La regulación de la RMI en Cataluña. 1997- 2011.

Apuntes sobre la regulación de la Renta Mínima de Inserción en Cataluña. 1997-2011. Las sombras de la nueva reforma tras la Ley 7/2011.Eduardo Rojo Torrecilla.Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UniversidadAutónoma de Barcelona.24 de agosto de 2011.NOTA: Algunos textos han sido publicados con anterioridad en el blog del autor:http://eduardorojoblog.blogspot.com/ Han sido actualizados a 24 de agosto de 2011.I. La normativa reguladora de la Renta Mínima de Inserción en Cataluña desde laentrada en vigor de la Ley 10/1997 de 3 de julio hasta su modificación por la Ley7/2011 de 27 de julio.1. El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publicó el 18 de enero de 2010, conentrada en vigor al día siguiente, un importante Decreto-Ley (1/2010 de 12 de enero)por el que se modificaba la Ley autonómica reguladora de la renta de inserción(10/1997, de 3 de julio), con el declarado objetivo de facilitar que pudieran beneficiarsede dicha renta un mayor número de personas y unidades familiares. A tal efecto sereducía el período de cómputo para el cálculo de los ingresos de la unidad familiar, quepasaba de 12 a 6 meses, y además a partir del 1 de junio de 2010 se efectuaría dichocómputo sólo sobre los 4 meses anteriores, adoptándose esta última medida con caráctertemporal durante un año, si bien se dejaba la puerta abierta a su posible prórroga enfunción de cómo evolucionara la situación económica y cómo impacte sobre las familiascatalanas.Según se disponía en la introducción de la norma, que se refería a la RMI como “elúltimo peldaño del conjunto de prestaciones en qué se sustenta el estado del bienestar,siendo el último recurso de qué disponen las personas que no encuentran trabajo una vezhan agotado todas las prestaciones por desocupación, tanto en su vertiente contributivacomo asistencial”, se modificaba el periodo de cálculo para acceder a la misma,“reduciendo de doce a seis meses el número de meses a tener en cuenta en la valoraciónde los ingresos de las unidades familiares, a fin y efecto que las familias queactualmente se encuentran sin ingresos porque no tienen una ocupación y porque hanfinalizado la percepción de prestaciones o no tienen derecho, tanto en su modalidadcontributiva como asistencial, estén el menor número de meses posibles sin percibirningún tipo de ingreso, facilitándoles su ingreso en la RMI. Por otro lado, yconsiderando que se prevé que será durante el primer semestre de 2010 cuando habrá lapunta más elevada de familias que no dispondrán de ninguna de las prestacionespúblicas de la modalidad contributiva y/o asistencial, se modifica también, de maneratransitoria, el número de meses a tener en cuenta en la valoración, pasando de seis acuatro meses para las nuevas solicitudes que se presenten a partir del 1 de junio de2010, inicialmente, por un periodo de un año”. 1

2. La modificación operada por el Decreto-Ley 1/2010 en la regulación autonómica esuna buena oportunidad para recordar algunos de los ejes básicos sobre los que asienta laprotección social en sede autonómica catalana, así como también para proceder a laactualización de la explicación de las normas más relevantes en esta materia. Es este elobjetivo de la primera parte del estudio, dejando la segunda para el análisis de lasmodificaciones muy recientes operadas en la Ley 10/1997 por la Ley 7/2011 de 27 dejulio, de medidas fiscales y financieras, y para las contenidas en el futuro desarrolloreglamentario aún en fase de borrador de Decreto, cuya contenido ha merecido unavaloración muy crítica por el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluñahttp://bit.ly/n3BhnO, que considera preocupante el impacto social que pueden tener lasrestricciones de acceso a la RMI. Para el CTESC, el ahorro que comporta su aplicación,cifrado por el gobierno autonómico en 53 millones de euros, “podría verse superado porunos costes sociales materializados en forma de sufrimiento directo de las personasafectadas, sobresaturación de las entidades e instituciones que prestan atención social, ydesequilibrios en el orden de nuestra sociedad”.3. Veamos en primer lugar el marco competencial establecido por la Ley Orgánica6/2006 de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.A) El artículo 24 del EAC regula los derechos en el ámbito de los servicios sociales, ydispone en su número 3 que las personas o las familias que se encuentran en situaciónde pobreza “tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que lesasegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmentese establecen”. Hay que recordar que este derecho, al igual que los restantesreconocidos en los capítulos I, II y III del Título, vincula a los poderes públicos, de talforma que las disposiciones que dicten estos “deben respetar estos derechos y debeninterpretarse y aplicarse en el sentido más favorable para su plena efectividad.”(Artículo 37), si bien también el propio precepto en su apartado 4 deja claro que laregulación referenciada no supone alteración alguna del régimen ya establecido dedistribución de competencias, y que tampoco implica “la creación de títuloscompetenciales nuevos o la modificación de los ya existentes”. A mi parecer, debemosrelacionar este precepto con las competencias que asume la Generalitat en materia deServicios Sociales en el artículo 166. El EAC atribuye competencia exclusiva a laGeneralidad, con inclusión expresa de “la regulación y la ordenación de la actividad deservicios sociales, las prestaciones técnicas y las prestaciones económicas con finalidadasistencial o complementarias de otros sistemas de previsión pública” (letra a), ytambién “de los planes y los programas específicos dirigidos a personas y colectivos ensituación de pobreza o de necesidad social” (letra c). Un texto casi idéntico, con ligerasvariaciones que no afectan en absoluto a su contenido, se encuentra en el artículo 61.1a) del Estatuto andaluz.2. En el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el grupo popular ante el TCcontra la ley de reforma del EAC, se argumentaba la inconstitucionalidad del artículo166. 1 a) in fine que atribuía a su parecer “una competencia autonómica exclusiva paraestablecer libremente prestaciones complementaria de las de Seguridad Social”,vulnerando el artículo 149.1.17ª CE y yendo mucho más allá de lo permitido por la STC239/2002 de 11 de diciembre. Se exponía que la norma iba más allá de la materia deasistencia social o servicios sociales, y que entraba dentro del ámbito de la SeguridadSocial, y que de esta forma “se puede llegar a un sistema en el que, sobre la base deunas prestaciones mínimas y garantizadas en toda España por la Seguridad Social, cada 2

Comunidad Autónoma las eleve a su antojo, lo que, huelga decirlo, no es lo previsto nilo querido por la Constitución”.Por su parte, la defensa de la constitucionalidad del artículo 166.1 a) sobre la atribuciónde las competencias exclusivas a la autonomía para la regulación y ordenación de “lasprestaciones económicas o complementarias de otros sistemas de previsión pública”, sebasaba según el Parlamento catalán, según se recogía en el escrito de alegaciones alrecurso del grupo popular, y en parecidos términos se formulaba por el gobiernoautonómico, en el rechazo de la tesis del recurso de la imposibilidad de entrar por laautonomía en el ámbito de la Seguridad Social, ya que al parecer del Parlamento deningún precepto constitucional se deriva que las únicas prestaciones que las CC AApuedan establecer tengan que ser de carácter asistencial, “no pudiendo existir otrasprestaciones complementarias, pues estas también se incluirían dentro del títulocompetencial autonómico de servicios sociales”. Según el Parlamento, las prestacionesautonómicas deben responder a las finalidades propias de los servicios sociales, y seafirmaba enfáticamente que de haber sido de otra forma “la mención a estasprestaciones se hubiera realizado en el artículo 165, donde se reconocen a la Generalitatcompetencias compartidas en materia de Seguridad Social”. El Parlamento no acepta lacrítica del recurso de los diputados del grupo popular sobre la hipótesis de unadesigualdad entre autonomías cuando unas superen los mínimos estatales y otras no,considerando que se trata de una hipotética inconstitucionalidad potencial o futura y queahora “es de imposible planteamiento”.La abogacía del Estado se opuso al recurso por entender que la normativa autonómicarespetaba el marco constitucional así como también la doctrina del TC plasmada en lasentencia núm. 239/2002 de 11 de diciembre (recuérdese que se trataba de dosconflictos positivos de competencia promovidos por el Gobierno frente a los Decretosde la Junta de Andalucía por los que se establecían ayudas económicascomplementarias, de carácter extraordinario, a favor de los pensionistas por jubilación einvalidez en sus modalidades no contributivas).EL TC, en la sentencia 31/2010 de 28 de junio, desestima el recurso y acoge la tesis delgobierno autonómico de encuadramiento de la materia impugnada “en el ámbitomaterial de la asistencia y servicios sociales, y no en el de la Seguridad Social”, ya que,de tener cabida en esta, la referencia a las prestaciones debería hacerse en el artículoanterior del EAC, justamente el referido a la Seguridad Social. Pero, en sufundamentación jurídica el TC añade otra argumentación que no puedo dejar de destacarpor su importancia, aunque no afecte sólo al artículo 166 EAC sino a todos los queregulan competencias exclusivas de la autonomía catalana. Dado que en el recurso unode los puntos principales de conflicto era determinar qué debe entenderse por laexclusividad en el ámbito competencial, el TC se remite al fundamento jurídico núm.59, que aborda justamente la conformidad a la CE del art. 110 EAC, para desestimar elrecurso, e interpreta, o reinterpreta según los votos particulares, este precepto para queno tenga tacha de inconstitucionalidad, entendiendo que su redacción no puede impedirel ejercicio de las competencias exclusivas del Estado a las que se refiere el art. 149.1CE, “sea cuando éstas concurren con las autonómicas sobre el mismo espacio físico uobjeto jurídico, sea cuando se trate de materias de competencia compartida, cualquieraque sea la utilización de los términos “competencia exclusiva” o “competenciasexclusivas” en los restantes preceptos del Estatuto, sin que tampoco la expresión “entodo caso”, reiterada en el Estatuto respecto de ámbitos competenciales autonómicos, 3

tenga otra virtualidad que la meramente descriptiva ni impida, por sí sola, el pleno yefectivo ejercicio de las competencias estatales”.4. Mi atención se centra ahora en la normativa vigente reguladora de la RMI, y laprimera referencia obligada es la Ley 10/1997 de 3 de julio (modificada en variasocasiones desde su entrada en vigor) de la RMI.La norma tiene por objeto el establecimiento y regulación de un conjunto de actuacionesencaminadas a tratar las situaciones de pobreza, consistentes en varias medidassectoriales, según los factores presentes en cada situación, que cubran los distintosámbitos de la vida personal y social y que tengan efectos no sólo paliativos, sinotambién educativos, de inserción social y laboral y preventivos.Las prestaciones de la RMI contempladas por la ley se configuran, por lo tanto, comoun conjunto de instrumentos encaminados a la inserción social y, siempre que seaposible, mediante unas contraprestaciones que las personas beneficiarias secomprometen a llevar a cabo a cambio de recibir las diferentes actuaciones que fijaaquella ley, procurando evitar que entren en el circuito del asistencialismo.Para conseguir su finalidad, la RMI se desarrolla en prestaciones y actuaciones deservicios sociales, salud, enseñanza, formación de adultos, prestaciones económicas yacciones de apoyo para la integración social y laboral.Los destinatarios de esta norma son aquellas personas a cuyo favor se ha aprobado unplan individual de inserción y reinserción social y laboral y las personas que están acargo de éstas y que forman parte del plan como miembros de la unidad familiar.Según esta ley, y antes de la modificación operada por la Ley 7/2011, tenían derecho alas prestaciones que establece la RMI las personas que estuvieran empadronadas o seempadronaran en el momento de hacer la solicitud de prestación en cualquiera de losmunicipios de Cataluña, y que acreditaran una residencia continuada y efectiva enCataluña, como mínimo, con un año de antelación a la fecha de presentación de lasolicitud. Las ausencias que no interrumpan el cómputo de la residencia continuada yefectiva deben fijarse por Reglamento. También pueden ser solicitantes las personas queacrediten que, de los últimos cinco años, han residido cuatro de ellos en Cataluña deforma continuada y efectiva. Las personas solicitantes extranjeras que vivan en Cataluñadeben acreditar su residencia legal.Están exentas del requisito de residencia anterior las mujeres que hayan debido dejar sulugar de residencia para evitar maltratos a ellas o a sus hijos y que hayan llegado aCataluña y se encuentren en situación de pobreza severa.El solicitante debe constituir un hogar independiente, como mínimo, un año antes de lafecha de presentación de la solicitud. Quedan exentas de tales requisitos (como reglageneral) las personas que tengan menores o personas con disminución a su cargo. Debetener una edad comprendida entre los veinticinco y los sesenta y cinco años, o bien queno alcancen los veinticinco años en los siguientes casos: que tengan menores o personascon disminución a su cargo, o bien que estén en situación de desamparo o riesgo social,de acuerdo con las condiciones que se determinen por Reglamento. 4

No debe disponer de los medios económicos necesarios para atender las necesidadesbásicas de la vida: personas o unidades familiares que no obtengan durante los seis (conanterioridad a la entrada en vigor del Decreto-Ley 1/2010, doce) meses anteriores unosingresos superiores a la prestación económica de la RMI que corresponda al mismoperíodo. A partir del 1 de junio de 2.010, como he indicado con anterioridad, elcómputo se realizará durante un año, con posible prórroga, sólo tomando enconsideración los cuatro meses anteriores. Con la reforma operada por la Ley 7/2011 sevuelve al período de doce meses.Además, la persona solicitante ha de comprometerse a participar en las actividades quedeben formar parte del Plan de Inserción, diseñadas, a ser posible, con su colaboración,y que deben articular fórmulas de inserción o reinserción social y laboral adaptadashasta donde sea posible a la situación, capacidad y recursos de las personas o familias, afin de restablecer su plena autonomía personal y familiarEl Capítulo III regula la gestión de la RMI. Asimismo, se regula el contenido y latramitación del plan individual de inserción y reconversión social y laboral a través delcual se aplica la RMI, que tienen que preparar y elaborar los ayuntamientos y losconsejos comarcales, a través de los equipos básicos de atención primaria o bien através de las entidades de iniciativa social homologadas. El Capítulo IV establece lasprestaciones y las acciones que puede comprender la RMI, que se concretan en lassiguientes: prestaciones de urgencia y resarcimiento; apoyo a la integración social,acciones de formación de adultos; apoyo a la inserción laboral y la prestacióneconómica. Finalmente, el Capítulo V regula el importe y el pago de la prestacióneconómica, así como las causas que pueden motivar su modificación, suspensión yextinción.5. La ley catalana ha sido modificada y desarrollada, como he indicado, en numerosasocasiones desde su entrada en vigor, siendo sin duda la más importante la operada por lareciente Ley 7/2011 de 27 de julio y que explicaré en la segunda parte de este trabajo.Hecha esta observación, y a los efectos que ahora me interesan de relacionar estaprestación con las medidas de incentivación del acceso de los colectivos másdesfavorecidos al mercado laboral, voy a referirme sólo a algunas modificacionesoperadas desde 2006 a 2010 y que inciden en el apartado de las políticas deincentivación de la incorporación al mercado de trabajo de los sujetos perceptores de laRMI.A) Decreto 339/2006, de 5 de septiembre, de desarrollo de la Ley 10/1997, de 3 dejulio.La norma refunde tres Decretos anteriores que desarrollaban la Ley 10/1997, eincorpora nuevos cambios en la regulación de la RMI que, por lo que respecta a lapolítica de empleo, tienen por finalidad tomar en consideración la nueva realidad delmercado de trabajo y estimular la inserción de determinados colectivos que perciben laRMI.Para conseguir esa inserción laboral de los colectivos vulnerables y que perciben la RMIse adoptan diferentes medidas en el articulado y que se explican de forma general en laintroducción: "eliminando el carácter acumulativo de los contratos que puedan obtener 5

aquellas personas con retribuciones inferiores a la RMI y a las que se les deducirá el75% de la nómina durante seis meses; también mediante la no deducción de cualquieringreso derivado de un contrato a tiempo parcial inferior al 25% de la jornada laboral ya través de la no deducción de los contratos de trabajo fragmentados que logren 30 díascotizados y hacerlo únicamente en el tramo entre 30 y 60 días cuando hayan acumuladolos segundos treinta días. Asimismo, en el caso de contratos de trabajo a tiempo parcial,hay que considerar, a efectos de cálculo de la RMI, como días trabajados aquéllosefectivamente cotizados, dado que de la observación del mercado de trabajo secomprueba que menudean los contratos de corta duración”.Otra medida con la que se pretende incentivar la inserción laboral es la de mejorar eltratamiento de las familias monoparentales, realidad cada vez más patente en nuestrasociedad y más necesitada de protección, mejora que ya se inició con el Decreto316/2001 y que continúa con este Decreto, de forma que estas familias puedan continuarpercibiendo las ayudas complementarias de hijos menores y de monoparentalidaddurante un año “después de que la prestación económica haya sido suspendida oextinguida por inserción laboral". La concreción de tales medidas se efectúa en losartículos 16 y 17.B) En segundo lugar, reseño el Decreto 408/2006, de 24 de octubre, que modifica elDecreto 339/2006, de 5 de septiembre, de desarrollo de la Ley 10/1997, de 3 de julioLa norma tiene por finalidad regular la creación de nuevas ayudas complementarias a laprestación económica de la RMI si se produce la inserción laboral de una de laspersonas destinatarias; igualmente, se procede a modificar el importe de las ayudascomplementarias hasta entonces vigentes, en un 50 %, por hijos menores de 16 años,hijos discapacitados y para familias monoparentales.La norma encuentra su origen en las medidas de inclusión social pactadas en el Acuerdoestratégico de 16 de febrero de 2005, en concreto en aquella que insta al gobierno arediseñar la RMI para adaptarla al nuevo mapa de la exclusión social de Cataluña, y enla perspectiva de ir hacia una renta "que garantice unos ingresos de supervivencia aaquellas personas en situación de exclusión", y pretende incentivar la incorporación delos colectivos desfavorecidos perceptores de la RMI al mercado laboral.De tal forma, las personas insertadas en las condiciones previstas en la norma (unmínimo contractual de 3 meses y con una jornada que no sea inferior al 70 % de lahabitual) percibirán una ayuda complementaria durante un período que oscila entre seisy doce meses, en una cuantía del 35 % de la prestación básica vigente en cada momento.Dicho con las palabras de la introducción del texto, "estas ayudas permitirán que estaspersonas destinatarias, en caso de que sean contratadas o inicien una actividad enrégimen de autónomos, puedan percibir un complemento no superior a doce mesesmientras tienen la prestación económica suspendida o extinguida por inserción laboral".C) En tercer lugar, la referencia es la Orden TRE/120/2007, de 17 de abril, por la que seaprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Departamento deTrabajo para la inserción laboral de las personas en situación o grave riesgo deexclusión mediante empresas de inserción laboral 6

La norma tiene por finalidad, según puede leerse en su introducción, "establecermecanismos que faciliten la contratación en la empresa de inserción, con la finalidad deque los trabajadores en proceso de inserción adquieran las competencias transversalesnecesarias para una mejora de las posibilidades reales de ocupación". Para facilitar ellogro de este objeto se procede a la creación de un nuevo programa de fomento deempleo para posibilitar la contratación temporal de trabajadores desfavorecidos por lasempresas de inserción que ejerzan su actividad en el ámbito territorial de Cataluña y quese encuentren inscritas en el correspondiente registro administrativo.Podrán ser contratados los trabajadores en proceso de inserción comprendidos entre los16 y 65 años, siempre que pertenezcan a alguno de los colectivos especificados en lanorma y que son los siguientes: "a) Personas en situación de paro que no tengan derechoa percibir el subsidio o este se haya agotado y no tengan derecho a percibir la prestaciónde la renta mínima de inserción por no cumplir los requisitos de edad o aquellos queconstituyan un hogar independiente, como mínimo, un año antes y que no dispongan delos medios económicos necesarios para atender las necesidades básicas de la vida deacuerdo con el que dispone el artículo 6.1 apartado c) y e) de la Ley 10/1997, del 3 dejulio, de la renta mínima de inserción. b) Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30,que provengan de instituciones de protección de menores, o en riesgo de exclusión. c)Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que, a juicio del equipoterapéutico correspondiente, hayan superado las fases de desintoxicación ydeshabituación, y no mediar más de doce meses entre la finalización del mencionadotratamiento y el inicio del proceso de inserción. d) Personas internas en centrospenitenciarios, la situación de las cuales les permita acceder a una ocupación, así comopersonas en libertad condicional y personas ex reclusas, siempre que la contratación selleve a cabo dentro de los 18 meses posteriores a su excarcelación".La contratación deberá formalizarse por escrito, por una duración entre 3 y 24 meses,con la utilización de la modalidad contractual que se considere más adecuada para llevara cabo la actividad prevista, y con jornada pactada a tiempo completo o parcial. Paradejar clara constancia de que la norma va dirigida a personas que se encuentran ensituación regular, se indica de forma expresa que para poder contratar a un trabajadorextracomunitario éste deberá disponer del permiso de residencia y de trabajo quecorresponda.La cuantía de la subvención es de un máximo de 4.200 euros anuales, siempre y cuandose trate de un contrato a tiempo completo; si se tratara de un contrato a tiempo parcial,que en ningún caso podrá ser inferior al 50 % de la jornada laboral legal o pactada, lacuantía máxima anual será de 2.940,00 euros. Dado que el contrato puede tener unaduración máxima de 24 meses, la norma también prevé que pueda solicitarse la prórrogade la subvención. El impacto de la normativa laboral estatal, en concreto de la Ley43/2006 de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento del empleo y de lasrestricciones que establece una severa restricción para el uso encadenado de contratosde duración determinada, se deja sentir claramente en el texto ahora comentado, ya quela duración máxima de la prórroga podrá llegar a ser de 24 meses si se trata de contratostemporales, pero alcanzará hasta los 30 "en el supuesto de que los trabajadores pasen aformar parte de la estructura de la empresa como trabajadores fijos una vez finalizada lavigencia del contrato temporal". 7

D) En cuarto lugar, fijémonos en la Orden TRE/307/2007, de 23 de julio, por la que semodifica la Orden TRI/378/2006, de 19 de julio, por la que se aprueban las basesreguladoras que deben regir el programa de inserción laboral de personas condisminución y personas con dificultades de inserción laboral.Por lo que respecta a las modificaciones operadas en la normativa referenciada, cabedestacar, en primer lugar, que entre los sujetos pertenecientes a los colectivos afectadosse incluyen las personas que no pueda acceder al disfrute de la RMI pero que, a juiciode los servicios sociales, se encuentren en riesgo de exclusión. Por otra parte, se amplíael ámbito de actuación de los prospectores y también el de los sujetos que pueden serobjeto de las medidas de acompañamiento, con más referencias a las personas condiscapacidad. Además, se incrementa la cuantía de la ayuda para la contratación delprospector, que será de 1.750 euros mensuales por una duración máxima de doce mesescontinuados. Por último, las ayudas económicas a las empresas del mercado de trabajoordinario que contraten a trabajadores en proceso de inserción, una vez finalizado, seránde 1.000 euros por contratos de una duración mínima de seis meses.E) En quinto lugar me he de referir a la Orden TRE/267/2008, de 22 de mayo, por laque se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas y subvenciones a losprogramas de igualdad de oportunidades en el trabajo: programas laborales para ladiversidad.En la introducción de la norma se encuentran referencias a diferentes acuerdos políticosy normas en los que encuentra su punto de apoyo: el plan de gobierno 2007-2010; elacuerdo estratégico de 16 de febrero de 2005 (revisado y renovado) para lainternacionalización, la calidad de la ocupación y la competitividad de la economíacatalana; la Estrategia comunitaria de Lisboa y su desarrollo por medio de variasComunicaciones y programas de luchas contra la exclusión social; los planes estatales yautonómico catalán sobre la inclusión y cohesión social; la normativa autonómicareguladora de las empresas de inserción; la ley autonómica del derecho de las mujeres ala erradicación de la violencia machista; en fin, y por encima de todas las demás, elEstatuto de Autonomía de Cataluña que atribuye competencias ejecutivas a lageneralidad en materia de políticas activas de empleo.En todos estos documentos se constata que la falta de empleo, o su pérdida, constituyeun factor de riesgo que puede abocar a muchas personas, especialmente a las que tienenmás carencias ocupacionales y educativas, a una situación de exclusión social, y de ahíque la política autonómica catalana apueste por la adopción de medidas adecuadas queeviten que se produzcan tales situaciones, enfatizándose en la introducción del texto que“el hecho de permitir el acceso a una ocupación y, en consecuencia, a la normalizaciónpersonal y social en los sectores de la población, que no puede acceder a un puesto detrabajo en el mercado laboral, tiene que constituir uno de los objetivos de aquellaspolíticas que se orientan hacia una tarea eficaz de prevención y de inserción social”.Desde el punto de vista formal, la nueva norma regula en un único texto los diferentesprogramas ya existentes y que hasta entonces estaban regulados por normas específicas,al mismo tiempo que se aprovecha el nuevo marco para tratar de mejorar su gestión yregulación. Se trata, por consiguiente, de establecer un marco común que integre todoslos programas y que persigue, según dispone el artículo 2, “conseguir la mejora de laocupabilidad y la integración sociolaboral de los colectivos señalados como prioritarios 8

en cada convocatoria”, referenciándose en esta norma a las personas con discapacidad,los perceptores de la RMI y las personas en situación o riesgo de exclusión social.En concreto, y según dispone el Título I, los programas que se regulan de formaexhaustiva en la norma son, entre otros, los siguientes: de inserción sociolaboraldestinados a personas perceptoras de la RMI, mediante acciones directas y formativas(análisis y diagnóstico de la ocupabilidad, formación, inserción y acompañamientolaboral, seguimiento del itinerario) y de apoyo; de apoyo a las empresas de inserción, alas empresas y entidades colaboradoras de inserción y ayudas al autoempleo, medianteayudas económicas para contratación de perceptores de la RMI o para su instalacióncomo trabajadores por cuenta propia, así como también para la contratación de técnicosde acompañamiento a la inserción y a la producción en las empresas de inserciónsociolaboral;El título II regula las bases específicas de los distintos programas. El primer programaes el de inserción sociolaboral dirigido a personas perceptoras de la RMI y reguladiversas acciones formativas, de inserción y acompañamiento, a las que me he referidocon anterioridad. Los posibles sujetos beneficiarios deberán acreditar, además de losrequisitos generales, el específico de “experiencia en relación con la inserción depersonas en situación de exclusión social o en grave riesgo de exclusión, así como delas actividades para las cuales solicita subvención”. Entre otros gastos objeto de lasubvención se incluirán los gastos salariales de los formadores y del personal encargadode la preparación, seguimiento, evaluación, prospección y coordinación de losprogramas.El segundo programa contempla el apoyo a las empresas de inserción, a las empresas yentidades colaboradoras de inserción y las ayudas al autoempleo, con acciones dirigidasa los perceptores de la RMI y a otros sujetos que se encuentren en situación o riesgo deexclusión social y que no puedan acceder a la misma. Se prevé en primer lugar lacontratación de sujetos pertenecientes a todos los colectivos citados por parte de unaempresa de inserción sociolaboral, con una duración mínima del contrato de tres meses.El artículo 51 regula los diferentes importes de las ayudas en función de la duración delcontrato, previéndose con carácter general que será del 75 % del importe mensual delindicador de la renta de subsistencia de Cataluña (pudiendo llegar al 110 % cuando setrate de contratos iniciales o prorrogados de más de seis meses), con el tope del 60 %del salario bruto mensual y el 40 % de los costes salariales mensuales, es decir el sueldobruto más los costes de Seguridad Social. La solicitud de las ayudas económicas podráplantearse en ejercicios posteriores, hasta alcanzar un período máximo subvencionadode 30 meses, con independencia de que el trabajador contratado haya prestado susservicios en una o más empresas, si bien la propia norma deja la puerta abierta (bastanteabierta a mi parecer) a que se amplíen los plazos “cuando se trate de personasdestinatarias cuya situación económica y/o personal haya cambiado”.En segundo término, se regulan las ayudas a la contratación de los colectivos citadospor parte de las empresas y entidades colaboradoras de inserción., por un períodomínimo de tres meses. Con respecto a la cuantía y duración de las ayudas económicas,la diferencia con respecto al primer subprograma es que la cuantía podrá alcanzar hastael 90 % del Indicador de rentas de subsistencia de Cataluña (IRSC) cuando se trate decontratos de duración igual o superior a 12 meses, y que la petición de prórroga de lasayudas podrá alcanzar hasta un máximo de 12 meses. 9

En tercer lugar, se regula el apoyo a la contratación de los colectivos antes citados, yque provengan de una empresa de inserción, por parte de empresas y entidadescolaboradoras de inserción, con una duración mínima del contrato de 6 meses y siempreque se haya iniciado a la finalización del contrato que el sujeto afectado tenía con laempresa de inserción. El montante de la ayuda será de 1250 euros a la empresa deinserción y el 80 % del IRSC a la empresa contratante y por un período máximo de 12meses, período que en cualquier caso será el máximo durante el que se pueda pedir, enuno o varios ejercicios presupuestarios, la ayuda correspondiente.A continuación, la norma contempla las medidas de apoyo al autoempleo de perceptoresde la RMI, con una antigüedad mínima acreditada de la percepción de 6 meses, queacrediten su situación de alta por cuenta propia en algún régimen de la SeguridadSocial. La ayuda, que podrá llegar hasta un período máximo de 24 meses, consistirá enel abono de la cuota correspondiente a la base de cotización mínima del régimen deSeguridad Social que corresponda.Por fin, una parte novedosa con respecto a anteriores regulaciones es la de incentivacióneconómica a la contratación de técnicos de acompañamiento a la inserción por parte deuna EI (el número máximo de contratos es de dos), que lleve a cabo medidas deprospección y acompañamiento para la inserción laboral de los colectivos antesreferenciados, así como también de la de un técnico de acompañamiento a la producciónque lleve a cabo medidas de formación en el puesto de trabajo. La cuantía de lasubvención variará en función del número de trabajadores que tengan a su cargo lostécnicos de acompañamiento a la inserción y a la producción (25.000 y 21.000 eurosanuales, respectivamente, y por un máximo de 12 mensualidades, cuando el grupo seade 8 a 15 trabajadores; 17.000 y 14.000 euros cuando el grupo sea de 5 a 7 trabajadores;11.800 y 9.500 euros si el grupo lo integran entre 2 y 4 trabajadores. En todos los casos,la retribución final que perciba el trabajador no podrá ser inferior a la cuantía mínimaprevista en el convenio colectivo).La norma, por último, procede a la derogación de todas las Ordenes que regulaban conanterioridad los diferentes programas que se recogen en la misma, un total de seisÓrdenes dictadas entre 2005 y 2007, en todo aquello que se oponga a lo dispuesto en elnuevo texto.F) En sexto lugar, hay que analizar el Decreto 228/2008, de 18 de noviembre, demodificación del Decreto 339/2006, de 5 de septiembre, de desarrollo de la Ley10/1997, de 3 de julio, de la RMI.La norma entró en vigor el 1 de enero de 2009 y modifica algunos preceptos de lanormativa vigente reguladora de las prestaciones de la RMI, al objeto de adaptarse alperfil de las personas perceptoras de la RMI y a las dificultades existentes para accederal trabajo de buena parte de ellas.Dos son los ejes centrales de la norma: en primer lugar, el incremento del importe de loscomplementos para miembros adicionales de las familias y ayudas adicionales quecorrespondan, de acuerdo con la situación familiar del beneficiario, justificándose elcambio por el deseo de proteger más eficazmente al colectivo de familiasmonoparentales y nucleares con hijos (una gran mayoría de las familias beneficiarias de 10

la RMI). En segundo término, premiar el esfuerzo de las personas que buscan yencuentran trabajo, de tal forma que se reduce de tres meses (fijado en la normativa quese deroga) a sólo uno la duración mínima que se exigirá de la relación laboral parapoder percibir la ayuda complementaria.G) En séptimo lugar hay que prestar atención a la Orden/TRE/509/2009 de 2 denoviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas ysubvenciones a los programas de igualdad de oportunidades en el trabajo: programaslaborales para la diversidad.En la introducción de la norma se hace referencia al programa operativo del FondoSocial Europeo 2007-2013, uno de cuyos objetivos es el fomento de la empleabilidad, lainclusión social y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y también serecuerda que el año 2010 ha sido declarado por la Comisión Europea como año de luchacontra la pobreza y exclusión social. Obviamente, también se cita el Estatuto deAutonomía de Cataluña, que atribuye competencias ejecutivas a la generalidad enmateria de políticas activas de empleo.La norma establece un marco común, siguiendo la línea emprendida por la OrdenTRE/267/2008 de 22 de mayo, que integra todos los programas y que persigue, segúndispone el artículo 1, conseguir “la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral delos colectivos con más dificultades para acceder al mercado de trabajo mediante losprogramas laborales para la diversidad”En concreto, y según dispone el Título I, las líneas de actuación, estructuradas endiversos programas que se regulan en la norma son los siguientes: de inserciónsociolaboral destinados a personas perceptoras de la renta mínima de inserción (RMI) ya las que se encuentren en riesgo de exclusión social procedentes de una empresa deinserción; de apoyo a las empresas de inserción; de apoyo y ayuda a la contrataciónindefinida en la empresa ordinaria de personas con discapacidad y/o trastorno mental;promoción de empresas inclusivas.El título II regula las bases específicas de los distintos programas. El programa A2 es elde inserción sociolaboral dirigido a personas perceptoras de la RMI y regula diversasacciones formativas, de inserción y acompañamiento, Los posibles sujetos beneficiariosdeberán acreditar, además de los requisitos generales, el específico de “experienciarespecto del colectivo en riesgo de exclusión social y en el ámbito ocupacional en el quese quiere actuar”. Entre otros gastos objeto de la subvención se incluirán los gastossalariales de los formadores y del personal encargado de la preparación, seguimiento,evaluación, prospección y coordinación de los programas.A) El programa A2 tiene por finalidad apoyar la contratación de determinadoscolectivos listados en la norma, así como fijar una política de incentivar el autoempleode los mismos. Va dirigido, en los términos recogidos en el artículo 20, a las personasdestinatarias de la RMI, y a las personas en situación o grave riesgo de exclusión socialy/o personas destinatarias de la RMI procedentes de una empresa de inserción.La ayuda económica que percibirá la entidad colaboradora de inserción que contrate apersonas del primer colectivo será del 75 % del IRSC, pudiendo llegar al 90 % si laduración del contrato supera los 12 meses, con un número máximo de 25 contrataciones 11

y con una cuantía de la subvención que no podrá superar en cada caso el 60 % delsalario bruto mensual del trabajador (contratos inferiores a 12 meses) y el 60 %multiplicado por el coeficiente corrector del 1,2 /contratos de más de 12 meses deduración). Si la contratación es de un sujeto del segundo colectivo, la cuantía máximade la subvención será del 80 % del IRSC y por un período máximo de 12 meses.La solicitud de las ayudas económicas podrá plantearse en ejercicios posteriores, hastaalcanzar un período máximo subvencionado de 12 meses, con independencia de que eltrabajador contratado haya prestado sus servicios en una o más empresas, si bien lapropia norma deja la puerta abierta (bastante abierta a mi parecer) a que se amplíen losplazos cuando se trate de personas destinatarias “cuya situación económica y/o personalhaya cambiado”.B) A continuación, la norma contempla las medidas de apoyo al autoempleo para loscolectivos citados, que acrediten su situación de alta por cuenta propia en algún régimende la Seguridad Social. La ayuda, que podrá llegar hasta un período máximo de 24meses, consistirá en el abono de la cuota correspondiente a la base de cotización mínimadel régimen de Seguridad Social que corresponda, si bien la prórroga de la subvenciónal finalizar el primer año de concesión estará condicionada, según dispone el artículo22.4, “a la evaluación de cada situación en particular y a la consolidación del puesto detrabajo autónomo”.C) El programa B3 regula el apoyo al funcionamiento de las empresas de inserción. Seprocede a la incentivación económica a la contratación de técnicos de acompañamientoa la inserción por parte de una EI (el número máximo de contratos es de dos), que llevea cabo medidas de prospección y acompañamiento para la inserción laboral de loscolectivos antes referenciados, así como también de la de un técnico deacompañamiento a la producción que lleve a cabo medidas de formación en el puesto detrabajo. La cuantía de la subvención variará en función del número de trabajadores quetengan a su cargo los técnicos de acompañamiento a la inserción y a la producción(25.000 y 21.000 euros anuales, respectivamente, y por un máximo de 12mensualidades, cuando el grupo sea de 8 a 15 trabajadores; 17.000 y 14.000 euroscuando el grupo sea de 5 a 7 trabajadores; 11.800 y 9.500 euros si el grupo lo integranentre 2 y 4 trabajadores). En todos los casos, la retribución final que perciba eltrabajador no podrá ser inferior a la cuantía mínima prevista en el convenio colectivo.D) El programa B4 regula los incentivos a la contratación de personas en riesgo deexclusión por parte de las empresas de inserción. Se regulan las ayudas a la contrataciónde los colectivos citados en el artículo 4 por parte de las empresas de inserción por unperíodo mínimo de 3 meses y máximo de 1 año. Con respecto a la cuantía y duración delas ayudas económicas, podrá alcanzar hasta el 75 % del IRSC, sin superar el 60 % delsalario bruto mensual que perciba el trabajador. La cuantía podrá alcanzar 110 % delimporte mensual del IRSC cuando el contrato tenga una duración igual o superior a 6meses, con posible solicitud de prórroga anual hasta un máximo de 30 meses. Además,las empresas que inserción que consigan incorporar a una persona perteneciente a loscolectivos referenciados en una empresa colaboradora de inserción recibirán una ayudaeconómica de 1.250 euros.E) Por fin, el programa B5 regula ayudas para la formación de cuadros directivos y degestión, para facilitar su participación en programas de formación especializada. Según 12

dispone el artículo 33.1 la ayuda será en especie “y corresponde a la asistencia yparticipación en acciones de formación especializada, tanto en el ámbito directivo comoen el del seguimiento técnico de los procesos de inserción, para profesionales de lasempresas de inserción”.II. La regulación de la RMI a partir de la entrada en vigor de la Ley 7/2011 de 27de julio, que modifica la Ley 10/1997.1. El Parlamento catalán aprobó en sesión plenaria celebrada el 20 de julio el proyectode ley de medidas fiscales y financieras, publicado ya como Ley 7/2011, de 27 de julio,en el DOGC del día 29 y con entrada en vigor al día siguiente.Es difícil que las personas perceptoras de la renta mínima de inserción tenganconocimiento de los cambios introducidos por la norma, pero de lo que no hay ningunaduda es de que les afectan, y no sólo a ellas sino a las que puedan potencialmente tenerderecho a la misma. Les puedo asegurar que es un ejercicio poco agradecidointelectualmente hacer un seguimiento de las modificaciones operadas en numerosostextos legales por la ley ahora objeto de comentario, para intentar conocer cómo afecta,en mi ámbito profesional, a contenidos laborales y de protección social, y ademássiempre te queda la duda de si habrás hecho una buena y correcta lectura de la normapara que no se te pase ninguna novedad.Ya tenía conocimiento, a través de las críticas formuladas por algunos gruposparlamentarios, básicamente los que apoyaban al gobierno anterior, de lasmodificaciones incorporadas en el entonces proyecto de ley, en concreto su artículo 52,a la Ley 10/1977, de 3 de julio (modificada) de la Renta Mínima de Inserción. Puesbien, el texto no ha sido modificado en la tramitación parlamentaria y se ha aprobado enidénticos términos que el proyecto. En la introducción de la Ley encontramos dosescuetas líneas referidas a ese cambio, contentándose el legislador con afirmar que elnuevo artículo 62 (recogido en la sección segunda del capítulo III del Título II)introduce “modificaciones puntuales” en la citada Ley (por cierto, me gustaría saber quéentiende el legislador por “puntual” de entre las diversas acepciones de la palabraexistentes tanto en el diccionario castellano como catalán: ¿precisas, concretas,conformes, convenientes, adecuadas?).2. A mi parecer las modificaciones pueden conceptuarse de importantes, en la línea deintroducir restricciones al acceso al percibo de la RMI y limitar su cuantía máxima si sepercibe con otras ayudas. Dicho de forma más clara, el cambio implica volver en granmedida al marco normativo anterior al 19 de enero de 2010, fecha en que entró en vigorel Decreto-Ley 1/2010 de 12 de enero por el que se modificaba la Ley 10/1977.Realizaré mi explicación siguiendo el mismo orden que el recogido en el artículo 62 dela Ley 7/2011 por lo que respecta a las modificaciones operadas en la Ley 10/1977.Recuerdo antes, para comprender mejor el alcance de parte del cambio operado por laLey 7/2011, que el citado Decreto-Ley tenía como objetivo facilitar que pudieranbeneficiarse de la RMI un mayor número de personas y unidades familiares. A tal efectose reducía el período de cómputo para el cálculo de los ingresos de la unidad familiar,que pasaba de doce a seis meses, y además a partir del 1 de junio se efectuaría dichocómputo sólo sobre los cuatro meses anteriores, adoptándose esta última medida con 13

carácter temporal durante un año, si bien se dejaba la puerta abierta a su posibleprórroga en función de cómo evolucionara la situación económica y cómo impactarasobre las familias catalanas.3. ¿Cuáles son las modificaciones introducidas a partir del 30 de julio en la regulaciónlegal de la RMI?A) En primer lugar se hace más difícil el acceso a la RMI ya que se vincula a un mayortiempo de residencia continuada y efectiva en la Comunidad Autónoma. Seráobligatorio acreditarla como mínimo “con dos años” de antelación a la presentación dela solicitud, mientras que en el texto vigente hasta el 29 de julio dicho período era sólode un año. Además, entre las obligaciones de los destinatarios de la prestación seincluye la de “encontrarse permanente en Cataluña mientras se percibe la prestacióneconómica”, si bien se pueden fijar excepciones por vía reglamentaria (modificación dela letra b del artículo 6.1, y nueva letra, i, añadida al artículo 7).Se mantiene la otra posibilidad de acceso, cual es que las personas solicitantes acreditenque “de los últimos cinco años, han residido cuatro en Cataluña de manera continuada yefectiva”. No hay tampoco ninguna modificación por lo que respecta al derecho deacceso de los extranjeros a la RMI, para los que se requiere además que acrediten suresidencia legal.B) En segundo término, y como ya he indicado, se vuelve a la normativa vigente conanterioridad al 19 de enero de 2010, de tal manera que tendrán derecho a la RMIquienes no dispongan de los medios económicos necesarios para atender las necesidadesbásicas de la vida, considerándose legalmente en esa situación “las personas o lasunidades familiares que no obtengan durante los doce meses anteriores unos ingresossuperiores a la prestación económica de la renta mínima de inserción que corresponda almismo período”, previéndose igualmente que en el supuesto de percepción de ingresosirregulares, ya sea de su cuantía como de su periodicidad, “debe tenerse como referenciael promedio de los obtenidos durante los doce meses anteriores a la solicitud.” El plazofijado en la última modificación de la normativa reguladora de la RMI era de seis mesespara ambos supuestos (modificación de la letra e del artículo 6.1), con reducción acuatro meses desde el 1 de junio de 2010.C) La restricción al acceso a la RMI también queda recogida en la modificación operadacon respecto a la posibilidad de acceder a su percibo si se reciben otras prestaciones. Lanormativa vigente hasta el 29 de julio limitaba el acceso a las personas solicitantes (omiembros de la unidad familiar con derecho a percibirlas) que percibieran otrasprestaciones públicas además de la RMI siempre y cuando su importe superara laprestación económica de la RMI “calculada de acuerdo a lo establecido en la presenteLey y la correspondiente disposición reglamentaria”, mientras que en la nuevaregulación desaparece esa limitación cuantitativa y se suprime el derecho a acceder aquienes simplemente tenga “derecho a percibir otras prestaciones públicas, ayudas osubvenciones” (modificación de la letra a del artículo 6.2).D) La Administración dispondrá de un plazo superior al anteriormente vigente pararesolver sobre la aprobación del plan individual de inserción y reinserción social ylaboral, al mismo tiempo que se vuelve al silencio administrativo negativo en elsupuesto de falta de respuesta por la autoridad competente para resolver. En efecto, 14

mientras que en la normativa recién derogada el plazo para la toma del acuerdodefinitivo sobre el plan no podía superar los dos meses, ahora se amplía a cuatro;además, mientras que el silencio administrativo, transcurrido aquel plazo, significaba laaprobación provisional de la prestación y el derecho a poder iniciar su percibo, la nuevanormativa considera denegada la prestación económica si no responde en tiempo yforma la Administración (modificación del artículo 11.2).E) Las restricciones económicas llevan a una modificación de los términos utilizados enlas normas y que tienen, obviamente, consecuencias jurídicas importantes en cuanto alreconocimiento de derechos subjetivos para los destinatarios de las prestaciones. Enrelación con el importe de la prestación económica básica, los complementos y lasayudas complementarias, la nueva norma deja la puerta abierta, y nada más, a suactualización, disponiendo que “pueden actualizarse” por la ley presupuestaria segúncómo evolucione la situación económica general, mientras que en el texto derogado sefijaba taxativamente que la prestación económica básica y los complementos debíanrevalorizarse anualmente “de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC)previsto para el año” (modificación del artículo 21.1). Otra modificación relevante es laintroducida en la disposición final tercera de la Ley 10/1977: la normativa anteriormentevigente fijaba la obligación del gobierno de habilitar en cada ejercicio presupuestario“los oportunos créditos en el correspondiente proyecto de ley de presupuestos”, alobjeto de cubrir el gasto que se ocasionara, mientras que la nueva norma remitetambién, obviamente, a la ley presupuestaria para fijar el importe máximo destinado a laprestación de la RMI, añadiendo ad cautelam que el gobierno podrá habilitar créditoscomplementarios “si lo permite la situación económica financiera de la Generalitat”.Para el año en curso, el artículo 8 de la Ley 6/2011 de 27 de julio, de Presupuestos de laGeneralitat para 2011, conceptúa como crédito ampliable, hasta una cantidad igual a lasobligaciones que es preceptivo reconocer, previo cumplimiento de las normas legalespertinentes, “c) En la sección Departamento de Empresa y Empleo, el crédito de lapartida presupuestaria IVO 08 D/480.0005/333, para las prestaciones económicas de larenta mínima de inserción (RMI)”.F) ¿Qué ocurre a partir del 30 de julio con la cuantía máxima que puede percibir unapersona beneficiaria, no sólo de la RMI sino también de las ayudas complementarias alas que en su caso pueda tener derecho? Es aquí donde el cambio es algo más que una“modificación puntual” tal como se afirma en la exposición de motivos de la Ley7/2011.La normativa anterior disponía que la determinación de las cuantías máxima y mínimade la prestación debía efectuarse por vía reglamentaria, mientras que el texto en vigor apartir del 30 de julio, y por consiguiente de plena aplicación a las cuantías que seperciban el mes de agosto, dispone que el cómputo total mensual del importe de laprestación económica de la RMI, “junto con el importe de las ayudas complementariasque se creen por reglamento no puede superar el salario mínimo interprofesional”, esdecir 641,40 euros/mes o 21,38 euros/día (modificación artículo 21.3). Convienerecordad aquí los términos del Decreto 339/2006, de 5 de septiembre, más exactamentede su artículo 17.4: “El importe de la prestación económica de la RMI que correspondaa cada unidad familiar no puede ser superior al 190% de la prestación económica básica.La cuantía mínima de la prestación económica reconocida no puede ser inferior al 25%de la prestación económica básica”. 15

Está por ver cuál será el impacto económico, y social, de la medida cuando se abonenlas prestaciones del mes de agosto. En cualquier caso, recuerdo ahora cuáles son lascuantías fijadas para el año 2011 por el Departamento de Empresa y Empleo(“Resolución EMO/496/2011, de 21 de enero, por la que se fija el importe de laprestación económica básica de la renta mínima de inserción para el año 2011, así comoel de los complementos por miembro adicional de la unidad familiar y el de las ayudascomplementarias”), que obligatoriamente deberán tomar en consideración el tope legalfijado por la Ley 7/2011: el importe de la prestación económica básica es de 423,70euros mensuales; el complemento por miembro adicional la unidad familiar es de 55,29euros para el primer, segundo y tercer miembro adicional, y de 35,59 euros para elcuarto y siguientes miembros adicionales; la cuantía de las ayudas complementarias esde 41,47 euros por cada hijo o hija menor de 16 años, de 82,94 euros por cada hijo ohija con un grado de disminución de al menos un 33 %, de 82,94 euros para familiasmonoparentales que no perciben pensión de alimentos o para aquellas que reciban unapensión de alimentos igual o inferior al 50% de la prestación básica vigente, y de 35,31euros para personas solas con grado de dependencia que les impide la inserción laboral;la ayuda por hospitalización de miembros de la unidad familiar está fijada en 14,12euros diarios; en fin, recuérdese que también hay prevista una ayuda complementariapor inserción laboral, que se fija en 148,30 euros mensuales (ayuda que desaparece en elproyecto de Decreto de desarrollo de la Ley 10/1997 tras su modificación por la Ley7/2011).G) Respecto al abono de la prestación económica, se mantiene la regla general que lofija con efectos desde el primer día del mes siguiente al de la fecha de entrada de lasolicitud en el correspondiente registro autonómico o de la fecha en que se hayacompletado toda la documentación necesaria para acreditar la concurrencia de losrequisitos, pero desaparece ahora la posibilidad prevista en la normativa derogada deavanzar el pago desde el mismo mes de la petición, y a la espera de la decisióndefinitiva que adoptara la autoridad competente para resolver, “a petición del equipobásico de atención primaria responsable del Plan individual de inserción y reinserciónlaboral y de acuerdo a los parámetros establecidos por Reglamento” (modificación delartículo 23).La duración máxima de doce meses en un ejercicio presupuestario podía ser prorrogadasegún la normativa anterior en las circunstancia determinadas por Reglamento. Lanueva regulación, a la espera de su concreción en sede reglamentaria, fija ya el períodomáximo de percepción en sesenta meses desde su inicio, con la excepción de aquellosujetos titulares que en el momento de alcanzar esta cifra “tengan sesenta años o más,que pueden seguir percibiendo la prestación económica hasta cumplir sesenta y cinco,siempre y cuando continúen reuniendo los demás requisitos”. No obstante, el períodomáximo de sesenta mensualidades tampoco se fija con carácter taxativo para todos losrestantes supuestos, ya que la propia norma ahora objeto de comentario confiere poder ala Comisión Interdepartamental de la RMI para que, de manera excepcional, permita laprórroga anual de los expedientes “que presenten una situación de pobreza severamediante un informe de evaluación”. Otra excepción, incorporada por la vía deintroducir una nueva disposición transitoria segunda a la Ley 10/1977, consiste en elderecho a percibir prestaciones de los titulares que hayan superado las sesentamensualidades y cuyos expedientes continúen abiertos, por un período máximo de tresaños (con una nueva excepción para titulares de sesenta años o más el día 30 de julio,fecha de entrada en vigor de la Ley 7/2011), en el bien entendido que durante ese 16

período “los equipos básicos de atención primaria deben haber efectuado elcorrespondiente informe de evaluación descrito por el artículo 23.2 para continuarpercibiendo la prestación”.En cualquier caso, la norma no prohíbe que una persona que haya agotado el períodomáximo pueda volver a solicitar el percibo de la RMI, ya que la modificaciónincorporada al artículo 23.2, último párrafo, de la Ley 10/1977, es muy clara al respecto:“Los titulares de expedientes que han sido extinguidos por haber agotado el período desesenta mensualidades no pueden solicitar un nuevo expediente hasta que hayatranscurrido, como mínimo, un año desde la extinción”.2. El 21 de julio el Departamento de Empresa y Empleo remitió al Consejo de Trabajo,Económico y Social de Cataluña, un proyecto de Decreto http://bit.ly/n3BhnO dedesarrollo de la Ley 10/1997. La modificación de esta norma ya se había producido eldía anterior, habiendo aprobado el Pleno del Parlamento Catalán el 20 de julio elproyecto de ley de medidas fiscales y financieras, y de ahí que el proyecto de Decretodesarrolle el texto legal modificado. Analizaré a continuación las novedades másimportantes de la futura norma, o mejor dicho las todavía propuestas, en relación con lanormativa reglamentaria todavía vigente, el Decreto 339/2006, de 5 de septiembrehttp://bit.ly/phxIq4, modificado per Decreto 408/2006, de 24 de octubrehttp://bit.ly/pt0VeW y Decreto 228/2008, de 18 de noviembrehttp://www.gencat.cat/diari/5270/08317185.htm, así como también por el Decreto Ley1/2010, de 12 de enero http://bit.ly/qtzWvQ, en cuanto que este texto modificó la Ley10/1997.A) Numerosas modificaciones son consecuencia de la incorporación al futuro Decretode los cambios introducidos en la Ley 10/1997 por la Ley 7/2011, y de ahí que lascríticas que se han formulado, y las que aún puedan formularse, deben ir dirigidas a lareforma legal que ahora se completa por vía reglamentaria. En la introducción del textose afirma que la Ley 7/2011 ha incorporado modificaciones “substanciales” a la Ley10/1997 que hacen necesaria la adaptación de la normativa reglamentaria. Por cierto,coincido con los redactores del Decreto al valorar la importancia de las modificaciones,que por el contrario son calificadas, como antes he explicado, simplemente de“puntuales” en la Ley 7/2011.a) Consecuencia de la adaptación reglamentaria es, en primer lugar, los cambios en elartículo 4, que regula los requisitos para ser titulares de las prestaciones de la RMI: laacreditación de la residencia continuada y efectiva en Cataluña como mínimo dos añosantes de antelación a la fecha de la presentación de la solicitud (un año conanterioridad); la no disposición de ingresos, durante un período de doce meses,superiores a la prestación económica de la RMI que corresponda a este período (cuatromeses desde el 1 de junio de 2010).b) La limitación presupuestaria contemplada expresamente en el artículo 9 confirma lavinculación de la RMI a las disponibilidades presupuestarias, ya prevista en la Ley7/2011 pero no de un forma totalmente explícita a mi parecer, y abandona porconsiguiente la consideración del acceso a la RMI como un derecho subjetivo para todasaquellas personas que cumplan los requisitos legales. El ejemplo claro y evidente es elapartado 5, en el que dispone que cuando la disponibilidad presupuestaria no seasuficiente para aprobar la totalidad de los expedientes, la Comisión Interdepartamental 17

elevará al gobierno una propuesta para determinar los criterios de prelación de losmismos.c) La limitación fijada por la Ley 7/2011 en la cuantía a percibir se reitera en losartículos 4.2 y 16.2: el salario mínimo interprofesional será el tope del importe de laprestación económica de la RMI juntamente, en su caso, con el importe de las ayudascomplementarias.d) La duración máxima de la RMI, fijada en 60 meses en la Ley 7/2011, con algunasexcepciones, se recoge también en el artículo 19, en el que se remite a la ComisiónInterdepartamental la concreción de los criterios de duración y renovación de laprestación económica y de las ayudas complementarias.B) Otras modificaciones incorporadas al proyecto de Decreto no son resultado de lareforma legal, sino opciones de política legislativa adoptadas por el poder ejecutivosobre cuál debe ser la finalidad de la RMI y a qué personas, y en qué condiciones, debeir dirigida; opciones, que en ningún caso pueden suponer un desarrollo reglamentarioultra vires, es decir que exceda de los límites impuestos por la norma legal, y es ahí sinduda donde se encuentra el debate sobre los requisitos que deben cumplir las personasque deseen ser titulares de la prestación. Son justamente sobre algunas de estaspropuestas dónde se han centrado las críticas del Dictamen 6/2011 del CTESC, que creoque sería muy conveniente que el gobierno catalán valorara rigurosamente antes deaprobar el texto definitivo.a) La razón de ser de algunas de estas modificaciones puede deducirse de laintroducción de la norma, en la que se argumenta que la RMI está atendiendo en laactualidad a muchas personas que simplemente están fuera del mercado de trabajo comoconsecuencia de la crisis económica, y que esta protección corresponde a los poderespúblicos estatales por la vía de la normativa sobre protección del desempleo, para podervolver así, siempre según los redactores del texto, a que la norma autonómica retorne asus orígenes, proporcionar cobertura a situaciones de riesgo y de exclusión social. Seolvidan quienes han redactado este texto que la normativa catalana de la RMI, desde1990, no sólo pretendía proporcionar dicha cobertura, sino también adoptar las medidasadecuadas que permitieran la reinserción de las personas afectadas (ciertamente ennúmero menor que en la actualidad) en el mercado de trabajo.b) Un nuevo requisito para ser titular de la prestación de la RMI se ha incorporado alartículo 4.1, en concreto la letra g), debiendo presentar las personas solicitantes “deacuerdo con la evaluación de los servicios sociales, dificultades de inserción social ylaboral”. El precepto se completa con otra novedad incorporada en la nueva letra h) delartículo 4.2, disponiéndose que no tendrán acceso a la prestación económica de la RMI“las personas que sólo presenten una problemática laboral derivada de la falta o pérdidadel trabajo, que no acrediten una dificultad social añadida, y que por tanto no requieranningún tipo de intervención social y continuada”. No obstante, inmediatamente acontinuación se matiza la total exclusión anterior y se reconoce la posibilidad depercibir la prestación una vez que hayan transcurrido seis meses desde el agotamientode las prestaciones y subsidios por desempleo, y “siempre y cuando quede acreditadauna dificultad social añadida”. 18

Por consiguiente, el deseo del texto es claro: quienes hayan perdido su trabajo y “sólo”tengan este problema, además de otro “pequeño” problema como es haber agotado lasprestaciones por desempleo, no tendrán derecho a la prestación económica de la RMIporque su dificultades radican en la falta de trabajo y nada más, y de ahí que suprotección económica deba ser en cualquier caso estatal y la búsqueda de empleohacerse a través de los circuitos ordinarios (medidas de políticas activas de empleo,competencia autonómica por cierto). El deseo del legislador, supongo que muyvinculado a las disponibilidades económicas para este tipo de protección social, es quesólo accedan a la RMI los sujetos más necesitados, no tanto laboral sino socialmente.Ahora bien, después de esta larga explicación, me surge una pregunta que traslado aquien sepa o pueda responderla: ¿cómo se distinguirá entre quienes tienen más o menosdificultades sociales: por período de desempleo, por mayor o menor titulación ocompetencias profesionales? No me extraña en absoluto las críticas formuladas por elCTESC en su Dictamen, tanto por incorporar requisitos no previstos en la Ley 7/2011como por vulnerar la filosofía de la RMI, tal como he apuntado con anterioridad; para elCTESC, se ha de garantizar recursos a todas las personas en situación de necesidad y asus familias, de tal manera que el texto propuesto por el gobierno autonómico “puededejar desprotegidas a todas aquellas personas sin trabajo y a sus familias que hanagotado todas las prestaciones por desempleo y para las que la RMI era su últimosustento económico”.c) Entre las obligaciones de las personas destinatarias de la prestación se incluye ahorade forma expresa (artículo 5 i) la permanencia de forma permanente en Cataluñamientras se esté percibiendo, con la posibilidad excepcional de ausentarse, con previacomunicación al órgano que haga su seguimiento, durante un período máximo de unmes. Sin entrar ahora en los debates habidos durante este mes de agosto, recuerdo que lanormativa vigente posibilita el control del correcto percibo de las prestaciones socialespor parte de sus destinatarios.d) Han desaparecido, en la propuesta de Decreto, dos apartados del artículo 10 queregula la coordinación, seguimiento y evaluación del programa, y que ciertamentereforzaban la importancia de los acuerdos adoptados en las reuniones de trabajo entretodas los equipos y organismos sociales que trabajan en este ámbito, además de sutraslado posterior a instancias políticas para que fueran valorados. Parece que la futuranorma rebaja la importancia de esas reuniones y sus acuerdos, o cuando menos no deseaque puedan condicionar las decisiones políticas, habiendo sido también criticada estaexclusión por el CTESC y solicitada su reincorporación al texto que finalmente seapruebe.e) La redacción del artículo 14, dedicado a las acciones de formación de adultos, es casitotalmente diferente de la anterior, ya que en el texto aún vigente se pone el énfasis enlas medidas que faciliten la inserción o reinserción social o laboral por medio de lasdiferentes vías educativas, mientras que el nuevo texto enfatiza la cualificaciónacadémica y la reincorporación al sistema educativo de las personas adultas. Parece, ami entender, un cambio relevante sobre cuál debe ser el objetivo de estas accionesformativas, aunque no hay duda que la mejora del nivel educativo ayuda a la mejorincorporación al mundo laboral.f) El artículo 17 regula las deducciones de la prestación económica de la RMI. Enprimer lugar, se dispone que cuando algún miembro de la unidad familiar perciba 19

ingresos de cualquier tipo, no se computará a los efectos de los complementos y ayudascomplementarias previstas en la norma para los miembros de una unidad familiar. Porotra parte, los distintos tipos de ingresos que no se deducirán del importe de laprestación se reducen sensiblemente con respecto a la normativa vigente, y la“desvinculación” de la RMI del ámbito laboral se demuestra una vez más con ladesaparición de las no deducciones aún vigentes por “cualquier tipo de remuneraciónpercibida como consecuencia de las acciones de inserción derivadas de la RMI durantelos seis primeros meses”, y “cualquier tipo de remuneración percibida comoconsecuencia de un trabajo realizado por cualquier hijo o hija menor de 30 años”. Estassupresiones también han sido criticadas por el CTES, que ha propuesto que semantengan.g) Las disposiciones adicionales tienen una importancia mucho mayor de la quehabitualmente poseen en los textos normativos, y guardan estrecha relación con ladisposición final que prevé la entrada en vigor del futuro Decreto al día siguiente de supublicación en el Diario Oficial autonómico. En efecto, la cuantía máxima de laprestación, el SMI, será de aplicación no sólo a los expedientes que se inicien a partir dela entrada en vigor de la norma, sino también a los que ya están vigentes, teniendoefectos económicos desde “el primer día del mes siguiente al de la entrada en vigor deeste decreto”. Dicho de forma más clara, todas aquellas personas y unidades familiaresque estén percibiendo prestaciones económicas por encima del SMI verán reducidas lasmismas hasta esa cantidad (611,40 euros mensuales).Además, aquellos expedientes en los que “sólo” hay una situación derivada de pérdidade trabajo “y ninguna dificultad social añadida”, deberán ser revisados por el órganocompetente “a efectos de su actualización”. ¿Actualización quiere decir extinción de laprestación? Si nos hemos de atener a la letra de la norma, parece que la respuestadebería ser afirmativa y quiero pensar que el gobierno pueda ser sensible, comomínimo, a las observaciones del CTESC al respecto, que solicita en todo caso, si semantiene el precepto, un régimen transitorio de aplicación de la norma, “porque laaplicación de la nueva normativa a los expedientes vigentes pueden suponer la pérdidade protección para muchas familias, e incluso la extinción de la prestación en caso depersonas desempleadas sin ingresos”.3. Concluyo, de momento. Esperaremos a la aprobación del nuevo decreto paraconfirmar las sombras apuntadas en mi comentario o para ver si hay algo más de luz.Sinceramente, me gusta más el sol. 20

La regulación de la RMI en Cataluña. 1997- 2011.

by eduardo rojo on Aug 24, 2011

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