El trabajo autónomo. La protección activa y pasiva por cese de actividad. Medidas de fomento y promoción del empleo.

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  • 1. El trabajo autónomo. La protección activa y pasiva por cese de actividad. Medidasde fomento y promoción de empleo.Eduardo Rojo Torrecilla.Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UniversidadAutónoma de Barcelona.12 de octubre de 2011.Texto publicado en el blog del autor: http://eduardorojoblog.blogspot.com/I. Introducción.1. El Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad de la Universidad de Extremadurahttp://www.unex.es/ organiza durante el mes de octubre un Seminario sobre “El trabajoautónomo: balance y perspectivas tras la Ley 20/2007”.El Catedrático de DTSS de la UNEX, Miguel Cardenal Carro, ha tenido la deferencia deinvitarme a participar en este Seminario y me ha pedido que hable a todas las personasasistentes sobre la prestación por cese de actividad. Según se indica en el programa, vadirigido a “todos los interesados en conocer las importantes modificaciones introducidasen este campo social”. Desde aquí quiero agradecer al profesor, y buen amigo, MiguelCardenal, la oportunidad que me facilita de compartir mis conocimientos con todas laspersonas asistentes al Seminario y también, estoy seguro de ello, de aprender de todaslas reflexiones que se formulen con posterioridad a mi intervención.La conferencia se ubica en la parte 1ª, dedicada al estudio y análisis de los aspectoscomunes presentes en la regulación del trabajo autónomo. La 2º parte estará dedicada ala figura de los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADES), y la3ª a las medidas de fomento y promoción del empleo autónomo.2. Desde que puse en marcha el blog para el que escribo esta entrada han sidonumerosas las ocasiones en que he estudiado la figura del trabajador autónomo desde laperspectiva laboral y de protección social, tanto en el ámbito estatal como en losautonómicos. La intervención en el Seminario de la UNEX me ha parecido unaexcelente oportunidad para reordenar, y poner al día en su caso, muchas de las entradaspublicadas desde septiembre de 2007 hasta el momento presente. A tal efecto, laprimera parte estará dedicada al estudio del trabajo autónomo y la segunda tratará sobreaquello de cuyo contenido han solicitado los organizadores del Seminario miintervención, la prestación por cese de actividad, con alguna mención al todavíaproyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la normativa legal reguladora de laprotección por cese de actividad y que es previsible que se apruebe durante este mes deoctubre. Esta (futura) norma reglamentaria ha sido demandada por las organizacionesrepresentativas de los autónomos, y valga ahora la cita de la Unión Profesional deTrabajadores Autónomos (UPTA) http://bit.ly/917Icc, “con el fin de que a partir delpróximo mes de octubre los autónomos cotizantes para esta prestación puedan ya acudira ella en caso de necesidad”. En el texto del proyecto de Real Decreto se enfatiza que setrata de desarrollar una norma legal, la Ley 32/2010 de 5 de agosto, que supone “elmayor impulso de protección social realizado para los trabajadores autónomos”, y un 1
  • 2. “hito histórico” en materia de trabajo autónomo al proteger a dichos trabajadorescuando cesen su actividad, equiparándolos en protección a “los trabajadores por cuentaajena beneficiarios de la prestación por desempleo”.En una tercera parte, y como anexo, recojo distintas medidas de fomento y promocióndel empleo autónomo que se han puesto en marcha en ámbitos autonómicos desde 2008,con alguna referencia concreta al ámbito estatal cuando lo he considerado necesario. Nose trata, en ningún caso, de un anexo exhaustivo de todo lo que se ha hecho parapromocionar el empleo autónomo, sino de algunas normas que por su interés heconsiderado relevante su explicación.Ahora bien, antes de iniciar la exposición jurídica propiamente dicha sobre el trabajoautónomo y la prestación por cese de actividad, me parece importante, por una parte,conocer con carácter general cuál es la realidad cuantitativa del trabajo autónomo, y porotra acercarme con brevedad a la norma jurídica más importante de la ComunidadAutónoma de Extremadura que acoge este Seminario, su Estatuto de Autonomía, pararepasar aquellos preceptos que pueden tener interés para la problemática laboral y deprotección social en general y la de los trabajadores autónomos en particular.3. Los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población Activa (EPA)http://bit.ly/qD4FO9, correspondientes al segundo trimestre de 2011, nos informan de laexistencia de 1.870.900 empresarios sin asalariados o trabajadores independientes, conuna disminución de 14.200 personas sobre el mismo período de 2010. Además de estegrupo, en los 3.002.200 trabajadores por cuenta propia se incluyen 952.700empresarios, 34.800 miembros de cooperativas y 143.800 personas que realizan tareasde ayuda familiar (y a las que también serán de aplicación las normas sobre prestaciónpor cese de actividad).Otra fuente de información de especial importancia para el ámbito laboral es la queproviene de la Seguridad Social http://bit.ly/mVxLJw, en concreto los datos mensualessobre afiliación. En el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) la media deafiliación de septiembre es de 3.092.136 personas, con una variación interanual negativade 30.348 (cifra casi idéntica a la caída de afiliación en el sector de la construcción,26.070) y una mucho más preocupante de 290.012 personas desde los primerossíntomas en España de la crisis económica internacional (septiembre de 2008). Lossectores en los que se concentra el grueso de la población afiliada son los de “comercio:reparación de vehículos de motor y motocicletas” (787.703), “construcción” (406.574),“actividades profesionales, científicas y técnicas” (211.868), y “Otros servicios”(199.823).Para la provincia de Badajoz dispongo de un dato que considero de interés: el Informede Mercado de Trabajo 2011 (con datos de 2010) elaborado la Dirección Provincial delServicio Público de Empleo Estatal (SPEE) en el marco de los informes estatales yprovinciales elaborados por el Observatorio de las Ocupaciones del SPEEhttp://bit.ly/q1HQAy; nos proporciona la cifra de 47.907 personas afiliadas al RETA, un20,0 % del total de la afiliación (24,28 % hombres, 14,09 % mujeres) a los distintosregímenes de Seguridad Social (239.479).Para la ciudad de Badajoz, donde se ubica la Universidad que acoge a este Seminario,cabe destacar un reciente informe de la UPTA http://bit.ly/oTAkvH sobre el descenso enel número de autónomos que se ha producido en capitales de provincias y municipios de 2
  • 3. más de 40.000 habitantes desde enero de 2011. Según dicho Informe, el número depersonas afiliadas a 31 de diciembre de 2010 era de 8.061, mientras que al finalizar elprimer semestre de 2011, el 30 de junio, había 8.003, es decir 58 afiliados menos.Por último, según datos oficiales a la entrada en vigor de la norma 550.360 trabajadoresautónomos afiliados al RETA cotizaban voluntariamente para cubrir las contingenciaspor accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (17,50 %), un 3,73% más quelos acogidos a las prestaciones en diciembre de 2009, que eran 530.551. Datos másrecientes de 30 de junio de este año indican que hay 648.029 afiliados que cotizan pordichas contingencias, un 20,83 % del total del colectivo autónomo. Según datosfacilitados por UPTA http://bit.ly/917Icc, 434.541 son hombres y 213.488 son mujeres.El 32 % son de nacionalidad extranjera. Por CC AA, la primera es Andalucía (128.731),seguida de Madrid (78.812). Por porcentajes, la mayor participación la encontramos enAndalucía (27,33 % del total de colectivo autónomo), Canarias (27,28 %) y Castilla-LaMancha (27,27 %). Por edades, la mayoría de autónomos cotizantes se encuentra en lafranja de 35 a 49 años (295.572).4. Paso a continuación al examen de la norma jurídica más importante de la ComunidadAutónoma, la Ley Orgánica 1/2011 de 28 de enero, de reforma del Estatuto deAutonomía de Extremadura http://bit.ly/oyOs77El Pleno del Senado del día 19 de enero aprobó sin ninguna modificación el texto de lapropuesta de reforma del EAE remitida por el Congreso de los Diputados, que lo aprobó341 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. La Comunidad Autónoma extremeña seconvierte así en la séptima CC AA que ha reformado su Estatuto de Autonomía,siguiendo los pasos de las de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Andalucía,Aragón y Castilla – León.A mi parecer, los preceptos más destacados de contenido sociolaboral son los quereproduzco a continuación, que como se verá tienen diferente grado de intensidad por loque respecta a su fuerza jurídica. Sin duda, y mucho más tras el acuerdo políticoalcanzado entre el PSOE y el PP, el EAE no debería ser fuente de conflictos jurídicos encuanto a su contenido, aunque como es obvio sí que podrán suscitarse en relación con ladistribución competencial efectiva que se vaya realizando a medida que se produzca sudesarrollo.El artículo 7, incluido en el Título Preliminar, enuncia los principios rectores de lospoderes públicos extremeños. Entre otros, se dispone que tales poderes “4. Promoveránla concertación y el diálogo social con sindicatos y empresarios como instrumentosnecesarios en la concepción y ejecución de sus políticas de cohesión y desarrollo. 5.Adoptarán activamente todo tipo de políticas para la consecución del pleno empleo,especialmente mediante medidas que promuevan la inversión productiva y que ajustenla oferta y la demanda de trabajo en un marco de responsabilidad social empresarial….12. Consideran un objetivo irrenunciable que informará todas las políticas regionales yla práctica de las instituciones, la plena y efectiva igualdad de la mujer en todos losámbitos de la vida pública, familiar, social, laboral, económica y cultural. Asimismo,removerán los obstáculos que impidan o dificulten la igualdad real y efectiva mediantelas medidas de acción positiva que resulten necesarias…. 15. Promoverán la autonomía,la igualdad de oportunidades y la integración social y laboral de las personas con 3
  • 4. discapacidad, con especial atención a su aportación activa al conjunto de la sociedad, ala enseñanza y uso de la lengua de signos española y a la eliminación de las barrerasfísicas….17. La integración de los inmigrantes que viven en Extremadura es un objetivocomún de las políticas públicas regionales y que estará orientado por los principios delmutuo conocimiento, el respeto por las diferencias, la igualdad de derechos y deberes,en el marco de los principios y valores constitucionales”.El Título I regula las competencias autonómicas. Como disposiciones generales, elartículo 8 concreta que la CC AA “… asume competencias sobre las materias que seidentifican en los siguientes artículos. Dichas competencias comprenderán las funcionesque en cada caso procedan, sin perjuicio de las que pudieran corresponder al Estado envirtud de títulos competenciales propios previstos en la Constitución. 2. Asimismo,asume las competencias que le sean atribuidas, delegadas o transferidas por el Estado,de conformidad con lo previsto en la Constitución, y cualesquiera otras que le puedancorresponder de acuerdo con esta, con los otros títulos del presente Estatuto y con elresto del ordenamiento jurídico. 3. En el ejercicio de sus competencias la ComunidadAutónoma podrá establecer políticas propias”.El EAE atribuye a la autonomía (artículo 9) competencias exclusivas, entre otras en lassiguientes materias: “7) Fomento del desarrollo económico y social de la ComunidadAutónoma dentro de los objetivos de la política económica nacional….17)Organización, funcionamiento y régimen de las cooperativas y entidades asimiladas.Fomento de todas las modalidades de economía social. ..27) Acción social. Enparticular, la promoción y protección de los mayores y la prevención, atención einserción social de los colectivos afectados por cualquier tipo de discapacidad,dependencia o cualesquiera otras circunstancias determinantes de exclusión social.Prestaciones económicas de asistencia social diferentes de las de seguridad social…28)Políticas de integración y participación social, cultural, económica y laboral de losinmigrantes, en colaboración con el Estado, y participación en las políticas deinmigración estatales. 29) Políticas de igualdad de género, especialmente la aprobaciónde normas y ejecución de planes para el establecimiento de medidas de discriminaciónpositiva para erradicar las desigualdades por razón de sexo”.En estas materias, corresponde a la Comunidad Autónoma “la función legislativa, lapotestad reglamentaria y, en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantasmedidas, decisiones y actos procedan”.Extremadura también asume (artículo 10), competencias de desarrollo normativo yejecución en materia de “6) Seguridad social, con excepción de las normas queconfiguran su régimen económico y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículosiguiente”. La CC AA puede “desarrollar, ejecutar y, en su caso, complementar lanormativa del Estado, mediante la legislación propia de desarrollo, la potestadreglamentaria y la función ejecutiva”.Sobre las competencias de ejecución (artículo 11), el EAE las atribuye, entre otras, en“7) Trabajo y relaciones laborales, incluyendo la función pública inspectora, que secoordinará con el Estado. Las políticas activas de empleo, la intermediación laboral, laseguridad y salud en el trabajo, la formación profesional para el empleo y, en su caso, lagestión de los fondos de protección del desempleo. 8) Gestión del régimen económico 4
  • 5. de la seguridad social y de los servicios que integran el sistema, con pleno respeto a losprincipios de unidad económico-patrimonial y de solidaridad financiera… 13) Fijación,en colaboración con el Estado, de las necesidades del mercado laboral que determinan laconcesión de las autorizaciones de trabajo de los extranjeros.En estas materias corresponderá a la CC AA “la potestad reglamentaria organizativa yla adopción de planes, programas, medidas, decisiones y actos”.Asociadas a todas las competencias que le atribuye el EAE, el artículo 13 reconoce a laCC AA “el ejercicio de las actividades de policía, de servicio público y de fomento,pudiendo regular la concesión y otorgar y controlar subvenciones con cargo a fondospropios y, en su caso, a los provenientes de otras instancias públicas”.En el título II, dedicado a las instituciones de Extremadura, encontramos en su capítuloV, que trata sobre otras instituciones estatutarias, la figura del Consejo Económico ySocial, disponiendo el artículo 47 que “Una ley de la Asamblea regulará lacomposición, las competencias, el régimen jurídico, la organización y el funcionamientodel Consejo Económico y Social de Extremadura, con sede en la ciudad de Mérida,como órgano colegiado consultivo de la Junta en materias socioeconómicas”.Por fin, cabe hacer mención del título VI, que regula la economía y la hacienda de laautonomía extremeña, ya que hay una mención expresa al trabajo autónomo. Comoprincipios generales por los que debe regirse la economía de la CC AA (artículo 73) sedispone que “1. Toda la riqueza de la región, en sus distintas formas y cualquiera quesea su titularidad, está subordinada al interés general. Se protege la libertad de empresay se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. 2. Los poderes públicos dela Comunidad Autónoma fomentarán y, en su caso, regularán la participación de losagentes sociales y económicos en organismos e instituciones con funciones dedesarrollo de Extremadura. Igualmente, propiciarán la constitución y el desarrollo desociedades de economía social y promoverán y protegerán el trabajo autónomo”.II. Primera parte. La regulación del trabajo autónomo. La Ley 20/2007 de 11 dejulio, del Estatuto del trabajo autónomo.1. La norma a la que me refiero a continuación http://bit.ly/dNRdIK tiene una indudableimportancia en el ámbito de las relaciones de trabajo. El texto entró en vigor tres mesesdespués de su publicación, es decir el 12 de octubre, si bien la importante disposiciónadicional quinta (incorporada en el trámite parlamentario) concedió un plazo de un añodesde dicha entrada en vigor para el desarrollo reglamentario de las disposicionesreguladoras del contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente (artículo12.1).El título I aborda el ámbito de aplicación subjetivo de la ley que, con carácter general,incluye a toda persona que realice de forma habitual, directa, por cuenta propia, y fueradel ámbito de organización y dirección de otra persona, una actividad económica oprofesional a título lucrativo, con independencia de que ocupen o no a trabajadores porcuenta ajena. También serán considerados trabajadores autónomos los familiares que notengan la condición de trabajadores por cuenta ajena. El régimen profesional de estetrabajo se regula en el Título II, con una ordenación de las fuentes de la relación jurídica 5
  • 6. que incluye las disposiciones de esta ley y las restantes que sean de aplicación, lanormativa común reguladora de la contratación civil, mercantil o administrativa, lospactos entre el trabajador autónomo y el cliente, y los usos y costumbres locales yprofesionales, sin olvidar en el plano colectivo los acuerdos de interés profesional queafecten a los trabajadores autónomos económicamente dependientes.2. Estos TRADES son los que, además de trabajar en las mismas condiciones jurídicasque los restantes autónomos, dependen económicamente de un solo cliente en el 75 %de sus ingresos. Cabe plantear aquí que de acuerdo con el texto citado el TRADE puedepercibir ingresos por su trabajo por cuenta propia para uno o varios clientes, y tambiénpuede obtener rendimientos económicos como consecuencia de su posible prestación deservicios por cuenta ajena, dejando planteada la cuestión de si además de dichaprestación con otros clientes o empresarios sería posible mantenerla con el cliente delque percibe el 75 % como mínimo de sus ingresos. No parece una hipótesis que puedaplantearse en muchas ocasiones, pero el tenor literal de la norma no impide esaposibilidad.La regulación de los TRADES responde según el preámbulo de la norma a la necesidadde dar cobertura legal a una realidad social: “la existencia de un colectivo detrabajadores autónomos que, no obstante su autonomía funcional, desarrollan suactividad con una fuerte y casi exclusiva dependencia económica del empresario ocliente que lo contrata”. El carácter híbrido de los TRADE se refleja claramente en elhecho de que aún tratándose de una relación no laboral los conflictos que se suscitencon su cliente serán conocidos por los órganos jurisdiccionales del orden social. Ya enel año 2003 el profesor Jesús Cruz Villalón había apuntado, en un informe elaboradopara la Fundación Alternativas http://bit.ly/pMHmub , la necesidad de regular el trabajoautónomo porque a su parecer existía “una falla radical de protección entre el trabajosubordinado (tradicionalmente hiperprotegido) y el trabajo autónomo (de siempredesatendido por los poderes públicos), olvidando que este último en algunas de susmanifestaciones se presenta en una situación sociológica y/o económica dedependencia, por mucho que no lo sea desde el punto de vista jurídico formal”. Ochoaños más tarde, y al comentar la Ley 20/2007 (en el “Prólogo” a la tercera edición del“Estatuto del trabajo autónomo”, Ed. Tecnos, 2011 http://bit.ly/nLPqXV), el profesorCruz ha destacado que “La lógica de la tutela del contratante débil, no exclusiva de lolaboral, se percibe pues igualmente en la filosofía general de la norma, aunque evitandolos indebidos mimetismos de traslación de la legislación laboral a un campo donde noconcurre un elemento tan singular y determinante como es el de la subordinación”.Los requisitos para obtener la consideración jurídica de TRADE son los siguientes: a)No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte otoda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente delque depende económicamente como de las actividades que pudiera contratar con otrosclientes. b) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores quepresten servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta delcliente. c) Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para elejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividadsean relevantes económicamente. d) Desarrollar su actividad con criterios organizativospropios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente. e) 6
  • 7. Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, deacuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo el riesgo y ventura de aquélla.La estrecha vinculación entre el trabajo de los TRADE y la normativa jurídica laboral serefleja en la regulación que la norma efectúa de sus condiciones de trabajo. Destacoahora, y sólo a título ilustrativo, las medidas sobre ordenación de la jornada de laactividad profesional. En efecto, se reconoce el derecho a una interrupción de suactividad anual de 18 días hábiles, con posible mejora mediante contrato entre las parteso mediante acuerdo de interés profesional. También mediante contrato individual oacuerdo se determinará el régimen de descanso semanal y el correspondiente a losfestivos, la cuantía máxima de la jornada de actividad y, en el caso de que la misma secompute por mes o año, su distribución semanal. En fin, se regula de forma semejante ala existente en el ámbito laboral la prestación de horas extraordinarias, disponiendo lanorma que “la realización de actividad por tiempo superior al pactado contractualmenteserá voluntaria en todo caso, no pudiendo exceder del incremento máximo establecidomediante acuerdos de interés profesional (AIP). En ausencia de AIP, el incremento nopodrá exceder del 30 % del tiempo ordinario de actividad individualmente acordado”.No olvida el texto legal referirse a la conveniencia de que el horario de actividadprocure adaptarse a los efectos de poder conciliar la vida personal, familiar yprofesional del TRADE, y que cuando se trate de una mujer que sea víctima de laviolencia de género se le reconocerá el derecho a la adaptación del horario de actividadcon el objeto de hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia socialintegral”.Repárese en la importancia que tiene para una laboralización de la actividad de losTRADE el hecho de que se reconozca la competencia de los órganos jurisdiccionalesdel orden social para conocer de los conflictos derivados del contrato y de los acuerdosde interés profesional, y que asimismo se prevea, tal como ocurre en el ámbito de lasrelaciones de trabajo por cuenta ajena, la tramitación obligatoria (conciliación ymediación) y voluntaria (arbitraje) no jurisdiccional de solución de conflictos.3. La Ley 20/2007 incluye referencias a la futura regulación de la prestación por cese deactividad. La disposición adicional cuarta estipula lo siguiente:“El Gobierno, siempre que estén garantizados los principios de contributividad,solidaridad y sostenibilidad financiera y ello responda a las necesidades y preferenciasde los trabajadores autónomos, propondrá a las Cortes Generales la regulación de unsistema específico de protección por cese de actividad para los mismos, en función desus características personales o de la naturaleza de la actividad ejercida.La articulación de la prestación por cese de actividad se realizará de tal forma que, enlos supuestos en que deba aplicarse en edades cercanas a la legal de jubilación, suaplicación garantice, en combinación con las medidas de anticipación de la edad dejubilación en circunstancias concretas contempladas en la Ley General de la SeguridadSocial, que el nivel de protección dispensado sea el mismo, en supuestos equivalentesde carrera de cotización, esfuerzo contributivo y causalidad, que el de los trabajadorespor cuenta ajena, sin que ello pueda implicar costes adicionales en el nivel nocontributivo. 7
  • 8. Las Administraciones Públicas podrán, por razones de política económica debidamentejustificadas, cofinanciar planes de cese de actividad dirigidos a colectivos o sectoreseconómicos concretos”.Formulo aquí un breve comentario sobre una duda que me surgió tras leer con atenciónel texto de la “Propuesta de un sistema específico de protección por cese de actividadde los trabajadores autónomos” http://bit.ly/o2cyAG, presentado por el gobierno a lasasociaciones de trabajadores autónomos durante el mes de octubre de 2008. Comoexpondré en la segunda parte del presente texto, la propuesta gubernamental ha sidoplenamente recogida en el texto legal finalmente aprobado.El artículo 7 disponía que el reconocimiento de la prestación debería solicitarse a laMutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con la que el trabajadorautónomo tuviera cubierta la protección dispensada a las contingencias de accidentes detrabajo y enfermedades profesionales. Como excepción, la disposición adiciona cuartadisponía que cuando se tratara de trabajadores que tuvieran cubiertas las citadascontingencias con una entidad gestora de la Seguridad Social, la solicitud y gestión de laprestación se dirigiría al SPEE. El artículo 16 llevaba por título "órgano gestor", y serefería a las Mutuas, a las que asignaba la gestión de las funciones y servicios"derivados de las prestación económica por cese de actividad de los trabajadoresautónomos y declarar el reconocimiento, suspensión, extinción y reanudación de lasprestaciones, así como su pago, sin perjuicio de las atribuciones reconocidas a losórganos competentes de la Administración en materia de sanciones por infracciones enel orden social".Entre las obligaciones de los trabajadores autónomos recogidas en el artículo 17 seencontraba "g) estar a disposición del órgano gestor o del servicio público de empleo dela correspondiente Comunidad Autónoma a fin de poder realizar las actividadesformativas y de orientación profesional a las que se le convoque". Igualmente, tenían laobligación de "h) Participar en acciones específicas de motivación, información,orientación, formación, reconversión o inserción profesional para incrementar suocupabilidad, que se determinen por el órgano gestor, por Servicio Público de Empleode la correspondiente Comunidad Autónoma, o por el Instituto Social de la Marina, ensu caso".La pregunta que formulaba entonces, a la luz de lo anteriormente expuesto era: ¿asumenlas Mutuas funciones propias de la política de empleo para los trabajadores autónomos?Si la respuesta es afirmativa, y del texto así lo parece, ¿se separará la política activa deempleo para los trabajadores asalariados, a cargo de los servicios públicos de empleo,de la política activa de empleo para autónomos, a cargo de las mutuas? ¿O habrá unhíbrido de políticas activas de empleo para los autónomos, a cargo de los serviciospúblicos de empleo y de las mutuas? En este último supuesto ¿cómo se establecerá lacoordinación y quien la establecerá jurídicamente, o dicho de otra forma qué políticas sellevarán a cabo por las mutuas y cuáles por los servicios de empleo?Me surgían también más preguntas que dejaba sólo apuntadas: ¿es bueno separar lagestión de esta prestación de la que corresponde a los trabajadores asalariados? ¿Noestaremos abriendo un camino para la paulatina separación de políticas de empleo,activas y pasivas, por razón de la naturaleza de la relación jurídica contractual 8
  • 9. (asalariada o por cuenta propia), cuando desde el ámbito de la Unión Europea se apuestapor una política integral de empleo?Las preguntas quedan, de momento, sin respuesta, porque habrá que esperar a cómofunciona en la práctica la protección por cese de actividad. En el preámbulo de la Ley32/2010 se explica que se ha optado por las MATEP como órgano gestor del sistema“por entender que esta opción es coherente con el sistema mixto de cobertura ycotización establecida”. En cuanto que la protección deriva de la cobertura decontingencias profesionales y que las MATEP son entidades colaboradoras del sistemade Seguridad Social, sigue argumentándose en el preámbulo, “se ha considerado a estasentidades como las más adecuadas desde el punto de vista del encaje jurídico paragestionar el sistema y en particular la prestación económica para el trabajador ensituación de cese de actividad”.4. A los efectos de la política de empleo, es de especial importancia el título V de la Ley20/2007, dedicado al fomento y promoción del empleo autónomo, que invita a lospoderes públicos competentes a adoptar medidas que incentiven el trabajo por cuentapropia, prestando especial atención en las medidas que se adopten a garantizar laigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y a promover la incorporación decolectivos especialmente desfavorecidos (con una referencia expresa en la ley a laspersonas con discapacidad). A tal efecto, se prevé la adopción, entre otras, de medidaspara potenciar la formación, información y asesoramiento técnico, así como también lasayudas financieras a las iniciativas económicas de las personas emprendedoras. Algunadisposición más concreta la encontramos en las disposiciones adicionales cuando seprevén reducción y bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Socialpara determinados colectivos de trabajadores autónomos, la posible ampliación de losporcentajes actuales de la capitalización de la prestación por desempleo destinados afinanciar la inversión, o bien la posible contratación por el autónomo de los hijosmenores de treinta años y aunque convivan con él. Tal como he indicado conanterioridad, en el Anexo se explican numerosas normas dictadas para fomento ypromoción del empleo autónomo.5. Hay que referirse ahora a las normas importantes que han desarrollado la Ley20/2007, además obviamente de la normativa reguladora de la prestación por cese deactividad que será objeto de detallada explicación más adelante.A) La regulación del contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente seha producido por el Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla elEstatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomoeconómicamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociacionesprofesionales de trabajadores autónomos http://bit.ly/d5ZJ17.Los criterios de representatividad de las asociaciones de trabajadores autónomos y lacomposición y régimen de funcionamiento del Consejo del Trabajo Autónomo han sidoregulados por el Real Decreto 1613/2010, de 7 de diciembre, por el que se crea y regulael Consejo de la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadoresautónomos en el ámbito estatal y se establece la composición y régimen defuncionamiento y organización del Consejo del Trabajo Autónomohttp://bit.ly/rk8SXE. 9
  • 10. 6. Para finalizar mi explicación de la primera parte, es obligado acerca a larecientemente aprobada reforma de la Seguridad Social, o por decirlo de manerajurídicamente más correcta, a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social http://bit.ly/rnbto4, dadoque hay alguna disposición adicional que afecta al trabajo autónomo y que ha entrado envigor a partir del día 2 de agosto, y mencionar a otras disposiciones adicionales y finalesque entrarán en vigor, al igual que la mayor parte de la norma, a partir del 1 de enero de2013.En el primer bloque se incluye la posibilidad de elección de la base de cotización que seextiende a todos los trabajadores autónomos a partir del 1 de enero de 2012 y concarácter indefinido, eso sí con un tope máximo que es el 220 % de la base mínima decotización que se establezca cada año para su régimen especial. Es decir, ya no habráque tomar en consideración una específica edad (48 y 49 años, o 50 y más) o undeterminado período de cotización (cinco o más años para mayores de 50 años).En el segundo bloque, con respecto a los trabajadores autónomos hay varias previsionesde cambio de la normativa vigente, siempre con la utilización en los preceptos legalesde términos que demuestran una gran prudencia por parte del legislador. En efecto,véase por ejemplo la disposición adicional vigésima séptima, que prevé la realización deestudios por parte del gobierno una vez haya transcurrido un año de vigencia de laprestación por cese de actividad (recordemos que la norma entró en vigor a principiosde noviembre, y que será a partir de noviembre de 2011 cuando podremos empezar aconocer cuál será el alcance de la prestación) para decidir si puede aplicarse a estecolectivos las reglas sobre jubilación anticipada a partir de los 61 años. Igualmente, seprevé la realización de un estudio en el que se formulen propuestas de regulación de lajubilación a tiempo parcial a los 62 años de trabajadores autónomos “que cesen en sunegocio o lo traspasen a otra persona a la que deben formar”. En fin, se regula laobligación de las mutualidades de previsión social alternativas al régimen de autónomosde ofrecer obligatoriamente la siguiente cobertura: jubilación, invalidez permanente,incapacidad temporal con inclusión de maternidad paternidad y riesgo durante elembarazo, fallecimiento que pueda dar al reconocimiento de pensiones de viudedad yorfandad.Para los trabajadores autónomos también hay varias previsiones específicas relativas altrabajo a tiempo parcial y que implican, siempre con efectos a partir del 1 de enero de2013, la modificación de cuatro preceptos de la Ley reguladora de su estatuto. Seincluirá en la definición de actividad autónoma la posibilidad de llevarla a cabo tanto atiempo completo como parcial; se reconoce la inclusión de quienes presten sus serviciosal amparo de la segunda posibilidad en el RETA; se prevé la instauración de un sistemaespecifico de cotización a tiempo parcial para los autónomos, si bien limitado “paradeterminadas actividades o colectivos y durante determinados períodos de su vidalaboral” (aplicándose en su defecto la normativa del régimen general); en fin, se prevétambién la posibilidad de gozar de reducciones y bonificaciones en las cotizaciones a laSeguridad Social para los autónomos que desarrollen su actividad a tiempo parcial “enunas condiciones análogas a las de un trabajador por cuenta ajena contratado a tiempoparcial”. 10
  • 11. III. Segunda parte. La protección por cese de actividad. La Ley 32/2010 de 5 deagosto por la que se establece un sistema específico de protección por cese deactividad de los trabajadores autónomos.1. Voy a proceder a continuación al estudio de la Ley 32/2010 de 5 de agostohttp://bit.ly/oLRBsA por la que se establece un sistema específico de protección porcese de actividad de los trabajadores autónomos http://bit.ly/pwxdIM. Una buenasíntesis de los aspectos más destacados de la norma se encuentra en el documento “Cesede actividad de trabajadores autónomos. Una aproximación”, preparado por la MutuaASEPEYO http://bit.ly/rh4cXYCabe recordar aquí que el punto de referencia inicial fue el Informe elaborado por unacomisión de expertos sobre la regulación de dicha prestación, de diciembre de 2008, yque el anteproyecto de ley fue presentado en el Consejo de Ministros de 20 denoviembre de 2009. Aunque más lejano en el tiempo, no conviene olvidar la disposiciónfinal sexta de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas ydel orden social http://bit.ly/q7zv3N, referida a los trabajadores autónomos y en la quese disponía que en el primer semestre de 2003 “el Gobierno emitirá informe relativo ala situación de los trabajadores autónomos que dependen económicamente de uno ovarios empresarios, estudiando el establecimiento de un fondo de garantía en caso decese por causas objetivas”, informe que no fue emitido.2. Explico a continuación, de forma esquemática, los aspectos más relevantes a miparecer del proyecto de ley, para facilitar la comparación con los cambios introducidos.A) Objeto. Sistema específico de protección para los TA que, pudiendo y queriendoejercer una actividad económica o profesional a título lucrativo e incluidos en losniveles de protección, hubieren cesado en esa actividad, con arreglo a lo establecido enla Ley. Cese de actividad, definitivo o temporal, incluido el que afecta al TRADE: habráde ser total en la actividad económica o profesional que de forma habitual, personal ydirecta se viniere desempeñando.B) Ámbito subjetivo. TA comprendidos en el RETA que tengan cubierta la proteccióndispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedadesprofesionales. Trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial deTrabajadores por Cuenta Propia Agrarios, así como los trabajadores por cuenta propiaincluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.C) Acción protectora. Prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de laactividad. Abono de la cotización de Seguridad Social del TA por contingenciascomunes.D) Requisitos. Estar afiliados y en situación de alta, y cubiertas las contingenciasprofesionales. Tener cubierto el período mínimo de cotización. Encontrarse en situaciónlegal de cese de actividad. Suscripción del compromiso de actividad. Acreditación dedisponibilidad activa para reincorporarse al mundo del trabajo. Participación enactividades formativas y de orientación profesional. No haber cumplido la edadordinaria para jubilación, salvo la no acreditación del período de cotización. Hallarse alcorriente en el pago de cuotas a la SS. Posible ingreso a posteriori. En el supuesto de un 11
  • 12. TA con asalariados, requisito previo al cese es “el cumplimiento de las garantías yprocedimientos regulados en la legislación laboral”.E) Situación legal de cese de actividad.- Motivos económicos, técnicos organizativos o productivos. Cierre, en su caso, delestablecimiento.Deberá darse alguna de las situaciones siguientes“1. Unas pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad en un año completo superioresal 40% de los ingresos o superiores al 30% en dos años consecutivos y completos. Enningún caso el primer año de inicio de la actividad computará a estos efectos.2. Unas ejecuciones judiciales tendentes al cobro de deudas reconocidas por los órganosjudiciales que comporten al menos el 50% de los ingresos correspondientes al ejercicioeconómico de la actividad del trabajador autónomo inmediatamente anterior.3. La declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad, en lostérminos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Ley Concursal”.- Fuerza mayor.- Pérdida de licencia administrativa, siempre que sea requisito para el ejercicio de laactividad.- Cese por causa de violencia de género.- Divorcio, “en los supuestos en que el autónomo divorciado ejerciera funciones deayuda familiar en el negocio de su ex cónyuge, en función de las cuales hubiese estadoincluido en el correspondiente régimen de Seguridad Social y que dejan de ejercerse acausa de la ruptura matrimonial”.-- Cese de los TRADE por extinción del contrato con su cliente.a) Por la terminación de la duración convenida en el contrato o conclusión de la obra oservicio.b) Por incumplimiento contractual grave del cliente, debidamente acreditado.c) Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa justificada por el cliente.d) Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa injustificada del cliente,salvo que la misma venga fundamentada por la decisión del TRADE de interrumpir suactividad.e) Por muerte, incapacidad o jubilación del cliente, siempre que impida la continuaciónde la actividad. 12
  • 13. F) Duración. En función de los períodos de cotización efectuados dentro de los 36meses anteriores a la situación legal de cese de actividad. Al menos 12 meses deben sercontinuados e inmediatamente anteriores a la situación de cese. La escala sería lasiguiente: de 12 a 17, 2 meses; de 18 a 24, 3; de 24 a 29, 4; de 30 a 35, 5; 36 y más, 6.G) Cuantía. Base reguladora: promedio de las bases por las que se hubiere cotizadodurante los 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal decese. Cuantía de la prestación. Aplicación a la base reguladora el 70 por ciento. Cuantíamáxima: 175 % del IPREM, salvo cuando el TA tenga uno o más hijos a su cargo (200o 225 %). Cuantía mínima: 107 % u 80 % IPREM, según que el TA tenga o norespectivamente hijos a su cargo.H) Financiación. Exclusivamente con cargo a la cotización por dicha contingencia delos TA que tuvieran protegida la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedadesprofesionales. Tipo de cotización correspondiente a la protección por cese de actividad:1,5 %, aplicable a la base de cotización.I) Régimen Especial para TA de 60 a 64 años. De 12 a 17, 3 meses; de 18 a 23, 4; de 24a 29, 6; de 30 a 35, 8; 36 o más, 9J) Solicitud y nacimiento. Solicitud a la Mutua de Accidentes de Trabajo yEnfermedades Profesionales de la Seguridad Social con la que tengan cubierta laprotección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo yenfermedades profesionales. Reconocimiento: derecho al disfrute de la prestacióneconómica a partir del primer día del segundo mes siguiente al que se produjo el hechocausante del cese de actividad.3. El informe de la ponencia fue publicado el 18 de mayo, con sensibles modificacionesrespecto al texto originario y que se ampliarían considerablemente en el trámite deComisión antes de la aprobación del texto remitido al Pleno del Congreso del 27 demayo; por decirlo con las mismas palabras del portavoz socialista, Sr. Membrado, en lareunión de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso el 13 de mayo paradebatir y aprobar el informe de la ponencia, “hemos acordado prácticamente el 80 porciento de las 165 enmiendas, aunque no es menos cierto que nos hemos dejado la mazadel jamón para el final”. Por cierto, el citado informe también fue aprobado porunanimidad.Hay dos tipos de cambios: unos son sólo de carácter técnico, para mejorar o clarificar laredacción de algunos preceptos, y otros son sustantivos en cuanto que afectan, enespecial, al período de percepción de la prestación, al tipo de cotización y a las medidasque deben adoptarse por los poderes públicos para vincular la percepción de estaprestación a medidas de políticas activas de empleo (orientación, asesoramiento,emprendedoría).A) En el capítulo I (disposiciones generales) las modificaciones más relevantes eran lassiguientes:a) El reconocimiento expreso de que la protección por cese de actividad del TA no debequedarse sólo en el percibo temporal de una prestación económica, sino que también ha 13
  • 14. de facilitársele el acceso a medidas de formación, orientación profesional y promociónde la actividad emprendedora, a fin y efecto de facilitar, en la medida de lo posible sureincorporación al mercado laboral, ya sea como trabajador por cuenta propia o ajena.b) La flexibilización de los motivos por los que se permite el cese de actividad y elconsiguiente acceso a la prestación. Mientras que en el proyecto de ley las pérdidasdebían ser superiores al 40 % en un año completo, o al 30 % en dos años consecutivos ycompletos, dichos porcentajes se reducen al 30 y 20 % respectivamente. De la mismamanera, se suavizaba el requisito de la existencia de unas ejecuciones judiciales para elcobro de las deudas reconocidas judiciales, ya que en el texto original debían comportarel 50 % de los ingresos del ejercicio económico anterior y en la ponencia se reduce al 40%. Por otra parte, las referencias al supuesto de divorcio, y su impacto sobre la actividaddel autónomo que ejerza funciones de ayuda familiar, esté incluido en la SeguridadSocial y que deje de realizarlas por el conflicto jurídico de ruptura familiar, se extiendena los supuestos de separación matrimonial mediante resolución judicial.c) Para evitar que la inactividad del cliente del TA pueda perjudicar su derecho apercibir la prestación (tanto en el supuesto de causa justificada como en el deinjustificada, reconocida esta última por acta de conciliación o resolución judicial), eltexto aprobado en ponencia, y no modificado con posterioridad, permite al TA solicitaral cliente que cumpla con su obligación de comunicar en 10 días a la entidad gestoría lafinalización de la actividad, y si no lo hace podrá dirigirle un escrito pidiendo quecumpla con dicha obligación, y en caso de que siga sin dar cumplimiento a suobligación el TA podrá acudir al órgano gestor de la prestación para informarle de dichasituación, aportar copia de la solicitud y pidiendo que “le sea reconocido el derecho a laprotección de actividad”.B) En el capítulo II (régimen de la protección) cabe destacar estos cambios:a) La concreción de que el TRADE que solicite el percibo de la prestación por suruptura con el cliente del que dependía en un 75 %, como mínimo de sus ingresosdeberá dejar de tener actividad con otros clientes. Dicho en otros términos, y tal comoocurre en el ámbito de la protección por desempleo para trabajadores por cuenta ajena,el percibo de la prestación será incompatible con el mantenimiento de la actividad comoautónomo. Creo que el precepto correspondiente del proyecto de ley, en relación con lanormativa reguladora de la protección por desempleo en la Ley General de Seguridad,ya permitía llegar a dicha conclusión, pero en cualquier caso la modificación del tercerpárrafo del artículo 7.1 lo deja meridianamente claro: “cuando el trabajador autónomoeconómicamente dependiente haya finalizado su relación con el cliente principal, paratener derecho al disfrute de la prestación no podrá tener actividad con otros clientes apartir del día en que inicie el cobro de la prestación”. Con respecto al abono de la cuotade Seguridad Social por parte del órgano gestor, la norma también clarifica que dichaobligación surgirá a partir de la fecha de inicio de la prestación.b) El período de espera para solicitar nuevamente la prestación por cese de actividad sereduce desde el transcurso de 24 meses, en el proyecto de ley, a los 18 del texto de laponencia, que han de transcurrir desde el reconocimiento del último derecho a laprestación.c) La extinción del derecho a la protección se producirá por la realización de un trabajo 14
  • 15. por cuenta propia o ajena de duración igual o superior a 12 meses, siempre y cuando, yesta es la novedad incorporada por la ponencia, en el supuesto de trabajo por cuentapropia se genere, de acuerdo con lo dispuesto en la norma, el derecho a la protecciónpor cese de actividad como TA.C) En el capítulo III (régimen financiero y gestión de las prestaciones) se incorpora unamodificación importante que hay que relacionar con la obligación de los poderespúblicos de poner en marcha políticas activas de empleo para los autónomosdesempleados, en cuanto que una parte de los ingresos obtenidos para financiar laprestación, en concreto el 1 % de los mismos, se destinarán a dicho fin.Aún más importante a mi parecer, y en coherencia con el marco jurídico de gestión delas políticas activas de empleo por las Comunidades Autónomas, es que esa partida serágestionada por los servicios autonómicos de empleo y por el Instituto Social de laMarina, previéndose su distribución “en proporción al número de beneficiarios quegestionen”. La modificación fue valorada de forma especialmente positiva por eldiputado de Convergencia i Unió. Sr. Campuzano, en el Pleno del Congreso del día 27de mayo, afirmando que le parecía fundamental la incorporación de este preceptoporque ello permitirá dotar a los TA “de esas medidas que pueden dar sentido a larecolocación, a la reactivación, a la reincorporación de los autónomos en el mercado detrabajo, en la puesta en marcha de sus propios negocios. Estas medidas son importantes,significativas y, lógicamente, justifican el apoyo de Convergència i Unió a esteproyecto”.D) Por último, deseo mencionar dos nuevas disposiciones adicionales. En la novena, sepermite a los trabajadores autónomos que desarrollen tareas de especial peligrosidad yque estén en situación jurídica de pluriactividad y tengan cubierta la protección pordesempleo en otro régimen de la Seguridad Social, que no incorporen la protección porcese de actividad, “salvo que opten de modo voluntario por cubrir dicha protección”. Enla undécima, se exime a algunos TA de determinadas obligaciones de justificación de laactividad emprendedora para tener derecho a la prestación por cese de actividad, enconcreto a los trabajadores que realicen actividades de naturaleza tóxica, peligrosa openosa, y que reúnan las condiciones establecidas para causar derecho a la pensión dejubilación, con excepción de la relativa a la edad, los cuales podrán acceder a lajubilación anticipada en los mismos supuestos y colectivos para los que esté establecidodicho derecho respecto de los trabajadores por cuenta ajena.4. Como consecuencia de los cambios habidos en el texto presentado por la ponencia, eldictamen de la Comisión, publicado el 26 de mayo, que se mantuvo inalterado en elPleno, ha incorporado algunos cambios sustanciales con respecto a los períodos dedisfrute de la prestación por cese de actividad, con un incremento significativo quelógicamente ha llevado al incremento del tipo de cotización que debe abonarse para sufinanciación.A) En el capítulo II (régimen de la protección) se ha modificado la duración de laprestación económica a la que se tiene derecho en función del período de cotizaciónefectuado durante los 36 meses anteriores a la situación del cese de actividad (y,recuérdese, siempre que 12 sean continuados e inmediatamente anteriores a la situaciónde cese). Se mantienen los mismos tramos que en el proyecto de ley para poder percibirentre 2 y 5 meses de prestación, y se modifican a partir de 36 en los siguientes términos: 15
  • 16. de 36 a 42, 6; de 43 a 47, 8; 48 y más, 12. En este punto cabe hacer especial mención dela disposición adicional décima, introducida ya en el texto de la ponencia, en el que semandata al gobierno a elaborar un estudio sobre la evolución del sistema en un períodode 24 meses desde la entrada en vigor de la norma, que deberá tratar tanto sobre lacuantía como sobre la gestión de la prestación, disponiendo el precepto que “en caso deque quede acreditada la viabilidad financiera, se realizará una propuesta de incrementode la duración de la prestación por cese de actividad”Respecto a las incompatibilidades, que con carácter general abarcan todo tipo de trabajopor cuenta propia o ajena, encuentran una excepción en determinados trabajos agrariosrealizados sin finalidad comercial y afecta tanto al TA como a los familiarescolaboradores, si bien el artículo 12 remite al desarrollo reglamentario para laconcreción de esta excepción.B) En el capítulo III (régimen financiero y gestión de las prestaciones) el tipo decotización correspondiente a la protección se incrementa al 2,2 por ciento, aplicable a labase de cotización elegida por el TA con arreglo a lo establecido en las normas decotización (del RETA o del régimen especial de trabajadores del mar), en el bienentendido que, tal como fija la disposición adicional segunda (inalterada desde elproyecto de ley), los TA acogidos a este sistema verán reducida en un 0’5 % sucotización por la contingencia de incapacidad temporal derivada de contingenciascomunes. El tipo se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,“de acuerdo con los estudios actuariales que procedan”.C) En las disposiciones adicionales, en concreto en la primera, cabe hacer especialmención del incremento de los períodos de percepción para los trabajadores autónomoscomprendidos entre los 60 y 64 años. Con respecto al proyecto de ley, no modificadopor la ponencia, se reduce el período de percepción para los TA que hayan cotizadoentre 12 y 17 meses, pasando de 3 a 2, se mantiene en los tramos de 18 a 23 (4), de 24 a29 (6) y de 30 a 35 (9), y se amplía en los siguientes, de manera que la cotización entre36 y 42 meses dará derecho a una protección durante 10 meses, y para quien hayacotizado 43 años o más se reconocerá una prestación por un período de 12 meses.D) Por último, pero no menos importante, hay que destacar el impacto de la futuranorma sobre la protección de los TA extranjeros que hayan cesado en su actividad, noya por lo que respecta al percibo de la prestación sino porque el reconocimiento deencontrarse en dicha situación les permitirá seguir residiendo en España, y así loenfatizaba el portavoz socialista Sr. Membrado en el Pleno del Congreso cuandoafirmaba que “se ha reconocido la condición de beneficiario como cese de actividadcomo causa de la renovación de la autorización de residencia y trabajo para losautónomos extranjeros, que es una parte importante dado el peso que los trabajadoresautónomos tienen en el conjunto de los autónomos de nuestro país”.Más exactamente, en el texto aprobado en Comisión se incorporaba una nuevadisposición adicional sexta que modificaba el artículo 62 del Reglamento entoncesvigente en materia de extranjería, el Real Decreto 2393/2004 de 30 de diciembre. En elartículo 62.1, que regulaba la renovación de las autorizaciones de residencia y trabajopor cuenta propia, se incluía un nuevo supuesto: “c) cuando por el órgano gestorcompetente, conforme a la normativa sobre la materia, se hubiera reconocido altrabajador autónomo la protección por cese de actividad y durante el período de percibode la prestación”. En relación con esta modificación, se incorporaba un nuevo párrafo a 16
  • 17. la disposición final tercera que habilitaba al gobierno para modificar dicho preceptomediante norma de rango reglamentario.5. Explicaré ahora de forma sucinta cómo ha cambiado el proyecto durante latramitación en el Senado http://bit.ly/pwxdIM, para tener una visión global y deconjunto de toda la tramitación y de las modificaciones incorporadas al texto final. Encualquier caso, cabe dejar claro de entrada que los ejes nucleares del proyecto de leyoriginario se han mantenido y en más de una ocasión mejorados durante toda latramitación parlamentaria, por lo que gran parte de las consideraciones generales queacabo de efectuar sobre el texto que el gobierno remitió al Congreso son perfectamenteválidas para aplicarlas al texto resultante de dicha tramitación.Al texto remitido por el Congreso de los Diputados al Senado fueron presentadas 79enmiendas, muchas de ellas repetición de las que no habían sido aceptadas en losdebates del Congreso y de ahí que no prosperaran. Tras el informe de la Ponencia y elDictamen de la Comisión de Trabajo e Inmigración, en el texto aprobado por el Plenodel Senado el 7 de julio se incorporaron unas enmiendas que analizaré a continuación, lamayor parte de ellas presentadas por el grupo socialista, las cuales fueron tambiénaprobadas definitivamente por el Congreso el día 21 sin modificación alguna, siendo lamayor parte de ellas de contenido meramente formal o de mejora técnica. No obstante,la enmienda más polémica, la regulación de la protección no contributiva para lostrabajadores autónomos no tuvo una vida muy larga (más bien diría que cortísima) dadoque su derogación se produjo tras el acuerdo de los grupos socialista y nacionalistavasco con ocasión de los debates sobre el proyecto de ley de medidas urgentes para lareforma del mercado de trabajo y su plasmación normativa en la Ley 35/2010 de 17 deseptiembre http://bit.ly/fq2e21. A) En el artículo 5, regulador de la situación legal de cese de actividad, el textoaprobado por el Congreso consideraba que podía producirse por “el cese temporal odefinitivo de la actividad de la trabajadora autónoma por causa de violencia de género”,mientras que el texto definitivamente aprobado tiene una redacción técnicamente máscorrecta que la anterior a mi parecer en cuanto que la situación legal del cese deactividad se producirá cuando concurra “la violencia de género determinante del cesetemporal o definitivo de la actividad de la trabajadora autónoma”. Una enmiendaidéntica se incorpora a la letra d) de la Disposición adicional séptima, reguladora de laprotección por cese de actividad a los trabajadores autónomos que ejerzan su actividadprofesional conjuntamente.B) Más importante es la modificación del número 2 del artículo 8, que regula laduración de la prestación económica. No obstante, la modificación no vio la luz porqueantes de la entrada en vigor de la nueva ley ya se había producido la vuelta al textoaprobado en primera lectura por el Congreso de los Diputados. En efecto, la disposiciónadicional vigésimo segunda de la Ley 35/2010 vuelve a la redacción inicial de talprecepto.En el texto del Congreso se reconocía el derecho del trabajador autónomo a solicitar unnuevo reconocimiento de la prestación, tras haberla disfrutado con anterioridad, siempreque concurrieran los requisitos legales para poder acceder a la misma y que “hubierentranscurrido dieciocho meses desde el reconocimiento del último derecho a la 17
  • 18. prestación”. Los grupos parlamentario catalán (CiU) y de senadores nacionalistas(PNV) presentaron enmiendas a este precepto, que han sido incorporadas a la nueva ley,en la que el plazo se reduce a doce meses, si bien empezará a contar “desde la extincióndel derecho anterior”, justificándose las enmiendas por la conveniencia de no estableceruna diferencia de trato con respecto al régimen general de los trabajadores por cuentaajena que no se considera justificada. Por parte del grupo popular su enmienda tambiénsolicitaba la reducción del plazo a los 12 meses, si bien su redacción era diferente encuanto que el transcurso de dicho plazo operaría “desde la finalización de percepción dela prestación por cese de actividad”. En el debate en Comisión, el Senador socialista Sr.Pliego trató de explicar el poco valor práctico, a su parecer, de la enmienda (el texto delCongreso “habla de contar los meses desde el momento que se reconoce el derecho”,mientras que la enmienda “.. empieza a contar (el plazo) desde el momento en que seextingue, es decir desde que se ha acabado la prestación”) pero no logró su objetivo, sibien la senadora del grupo popular Sra. Peris manifestó que esos hipotéticos problemasplanteados se podían solucionar por vía reglamentaria.C) En el artículo 9, sobre la cuantía de la prestación económica por cese de actividad, enel quinto párrafo del texto del Congreso se hacía referencia a los hijos a cargo mayoresde 26 años “con una incapacidad en grado igual o superior al treinta y tres por ciento…”, mientras que el texto aprobado sustituye el término “incapacidad” por el de“discapacidad”, tratándose de una enmienda del grupo socialista que se propuso por serel nuevo término “más adecuado según las disposiciones reguladoras de ladiscapacidad”.D) La disposición adicional primera aprobada por el Congreso regulaba la duración dela prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos “entre 60 y 64 años”,mientras que el texto aprobado regula dicha duración “a partir de los 60 años” y sinfijación de edad límite para el disfrute de la prestación. La modificación del título delprecepto se concreta en el texto, en cuanto que la referencia primera a los 64 años quedasustituida por “la edad en que se pueda causar derecho a la pensión de jubilación”. Sejustifica la enmienda porque es más favorable para el trabajador autónomo que cumpla65 años y no tenga acreditado el período de cotización efectivo para acceder a lapensión por jubilación, ya que de aplicar la duración prevista en el artículo 8 le seríamenos favorable, exponiéndose en la motivación de la enmienda que en modo algunoera la intención de la norma “en aplicación directa de la disposición adicional cuarta,párrafo segundo, de la Ley 202007. Recuérdese que dicha disposición estipula que “Laarticulación de la prestación por cese de actividad se realizará de tal forma que, en lossupuestos en que deba aplicarse en edades cercanas a la legal de jubilación, suaplicación garantice, en combinación con las medidas de anticipación de la edad dejubilación en circunstancias concretas contempladas en la Ley General de la SeguridadSocial, que el nivel de protección dispensado sea el mismo, en supuestos equivalentesde carrera de cotización, esfuerzo contributivo y causalidad, que el de los trabajadorespor cuenta ajena, sin que ello pueda implicar costes adicionales en el nivel nocontributivo”.E) En la disposición adicional quinta, relativa al reintegro de prestacionesindebidamente percibidas, se incorpora una referencia expresa, de carácter general, alartículo 45 de la Ley General de Seguridad Social, que se refiere justamente a estacuestión. Se expone en la enmienda socialista que “se elimina la referencia al 18
  • 19. procedimiento de reintegro por la más genérica al precepto del reglamento derecaudación ya que hace referencia a dos procedimientos, evitando interpretacionesrestrictivas a algunos de ellos”.F) El precepto más polémico que se incorporó a la nueva ley, por poco tiempo como yahe explicado con anterioridad, es la nueva disposición adicional decimotercera,resultante de la enmienda número 71 de CiU, en la que se reconoce el derecho a unaprestación no contributiva para trabajadores autónomos a partir, obsérvese bien la fecha,del 1 de enero de 2009, si bien se remite al desarrollo reglamentario (dando al gobiernoun plazo de 3 meses) las condiciones de acceso a la nueva prestación, y subrayo lo denueva porque además se utiliza esta palabra, probablemente por un lapsus de losredactores de la enmienda que olvidaron suprimirla del último párrafo de la disposición.La norma reconoce el derecho de un trabajador autónomo que haya cesado su actividadprofesional a partir de la fecha referenciada a percibir una prestación económica de 425euros mensuales durante un período máximo de 6 meses, prestación que además, yrecalco la importancia de este dato, sería compatible “con otras prestaciones de lasComunidades Autónomas”. Dicha prestación sólo podría percibirse cuando el trabajadorautónomo no percibiera ninguna otra ayuda o prestación pública, y estaría ademáscondicionada a la búsqueda activa de empleo y a la realización de un mínimo de 180horas de formación. Los restantes requisitos para poder solicitar la prestación nocontributiva serían los de haber cotizado al RETA durante 3 de los últimos 5 añosanteriores a la fecha de la solicitud (requisito que diluye parcialmente a mi parecer elcarácter no contributivo de la prestación en cuanto que la vincula necesariamente a unaanterior actividad contributiva del sujeto demandante de la prestación), y que la mediade ingresos familiares por persona (me imagino que la norma se refiere, aunque no lodiga, a todos los miembros de la unidad familiar) no supere el 75 % del SMI, además delos que “se establezcan reglamentariamente” como cláusula abierta y a disposición delpoder ejecutivo para limitar el acceso a dicha prestación.El debate parlamentario sobre la aprobación de esta norma no estuvo exento deargumentos legales, ciertamente, y a las intervenciones en la Comisión de Trabajo eInmigración del Senado y en los Plenos de ambas Cámaras me remito, pero tambiéntuvo toques “emocionales” dirigidos lógicamente a provocar la reacción en el oponentede acceder a la petición propuesta, provocación que no consiguió en ningún caso elresultado aparentemente perseguido. Por ejemplo, la senadora socialista, y ex Ministrade Trabajo, Sra. Fernández, calificó la enmienda en el Pleno de la Cámara Alta como“un petardo de dinamita a esta ley”, afirmando que “cuando estamos sacando adelanteuna norma con el sistema contributivo para los autónomos y le añadimos unadisposición adicional que incluye al no contributivo, si no somos sensatos, kantianos yracionales, nos estamos cargando la norma”. Por su parte, el defensor de la enmienda enel Pleno del Congreso, el diputado de CiU Sr. Campuzano, afirmaba que la propuestaera “de una evidente justicia social”, y pedía a los grupos que la rechazaba, que leexplicaran “como van a mirar al rostro del autónomo y decirle: el desempleado quetrabaja por cuenta ajena, incluso cuando se le agota la prestación por desempleo eincluso cuando se le agota la prestación asistencial, tiene una cobertura, mientras queusted, que arriesgó, que quizás ha perdido sus ahorros, que quizás ha perdido su casa,usted quedará sin ningún tipo de cobertura”. La enmienda fue aprobada con el votofavorable del grupo popular, si bien su portavoz Sr. Aspiroz manifestó que la 19
  • 20. retroactividad a 1 de enero de 2009 era “de difícil plasmación y gestión práctica”, y queademás les suscitaba dudas en cuanto a su aplicación dado que podía serlo “a cualquierautónomo y no a aquellos que decidan cotizar o estén obligados a cotizar por el cese deactividad”.G) Otra nueva disposición adicional, la decimocuarta, posibilita la capitalización, total oparcial, de la prestación por cese de actividad en los términos que se dispongareglamentariamente. El texto encuentra su origen en la enmienda número 70 de CiU quepretendía incorporar casi en su literalidad la normativa reguladora de la capitalizaciónpara los trabajadores por cuenta ajena y que fue objeto de modificación por enmiendatransaccional del grupo socialista, muy criticada por el grupo popular cuya portavoz enel Pleno del Senado, Sra. Peris, justificaba su abstención por la imprecisión del texto yafirmaba que “ustedes están dejando en el aire el pago único al autónomo, eso que sedesarrollará reglamentariamente, para o toda la cantidad para el pago único, pero no sesabe ni cómo ni de qué manera. Entiendan que no podemos compartir esa manera deregular las cosas, de dejarlas como que sí, que reglamentariamente o no, o todo o enparte; no lo podemos entender ni compartir”.H) La disposición adicional decimoquinta modifica la ley del IVA, a partir de laaceptación de la enmienda 78 de CiU, para aplicar el tipo reducido de dicho impuestocuando se trate de personas dependientes que tengan reconocida una prestacióneconómica por la Ley 39/2006 de 14 de diciembre en los términos ahora recogidos en lanueva norma. Se justifica la enmienda porque se pretende facilitar el acceso adeterminados servicios a personas muy dependientes, “por lo que carece de sentido quepersonas dependientes que tienen reconocida una prestación económica no puedanbeneficiarse del tipo reducido del IVA cuando sean receptoras de servicios de atención ala dependencia en centros asistenciales, quebrándose el principio de no discriminación”.I) Se ha incorporado una nueva disposición transitoria cuya finalidad, así me lo parece,es “animar” a los autónomos que no coticen por contingencias profesionales a hacerlopara poder acceder en su día, cuando cumplan los requisitos para ello (uno de ellos, y lodestaco por su importancia, es de el de haber cotizado cómo mínimo durante 12 mesescontinuados e inmediatamente anteriores a la situación de cese de actividad). En efecto,se posibilita que los trabajadores dados de alta en el RETA y que no tengan cubiertadicha protección puedan formalizarla dentro de los 3 meses siguientes a la entrada envigor de la nueva ley, “con efectos desde el día primero del mes siguiente al de dichaopción”. Tal como se explica en la enmienda, y casi en los mismos términos sereprodujo en el debate parlamentario, se trata de “facilitar la inmediata adhesión a laprotección por cese de actividad de dichos trabajadores y en beneficio de ellos”, ya quede no formalizar el alta en el plazo referenciado será de aplicación lo dispuesto en elartículo 47.4.2ª del Real Decreto 84/1996 de 26 de enero, “que sólo permite ejercitar esaopción antes del 1 de octubre de cada año, con efectos desde el 1 de enero del añosiguiente”. Al respecto cabe recordar la posibilidad ofrecida por la OrdenTIN/490/2011de 9 de marzo http://bit.ly/f9o7I5, que concedió un plazo especial deopción para la cobertura de tales contingencias, estableciendo su artículo único que“Los trabajadores que en la fecha de entrada en vigor de esta orden figuren en alta en elRégimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y no tengancubierta la protección por contingencias profesionales y por cese de actividad, podrán 20
  • 21. optar por su cobertura hasta el 30 de junio de 2011, con efectos desde el día primero delmes siguiente al de dicha opción”.J) Las nuevas disposiciones adicionales cuarta y quinta, incorporadas en virtud deenmiendas del grupo socialista, y que van mucho más allá de la normativa específicaregulada en los artículos y disposiciones precedentes de la norma, tienen el mismo hiloconductor, cual es la potenciación de las comunicaciones electrónicas de la SeguridadSocial con todos los ciudadanos, entidades e instituciones, y más exactamente con “lossujetos responsables en el ámbito de la Seguridad Social”, que quedarán obligados enlos supuestos previstos por la norma a “recibir las notificaciones por mediosinformáticos o telemáticos”.Se trata de hacer plenamente efectivas en este ámbito (y desde luego cabe reconocer queya se ha avanzado mucho en ello) las previsiones de la Ley 11/2007 de 22 de junio deacceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La razón de ser de lamodificación es doble según se expone en la motivación de las enmiendas, y tambiénsegún se manifestó en el debate parlamentario: de una parte, potenciar el uso de medioselectrónicos para notificación y publicación de actos administrativos y, algo que puedeser aún más relevante a mi parecer, “disminuir el coste económico que genera el actualsistema de notificaciones por correo y publicaciones en boletines oficiales en un períodocomo el presente de ajuste y severidad”; de otra, reforzar el sistema RED, de tal maneraque “las notificaciones de los actos administrativos que traigan causa de los datostransmitidos electrónicamente a través de dicho Sistema, realizadas a los autorizadospara dicha transmisión, serán válidas y vinculantes a todos los efectos legales para lasempresas y sujetos obligados a los que se refieran dichos datos, salvo que estos últimosmanifiesten que prefieren que dicha notificación en sede electrónica se les efectúedirectamente a ellos o a un tercero”.K) La disposición adicional sexta procede a la modificación del artículo 32 de la Ley31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Se posibilita que lasmutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales puedan participar, concargo a su patrimonio histórico, en las sociedades mercantiles de prevenciónconstituidas para desarrollar actividad de servicios de prevención ajenos, si bien lanorma se remite a “los términos y condiciones que se establezcan en las disposicionesde aplicación y desarrollo”. La enmienda aceptada, número 56, del grupo socialista,acoge la tesis del Consejo de Estado en su dictamen número 1672/2009 sobre lanecesidad de que la supresión de las restricciones anteriormente existentes al respectoen la norma legal deben corregirse justamente por la vía de la modificación, como ahorase ha hecho, de la misma norma, y avanza en el proceso de liberalización de laactuación de las mutuas en materia de prevención de riesgos laborales, argumentándoseque se actúa en coherencia con la normativa comunitaria sobre libre prestación deservicios. Lo explicaba de esta manera el senador socialista Sr. Pliego en el Pleno delSenado del 7 de julio: “lo que pretendemos con nuestra enmienda es cumplir la directivacomunitaria, que es favorable a la liberación de esta situación, para que una mutua, unavez constituida esta sociedad de prevención, pueda contratar indistintamente conempresas asociadas o no a ella”.L) La última modificación de la Ley 32/2010 se ha producido por el recientementeaprobado Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la 21
  • 22. promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y elmantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agotensu protección por desempleo, y en concreto por su disposición adicional segundahttp://bit.ly/oAU9Mk.Se trata de una mínima (pero importante económicamente) modificación de lanormativa reguladora de la protección por cese de actividad de los trabajadoresautónomos. La norma vigente con anterioridad disponía en su artículo 7 que elreconocimiento de cumplir los requisitos previstos por la norma suponía el nacimientodel derecho a percibir la prestación económica a partir del primer día del “segundo messiguiente” a aquel en el que se produjo el hecho causante del cese de actividad”,mientras que el RDL 10/2011 reconoce el derecho al percibo desde el primer día del“mes inmediatamente siguiente”. Desconozco si hay alguna razón que permita entenderla medida, pero es probable que tenga que ver con el deseo gubernamental de satisfaceren alguna medida a las asociaciones de trabajadores autónomos, muy críticas con losborradores del texto ahora ya publicado por entender que no se prestaba atención a lasnecesidades laborales del colectivo.6. Por último, me detengo en el proyecto de Real Decreto por el que se desarrollareglamentariamente la Ley 32/2010. El documento fue presentado a la ConferenciaSectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el 29 de septiembre y, como hedicho con anterioridad, es previsible que su aprobación se produzca durante este mes deoctubre. La disposición final segunda fija su entrada en vigor, a salvo de un precepto, “ldía primero del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.La disposición final tercera de la Ley 32/2010 faculta al Gobierno para dictar “cuantasdisposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Ley”. En lanorma encontramos, además, varios preceptos que se remiten para una mayorconcreción a un futuro desarrollo reglamentario. Más exactamente, se trata de concretarla documentación a presentar por los trabajadores autónomos para justificar el cese deactividad, así como también la regulación procedimental que han de respetar losórganos gestores de la prestación para reconocer el derecho a la prestación, abonar lasprestaciones reconocidas y ejercer su control. Dado que la entrada en vigor efectiva dela prestación se produce el próximo mes de noviembre, el objeto de la (futura) norma es,tal como se afirma en su introducción, “habilitar mecanismos eficaces de gestión dedicha prestación”.A) El título I regula las disposiciones generales. Relativo a su objeto, el desarrolloreglamentario del sistema específico de protección por cese de actividad, interesadestacar la concreción que efectúa respecto a la posibilidad del cese temporal de laactividad únicamente en los supuestos de fuerza mayor o violencia de género, y laexclusión de esta norma de la protección que puedan tener los trabajadores por cuentapropia agrarios, remitiéndola a una futura y específica norma reglamentaria.Sobre los requisitos para el nacimiento del derecho a la prestación, del amplio listado derequisitos que debe cumplir el trabajador autónomo destaco ahora el de solicitar su bajaen el régimen especial de Seguridad Social correspondiente como consecuencia del cesede actividad, la disponibilidad activa para participar en el mercado de trabajo, y laextinción, en su caso, de todos los trabajadores que el trabajador autónomo tuviera a su 22
  • 23. cargo como requisito previo para solicitar la prestación cuando el cese se produzca porcausas económicas, técnicas, organizativas o productivas.En cuanto a la situación legal de cese de actividad, se concretan algunas reglasespeciales en desarrollo de la Ley 32/2010, como por ejemplo, que se computarán laspérdidas derivadas del ejercicio de la actividad que sean inmediatamente anteriores adicho cese, y también que en el supuesto de separación matrimonial o divorcio queimplique el cese el hecho causante deberá producirse “en el plazo de seis mesesinmediatamente siguientes a la resolución judicial o acuerdo que así lo establezca”.Para acreditar la situación legal de cese de actividad por motivos económicos, técnicos,organizativos o productivos, la documentación que se presente deberá ir acompañada deuna declaración jurada del solicitante, y en el supuesto específico de pérdidaseconómicas se acompañará certificado de la Agencia Estatal de la AdministraciónTributaria.Por otra parte, no deja de ser interesante la referencia concreta a las nuevas tecnologíaspara demostrar el cierre del establecimiento del que dispusiera el trabajador autónomo,ya que además de toda la amplia documentación listada en la futura norma deberánacompañarse documentos acreditativos, por ejemplo, “del cese en el suministro yconsumo de servicios inherentes al desarrollo de la actividad realizada en elestablecimiento: agua, electricidad, internet u otros”.Cuando se trate de la solicitud por parte de un TRADE deberá acompañarse a lasolicitud la comunicación al SPEE de la terminación del contrato con el cliente del quedependen, como mínimo, el 75 % de sus ingresos; si el TRADE realiza actividaddependiente para otros clientes deberá aportar también la documentación que acredite lafinalización de tales relaciones.En relación con el régimen de la protección, interesa dejar constancia de la obligacióndel sujeto solicitante, que será requerido para ello por el órgano gestor cuando dicte lacorrespondiente resolución sobre abono de la prestación, de comparecer ante el ServicioPúblico de Empleo Estatal para formalizar su inscripción en el mismo y suscribir elcompromiso de actividad, siempre y cuando obviamente no lo hubiera hecho ya conanterioridad. El plazo para hacerlo será de 15 días hábiles, y si no lo hiciera será causade anulación de la prestación, en el bien entendido que podrá formularse una nuevasolicitud si la inscripción se hubiera formalizado fuera de plazo.Al tratar de la duración de la prestación económica, la norma concreta que no es posibleen ningún caso, para su cálculo, el cómputo recíproco de cotizaciones por cese deactividad y de cotizaciones por desempleo, ni tampoco el computo recíproco entre elRETA y el RETM. Respecto a la cuantía, una manifestación específica se refiere a lostrabajadores que coticen por una base mínima inferior a la de cotización para lostrabajadores autónomos, en cuyo caso “no les resultará de aplicación la cuantía mínimade la prestación prevista en el artículo 9.2 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto.La futura norma también aborda el régimen financiero y la gestión del sistema deprotección. La Tesorería General descontará del importe mensual ingresado por cese deactividad del trabajador autónomo el 1 % para las acciones formativas, de acuerdo a loprevisto en la Ley 32/2011, y transferirá esa cantidad al SPEE para que este, a su vez, lo 23
  • 24. distribuya entre los servicios públicos autonómicos de empleo y el Instituto Social de laMarina. La restante cantidad será abonada a los órganos gestores de la prestación. Hayuna regulación detallada de los libramientos que han de realizarse a las autonomíascompetentes para las acciones en materia de empleo, previéndose la entrega de un 70 %del montante asignado a cada una de ellas el mes de marzo y el 30 % restantes el mes deoctubre, cuantía que se determinará “en proporción al número de beneficiarios quevayan a gestionas en el respectivo ámbito territorial”.IV. Tercera parte. Anexo. Medidas de fomento y promoción del empleo autónomo.En este apartado del texto recojo distintas normas autonómicas, y también algunasestatales, dictadas durante el período 2007 – 2011 y que tienen por finalidad fomentar ypromover el empleo autónomo mediante diversas técnicas de incentivación,básicamente centradas en ayudas económicas.1. Año 2007.A) Cabe destacar la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio.La norma tiene por finalidad regular la concesión de subvenciones para la promocióndel empleo autónomo, es decir para facilitar la constitución de desempleados entrabajadores autónomos o por cuenta propia, y se dicta en desarrollo del RealDecreto357/2006 de 24 de marzo. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en lanorma los desempleados inscritos como demandantes de empleo en las Oficinas deEmpleo de las administraciones competentes.El RD 357/2006 tiene por finalidad, al amparo de las posibilidades que ofrece la Ley38/2003, de 17 de noviembre, de subvenciones, en su artículo 22.2 c), regular laconcesión directa de determinadas subvenciones cuando se acrediten razones de interéspúblico, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas quedificulten su convocatoria pública. A tales circunstancias responden algunos programasde políticas activas de empleo, desarrollados tanto por el Servicio Público de EmpleoEstatal como de los Servicios Autonómicos, que tienen por finalidad la incorporación detrabajadores desempleados al mercado de trabajo. Es decir, se trata de programas en losque puede atenderse a la singularidad derivada de las difíciles circunstancias deintegración laboral de los colectivos afectados o de sus peculiaridades formativas, “quepermiten apreciar la concurrencia de razones de interés público, económico y social quedificultan la convocatoria pública de las referidas subvenciones”. Entre los programasque deben quedar excluidos del régimen de tramitación vía concurrencia competitiva seencuentra la promoción del empleo autónomo, porque la puesta en marcha de proyectosempresariales difícilmente coincide en muchas ocasiones con el ámbito temporal de unaconvocatoria de plazos limitados.La financiación de estas subvenciones se hace con cargo al presupuesto de gastos delSPEE y tiene el carácter de fondos de empleo de ámbito nacional, de acuerdo con loprevisto en el (entonces vigente) artículo 14 de la Ley de Empleo. La territorializaciónde los créditos que correspondan a programas cuya gestión han asumido lasComunidades Autónomas se efectúa de acuerdo a las previsiones de la Ley GeneralPresupuestaria. Las CC AA gestionan tales recursos de acuerdo con lo dispuesto en esta 24
  • 25. norma y con las que ellas dicten para su ejecución en función de su propia organización,debiendo recordarse que el RD 357/2006 tiene la habilitación competencial del artículo149.1.7ª de la Constitución, es decir la competencia exclusiva del Estado en materia delegislación laboral.La Orden ministerial regula diferentes modalidades de subvenciones: porestablecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia; financiera; paraasistencia técnica; para formación. En el primer supuesto, la cuantía podrá alcanzarhasta los 10.000 euros, con un incremento del 10 % en el caso de que se trate de unamujer víctima de violencia de género; en el segundo, la subvención podrá consistir en lareducción de un máximo de cuatro puntos del tipo de interés fijado por las entidades decrédito para la concesión de un préstamo, con el límite de 10.000 euros, y si se trata dela concesión de un microcrédito la subvención, con el tope de los 10.000 euros, puedellegar a cubrir el total de los gastos financieros; en el tercer supuesto, la cuantía podráalcanzar hasta el 75 % del coste de los servicios prestados, con el límite de 2.000 euros;por fin, en concepto de formación la subvención podrá alcanzar hasta el 75 % del costede los cursos recibidos, con el límite de 3.000 euros. En las dos primeras, la cuantía segraduará en razón de la dificultad de acceso al mercado de trabajo, y la personasolicitante deberá estar incluida en uno de estos colectivos: desempleados en general,jóvenes desempleados de 30 o menos años, mujeres desempleadas, desempleados condiscapacidad, mujeres desempleadas con discapacidad. La cuantía irá desde los 5.000euros del primer grupo hasta los 10.000 euros del quinto. Además, para poder percibirlase requerirá la realización de una inversión no inferior a 5.000 euros.La persona que perciba la subvención queda obligada a realizar la actividad para la quese concedió la ayuda, y a mantener su actividad empresarial y su alta en la SeguridadSocial o equivalente durante al menos tres años. La cuantía percibida, por sí sola o enconcurrencia con otras, no podrá superar en ningún caso el coste de la actividad adesarrollar por el beneficiario.En definitiva, se trata de una clara reformulación del programa anterior dirigido a losautónomos, tanto para adaptarse a los cambios normativos de ámbito estatal como a lostraspasos de competencias a las CC AA Autónomas en materia de gestión de políticasactivas de empleo, y todo ello con el objetivo de garantizar la eficacia del programa,“tanto en lo que afecta a su impacto social como a la pervivencia de los proyectosempresariales que se aborden”.2. Año 2008.A) En la CC AA de Madrid hay que referirse a la Orden 523/2008, de 28 de febrero, porla que se establece la regulación procedimental de las subvenciones del programa depromoción del empleo autónomo en el ámbito de la Comunidad de Madrid (BOCM,11de marzo)Los sujetos beneficiarios serán las personas desempleada inscritas como demandantesde empleo que pretendan establecerse como trabajadores autónomos o por cuenta propiay que cumplan los requisitos previstos para cada tipo de subvención, con elcumplimiento correspondiente de las obligaciones en materia tributaria y de SeguridadSocial. 25
  • 26. En primer lugar se prevé una subvención por el establecimiento como autónomo o porcuenta propia, en cuantía que va desde los 5.000 euros para un desempleado sin otraconnotación negativa hasta los 10.000 euros para las mujeres desempleadas condiscapacidad, con un incremento del 10 % cuando se trata de una mujer afectada porviolencia de género. El beneficiario deberá realizar una inversión no inferior a 5.000euros y presentar la solicitud entre los tres meses anteriores y los seis posteriores alinicio de la actividad.En segundo término, se concederá una subvención financiera para reducir los interesesde los préstamos solicitados para poner en marcha el proyecto, en cuantía de hastacuatro puntos del tipo de interés y con un máximo de 10.000 euros, aplicándose elmismo criterio que en el supuesto anterior. El beneficiario deberá presentar la solicitudentre los tres meses anteriores y los seis posteriores al inicio de la actividadLa subvención para asistencia técnica es la tercera línea de apoyo a los nuevosemprendedores, que podrá alcanzar el 75 % del coste de los servicios prestados y con unmáximo de 2.000 euros. La solicitud deberá presentarse en el plazo de los seis mesessiguientes al del inicio de la actividad.Por fin, las subvenciones para actividades formativas del autónomo durante la puesta enmarcha de la empresa podrán llegar hasta el 75 % del coste de los cursos recibidos, conun máximo de 3.000 euros. La solicitud deberá presentarse en el plazo de los seis mesessiguientes al del inicio de la actividad.B) En Cantabria encontramos el Decreto 26/2008, de 13 de marzo, por el que se regulael procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a fomentar lacreación de empleo autónomo (BOC, 27).La norma, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, regula la concesión desubvenciones para fomento del empleo autónomo, y desarrolla en el ámbito autonómicola normativa estatal. Además, regula también una medida propia, consistente ensubvencionar los costes de mantenimiento al Régimen Especial de TrabajadoresAutónomos. Será de aplicación a todas las altas en el RETA producidas a partir del 1 deseptiembre de 2007, si bien para próximos ejercicios ya se indica que sólo comprenderáel período de cada uno de ellos. Los Presupuestos anuales fijarán la cuantía a dedicar aesta medida de fomento de empleo, que gozará de una cofinanciación del 50 % a cargodel Fondo Social Europeo. El plazo de presentación de solicitudes será de seis mesesdesde la fecha de inicio de la actividad, y de dos meses a partir de la entrada en vigor dela norma cuando se trate de altas en el RETA que se hayan producido entre el 1 deseptiembre y el 31 de diciembre de 2007.Pueden ser objeto de subvención el establecimiento como trabajador autónomo o porcuenta propia, la petición de préstamos para financiar las inversiones dedicadas a lacreación y puesta en marcha de la empresa, las necesidades de asistencia técnica y las deformación. En el primer programa la subvención oscilará entre 5.000 y 10.000 euros,con un incremento del 10 % para mujeres víctimas de violencia de género, y siempre ycuando el beneficiario haya realizado una inversión mínima de 5.000 euros; en elsegundo, se reducirá hasta cuatro puntos el tipo de interés del préstamo solicitado, con 26
  • 27. el mismo límite de cuantías que en el programa anterior. La subvención por asistenciatécnica podrá alcanzar el 75 % del coste de los servicios y con el límite de 2.000 euros,y la concedida por formación tendrá el mismo porcentaje y el límite de 3.000 euros.En cuanto al programa autonómico propio, la cuantía oscilara entre 3.000 y 5.000 euros,con incremento del 10 % para mujeres víctimas de violencia de género, y siempre quese haya efectuado una inversión mínima de 5.000 euros para la puesta en marcha delproyecto, y será incompatible con las medidas de apoyo previstas en la normativa estatalde la Ley 45/2002 de 12 de diciembre, es decir las subvenciones a las cotizaciones a laSeguridad Social para los perceptores de la prestación por desempleo.C) La norma de referencia en Aragón es la Orden de 27 de marzo de 2008, delDepartamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las basesreguladoras para la concesión de subvenciones del programa de promoción del empleoautónomo (BOA, 11 de abril).La norma, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, adecua la normativaestatal, en concreto la Orden TAS 1622/2007 y el Real Decreto 5/2008, a lasespecificidades organizativas de la CC AA. La partida presupuestaria que se asigne seráobjeto de cofinanciación en un 50 % por el Fondo Social Europeo, por medio delprograma operativo adaptabilidad y empleo y del programa operativo de Aragón, ambosde aplicación durante el período 2007-2013.La Orden regula diferentes modalidades de subvenciones: por establecimiento comotrabajador autónomo o por cuenta propia; financiera; para asistencia técnica; paraformación. En el primer supuesto, la cuantía podrá alcanzar hasta los 10.000 euros, conun incremento del 10 % en el caso de que se trate de una mujer víctima de violencia degénero; en el segundo, la subvención podrá consistir en la reducción de un máximo decuatro puntos del tipo de interés fijado por las entidades de crédito para la concesión deun préstamo, con el límite de 10.000 euros, y si se trata de la concesión de unmicrocrédito la subvención, con el tope de los 10.000 euros, puede llegar a cubrir eltotal de los gastos financieros; en el tercer supuesto, la cuantía podrá alcanzar hasta el75 % del coste de los servicios prestados, con un límite de 2.000 euros; por fin, enconcepto de formación la subvención podrá alcanzar hasta el 75 % del coste de loscursos recibidos, con el límite de 3.000 euros. En las dos primeras, la cuantía segraduará en razón de la dificultad de acceso al mercado de trabajo, y la personasolicitante deberá estar incluida en uno de estos colectivos: desempleados en general,jóvenes desempleados de 30 o menos años, mujeres desempleadas, desempleados condiscapacidad, mujeres desempleadas con discapacidad. La cuantía irá desde los 5.000euros del primer grupo hasta los 10.000 euros del quinto. Además, para poder percibirlase requerirá la realización de una inversión no inferior a 5.000 euros.La persona que perciba la subvención queda obligada a realizar la actividad para la quese concedió la ayuda, y a mantener su actividad empresarial y su alta en la SeguridadSocial o equivalente durante al menos tres años. La cuantía percibida, por sí sola o enconcurrencia con otras, no podrá superar en ningún caso el coste de la actividad adesarrollar por el beneficiario. 27
  • 28. Cuando se trate de trabajadores del sector textil y de la confección, y al objeto deadoptar medidas para facilitar su adaptación a los cambios estructurales en el comerciomundial, las cuantías que acabo de referenciar se incrementarán en un 10 o 15 % segúnse trate de trabajadores menores o mayores de 55 años de edad.Por Resolución de 8 de abril de 2008, de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonésde Empleo, se aprueba para ese año la convocatoria de las subvenciones reguladas en laOrden antes citada. La norma, que entró en vigor al día siguiente de su publicaciónasigna partidas presupuestarias por un total de 2.431.344,53 euros para promocionar elempleo autónomo en el territorio autonómico. Las solicitudes para el establecimientocomo trabajador autónomo y la subvención financiera deberán solicitarse durante losdos meses posteriores a la fecha de inicio de la actividad, mientras que las destinadas aasistencia técnica y formación deberán serlo durante los seis meses posteriores a lamisma fecha de inicio de la actividad.D) Es de aplicación en Galicia la Orden de 21 de abril de 2008, por la que se establecenlas bases reguladoras del programa para la promoción del empleo autónomo,cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se procede a su convocatoria para el año2008 (DOG, 28).La norma, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, adecua la normativaestatal a las especificidades organizativas de la Comunidad Autónoma. Además, en elámbito competencial propio, se introducen algunas aportaciones tendentes a incrementarla cuantía de algunas subvenciones, la introducción de la ayuda excepcional para lafinanciación de los primeros gastos de actividad a las personas desempleadas decolectivos con mayores dificultades de inserción laboral, o el reintegro sólo parcial de laayuda concedida siempre y cuando la actividad se haya mantenido como mínimo unaño.E) En Castilla y León encontramos la Orden EYE/639/2008, de 14 de abril, por la quese establecen las normas de procedimiento y las bases reguladoras para la concesión delas subvenciones destinadas a fomentar el autoempleo en la Comunidad de Castilla yLeón (BOCyL, 30). La norma, que entró en vigor el día de su publicación, adecua lanormativa estatal en la materia a las especificidades organizativas de la ComunidadAutónoma.Se regulan diferentes modalidades de subvenciones: por establecimiento comotrabajador autónomo o por cuenta propia; financiera; para asistencia técnica; paraformación. En el primer supuesto, la cuantía podrá alcanzar hasta los 10.000 euros, conun incremento del 10 % en el caso de que se trate de una mujer víctima de violencia degénero; en el segundo, la subvención podrá consistir en la reducción de un máximo decuatro puntos del tipo de interés fijado por las entidades de crédito para la concesión deun préstamo, con el límite de 10.000 euros, y si se trata de la concesión de unmicrocrédito la subvención, con el tope de los 10.000 euros, puede llegar a cubrir eltotal de los gastos financieros; en el tercer supuesto, la cuantía podrá alcanzar hasta el75 % del coste de los servicios prestados, con un límite de 2.000 euros; por fin, enconcepto de formación la subvención podrá alcanzar hasta el 75 % del coste de loscursos recibidos, con el límite de 3.000 euros. En las dos primeras, la cuantía segraduará en razón de la dificultad de acceso al mercado de trabajo, y la persona 28
  • 29. solicitante deberá estar incluida en uno de estos colectivos: desempleados en general,jóvenes desempleados de 30 o menos años, mujeres desempleadas, desempleados condiscapacidad, mujeres desempleadas con discapacidad. La cuantía irá desde los 5.000euros del primer grupo hasta los 10.000 euros del quinto. Además, para poder percibirlase requerirá la realización de una inversión no inferior a 5.000 euros.La persona que perciba la subvención queda obligada a realizar la actividad para la quese concedió la ayuda, y a mantener su actividad empresarial y su alta en la SeguridadSocial o equivalente durante al menos tres años. La cuantía percibida, por sí sola o enconcurrencia con otras, no podrá superar en ningún caso el coste de la actividad adesarrollar por el beneficiario.La partida presupuestaria asignada para estas ayudas es de 4.149.309, 00 euros, segúndispone la Resolución de 25 de abril.También debemos hacer mención de la Orden EYE/1686/2008, de 11 de septiembre,(BOCyL, 1 de octubre). La norma, que entró en vigor al día siguiente de su publicación,incorpora ayudas específicas para mayores de 45 años que deseen establecerse comotrabajadores autónomos, no prevista en la normativa autonómica explicada conanterioridad. Se toma en consideración el Acuerdo de la Junta de 8 de mayo de este año,así como también el Real Decreto Ley 2/2008 de 21 de abril, que pretenden potenciar elempleo autónomo.A tal efecto, se dispone que las subvenciones por establecimiento por cuenta propia y lasubvención financiera, en su caso, serán de 7.000 euros en el primer supuesto y de hasta7.000 euros en el segundo.F) En Cataluña debe merecer nuestra atención la Orden TRE/311/2008, de 20 de mayo,por la que se establecen las bases reguladoras que han de regir la concesión desubvenciones para la promoción del empleo autónomo (DOGC, 26).La norma, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, adecua la normativaestatal a las especificidades organizativas de la Comunidad Autónoma; dicho con laspropias palabras de la introducción, para potenciar y promover el espíritu emprendedorcatalán, así como también para consolidar los proyectos que ya se hayan puesto enmarcha, “es necesario adaptar la normativa reguladora que han de regir las ayudasdestinadas a la promoción del empleo autónomo a los nuevos criterios de concesióndirecta establecidos en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio”.Se trata de financiar los proyectos de constitución como trabajadores autónomos depersonas que se encuentren inscritas como desempleadas en las oficinas autonómicas deempleo, y para ello se prevén subvenciones para su establecimiento como tal,financieras, para asistencia técnica y para formación. Los plazos y presentación de lassolicitudes se regulan de forma detallada en el artículo 7, siendo la regla general de unmáximo de dos meses desde que se haya realizado o finalizado la acción que da lugar ala subvención. La partida presupuestaria que se fije en la correspondiente Resolución deconvocatoria podrá ser objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo, y encualquier caso la ayuda a percibir deberá respetar la normativa comunitaria, nopudiendo ser superior a 200.000 euros durante el período de tres ejercicios fiscales.La subvención para el establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia sesitúa entre 3.500 y 6.000 euros según cual sea el sujeto que la solicite, con un 29
  • 30. incremento del 10 % cuando se pida por mujeres afectadas por violencia de género. Lossolicitantes deberán realizar un gasto no inferior a 5.000 euros para el desarrollo de laactividad, y no haber obtenido una subvención a fondo perdido o renta de subsistenciaen los tres ejercicios anteriores.La subvención financiera consistirá en una reducción de 4 puntos del tipo de interés delpréstamo solicitado, con una cuantía máxima de 3.000 euros. Para su concesión, elsolicitante deberá acreditar la realización de un gasto no inferior a 5.000 euros para eldesarrollo de la actividad.La subvención para asistencia técnica será con carácter general de un máximo del 75 %del coste del servicio prestado y con un máximo de 1.000 euros. Si se trata de accionesdestinadas al fomento de las agrupaciones y las colaboraciones entre personastrabajadoras autónomas, según dispone el art. 33 el importe podrá alcanzar hasta el 75% del coste de los servicios prestados, con un máximo de 5.000 euros. La asistenciadeberá ser prestada por consultorías, asociaciones de trabajadores autónomos, u otrasempresas o entidades que acrediten su solvencia profesional.Por último, la subvención para la formación, es decir la financiación de cursosrelacionados con la dirección y gestión empresarial y con las nuevas tecnologías de lainformación, podrá alcanzar hasta el 75 % de su coste, con un máximo de 1.000 euros.G) El Decreto 114/2008, de 6 de junio, regula las ayudas para el fomento delautoempleo en Extremadura (DOE, 12).La norma, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, regula la concesión deincentivos para fomentar la creación de empleo estable y el establecimiento comotrabajadores autónomos, con la cofinanciación de las partidas presupuestarias asignadasal efecto por el Fondo Social Europeo. Desarrolla algunas grandes líneas de actuaciónfijadas en el Plan de fomento y calidad del empleo de Extremadura 2008-2011, enconcreto las dedicadas a fomento del autoempleo y al “autoempleo en el contratofamiliar y apoyo al familiar colaborador”, plan que se inserta dentro de los compromisosprincipales asumidos por la Comunidad Autónoma en su política social, que son “lacreación de empleo estable y el fortalecimiento de una cultura empresarial que ayude avertebrar la consecución de la estabilidad laboral”. Se valora muy positivamente laaplicación efectiva de la normativa anterior en la materia, en concreto el Decreto87/2004 de 15 de junio, y se incorporan sólo las modificaciones que se han consideradonecesarias para dar cumplimiento al nuevo Plan.Serán beneficiarios de las ayudas los trabajadores autónomos por cuenta propia, seintegren o no en forma de comunidades de bienes o sociedades civiles que carezcan depersonalidad jurídica, siendo en cualquier caso responsables de los derechos yobligaciones derivadas de la subvención. El artículo 5 regula las exclusiones de laaplicación de la norma, entre las que destaca la referencia a que quedará excluido aquelque lo solicite y del que “se detecten actuaciones encaminadas a la consecución de lasubvención sin que se produzca creación real y efectiva de empleo”.En el primer programa, que regula el establecimiento de un desempleado comotrabajador autónomo, se reconoce el derecho a una subvención siempre que el proyectoque se presente sea “técnica, económica y financieramente viable”, debiendo realizar la 30
  • 31. persona interesada una inversión mínima de 2.000 euros en inmovilizado materialnecesario para el desarrollo de la actividad. Las subvenciones irán desde un mínimo de5.000 euros hasta los 11.000 para mujeres desempleadas víctimas de violencia degénero. La cuantía de 10.000 euros se reserva para los siguientes colectivos: “mujeresdesempleadas, varones desempleados discapacitados, desempleados provenientes deexpediente de regulación de empleo, desempleados residentes en municipios de menosde 5.000 habitantes, desempleados extremeños que retornen a la Comunidad Autónomade Extremadura y desempleados que provengan de Programas de Empleo deExperiencia de Entidades Locales de Extremadura” (art. 13.2). Por su parte, la de 7.500euros va dirigida a “desempleados que realicen actividades innovadoras vinculadas anuevas tecnologías y actividades de interés público, económico o social en lossiguientes ámbitos sectoriales: actividades en I+D (investigación y desarrollo), turismo,y trabajos y servicios relacionados con la asistencia a menores” (art. 13.3).En el segundo programa, de ayudas al autónomo que propicie la inserción laboral de unfamiliar colaborador, serán requisitos a cumplir la incorporación de dicho familiar alRETA en tal condición, no percibir la renta de inserción o subsistencia, y no habermantenido relación laboral con el trabajador autónomo en los seis meses anteriores alalta en el RETA. Se entiende por familiar colaborador quien conviva con el autónomo ytenga la condición jurídica de cónyuge, descendiente, ascendiente, o sea pariente porconsanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, y en su caso por adopción.La cuantía de la ayuda será de 10.000 euros para las mujeres y de 7.500 para loshombres.El beneficiario de la ayuda queda obligado a realizar la actividad que fundamenta laconcesión de la ayuda desde la fecha de alta en el régimen correspondiente de SeguridadSocial durante un período mínimo de tres años.H) Merece especial atención por su contenido el reciente Decreto 344/2008 de 18 denoviembre de la Junta de Castilla – La Mancha, publicado en el Boletín Oficialautonómico del día 21 y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, y enespecial, tal como se destaca en la nota de prensa oficial de la reunión del Consejo deGobierno del día 18, porque el ejecutivo regional “dará una ayuda, mediante un pago de2.000 euros, a los trabajadores autónomos que se vean obligados a cesar en su actividadprofesional a causa de la crisis económica”, destacándose también que el ejecutivoconsidera que el trabajo autónomo es “un factor clave en el desarrollo socioeconómicode la región, siendo un elemento decisivo en la creación de riqueza y empleo”.Pero vayamos por parte y expliquemos todos los aspectos más destacados de la normaautonómica., norma que tiene su punto de referencia más directo en el plan regional defomento del autoempleo, así como también en la normativa comunitaria y en concretoen las nuevas directrices de aplicación de los fondos comunitarios. La norma que esahora objeto de comentario se dirige a la persona física que ejerce una actividadeconómica por cuenta propia, y tiene por finalidad, tal como puede leerse en laexposición de motivos, “fomentar, apoyar y potenciar el empleo a través del autoempleoy al mismo tiempo favorecer una mayor presencia en el trabajo autónomo de loscolectivos a los que se dirige”. A tal efecto, el art. 18 menciona los diferentes créditospresupuestarios destinados a financiar las medidas, previéndose que varias de ellas (art.15) puedan ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo hasta un porcentaje del 80 %, 31
  • 32. y se dispone que las solicitudes de subvenciones podrán presentarse durante todo elejercicio presupuestario, dado que cumplen los requisitos para poder concederse deforma directa, ya que se acreditan, a juicio del gobierno autonómico, “las razones deinterés público, social, económico, humanitario u otras debidamente justificadas quedificulten su convocatoria pública”.Los programas objeto de apoyo económico por la norma serán los puestos en marchapor personas desempleadas que desean constituirse como trabajadoras o trabajadoresautónomos, con una mención específica a las personas que estén en posesión del títuloaval-empleo; también, la inserción laboral de un familiar como persona autónomacolaboradora; ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral de las trabajadorasautónomas, principales o colaboradoras, mediante medidas de apoyo durante lasituación de baja por maternidad y para el cuidado de los hijos menores de 8 años; enfin, la más novedosa, consistentes en “la integración laboral de las trabajadoras ytrabajadores autónomos que cesan en su actividad empresarial”, si bien condicionada aun requisito que en modo alguno cabe calificar de poco importante, ya que se requiereque la persona ahora desempleadas haya desarrollado su actividad empresarial de formaininterrumpida en los 5 años anteriores a la solicitud de la ayuda, y que dicha prestaciónse haya desarrollado en el territorio autonómico. Además, para todas las medidas defomento del empleo autónomo se recogen en el art. 3 una amplia lista de exclusiones,referidas fundamentalmente, a mi parecer, al hecho de que las personas que soliciten lassubvenciones hayan ejercido la misma actividad como autónomas, a título principal,durante los tres años anteriores, o bien que en el año inmediatamente anterior a lasolicitud hayan ejercido cualquier actividad autónoma a título principal.a) Una primera línea de subvenciones y ayudas es la dirigida (art. 20) a proyectos deautoempleo promovidos por desempleadas y desempleados. A tal efecto, se prevé laconcesión de subvenciones por inicio de la actividad, al objeto de garantizar unosingresos mínimos durante el primer año de la actividad empresarial, en cuantía de hasta7.000 o 5.000 euros, según se trate de una mujer o de un hombre, ampliable hasta10.000 y 8.000 euros, respectivamente, cuando se trate de una persona condiscapacidad, y con un incremento adicional del 15 % cuando se trate de una mujerafectada por violencia de género.Asimismo, se regula la concesión de subvenciones a proyectos financiados mediantemicrocréditos, o más concretamente una subvención que pueden alcanzar el 100 % dereducción de los puntos de interés del crédito concedido.Por otra parte, es posible percibir una subvención por inversión en activos fijos, quepodrá alcanzar hasta el 70 o 50 % de la inversión aprobada según se trate de una mujer ode un hombre, y que se concederá a fondo perdido de hasta el 35 o 25 % del gastoaprobado, y el resto a devolver sin intereses en tres anualidades, previéndose tambiénque si la inversión se financia mediante un crédito bancario la subvención podráincrementarse en una cuantía máxima de 2.500 euros para reducir los puntos de interés.Esta subvención es incompatible con la de inicio de actividad. La relación deinversiones que pueden ser objeto de la subvención se recoge en el art. 22, con un límitede 150.000 euros 32
  • 33. Cuando se trate de una trabajadora con cargas familiares (hijos a cargo menores de 3años, o familiares dependientes hasta segundo grado) la norma prevé la concesión deuna subvención adicional de 1.200 euros por persona a cargo, hasta un máximo de 2.400(es decir, se prevé que pueda haber dos personas a cargo de la nueva emprendedora).Esta subvención se concede con el objetivo declarado de facilitar la incorporación almundo empresarial de estas mujeres y evitar que el hecho de tener personas a cargopueda “obstaculizar su acceso al mundo laboral y su permanencia en activo”.Para la concreción de la cuantía de las subvenciones a conceder, se establecen diferentescriterios de valoración, de los que cabe destacar a mi parecer que las actividades sevinculen con los nuevos yacimientos de empleo, con las tecnologías de la información yla comunicación, o con el ámbito de la artesanía.b) Otra línea de subvención es la dirigida a facilitar la inserción laboral de un familiarque conviva con el trabajador autónomo a título principal, como autónomo colaborador.Se trata de una ayuda económica para facilitar el desarrollo del primer año de actividad,y su cuantía se fija en 5.000 o 3.000 euros según se trate de una mujer o un hombre,ampliable hasta 7.000 o 5.000 euros, respectivamente cuando se trate de una personacon discapacidad.c) Para quienes dispongan de título aval-autoempleo se contempla una subvención de4.800 o 3.600 euros según se trate de un hombre o de una mujer. Recuérdese que estetítulo es de carácter nominativo, expedido por la autoridad laboral, con vigencia de seismeses de duración, y que recoge un incentivo para que se establezcan como autónomospersonas desempleadas “participantes en programas de formación para la actividadprofesional propia de su titulación y que le faculta la participación en dichos programaso, en su caso, la que se derive de la acción realizada”.d) Por lo que respecta a la siguiente línea, consistente en medidas de apoyo económico ala conciliación de la vida laboral, familiar y personal, pretende incidir en el fomento delautoempleo femenino, por una parte, y en una nueva distribución de las tareas (entiendoque fundamentalmente familiares) entre mujeres y hombres. A tal efecto, y en una líneasemejante a medidas adoptadas por otras Comunidades Autónomas, se prevén tres tiposde medidas.En primer lugar, ayudas para el mantenimiento de la actividad empresarial cuando setrate del supuesto de maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo. Consistirán en lasubvención de la contratación de una persona desempleada (mujer, y sólo podrá tratarsede hombres cuando quede acreditada la imposibilidad de contratar a una mujer) de 900euros/mes o 225 euros/semana, previéndose su ampliación a los dos meses anteriores ala fecha del evento referenciado cuando las funciones a realizar requieran unaexperiencia previa.En segundo término, se pretende facilitar la reincorporación a la actividad de latrabajadora autónoma, mediante ayudas para la contratación de una persona empleada alservicio del hogar familiar durante un período máximo de 12 meses, así como tambiénpara sufragar los gastos de los servicios de un centro de atención a la infancia, si bien setrata de subvenciones y ayudas incompatibles entre sí, por lo que deberá optarse por unade las mismas. La cuantía de la primera ayuda será equivalente a la aportación de la 33
  • 34. empleadora al régimen especial de empleados de hogar, con el límite de 1.200 euros, yla de la segunda será el 50 % de los gastos debidamente justificados y sin poder superarla cuantía de 1.200 euros.e) Por último (art. 46) se regula el programa de subvenciones que pretende favorecer laintegración laboral de los trabajadores y trabajadoras autónomos que cesen en suactividad empresarial, y que cumplan los requisitos de antigüedad en la actividadempresarial y de ubicación territorial antes indicados (cinco años de formaininterrumpida a título principal y en el ámbito autonómico).Las personas beneficiarias deberán haber cesado en la actividad, encontrarse ensituación de desempleo e inscritas como demandantes de empleo en las oficinas delservicio autonómico de empleo, no haber desarrollado ninguna actividad laboral desdeel momento en que cesó la anterior actividad empresarial hasta el que se solicita lasubvención, y participar en un itinerario personalizado de inserción laboral durantecomo mínimo el período en el que perciba la subvención, período que podrá ser de hasta4 meses, al objeto de mejorar su empleabilidad.La cuantía de la subvención será de 2.000 euros, que se abonarán de forma mensual, y sila duración de las acciones formativas fuera inferior al período de 4 meses, también sereducirá proporcionalmente la cuantía de la prestación.3. Año 2009.A) En Cataluña, la Orden TRE/123/2009, de 9 de marzo, establece las basesreguladoras que deben regir la concesión de subvenciones para la promoción del empleoautónomo.La norma se publico en el Diario Oficial de la Generalitat el día 26 del mismo mes yentró en vigor al día siguiente de su publicación, y adecua la normativa estatal, enconcreto la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, a las especificidades organizativas dela Comunidad Autónoma; dicho con las propias palabras de la introducción, parapotenciar y promover el espíritu emprendedor catalán, así como también para consolidarlos proyectos que ya se hayan puesto en marcha, “es necesario adaptar la normativareguladora que han de regir las ayudas destinadas a la promoción del empleo autónomoa los nuevos criterios de concesión directa establecidos en la Orden TAS/1622/2007, de5 de junio”.Con respecto a la normativa del año 2008, y al objeto de adecuar la normativaautonómica la situación de crisis económica, se amplía el colectivo de personas quepueden beneficiarse de las ayudas, que pasan a ser las personas desempleadas engeneral, al mismo tiempo que se incrementa la cuantía de la subvención porestablecimiento como trabajador autónomo, y se reajusta la subvención financiera.Se trata de financiar los proyectos de constitución como trabajadores autónomos depersonas que se encuentren inscritas como desempleadas en las oficinas autonómicas deempleo, y para ello se prevén subvenciones para su establecimiento como tal,financieras, para asistencia técnica y para formación. Los plazos y presentación de las 34
  • 35. solicitudes se regulan de forma detallada en el artículo 7, siendo la regla general de unmáximo de dos meses desde que se haya realizado o finalizado la acción que da lugar ala subvención.La partida presupuestaria que se fije en la correspondiente Resolución de convocatoriapodrá ser objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo, y en cualquier caso laayuda a percibir deberá respetar la normativa comunitaria, no pudiendo ser superior a200.000 euros durante el período de tres ejercicios fiscales. La tramitación se efectuaráen régimen de concesión directa, debiendo resolver la autoridad laboral competente enun plazo máximo de 2 meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro, y enel supuesto de que no se haya dictado se entenderá desestimada la solicitud.La subvención para el establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia sesitúa entre 4.000 (desempleados en general) y 9.000 euros (mujeres desempleadas condiscapacidad) según cuál sea el sujeto que la solicite, con un incremento del 10 %cuando se pida por mujeres afectadas por violencia de género. Los solicitantes deberánrealizar un gasto no inferior a 5.000 euros para el desarrollo de la actividad, y no haberobtenido una subvención a fondo perdido o renta de subsistencia en los tres ejerciciosanteriores.La subvención financiera consistirá en una reducción de 4 puntos del tipo de interés delpréstamo solicitado, con una cuantía máxima de 3.000 euros. Para su concesión, elsolicitante deberá acreditar la realización de un gasto no inferior a 5.000 euros para eldesarrollo de la actividad.La subvención para asistencia técnica será con carácter general de un máximo del 75 %del coste del servicio prestado y con un máximo de 1.000 euros. Si se trata de accionesdestinadas al fomento de las agrupaciones y las colaboraciones entre personastrabajadoras autónomas, según dispone el art. 33 el importe podrá alcanzar hasta el 75% del coste de los servicios prestados, con un máximo de 5.000 euros. La asistenciadeberá ser prestada por consultorías, asociaciones de trabajadores autónomos, u otrasempresas o entidades que acrediten su solvencia profesional.Por último, la subvención para la formación, es decir la financiación de cursosrelacionados con la dirección y gestión empresarial y con las nuevas tecnologías de lainformación, podrá alcanzar hasta el 75 % de su coste, con un máximo de 1.000 euros.B) En el ámbito estatal cabe referirse al Real Decreto 1300/2009, de 31 de julio, demedidas urgentes de empleo destinadas a los trabajadores autónomos y a lascooperativas y sociedades laborales, publicado en el BOE de 19 de agosto.a) La norma entró en vigor al día siguiente de su publicación y encuentra su origen, engran medida, en resoluciones parlamentarias aprobadas durante esta legislatura y en losacuerdos alcanzados en el diálogo social sobre la problemática de los trabajadoresautónomos, más concretamente en la denominada “Mesa del trabajo autónomo”.El 5 de mayo se suscribía un importante acuerdo en dicha Mesa, del que destaco losaspectos más relacionados con el RD 1300/2009. 35
  • 36. “Con el objeto de buscar medidas especificas que mediante su aprobación ayuden aresolver la situación de los autónomos ante la crisis, el Gobierno ha desarrollado unproceso de diálogo con las asociaciones de autónomos, UPTA, ATA y CEAT, partiendode las propuestas recogidas en la Moción aprobada por el Pleno del Congreso de losDiputados el pasado 17 de marzo, denominadas Plan de Rescate para los Autónomos.Como resultado del dialogo en esta mesa de los autónomos se llega a los siguientesacuerdos:1. Fomento del empleo autónomo: incrementar al 80% el porcentaje del abono del pagoúnico de la prestación por desempleo para jóvenes de hasta 30 años y mujeres de hasta35 años destinado a financiar inversión.2. Fomento de la contratación laboral por los autónomos: introducir una bonificacióndel 50% en la cuota empresarial por contingencias comunes para el autónomo quecontrate indefinidamente a su primer trabajador asalariado, siempre que este no sepueda acoger a la que contiene el Real Decreto-Ley 2/2009, consistente en unabonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes por lacontratación de perceptores de la prestación por desempleo.Estas dos medidas serán desarrolladas por medio de un Real Decreto, previa consultacon los interlocutores sociales”.b) En mi explicación no debo olvidarme de que la actuación gubernamental tiene unpunto de apoyo jurídico en la disposición final segunda de la Ley 43/2006, de 29 dediciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, en la que se autoriza algobierno, al objeto de profundizar en los objetivos de la norma, para que “en función dela evolución que experimente el empleo, especialmente de los trabajadores que tenganmayores dificultades de acceso al mercado de trabajo o para el mantenimiento delempleo, pueda introducir, previa consulta a las organizaciones sindicales yempresariales más representativas, modificaciones en el Programa de Fomento delEmpleo que se regula en el mismo, tanto en lo que se refiere a los colectivosbeneficiarios, como a los incentivos aplicables y a las condiciones exigidas para suaplicación, y asimismo para que pueda establecer programas específicos para mejorar laformación y cualificación profesional y facilitar la estabilidad en el empleo y lareinserción laboral de los trabajadores que hubieran perdido su empleo comoconsecuencia de procesos de liberalización del comercio y de la globalización”. No hayduda de que el colectivo de trabajadores autónomos ha sido especialmente afectado porla crisis económica, y por ello el gobierno puede adoptar nuevas medidas que traten defortalecer su presencia en el mercado de trabajo y que, al mismo tiempo, alienten lacreación de empleo.c) Paso ya a examinar cuáles son las modificaciones incorporadas en el RD 1300/2009 yque guardan relación con los acuerdos parlamentarios y en el marco del diálogo social.-- La Ley 45/2002, de 12 de diciembre, regula medidas urgentes para la reforma delsistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, y en su disposicióntransitoria cuarta regula concretamente el programa de fomento de empleo en economíasocial y empleo autónomo. A efectos de la capitalización de la prestación pordesempleo el texto ahora modificado disponía lo siguiente: 36
  • 37. “La entidad gestora podrá abonar el valor actual del importe de la prestación pordesempleo de nivel contributivo a los beneficiarios de prestaciones cuando pretendanincorporarse, de forma estable, como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas oen sociedades laborales, siempre que no hayan mantenido un vínculo contractual previocon dichas sociedades superior a los 24 meses, o constituirlas, o cuando dichosbeneficiarios pretendan constituirse como trabajadores autónomos y se trate de personascon minusvalía igual o superior al 33 %”.La modificación operada, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, suprime elrequisito de no haber mantenido un vínculo contractual con la empresa superior a 24meses. Se argumenta dicha modificación por considerar que el mantenimiento de eselímite en una situación de crisis como la actual dificulta que el desempleado puedaacceder a una empresa de economía social como socio trabajador o de trabajo, y que lasupresión conllevará “dotar de mayores posibilidades de viabilidad y refuerzo en elempleo de las cooperativas y sociedades laborales”.En la misma disposición transitoria se indicaba que “Lo previsto en las reglas 1 y 2también será de aplicación a los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivelcontributivo, que pretendan constituirse como trabajadores autónomos y no se trate depersonas con discapacidad de grado igual o superior al 33 % En el caso de la regla 1, elabono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversiónnecesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias parael inicio de la actividad, con el límite máximo del 60 % del importe de la prestación pordesempleo de nivel contributivo pendiente de percibir”.La modificación operada, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, suponeincrementar la cuantía del 60 % hasta el 80 % cuando la persona que solicita lacapitalización, es decir el momento de toma en consideración de la edad es la fecha dela solicitud, tenga hasta 30 años si es varón o 35 si es mujer, ambos inclusive. Dicho seaincidentalmente, obsérvese como se incrementa de forma gradual y paulatina elconcepto de joven (en este caso referido a las mujeres, pero no hay ninguna razón parapensar que no pueda extenderse a los varones más adelante) a efectos de acceder adeterminadas medidas de fomento de empleo.Si bien la medida, como acabo de indicar, es de carácter temporal, se deja la puertaabierta, y por consiguiente parece difícil pensar que se vuelva hacia atrás en laregulación normativa, a que se amplíe su vigencia a partir de 2011, ampliación queestará condicionada a que el gobierno valore la eficiencia de la medida y su capacidadpara generar empleo “de forma significativa”. Dicha decisión deberá adoptarla tras laspertinentes consultas no sólo con los agentes sociales más representativos sino tambiéncon las asociaciones de autónomos y organizaciones de la economía social afectadas.-- El Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, regula las medidas urgentes para elmantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, ydedica su artículo 5 a las bonificaciones por la contratación indefinida de trabajadoresbeneficiarios de las prestaciones por desempleo. En su número 1 dispone que“Los empleadores que contraten indefinidamente hasta el 31 de diciembre de 2009 atrabajadores desempleados beneficiarios de las prestaciones o los subsidios pordesempleo regulados en el Título III del texto refundido de la Ley General de la 37
  • 38. Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, o de laRenta Activa de Inserción, tendrán derecho a una bonificación del 100 por ciento en lacuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes hasta que la cuantíade la bonificación alcance un importe equivalente a la cuantía bruta de la prestación,subsidio o Renta Activa de Inserción que tuviera pendiente de percibir en la fecha deinicio de la relación laboral, sin que en ningún caso la bonificación pueda superar lostres años de duración”.Y en el número 3 concreta que “En el caso de desempleados beneficiarios de laprestación contributiva, el trabajador deberá haber percibido la prestación durante, almenos, tres meses en el momento de la contratación”.Pues bien, el RD 1300/2009 regula una nueva medida de incentivación a la contrataciónde trabajadores asalariados por parte de los autónomos, de acuerdo con las resolucionesparlamentarias y los pactos alcanzados en el diálogo social. Cuando la contratación seala primera que realiza el autónomo con carácter indefinido, se trate de una personadesempleada que no entre en el supuesto del artículo 5 del RDL 2/2009, y no hubieratenido trabajadores asalariados contratados durante los 3 meses anteriores a lacontratación, tendrá derecho a disfrutar de una bonificación del 50 % durante un períodomáximo de 24 meses en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingenciascomunes, que se aplicará con carácter automático en los documentos de cotización.En la introducción del texto se califica de “medida novedosa” la nueva contratación, yse expone que esta nueva bonificación se complementa con aquellas a las que se puedaacceder por la regulación del RDL 2/2009. Si bien la norma, recordémoslo, entra envigor mañana, deberá esperarse para poder formalizarse el nuevo contrato a disponer delmodelo oficial que facilite el Servicio Público de Empleo Estatal y que es de prever,lógicamente, que esté rápidamente publicado en su web. El artículo 2 remite alprograma de fomento de empleo de la Ley 43/2006 en todo lo que no esté establecido enel mismo.-- Con el objeto de favorecer la situación económica de las cooperativas y lassociedades laborales, se modifican algunos preceptos del Real Decreto 505/1985, de 6de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, asícomo también del Real Decreto 372/2001 por el que se modifica el anterior, que versansobre la amortización de las deudas de estas empresas de economía social al FGS. Sejustifica la modificación por las diferencias existentes sobre los requisitos para eximirdel pago de la deuda las cantidades por prestaciones abonadas por el FGS, y de ahí quela norma objeto ahora de comentario aproveche la oportunidad para “unificar y hacermás coherente el régimen que regula los requisitos de esta exención”.Recordemos cuál era la regulación anterior. Los números 5 y 6 del RD 505/1985 de 6 dejulio, en redacción del RD 372/2001 de 6 de abril, ahora modificados, disponían que“5. No obstante lo anterior, cuando los beneficiarios de las prestaciones del Fondo deGarantía Salarial fueran trabajadores que, tras cesar en la empresa en la que prestabanservicios, constituyan una sociedad laboral, una cooperativa de trabajo asociado u otrotipo de cooperativa, a cuyos socios trabajadores les sea de aplicación las normasestablecidas para los socios trabajadores de las mencionadas cooperativas de trabajo 38
  • 39. asociado, no procederá la devolución de las prestaciones recibidas, si éstas han sidoíntegramente aportadas a la sociedad o cooperativa constituida, como capital social.6. Si la sociedad, por cualquier causa, perdiera su calificación de laboral en un plazo dequince años a contar desde su constitución, deberá restituir al Fondo de GarantíaSalarial las cantidades que les fueron abonadas por dicho Organismo a sus sociostrabajadores en concepto de salarios o indemnizaciones adeudadas por la empresaprecedente.Esto mismo será de aplicación si en dicho plazo causa baja como socio de la sociedadlaboral o cooperativa de las referidas en el apartado anterior, cualquiera de los sociostrabajadores que hubieran percibido las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial yque fueron aportadas a la constitución de la propia sociedad laboral o cooperativa, encuanto a la parte correspondiente al socio que causa baja”.Con la nueva redacción dada por el RD 1300/2009, en el número 5 se sustituye el inciso“no procederá la devolución de las prestaciones recibidas, si éstas han sido íntegramenteaportadas a la sociedad o cooperativa constituida, como capital social” por el de “noprocederá la devolución de las prestaciones recibidas, siempre que el importe de lasdeudas derivadas de las mismas haya sido íntegramente aportado a la sociedad ocooperativa constituida, como capital social.». Por su parte, al final del número 6 seañade, con referencia al socio que cause baja, “salvo que la baja se haya producido porcausas ajenas a la autonomía de la voluntad de las partes, como el fallecimiento,incapacidad permanente o la jubilación del socio trabajador y siempre que no supongala disminución del nivel de empleo que tenía la sociedad a la fecha de su constitución.».-- En el mismo ámbito, se procede a la modificación de la disposición transitoria únicadel RD 372/2001, cuya redacción original disponía que “Lo dispuesto en los apartadoscinco y seis del artículo 2 del Real Decreto 505/1985 de 6 de marzo, será de aplicación alos convenios de recuperación firmados entre el Fondo de Garantía Salarial y lassociedades laborales o cooperativas referidas en el mencionado apartado cinco,existentes a la entrada en vigor del presente Real Decreto, respecto a las cantidadespendientes de vencer en dicha fecha”.En la nueva redacción, y en coherencia con la redacción de la disposición adicionalundécima de la Ley 43/2006, dedicada justamente a la amortización de deudas desociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado con el FGS, se añade elsiguiente contenido inmediatamente al final del texto: “siempre que acrediten que elimporte del principal pendiente de vencer se ha aportado, por cualquier medio, comocapital social a las mismas y que han mantenido su calificación laboral durante el plazoestablecido en el citado apartado seis. Esta disposición también será de aplicación a lassociedades laborales o cooperativas que se hayan subrogado en convenios derecuperación, firmados originariamente por sus empresas antecesoras y el Fondo deGarantía Salarial, siempre que éstas tuvieran a la fecha de la firma el carácter desociedad laboral o cooperativa. En ningún caso procederá la devolución por el Fondo deGarantía Salarial de las cantidades ya abonadas por las sociedades cooperativas olaborales en cumplimiento de convenios de recuperación firmados con anterioridad al 8de abril de 2001”. 39
  • 40. -- Por último, se aprovecha la publicación de esta norma para modificar el texto delartículo 22 del Real Decreto 625/1985 de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley31/1984 de 2 de agosto de protección por desempleo, precepto que regula las “normasespecíficas de tramitación de la prestación por desempleo, aplicables a los expedientesde regulación de empleo”, y se le añade un nuevo apartado.La justificación de la modificación radica, según puede leerse en la introducción deltexto, en el cada vez mayor número de expedientes de suspensión temporal de contratos(modalidad de ERE incentivada, no se olvide, por las modificaciones en la reposición delas prestaciones por desempleo operada por el RDL 2/2009 de 6 de marzo y comomecanismo tendente a tratar de disminuir el número de ERES de extinción de contratos)y la necesidad de establecer, “por seguridad jurídica y para simplificar y agilizar lagestión de las prestaciones”, el coeficiente multiplicador aplicable a los días laborablescuando la suspensión, ya sea por ERE o por resolución judicial en un expedienteconcursal, afecta sólo a estos.De tal forma, el nuevo número 6 del citado artículo 22 dispone que en tales supuestos, ya efectos del pago y consumo de las prestaciones por desempleo, “a fin de computar laparte proporcional del descanso semanal, dichos días laborables se multiplicarán por elcoeficiente 1,25, salvo en el supuesto de que la suspensión afecte a cinco o seis díaslaborables consecutivos, en que se abonarán y consumirán siete días. Dicho coeficientese aplicará sobre el total de los días laborables del mes, sin que en ningún caso la sumade los días a percibir por el trabajador en concepto de salarios y de prestaciones pordesempleo puedan superar los días naturales de dicho mes”.4. Año 2010.En Cataluña, La Orden TRE/77/2010, de 19 de febrero, establece las bases reguladoraspara la concesión de la ayuda temporal extraordinaria “Renta formación autónomos”,dentro del marco del proyecto IMPULSO, consistente en subvenciones para favorecer laintegración profesional y laboral de los trabajadores autónomos que hayan cesado en suactividad empresarial en el territorio autonómico, al mismo tiempo que abre laconvocatoria para ese año.La norma se publicó el día 25 de dicho mes y entró en vigor al día siguiente, y tiene porfinalidad regular las bases que permitirán solicitar una subvención extraordinaria a lostrabajadores autónomos que hayan cesado su actividad, en los términos regulados en laorden, y abrir la convocatoria para su concesión en 2010, mediante solicitud que podrápresentarse durante todo el año.Con esta medida, el gobierno autonómico cumple uno de los compromisos pactados enel Acuerdo suscrito con los agentes sociales el mes de diciembre de 2009, en concreto elde destinar durante toda su vigencia 13 millones de euros al establecimiento de “unaayuda temporal extraordinaria para trabajadores autónomos y el fomento delautoempleo”, de los que 5 millones están presupuestados para esta ayuda durante 2010y con posibilidad de ampliación.Además de haber cesado en la actividad profesional, de estar inscrito comodesempleado demandante de empleo en la oficina de trabajo con una antigüedad mínima 40
  • 41. de 2 meses y no haber rechazado injustificadamente participar en programas públicos deempleo, de estar empadronado en territorio autonómico y de tener menos de 65 años enel momento de presentación de la solicitud, la persona solicitante deberá acreditar queha dedicado, como mínimo, 1095 días a la actividad profesional (con alta en el RETA)durante los 1825 días anteriores a la baja en la Seguridad Social. Igualmente, serequerirá que la persona solicitante carezca de rentas inferiores al 75 % del SalarioMínimo Interprofesional mensual, es decir 633,30 euros (con exclusión de pagasextras), o que, en el caso de convivencia con los familiares enumerados en el artículo 4g), la suma de los ingresos todos los miembros de la unidad familiar, dividida por el depersonas que la integran, no supere dicha cuantía. La norma excluye expresamente de suámbito de aplicación a las personas que “hayan sido miembros del órgano deadministración de sociedades mercantiles que por esta razón habían estado legalmenteobligadas a afiliarse al Régimen especial de trabajadores autónomos de la SeguridadSocial” y también a los socios de cooperativas de trabajo que coticen al RETA.Al estar vinculado el disfrute de la prestación con la obligatoriedad de búsqueda deempleo (combinación de medidas activas y pasivas de política de empleo), el solicitantedeberá suscribir un compromiso para realizar un itinerario de inserción durante elperíodo de percepción de la ayuda, que se llevará a cabo en el marco de las medidas deformación y orientación programadas por la Red INICIA, el portal de creación deempresas, y por el servicio de empleo autonómico.La tramitación se efectua por procedimiento reglado, de acuerdo con el orden depresentación de solicitudes que cumplan todos los requisitos legalmente fijados,debiendo resolverse y notificarse en un período máximo de 2 meses desde la fecha dedicha presentación, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada.La cuantía de la ayuda temporal extraordinaria, sensiblemente semejante a la prestaciónpercibida en ese momento por los trabajadores por cuenta ajena en toda España quehayan agotado el percibo de las prestaciones contributivas y asistenciales pordesempleo, es de un total de 2.550 euros, que se abonarán en seis mensualidades de 425euros siempre y cuando subsistan durante todo el período las circunstancias que dieronlugar a su reconocimiento, y siendo su percibo incompatible con el posible disfrute deotras prestaciones concedidas por las administraciones públicas en forma de salariossociales, rentas mínimas o ayudas o prestaciones análogas.Como reglas específicas respecto a la percepción de la prestación, y que matizan loanteriormente expuesto, la norma posibilita que la subvención se reduzcaproporcionalmente cuando las acciones formativas tengan una duración inferior a 180días, “excepto en el caso de que sean las prescritas por el orientador/a”, así comotambién su suspensión temporal durante la vigencia de un contrato de duracióndeterminada al que se haya acogido el perceptor de la ayuda y que tenga una duraciónigual o inferior a 60 días, en cuyo caso se reiniciará el período de cómputo de talpercibo una vez que haya finalizado el contrato.Como medida transitoria, y ciertamente de especial importancia por retrotraer losefectos de la norma al período en que los efectos de la crisis adquirieron mayorvirulencia, se permite el acceso a la prestación a todos los autónomos que, cumpliendolos requisitos antes explicados, hayan cesado en la actividad por cuenta propia desde el 41
  • 42. 1 de enero hasta la entrada en vigor de la norma, siempre y cuando, y con una redaccióndel precepto que me parece que suscita alguna duda interpretativa, estén inscritos comodesempleados demandantes de empleo “durante el 50% del tiempo transcurrido desdeque cesaron en su actividad, siendo exigibles a estos efectos la acreditación de unmáximo de seis meses y un mínimo de dos meses”.Para concluir mi explicación, deseo poner de manifiesto una diferencia importante entrela normativa autonómica recién aprobada y el entonces proyecto de ley por el que seregula la prestación económica por cese de actividad. En España, la gestión de dichaprestación corresponderá a las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedadesprofesionales, mientras que en Cataluña corresponde al ámbito autonómico laboral(gestión por las oficinas de empleo y resolución por la Dirección general de EconomíaCooperativa y de creación de empresas).B) En Andalucía, la Orden de 26 de abril de 2010 establece las bases reguladoras de lasayudas al establecimiento y mantenimiento como trabajador autónomo.La norma se publicó en el Boletín oficial autonómico de l4 de mayo y entró en vigor eldía de su publicación, y adecúa al ámbito autonómico lo dispuesto en la OrdenTAS/1622/2007 de 5 de junio. Básicamente, la norma regula la subvención porestablecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia, así como también laque se concede para el mantenimiento de la actividad autónoma destinada a financiardeterminados gastos e inversiones elegibles. En su introducción se expone que se hatomado en consideración la problemática económica y social actual, y las nuevasnecesidades y demandas que se plantean en el marco del trabajo autónomo, y que deesta forma se posibilita “por una parte una mejor adaptación de los trabajostradicionales y artesanales a las nuevas exigencias del mercado, y por otra una mayorpotenciación de las nuevas actividades que emergen básicamente en el ámbito de unaeconomía sostenible”.Pueden solicitar la subvención por mantenimiento o establecimiento de la actividadaquella persona física que ejerce una actividad económica de forma individual porcuenta propia y que puede contar con hasta 5 trabajadores por cuenta ajena, debiendotener su domicilio y residencia fiscal en la Comunidad Autónoma. En el primer caso,deberá acreditar llevar en alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social entreuno y tres años “a contar desde la apertura del plazo de solicitud de la ayuda para la quelo solicita”; en el segundo, la actividad debe haberse iniciado en los 6 meses anteriores ala apertura del plazo de presentación de solicitud, y estar en situación de desempleo elmismo día o el anterior al alta en el régimen que corresponda de Seguridad Social.Las subvenciones, que se tramitarán por régimen de concesión directa, irán dirigidasprioritariamente a las zonas de actuación y actividades preferentes referenciadas en elartículo 5. Las áreas serán determinadas por el Servicio Andaluz de Empleo, y lasactividades económicas preferentes serán las vinculadas a la vida diaria de las personas(ej.: atención a la dependencia), las encuadradas en ocio, recreo y cultura, en proteccióndel medio ambiente, en la mejora de la calidad de vida y las relacionadas con laasistencia a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.La cuantía de la subvención por establecimiento oscilará entre un mínimo de 5.000euros, para las personas desempleadas en general, y un máximo de 11.000 euros, con 42
  • 43. atención especial a las mujeres con discapacidad y a las afectadas por violencia degénero. Cabe destacar que hay una referencia explícita a los inmigrantes como personasque pueden tener especial dificultades de acceso al mercado de trabajo cuando se hallenen situación de desempleo (subvención de 8.000 euros), y una cláusula a mi parecersorprendente que dispone que la calificación “como inmigrantes”, a los efectos de poderdeterminar la cuantía de la subvención, se acreditará por la administración competenteen la materia.La cuantía de la subvención por mantenimiento se fija en 4.000 euros, pudiendoalcanzar los 4500 si se trata de una actividad económica desarrollada en territoriopreferente.La solicitud de las ayudas podrá formalizarse durante los meses de marzo y septiembrede cada año, y entre los supuestos de prohibición expresa de presentación de solicitudescabe destacar el de aquellas personas que hayan recibido la misma modalidad desubvención que se pretende solicitar en los 3 años anteriores. De forma excepcional,para el año en curso se abrió una convocatoria del 15 de mayo al 15 de junio.La autoridad administrativa laboral, el Presidente del SAE, dictará y notificará laresolución en un plazo máximo de 3 meses desde la fecha de entrada de la solicitud enel registro del órgano competente para su tramitación, y en caso de no dictarla seentenderá desestimada la petición. La partida presupuestaria asignada al efecto es de34.385.000 euros para este año, no concretándose cuantía para años posteriores yremitiéndose a la resolución que dicte la dirección – gerencia del SAE.5. Año 2011.A) En Extremadura cabe citar el Decreto 230/2010, de 29 de diciembre, por el que seestablecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento del autoempleo enel ámbito autonómico.La norma, que entrará en vigor el 1 de febrero de este año, regula la concesión deincentivos para fomentar la creación de empleo estable y el establecimiento comotrabajadores autónomos, con la cofinanciación de las partidas económicas asignadas alefecto en las leyes de presupuestos por el Fondo Social Europeo en un 80 %. Desarrollaalgunos objetivos fijados en el Estatuto de Autonomía, y más concretamente algunasgrandes líneas de actuación fijadas en el Plan de fomento y calidad del empleo deExtremadura 2008-2011, en concreto las dedicadas a fomento del autoempleo y al“autoempleo en el contrato familiar y apoyo al familiar colaborador”, plan que se insertadentro de los compromisos principales asumidos por la Comunidad Autónoma en supolítica social, que son “la creación de empleo estable y el fortalecimiento de unacultura empresarial que ayude a vertebrar la consecución de la estabilidad laboral”.La norma objeto de comentario encuentra su punto de referencia anterior en el Decreto114/2008 de 6 de junio, que ahora es derogado dado que el ejecutivo autonómico haconsiderado necesario introducir “cambios en las orientaciones de las ayudas”, tras elanálisis de la experiencia acumulada en años anteriores y con el objetivo de que dichas 43
  • 44. ayudas alcancen una mayor eficacia en su aplicación. Los cambios pasan por un “ajustedel gasto público”, o dicho de forma más clara una reducción de las cuantías de lassubvenciones con respecto a la normativa anterior, y por una mayor atención a loscolectivos de más difícil acceso al mercado de trabajo, en especial jóvenes, mujeres ypersonas desempleadas que hayan agotado sus prestaciones por desempleo, y siempre ycuando se garantice la viabilidad de los proyectos y se efectúe una detallada evaluacióndel impacto de las ayudas sobre los objetivos marcados. La norma autonómica toma enconsideración, por consiguiente, las orientaciones establecidas en la Ley estatal 20/2007de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.Serán beneficiarios de las ayudas los trabajadores autónomos por cuenta propia, seintegren o no en forma de comunidades de bienes o sociedades civiles que carezcan depersonalidad jurídica, así como también los trabajadores autónomos económicamentedependientes, siendo en cualquier caso responsables de los derechos y obligacionesderivadas de la subvención. La actividad debe desarrollarse de forma individualizada yno dependiendo “de empresas constituidas mediante fórmulas jurídicas de sociedadesmercantiles”. Como regla general, a salvo de la excepción prevista en el artículo 4.2 a),el trabajador autónomo deberá haber estado en situación de desempleo hasta la fecha dealta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la mutualidadcorrespondiente.El artículo 5 regula las exclusiones de la aplicación de la norma, excluyéndose de formaexpresa la actividad de empresas de trabajo temporal y agencias de colocación; tambiénquedará excluido aquel que lo solicite y del que “se detecten actuaciones encaminadas ala consecución de la subvención sin que se produzca creación real y efectiva deempleo”. Por otra parte, quienes hayan prestado su actividad durante los seis mesesanteriores a la fecha del alta de referencia como autónomos, o bien hayan extinguido deforma voluntaria su relación jurídica laboral como trabajadores por cuenta ajena(permanentes o fijos discontinuos, en ambos casos a jornada completa), quedaránigualmente excluidos de los programas de ayudas.La tramitación se efectuará en régimen de concesión directa, debiendo presentarse lasolicitud durante los tres meses siguientes a partir de la fecha de alta como autónomo.La autoridad administrativa laboral dispone de un plazo máximo de 6 meses para dictary notificar la resolución, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada por silencioadministrativo.El primer programa va dirigido a fomentar la creación de empleo estable mediante elestablecimiento de un desempleado como trabajador autónomo. Se concede especialimportancia por la nueva norma a la acreditación de la formación del sujeto solicitanterelacionada con la gestión y/o dirección empresarial, formación que deberá serreconocida por el Servicio autonómico de empleo (SEXPE) y que deberá incluir entreotros contenidos básicos (y los destaco por la importancia que el gobierno autonómicoles ha conferido mediante su regulación recientemente por rango de ley) los de“responsabilidad social empresarial y la formación de los trabajadores como inversiónen la empresa”. El plan de actividad que se presente deberá acreditar la viabilidadeconómica y evaluar el potencial económico y la rentabilidad esperada del proyecto, ydeberá ser elaborado y/o validado por personal técnico experto en la materia integrado 44
  • 45. en el SEXPE, en el bien entendido que el plan será suscrito tanto por el sujetosolicitante como por el técnico colaborador.Para el reconocimiento del derecho a una subvención, la persona interesada deberárealizar una inversión mínima de 2.000 euros en inmovilizado material necesario para eldesarrollo de la actividad, ya sea en los tres meses anteriores a la fecha del alta o conposterioridad. La cuantía de las subvenciones se reduce con respecto a las previstas enla normativa de 2008, quedando en 7.500 euros para mujeres desempleadas,trabajadores desempleados con discapacidad, trabajadores menores de 30 años, yquienes hayan agotado las prestaciones, tanto contributivas como asistenciales, pordesempleo, y reduciéndose a 5.000 euros para todos los restantes solicitantes.La norma regula un programa de asesoramiento y acompañamiento al trabajo autónomo,al objeto de facilitar la consolidación del negocio, que se llevará a cabo tanto por elSEXPE como por sus entidades colaboradoras en materia de acompañamiento ytutorización del trabajo autónomo, y que incluirá servicios de información ysensibilización, de apoyo y asesoramiento a la puesta en marcha de proyectos, y elfomento de acciones de formación profesional dirigidas al colectivo de autónomos.En el segundo programa, de ayudas al autónomo que propicie la inserción laboral de unfamiliar colaborador, serán requisitos a cumplir la incorporación de dicho familiar alRETA en tal condición, no percibir la renta de inserción o subsistencia, y no habermantenido relación laboral con el trabajador autónomo en los seis meses anteriores alalta en el RETA. Se entiende por familiar colaborador quien conviva con el autónomo ytenga la condición jurídica de cónyuge, descendiente, ascendiente, o sea pariente porconsanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, y en su caso por adopción.La cuantía de la ayuda, reducida también con respecto a la de la norma anterior, será de7.500 euros para las mujeres y de 5.000 para los hombres (o al menos eso es lo que creoque dice la norma al referirse “al resto de colectivos”).El abono de la ayuda se efectuará en un pago único después de dictarse la resolución deconcesión. El beneficiario de la ayuda queda obligado a realizar la actividad quefundamenta su concesión desde la fecha de alta en el régimen correspondiente deSeguridad Social durante al menos tres años en un período de cinco desde la fecha delalta de referencia, salvo que se renuncie a dicha subvención. Al igual que en la normaanteriormente vigente, el Decreto 230/2010 dispone (artículo 15.4) que “no se atenderánsolicitudes de exención total de la obligación de reintegro u oposiciones a la mismabasadas en la falta de viabilidad económica sobrevenida o en pérdidas de la actividad”,y que en todo caso, y para el mismo fin, “sólo serán causas de exención las que sederiven de lesiones invalidantes justificadas mediante certificación médica facultativadeterminante de incapacidad permanente total para el ejercicio de la actividad, deconformidad con su normativa reguladora”.B) En Murcia, la Orden de 3 de marzo de 2011, del Presidente del Servicio Regional deEmpleo y Formación, aprueba las bases reguladoras del programa de subvenciones parael fomento del autoempleo. La norma se publicó en el Boletín Oficial autonómico deldía 12 y entró en vigor 1 mes después de su publicación, es decir el 12 de abril. 45
  • 46. Son dos las principales modificaciones operadas con respecto a la normativaanteriormente vigente, la Orden de 11 de diciembre de 2009 por la que se aprobaron lasbases reguladoras de los programas de subvenciones para el fomento del empleo establey de calidad y del autoempleo, que refundió en un solo texto todas las modificacionesque se habían operado en ambos ámbitos desde la entrada en vigor de la Orden de 7 demarzo de 2007. La primera, la regulación de forma diferenciada del programa defomento del autoempleo con respecto al del fomento del empleo estable y de calidad porcuenta ajena; la segunda, la simplificación del procedimiento administrativo deconcesión de estas subvenciones, exponiéndose en la introducción que el objetivo de lanorma es el de minimizar la aportación documental de los ciudadanos, “reduciéndola almínimo imprescindible, paso previo a la posibilidad de tramitación telemática delprocedimiento, consiguiéndose así una mayor eficiencia y eficacia en la actuación de laAdministración Regional”.La tramitación del procedimiento se efectuará en régimen de concesión directa,debiendo presentarse las solicitudes en el plazo comprendido entre la fecha de alta en elRETA y el día 25 del mes siguiente, en el bien entendido que la persona solicitantedeberá estar inscrita como demandante de empleo con carácter previo al inicio del altaen el RETA, así como también que deberá cumplir el requisito de no haber estado dadode alta en el RETA, ni en el censo de actividades económicas, en los 12 mesesanteriores a la fecha en la que se produzca el alta en el RETA por la que se solicita lasubvención, “excepto en los casos en que hubiese sido como autónomo colaborador”.La autoridad administrativa laboral dispone de un plazo máximo de 2 meses para dictary notificar la resolución, a contar a partir de la fecha en que tuvo entrada la solicitud enel órgano competente para su tramitación, y en caso de no hacerlo se entenderádesestimada. La partida presupuestaria estará cofinanciada en un 80 % a cargo delFondo Social Europeo a través del programa operativo regional FSE 2007- 2013.La norma regula el programa de fomento de empleo de trabajadores autónomos,dirigido a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo. Se fijan unoscriterios para la concesión de las ayudas, incluyéndose a las mujeres, las personas condiscapacidad, los varones menores de 30 años o mayores de 45, los varonesdesempleados de larga duración (mayores de 30 con 12 meses como mínimo dedesempleo, y menores de esa edad con 6) y, en general, quienes hayan participado enactividades formativas y no hayan transcurrido 12 meses desde su finalización.La persona desempleada deberá justificar, además, la inversión en activos fijosmateriales o inmovilizados necesarios para el ejercicio de la actividad por importe noinferior a 5.000 euros. La actividad (que deberá ser de carácter continuo, con exclusiónde las de temporada) podrá ser subvencionada con una cuantía comprendida entre 6.000euros (para varones menores de 30, entre 45 y 54, mayores de 30 años desempleados delarga duración y discapacitados) y 9.900 euros para mujeres mayores de 55 años oafectadas por violencia de género.Si el mantenimiento de la actividad económica y el alta en el RETA dura menos de1095 días, desde la fecha del alta, la persona perceptora de la subvención deberáreintegrar la totalidad de la misma y con los correspondientes intereses de demora.Otros supuestos de reintegro sólo parcial se contemplan y regulan en el artículo 15.2. Enfin, los procedimientos de concesión de las subvenciones iniciados antes de la entrada 46
  • 47. en vigor de la norma se regirán, tal como dispone la disposición transitoria primera, porla normativa vigente en el momento de su inicio. 47