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Medidas de contenido laboral y que afectan al mundo universitario en la ley catalana de acompañamiento de la de presupuestos.
 

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    Medidas de contenido laboral y que afectan al mundo universitario en la ley catalana de acompañamiento de la de presupuestos.  Medidas de contenido laboral y que afectan al mundo universitario en la ley catalana de acompañamiento de la de presupuestos. Document Transcript

    • Medidas de contenido laboral y que afectan al mundo universitario en la Leycatalana de acompañamiento de la de Presupuestos.Eduardo Rojo Torrecilla.Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UniversidadAutónoma de Barcelona.25 de marzo de 2012.Texto publicado en el blog del autor. http://eduardorojoblog.blogspot.com.es/1. El Diario Oficial de la Generalitat publicó el pasado viernes, 23 de marzo, la Ley5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras, administrativas y de creacióndel impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos,que entró en vigor ayersábado.Conviene recordar que la publicación de esta norma, que hubiera debido aprobarse deforma conjunta con la Ley de Presupuestos para 2012, se ha retrasado por la solicitud dedictamen presentada el 14 de febrero por varios grupos parlamentarios al Consejo deGarantías Estatutarias para que se pronunciara sobre la adecuación a la Constitución y alEstatuto de Autonomía de un numeroso grupo de preceptos del entonces proyecto deley. El Consejo emitió su Dictamen número 4/2012 de 6 de marzo, en el que procedió aconcretar la interpretación de dos preceptos y declaró que el proyecto, y en concretoaquellos artículos para los que se pedía su parecer, no eran contrarios ni a la normaconstitucional ni tampoco a la autonómica. Finalmente, el pleno del Parlamento catalánaprobó el proyecto de ley el 14 de marzo con los votos favorables de los gruposparlamentarios de Convergència i Unió i del Partido Popular.2. El objeto de esta entrada del blog es examinar los preceptos de la nueva ley que sonde especial interés en el ámbito sociolaboral y universitario, en el bien entendido que enmás de una ocasión, como se comprobará en mi explicación, ambos ámbitos vanestrechamente unidos. Aquellos preceptos que merecen mi atención se encuentran en eltítulo II, que lleva por título “medidas relativas al régimen jurídico de las finanzaspúblicas”, y en varias disposiciones adicionales y transitorias.Pero antes, debe hacerse mención del preámbulo de la norma, en el que se argumentaque las medidas recogidas en la ley tienen, entre otros objetivos el de reducir el gastopúblico, contribuyendo a ello según el gobierno “una estrategia de racionalización delos recursos humanos al servicio de la Administración catalana”.Encontramos una mención puramente descriptiva de una modificación importante de laregulación de la renta mínima de inserción, ya que no de otra forma puede calificarse lamanifestación de que “se modifican varios artículos de la Ley 10/1997, de 3 de julio, dela renta mínima de inserción”. Por este motivo, no estoy en condiciones de saber, almenos oficialmente, cuáles han sido las razones que han llevado a la nuevamodificación, si bien es fácil pensar que algo ha tenido que ver el conflicto jurídico ymediático suscitado durante el verano del pasado año. 1
    • Sí que se explica más ampliamente el ajuste o recorte económico que se realiza en laspartidas económicas del personal de las administraciones públicas, que no son sólo deíndole económica directa (y que complementan lo dispuesto en la ley de presupuestos)porque también se suspenden otras mejoras indirectas ya que la Generalitat se acoge alartículo 38.10 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, parasuspender pactos, convenios colectivos y acuerdos sindicales suscritos con anterioridad.3. Como acabo de indicar, el título II regula medidas que afectan al régimen jurídico delas finanzas públicas. En el artículo 80 se modifican diversos preceptos de la Ley10/1997 de 3 de julio de la RMI, y en el artículo 81 la modificación afecta básicamenteal artículo 16 (procedimiento para la concesión de subvenciones) de la Ley 13/2006 de27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico.A) La norma incorpora a la ley de la RMI dos artículos del Decreto 384/2011, de 30 deagosto para corregir las deficiencias jurídicas de la normativa anterior y que se explicanampliamente en el recurso contencioso - administrativo interpuesto por lasorganizaciones sindicales catalanas CC OO y UGT (artículos 4.1 g) y 4.2 h).Habrá que hacer una reflexión jurídica muy precisa sobre lo que significa pasar delderecho a percibir la RMI como "derecho de carácter universal garantizado" a un"derecho prestado" (terminología que pido esclarecer a las personas expertas en derechoadministrativo), si bien en mi opinión la devaluación jurídica de este derecho parecemuy clara. En este supuesto, cabe recordar que la reciente reforma de la normativa delPaís Vasco sobre la renta de garantía de ingresos configura la RGI como un derechosubjetivo (me permito remitir al comentario de mi blog sobre esta norma). También esmuy importante subrayar que se trata de una prestación sometida a "las disponibilidadespresupuestarias".Por otra parte, y con indudable impacto sobre cómo se computan los ingresos de launidad familiar, se suprime del nuevo texto el siguiente párrafo: "Se computará comoingresos de la unidad familiar sólo la parte de las pensiones de jubilación, invalidez,viudedad y orfandad que perciba cada miembro de la unidad familiar que no sea eltitular, que excedan del importe de la prestación económica básica de la renta mínimade inserción”.Desde la vertiente jurídica, las numerosas referencias a la normativa reglamentaria (y nosólo legal) son a mi juicio una clara manifestación de las dudas que los serviciosjurídicos de la Generalitat podían tener sobre la adecuación a derecho de la normativaanterior. Con estas modificaciones la regulación de la RMI es ciertamente legal perocon amplias posibilidades de desarrollo reglamentario, al que se ha dado cobertura en laley.Parece que la modificación operada en la forma de pago (artículo 23.1) trata de evitaralgunos problemas jurídicos que se han podido suscitar, reconociendo el derecho de lapersona perceptora de la RMI a decidir de qué manera debe recibir la prestación(directamente o mediante la entidad que le atienda). También hay otra modificación delartículo 23.1 que creo que es verdaderamente importante. El texto incorporado es elsiguiente: 2
    • "Si en el plazo de cuatro meses contados desde la fecha de la solicitud no se hanotificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación, el derecho de acceso ala prestación económica, en el caso de que fuera reconocida, se genera desde el primerdía del mes siguiente al del cumplimiento del plazo máximo indicado".El texto me sugiere dudas jurídicas que dejo para debate: en primer lugar, ¿es necesarioque se dicte notificación expresa? Y en segundo término, ¿es conforme a derecho que lageneración de la prestación quede al libre albedrío del plazo de resolución delexpediente que se fije por vía reglamentaria? De ser correcta, jurídicamente hablando,esta opción, se podría fijar un plazo más largo y la persona que tiene derecho a laprestación para cumplir con todos los requisitos no percibiría la prestación hasta que laAdministración resuelva. ¿Es coherente, tanto social como jurídicamente, estahipótesis?Especial interés tiene la adición al artículo 11 de la Ley 10/1997 de un nuevo apartado 4con este texto: “Cuando la disponibilidad presupuestaria no sea suficiente para aprobartodos los expedientes, la Comisión Interdepartamental debe elevar una propuesta algobierno para determinar los criterios objetivos y no discrecionales de prelación de losexpedientes”. Este precepto es transcripción literal del artículo 9.5 del RD 384/2011, delque efectué en una entrada anterior del blog este comentario que ahora reproduzco: “Lalimitación presupuestaria contemplada expresamente en el artículo 9 confirma lavinculación de la RMI a las disponibilidades presupuestarias, ya prevista en la Ley7/2011 pero no de un forma totalmente explícita a mi parecer, y abandona porconsiguiente la consideración del acceso a la RMI como un derecho subjetivo para todasaquellas personas que cumplan los requisitos legales. El ejemplo claro y evidente es elapartado 5 del artículo 9 (en cuyo título se ha introducido la mención “limitaciónpresupuestaria” tras “Procedimiento”, no recogida en la normativa ahora derogada) en elque se dispone que cuando la disponibilidad presupuestaria no sea suficiente paraaprobar la totalidad de los expedientes, la Comisión Interdepartamental elevará algobierno una propuesta para determinar los criterios de prelación de los mismos,habiéndose introducido en el texto del Decreto una mención expresa a que tales criterioshan de ser “objetivos y no discrecionales”, algo que aun cuando no se dijera así deberíaser siempre en la actuación administrativa. Las limitaciones económicas tambiénaparecen en el apartado 4, ya que la Comisión Interdepartamental emitirá un informevinculante con propuesta de aprobación o desestimación de cada proyecto presentado“teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias”.Pues bien, este es uno de los pocos preceptos sobre los que el Consejo de GarantíasEstatutarias, que conoció del proyecto de ley, requiere que se interprete de unadeterminada manera para entenderlo conforme al artículo 24.3 del Estatuto deAutonomía. El Consejo entiende, en una redacción que me parece muy poco clara encuanto a conocer exactamente su parecer y cómo debe actuar el gobierno para respetarsu tesis, que “la determinación de los criterios objetivos y no discrecionales de prelaciónde los expedientes son conformes al Estatuto de Autonomía siempre que no excluyan alas personas que cumplan las condiciones exigidas por la ley para percibir laprestación”, y de ahí que el precepto es válido si se interpreta en el sentido de que “nopuede comportar la exclusión de las personas a percibir la prestación si reúnen losrequisitos fijados en la ley para obtenerla”. Por consiguiente, la única explicación quecabe a mi parecer, de acuerdo a las reglas de interpretación del artículo 3.1 del CódigoCivil, es que todas las personas que cumplan los requisitos tienen derecho a la 3
    • prestación, y que el gobierno deberá habilitar las partidas presupuestarias necesariaspara que ello sea posible. Aunque, soy consciente que mi tesis se da de bruces con larealidad actual de acumulación de expedientes pendientes de resolver desde hace variosmeses.B) La disposición adicional tercera lleva por título el de "Renta mínima de inserción".Su contenido literal es el siguiente: "Se entienden adaptados a las modificaciones de laLey 10/1997, de 3 de julio de la renta mínima de inserción, la normativa vigente y,concretamente, la letra a del artículo 4.2 del Decreto 384/2011, de 30 de agosto, dedesarrollo de dicha ley".Hay que recordar, para una mejor comprensión del precepto, que el artículo 4.2 a)dispone lo siguiente: "No se tendrá acceso a la prestación económica de la renta mínimade inserción en los siguientes casos: a) Si la persona solicitante o cualquiera de losmiembros de la unidad familiar percibe otras prestaciones públicas, ayudas osubvenciones que superen, por unidad familiar y conjuntamente con otros ingresos decualquier naturaleza, el importe mensual del salario mínimo interprofesional".¿Qué es lo que parece pretender la norma? Que se consideren válidas todas lasactuaciones llevadas a cabo por la Generalitat desde la entrada en vigor de la Ley7/2011 de 27 de julio, así como las actuaciones practicadas al amparo del Decreto364/2011 de 30 de agosto. La referencia concreta al artículo 4.2 a) del decretoencontraría su justificación en el hecho de que la ley modifica el artículo 6.1 e) de laLey 10/1997, y que de mantenerse la redacción del artículo 4.2 a) del Decreto sucontenido sería contrario a la ley.Dicho esto, en un intento de comprender lo que se quiere desde la vertiente jurídica,manifiesto mi preocupación jurídica. La norma quiere que todo lo que haya podido sercontrario a derecho en las actuaciones administrativas llevadas a cabo desde el mes deagosto de 2011 quede subsanado por la nueva ley. Si la actuación administrativa ha sidoo no conforme a derecho lo tienen que decir los tribunales, pero no puede ser que unanorma legalice "a posteriori" actuaciones que pueden vulnerar la legalidad vigente.No obstante, no es este el parecer del Consejo de Garantías Estatutarias. El Consejoconstata que las previsiones del artículo 4.2 del RD 384/2001 iban más allá de loestablecido en la Ley 10/1997 tras la modificación operada por la Ley 7/2011, o dichode otra forma que “el decreto contenía un límite cuantitativo que no establecía la normade rango legal aplicable a la materia”. El Consejo “presume” que por dicho motivo elproyecto de ley modificó el artículo 6.2 a) de la Ley 10/1997 cuando se remitía (y así seha mantenido en el texto finalmente aprobado) al citado precepto del Decreto y a lacuantía máxima de la prestación, en concreto el salario mínimo interprofesional. Trasesta explicación, o mejor sería decir pura presunción de aquello que ha querido decir elejecutivo en el texto del proyecto, ahora el Consejo “interpreta” que la disposiciónadicional tercera quiere decir que aquella previsión del Decreto, y que estabaextramuros del marco legal, “se ha adaptado e incorporado al artículo 6.2 a) de la Ley10/1997”, sin que la ley citada “presente problemas de antiestatutariedad”.Me hubiera gustado que el Consejo hubiera respondido a la duda que he manifestadocon anterioridad, pero entre sus “presunciones” de aquello que quería decir el ejecutivo 4
    • al presentar el proyecto de ley, y las “interpretaciones” de cómo se ha adaptado elDecreto a la ley, sinceramente he de decirles que me quedo sin saber si la disposiciónadicional tercera es conforme a derecho, aunque parece que para el Consejo sí lo seamediante esa presunción e interpretación efectuada.4. El capítulo IV del título II versa sobre las normas en materia de función pública.A) Un cambio importante afecta, en primer lugar, a la cuantía de la remuneraciónsalarial en caso de reducción de jornada por cuidado de menor, ya que se modifica elartículo 24 de la Ley 8/2006 de 5 de julio, de medidas de conciliación de la vidapersonal, familiar y laboral al servicio de las Administraciones Públicas de Cataluña.Según la normativa anterior, y bajo el rótulo de “reducción de jornada con la totalidadde la retribución”, se posibilitaba “una reducción de como máximo un tercio de lajornada de trabajo con la percepción del cien por cien de las retribuciones para cuidar deun hijo o hija”, siempre que la persona beneficiaria no estuviera privada de su guardalegal por resolución judicial y que el otro progenitor o progenitora trabajara, con unaduración máxima de un año que podía comenzar a contar desde la finalización de losperíodos de suspensión por maternidad/paternidad. Con la modificación que entró ayeren vigor, y bajo el rótulo de “reducción de jornada con reducción proporcional deretribuciones”, la reducción para cuidado de un menor de doce años será de un tercio ode la mitad de la jornada, “con la reducción proporcional de retribuciones”, y sólocuando las necesidades del servicio lo permitan la reducción podrá tener una duracióndiferente y comprendida, en cualquier caso, entre la octava parte y la mitad de lajornada.La nueva redacción, como sabemos quienes nos dedicamos al estudio del Derecho delTrabajo y de la Seguridad Social, tiene una buena fuente de inspiración en el artículo37.5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. La norma no será de aplicación a lospermisos con remuneración total concedidos antes del día 24 de marzo (disposicióntransitoria octava)B) Vayamos ahora a las disposiciones adicionales (además de la tercera, ya analizadacon anterioridad), cuya lectura no agradará precisamente a las personas trabajadoras delsector público. En primer lugar, se suspenden las mejoras directas de prestacióneconómica de incapacidad temporal por contingencias comunes y de los sistemas depremios por vinculación o antigüedad, tanto aquellos que estuvieran recogidos enacuerdos y pactos sindicales como los que estuvieran incorporados a convenioscolectivos (olvidémonos ya de los días adicionales de vacaciones por mayor antigüedadque mejoraran en sede autonómica lo previsto en el art. 48.2 de la ley 7/2007), si bien aefectos de IT en el ámbito laboral, y según dispone el segundo párrafo de la disposiciónadicional sexta, los órganos negociadores podrán acordar, como mejora directa lapercepción como máximo de “la totalidad de las retribuciones durante los tres primerosmeses en los que el trabajador permanezca en situación de incapacidad temporal”. Alobjeto de dejar zanjada jurídicamente hablando la voluntad política, se califican de“nulos de pleno derecho”, los acuerdos, pactos o convenios que “contravengan loestablecido por esta disposición”.C) Por otra parte, y en la misma línea que la adoptada por la mayor parte deadministraciones autonómicas, la norma limita la actividad sindical, en aquello que se 5
    • refiere al posible número de delegados sindicales disponibles, a lo estrictamenteestablecido en la normativa legal vigente, procediendo a la suspensión de todos losacuerdos, pactos y convenios que fijaran mejoras sobre dicho marco normativo enmateria de “liberaciones institucionales, dispensa a tiempo total de asistencia altrabajo…, y número de horas de crédito horario sindical de los delegados sindicales”,salvo en lo relativo a los derechos de participación de los empleados públicos en materiade prevención de riesgos laborales, cuyo pacto vigente en la administración autonómica“mantiene íntegramente su vigencia” según estipula la disposición adicional séptima,2.Para reforzar el control sobre las negociaciones en las que plantee la regulación dederechos sindicales (quiero entender, lógicamente, que la norma se refiere a los pactosque vayan más allá de lo permitido por la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, deLibertad Sindical, y el EBEP), la norma requiere antes de cualquier aprobación “elinforme favorable preceptivo del departamento competente en materia de funciónpública”.D) A modo de norma de cierre, y para englobar cualquier supuesto, circunstancia osituación no prevista de forma expresa en la norma, la disposición adicionaldecimocuarta acude al paraguas del artículo 38.10 del EBEP para suspender todos losacuerdos y pactos sindicales para el personal funcionario y estatutario que no se ajustena las medidas aprobadas por la ley de “redimensionamiento necesario de gasto público”.Dicha suspensión se convierte en inaplicabilidad cuando se trate de cláusulas deconvenios colectivos de personal laboral que contravengan lo dispuesto en la ley.E) Para el personal interino que presta sus servicios en el sector público catalán (coninclusión del que trabaja en las universidades públicas), la disposición transitoria quintafaculta al gobierno para aprobar, se dice que “con carácter transitorio de dos años” y conposible modificación del gobierno (¿reducción o ampliación?) según se desarrolle “elcumplimiento de los objetivos de reducción del déficit público”, un plan de ocupaciónque incluya “la reducción de un 15 % de la jornada de los puestos de trabajo ocupadospor personal interino del ámbito de la Mesa sectorial de negociación del personal deadministración y técnico”, con la correspondiente reducción salarial, del que quedanexcluidos algunos colectivos en razón de la especificidad de sus tareas.En fin, como medida tendente a reducir el gasto público se faculta al personalfuncionario autonómico, y al estatutario del Instituto Catalán de la Salud, a acogerse auna excedencia voluntaria con derecho a reserva de puesto de trabajo y cómputo deantigüedad durante una duración mínima de uno y máxima de tres años, pudiendoacogerse a esta posibilidad el personal que el día 24 de marzo, fecha de entrada en vigorde la norma, “se encuentre en situación administrativa de servicio activo o en otrasituación administrativa que comporte reserva de puestos de trabajo”.5. El “interés” de la ley por el personal de las Universidades públicas catalanas quedabien patente en las disposiciones adicionales.A) En la duodécima, se dispone que las medidas de contención del gasto públicoestablecidas en otros preceptos de la norma son aplicables en unos casos “al personaldocente e investigador y al personal de administración y servicios”, mientras que otrasson aplicables sólo al “personal de administración y servicios funcionario”, y la jornadalaboral del PAS se fija en treinta y siete horas y media, siendo los órganos de gobierno ydirección de las universidades los responsables de cumplir con estas obligaciones 6
    • (recuérdese que el convenio colectivo del personal laboral de administración y serviciosde las universidades públicas catalanas fija el total anual de horas de trabajo en 1.462,por lo que habrá que seguir con atención como se opera el cambio normativo impuesto).Por cierto, en el ámbito académico parece ponerse en marcha una nueva modalidadcontractual laboral, aunque en puridad jurídica no sea así por la falta de competenciasautonómicas en materia de legislación laboral; se trata, más exactamente, de la“contratación laboral de personal académico de excelencia” mediante el Plan JaumeSerra Hunter, que remite al desarrollo por el gobierno de la regulación, en su caso, de“las percepciones económicas que, a modo de incentivos vinculados al Plan, puedepercibir el personal académico que ha accedido a un contrato del Plan”.B) También de indudable importancia para el futuro de las universidades públicascatalanas, por su posible impacto sobre la reducción de personal laboral tanto deadministración y servicios como docente, es la obligatoriedad de elaboración de planesde estabilidad presupuestaria (disposición adicional vigésima) que deberán seraprobados y que han de incorporar, como mínimo, “las medidas de regulación interna,ejecución y gestión de los ingresos y gastos que permitan garantizar el retorno a unasituación de equilibrio presupuestario”, previéndose incluso la posibilidad de que laGeneralitat pueda nombrar, a propuesta del rectorado o de la presidencia del ConsejoSocial de la universidad afectada, un “comisionado de cuentas” que asumirá laresponsabilidad de “velar por la ejecución y el cumplimiento del plan de estabilización”y que deberá analizar “la situación económica financiera de la universidad y lasperspectivas de evolución”. Me viene inmediatamente a la memoria el posible impactode la reforma laboral plasmada en el Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero, y enconcreto su disposición adicional segunda que regula la extinción de los contratos en elsector público, sobre las universidades públicas catalanas.C) La posibilidad de aplicar políticas de reducción de gasto que impliquen una mejorcoordinación de las actividades universitarias se recoge en la disposición adicionalvigésimo cuarta, tanto para aplicación de las medidas dispuestas con carácter generalpara el personal interino (reducción de jornada y reducción proporcional de salario)como para avanzar en “el impulso de servicios consorciados universitarios”, con laposibilidad de dar la forma jurídica adecuada de carácter asociativo para poder poner enmarcha tales actividades.Buena lectura (no digo que sea agradable) de la Ley 5/2012 de 20 de marzo. 7