuentran una parte no menospreciable de quienes no disponen de los estudios y conocimientos adecuados. D) Cómo facilitar la integración de los inmigrantes en las sociedades de acogida, mediante cursos de idiomas y con procesos adecuados y rápidos de convalidación de sus cualificaciones del país de origen, así como también cómo validar para todos los adultos las cualificaciones adquiridas de manera no formal, ya que está demostrado, según la Comisión, que el reconocimiento de dichas capacidades ―puede producir un gran ahorro de tiempo y dinero‖. E) En fin, cómo incrementar la participación de los adultos en los procesos de aprendizaje permanente, ya que los datos comunitarios ponen de manifiesto que la presencia en actividades formativas disminuye a partir de los 34 años, en flagrante contradicción con el hecho de que cada es más tardía la incorporación de la población al mercado de trabajo. En definitiva, se trata de que los procesos de aprendizaje de adultos se articulen a través de itinerarios adecuados a los conocimientos de quienes los realizan, y de que sean innovadores frente a un modelo educativo-formativo que no siempre ha situado a la persona que se educa y forma en el centro de su organización. Dichos procesos, además, deben necesariamente llevar aparejados la obtención de conocimientos válidos para incorporarse al mundo laboral, es decir combinar el aprendizaje teórico y la formación práctica en el puesto de trabajo, ya que tal como destaca la Comisión ―la necesidad de tal intervención es aún mayor teniendo en cuenta la rápida evolución en el lugar de trabajo y las capacidades necesarias para tener éxito en el mismo‖. Para conseguir una mayor implicación de los adultos en el proceso de aprendizaje, la Comisión también resalta que no basta con facilitar el acceso a dicho aprendizaje, sino que es necesario que las personas participantes comprueben que aumentan sus niveles de cualificación y que ello les permite integrarse mejor en todos los ámbitos de la vida. 7. Otra Comunicación trata sobre cómo facilitar el aprendizaje permanente para

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fomentar el conocimiento, la creatividad y la innovación. Se trata de la contribución de la Comisión al ―Tercer Informe conjunto‖ sobre educación y formación que esta y el Consejo deben presentar cada dos años para analizar cómo se están cumpliendo los objetivos marcados en el programa ―Educación y formación 2010‖. Se destaca, con carácter general, la importancia de aumentar las capacidades de las personas, y mucho más a medida que el desarrollo de una economía cada vez más basada en el conocimiento exigirá unos niveles de cualificación más elevados; también, la potenciación del aprendizaje permanente, en el marco de unas estrategias unificadas y globales dotadas de una financiación económica adecuada para llevarla a buen puerto; por fin, el establecimiento de una estrecha relación entre la educación, la investigación e innovación, el llamado ―triángulo del conocimiento‖, se considera fundamental para promover el crecimiento y el empleo, con una apuesta decidida por una mayor calidad universitaria y un más estrecho vínculo con el mundo empresarial. La Comunicación pasa revista a los avances experimentados en los últimos dos años, destacando en primer lugar las mejoras operadas en las estrategias de aprendizaje permanente y en los sistemas de cualificaciones, enfatizando la importancia de que el sistema educativo sea globalmente coherente, y argumentando que, de acuerdo con la información disponible, la prioridad dada a ―la promoción de unos itinerarios flexibles de aprendizaje permanente y a la transición entre las distintas partes del sistema también aumenta la coherencia‖. Otro dato positivo se manifiesta en el crecimiento de la escolarización de menores en edad preescolar, a la que cada vez se concede más importancia en Europa, con la aportación del dato estadístico de que ―entre 2000 y 2005 la escolarización de los niños de cuatro años aumentó en la Europa de los Veintisiete en aproximadamente 3 puntos porcentuales, con lo que se superó el 85 %‖. También se destaca el avance experimentado en la modernización de la enseñanza superior como pieza inseparable de las reformas puestas en marcha por la Declaración de Bolonia, con una mayor autonomía de las universidades y una mayor responsabilidad en su organización, financiación y funcionamiento. Entre los puntos débiles, la Comisión subraya que parece haberse interrumpido la evolución positiva del gasto público en educación entre 2000 y 2003, que había pasado del 4,7 % al 5,2 % del PIB, ya que ha disminuido una décima en el año 2004, y además hay diferencias muy significativas entre los Estados miembros. Sigue siendo preocupante el abandono prematuro de los estudios y ello hace muy difícil alcanzar el objetivo fijado para el año 2010 de que sólo haya un 10 % de jóvenes en dicha situación. En efecto, los datos comunitarios demuestran que ―uno de cada seis jóvenes de la UE (el 15,3 %) con edad comprendida entre 18 y 24 años abandona los estudios tan sólo con el primer ciclo de enseñanza secundaria y no participa después en ningún tipo de educación o formación‖. También se enfatiza la necesidad de seguir mejorando la formación académica y práctica del profesorado, y de incrementar la participación de los adultos en el aprendizaje permanente, señalándose críticamente que hasta el año 2005 se estaba avanzando de forma sostenida hacia el logro del objetivo marcado para el año 2010, es decir que el 12,5 % de la población adulta participe en ese aprendizaje, pero que el porcentaje alcanzado en 2006, un 9,6 %, es algo menor que en el año anterior, y que además esta cifra oculta un desequilibrio que es calificado de preocupante, porque ―los adultos con un alto nivel educativo tienen seis veces más probabilidades de participar en actividades de aprendizaje permanente que los trabajadores poco cualificados‖.

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En el análisis de las perspectivas para el futuro, se enfatiza la importancia de mejorar la base de conocimientos, una financiación sostenible, el aumento de las capacidades, la corrección de las desventajas socioeconómicas, la enseñanza de alta cualidad, y la utilización del potencial de los inmigrantes ya que el fenómeno de la inmigración ―aumenta la diversidad en las aulas, genera necesidades particulares y plantea problemas a la hora de impartir la enseñanza‖. Por fin, se recuerda la importancia de aprovechar y utilizar al máximo los fondos y programas comunitarios, ―en especial el nuevo programa de aprendizaje permanente 2007-2013 y los instrumentos de la política de cohesión de la UE‖. 8. Por último, me detengo brevemente en una reciente Resolución del Consejo, relativa a nuevas cualificaciones para nuevos empleos. La norma comunitaria subraya la importancia de la educación y la formación como medios para fomentar la adaptabilidad y la capacidad de inserción profesional, en el contexto de una perspectiva de aprendizaje permanente, y que la inversión en capital humano es del todo punto necesaria para lograr los objetivos generales de la Estrategia renovada de Lisboa, es decir el pleno empleo, la calidad del trabajo, la productividad laboral y la cohesión social. De ahí que se invite a los Estados miembros y a la Comisión a preparar a las personas para nuevos empleos en la sociedad del conocimiento con el aumento del nivel general de cualificación y con atención especial a las personas menos cualificadas, a mejorar las reglas sobre convalidación de títulos y transparencia de las cualificaciones, a utilizar adecuadamente los Fondos estructurales y a mejorar la calidad de la educación y formación profesional a todos los niveles. Igualmente, se encarga a la Comisión que ponga en marcha los mecanismos necesarios para prever periódicamente las necesidades de cualificación a medio plazo y para corregir las deficiencias existentes a corto plazo, mecanismos que se basarán en la experiencia de las distintas administraciones y agentes sociales implicados en los procesos formativos, y en las previsiones del mercado de trabajo y de la necesidad de cualificaciones en los ámbitos europeo y nacional así como con relación a los ámbitos sectoriales productivos.
10. La Estrategia Europea de Empleo y las Directrices para el Empleo. Análisis del período 1998-2002 (1 de febrero de 2008).
A) Es objeto de explicación en esta entrada del blog la EEE durante el período 1998- 2002, dedicando especial atención a los documentos referidos específicamente a la misma pero haciendo énfasis, igualmente, en todos los trabajos y documentos que abordan, directa o indirectamente la política de empleo en el ámbito comunitario y que guardan, en consecuencia, relación con aquella. Parto en mi exposición del Programa de Acción Social de la Comisión 1998-2000 recogido en la Comunicación de 29 de abril de 1998, texto en el que se fijaron las grandes líneas maestras a desarrollar por la Comisión, tanto en su ámbito competencial como en el de las relaciones con los Estados miembros y con las organizaciones sociales, y que perseguía la concreción y desarrollo de los pilares sobre los que se asienta la EEE a partir de 1997 y que son básicamente tres: creación de empleo y prevención del desempleo; adaptación del mundo empresarial y laboral a un entorno

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productivo cambiante; fijación de reglas que permitan considerar la sociedad europea como no excluyente para colectivos necesitados de protección. En el primer pilar, que constituye el objeto de mi estudio, la Comisión se marcó el objetivo de asegurar la puesta en práctica de la EEE aprobada en Luxemburgo en 1997, fomentar el intercambio de las prácticas de los Estados y apoyar el desarrollo de una base de datos comparable en todos los Estados para facilitar el seguimiento de la puesta en práctica de las Directrices anuales para el empleo. Entre las medidas más concretas, y algunas de ellas han ido poniéndose en práctica de forma gradual y paulatina en los años posteriores, se propuso el desarrollo de formas innovadoras de creación de empleo por medio de medidas de desarrollo local, incluidos los Pactos Territoriales para el Empleo, en el marco de los Fondos Estructurales; también se apostó por mejorar la libre circulación de trabajadores con el desarrollo y fortalecimiento de la red EURES de servicios europeos de empleo. B) La cumbre extraordinaria del Luxemburgo sobre el empleo, celebrada los días 20 y 21 de noviembre, marcó a mi parecer un renacimiento de lo social y un cuestionamiento de la primacía de lo económico en el ámbito comunitario; probablemente, el riesgo de fractura social que implica dar prioridad absoluta a las cuestiones económicas y monetarias en perjuicio de las cuestiones sociales llevó a los gobiernos progresistas a poner el acento nuevamente en las cuestiones que interesaban, entre ellas las del empleo y la mejora de la calidad de vida. Esta realidad se produjo no sólo en Europa sino también en otros ámbitos geográficos, al hilo de las convulsiones económicas ocurridas en el período inmediatamente anterior (en especial en el sureste asiático) y debido al incremento de las desigualdades sociales, paradójicamente acompañadas de un destacado crecimiento económico. En aquel momento se constataba que la creación de empleo debía convertirse en la cuestión prioritaria en las políticas de la UE, porque el crecimiento económico no servía, no ya para reducir el desempleo, sino fundamentalmente para posibilitar la incorporación al mundo laboral de la ―reserva potencial de empleo‖ que se cifraba en 1997 en algo más de 20 millones de personas. C) Centro ahora mi atención en el examen de las directrices comunitarias sobre el empleo. A pesar de la limitada competencia comunitaria en materia de empleo cabe señalar que desde 1997 se ha puesto en funcionamiento un importantísimo proceso de gran visibilidad, basado en un firme y serio compromiso político que ha sido aceptado y apoyado por todos los agentes implicados para alcanzar el objetivo común, reconocido como prioritario, de combatir el desempleo y elevar los actuales niveles de empleo de forma duradera. Muestra de ello es que el Consejo Europeo de Luxemburgo de noviembre de 1997 decidió aplicar el nuevo artículo 128 antes de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, con el fin de poder coordinar las políticas de empleo de los Estados miembros a partir de 1998. Según las conclusiones de la Presidencia de la cumbre extraordinaria, la aplicación se decidió con el objetivo de ―crear, tanto para el empleo como para la política económica, la misma voluntad de convergencia hacia objetivos, verificables y actualizados periódicamente. Frente al problema del empleo, el Consejo decidió ―señalar un nuevo punto de partida para la reflexión y la acción de los Estados miembros y de la Unión, iniciadas desde el Consejo Europeo de Essen‖, concretado en las directrices para el empleo. De tal forma, la Resolución del Consejo de 15 de diciembre de 1997 sobre las directrices para el empleo en 1998 tenía por objeto fijar unas directrices generales para

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