Más sobre Expedientes de Regulación de Empleo. Comentario de cuatro nuevas sentencias (TSJ de Madrid y Audiencia Nacional) que declaran la nulidad de la decisión extintiva.

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  • 1. Más sobre Expedientes de Regulación de Empleo. Comentario de cuatro nuevassentencias (TSJ de Madrid y Audiencia Nacional) que declaran la nulidad de ladecisión extintiva.Eduardo Rojo Torrecilla.Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UniversidadAutónoma de Barcelona.9 de septiembre de 2012.Texto publicado en el blog del autor http://www.eduardorojotorrecilla.es/1. Hace una semana el diario económico Expansión público un artículo con el título “LaJusticia empieza a avalar los despidos colectivos con 20 días de indemnización”, en elque se efectuaba una amplia explicación de la sentencia dictada por el Tribunal Superiorde Justicia de Galicia el 6 de julio que desestimaba la demanda interpuesta contra unERE y consideraba plenamente ajustada a derecho la decisión empresarial. No volveréahora sobre el análisis de dicha sentencia, porque puedo remitirme a la amplia críticaque efectué en una anterior entradadel blog, pero sí quiero señalar que el propio diario,ahora en su editorial, es decir la línea oficial, afirmaba que esta sentencia marca un“cambio de rumbo en los despidos colectivos” y que “las sentencias que respaldan losERE de la reforma laboral con 20 días de indemnización ya se están abriendo camino”.El citado editorial, que se acerca mucho a la línea marcada por el preámbulo de lareforma laboral, critica lo que califica de “una corriente doctrinal entre los jueces” queno se ajustaría a la letra de la norma, primero del RDL 3/2012 y ahora de la Ley 3/2012,y valora muy positivamente la sentencia del TSJ de Galicia porque “aplica con claridadel apartado de la reforma que permite juzgar el despido colectivo simplemente con elanálisis de las causas organizativas y productivas que sufre la compañía”.Sigue diciendo el editorial que la sentencia “refleja ya un cambio de tendencia”, y por sino quedara ya claro su poca simpatía por algunos jueces, ahora a esa poca simpatíaañade a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, ya que la sentencia “además, noha tenido en cuenta los presupuestos ni las conclusiones del Informe de la Inspección deTrabajo”. En definitiva, parece que hay jueces buenos y malos para el diario, y supongoque lo mismo dirá de los inspectores de trabajo y seguridad social, según que lasentencia seo o no favorable a la estimación de la demanda. ¿Olvida quizásdeliberadamente el editorial, que la reforma laboral debe aplicarse de acuerdo tanto conlo dispuesto en sus preceptos como con respeto a la Constitución y a las normainternacionales y de la Unión Europea, fuentes de nuestro ordenamiento jurídico?El comentario de la noticia publicada sobre dicha sentencia, y su valoración positiva,viene a cuento porque la afirmación de que marca un “cambio de rumbo en los despidoscolectivos” es, por decirlo de forma suave, un tanto exagerada en el momento en queredacto esta entrada. Y digo que es exagerada no sólo porque es la única que realiza unadeterminada interpretación de la norma (recordemos que otra sentencia dictada por elTribunal Superior de Justicia de Cataluña también desestima una demanda contra EREpero con una razonamiento y una fundamentación doctrinal muy diferente de la de 1
  • 2. Galicia), sino porque cuatro nuevas sentencias que he tenido oportunidad de conoceruna vez que la base de datos del CENDOJ se ha puesto al día tras el parón vacacional,dos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otras dos de la Audiencia Nacional, seañaden a las ya examinadas con anterioridad por mi parte y declaran la nulidad de losERES presentados por las empresas. Voy a analizar a continuación los contenidos másdestacados a mi parecer de las mismas.2. Empiezo por las sentencias de ámbito territorial supraautonómico.A) Me refiero en primer lugar a la dictada por la Sala de lo Social de la AN el 27 dejulio, connúmero de recurso 127/2012, sentencia de cuyo fallo, estimatorio de lademanda, ya había tenido conocimiento a través de la página web de ComissionsObreres del País Valencià, pero cuyo texto íntegro no había podido aún leer.El litigio versa, justamente, sobre la existencia o no de un ERE, defendiendo la partedemandante que así es ya que la empresa (con más de 1.300 trabajadores en plantilla encentros de trabajo) despidió a más de 30 trabajadores, por vía disciplinaria u objetiva, enun período de 90 días anteriores a la fecha del último despido referenciado en lademanda, mientras que la parte demandada alegó como excepción procesal lainadecuación de procedimiento y argumentó que al tratarse de despidos disciplinarios yobjetivos no quedaban subsumidos en el concepto de despido colectivo del artículo 51.1de la Ley del Estatuto de los trabajadores.Para resolver el conflicto la Sala acude a la normativa vigente, art. 51 LET, y enconcreto al siguiente párrafo del apartado 1: “Para el cómputo del número deextinciones de contratos a que se refiere el párrafo primero de este apartado, se tendránen cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en el período de referencia poriniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona deltrabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c) de esta Ley, siempre que sunúmero sea, al menos, de cinco”. Con apoyo en la literalidad del propio texto y de ladoctrina del otros TSJ, la AN afirma que “parece evidente que los despidos por causasobjetivas no son imputables a los trabajadores, siendo criterio reiterado y pacífico en ladoctrina judicial que no lo son tampoco los despidos disciplinarios cuya improcedenciase reconoce directamente por la empresa o en conciliación judicial o extrajudicial”.Cabe señalar aquí que en los hechos probados de la sentencia se recoge que hubo, en elperíodo de 90 días, 29 despidos objetivos y 5 despidos disciplinarios, habiendoreconocido la empresa la improcedencia de estos últimos. El hecho de que buena partede los despedidos no impugnaran ante el Juzgado la decisión empresarial no altera enmodo alguno el razonamiento judicial anterior, poniendo la sentencia de manifiesto eldistinto iter procesal de los despidos individuales y colectivos, y destacando que laacción para impugnar el despido colectivo “corresponde únicamente a los representanteslegales o sindicales y sólo podía activarse en el momento en el que se superaron losumbrales legales para la concurrencia de despido colectivo”.Este mismo razonamiento es el que sirve a la Sala (que creo que realiza unainterpretación muy ajustada a derecho del artículo 51.1 de la LET y del artículo 124.1de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social) paradesestimar la alegación empresarial de excepción de cosa juzgada al amparo del artículo222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a los trabajadores que habían conciliadosus despidos en sede judicial o extrajudicial y rechazar que existieran las identidades 2
  • 3. exigidas por ese precepto, ya que el despido colectivo “no puede accionarse por lostrabajadores afectados individualmente sino por sus representantes legales osindicales… y la finalidad de la impugnación del despido colectivo es obtener unasentencia puramente declarativa con respecto al despido colectivo”.B) La segunda sentencia de la Sala de lo Social de la AN es de 26 de julio y númeroderecurso 124/2012, y resulta de especial interés por la doctrina sentada por el tribunalen un conflicto en el que intervienen empresas afectadas por concurso junto con otrasque no lo son. Además, la importancia del período de consultas y la correctadelimitación de aquello que es un grupo de empresas a efectos laborales son tambiénmaterias abordadas, destacando en el litigio el conflicto suscitado sobre las presuntasactuaciones fraudulentas de las empresas y las presiones a los negociadores de la partetrabajadora, presunciones que acaban convirtiéndose en realidad tras el examen de loshechos probados.a) Detengámonos en aquellos contenidos de los hechos probados de mayor interés. Enprimer lugar, la presentación de ERE el mismo día por tres empresas de un grupo; ensegundo término la celebración del período de consultas de forma conjunta con las tresempresas pero levantándose actas diferenciadas de las reuniones para cada una de ellas;en tercer lugar, la falta de información legalmente exigida a la empresa por el art. 51 dela LET y el RD 801/2011, corregida parcialmente ante la advertencia realizada por laautoridad laboral sobre la falta de fijación de los criterios de selección de lostrabajadores afectados, respondiendo por parte empresarial que el criterio era “suadscripción a los centros de trabajo que se pretendía cerrar”; en cuarto lugar, la solicitudde concurso presentada por otras empresas del grupo y la declaración del juzgadomercantil de concurso de acreedores cinco días después de la presentación de lademanda laboral en la que se solicitaba la nulidad de los ERES; en quinto lugar, que lostrabajadores afectados por el ERE no habían percibido los salarios de los tres mesesanteriores a la presentación de la demanda, mientras que sí los habían percibido losrestantes trabajadores; en sexto lugar, la inclusión (la empresa afirmó que se habíatratado de un error) de representantes de los trabajadores en la lista de trabajadores concontrato a extinguir, aunque dicha afectación desapareció durante el período deconsultas; en séptimo lugar, la mera remisión por parte de las empresas codemandadasal pago de la indemnización legalmente fijada y a cargo del Fondo de Garantía Salarial(FOGASA); en fin, en último lugar a los efectos de mi explicación, la inclusión entrelos trabajadores despedidos (en sentido contrario a lo afirmado por las empresas a laautoridad laboral) de quienes no trabajaban en centros que se pretendían cerrar“trasladándose los trabajadores de los mismos a los centros de los que procedían lostrabajadores incluidos efectivamente”.Destaco que varios de los hechos probados se tienen como tales por la Sala a partir delinforme de la Inspección de Trabajo, informe que como ya he expuesto en otrasentradas está adquiriendo una importancia mucho mayor de la que inicialmente pudopensarse por el legislador y que está obligando a las empresas, dicho seaincidentalmente, a preparar cada vez mejor bien la documentación que debe entregarse ala representación del personal y que después deberá poner a disposición de laInspección de Trabajo, y también de la autoridad judicial si hubiera demanda contra elERE. 3
  • 4. b) A efectos tanto doctrinales como de futuras resoluciones judiciales es de especialinterés el fundamento jurídico segundo, ya que la parte demandada alegó incompetenciade jurisdicción por razón de la materia al haber empresas concursadas, mientras que laparte demandante alegó que se trataba de un grupo de empresas a efectos laborales yque por ello era competente el orden jurisdiccional social, con apoyo en el Auto de laSala de Conflictos del Tribunal Supremo de de 6 de juliode 2011, del que fue ponenteManuel Ramón Alarcón Caracuel. Para la Sala, se trata de resolver “si la Ley concursalencomienda de modo exclusivo y excluyente al juez del concurso el conocimientoexclusivo y excluyente de los despidos colectivos consumados, como sucede aquí, conanterioridad a la declaración del concurso”. Ya adelanto que la respuesta es favorable ala tesis de la parte demandante, y que la Sala añade la mención de otro Auto de la Salade Conflictosdel TS, de 28 de septiembre de 2011, y mismo ponente, en la que sesustenta que “La aplicación de las reglas expuestas al caso de autos, en el que lademanda de extinción del contrato de trabajo y acumulada de cantidad se ha interpuestoantes de la declaración del concurso de la empleadora concursada, y que, por otra parte,se ha dirigido de forma acumulada contra la empleadora concursada y contra otrasociedad no declarada en concurso, por configurar junto con la primera un grupoempresarial, sin que en ello se haya apreciado por el Juzgador evidente fraude de Ley oprocesal, es determinante de la atribución al Juzgado de lo Social número … de …. dela competencia para conocer de la demanda interpuesta por …”.Del primer Auto del TS, y por el especial interés que tiene para la resolución delconflicto ahora analizado, destaco aquellos razonamientos que me parecen másrelevantes:“…Como regla, el Juez Mercantil carece de competencia para conocer tanto de lasdemandas contra despidos individuales efectuados por el empleador, como de lasdemandas de resolución de los contratos de trabajo individuales a iniciativa de lostrabajadores, con independencia de que se interpongan antes o después de que elempleador sea declarado en concurso.“… Del análisis de la norma y de la jurisprudencia de esta Sala de Conflictos derivaque, a tenor del artículo 64.10 de la LC, el Juez Mercantil excepcionalmente escompetente para conocer las acciones individuales de extinción del contrato de trabajoque, a los efectos de su tramitación, tendrán la consideración de extinciones de caráctercolectivo siempre que reúnan los siguientes requisitos acumulativos:1) Haberse interpuesto con posterioridad a la declaración de concurso, siendoirrelevante la fecha de admisión a trámite del mismo (en este sentido, auto 12/2010, de24 de junio, dictado en el conflicto de competencia 29/2009).2) Dirigirse contra el concursado, ya que de dirigirse contra un "grupo empresarial"generador de responsabilidad solidaria cuyos integrantes no están declarados ensituación concursal, como afirma el auto 17/2007, de 21 de junio (conflicto 11/2007),posteriormente reiterado entre otros en el 117/2007, de 30 de noviembre (conflicto3/2007), la demanda " sobrepasa, tanto en términos materiales como subjetivos, el(objeto) contemplado en el artículo 64.10 de la Ley Concursal "….“… La aplicación de las reglas expuestas al caso de autos, en el que la demanda se hadirigido de forma acumulada contra la empleadora concursada y contra otra sociedad no 4
  • 5. declarada en concurso, por configurar junto con la primera un grupo empresarial, ycontra dos personas físicas vinculadas a dichas sociedades, sin que se haya apreciadopor el Juzgador evidente fraude de Ley o procesal, es determinante de la atribución de lacompetencia para conocer de la demanda acumulada de extinción del contrato de trabajoy de reclamación de … interpuesta por don … al Juzgado de lo Social número …. de….”.c) La Sala procede al análisis de la normativa concursal, en concreto de los artículos 8.2.y 64.1 de la Ley 22/2003, destacando por mi parte ahora que en el segundo preceptocitado se indica que “si a la fecha de declaración del concurso estuviere en tramitaciónun expediente de regulación de empleo, la autoridad laboral remitirá lo actuado al juezdel concurso”. La Sala, tras un atento examen de la normativa mercantil concluye que elrequisito constitutivo para activar la competencia del juez del concurso en lasextinciones colectivas “es que la empresa haya sido declarada en situación deconcurso”, y en el caso enjuiciado los despidos colectivos se consumaron antes de lapresentación del concurso, por lo que descarta que la impugnación de los despidoscolectivos anteriores “corresponda exclusiva y excluyentemente al juez del concurso”.De paso, la Sala “aprovecha” la reforma laboral para reforzar sus competencias, ylimitar la intervención del juez del concurso para autorizar o denegar los despidoscolectivos, señalando que el artículo 64.1 de la Ley concursal se refiere a EREspresentados ante la autoridad laboral que se encuentren pendientes de resolución por lamisma en la fecha de declaración del concurso, “lo que no sucede aquí, puesto que lanueva versión del art. 51 ET, dada por el RDL 3/2012, liquidó la autorizaciónadministrativa para los despidos colectivos, que se deciden libremente por elempresario, de manera que el juez del concurso ya no tiene nada que autorizar”.d) Por otra parte, la Sala se detiene en la consideración de “juicio declarativo” que tienela impugnación de un despido colectivo al amparo del art. 124.9 de la LRJS, paraconfirmar su competencia para conocer del litigio y no por el juez del concurso,acudiendo al art.51.1 de la Ley Concursal y a la interpretación que de dicho precepto hahecho el Auto de la Sala de Conflictos del TS de 24 dejunio de 2010. Dicho preceptodispone que “los juicios declarativos en que el deudor sea parte y que se encuentren entramitación al momento de la declaración del concurso continuarán sustanciándose anteel mismo tribunal que estuviere conociendo de ellos hasta la firmeza de la sentencia”.Por último, la Sala aborda el estudio de la norma mercantil y razona que el juez delconcurso puede autorizar o no la medida extintiva colectiva, pero la declaración denulidad del ERE, justamente por no haberse obtenido esta, se declarará por lostribunales laborales competentes y no por el juez del concurso, “puesto que la nulidaddel despido colectivo sólo puede declararse mediante sentencia y el juez del concursoresuelve mediante auto, a tenor de lo dispuesto en el art. 64.7 LC”.e) En los restantes fundamentos de derecho se abordan las restantes alegaciones de laparte demandante. Destaco el cuidado y riguroso análisis que hace la Sala, una vez más,de los conceptos de grupo de empresa a efectos mercantil y laboral, y de sus diferencias(la parte demandada aceptó que era un grupo de empresas mercantil pero no laboral), ytras el estudio del caso, y reiterando doctrina de anteriores sentencias de la Sala ytambién de la del TSJ de Cataluña, concluye que sí se dan los requisitos pedidos por lajurisprudencia del TS para afirmar la existencia de un grupo de empresas laboral ya queel grupo actúa en régimen de caja única, desarrolla la totalidad de la actividadadministrativa de todas las empresas, “incluyendo el abono de los salarios de los 5
  • 6. trabajadores”, y prestan servicios de forma indistinta para las empresas los trabajadoresdel grupo; en fin, y ya lo he explicado antes y ahora lo destaca la Sala, “es revelador queen las negociaciones del período de consultas se negociara conjuntamente por todas lasempresas, acreditando, de este modo, la unidad empresarial, aunque se intentara generarmás confusión, si cabe, mediante la formalización de actas diferenciadas, que noacreditan la realidad de lo sucedido”.Con relación al cumplimiento de los requisitos legalmente fijados sobre ladocumentación a entregar a la representación de la parte trabajadora para que el períodode consultas pueda desarrollarse de forma eficaz (el “efecto útil”, en terminología delTribunal de Justicia de la Unión Europea), al no haberse aportado las cuentas del grupono se respetó lo dispuesto en el art. 51.2 de LET. Igualmente, la empresa incumple labuena fe contractual al incluir en el expediente, inicialmente, a los representantes de lostrabajadores, y a los trabajadores a quienes no había abonado sus salarios en los tresmeses anteriores, constituyendo una medida de presión que vicia para la Sala, con buencriterio a mi parecer, todo el período de consultas y el correcto y ordenado desarrollodel mismo, “ya que el impago selectivo de salarios constituye un trato peyorativo, queno podía tener más finalidad que forzar la conformidad de los representantes de lostrabajadores, presionados por el impago de salarios a sus compañeros”. La partedemandada, además, no probó que ese impago se debiera a un error.La no fijación inicial de los criterios de selección de los trabajadores afectados tambiénvulneró la normativa estatal y la Directiva europea de 1998, así como la interpretaciónque de dicha Directiva ha efectuado la jurisprudencia del TJUE respecto a laimportancia del período de consultas para intentar llegar a un acuerdo entre las partes.La subsanación extemporánea por la parte empresarial no resuelve el conflicto, ymenos cuando no se aplica en la práctica, “quebrándose nuevamente los principios de labuena fe, puesto que se propuso un sistema de selección y se aplicó arbitrariamenteotro”.f) En conclusión, una sentencia muy interesante y que añade un nuevo elemento dereflexión judicial y doctrinal sobre los ERES de grupos de empresas en los que semezclan cuestiones estrictamente laborales y otras de carácter mercantil como ladeclaración de concurso, por lo que habrá que seguir con mucha atención lospronunciamientos de los TSJ y de la AN, y en su momento del TS.3. Las dos restantes sentencias que declaran la nulidad de ERES son de mucha menorimportancia que la analizada con anterioridad, ya que los incumplimientosempresariales, a juzgar por la declaración de los hechos probados, son flagrantes en uncaso y bastante claros en otro, destacando que se trata de dos sentencias de la Sala de loSocial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en las que una empresa demandadaestá presente en ambos conflictos.Las dos sentencias son la de misma fecha, 22 de junio, y con sucesivo número derecurso, 19 y 20/2012.A) La primera (Recurso 19/2012) versa sobre la extinción de la totalidad de loscontratos de la plantilla, un total de 31, en una empresa de transporte y con alegación decausas económicas, habiéndose celebrado tres reuniones entre la representación de laempresa y la comisión “ad hoc” de la plantilla antes de dar por finalizado sin acuerdo el 6
  • 7. período de consultas. En los hechos probados se efectúa una amplia referencia alInforme de la Inspección de Trabajo, en el que se afirma que no ha quedado acreditadoque el período de consultas “haya versado sobre la manera de atenuar susconsecuencias” (del ERE), y que las razones económicas aducidas por la empresa, quetrabaja para un solo cliente y que también presentó, en la misma fecha que esta, un EREpara todo su personal, no cuentan con el apoyo documental requerido por la normativavigente. Igualmente, y en estrecha relación con lo anterior, en otro hecho probado seexpone por la Sala que la empresa no ha aportado durante el período de consultas ladocumentación contable “a que hace referencia en su memoria explicativa”, ni cuentascerradas, auditadas y depositadas de los ejercicios 2009 y 2010, ni balance y cuenta depérdidas y ganancias de 2011.Ante esta situación, la Sala entiende que se ha vulnerado el art. 51.2 de la LET y el art.6 del RD 801/2011, por no haber cumplido la empresa con las obligaciones fijadas enlas normas de aportar la documentación que acredite fehacientemente todo aquello quealega en la memoria explicativa de la situación económica y que lleva a la empresa “alpleno convencimiento de la inviabilidad del proyecto empresarial y, asimismo, de lanecesidad perentoria e inmediata de proceder, mediante despido colectivo, a laregulación de la totalidad del empleo de la empresa”. Por el contrario, desestima lapetición de la parte demandante de la existencia de un grupo de empresas y laconsiguiente condena solidaria de ambas tras examinar si concurren o no los requisitosrequeridos por el TS para definir la existencia de un grupo de empresas a efectoslaborales, afirmando que sólo consta que las dos empresas tienen un domicilio común yun administrador común, y que la empresa para la que prestaban servicios losdemandantes sólo trabajaba para la empresa de la que se pide la responsabilidadsolidaria, pero no se aportan pruebas que permitan deducir la existencia de esa actuaciónconjunta en el ámbito laboral. Incluso, hay una crítica a la parte demandante sobre ladocumentación aportada, que ni tan siquiera permite a la Sala poder afirmar que se estéante un grupo de empresas a efectos mercantiles, ya que no se aportó por la parte actora“ni siquiera una copia simple de las certificaciones registrales de ambas sociedades…”.B) La segundasentencia del TSJ de Madrid se dicta en el recurso 20/2012 y versa sobrela impugnación del ERE presentado por la empresa para la totalidad de la plantilla porproblemas de naturaleza económica que se expone en la memoria explicativapresentada. En los hechos probados se recoge que la empresa no ha presentado ladocumentación a que está legalmente obligada para justificar la causa del ERE a larepresentación de los trabajadores, y que tampoco formuló propuesta alguna de plan deacompañamiento para los trabajadores mayores de 50 años afectados por el ERE, y queen la comunicación individual de despido a cada trabajador no se expresó su causa nitampoco se puso a su disposición la indemnización legal. El incumplimiento fuereiterado ante la autoridad judicial en las dos ocasiones en que la Sala pidió que se leaportara la documentación y las actas del período de consultas, completando la empresasu actuación al margen de la legalidad con la no comparecencia al acto de la vista.Ante este “panorama”, no es de extrañar, lógicamente, que la Sala, tras exponer lospreceptos que son de aplicación al litigio, los art. 5.1 2 de la LET, art. 6 del RD801/2011 y el art. 2.3 de la Directiva 1998/59/CEE, llegue a la conclusión del actuacióncontraria a derecho de la empresa. Es especialmente interesante el fundamento jurídicocuarto, en el que la Sala destaca la importancia jurídica que tiene la transmisión de lainformación a la representación del personal, considerándola, con apoyo en la sentencia 7
  • 8. de 18 de enero de este año del TS (Rec 139/2011) “un requisito constitutivo para laacción sindical”, por lo que la falta de información “afecta a la libertad sindical”. Laactuación de la empresa “es un incumplimiento flagrante del procedimientoestablecido”, no perdiendo la oportunidad la Sala para afirmar la importancia que tienela correcta transmisión de la información para el control judicial de la incidencia de lascausas en el funcionamiento de la empresa, así como también, y aquí la Sala sereafirma, de forma indirecta, en la obligación empresarial de respetar los principios derazonabilidad y proporcionalidad en su decisión, “la suficiencia de la medida, que habráde relacionarse necesariamente con su intensidad en el funcionamiento de la empresa,ya que no es posible admitir que la intensidad sea irrelevante”. En fin, la actuaciónpasiva de la empresa en el período de consultas vulnera igualmente la normativa estataly europea sobre cómo han de actuar las partes durante el mismo, reiterando su tesisexpuesta en la sentencia de 30 de mayo de que la postura pasiva e inamovible “noconstituye una negociación, un proceso caracterizado por su dinámica de concesionesrecíprocas o de construcción de soluciones y opciones consensuadas”.5. Concluyo mi explicación con la petición de una lectura atenta de todas las sentencias,en especial de la segunda dictada por la Sala de lo Social de la AN, por todas laspersonas interesadas en el estudio y seguimiento de la reforma laboral. Desde luego, noles auguro comentarios ni titulares en los medios periodísticos económicos vinculadosal mundo empresarial. Ahora bien, si que hay algo, o al menos así lo creo, que lasempresas están aprendiendo a marchas forzadas con la reforma laboral y la supresión dela autorización administrativa del ERE por la autoridad laboral: la importancia decumplir muy estrictamente con todas las formalidades previstas en la normativaaplicable, y en los próximos conflictos que se susciten ante los tribunales estoy casiseguro que adquirirá mucha más importancia el examen de la existencia de la causa ocausas alegadas y no el mero incumplimiento de los requisitos formales. Buena pruebade la importancia del cambio, y su paulatina asunción por las empresas, es que seencarga a destacados bufetes de abogados y potentes consultoras económicas quepreparen toda la documentación, siendo los casos del Ayuntamiento de Jerez y de laCorporación Valenciana de Radio y Televisión, con los datos de que dispongo, dosejemplos muy significativos de la necesidad de cumplir todas las “reglas formales deljuego”. 8