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La reforma de la Ley Concursal y su impacto sobre las relaciones laborales. Estudio del artículo 64 sobre contratos de trabajo.
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  • 1. La reforma de la Ley Concursal y su impacto sobre las relaciones laborales.Estudio del artículo 64 sobre contratos de trabajo.Eduardo Rojo Torrecilla.Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UniversidadAutónoma de Barcelona.12 de septiembre de 2011.Texto publicado en el blog del autor. http://eduardorojoblog.blogspot.com/1. El Pleno del Senado de esta semana tiene previsto aprobar el proyecto de ley dereforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal. El texto irá posteriormente alúltimo Pleno del Congreso de los Diputados de la presente legislatura para suaprobación definitiva.2. El propósito de esta entrada del blog es abordar y analizar las modificaciones que sehan producido en el importante artículo 64, dedicado a los contratos de trabajo, yconocer el impacto que las reformas laborales de 2010 y 2011 han tenido en talesmodificaciones. Cuando redacto este texto no dispongo de información sobre la reuniónde la Comisión de Justicia del Senado del día 8 y de la introducción de algunamodificación, algo que no me parece probable si nos hemos de atener al pacto sobre elprecepto logrado en el Congreso de los Diputados. Si me equivoco y hay algunamodificación, obviamente lo haré saber en una nueva entrada y la incorporaré en eltexto que analice la nueva ley.2. El proyecto de ley fue publicado en el Boletín Oficial del CD el día 1 de abril. ElInforme de la ponencia nombrada por la Comisión de Justicia, publicado el 29 de julio,incorporó varias enmiendas propuestas por los grupos parlamentarios al artículo único,apartado treinta y ocho, por el que se modificaba el artículo 64 de la Ley 22/2003. Eltexto de la ponencia fue aprobado sin modificaciones en este apartado por la Comisiónde Justicia con competencia legislativa plena, publicado el 4 de agosto, y remitido alSenado. En la Cámara Alta, el texto ha sido dictaminado por la Comisión de Justicia ensu sesión de 8 de septiembre, que no ha introducido modificación alguna al precepto (asalvo de los cambios de numeración como consecuencia de enmiendas incorporadas enla fase final del trámite parlamentario en el CD, pasando ahora a ser artículo únicoapartado cuarenta y ocho), por lo que el texto aprobado (con modificaciones sobre elproyecto de ley original) por el CD será el que vea la luz pública en el Boletín Oficialdel Estado. En cuanto a la entrada en vigor de la norma, con carácter general se disponeque así será a partir del 1 de enero de 2012, si bien hay una importante disposicióntransitoria séptima dedicada a “aspectos laborales” en la que se dispone que el artículo64 modificado, y otros dos preceptos de contenido laboral como son un nuevo párrafodel número 2 del artículo 8 y la modificación del último párrafo del apartado 4 delartículo 44, “serán de aplicación a los procedimientos concursales que se encuentren encurso a la fecha de su entrada en vigor, para la tramitación del expediente y adopción delas medidas que se soliciten desde entonces y supongan la extinción, suspensión omodificación colectiva de los contratos de trabajo”. 1
  • 2. 3. En el preámbulo de la futura ley, que no ha sufrido modificación durante latramitación parlamentaria, se afirma que el nuevo texto opera “una mejora notable de laprotección de los trabajadores”, enlazando la reforma mercantil con la reforma laboralde 2010 (y su desarrollo reglamentario en 2011) y reiterando que un elementointerpretativo básico de la norma concursal “es que en el enjuiciamiento de lascuestiones laborales sometidas al proceso concursal deben tenerse en cuenta de maneraprioritaria los principios inspiradores de la rama social del derecho”. También seenfatiza la resolución de las dudas jurídicas suscitadas sobre la calificación de créditoscontra la masa de los créditos salariales e indemnizaciones en supuestos de despido oextinción de la relación laboral, y la incorporación de forma expresa de la posibilidad desubrogación legal del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en los cantidadesavanzadas a los trabajadores (créditos salariales e indemnizaciones) por cuenta delempresario y al amparo del artículo 33 de la Ley del Estatuto de los trabajadores.4. Como acabo de indicar, centro mi explicación en el artículo 64, pero antes recuerdobrevemente los cambios introducidos en los otros dos artículos citados.A) El artículo 8 regula la competencia de los jueces de lo mercantil para conocer delconcurso, con competencia exclusiva y excluyente (número 2) en “Las acciones socialesque tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de loscontratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión oextinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidassupongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estoscontratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En elenjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normasespecíficas de esta Ley, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de laordenación normativa estatutaria y del proceso laboral”.La reforma introduce un nuevo párrafo en este apartado, para adecuar la normamercantil a las reformas laborales operadas por la Ley 35/2010 de 17 de septiembre dereformas urgentes del mercado de trabajo. En concreto, se recuerda que “Por suspensióncolectiva se entienden las previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores,incluida la reducción temporal de la jornada ordinaria diaria de trabajo.”. Quizás hubierasido técnicamente más correcto incluir la mención a la reducción de jornada en elprimer párrafo, después justamente de la referencia a la suspensión, pero en cualquiercaso el objetivo del legislador, que era trasladar la reforma laboral al ámbito delconcurso mercantil, queda suficientemente claro.B) En la misma línea de adaptar la normativa mercantil a la reforma laboral e incorporaruna referencia expresa a los traslados colectivos como modificación colectiva de loscontratos de trabajo, se incluye la reforma operada en el artículo 44, dedicado a regularla continuación del ejercicio de la actividad económica o empresarial. En la redacciónvigente, su último párrafo dispone que “Como excepción a lo dispuesto en los apartadosanteriores, el juez, a solicitud de la administración concursal y previa audiencia deldeudor y de los representantes de los trabajadores de la empresa, podrá acordarmediante auto el cierre de la totalidad o de parte de las oficinas, establecimientos oexplotaciones de que fuera titular el deudor, así como, cuando ejerciera una actividadempresarial, el cese o la suspensión, total o parcial, de ésta. Cuando estas medidassupongan la extinción, suspensión o modificación colectivas de los contratos de trabajo,el juez actuará conforme a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 8 y en el artículo 2
  • 3. 64”.La nueva redacción es del siguiente tenor: “Cuando las medidas supongan la extinción,suspensión o modificación colectivas de los contratos de trabajo, incluidos los trasladoscolectivos, el juez actuará conforme a lo establecido en el artículo 8.2º ysimultáneamente iniciará el expediente del artículo 64. La administración concursal ensu solicitud deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64.4.”C) Por otra parte, la reforma también incide sobre la normativa de Seguridad Social,más exactamente sobre su Ley General y la acción protectora por desempleo porencontrarse en situación legal que permita acceder a las prestaciones. En la redacciónvigente el artículo 208, apartado primero, número 3, dispone que “Cuando se reduzcatemporalmente la jornada ordinaria diaria de trabajo, en virtud de expediente deregulación de empleo en los términos del artículo 203.3”. Pues bien, la reformaintroducida en el proyecto de ley amplía la situación legal de desempleo a los supuestosen los que la reducción temporal de la jornada ordinaria de trabajo (entre un 10 y un 70% de la habitual) se produzca por resolución judicial aprobada en el seno de un procesoconcursal.5. Vayamos ya al nuevo artículo 64 y examinemos apartado por apartado (un total de11) qué modificaciones se incorporan.A) En la redacción aún vigente, que responde a las modificaciones operadas en el textode 2003 por el Real Decreto-Ley 3/2009 de 27 de marzo de medidas urgentes en materiatributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, elapartado 1 dispone que “Los expedientes de modificación sustancial de las condicionesde trabajo y de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales, una vezdeclarado el concurso, se tramitarán ante el juez del concurso por las reglas establecidasen el presente artículo”.El texto original del proyecto de ley introdujo en este párrafo la referencia expresa a lostraslados colectivos y una importante novedad sobre la tramitación de los expedientesde regulación de empleo y su conocimiento. En trámites posteriores del proyecto no seha introducido modificación alguna.¿En qué consisten las modificaciones? Dicho de forma muy esquemática, en laatracción de un ERE hacia el juez mercantil. Más exactamente, se prevé el supuesto deun ERE que se está tramitando en el momento en que se declara el concurso, en cuyocaso, se afirma de forma taxativa, “la autoridad laboral remitirá lo actuado al juez delconcurso”. Una vez atraída la competencia de conocimiento del ERE a su ámbitocompetencial, la norma mercantil, que sigue fielmente algunas modificacionesintroducidas en la normativa procesal laboral por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, dereforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, seotorga competencia al secretario judicial para citar a comparecencia “a los legitimadosen el artículo siguiente”, en el plazo de tres días a partir de la recepción del expediente,“para exponer y justificar en su caso la procedencia de continuar la tramitación de lasmedidas colectivas conforme a lo previsto en este artículo”. Es decir, será en trámitejudicial mercantil donde los sujetos interesados decidirán si hay que seguir o no con elERE instado con anterioridad a la declaración del concurso, en el bien entendido, y así 3
  • 4. lo dispone expresamente el texto reformado, que las actuaciones practicadas en elexpediente anterior hasta la fecha de la declaración de concurso “conservarán su validezen el expediente que se tramite ante el juzgado”.Cabe la posibilidad de haberse resuelto el ERE por la autoridad administrativa laboralantes de la declaración del concurso, pero que aún no se haya procedido a su ejecución,y en tal caso será la administración concursal quien la asumirá. En cualquier caso, yaunque la mención se encuentre inmediatamente después de la referencia a la ejecucióncreo que afecta a cualquier trámite del ERE, la declaración del concurso deberá sercomunicada por la autoridad judicial mercantil competente a la autoridad laboral “a losefectos que procedan”.B) El apartado 2 trata cuáles son los sujetos interesados que pueden solicitar cambios enlas condiciones laborales ante el juez del concurso, entendiendo por tales cambios “lamodificación sustancial de las condiciones de trabajo y la extinción o suspensióncolectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado”. En laredacción vigente, esa posibilidad se concede a la administración concursal, el deudor olos trabajadores de la empresa concursada a través de sus representantes legales.El nuevo texto incorpora las modificaciones introducidas en la reforma laboral de 2010al objeto de garantizar la participación de los trabajadores en las decisiones que lesafecten cuando no tuvieran representación legal en la empresa, previéndose en elproyecto de ley original la designación de una comisión “designada conforme a lodispuesto en el artículo 41.4 del Estatuto de los trabajadores”. Los dos párrafos queinteresa ahora recordar de dicho apartado de la LET son los siguientes:“En las empresas en las que no exista representación legal de los mismos, éstos podránoptar por atribuir su representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a unacomisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propiaempresa y elegida por éstos democráticamente o a una comisión de igual número decomponentes designados, según su representatividad, por los sindicatos másrepresentativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y queestuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del conveniocolectivo de aplicación a la misma.En todos los casos, la designación deberá realizarse en un plazo de cinco días a contardesde el inicio del periodo de consultas, sin que la falta de designación pueda suponer laparalización del mismo…”El garantismo de la ley concursal en punto a garantizar la existencia de unarepresentación de los trabajadores se manifiesta en la enmienda incorporada en trámitede ponencia y que acoge bastantes peticiones formuladas por diversos gruposparlamentarios. A diferencia de la normativa laboral, que concede un plazo de cincodías para la designación y si ello no se produce continúa el procedimiento abierto, elnuevo párrafo del apartado 2 concede la posibilidad al juez del concurso, transcurridodicho plazo sin designación alguna, de acordar la intervención de una comisión de unmáximo de tres miembros “integrada por los sindicatos más representativos y losrepresentativos del sector al que la empresa pertenezca”. Por una vía indirecta, y deforma supletoria respecto a la decisión que pueden adoptar los trabajadores afectados enprimer lugar, se refuerza la intervención sindical en la tramitación de las cuestiones 4
  • 5. laborales que afectan al concurso, en el bien entendido que ese refuerzo correspondedecidirlo al juez del concurso.C) No hay modificaciones en el apartado 3, cuya redacción data del RDL 3/2009 de 27de marzo y que trató de agilizar los trámites para evitar perjuicios a los trabajadoresafectados. Por ello, la adopción de las medidas solicitadas por los interesados sólopuede efectuarse una vez que se haya emitido por la administración concursal elinforme previsto en el capítulo I del Título IV, “salvo que se estime que la demora en laaplicación de las medidas colectivas pretendidas puede comprometer gravemente laviabilidad futura de la empresa y del empleo o causar grave perjuicio a los trabajadores,en cuyo caso, y con acreditación de esta circunstancia, podrá realizarse la petición aljuez en cualquier momento procesal desde la declaración de concurso”. Cabe recordarahora la razón que justificó la modificación de 2009, según se indicaba en el preámbulodel RDL: mejorar la posición jurídica de los trabajadores de empresas concursadas quese vean afectados por procedimientos colectivos, al objeto de poder extinguir másrápidamente las relaciones de trabajo y poder así acceder al percibo de las prestacionespor desempleo, percibo que se estaba demorando varias meses con la normativaanteriormente vigente.D) El apartado 4 guarda estrecha relación con el mismo trámite a realizar en el supuestode presentación de un ERE ante la autoridad administrativa laboral. En la redacciónvigente, no modificada en el proyecto de ley, la solicitud que se presente deberá exponery justificar, en su caso, “las causas motivadoras de las medidas colectivas pretendidas ylos objetivos que se proponen alcanzar con estas para asegurar, en su caso, la viabilidadfutura de la empresa y del empleo, acompañando los documentos necesarios para suacreditación”. Quizás hubiera podido modificarse la redacción para adecuarla mejor a lareforma laboral de 2010 y a su desarrollo reglamentario por el Real Decreto 801/2011,de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos deregulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos.El texto reformado, en la redacción originaria del proyecto de ley que se ha mantenidodurante toda la tramitación, faculta a la administración concursal para solicitar lacolaboración del concursado o el auxilio del juzgado que estime necesario para lacomprobación de dicha solicitud y de su contenido, es decir que cumple los requisitoslegales establecidos para poder ser aceptada en el concurso.E) El apartado 5 se refiere a la tramitación del período de consultas y la documentacióna presentar, en el bien entendido que el nuevo texto suprime completamente el textoahora vigente, sin que se encuentre en los textos del proyecto en sus diferentes etapasparlamentaria explicación alguna de esa supresión.Vayamos por partes. El texto vigente fija la obligación del juez de convocar a laadministración concursal y a los representantes de los trabajadores a un período deconsultas una vez recibida la solicitud, y recuerda la obligación de las empresas de másde 50 trabajadores de acompañar un plan social; es decir, una redacción muy cercana alartículo 51.4 de la LET. La redacción original del proyecto de ley incluía también alconcursado en el período de consultas en el supuesto de que estuvieran intervenidas lasfacultades de administración y disposición del deudor. Además, trasladaba al ámbitomercantil la reforma laboral de 2010 para posibilitar la sustitución del trámite deconsultas por el procedimiento de mediación o arbitraje. 5
  • 6. Tanto el texto aún vigente como las modificaciones citadas incorporadas en la redacciónoriginal del proyecto de ley desaparecen en el Informe de la ponencia, cuyo texto se hamantenido inalterado en la tramitación posterior. Cabe pensar, como hipótesis detrabajo, que sus señorías han considerado innecesario mantener una redacción semejantea la de tramitación de una ERE ante la autoridad administrativa laboral, por considerarlo dispuesto en el apartado 11, y también por valorar que la normativa laboral puede serde aplicación supletoria en cuanto que el último inciso del primer párrafo del apartado 2del artículo 8 dispone que “En el enjuiciamiento de estas materias (laborales), y sinperjuicio de la aplicación de las normas específicas de esta Ley, deberán tenerse encuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del procesolaboral”. Quiero pensar que esta es la razón de tal supresión, y no un simple lapsus uolvido de la Ponencia, y por cierto no hay tampoco ninguna explicación de la supresiónen el debate que tuvo lugar en la Comisión de Justicia del CD para aprobar el proyectode ley.El proyecto de ley incorporaba un nuevo párrafo relativo a la participación de otrossujetos interesados en el concurso y a la aportación de documentación complementaria,que guardaba relación con los procesos de concentración empresarial y la creación degrupos de empresas con su indudable impacto en el ámbito económico y también en ellaboral, aún cuando huía de la utilización de dicha expresión y se refería a laparticipación en el período de consultas, a instancias de la representación de lostrabajadores o de la administración concursal y previa petición al juez, de otras personas“que indiciariamente puedan constituir una unidad de empresa con la concursada”,pudiendo interesar el auxilio del juzgado que se considerara necesario para sucomprobación.El informe de la ponencia introduce dos importantes modificaciones: la primera, paradejar constancia que las personas llamadas durante el período de consultas pueden sertanto físicas como jurídicas, en coherencia con las posibilidades legales existentes parael desarrollo de una actividad empresarial; la segunda, para permitir que se solicite, enel supuesto de que se considere que las personas físicas o jurídicas llamadas a consultasforman una unidad empresarial con la concursada, la documentación económicaconsolidada o la relativa a otras empresas “a efectos de valorar la realidad económicadel conjunto empresarial”. En pocos preceptos como este puede verse tan clara larelación cada vez más estrecha entre el Derecho Mercantil y el Derecho del Trabajo, ycomo categorías jurídicas mercantiles (unidad de empresa, grupos de empresas,..) hansido incorporadas al ámbito jurídico laboral por su innegable repercusión sobre lascondiciones laborales.F) La reforma laboral de 2010, y su desarrollo reglamentario en materia de EREs, asícomo también la práctica cotidiana respecto a la fijación de las indemnizacioneseconómicas a abonar a los trabajadores afectados, se incorporan al apartado 6. En laredacción vigente se estipula la obligación de negociar de buena fe, la adopción deacuerdos por la mayoría de los representantes de los trabajadores, la comunicación aljuez del resultado del período de consultas al finalizar el plazo señalado o en elmomento en que se consiga un acuerdo, y la petición a la autoridad laboral de uninforme (preceptivo y no vinculante) sobre las medidas propuestas o el acuerdoalcanzado. 6
  • 7. El proyecto de ley, no modificado en su tramitación parlamentaria, mantiene laredacción actual e incorpora una mayor flexibilidad para la adopción de acuerdos y elmontante de las indemnizaciones. En primer lugar, se incorpora entre los representantesde los trabajadores a la comisión nombrada en su caso cuando no hubiere representaciónlegal y a la que se refiere el apartado 2 explicado con anterioridad. En segundo término,e igual que ocurre con la presentación de un ERE ante la autoridad administrativalaboral, a la solicitud de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y laextinción o suspensión colectivas de los contratos de trabajo puede ya acompañarse elacuerdo alcanzado entre la administración concursal y los representantes de lostrabajadores, “en cuyo caso no será necesaria la apertura del período de consultas. Endicho acuerdo deberán constar los trabajadores afectados y la fijación, en su caso, de lasindemnizaciones que deben percibir, que deberán ajustarse a lo establecido en lalegislación laboral (20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades),“salvo que, ponderando los intereses afectados por el concurso, se pacten de formaexpresa otras superiores”, una forma educada de reconocer que se pactanindemnizaciones idénticas o cercanas a la máxima establecida en el ordenamientojurídico español para el despido improcedente, es decir 45 días por año de servicio y unmáximo de 42 mensualidades.G) La redacción del apartado 7 mantiene la de la normativa vigente e incorpora unnuevo trámite tendente a disponer por parte del juez del concurso de una mayorinformación sobre las razones del desacuerdo. En efecto, el juez debe resolver en unplazo de cinco días, mediante auto, sobre las medidas propuestas por las partes, y debeaceptar el acuerdo propuesto salvo que se aprecie la existencia de fraude, dolo, coaccióno abuso de derecho. Ahora bien, el nuevo texto impone al juez la obligación de daraudiencia a las partes, mediante comparecencia ante el secretario judicial para que estasexpongan sus alegaciones y aporten pruebas documentales (¿un período de consultasbis, aunque mucho más reducido en el tiempo?), o bien sustituir este trámite por untrámite escrito de alegaciones de las partes que deberán evacuar en tres días.H) La mención expresa al FOGASA como sujeto legitimado para interponer recursoslaborales contra el auto dictado por el juez del concurso se recoge en el nuevo apartado8, así como también la mención a la administración concursal, el concursado y lostrabajadores a través de sus representantes, mientras que en el texto vigente no hayninguna mención a cuáles son los sujetos legitimados para la interposición de losrecursos. No hay novedad alguna respecto a que ningún recurso tendrá efectossuspensivos sobre la tramitación del concurso ni de los incidentes concursales.Tampoco hay novedad sobre la sustanciación de las acciones contra el deudor por elprocedimiento del incidente concursal en materia laboral, si bien ahora se concreta en elnuevo apartado 8 que el plazo para la interposición de la demanda será de un mes“desde que el trabajador conoció o pudo conocer el auto del juez del concurso” (no sehan aceptado enmiendas que, con una redacción técnicamente mucho más correcta a mientender que el texto aprobado, pedían que el mes se computara “desde que se notificóal trabajador el auto del juez del concurso”). Además, se mantiene que la sentencia quese dicte por el juez del concurso será recurrible en suplicación ante la sala de lo socialdel correspondiente Tribunal Superior de Justicia.Con respecto al FOGASA hay que hacer referencia al artículo único, ciento veinte, quemodifica la disposición final decimocuarta de la Ley 22/2003 y añade un nuevo párrafo, 7
  • 8. número 3 a la misma, por el que se procede (el cambio es ciertamente tortuoso comopuede comprobarse fácilmente) a la modificación del apartado 3 del artículo 33 de laLET.En su redacción vigente el artículo 33.3 de la LET dispone que “En los procedimientosconcursales, desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia decréditos laborales o se presuma la posibilidad de su existencia, el Juez, de oficio o ainstancia de parte, citará al Fondo de Garantía Salarial, sin cuyo requisito no asumiráéste las obligaciones señaladas en los apartados anteriores. El Fondo se personará en elexpediente como responsable legal subsidiario del pago de los citados créditos,pudiendo instar lo que a su derecho convenga y sin perjuicio de que, una vez realizado,continúe como acreedor en el expediente”. La modificación amplia sustancialmente elapartado en cuanto que fija las reglas que deben regir el abono por el FOGASA de lascantidades reconocidas a favor de los trabajadores.En primer lugar, los créditos de los trabajadores deben estar incluidos en la lista deacreedores o reconocidos como deudas de la masa por el órgano del concursocompetente, en cuantía igual o superior a la que se solicita al FOGASA, y si la cantidadreconocida en la lista definitiva es inferior a la solicitada o a la ya percibida, elsolicitante deberá ajustar su solicitud o reembolsar al FOGASA la cantidad que excedade su obligación. Todo ello, se entiende sin perjuicio de la responsabilidad directa delorganismo en los casos legalmente establecidos (por ejemplo, el pago de ocho días deindemnización en los despidos objetivos en general, y sólo de aquellos que seanconformes a derecho a partir del 1 de enero de 2012).En idénticos términos a los supuestos de contenido directamente laboral regulados en elartículo 33, la regla segunda fija el cálculo de la indemnización sobre una base de 20días por año de servicio y el máximo de una anualidad, siendo la precisión importanteporque esta cuantía se abonará “con independencia de lo que se pueda pactar en elproceso concursal (es decir, quien quiere o pacte pagar indemnizaciones más elevadasdeberá asumir que corren a su cargo). El salario diario base de cálculo no será superioral triple del salario mínimo interprofesional, con inclusión de las partes proporcionalesde las pagas extras. En el supuesto de solicitud de indemnizaciones que hubiera debidoabonar el empresario, el FOGASA deducirá de su prestación la cantidad que lostrabajadores ya hubieran recibido, en su caso, de aquel.I) No hay modificación en el apartado 9. Recuérdese la importancia de este precepto encuanto dificulta en gran medida la posible extinción de un contrato de trabajo en elsupuesto de aprobación de una modificación substancial colectiva de condiciones detrabajo, incluida la movilidad geográfica si el nuevo centro de trabajo se encuentra en lamisma provincia que el de origen y a menos de 60 kilómetros, “salvo que se acrediteque el tiempo mínimo de desplazamiento, de ida y vuelta, supera el 25 % de la duraciónde la jornada diaria de trabajo”. La dificultad radica en la suspensión, durante un añodesde que se dictó el auto judicial que autorizó la modificación, de la posibilidad deextinguir el contrato con derecho a indemnización tal como permite en el ámbito laboralel artículo 41 de la LET.J) De importantes cabe calificar las modificaciones incorporadas en el apartado 10,relativas a las acciones que pueden interponerse al amparo del artículo 50 de la LET ylas relaciones entre los procesos individuales y la tramitación de las extinciones 8
  • 9. colectivas. Cabe destacar aquí varias enmiendas presentadas en el Senado por el grupoparlamentario Entesa Catalana de Progrés en la línea de reforzar los derechos de lostrabajadores y a cuya lectura me remito, que no han sido tomadas en consideración.En la redacción vigente, se consideran de carácter colectivo las extinciones planteadasal amparo de lo previsto en el artículo 50.1 b) cuando superan los umbrales de 10trabajadores en las empresas que ocupen hasta 100 trabajadores, el 10 % del personal enlas que emplean de 100 a 300 personas, y cuando afecten al 25 % de los trabajadores enempresas de más de 300 operarios. Recuerdo que el artículo 50.1 b) de la LET permiteinstar la extinción del contrato por parte del trabajador y por causa imputable por elempleador, que deberá quedar judicialmente acreditada, cuando se produzca “La faltade pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado”.El texto original del proyecto de ley ha sido levemente modificado en el definitivamenteaprobado como consecuencia del Informe de la ponencia de la Comisión de Justicia delCD. En primer lugar, el nuevo texto no menciona el artículo 50.1 b) de la LET sino que,con mayor técnica mercantil, permite el ejercicio de las acciones resolutoriasindividuales al amparo del artículo 50 que estén motivadas “por la situación económicao de insolvencia del concursado”. Para que estas acciones tengan la consideración deextinciones de carácter colectivo no se menciona el número de las presentadas enrelación con la plantilla de la empresa, sino que lo serán “desde que se acuerde lainiciación del expediente previsto en este artículo para la extinción de los contratos”.Iniciado el expediente de extinción colectiva, la tramitación de las acciones individualesse suspenderán hasta la adquisición de firmeza del auto que ponga fin al expediente, y elcitado auto producirá efecto de cosa juzgada sobre los procesos individualessuspendidos. A efecto de proteger los derechos económicos de los trabajadoresafectados por la suspensión, esta deberá comunicarse a la administración concursal parapoder acordarse “el reconocimiento como contingente del crédito que pueda resultar dela sentencia que en su día se dicte, una vez alzada la suspensión”.K) Por último, tampoco ha sido modificado el apartado 11, precepto al que también hayque referirse para entender los cambios operados en el número 5, que dispone laremisión a la aplicación de la legislación laboral en todo lo no previsto en el artículo 64,con una mención expresa, entiendo que para reforzar el derecho de participación en laempresa, a que los representantes de los trabajadores “mantendrán cuantas competenciale atribuye la misma”, que se encuentran en el artículo 64 de la LET.Buena lectura de los artículos citados en esta entrada, y de toda la reforma de la leyconcursal para las personas interesadas en ella. 9