Estudio del contenido laboral del nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería. 23.4.2011.

El contenido laboral del nuevo Reglamento de extranjería.Eduardo Rojo Torrecilla.Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UniversidadAutónoma de Barcelona.23 de abril de 2011.Texto publicado en el blog del autor. http://eduardorojoblog.blogspot.com/1. He leído con atención (y les puedo asegurar que me ha llevado bastante tiempo) el“proyecto definitivo” del nuevo Reglamento de extranjería, publicado en la página webdel Ministerio de Trabajo e Inmigración el pasado día 15 tras su aprobación por elConsejo de Ministros, cuyos principios inspiradores, según se explica en la síntesispreparada por el MTIN, son la consolidación de un modelo basado en la regularidad yvinculado al mercado de trabajo, el fomento de la integración y la igualdad de derechosy deberes, el fortalecimiento de la cooperación entre administraciones, y la mejora delrigor, la transparencia y la objetividad en los procedimientos. Cabe recordar aquítambién los seis objetivos fundamentales de la Ley Orgánica 2/2009 de 11 dediciembre, que es ahora objeto de desarrollo por el nuevo (y retrasado en el tiempoprevisto para su publicación) Reglamento: garantizar a los extranjeros el pleno ejerciciode sus derechos fundamentales; perfeccionar el sistema de canalización legal y ordenadade los flujos migratorios, atendiendo a las necesidades del mercado de trabajo; también,reforzar la eficacia en la lucha contra la inmigración irregular; a continuación, favorecerlas oportunidades de integración; la apuesta por la cooperación de todas lasadministraciones públicas en materia de inmigración, destacándose la importancia deque las actuaciones de comunidades autónomas y ayuntamientos se realicen encoordinación con la política de inmigración del gobierno del Estado; por fin, últimopero no menos importante, la intensificación del diálogo con los agentes sociales y conlas asociaciones de inmigrantes para la definición y el desarrollo de la políticamigratoria.También he tenido oportunidad de leer, por haber sido publicado ya en la base de datosdel BOE, el Dictamen del Consejo de Estado número 515/2011, de 7 de abril, sobre elproyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento, aprobado porunanimidad. Se trata de un Dictamen solicitado con trámite de urgencia, algo queveladamente crítica el Consejo de Estado al poner en relación esta solicitud con el plazode dos meses establecido para la entrada en vigor del nuevo Reglamento. No hay a miparecer observaciones, comentarios, criticas o sugerencias importantes de cambios delborrador de Reglamento en materia laboral, y de ahí que el texto finalmente aprobadomantenga las líneas maestras del documento presentado públicamente el 8 de febrero,con las modificaciones incorporadas en la mesa del diálogo social sobre inmigración eldía 21 del mismo mes. En cualquier caso, la lectura del Dictamen sirve también paraconocer, y no deja de sorprenderme, que no fueron tomadas en consideración lasobservaciones formuladas por diversas Comunidades Autónomas al borrador, ni 1

tampoco las efectuadas por UGT, CEOE-CEPYME, y posteriormente por diversosMinisterios. Remito a los lectores y lectoras interesados en conocer qué modificacionesfueron aceptadas al apartado de “Antecedentes” (cuarto a octavo) del Dictamen.El Real Decreto dispone la entrada en vigor del RELOEX dos meses después de lafecha de su publicación en el BOE, y deroga el RD 2393/2004 de 30 de diciembre “ycuantas otras disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en esteReal Decreto”. Se trata de un Reglamento que, según se afirma en la introducción delRD por el que se procede a su aprobación, “va más allá de una mera adaptaciónreglamentaria de la última reforma de la LO 4/2000”, y que como consecuencia delamplio proceso de diálogo social entablado con agentes sociales y organizacionesrepresentativas en materia de extranjería, “contiene más novedades que las legalmenteimpuestas”.Se trata de un Reglamento que completa el trabajo realizado por la LO 2/2009 ytranspone al ordenamiento jurídico español numerosas Directivas comunitarias. Por suclaridad y precisión reproduzco un amplio párrafo del Dictamen del Consejo de Estadoen el que se da debida cuenta de esta transposición: “El Capítulo II del Título III,dedicado a la "autorización de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas nolaborales o servicios de voluntariado", continúa la transposición de la Directiva2004/114 que se llevó a cabo con la reforma del artículo 33 de la Ley Orgánica 4/2000;el Capítulo IV del Título IV, dedicado a la "residencia temporal y trabajo parainvestigación" procede al desarrollo del artículo 38 bis de la Ley Orgánica y transponela Directiva 2005/71; y el Capítulo V del Título IV, dedicado a la "residencia temporal ytrabajo de profesionales altamente cualificados titulares de una tarjeta azul-UE",desarrolla el artículo 38 ter de la Ley Orgánica e incorpora la Directiva 2009/50. Por suparte, los Capítulos III y IV del Título V, que regulan la residencia temporal y trabajopor circunstancias excepcionales de extranjeros que colaboren contra redes organizadaso que hayan sido víctimas de trata de seres humanos, transponen la Directiva 2004/81.El Título VI del Reglamento proyectado (residencia de larga duración) completa latransposición de las Directivas 2003/109 y 2009/50. Y en el Título VII (extinción de lasautorizaciones de residencia o de residencia y trabajo) se incorporan artículosrelacionados con los mencionados títulos y capítulos, por lo que también participan enesa operación de transposición. Junto a ello, el Proyecto también atiende a lasnovedades derivadas del Reglamento (CE) nº 810/2009 del Parlamento Europeo y delConsejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código Comunitario sobreVisados (Código sobre Visados), en particular, en su Título II, que regula el "tránsitoaeroportuario", y en su Título III, que trata de "la estancia en España".En entradas anteriores del blog he dedicado mi atención al contenido de interés laboraldel entonces Proyecto de Reglamento, con atención especial al estudio de la regulaciónde la autorización de residencia temporal y de trabajo por cuenta ajena En esta entradadel blog me referiré, de forma más general, a todos los preceptos del RELOEX queguardan relación más directa con el mundo laboral, o dicho de otra forma aquellosartículos en los que he encontrado referencias de contenido laboral. Con más calma ytranquilidad habrá que profundizar, ya sea por escrito o en ponencias y conferencias enforos públicos, en el estudio del RELOEX desde la perspectiva laboralista de la relaciónentre inmigración y mercado de trabajo en la España de 2011, ya que como acabo deindicar, el nuevo Reglamento, así se afirma en el RD, responde a “la voluntad deconsolidar un modelo basado en la regularidad y vinculado al mercado de trabajo”. 2

2. El título I (artículos 1 a 24) regula el régimen de entrada y salida de territorio español.Toda persona que pueda acceder para trabajar deberá cumplir los requisitos previstos enel artículo 1: pasaporte o documento de viaje, visado válido cuando sea exigible,justificación del objeto y condiciones de entrada y estancia, la acreditación de disponerde recursos económicos suficientes o estar en condiciones de obtenerlos legalmente, yen la misma línea se encuentra el artículo 4.1 d). Sobre la acreditación de medioseconómicos, el artículo 9 remite a una Orden ministerial del Ministerio de la Presidenciala concreción de su cuantía y el modo de acreditar su posesión. La acreditación dedisponer de toda la documentación requerida se realizará ante los funcionariosencargados del control de los puestos habilitados para la entrada en España, segúndispone el artículo 12.1.También debe hacerse referencia al artículo 7.3, en el que se dispone que no necesitaránvisado para entrar en territorio español los titulares de una tarjeta de identidad deextranjero de “trabajador transfronterizo” respecto a la entrada en el territorio que formafrontera con el país de dicho trabajador.Sobre la inmigración irregular, y su indudable impacto en el mercado de trabajo, puedeimpactar la autorización concedida por el artículo 14.1 para el registro de entrada de losextranjeros no comunitarios, “a los efectos de control de su período de permanencia enEspaña”, así como también la de control de las salidas a la que se refiere el artículo21.4.3. El título II trata sobre el tránsito aeroportuario (artículos 25 a 27), y no he encontradoningún precepto que afecte directamente al ámbito laboral.4. El título III versa sobre la estancia en España (artículos 28 a 44). La primera mencióncon contenido laboral la encontramos en el segundo párrafo del artículo 29, que permiteque un visado de estancia pueda autorizar al titular para buscar empleo y solicitar laautorización de residencia y trabajo, siempre y cuando se cumpla lo dispuesto en elartículo 39 de la LO 4/2000 (modificada) y en los restantes preceptos del Reglamentoque tratan sobre esta regulación.De afectación indirecta creo que es el artículo 37, que define diferentes actividades decarácter no laboral para las que puede concederse una autorización de estancia; entreellas encontramos las de realización de actividades de investigación o formación, “sinperjuicio del régimen especial de investigadores” (que sí tiene un claro contenidolaboral), y la realización de “prácticas no laborales” en organismos o entidades públicaso privadas o en centros de formación profesional reconocidos oficialmente. Dichaautorización puede prorrogarse anualmente, según dispone el artículo 40, cuando seacredite que siguen reuniéndose los requisitos previstos para la actividad que se estállevando a cabo. Junto al sujeto que dispone de autorización de estancia podrán accedera España sus familiares durante la vigencia de aquella, en el bien entendido (artículo41.4) que no podrán obtener la autorización para la realización de actividades lucrativasa que se refiere el artículo 42.En efecto, el artículo 42 regula el “trabajo de titulares de una autorización de estancia”,permitiendo en determinadas condiciones la actividad laboral de quienes accedieron aEspaña por motivos de estudios, investigación o formación, prácticas no laborales o 3

estudios de voluntariado. De este precepto, que al ser ya de contenido específicamentelaboral debe merecer un detallado estudio en otro momento, sólo deseo destacar ahoraque la actividad laboral debe ser compatible con la educativa o formativa, y que sucarácter supletorio o subordinado con respecto a esta última se pone de manifiesto contoda claridad en el artículo 42.1, tercer párrafo, dado que los ingresos obtenidos por eldesempeño de una actividad laboral “no podrán tener el carácter de recurso necesariopara su sustento o estancia, ni serán considerados en el marco del procedimiento deprórroga de estancia”.Una atención especial a la problemática laboral del personal sanitario extranjero seencuentra reflejada en el artículo 43, que justamente lleva por título “régimen especialde los estudios de especialización en el ámbito sanitario”, previendo en determinadossupuestos la posibilidad de llevar a cabo la actividad regulada por la relación laboralespecial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud sinnecesidad de disponer de autorización de trabajo.5. El título IV regula la residencia temporal (artículos 45 a 122). Encontramos aquí elgrueso de la normativa de contenido o afectación laboral, y para darse cuenta de ellobasta con prestar atención al contenido del artículo 45, que define qué debe entendersepor residencia temporal e incluye los supuestos integrados en la misma, de los que todosellos, salvo la autorización de residencia temporal no lucrativa, tienen un indudableinterés laboral, señaladamente el de autorización de residencia temporal y trabajo porcuenta ajena, que sirve de marco general para las restantes autorizaciones y a las que seañade en cada supuesto sus especialidades propias: para investigación; paraprofesionales altamente cualificados titulares de una tarjeta azul-UE; de duracióndeterminada; por cuenta propia; en el marco de prestaciones transnacionales deservicios; con excepción de la autorización de trabajo.Incluso, y matizando algo lo expuesto más arriba, puede decirse que la autorizacióninicial de residencia temporal no lucrativa también interesa al mundo laboral, ya que laacreditación de disponer de recursos económicos de subsistencia para el titular de laautorización, y en su caso, de su familia, ha de servir para demostrar que puede residiren España “sin necesidad de desarrollar ninguna actividad laboral o profesional”,concretándose aún más esa justificación cuando los medios económicos de que disponeel titular de la autorización proceden de acciones o participaciones españolas, mixtas oextranjera radicadas en España, ya que en tal caso la persona interesada deberáacreditar, mediante certificación de las mismas y con declaración jurada en tal sentido,“que no ejerce actividad laboral alguna en dichas empresas” (artículo 47.3, tercerpárrafo). La disponibilidad de esos medios de subsistencia que permiten no realizarninguna actividad laboral también se requiere, obviamente, para la renovación de laautorización, en los términos del artículo 51.2 b), debiendo aportarse los documentosque acrediten la disponibilidad de tales recursos (artículo 51.3 b)Por cierto, y valga la referencia para todos los artículos en los que se incluye la mencióna los esfuerzos de integración de los extranjeros, que se acreditarán mediante el informepositivo de la Comunidad Autónoma de referencia, el texto final ha modificado elborrador presentado el 8 de febrero siguiendo las indicaciones del Dictamen emitido porel Consejo de Estado el 7 de abril; en tal sentido, la referencia al “conocimiento de laslenguas oficiales” ha sido sustituida por el “aprendizaje”, y ha desaparecido lareferencia a “las actividades de formación orientadas al empleo”. En el Dictamen del 4

Consejo de Estado sobre el RELOEX, se efectúa la siguiente observación sobre elartículo 2 ter de la LO 4/2000 modificada por la LO 2/2009: “el contenido de eseinforme, por decisión del legislador, ha de versar sobre las acciones formativas, pero nonecesariamente sobre lo que se califica en el propio artículo 2 ter como factoresesenciales de integración, esto es, las medidas específicas para favorecer laincorporación al sistema educativo, el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales y elacceso al empleo. Esta distinción parece obedecer en la Ley Orgánica a la lógica decada uno de los extremos comprendidos en el artículo 2 ter, pues las accionesformativas persiguen una integración en valores, en tanto que las llamadas medidasespecíficas operarían en un plano diverso que, a su vez, no guarda necesaria coherenciainterna, pues las medidas dirigidas a favorecer la incorporación al sistema educativo y elacceso al empleo no guardan necesaria relación con el "esfuerzo de integración delextranjero", sino con la existencia y la disposición por los poderes públicos competentesde los medios necesarios para que en esos campos específicos pueda tener lugar esaincorporación o ese acceso y, como consecuencia de ello, iniciarse el proceso deintegración”.A) Con respecto a la reagrupación familiar (artículos 52 a 61), me quedo ahora con laimportante referencia contenida en el artículo 58.4, lógica consecuencia del desarrollode la LO 4/2000 modificada por la LO 2/2009, a la autorización para trabajar, “sinnecesidad de realizar ningún trámite administrativo” para el cónyuge, pareja de hecho(persona que mantenga con el reagrupante una relación de afectividad igual a laconyugal y que cumpla los requisitos regulados en el artículo 53 b), o hijo reagrupado, yque dicha autorización habilitará para trabajar de forma plena y sin restricciones deningún tipo, o por decirlo de forma más correctamente jurídica, “para trabajar porcuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier parte del territorio español, ocupación osector de actividad” (artículo 58.4).B) La residencia temporal y trabajo por cuenta ajena (artículos 62 a 72) es la “estrella”de la regulación de contenido laboral del nuevo RELOEX, y a su regulación en elborrador de 8 de febrero, en el que no se han introducido sustanciales modificaciones enel texto final salvo las pactadas en el marco del diálogo social con las organizacionessindicales y empresariales más representativas.a) El artículo 64 recoge los requisitos requeridos para que pueda concederse estaautorización inicial de residencia temporal y trabajo. En primer lugar, cabe hacerreferencia a la presentación por el futuro empleador de un contrato de trabajo, y no deuna oferta, contrato que deberá estar firmado por ambas partes en el momento de lapresentación pero cuya eficacia en cuanto a la entrada en vigor, es decir, la fecha de sucomienzo, quedará obligatoriamente condicionada “al momento de la eficacia de laautorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena”, es decir al momento delalta del trabajador en la Seguridad Social. Esta regulación es sumamente importante, yaque condiciona tanto la eficacia de la autorización concedida como el momento en queel trabajador podrá empezar a trabajar, disponiendo tajantemente el artículo 70.7 que elalta en Seguridad Social “dotará de eficacia a la autorización inicial de residencia ytrabajo por cuenta ajena”. Obsérvese la diferencia sustancial con el artículo 52 deltodavía vigente RD 2393/2004 de 30 de diciembre, en el que se dispone que “El visadode residencia y trabajo por cuenta ajena incorporará la autorización inicial de residenciay trabajo por cuenta ajena, y la vigencia de ésta comenzará desde la fecha en que se 5

efectúe la entrada en España, la cual deberá hacerse constar obligatoriamente en elpasaporte o título de viaje”.Sobre el nuevo precepto, el Dictamen del Consejo de Estado ha formulado la siguienteobservación: “…no se prevé si, una vez producida el alta, se retrotrae la eficacia de laautorización concedida a la fecha de entrada del extranjero en España. Tampoco elartículo 67 del Proyecto (Procedimiento de otorgamiento de la autorización) ofrece unaregla específica, limitándose a prever que la eficacia de la autorización quedarásuspendida hasta la obtención del visado y posterior alta del trabajador. Es notorio queson cuestiones diferentes las atinentes a la vigencia y la eficacia de la autorización, sinque aquélla haya sido debidamente resuelta en este caso por el Proyecto. Se sugiere, endefinitiva, aclarar este extremo que no aparece suficientemente precisado en la normaen proyecto”. No me parece que el legislador haya atendido esta sugerencia en el textofinal.b) Cuando la contratación sea a tiempo parcial la retribución deberá ser igual o superioral Salario Mínimo Interprofesional “para jornada completa y en cómputo anual”,modificación que supongo que puede guardar relación con el objetivo de evitarsituaciones de desprotección económica, de cotizar a la Seguridad Social de tal maneraque se pueda después solicitar la renovación de la autorización, o bien de prácticasfraudulentas consistentes en formalizar un contrato a tiempo parcial pero en la prácticatrabajar muchas más horas como si fuera un contrato a jornada completa.c) La referencia a que la situación nacional de empleo no se tomará en consideración ala hora de conceder la autorización solicitada, no sólo cuando así lo dispongaexpresamente el artículo 40 de la LO 4/2000 (modificada) sino también cuando seestablezca “por Convenio internacional” deja la puerta abierta a la ampliación de estahipótesis mediante convenios suscritos de forma bilateral por el Reino de España conotros Estados (probablemente de Iberoamérica) o bien aquellos que puede aprobarse, yposteriormente ratificarse, en el ámbito multilateral.d) De importante cabe calificar el artículo 65, regulador de la determinación nacional deempleo, en el que se recoge toda la explicación de cómo ha de elaborarse el catálogo deocupaciones de difícil cobertura, que incluirá no sólo la información facilitada por losServicios Públicos de Empleo respecto a las ofertas presentadas por los empleadores,sino que también según el nuevo texto deberá tomar en consideración “las estadísticaselaboradas por las Administraciones Públicas y, especialmente, la relativa a personasinscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo”. Dado queel texto final del Reglamento no ha introducido modificaciones sobre el borrador hechopúblico el 8 de febrero, es obligado por mi parte reiterar la valoración que efectué en sumomento y para la que no he encontrado hasta ahora argumentación o justificación de lareforma que me obligue a revisar mis primeros planteamientos (y si ello ocurre, noduden de que así lo manifestaré).Es en este precepto donde no se encuentra la claridad y concreción que sí se encuentraen buena parte del nuevo texto, y que deja la puerta abierta a diferentes y diversasinterpretaciones por parte de los respectivos Servicios Públicos de Empleo, además deaportarles una carga adicional de trabajo burocrático que deduzco que merecerá durascríticas por parte de los mismos. O por decirlo de forma clara y sin circunloquios: creoque el legislador quiere reducir a la mínima expresión, o incluso suprimir si pudiera, el 6

Catálogo, en un momento en que la tasa de desempleo en España se mueve alrededordel 20 %, pero que no se atreve a formularlo en estos términos y por ello traslada “lacarga de la prueba” a empleadores y responsables de los SPE.¿Por qué efectúo esta afirmación? Primero, porque el texto permite incluir en elcatálogo aquellas ocupaciones que por su naturaleza (¿) podrían ser cubiertas porpersonas inscritas como demandantes de empleo tras su participación (¿por cuántotiempo?) en actividades formativas (¿de qué tipo?) programadas por los SPE (dentro desu planificación general, o de forma adicional cuando se dé ese supuesto?). En segundolugar, porque aunque aparentemente se abre el portillo para presentar por parte delempleador ofertas para puestos de trabajo no incluidos en el catálogo, se matiza que esaoferta sólo tiene razón de ser cuando puedan demostrar la dificultad (¿) de cubrir lospuestos de trabajo vacantes con trabajadores ya incorporados en el mercado laboralinterno, y que para ello deberá presentar una oferta para ese puesto de trabajo “sincontener requisitos que no tengan relación directa con su desempeño” (¿hay quepresumir necesariamente que el empleador quiere eludir la legalidad, o forzar la letra dela norma, para poder contratar a la persona deseada?)La norma dispone la publicidad de dicha oferta durante un período mínimo de 15 díaspara que pueda ser conocida por cualquier trabajador que se halle y resida en España,otro plazo de 25 días desde la presentación de la oferta para comunicar al servicio deempleo el resultado de la selección, y un tercero de 5 días más para que el SPE emita, ensu caso, la certificación de insuficiencia de demandantes de empleo, remitiendo lanorma a un desarrollo normativo del contenido mínimo que deberá reunir dichocertificado, previo informe de la Comisión laboral tripartita de inmigración. Por cierto,me asalta una duda jurídica: si las CC AA son las responsable de la gestión de todas laspolíticas activas de empleo, ¿se les puede imponer por una norma estatal el contenido“mínimo” de un documento que ellas deben formalizar, bajo la justificación de que setrata de una materia, la de extranjería, para la que la Constitución les atribuyecompetencia exclusiva, siendo así que el Tribunal Constitucional ha reconocido, en susentencia 31/2010 de 28 de junio, que el contenido de la competencia de extranjeríapropiamente dicho es limitado, y que hay otros títulos competenciales que afectan a esamateria pero que se atribuyen a las autonomías?No se puede decir desde luego que el contenido del certificado no sea, aparentemente,farragoso (y el riesgo de que se hagan informes estereotipados es algo más que unamera hipótesis de trabajo de prosperar el texto del borrador). En primer lugar, lacertificación de todos los datos relativos a la oferta de empleo; en segundo término, lacifra de personas incluidas en la provincia (es conveniente tomar en consideración otrasrealidades territoriales que se contemplan por algunas CC AA); por fin, y esta es la partemás discrecional, “una valoración (entiendo que firmada por el responsable de la oficinade empleo) de si la ocupación, una vez que ha quedado probado que no haydemandantes de empleo que puedan en principio ocuparla, sí podría serlo por algunosde estos mismos demandantes “tras su participación en actividades formativas (¿cuáles?¿de qué duración?) por los servicios públicos de empleo.El certificado, en cualquier caso, no parece que sea definitivo para tramitar en elexterior la oferta de empleo, y deja un margen amplio de actuación a la oficina deextranjeros (que parece que quiere denegar la solicitud pero que necesite algúnargumento de mercado de trabajo para poder hacerlo) para tomar la decisión final de 7

aceptación o denegación de la tramitación de la oferta en el exterior, dando a entender lanorma, otra vez de forma prudente para que no se “note” demasiado su deseo derestringir al máximo la oferta de empleo para extranjeros no residentes, que podrá serdesestimada “si el puesto podría ser cubierto tras una actividad formativa programadapor el Servicio Público de Empleo” (en el borrador del Reglamento la actividadformativa era “impulsada” por el SPE).e) Otros epígrafes del artículo 67 ponen de manifiesto con claridad, a mi parecer, eldeseo del legislador, de evitar situaciones de irregularidad sobrevenida por causas noimputables al trabajador; no de otra forma debe entenderse que el fallecimiento odesaparición del empleador permita al demandante de empleo prestar sus servicios paraotro empleador, con la autorización pertinente de la autoridad competente, siempre ycuando el alta en la Seguridad Social se formalice en un período máximo de tres mesesdesde que el ciudadano extranjero llegó a España. Por otra parte, quien no sea dado dealta por su hipotético empleador deberá comunicarlo a la oficina de extranjeroscompetentes, utilizando impropiamente a mi parecer el nuevo Reglamento el término“trabajador” en este caso, ya que la persona que no ha accedido aún al contrato detrabajo con eficacia no es propiamente hablando un trabajador en el sentido jurídico deltérmino.En el marco del diálogo social se incorporaron dos importantes modificaciones en losnúmeros 8 y 9 del artículo 67 y que cabe valorar positivamente.En primer lugar, se trata de conseguir que el trabajador que no va a prestar sus serviciospara el empleador que lo contrató pueda hacerlo para otro, a fin y efecto de permitir quepueda trabajar en España en condiciones de regularidad. Si en el borrador delReglamento se preveía tal posibilidad en caso de fallecimiento del empleador (personafísica) o de su desaparición (persona jurídica), el acuerdo lo amplía al supuesto de que elempresario que iba a contratar al trabajador comunique a la autoridad laboral que nopuede hacerlo, y por consiguiente el trabajador podrá ser contratado por un nuevoempleador siempre y cuando no hayan transcurrido más de 3 meses desde su entrada enEspaña, previéndose además la posibilidad de que el extranjero que busca trabajo, conindependencia de la causa por la que se ve obligado a buscar un segundo empleador,“pueda recurrir para ello a la intermediación del Servicio Público de Empleocompetente”. El precepto modificado es el artículo 67, números 8 y 9.En segundo término, se disipa un interrogante sobre la interpretación de un determinadoprecepto, el artículo 69.1 i, que no preveía de forma expresa como causa de denegaciónde la autorización que el empleador hubiera adoptado con anterioridad una medida desuspensión de contratos y que esta se mantuviera vigente cuando se solicitara por suparte autorización para cubrir tales puestos, incluyéndose ahora de forma expresa comocausa de denegación que se quiera cubrir un puesto de trabajo que ya esté ocupado porun trabajador pero con el contrato de trabajo en suspenso. No me parece que fueranecesario aclarar aquello que no se dice en la norma, pero en la explicación del acuerdose argumenta que esa contratación sí podrá efectuarse cuando “tenga como objetivocubrir puestos de trabajo distintos a los afectados por la suspensión”.f) También debe dejarse mención del artículo 68, que regula el procedimiento en el casode traspaso de competencias ejecutivas en materia de autorización inicial de trabajo porcuenta ajena a CC AA, ya que una redacción idéntica, con el obligado cambio del 8

supuesto concreto de autorización, se encuentra en otras autorizaciones. Probablementeguarde relación con ello el acuerdo de la Subcomisión Bilateral Generalitat-Estado decooperación en materia de migración, celebrada el 7 de marzo, que permite ampliar lascompetencias de la Generalitat de Cataluña en materia de autorizaciones iniciales detrabajo a nuevos supuestos regulados en el RELOEX.g) El artículo 69 trata sobre las denegaciones de las autorizaciones iniciales deresidencia temporal y trabajo por cuenta ajena. Dos consideraciones cabe hacer sobreeste precepto:-- En primer lugar, se mantiene la denegación ya regulada en la normativa todavíavigente cuando el empleador hubiera amortizado puestos de trabajo por despidosdeclarados como improcedentes o nulo en sentencia o en trámite de conciliaciónjudicial, en los supuestos previstos en el artículo 50 (extinción del contrato por causasno imputables al trabajador) 51 (despidos colectivos) y 52 c) (amortización individual oplural de puestos de trabajo). Hubiera sido conveniente a mi parecer la inclusión de lossupuestos de declaración de improcedencia del despido objetivo por reconocimientoexpreso del empleador en el mismo escrito en el que se comunica el despido, o en unoinmediatamente posterior, y que el trabajador no recurra la decisión empresarial, dada lanueva regulación en esta materia introducida por la Ley 35/2010 de 17 de septiembre.-- En segundo término, se incluye como causa de denegación de la autorización el hechode que el empleador haya sido sancionado por faltas graves (y no sólo muy graves comoocurre con la normativa vigente), y también cuando haya sido condenado por sentenciafirma (y no hayan sido cancelado los antecedentes penales) por delitos contra laHacienda Pública y contra la Seguridad Social (y no sólo contra los derechos detrabajadores), por lo que parece que se quiere poner el acento en la conductajurídicamente intachable que ha de tener un empleador para poder contratar atrabajadores de países no UE.h) La nueva norma trata de evitar, en la redacción del artículo 71, que se produzcansituaciones de irregularidad sobrevenida que provoquen que personas, en su granmayoría trabajadoras, que se encuentran en situación de regularidad abandonen esasituación jurídica por razón de la pérdida de su empleo o por circunstancias familiares.La norma también recoge la posibilidad abierta por el artículo 38.6 d) de la LO 4/2000(modificada) de incluir otras circunstancias no previstas expresamente en la ley, “enparticular los supuestos de extinción del contrato o suspensión de la relación laboralcomo consecuencia de ser víctima de violencia de género”.En efecto, el RELOEX incluye de forma expresa esta hipótesis, así como tambiénamplía la posibilidad de solicitar la renovación no sólo cuando el cónyuge cumpla losrequisitos económicos previstos para poder reagrupar al trabajador sino también cuandoesa situación se dé en el caso de la pareja de hecho, es decir “de la persona con la que elextranjero mantenga una relación de análoga afectividad a la conyugal en los términosprevistos en materia de reagrupación familiar”. Por otra parte, se mantiene, y creo quees especialmente importante, la reforma operada en el Reglamento 2393/2004 de 30 dediciembre por el RD 1162/2009 de 10 de julio y se vincula la búsqueda activa deempleo a la inscripción en el Servicio Público de Empleo (quizás sería convenienteincluir aquí la posibilidad de inscribirse en las agencias de colocación a partir de laregulación de dichas agencias en el RD 1796/2010 de 30 de diciembre) pero no obliga 9

(cuestión distinta es que tal actividad sea muy aconsejable para la búsqueda de empleo)a participar en acciones de tales servicios o en programas de inserción sociolaboral.i) La solicitud de renovación no dependerá, parece, única y exclusivamente de que secumplan las condiciones de contenido laboral que se recogen en el artículo 71, sinotambién de otras de contenido social, siendo obligatorio aportar el informe emitido porlas autoridades autonómicas que acredite, si tal fuera el caso, “la escolarización de losmenores a cargo de edad en escolarización obligatoria”. Sobre este punto se hamanifestado críticamente el Dictamen del Consejo de Estado, argumentando que “lo quedemanda el interés superior del menor es que se adopten las medidas necesariasorientadas a su escolarización en caso de que, con ocasión de la solicitud o renovaciónde la residencia de la persona que tiene a su cargo a un menor, se ponga de manifiestouna situación lesiva de su derecho a la educación. La falta de escolarización no deberíaconducir a la denegación de solicitudes”.Por otra parte, y no sólo para este supuesto sino también para varios otros recogidos enla nueva normativa, las autoridades podrán valorar diferentes informes que se hayansolicitado de oficio para poder tramitar la solicitud, tales como la situación penal delinmigrante, el cumplimiento de sus obligaciones en materia tributaria y de SeguridadSocial, y “se valorarán” (afirma de forma taxativa la futura norma, de acuerdo con lodispuesto en la LO 4/2000, modificada) el “esfuerzo de integración del extranjero”, quese recogerá en el “informe positivo de la Comunidad Autónoma de su lugar deresidencia”. Me remito a la explicación efectuada en el apartado relativo a laautorización de residencia temporal.j) En mis comentarios me he referido siempre a la persona trabajadora contratada paraprestar un trabajo por cuenta ajena, pero sería incorrecto no terminar esta explicacióndel “bloque de ajenidad” sin referirse al sujeto empleador y más concretamente a loscriterios fijados en el artículo 66 que permitirán garantizar una cierta certeza a la horade saber si es posible una contratación, “los medios económicos, materiales ypersonales a acreditar por el empleador para hacer frente a las obligaciones dimanantesdel contrato de trabajo” en el supuesto de tratarse de una persona física, supuesto que esel concurre, por poner el ejemplo más significativo, cuando se contrata a una personapara prestar sus servicios en el hogar familiar. Me parece positivo abandonar la técnicalegislativa de la mera instrucción o circular administrativa para tratar esta cuestión yrecoger los criterios en una norma de mucho mayor rango legal.Desde este planteamiento previo, cabe decir que la norma incluye en el montanteeconómico de que debe disponer el empleador el salario que debe abonar a la personatrabajadora, “que deberá ajustarse a las (cuantías) establecidas por la normativa vigentepara la misma actividad, categoría profesional y localidad” (es decir, el conveniocolectivo aplicable, o como mínimo el Salario Mínimo Interprofesional, 21,38 euros/díao 641,40 euros/mes en 2011), y una vez descontado este el empleador deberáobligatoriamente disponer de una cantidad que la norma considera suficiente “paraatender sus necesidades y las de su familia”, siendo la del 100 % del IPREM (17,75euros/día o 532,51 euros/mes) cuando el empleador no tenga familiares a su cargo, del200 % cuando haya un familiar a cargo, y con el 50 % del IPREM adicional por cadanuevo miembro de la unidad familiar, en el bien entendido que se suman todas lascantidades que se perciban en dicha unidad, de tal manera que en los casos de unidadesfamiliares que incluyan dos o más miembros “los medios a acreditar resultarán de la 10

suma de aquellos con los que cuente cada una de las personas que integren la unidadfamiliar”.Sólo se admitirá que los medios económicos provengan de subvenciones, ayudas osubsidios concedidos por las administraciones cuando se trate de personas que contratenpara asistencia domiciliaria y el cuidado de menores o personas dependientes. Si se tratade empresas, podrá justificarse la solvencia con la información relativa a la cifra denegocios durante los tres años anteriores, y también el promedio anual de personalcontratado, en el que deberá computarse tanto el personal de nuevo ingreso como aquelque haya extinguido su relación.C) La residencia temporal y trabajo para investigación es regulada en el capítulo IV delTítulo III (artículos 73 a 84), refiriéndose a la situación jurídica del extranjero cuyapermanencia en España “tiene como fin único o principal realizar proyectos deinvestigación, en el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo deinvestigación” (artículo 73), y con la vigencia de la autorización vinculada a la duracióndel proyecto de investigación (artículo 74).Por cierto, sobre esta nueva regulación el Ministerio de Ciencia e Innovación no hatardado en publicar una nota de prensa oficial en la que destaca sus bondades,resaltando que el nuevo Reglamento “reduce de 90 a 45 días el tiempo para la obtencióndel permiso de residencia temporal y trabajo para investigadores procedentes de tercerospaíses (fuera de la UE), facilitando así la contratación y atracción de talentointernacional y mejorando la movilidad de los investigadores. Esta nueva normativafavorece así la competitividad de la economía española en el mercado internacional ycontribuye además a la internacionalización de las empresas del país en el marco de lapolítica europea de inmigración”.En cambio, el Consejo de de Estado es bastante crítico en su Dictamen sobre la nuevaregulación, argumentando que “se echa en falta en este capítulo una más claraconcreción interna de las previsiones necesarias para la completa incorporación de todaslas disposiciones de la Directiva 2005/71/CE del Consejo, de 12 de octubre de 2005,relativa a un procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países aefectos de investigación científica, que, ha de recordarse, requiere un acto interno deincorporación por detalladas que puedan ser algunas de sus previsiones”.D) El capítulo V trata sobre la residencia temporal y trabajo de profesionales altamentecualificados titulares de una tarjeta azul – UE (artículos 85 a 96), en desarrollo tanto delartículo 38 ter de la LO 4/2000 (modificada) como de la Directiva 2009/50/CE de 25 demayo de 2009. Baste ahora recordar que la actividad laboral a desarrollar requerirá deuna cualificación de enseñanza superior o la acreditación de un mínimo de cinco añosde experiencia profesional que pueda equipararse a dicha cualificación, considerándosecomo tal enseñanza superior aquella de una duración mínima de tres años “y queproporcione el nivel de cualificación necesario para ejercer una profesión que exija unalto nivel de capacitación o para ingresar en un programa de investigación avanzada”,en el bien entendido además, y esta limitación puede implicar una restricción importanteal acceso al trabajo en territorio español, que la autorización se concederá cuando lasituación nacional de empleo “permita la contratación del trabajador extranjero en lostérminos previstos en el artículo 65 de este Reglamento” (artículo 87.2 f), y que ladenegación de la autorización procederá, según dispone el artículo 90.1,f), cuando la 11

contratación afecte a los sectores que en el país de origen del trabajador sufra escasez demano de obra (¿sanidad?) “de acuerdo con lo establecido en un Acuerdo internacionalsobre la materia”.E) La regulación de la residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de duracióndeterminada se encuentra en el capítulo VI (artículos 97 a 102), es decir las actividadeslaborales de campaña o temporada, de obras o servicios, o formación y prácticasprofesionales, con los límites de nueve meses en actividades de campaña y temporada, yde doce para los restantes supuestos salvo posibilidades excepcionales de prórroga porrazones debidamente justificadas. Es interesante, apunto, ahora, la concreción delartículo 99.5, ya que para actividades de formación o prácticas será necesario que seformalicen contratos que regulan tales supuestos, es decir “en los términos establecidosen la normativa española que regula estas modalidades contractuales”. Se tomará enconsideración la situación nacional de empleo.En el marco del diálogo social, se ha ampliado de 15 a 25 días el período mínimo depublicación de ofertas de empleo de trabajos de temporada para que puedan serconocidas y valoradas por todos los trabajadores residentes en territorio español antes deser ofertadas a trabajadores extranjeros que no se hallen ni residan en España. Dicho deforma más simple, se pretende que tales oferta de empleo sean cubiertas por personasque sean demandantes de empleo y que por consiguiente se encuentren en España,debiéndose o pudiéndose cubrir solo de forma excepcional cuando quede debidamenteacreditado por el transcurso de ese período de tiempo que no hay trabajadores residentesen España que puedan cubrir las ofertas disponibles. El precepto modificado es elartículo 98.2 a).También se ha ampliado, como acabo de indicar, la duración máxima de la autorizacióninicial de de determinados trabajos de duración determinada, que pasa de 9 a 12 meses,y sólo se prevé autorización de prórroga si el empleador “acredita circunstanciassobrevenidas que requieren la continuación de la relación laboral”. En concreto se trata,según el texto del acuerdo, de autorizaciones para desarrollar actividades de obras oservicios, contratación en formación o prácticas y contratación de determinadoscolectivos. Parece que el objetivo es incentivar la contratación vía régimen general decontratación en origen cuando se prevea por parte del empleador que la duración de larelación laboral puede ser superior a un año, ya que posee una mayor flexibilidad en sucontenido que la regulación de la autorización de duración determinada, especialmenteporque en esta última, algo que no ocurre en el régimen general, el trabajador debeasumir el compromiso de regresar a su país de origen cuando finalice la actividadlaboral para la que fue concedida la autorización inicial. Los preceptos objeto demodificación son los artículos 96.3 b) y 100.2.F) El capítulo VII centra su atención en la residencia temporal y trabajo por cuentapropia (artículos 103 a 109), previendo su duración inicial de un año y limitándola a unámbito geográfico autonómico y a un sector de actividad (más amplio que para eltrabajo por cuenta ajena, que tiene los limites de una provincia y de una ocupación), enel bien entendido que aquellas CC AA que tienen competencias en materia deautorización inicial de trabajo por cuenta propia (hasta el momento sólo Cataluñadispone de ella) “podrán fijar el ámbito de la autorización dentro de su territorio”. Nodeja de sorprenderme, y quiero pensar que hay algún argumento jurídico para ello, lareferencia del artículo 105.3 a) a la necesidad por parte del extranjero de acreditar 12

cumplir los requisitos que la legislación vigente “exige a los nacionales” para laapertura y funcionamiento de la actividad proyectada. ¿No bastaría con hacer referenciaal cumplimiento de la legalidad vigente? En fin, si hay algo que desconozco, yprobablemente sea así, pido ayuda a los lectores y lectoras del blog. Sobre la exclusiónde los menores de edad de 18 años, el Consejo de Estado se muestra crítico con esadecisión, por considerar que no cuenta con suficiente base legal, si bien a continuaciónmatiza que “la construcción del citado artículo 37.1 de la Ley Orgánica remite alReglamento la exigencia de otros requisitos para el acceso a la residencia temporal ytrabajo por cuenta propia”.Sobre la posibilidad de que el trabajador autónomo económicamente dependiente(TRADE) pueda acceder a una autorización de trabajo por cuenta propia no creo que seanecesario un reconocimiento específico de dicha posibilidad, aunque hay compañerosque tiene un punto de vista diferente, en cuanto que al tratarse de un trabajador porcuenta propia deberá someterse con carácter general a la regulación aplicable a estecolectivo de trabajadores. Entiendo, en cualquier caso, que para que el TRADE puedademostrar el cumplimiento de las condiciones relativas al ámbito laboral, quizás hubierasido conveniente añadir, en el artículo que recoge los requisitos a cumplir, una mencióna la aportación del contrato por el cliente del que dependerán, como mínimo, el 75 % desus ingresos, con lo que en tal caso sí habría una mención expresa. Dejo aquí la dudaplanteada, y estoy seguro que la realidad de la inmigración por cuenta propia plantearáalgún problema sobre esta cuestión y que deberá ser resuelto por las autoridadesadministrativas y judiciales en el ámbito de sus respectivas competencias.G) El capítulo VIII regula la residencia temporal y trabajo en el marco de prestacionestransnacionales de servicios (artículos 110 a 116), es decir de trabajadores extranjerosdesplazados a España y que tienen relación jurídica laboral con una empresa establecidaen un Estado que no forma parte de la UE ni del Espacio Económico Europeo, siemprey cuando se produzca alguno de los supuestos listados en el artículo 110, con duraciónmáxima de un año y con limitación a una ocupación ámbito territorial concretos.Nuevamente aquí interesa mencionar que la situación nacional de empleo ha de permitirel desplazamiento (artículo 111, 6º, b) 1º).H) Un amplio listado de excepciones a la autorización de trabajo se encuentra en elartículo 117, ubicado en el capítulo IX que regula la residencia temporal con dichasexcepciones (artículos 117 a 119). Por su importancia en relación con los menoresextranjeros en edad laboral, me interesa destacar el supuesto de quienes están tuteladospor un servicio de protección de menores competente, y para los que este servicio pidepoder llevar a cabo una actividad que favorezca su integración social mientraspermanezcan en esa situación, debiendo acreditarse que “el servicio citado ejerce latutela del menor” y presentar una propuesta de actividad que “favorezca la integraciónsocial del menor”.I) La residencia temporal del extranjero que ha retornado voluntariamente a su país, yasea acogido a un programa de retorno voluntario o al margen de programa alguno, esobjeto de regulación por el capítulo X (artículos 120 a 122), que posibilita la solicitudde una autorización de residencia temporal y trabajo una vez hayan transcurrido tresaños desde la fecha de retorno al país de origen, otorgándose la facultad al MTIN demodificar ese período (supongo que en razón de cómo vaya evolucionando la situaciónde empleo y también del número de trabajadores que hayan llevado a cabo su retorno). 13

Por cierto, el artículo 122.2, segundo párrafo, me suscita bastantes dudas de cómo puedellevarse a cabo en el marco de un procedimiento de selección de personal, salvo que seintroduzca alguna previsión más concreta al respecto en una Orden posterior o en unaInstrucción, ya que no creo que pueda valorarse de otra forma la manifestación de quelos órganos españoles “realizarán las actuaciones necesarias para que dichos extranjerossean preseleccionados en los procedimientos desarrollados en su país de origen a losque concurran”.6. El Título V (artículos 123 a 146) regula la residencia temporal por motivosprofesionales, siendo sin duda la estrella laboral la autorización por razones de arraigo,y dentro de la misma más concretamente la del arraigo laboral (artículo 124).A) Con respecto al denominado “arraigo laboral”, la nueva regulación me parececoherente con la realidad actual del mercado de trabajo en España, afectado por la crisiseconómica y de empleo que padecemos desde 2008, y de ahí que deba valorarsepositivamente la reducción, desde el año ahora necesario a los seis meses en la nuevanorma, en cuanto al período del que deberá acreditarse la existencia de una relaciónlaboral, acreditación y duración que deberá llevarse a cabo, y aquí sólo ha habido unamodificación formal en cuanto a la ubicación del requisito, por resolución judicial quela reconozca o resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de laInspección de Trabajo y Seguridad Social que la acredite. Por consiguiente, esterequisito (modificado) se suma al de acreditar una residencia continuada en Españadurante dos años como mínimo, y a la carencia de antecedentes penales, habiéndoseintroducido en este último punto la novedad (que también se incorpora en los restantessupuestos de concesión de autorizaciones de residencia) de que aquella no sólo debedarse en España y en el país de origen del extranjero, sino también “en el país o paísesen los que haya residido durante los últimos cinco años”.La referencia laboral también aparece en el arraigo social, ya que uno de los requisitos acumplir es el de disponer de un contrato de trabajo con una duración mínima de un año,salvo en el sector agrario y cuando se desarrollen actividades en una misma ocupaciónde forma que se trabaje a tiempo parcial y para más de un empleador (supuestos típicodel personal al servicio del hogar familiar), en cuyo caso se admitirán dos contratos(primer supuesto) y dos o más (segundo supuesto) que cumplan con los requisitosfijados en el RELOEX. Para el Consejo de Estado hay que revisar la redacción delprecepto, ya que la referencia a la presentación de varios contratos “no clarifica queentre todos ellos deberán alcanzar la duración mínima de un año”, y añadiendo que “Deotro modo, esta fórmula novedosa supondría un endurecimiento del régimen de arraigosocial, en clara disonancia con el resto de requisitos laborales exigidos”. No alcanzo aentender la observación formulada por el Consejo de Estado, ya que la redacción delprecepto es muy clara al respecto como acabo de explicar: la regla general es que existaun contrato que tenga una duración mínima de un año, y se admiten dos excepciones,una de las cuales permite que se presenten dos o más contratos, siendo todos ellos “deduración mínima de un año”.Para acreditar el arraigo social podrá alegarse por las personas interesadas, y acreditarsepor la administración que emita el informe, “los esfuerzos de integración a través delseguimiento de programas de inserción sociolaborales” (obsérvese, dicho seaincidentalmente, que se trata de personas en situación irregular, por lo que esos 14

programas se realizarán preferentemente por entidades sociales). Por otra parte, elnuevo RELOEX mantiene la posibilidad, ya recogida en la normativa todavía vigente,de que pueda recomendarse en el informe que se exima a la persona solicitante de lanecesidad de contar “con un contrato de trabajo” (en puridad debería decirse “con uno omás contratos de trabajo”, para adaptar este precepto a los cambios introducidos conanterioridad en el contenido laboral del arraigo social) si se puede acreditar por su parteque dispone de medios de vida suficientes, ampliándose por la norma la posibilidad desolicitar esa exención cuando se trate de un trabajador por cuenta propia y se acreditefehacientemente que cumple los requisitos previsto para solicitar la concesión de unaautorización de dicho carácter, en el bien entendido que uno de los requisitos queobligatoriamente habrá de cumplirse es “a) Que el trabajador no se encuentreirregularmente en territorio español”.Por cierto, la autorización de trabajo también se extiende automáticamente a quieneshayan solicitado y obtenido una protección internacional en los términos del artículo125, a los que es de aplicación la disposición adicional vigésimo primera, que reconocedicha autorización cuando hayan transcurrido más de seis meses desde la presentaciónde la solicitud y siempre que esta hubiera sido admitida a trámite y no estuviera resueltapor causa no imputable al interesado.Baste añadir ahora la referencia al último párrafo del artículo 124, que viene a decirimplícitamente que no se tomará en consideración la situación nacional de empleo paraposibilitar el acceso de los extranjeros acogidos al arraigo laboral, social o familiar, almercado de trabajo, ya que la Orden que puede dictarse por el Ministerio de laPresidencia podrá aplicar los límites derivados de esa situación sólo a las solicitudes deautorización de residencia temporal por arraigo social. Por cierto, el precepto ha sidosustancialmente modificado con respecto a la redacción recogida en el borrador de 8 defebrero, al objeto de tomar en consideración la observación de carácter sustancialformulada en el Dictamen del Consejo de Estado.Añado también que el acceso al mercado de trabajo será igualmente posible, si bien sedebe solicitar, cuando una persona haya colaborado con autoridades públicas, o porrazones de seguridad nacional o interés público (artículo 127).B) Los capítulos II, III y IV tratan de forma específica sobre la situación de trescolectivos para los que se requiere, por diferentes motivos, especial protección social yjurídica. Me refiero a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, a quienescolaboren con las autoridades contra redes organizadas (por ejemplo en los casos deexplotación laboral), y a quienes sean víctimas de trata de seres humanos (artículos 131a 146).En los tres supuestos cabe la posibilidad de solicitar una autorización de residencia ytrabajo por circunstancias excepcionales, cuya concesión implica la posibilidad detrabajar por cuenta ajena o propia en cualquier ocupación, sector de actividad y ámbitoterritorial. La concesión de una autorización firme, por haberse reconocido la existenciadel supuesto que provocó la petición del sujeto extranjero, será por cinco años. Además,en el caso de mujeres víctimas de violencia de género (artículo 134.1 c), incorporado en 15

la última fase de elaboración del RELOEX) la concesión firme de la autorización deresidencia y trabajo implicará archivar el procedimiento sancionador que pudiera existir.También cabe incluir la autorización por colaboración con autoridades administrativasno policiales y con autoridades administrativas policiales, fiscales o judiciales, yentiendo que aquí la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Socialpuede cobrar un importante papel para salir de la situación de irregularidad laboral y encondiciones que impliquen la explotación de la persona trabajadora.Obsérvese, en definitiva, como en todos los supuestos reguladores de los colectivosespecialmente más desfavorecidos, se amplía con respecto al régimen general laduración de aquella, y su ámbito de aplicación geográfico y de actividad, ya que entodos los supuestos de los capítulos referenciados con anterioridad la vigencia de lasautorizaciones será de cinco años, y la posibilidad de trabajar por cuenta ajena existiráen cualquier ocupación, sector de actividad y ámbito territorial.Sobre la protección y lucha contra la trata de seres humanos es obligado dejarconstancia de la reciente publicación de la Directiva 2011/36/UE, del ParlamentoEuropeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, “relativa a la prevención y lucha contra latrata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye laDecisión marco 2002/629/JAI del Consejo”, que entró en vigor el día de su publicaciónen el Diario Oficial de la Unión Europea, el 15 de abril, y que fija la fecha límite del 6de abril de 2013 para su incorporación a los ordenamientos jurídicos nacionales, y enconcreto para que sean punibles la conductas intencionadas siguientes: “La captación, eltransporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, incluido el intercambio ola transferencia de control sobre estas personas, mediante la amenaza o el uso de lafuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o deuna situación de vulnerabilidad, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficiospara lograr el consentimiento de una persona que posea el control sobre otra persona,con el fin de explotarla”.7. El título VI regula la residencia de larga duración, es decir aquella situación en la quese encuentra un extranjero que haya sido autorizado a residir y trabajar indefinidamenteen España en las mismas condiciones que los españoles tras haber residido de formalegal y continuada durante un período mínimo de cinco años, o bien quienes seantitulares de una tarjeta azul-UE en otro país de la UE y hayan residido en territorioespañol en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud (artículos 147 a 161).Las referencias de contenido laboral y de protección social se encuentran el artículo148, al permitir la adquisición de una autorización de larga duración a quienes seanbeneficiarios de una pensión de jubilación, de invalidez permanente absoluta o de graninvalidez en su modalidad contributiva. Hay una regulación propia para facilitar lamovilidad del residente de larga duración-UE en otro Estado miembro que desee residiry trabajar en España, destacando que no se tomará en consideración la situaciónnacional de empleo para valorar la posibilidad de contratación del extranjero.8. El título VIII está dedicado a la extinción de las autorizaciones de residencia o deresidencia y trabajo (artículos 162 a 166). Una referencia especial se contiene a laexcepción de la extinción por haber permanecido fuera de España durante un período de 16

más de seis meses en un año cuando se trate de la ausencia de personal laboral (es decircon autorización de residencia y trabajo) que preste sus servicios como cooperantes paraorganizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones inscritas en el registroy reconocidas de utilidad pública, “y que realicen para aquellas proyectos deinvestigación, cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria, llevados a cabo en elextranjero” (artículo 162.2 e).9. La gestión colectiva de contrataciones en origen (el anterior “contingente”) es objetode regulación en el título VIII (artículos 167 a 177), es decir la fijación de una previsiónde las ocupaciones, y en su caso de los puestos de trabajo, que se pueden cubrir a travésde este mecanismo durante el periodo de un año, en el bien entendido que sitranscurrido ese período el número de contrataciones efectuadas fuere inferior alinicialmente previsto, el MTIN podrá, previa consulta a la Comisión Laboral Tripartitade Inmigración, “prorrogar la vigencia de la cifra que reste”. Igualmente, la flexibilidaden la regulación de estas contrataciones es muy amplia, ya que el artículo 169.4 permitesu adaptación a la evolución del mercado de trabajo, de tal manera que se podrán revisardurante el año el número y la distribución de las ofertas de empleo admisibles en estemarco. La consideración de la situación nacional de empleo se tomará en consideraciónen el momento de regular la gestión colectiva anual de las contrataciones en origen, yaque se pretende evitar, según se afirma en la introducción del RD, “la sustitución demano de obra que ya existe en el mercado laboral”. Al respecto, el Consejo de Estado hapuesto de manifiesto en su Dictamen que “mientras que el texto reglamentarioprecedente parecía primar la contratación estable a través del contingente, con laexcepción de los trabajos de temporada, el nuevo texto reglamentario facilita un mayorespacio a la gestión colectiva de contrataciones no estables, con previsión de retorno deesos trabajadores. Desde el punto de vista de la legalidad, no cabe objetar este cambiode enfoque…”.Recuérdese la inclusión como supuestos específicos dentro de este título de los visadospara búsqueda de empleo en general y los que van dirigidos a hijos o nietos de españolde origen en particular, así como también los visados para la búsqueda de empleo endeterminas ocupaciones y ámbitos territoriales, con posibilidad de modificación, “dondeexistan puestos de trabajo de difícil cobertura y las circunstancias específicas delmercado laboral concernido determinen que los puestos pueden cubrirse de manera másadecuada a través de este sistema” (artículo 177).La participación de las organizaciones empresariales españolas en los procesos deselección está recogida en la disposición adicional vigésima, así como también laposibilidad de establecer convenios de colaboración entre la AGE y las CC AA quedispongan de competencias ejecutivas en materia de autorizaciones de trabajo (hastaahora sólo Cataluña) “para facilitar la tramitación de los correspondientes visados, decara a ordenar la actuación de éstas en el marco de procedimientos de gestión colectivade contrataciones en origen”.10. El título IX acoge la autorización de entrada, residencia y trabajo en España, deextranjeros en cuya actividad profesional “concurran razones de interés económico,social o laboral, o cuyo objeto sea la realización de trabajos de investigación odesarrollo o docentes, que requieran de alta cualificación, o de actuaciones artísticas deespecial interés cultural” (artículos 177 a 181), no teniéndose en cuenta en estascontrataciones la situación nacional de empleo. Los diferentes tipos de autorización quese pueden conceder son los regulados en el título IV y a los que me he referido con 17

anterioridad.11. Los trabajadores fronterizos son objeto de regulación en el título X (artículos 182 a184), conceptuándose como tales a quienes desarrollan actividades lucrativas, laboraleso profesionales por cuenta propia o ajena en las zonas fronterizas del territorio español,“residiendo en la zona fronteriza de un Estado limítrofe al que regrese diariamente”.Aquí sí que se toma en consideración la situación nacional de empleo, y al igual que enla autorización general de residencia y trabajo por cuenta ajena el empleador debegarantizar al trabajador “una actividad continuada durante el período de vigencia de laautorización”. Si se trata de un trabajo por cuenta propia, deberá demostrarse, al igualque en el régimen general de ese supuesto de autorización, que el interesado obtendrárecursos económicos suficientes para su manutención desde el primer año, “una vezdeducidos los necesarios para el mantenimiento de la actividad”. La autorización estálimitada geográficamente al ámbito territorial de la Comunidad o Ciudad Autónoma(Ceuta y Melilla) “en cuya zona limítrofe resida el trabajador”, y a una ocupación o unsector de actividad según que la autorización sea de trabajo por cuenta ajena o porcuenta propia.12. La norma deja respirar al iuslaboralista y le permite tomar aire en los artículossiguientes, aunque no se olvida de incorporar varias referencias de contenido laboral endiversos preceptos. En el título XI se regula la situación, especialmente importante enEspaña, de los menores extranjeros (artículos 185 a 198). En efecto, ya encontramos unaprimera mención en el artículo 185, que regula la residencia del hijo nacido en Españade extranjero residente, de tal manera que esta autorización, una vez que se alcance porel menor la edad laboral, le habilitará para trabajar “sin necesidad de ningún otro trámiteadministrativo”, y lo mismo ocurre (artículo 186) para quienes sean hijos no nacidos enEspaña de extranjeros residentes.Respecto a los menores extranjeros de 18 años no acompañados, tiene importancia, porsu impacto indirecto sobre el ámbito laboral la concesión de la autorización deresidencia (vigencia inicial de un año) por constatarse la imposibilidad de surepatriación, y en todo caso por haber transcurrido nueve meses desde que el menorhaya sido puesto a disposición de los servicios competentes de protección de menores(artículo 196). La autorización de trabajo para llevar a cabo actividades que faciliten suintegración social tendrá la duración de la actividad en relación con la cual haya sidoconcedida, “salvo que esta exceda del tiempo que reste de vigencia de la autorización deresidencia” (artículo 196.4). Cuando el menor alcance la mayoría de edad podrá solicitarla renovación de la autorización de residencia, para cuya concesión se tomará enconsideración el grado de inserción del solicitante en la sociedad española, que puedeincluir “la existencia de una oferta o contrato de trabajo” y “la participación enitinerarios de formación”. Se admite la presentación de “uno o más contratos devigencia sucesiva” (artículo 197.6). También podrá solicitarse la autorización temporalde residencia por circunstancias excepcionales cuando se trate de un MENA que no seatitular de una autorización de residencia antes de alcanzar la mayoría de edad, para cuyaconcesión, entre otros requisitos, deberá demostrarse la existencia de un contrato ocontratos de vigencia sucesiva, o bien cumplir con los requisitos para instalarse comotrabajador por cuenta propia.13. El título XII regula la modificación de las situaciones de los extranjeros en España(artículos 199 a 204), afectando los seis artículos a la vida laboral. En efecto, el artículo199 permite pasar de la situación de estancia por estudio, investigación, formación o 18

prácticas, a la de residencia y trabajo, o a la de residencia con exceptuación de la detrabajo, en el bien entendido que la autorización de estancia debe haber durado comomínimo tres años, salvo que con carácter excepcional se reduzca ese plazo “cuando setrate de extranjeros cuya residencia en España se considere oportuna por razón de larelevancia excepcional de los méritos profesionales y científicos acreditados poraquellos”, y tampoco siendo de aplicación a determinados supuestos en el ámbitosanitario y que permiten trabajar en dicho sector.Por su parte, el artículo 200 permite pasar de la situación de residencia (con caráctergeneral un año, y excepcionalmente menos si se acredita la necesidad de trabajar porcircunstancias sobrevenidas) a la de residencia y trabajo, o a la de residencia conexceptuación de la de trabajo. El artículo 201 permite compatibilizar las situaciones deresidencia y de trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, así como las autorizacionesde trabajo por cuenta propia de ámbito geográfico distinto (repárese aquí en lascompetencias de las CC AA). El artículo 202 permite pasar de la situación de residenciapor circunstancias excepcionales (un año) a las de residencia, residencia y trabajo, oresidencia con exceptuación de la de trabajo, y no sólo refiriéndose a la autorizacióngeneral de residencia y trabajo por cuenta ajena, sino que el artículo 202.4 tambiénpermite el acceso a las autorizaciones “por cuenta propia, de residencia y trabajo parainvestigación, o de residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados”. Elartículo 203 permite la modificación de la autorización de residencia y trabajo por elórgano competente (recuérdense las competencias de la CC AA de Cataluña), siempre apetición de su titular, “en cuanto a la ocupación, sector de actividad y/o ámbitoterritorial de limitación”.14. El título XIII regula la documentación de los extranjeros (artículo 205 a 2015). Meinteresa destacar el artículo 209, relativo al visado, documento que como es bien sabidoacredita la situación para la que haya sido concedido, y cuya validez se extiende desdela efectiva entrada de su titular en España “hasta la obtención de la correspondientetarjeta de identidad del extranjero o hasta que se extinga la vigencia del visado”, o biena la de la autorización de estancia o residencia que incorpora cuando no sea exigible laobtención de dicha tarjeta.El citado precepto ha de ponerse en relación con la disposición adicional décima,reguladora del procedimiento en materia de visados, cuyo número 5 estipula que, concarácter general, el solicitante debe recogerlo en el plazo de un mes desde lanotificación, “salvo en los procedimientos en que expresamente se determine otro plazopor este Reglamento”, y que si no se hiciera así, “se entenderá que el interesado harenunciado al visado concedido y se producirá el archivo de las actuaciones”. Además,la denegación del visado de residencia y trabajo por cuenta ajena debe ser motivada, conla debida y necesaria información de los hechos y circunstancias constatadas, y en sucaso de los informes y documentos habidos en el expediente, que hayan llevado a laautoridad competentes a dictar resolución denegatoria.En cuanto al registro central de extranjeros, existente en la Dirección General de lapolicía y de la guardia civil, se anotarán, entre otras, las autorizaciones de trabajoconcedidas y el retorno de los trabajadores de temporada (artículo 214). 19

15. El título XIV regula las infracciones en materia de extranjería y su régimensancionador (artículos 216 a 258), con una remisión específica de las infraccioneslaborales al procedimiento especifico regulado en el capítulo IV (artículos 253 y 254).Para saber de qué infracciones estamos hablando hay que remitirse a la LO 4/2000,modificada por la LO 2/2009: si se trata de infracciones leves serán las letras c), d) y e)del artículo 52 (“encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorizaciónadministrativa para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con autorización deresidencia temporal; encontrarse trabajando en una ocupación, sector de actividad oámbito geográfico no contemplado por la autorización de residencia y trabajo de la quese es titular; la contratación de trabajadores cuya autorización no les habilita paratrabajar en esa ocupación o ámbito geográfico, incurriéndose en una infracción por cadauno de los trabajadores extranjeros ocupados”); si se trata de infracciones graves, seránla letra b) del artículo 53.1 b) cuando se trate de trabajadores por cuenta propia, y a) delartículo 53.2 (“Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización detrabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente conautorización de residencia válida; no dar de alta, en el Régimen de la Seguridad Socialque corresponda, al trabajador extranjero cuya autorización de residencia y trabajo porcuenta ajena hubiera solicitado, o no registrar el contrato de trabajo en las condicionesque sirvieron de base a la solicitud, cuando el empresario tenga constancia de que eltrabajador se halla legalmente en España habilitado para el comienzo de la relaciónlaboral. No obstante, estará exento de esta responsabilidad el empresario que comuniquea las autoridades competentes la concurrencia de razones sobrevenidas que puedanponer en riesgo objetivo la viabilidad de la empresa o que, conforme a la legislación,impidan el inicio de dicha relación”); por último, si se trata de infracciones muy gravesserán las comprendidas en las letras d y f) del artículo 54.1 (“La contratación detrabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondienteautorización de residencia y trabajo, incurriéndose en una infracción por cada uno de lostrabajadores extranjeros ocupados, siempre que el hecho no constituya delito; simular larelación laboral con un extranjero, cuando dicha conducta se realice con ánimo de lucroo con el propósito de obtener indebidamente derechos reconocidos en esta Ley, siempreque tales hechos no constituyan delito”). Baste añadir ahora que las infracciones levespodrán ser sancionadas con multas de 50 a 500 euros, las graves de 501 a 10.000 euros,y las muy graves de 10.001 a 100.000 euros.Sigo dejando planteada la duda jurídica que me hizo llegar en su día la profesora de laUniversidad de Girona Mercedes Martínez y para la que no tengo aún fundadarespuesta, aunque sí me atrevo a decir que de estimarse conforme a derecho la LO2/2009 y el nuevo Reglamento, han modificado de forma radical el art. 2.5 de la Leysobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, y hasta cierto punto también la razónde ser de las funciones y actividades de la ITSS según su normativa reguladora: ¿debe laITSS sancionar económicamente a trabajadores por cuenta ajena que se encuentren en lasituación descrita en el precepto referenciado? ¿Y qué ocurre, añado yo ahora, si laTesorería General de la Seguridad Social hubiera procedido al alta del trabajador?¿Aquello que se ha considerado válido por la TGSS deberá ser sancionado por la ITSS?Buenas preguntas, y cuestiones jurídicas, para el debate que espero que la prácticacotidiana de la ITSS nos ayude a solventar.Por otra parte, el RELOEX es muy cuidadoso con las competencias que hayan asumido,o pueden asumir, las CC AA en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, yde ahí que se les atribuya (de momento sólo en Cataluña) la competencia en materia de 20

planificación y organización de la acción inspectora, siempre y cuando (y ello tambiénocurre en Cataluña) la autonomía correspondiente tenga la competencia en materia deautorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena de los extranjeros cuyarelación laboral se desarrolle en su territorio.De interés para el ámbito laboral, en fin, es el artículo 246.4, sobre ejecución de laresolución en el procedimiento de expulsión, que en principio se efectuará a costa delempleador sancionado como consecuencia de una infracción grave o muy grave a lasque me he referido con anterioridad, en el bien entendido que ello se llevará a cabo “sinperjuicio y de forma compatible con la sanción económica que corresponda deconformidad con el procedimiento establecido para la imposición de sanciones porinfracciones del orden social”.16. El título XV regula las oficinas de extranjería y los centros de migraciones (artículos259 a 266), encuadrándose las primeras en las áreas funcionales de trabajo einmigración y con dependencia funcional del MTIN a través de la Secretaría de Estadode Inmigración y Emigración, y también del Ministerio del Interior, en ambos casos enel ejercicio de las respectivas competencias, sin perjuicio de su dependencia orgánica dela correspondiente Delegación o Subdelegación del Gobierno. A dichas oficinas deextranjería (y en su caso a los órganos de las CC AA a los que se hayan transferidocompetencias en materia de inmigración) corresponden, entre otras funciones, latramitación de las autorizaciones de trabajo y las exceptuaciones a la obligación deobtener dicha autorización.Respecto a los centros de migraciones, con el objetivo de facilitar la integración social,me parece relevante destacar la referencia a la realización de programas (no queda clarosi son laborales, pero me inclino por una respuesta positiva) para inmigrantes quelleguen a España en el marco de la gestión colectiva de las contrataciones en origen,“así como a extranjeros que se hallen en situación de vulnerabilidad o riesgo deexclusión social”.17. Por último, llegamos a las disposiciones adicionales, aquellas que hay que leer contoda atención para evitar el olvido de alguna referencia normativa importante que, pormotivos más o menos explícitos, no aparece en el texto articulado de la norma. Enapartados anteriores ya he hecho referencia a algunas de ellas y, por consiguiente, meremito a su explicación.A) Sigo refiriéndome solamente a las que tengan una relación con la materia laboral, y aella afecta la primera, relativa a la atribución de competencias en materia de informes,resoluciones y sanciones, con regla general en el número 1 y reglas específicas paradeterminados supuestos en los números 2,3 y 4. No he encontrado referencias a lascompetencias de las CC AA en este precepto, pero es obvio que no podemos olvidar suexistencia.Sólo destaco la importancia que se le concede a la Comisión Laboral Tripartita deInmigración en la concesión de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuentaajena por parte de la persona titular de la Dirección General de Inmigración cuando setrate de ofertas de empleo encuadradas en proyectos de cooperación al desarrollovinculados con fondos públicos, ya que en tal supuesto el informe favorable de dichacomisión a la concesión de la autorización “sustituirá la valoración de si la situaciónnacional de empleo permite la contratación”. 21

B) La norma sigue fielmente, en su disposición adicional tercera, lo dispuesto en lamisma disposición de la LO 4/2000 (modificada) sobre la obligación de presentar lassolicitudes relativas a las autorizaciones de residencia y trabajo ante los registros de losórganos competentes para su tramitación cuando el sujeto legitimado se encuentre enterritorio español, añadiendo la posibilidad de que dicha presentación pueda realizarsede forma electrónica y no sólo personal (en coherencia con los cambios tecnológicoshabidos y con el impulso de la administración electrónica), si bien cuando el sujetolegitimado sea un empleador las solicitudes iniciales pueden ser presentadas por este opor quien ejerza la representación legal empresarial (disposición adicional octava). Encambio, la norma abre la posibilidad de presentar en cualquier registro, de conformidadcon la normativa aplicable sobre procedimiento administrativo y acceso electrónico delos ciudadanos a los servicios públicos, las solicitudes de modificación, prórroga orenovación de las autorizaciones de residencia y trabajo.En el supuesto que la tramitación se realice por vía electrónica, y dada la existencia decompetencias compartidas entre la AGE y las CC AA que las hayan asumido en materiade autorizaciones iniciales de residencia y trabajo (de momento únicamente Cataluña),la disposición adicional sexta estipula que la tramitación se llevará a cabo medianteaplicaciones informáticas de las dos administraciones “que respondan a formatos yestándares comunes”, y ello incluye entre otras medidas “la intercomunicación y elintercambio de datos e informes entre las Administraciones competentes cuando seanecesario para la tramitación y resolución de los expedientes de autorización inicial detrabajo por cuenta propia o ajena”.Además de la referencia ya realizada al sujeto empleador, la disposición adicionaloctava sobre legitimación y representación incluye otras dos referencias de indudablecontenido laboral. En la primera, se dispone que no será necesaria la comparecenciapersonal en los procedimientos de contratación colectiva de trabajadores si existenreglas específicas recogidas “en un convenio o acuerdo internacional”; en la segunda, seprevé que las solicitudes de modificación, prórroga o renovación de las autorizacionesde residencia y de trabajo se pueden presentar personalmente, “sin perjuicio de laexistencia de fórmulas de representación voluntaria a través de actos jurídicos uotorgamientos técnicos”.C) De importancia relevante para todos los procedimientos de extranjería regulados enel RELOEX, y por consiguiente también aquellos en los que esté en juego unaautorización de trabajo (o en su caso la exceptuación de dicha autorización) es ladisposición adicional duodécima, reguladora de los plazos de resolución, que fija concarácter general un plazo máximo de tres meses para notificar las resoluciones,corriendo la fecha de cómputo, “a partir del día siguiente al de la fecha en que hayatenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarlas”.La norma remite a los plazos que específicamente se prevean para determinadosprocedimientos, con mención expresa entre otras a la autorización del trabajo detemporada, para las que prevé la notificación de la resolución en la mitad del plazoanterior, es decir en 45 días. Recuérdese también, por poner otro ejemplo significativo,que la misma reducción se aplica a las autorizaciones para investigadores extranjeros depaíses que no forman parte de la UE.Igualmente, se ha de hacer mención a la disposición adicional decimotercera, que regulael silencio administrativo negativo en los mismos términos que la disposición adicionalprimera de la LO 4/2000 (modificada), sin perjuicio del carácter positivo del silencio en 22

las excepciones recogidas en esta última y que por su interés reproduzco a continuación:“2. Las solicitudes de prórroga de la autorización de residencia, la renovación de laautorización de trabajo, así como las solicitudes de autorización de residencia de largaduración que se formulen por los interesados a tenor de lo dispuesto en la presente LeyOrgánica se resolverán y notificarán en el plazo máximo de tres meses contados a partirdel día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órganocompetente para tramitarlas. Transcurrido dicho plazo sin que la Administración hayadado respuesta expresa, se entenderá que la prórroga o renovación han sido concedidas.3. Las solicitudes de modificación de la limitación territorial o de ocupación de lasautorizaciones iniciales de residencia y trabajo se resolverán y notificarán por laadministración autonómica o estatal competente en el plazo máximo de un mes.Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya dado respuesta expresa, seentenderá que la solicitud ha sido concedida”. Las resoluciones dictadas por lasautoridades competentes en materia, entre otras, de prórrogas de estancia autorizacionesde residencia y trabajo, pondrán fin a la vía administrativa y abrirán el camino a lainterposición de los recursos administrativos o jurisdiccionales legalmente previstos(disposición adicional cuarta).D) Según dispone el artículo 40.2 de la LO 4/2000 (modificada) la situación nacional deempleo no se tendrá en consideración para la cobertura de los puestos de confianza ydirectivos de empresa, si bien remite su concreción al desarrollo reglamentario,desarrollo que ahora se encuentra en la disposición adicional decimoquinta delRELOEX, definiéndolos en razón del puesto de trabajo que ocupan y de los poderesostentados (actividades propias de alta dirección, funciones relacionadas con dirección,gestión y administración de la inversión realizada por la empresa, ocupación de cargossimilares en la misma empresa o en su caso en otra del grupo de empresas).E) La norma mantiene la excepción de cotizar por la contingencia por desempleo en lossupuestos de trabajadores extranjeros titulares de autorizaciones de trabajo paraactividades de duración determinada y para estudiantes (ya contemplados en losReglamentos anteriores de 2001 y de 2004 de desarrollo de la LO 4/2000), si bien debedestacarse que con respecto a la normativa anterior, así como también sobre el borradordel RELOEX de 8 de febrero, ha desaparecido la referencia a los trabajadorestransfronterizos.F) En los informes a emitir por las CC AA sobre los esfuerzos realizados por losextranjeros para demostrar su integración en la sociedad de acogida pueden incluirsetodos aquellos realizados en materia de inserción laboral, como por ejemplo los cursosformativos de preparación para la actividad laboral (con independencia, ahora, dequienes los hayan impartido). Dado que las actividades formativas pueden serimpartidas por entidades privadas, y en atención a la importancia que dichos informespueden tener en los procedimientos de renovación de las autorizaciones de residenciatemporal y de trabajo, la disposición adicional decimonovena prevé que la SEIEimpulsará mecanismos de colaboración y cooperación “relativos a las condiciones desolvencia técnica, material y financiera a acreditar por entidades privadas quedesarrollen actuaciones de formación”. Quiero pensar que esa actuación de la SEIE sellevará a cabo en el marco de la conferencia sectorial de inmigración, ya que justamenteson las CC AA las que deben emitir los informes referenciados en la disposiciónadicional.G) En fin, la disposición adicional vigésimo quinta (no contemplada en el borrador del 23

RELOEX de 8 de febrero) menciona de forma expresa a los extranjeros no comunitariosempleados en las fuerzas armadas españolas a través de una relación de servicios decarácter temporal, previendo la necesidad de tomar en consideración, tanto por lanormativa que se dicte en desarrollo del RELOEX como en las actuaciones de losórganos competentes para su aplicación, sus “especificidades propias”. Baste ahoraseñalar que la incorporación se produjo por una ley ya derogada, en concreto la Ley32/2002, de 5 de julio, de modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimendel Personal de las Fuerzas Armadas, “al objeto de permitir el acceso de extranjeros a lacondición de militar profesional de tropa y marinería”.18. Concluyo, de momento, mi explicación. Ahora pido a los lectores y lectoras del blogque estén interesados en la inmigración y su contenido laboral que se lean con detalle elnuevo RELOEX una vez que se haya publicado en el BOE, algo que también haré yopara comprobar que el texto coincide en su totalidad con el publicado en la página webdel MTIN el 15 de abril. Buena, y paciente, lectura. 24

Estudio del contenido laboral del nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería. 23.4.2011.

by eduardo rojo on Apr 23, 2011

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