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La inaplicación del convenio colectivo en la reforma laboral. Notas al caso UNIPOST (Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de de 28 de enero).
 

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    La inaplicación del convenio colectivo en la reforma laboral. Notas al caso UNIPOST (Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de de 28 de enero). La inaplicación del convenio colectivo en la reforma laboral. Notas al caso UNIPOST (Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de de 28 de enero). Document Transcript

    • La inaplicación del convenio colectivo en la reforma laboral. Notas al casoUNIPOST (sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de de 28 deenero).Eduardo Rojo Torrecilla.Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UniversidadAutónoma de Barcelona.4 de febrero de 2013.Texto publicado en el blog del autor http://www.eduardorojotorrecilla.es/1. He dedicado especial atención en varias entrada del blog dedicadas a la reformalaboral a explicar uno de sus contenidos más importantes, la posibilidad de inaplicar elconvenio colectivo vigente cuando concurran las causas recogidas en el reformadoartículo 82.3 de la Ley del Estatuto de los trabajadores. También ha merecido miatención el Real Decreto 1362/2012 que regula las funciones y competencias de laComisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.La importante sentencia dictada el 28 de enero por la Sala de lo Social de laAudienciaNacional aconseja volver sobre este aspecto de la reforma, analizando el supuestoconcreto de la empresa UNIPOST. Para el marco jurídico anterior a la reforma de 2012recomiendo la lectura de un detallado estudio dirigido por los profesores J. GarcíaMurcia y Mª A. Castro Arguelles, “Cláusulas sobrevigencia, descuelgues salariales yotras facultades de alteración o disposicióndel contenido del convenio colectivo”,cerrado a 31 de diciembre de 2011. Sobre la difícil situación de la empresa y laperspectiva sindical remito a un análisis de la sección sindical de CC OO en dichaempresa del pasado mes de noviembre, en la que critica muy duramente la falta deinformación de la empresa de los datos económicos que acrediten la difícil situación quetienen, afirmando que “no se niega a llegar a un acuerdo que dé viabilidad a lacompañía y es consciente de que hablamos del puesto de trabajo de 2700 pero siempre ycuando tengamos toda la documentación y situación real de la empresa tantas vecessolicitada y por diversos medios a fin de poder valorarla así como establecer losmecanismos conjuntos de actuación y con un control continuo de la situación de lacompañía”. También es útil, para conocer la situación conflictiva que vive actualmentela empresa, consultar la página web de las secciones sindicales de UGT, CGT y USO.2. Recordemos en primer lugar qué dicen algunos párrafos del artículo 82.3 LET, deinterés para mi comentario: 1
    • “Los convenios colectivos regulados por esta Ley obligan a todos los empresarios ytrabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de suvigencia.Sin perjuicio de lo anterior, cuando concurran causas económicas, técnicas,organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de lostrabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto enel artículo 87.1, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en lostérminos del artículo 41.4, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstasen el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecten a lassiguientes materias:a) Jornada de trabajo.b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo.c) Régimen de trabajo a turnos.d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.e) Sistema de trabajo y rendimiento.f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé elartículo 39 de esta Ley.g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa sedesprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia depérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresosordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente sidurante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cadatrimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, enel ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando seproduzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo delpersonal o en el modo de organizar la producción, y causas productivas cuando seproduzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que laempresa pretende colocar en el mercado.…. En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas cualquiera de las partes podrásometer la discrepancia a la comisión del convenio, que dispondrá de un plazo máximode siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera planteada.Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la comisión o ésta no hubieraalcanzado un acuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos que se hayanestablecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstosen el artículo 83 de la presente ley, para solventar de manera efectiva las discrepanciassurgidas en la negociación de los acuerdos a que se refiere este apartado, incluido elcompromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje vinculante, en cuyo casoel laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en periodo de consultas ysólo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos enel artículo 91.Cuando el periodo de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables losprocedimientos a los que se refiere el párrafo anterior o estos no hubieran solucionado la 2
    • discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de la misma a laComisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando la inaplicación de lascondiciones de trabajo afectase a centros de trabajo de la empresa situados en elterritorio de más de una comunidad autónoma, o a los órganos correspondientes de lascomunidades autónomas en los demás casos. La decisión de estos órganos, que podráser adoptada en su propio seno o por un árbitro designado al efecto por ellos mismoscon las debidas garantías para asegurar su imparcialidad, habrá de dictarse en plazo nosuperior a veinticinco días a contar desde la fecha del sometimiento del conflicto antedichos órganos. Tal decisión tendrá la eficacia de los acuerdos alcanzados en periodo deconsultas y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivosestablecidos en el artículo 91….”3. De la información disponible sobre los expedientes de inaplicación de convenioscolectivos tramitados en la CCNCC, que he podido consultar en documentos de lasorganizaciones sindicales CC OO y UGT, queda constancia de que hasta el mes deoctubre de 2012, es decir aún cuando no se hubiera dictado el nuevo reglamento de laComisión, ya se habían tramitado varios expedientes que incorporaban propuestas deinaplicación de convenios. En la información más detallada que he podido consultar, delgabinete técnico confederal de UGT, se informa del conocimiento por el pleno de laComisión de diez expedientes que han sido desestimados por diversos motivos. Sólouno, justamente el de la empresa UNIPOST, fue objeto de estudio respecto a la causaeconómica alegada. Según informa la secretaría de acción sindical de CC OO, “con losvotos favorables de la patronal y de la Administración y la oposición de CCOO y losdemás sindicatos, se ha aprobado solicitar informe económico y convocar reunión el 24de septiembre para tratar el fondo del asunto y efectuar un arbitraje en los términos queestablece la Ley”. En fecha posterior, el informe de UGT destaca que el pleno de laComisión, en reunión de 28 de septiembre, “encontró finalmente, por mayoría, con elvoto en contra de CEOE-CEPYME, que el hecho de haberse prorrogado el conveniopara 2012-2013, impedía que se solicitara al poco tiempo la inaplicación del mismoporque la situación económica ya se conocía a la firma de dicho convenio de empresa,luego no había causa para la inaplicación”.4. He podido acceder en la red al Expediente 08/2012 de la CCNCC, es decir a sudecisión adoptada en el Pleno de 28 de septiembre en relación a la solicitud planteadapor UNIPOST, de tal manera que su lectura y la de los hechos probados de la sentenciade la AN de 28 de enero permiten tener un muy buen conocimiento de la propuesta de laempresa y de las argumentaciones de todas las partes implicadas, hasta llegar a laresolución del pleno de la CCNCC, en primer lugar, declarando, por mayoría, “que noprocede la inaplicación del convenio colectivo de la empresa UNIPOST S.A contenidaen la solicitud formulada por la citada entidad..”, y a la sentencia de la AN, en segundotérmino, que desestima “la demanda interpuesta por UNIPOST SAU contra elMinisterio de Empleo y Seguridad Social, el Comité Intercentros de la empresa y lassecciones sindicales de la misma (CGT, UGT, USO y CCOO)”, y declara que “laDecisión de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos de fecha 28 deSeptiembre de 2012, dictada en el procedimiento 8/2012 es plenamente ajustada aDerecho, sin que haya lugar a declararse por esta Sala la nulidad de la misma, como sepostula”.Recomiendo la lectura de la Decisión del pleno de la CCNCC, de la que efectúo ahorauna síntesis de los contenidos más importantes a los efectos de mi comentario. 3
    • A) La presentación el 9 de agosto de 2012 de solicitud de la empresa “para que seautorizase el descuelgue de las tablas salariales previstas por el III Convenio ColectivoUNIPOST, S.A., para los años 2011-2013, conforme a los términos expuestos en lasolicitud planteada, en relación al personal de los 25 centros de trabajo que tiene lamencionada empresa en diversas Comunidades Autónomas, por las causas económicasy productivas que se señalan en la Memoria presentada”.B) La solicitud de la Comisión a la Dirección General de Empleo del MEySS, el 13 deseptiembre, para que emitiera informe “acerca de la concurrencia de las causas alegadaspor la empresa UNIPOST, S.A., como fundamento de la solicitud de inaplicaciónsalarial planteada por la misma”, informe remitido el día 19.C) El expediente fue objeto de estudio en el Pleno del día 24 del mismo mes,acordándose pedir a la empresa y a las representaciones sindicales que alegaran lo queconsideraran oportuno “sobre las circunstancias que pudieran justificar que elprocedimiento de inaplicación se haya solicitado menos de dos meses después de que laempresa hubiese suscrito un acuerdo colectivo de prórroga del Convenio Colectivoempresarial, que vencía el 31 de diciembre de 2012, con las condiciones salariales cuyainaplicación se pretende..”, alegaciones que fueron enviadas en los días posteriores.D) En los fundamentos de derecho de la Decisión se pone de manifiesto que la empresaha cumplido con todos los trámites de búsqueda de acuerdo antes de llegar a solicitar laintervención de la Comisión, y que esta es competente por tratarse de un conveniocolectivo estatutario y cuya modificación afectaría a centros de trabajo ubicados en másde una Comunidad Autónoma.El fundamento segundo recoge con minuciosidad las alegaciones formuladas por lasrepresentaciones sindicales (CC OO y UGT), empresariales (CEOE y CEPYME) y laAdministración laboral. Las primeras se manifestaron en contra de la peticiónempresarial por no haberse acreditado las causas productivas y no existir las económicasalegadas, destacando que “no ha variado la situación económica de la empresa desde lafirma del último acuerdo que incluyó, en su seno, la cuestión salarial”. Las segundasdefendieron la existencia de las causas económicas alegadas por la empresa con unainterpretación que me parece coherente con el texto literal del art. 82.3 de la LET, yaque “únicamente exige la concurrencia de una situación económica negativa de laempresa”, de tal manera que, una vez demostrada que sí existe, y aunque se hubierasuscrito poco antes el nuevo convenio, “la concurrencia de la causa debe llevarnecesariamente, en aplicación estricta de la legalidad vigente, a acordar el descuelguesolicitado, pues de lo contrario se conculcaría la letra y el espíritu de la norma quepersigue que se adopten medidas de flexibilidad como la solicitada por la empresa paraevitar extinciones de contratos”.Mucho más interés reviste a mi parecer la argumentación de la Administración, que nome parece que vaya en la línea de la flexibilidad que la reforma laboral quiso introduciren el procedimiento de inaplicación de convenio (y también de la modificaciónsustancial de las condiciones de trabajo según el art. 41 LET), ya que a su parecer sededuce de toda la documentación aportada por la empresa, y sin ningún tipo de dudas, lasituación económica negativa que lleva a pedir la inaplicación del convenio. Ahora bien,dado que dicha situación ya existía cuando se firmó el nuevo convenio el mes de abril, 4
    • “sin que menos de dos meses después en el momento de la solicitud del descuelgue lasituación económica negativa de la empresa hubiese experimentado variaciónsignificativa”, considera “que no procede el descuelgue, sin perjuicio de que, si lascircunstancias económicas empeorasen sensiblemente, pudiera en el futuro reiterar unprocedimiento de estas características”.En el fundamento tercero se insiste en las argumentaciones defendidas por cada una delas partes integrantes de la Comisión y se constata el “consenso mayoritario” sobre lainexistencia de cambios en la situación económica de la empresa desde que se firmó elnuevo convenio para 2012 y 2013, por lo que dándose tales circunstancia, ymanifestando su oposición la parte empresarial, la Comisión entiende que “debeprevalecer la negociación colectiva y no concurren las circunstancias necesarias quepudieran permitir la inaplicación solicitada por UNIPOST, S.A”.5. Contra la decisión de la CCNCC la empresa presentó demanda ante la AN el 12 denoviembre, celebrándose el acto de conciliación y juicio el día 24 de enero, y dictándosesentenciael día 28 tal como ya he indicado con anterioridad. En los hechos probados serecogen de forma detallada los datos relativos a la suscripción del convenio colectivovigente, según el acuerdo alcanzado el 23 de abril y la posterior publicación en el BOEde 14 de junio. Sólo cinco días más tarde, la empresa comunicó su decisión de iniciar elprocedimiento de inaplicación del convenio por causas económicas y productivas; másconcretamente “con la finalidad de proceder al descuelgue de las tablas salariales paralos años 2012 y 2013 del Convenio colectivo de UNIPOST, S.A. 2011- 2013. – Lamedida, promovida por la empresa, consistía en aplicar las tablas salariales previstas enel VIII Convenio Colectivo de Entrega Domiciliaría, hasta el 31 de diciembre de 2013,momento en que finaliza la vigencia del Convenio de UNIPOST, S.A. Dichodescuelgue supondrá una rebaja salarial entre el 5,49 % mínimo y el 15,71 % máximo,dependiendo del centro de trabajo y tramo salarial según habitantes que corresponda”.En los fundamentos de derecho la Sala recuerda en primer lugar, aunque no hubierapodido tomarse en consideración por la CCNCC en el momento de emitir la Decisión de28 de septiembre, que ya está en vigor el RD 1362/2012 de 27 de septiembre (y no dediciembre, como por error se recoge en el fundamento cuarto), y presta especialatención al artículo 22, que regula las decisiones de la Comisión ya que considera quepermite constatar “el modo por el que el legislador prevé se produzcan estasresoluciones desde la fecha de su vigencia, tratándose de una herramienta de calado parala interpretación y aplicación del art. 82.3 ET”.A partir de dicho precepto, la Sala entiende que la Comisión debe pronunciarse, enprimer lugar, sobre la existencia o no de la causa o causas alegadas, y en el supuesto dela no concurrencia “denegará la aplicación de la medida”, mientras que en caso deexistir deberá valorarla y decidir sobre la inaplicación total o parcial del convenio deacuerdo a la propuesta empresarial. El interés de la sentencia de la Sala radica a miparecer justamente en la clara manifestación de que el precepto examinado (que es deobligada aplicación a partir de la entrada en vigor del RD 1362/2012, y sirve comocriterio interpretativo para conflictos anteriores) “no contempla la autorizaciónmecánica de la medida, cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas ode producción, por parte de la Comisión, quien deberá valorar obligatoriamente laadecuación de la medida y sus efectos sobre los trabajadores afectados en relación con 5
    • las causas acreditadas”. Igualmente, es muy interesante la argumentación de la Salarespecto a la necesidad de concurrencia “de las conexiones de funcionalidad,razonabilidad y proporcionalidad entre la causa acreditada y la medida propuesta por laempresa” una vez que esté acreditada la existencia de la causa o causas. Es importantedestacar que la Sala aplica a este litigio, en el que, tal como indica la nota de prensasobre la sentencia, “se resuelve un expediente de la Comisión Consultiva de ConveniosColectivos, modificada tras la reforma laboral”, los mismos criterios que ha utilizado ensentencias sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo y despidoscolectivos, dictadas tras la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012.Al tratarse de la primera sentencia en la que la AN se pronuncia sobre un expediente deinaplicación de convenio colectivo tras la reforma laboral, la Sala dedica un especialcuidado al análisis jurídico de las posibilidades de impugnación de la decisión de laComisión, poniendo de manifiesto las diferencias existentes entre procedimientosinstados por ambas partes negociadoras y los que se sustancian, como es el presentecaso, por sólo una de las partes. Efectúa un buen análisis de las diferencias cada vezmenores entre medidas de flexibilidad interna y externa, y pone de manifiesto que laposibilidad de resolver un conflicto en el que ha habido desacuerdo de las partes, asícomo aquellos en los que las partes hubieran solicitado la intervención de un tercero,debe tener por objetivo evitar situaciones más negativas para los trabajadores afectados,concluyendo que la adopción de medidas de flexibilidad interna es “un bien jurídiconada despreciable, puesto que su recta y cabal instrumentación permitirá eludir medidasde flexibilidad externa en situaciones de crisis y reducir el desempleo, que es elprincipal problema nacional”.Sobre la impugnación de decisiones de terceros y sus límites, la Sala se remite en granmedida a la sentencia de 2 de noviembre, dictada con ocasión del laudo arbitral deIberia, y recuerda la interpretación integradora que ha de efectuarse de los artículos 91de la LET y 65.4 y 165 de la LRJS sobre legitimación para impugnar un laudo “porvicios procedimentales, ultra vires y vulneración de normas de derecho necesario”.Sobre los límites a la posibilidad de recurrir la decisión de la Comisión, y de acuerdo alos razonamientos expuestos en la sentencia del laudo arbitral de Iberia, la Saladiferencia, con buen criterio a mi parecer, entre un pronunciamiento o arbitrajepropiamente jurídico, que es el que deberá existir cuando la Comisión (o el hipotéticoárbitro nombrado para resolver el conflicto, sin que proceda entrar ahora en la discusiónsobre la posible inconstitucionalidad de la medida) se pronuncie sobre la existencia o node la causa o causas alegadas, mientras que en el supuesto de determinación de cómo yen qué condiciones procede la inaplicación del convenio la Comisión debe tener unmayor margen de discrecionalidad a fin y efecto de valorar en qué medida operan lasconexiones de funcionalidad, razonabilidad y proporcionalidad.La Sala concluye, sentando doctrina para posteriores pronunciamientos que puedandictarse, que “comparte con la demandante que las decisiones y laudos, producidos porla intervención de la CCNCC en aplicación del art. 82.3 ET, son impugnables porilegalidad, lesividad y por vicios procedimentales, si bien coincidimos también con elAbogado del Estado y el Ministerio Fiscal en que dichas impugnaciones, cuando seapoyen en la ilegalidad, deberán ser especialmente exigentes, particularmente cuando seopongan a los criterios de idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad utilizados en lasresoluciones, puesto que dichos extremos se relacionan propiamente con los laudos deequidad, cuyo control jurisdiccional es más limitado”. 6
    • Una vez sentada doctrina, la Sala entra en el estudio concreto del litigio, al que dedicalos fundamentos sexto, séptimo y octavo. En primer lugar, rechaza que la decisión de laComisión se haya adoptado sin motivación, argumentación de la parte demandante queciertamente sorprende si se lee el texto íntegro de la Decisión de 28 de septiembre.Interesante, y era de prever su alegación, es la tesis empresarial de haber incurrido laresolución en ultra vires, es decir haberse extralimitado en sus funciones la Comisión“puesto que sólo tenía que pronunciarse sobre la concurrencia de las causas alegadas”(en síntesis, es el mismo argumento defendido por CEOE y CEPYME en el Pleno en elque se adoptó la Decisión). Sería aceptable la tesis empresarial si se aplicara la reforma,repito, en sus términos literales y como pretendía el legislador, pero no es ese el parecerde la Comisión ni tampoco de la AN, que vuelve a insistir en la necesidad de que por laempresa se probara, algo que no hizo a juicio de la Comisión y que tampoco ha hecho ajuicio de la Sala en su demanda y en el acto de juicio, “la emergencia de situacionesextraordinarias que justificaran una nueva modificación en un plazo tan breve”.En fin, sobre la concurrencia de las causas, la Sala razona con acierto que la decisión dela Comisión, que ahora se ratifica, no fue adoptada por su inexistencia, sino porconsiderarla irrazonable y desproporcionada, “puesto que produce efectos muy gravosospara los trabajadores, que ya habían asumido otros sacrificios por causas económicas yproductivas con anterioridad, sin que concurrieran circunstancias sobrevenidas de talentidad, que justificaran la aplicación de una nueva reducción retributiva”. No está demás recordar, y así lo recoge la Sala en el fundamento octavo, que menos de dos mesesantes de la propuesta empresarial, y con ocasión de la firma del nuevo convenio para2012 y 2013, los trabajadores “asumieron prolongar su convenio, flexibilizaron sujornada en mayor medida y congelaron sus salarios con causas a una situacióneconómica negativa y productiva..”.La Sala entra en el examen de los datos económicos para concluir que no ha quedadoacreditado el cambio en la situación económica negativa de la empresa en el momentoque se presentó la propuesta de inaplicación del convenio, exponiendo con claridad que“el 19-06-2012, al iniciarse el período de consultas, no concurría una situaciónsobrevenida de tal entidad, que justificara una nueva vuelta de tuerca, aunque seincrementaran las pérdidas, puesto que dicha circunstancia no estaba causada por loscostes de personal, que se habían reducido significativamente respecto a los añosprecedentes, contribuyendo decisivamente los trabajadores en la superación de la crisisempresarial”.6. Concluyo mi comentario recomendando la lectura detallada tanto de la Decisión de laCCNCC como de la sentencia de la AN… , en el bien entendido que habrá que vercomo se relaciona toda la argumentación plasmada en la sentencia con el hecho de quepocos días antes del conocimiento de la demanda, en concreto el 13 de enero, y según serecoge en el hecho probado décimo quinto, la CCNCC ha dictado resolución(Expediente 14/2012, que no tenido oportunidad de leer) en la que declara “lainaplicación del Convenio Colectivo de la empresa UNIPOST, S.A., contenida en lasolicitud formulada por la citada Entidad, que ha dado lugar a la presente controversiaque con esta Decisión se resuelve, consistente en inaplicar el incremento salarialprevisto para 2013, manteniendo, por tanto, las tablas salariales que han regido durante2012”, y que la Sala haga referencia a la misma en el último párrafo del fundamento 7
    • jurídico octavo para considerar que aquello que no era posible sólo dos meses despuésde la entrada en vigor del convenio sí lo es varios meses más tarde, ya que la Comisión“ponderando la evolución de la empresa durante el ejercicio 2012 consideró ajustada lacongelación de salarios, porque dicha medida era proporcionada a la evolución negativade su situación económica”. 8