El nuevo Servicio Vasco de Empleo. De la Ley 2 de 23 de diciembre de 2009 a la Ley 3 de 13 de octubre de 2011 (y las competencias en materia de empleo).
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El nuevo Servicio Vasco de Empleo. De la Ley 2 de 23 de diciembre de 2009 a la Ley 3 de 13 de octubre de 2011 (y las competencias en materia de empleo). Document Transcript

  • 1. El nuevo Servicio Vasco de Empleo. De la Ley 2/2009 de 23 de diciembre a la Ley3/2011 de 13 de octubre (y las competencias en materia de empleo).Eduardo Rojo Torrecilla.Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UniversidadAutónoma de Barcelona.5 de noviembre de 2011.Texto publicado en el blog del autor. http://eduardorojoblog.blogspot.com/1. El Boletín Oficial autonómico público el último día de 2009 la Ley 2/2009 de 23 dediciembre de presupuestos generales para 2010, en cuya disposición adicional segundase dispuso la creación de Lambide-Servicio Vasco de Empleo.La ley presupuestaria de 2.010 creó el servicio autonómico de empleo, configurándolocomo “un ente público de derecho privado, dotado con personalidad jurídica propia yplena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, adscrito al departamento delGobierno Vasco competente en materia de empleo”, que ejercería su actividad sometidoa las normas de Derecho civil mercantil y laboral que le fueran aplicables, exceptocuando ejerciera potestades administrativas, en cuyo caso le sería de aplicación la Ley30/1992, y demás normativa general y sectorial de carácter público.La hoja de ruta del servicio autonómico, su razón de ser o finalidad, era según el textoahora examinado “contribuir al pleno desarrollo del derecho al empleo, estable y decalidad, y favorecer la configuración de un mercado de trabajo que contribuya de formaeficiente a garantizar la empleabilidad de las personas trabajadoras, y a cubrir lasnecesidades de personal adaptado a los requerimientos de las empresas, así como afavorecer la cohesión social y territorial, a través de la gestión de las políticas de empleoque le sean encomendadas en el ámbito de las competencias de la ComunidadAutónoma de Euskadi”. En cuanto a sus funciones, se incluían las siguientes:“a) Gestionar programas de empleo y de formación para el empleo con una atenciónespecial a los colectivos con mayor riesgo de exclusión social, incluyendo la aprobacióny tramitación de las correspondientes convocatorias subvencionables.b) Gestionar la orientación laboral, la prospección y la información de las variables delmercado de trabajo, la evolución de los perfiles ocupacionales y los requerimientosprofesionales.c) Gestionar la intermediación laboral y llevar el registro de demandantes de empleo, asícomo la recepción de la comunicación de contratos laborales, sus prórrogas yterminaciones.d) Autorizar y ejercer las demás competencias relativas a las agencias de colocación queactúen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 1
  • 2. e) Articular la coordinación con las entidades que participan en la ejecución deprogramas de empleo y de formación para el empleo.f) Ejecutar las funciones relativas a la Red Eures (Servicios Europeos de Empleo) de laUnión Europea.g) Ejercer la potestad sancionadora en materias relativas al empleo y desempleo, en lostérminos establecidos en la legislación específicah) Impulsar activamente el diseño y ejecución de planes específicos de promoción delempleo en aquellos ámbitos locales y/o sectoriales en que resulte prioritario,impulsando el consenso de los agentes afectados y desarrollando operaciones integralesde diagnóstico y ejecución de actuaciones de apoyo al empleo.i) Gestionar proyectos experimentales, especialmente de ámbito europeo, que permitandesarrollar nuevos enfoques y soluciones en la prestación de servicios de empleo.j) Desarrollar cualesquiera otras funciones que, en materia de política de empleo o deinserción, le atribuyan las leyes y sus estatutos o le encomiende el Consejo de Gobiernoo el departamento competente en materia de empleo en el ámbito de sus competencias”.La norma remitía a un futuro desarrollo reglamentario la forma de integración “de losmedios personales y materiales de los órganos de la Administración General de laComunidad Autónoma de Euskadi que vinieran desempeñando las funciones que asumeLanbide-Servicio Vasco de Empleo, de Egailan, S.A., Sociedad de Promoción de laFormación y el Empleo, y de los medios que se traspasen del Servicio Público deEmpleo estatal en el marco de la transferencia de las políticas activas de empleo”.Igualmente se remitía al desarrollo reglamentario la especificación de las condiciones“en las que se producirá el inicio de las actividades de Lanbide-Servicio Vasco deEmpleo y la subrogación de éste en los bienes, derechos y obligaciones vinculados oderivados del ejercicio de las funciones que pasen a ser desempeñadas por el ente”.2. Ha sido necesario esperar casi dos años para la aprobación de la ley específica delnuevo servicio autonómico de empleo, en concreto la Ley 3/2011 de 13 de octubresobre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por el Pleno del Parlamentoautonómico en esa misma fecha y que entrará en vigor al día siguiente de su publicaciónen el Boletín Oficial del País Vasco. La norma procede a la derogación de todo aquelloque he explicado en el epígrafe anterior, es decir la disposición adicional segunda de laLey 2/2009 que, recuérdese, configuraba al servicio de empleo como ““un ente públicode derecho privado, dotado con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrarpara el cumplimiento de sus fines, adscrito al departamento del Gobierno Vascocompetente en materia de empleo”, mientras que la nueva ley lo conceptúa en suartículo 1 como “organismo autónomo de carácter administrativo, ostentandopersonalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar”, que igualmente será adscritoal departamento con las competencias de empleo.Durante el período que media entre la aprobación de estas dos leyes se ha producido eltraspaso de las competencias en materia de gestión de las políticas activas de empleo ala autonomía vasca, y de ello he dado debida cuenta en las páginas de este blog. Sólo 2
  • 3. recuerdo ahora, para ubicar correctamente al nuevo servicio vasco de empleo en elmarco competencial, algunos rasgos significativos de las transferencias.3. Me refiero en primer lugar al Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre, sobretraspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materiade ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formaciónprofesional para el empleo, que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal, publicadoen el BOE del día 16 y con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2011.¿Qué es lo más destacado del acuerdo en relación con los traspasos de competencias enmateria de gestión de las políticas activas de empleo realizados a las restantesComunidades Autónomas desde los años ochenta? A mi parecer, cabe hacer referenciaen primer lugar al traspaso, en materia de fomento y apoyo al empleo, de acuerdo con lalegislación laboral sobre la materia, de “las funciones atribuidas al Servicio Público deEmpleo Estatal en relación a los Fondos Nacionales de Empleo regulados en la Ley deEmpleo de acuerdo a la regulación que les afecte”.En segundo término, y esta es una novedad trascendental con respecto a lascompetencias transferidas con anterioridad a otras autonomías, se produce el traspaso delos incentivos a la contratación que se plasman jurídicamente en las bonificaciones delas cuotas empresariales a la Seguridad Social, régimen regulado por la normativaestatal en materia de empleo y protección social. Dicho traspaso se refiere a lasbonificaciones que afectan a “los trabajadores y trabajadoras de los centros de trabajoradicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como respecto de lostrabajadores y trabajadoras autónomos radicados en la misma”. La CC AA tiene a sudisposición el dinero recaudado en concepto de tales bonificaciones, y posteriormente esobjeto de compensación al Estado en el pago del cupo del País Vasco, “en base a lascertificaciones del Servicio Público de Empleo Estatal” (en el supuesto debonificaciones en las cuotas de formación profesional), y “en base a las certificacionesde la Tesorería General de la Seguridad Social” (en el supuesto de bonificaciones en lascuotas de Seguridad Social por aplicación de medidas de incentivación y creación deempleo). En estrecha relación con esta importante transferencia hay que referirsetambién a la que se produce en materia de formación profesional para el empleo, queincluye las actividades de evaluación, seguimiento y control de las iniciativas deformación de demanda, “financiadas mediante bonificaciones en las cuotas deformación profesional que se aplican las empresas en relación a los centros de trabajoradicados en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco”.En cuanto a los créditos presupuestarios afectados por el traspaso, la autonomía disponepara financiar el coste asociado a los servicios traspasados “del porcentajecorrespondiente al índice de imputación utilizado para el cálculo del cupo, de acuerdocon la Ley 22/2002 de 23 de mayo”. En el supuesto de las bonificaciones en las cuotasde formación para la Comunidad Autónoma, se concreta que “será objeto decompensación al Estado en el pago del cupo al País Vasco en base a las certificacionesdel servicio público de empleo estatal”, y respecto a las bonificaciones en las cuotas a laSeguridad Social en programas de incentivación y creación de empleo se determina que“será objeto de compensación a favor del Estado en el pago del cupo del País Vasco, enbase a las certificaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social”. 3
  • 4. 4. Me detengo ahora en el traspaso de competencias efectuado en materia deexpedientes de regulación de empleo. En concreto, se trata del Real Decreto 899/2011,de 24 de junio, sobre ampliación de las funciones y servicios de la Administración delEstado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de expedientesde regulación de empleo, norma publicada en el BOE el 30 de junio, que entró en vigoral día siguiente de su publicación y en cuyo anexo se dispone que la citada ampliacióntambién surte efectos a partir de la misma fechaEl RD es consecuencia del acuerdo alcanzado oficialmente el día 22 de junio en el senode la Comisión Mixta integrada por las representaciones de la Administración Generaldel Estado y de la CC AA vasca. Conviene recordar que el traspaso encuentra su origenen el acuerdo suscrito el 14 de octubre de 2010 entre los grupos socialista y nacionalistavasco del Congreso de los Diputados, que incluía justamente la materia de “regulaciónde empleo” para ser traspasada durante el primer semestre de 2011. En dicho acuerdotambién se incluía el traspaso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se haproducido por Real Decreto 895/2011, de 24 de junio. Tal como reza el título del RD,aquello que se opera con la norma es una ampliación de las competencias ya asumidaspor la CC AA en materia de expedientes de regulación de empleo, dado que dichascompetencias fueron traspasadas por el Estado a la autonomía vasca, en cumplimientode los mandatos constitucional y estatutario, por el Real Decreto 812/1985 de 8 demayo.Poco antes del nuevo traspaso a la autonomía vasca se publicó el Real Decreto801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos deregulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivosEn la introducción encontramos una referencia de interés para conocer cuál es laautoridad competente para resolver un ERE, dado que cuando se dictó el RD 43/1996que se deroga por el nuevo texto no se había aún producido la mayor parte de lastransferencias en esta materia a las CC AA, aunque no obviamente al País Vasco, y deahí que se destaque que la concreción de dicha autoridad se ajusta a “lasespecificaciones incluidas en los Reales Decretos sobre traspaso de funciones yservicios en materia de regulación de empleo de la Administración General del Estado alas Comunidades Autónomas”, siendo el artículo 2 el que regula la autoridad laboralcompetente.Pues bien, el RD 899/2011 transfiere a la CC AA “funciones de ejecución de lalegislación laboral en materia de expedientes de regulación de empleo” que implicanque buena parte del artículo 2.2 sufra un cambio sustancial en cuanto a la determinaciónde la autoridad laboral competente para conocer de la instrucción y resolución de unERE, tanto en instancia como en vía de recurso, con la única excepción delmantenimiento por parte de la Administración General del Estado de la competenciapara resolver de ERES que afecten a “que afecten a empresas relacionadas directamentecon la Defensa Nacional y aquellas otras cuya producción sea declarada de importanciaestratégica nacional mediante norma con rango de Ley”.Es decir, a partir del 1 de julio de 2011 la autoridad autonómica administrativa laborales competente para conocer de ERES en su ámbito territorial que impliquen reduccionesde jornada, suspensiones y extinciones de relaciones laborales que traigan su razón deser en causas económicas, técnicas, organizativas, de producción y de fuerza mayor, que 4
  • 5. afecten a “1.º Empresas o centros de trabajo afectados por expedientes de regulación deempleo que estén relacionados con créditos extraordinarios o avales acordados por elGobierno de la Nación. 2.º Empresas pertenecientes al Patrimonio del Estado. 3.ºEmpresas que tengan la condición de sociedades estatales de acuerdo con la Ley47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria o con la Ley 6/1997, de 14 deabril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado”.Para disponer de la competencia, el ERE deberá afectar a empresas que tengan latotalidad de los centros de trabajo y trabajadores de su plantilla en el territorioautonómico, o bien que el ERE sólo afecte a centros de trabajo y trabajadores radicadosen dicho ámbito territorial aunque la empresa tenga centros de trabajo ubicados en otrau otras autonomías. Para resolver el ERE la autoridad autonómica deberá recabarpreviamente, con carácter preceptivo pero no vinculante, el informe de laAdministración del Estado.La norma se inspira lógicamente en el RD 801/2011 y lo adapta a la ampliación de lasfunciones y servicios asumidos por la CC AA vasca cuando se trate de las empresaslistadas con anterioridad y que tengan centros de trabajo o trabajadores afectados por unERE tanto dentro como fuera del territorio autonómico vasco, en el bien entendido quela resolución corresponderá a la AGE. Cuando el 85 %, como mínimo, de la plantillaradique en el País Vasco y haya trabajadores de la misma afectados por el ERE, laautoridad autonómica laboral instruirá y tramitará el expediente hasta el momentoprocedimental de resolución, con la formulación de una propuesta dirigida a laautoridad estatal y que está deberá aprobar o rechazar (del texto del acuerdo parecededucirse que cabe también la aceptación o rechazo parcial), si bien cuando se produzcauna modificación con respecto al texto propuesto por la autonomía “se deberáespecificar los motivos”. Por otra parte, cuando el porcentaje sea inferior al 85 %, o bienel ERE no afecte a trabajadores que presten sus servicios en territorio vasco, latramitación íntegra, y resolución, del ERE, corresponde a la autoridad estatal, la cualdeberá recabar informe “de los órganos laborales competentes de las ComunidadesAutónomas en que presten servicios los trabajadores afectados por el expediente”.5. La ampliación de competencias en materia de ERES va estrechamente unida altraspaso de la ITSS, siendo la CC AA vasca la segunda autonomía tras Cataluña, queasume dichas competencias. Mediante el Real Decreto 895/2011, de 24 de junio, laadministración vasca asume en el ámbito de sus competencias el ejercicio de loscometidos de la función inspectora regulados en la Ley 42/1997 de 14 de noviembre. Seincluyen aquí la vigilancia y la exigencia del cumplimiento de las normas legales,reglamentarias y el contenido normativo de los convenios colectivos en los ámbitosenumerados en el texto (entre los que destacan, y en colaboración con la SeguridadSocial, “incentivos a la contratación mediante régimen de bonificaciones de las cuotassociales; la asistencia técnica; el arbitraje, la conciliación y mediación en los ámbitosenumerados en el texto”. El mantenimiento del carácter nacional del cuerpo superior deITSS y del cuerpo de subinspectores, el principio de ingreso único y de convocatoriaúnica y de movilidad entre ambas administraciones se reafirma en el texto del acuerdo,como ya se hizo con ocasión del traspaso a Cataluña, así como también la defensa de laconcepción única e integral del sistema de ITSS, el principio de unidad de función yactuación, y el principio de eficacia. 5
  • 6. 6. Por último, hay que referirse a dos convenios de colaboración suscritos entre elServicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma del País Vasco,publicados los días 10 y 11 de agosto en el BOE.A) El primero, trata sobre la regulación de las funciones y el régimen de funcionamientode la Comisión de coordinación y seguimiento creada con ocasión del traspaso decompetencias al País Vasco en materia de empleo y formación profesional por el RealDecreto 1441/2010, de 5 de noviembre, y también, y esta me parece la parte másimportante, sobre “los términos de la cooperación en el marco del traspaso de funcionesy servicios en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, elempleo y la formación profesional para el empleo”.El convenio dedica un bloque específico a la coordinación de las llamadas políticasactivas (gestión de empleo y de la formación profesional), que son competencia de laCC.AA, con la gestión de las prestaciones por desempleo, de competencia estatal. Setrata, según el texto, de vincular estrechamente ambas, o por decirlo con sus propiaspalabras, relacionar “los mecanismos de reconocimiento y percepción de lasprestaciones con los de comprobación de la disponibilidad de los desempleados, lamejora de su ocupabilidad y, en definitiva, de su reinserción laboral”, estableciendo, yaquí está el núcleo duro del convenio y que sin duda es el que más interesa a laspersonas desempleadas en cuanto ciudadanos a los que debe atender la administracióncompetente, “una organización eficaz de los recursos disponibles que permita su (de losdesempleados) mejor atención”.Una vez definidas, al menos conceptualmente, cuáles son las funciones que desarrolla elpersonal autonómico y el estatal en virtud de las respectivas competencias en materia depolíticas activas y pasivas de empleo, es necesario plantearse y dar respuesta, y eso es loque pretenden el convenio en su cláusula cuarta, a la coordinación de tales políticas enla red de oficinas de empleo, y ciertamente la redacción del acuerdo da a entender quedeberán actuar ambas administraciones de forma muy coordinada, tanto en el terrenodel operativo diario como de la aplicación de la normativa laboral y funcionarialaplicable al personal de ambas administraciones, para conseguir el resultado perseguidoque es la gestión eficaz de las tareas asignadas y por consiguiente la mejor y más eficazatención a los usuarios que demandan políticas activas de empleo y que tienen derecho,al mismo tiempo, a percibir prestaciones por desempleo.Es relevante la posibilidad abierta de que personal autonómico realice tareas quecorresponden al personal del SPEE (no se incluye ciertamente la más importante, elreconocimiento de las prestaciones) cuando ello fuere necesario en función de lasdotaciones del personal de una oficina. En definitiva, y queriendo resaltar en undocumento público aquello que debería ser lo cotidiano en el funcionamiento de laadministraciones, aunque en este caso se trata de personal de dos administraciones, losfirmantes del Convenio acuerdan que la actividad de las oficinas de empleo deberágarantizar la buena gestión de las políticas activas y pasivas de empleo y el control deladecuado cobro de las prestaciones económicas, por lo que el personal que preste susservicio en aquellas deberá desarrollar su actividad “en un marco de mutua cooperación,colaboración, información y consulta recíproca”.B) El segundo convenio, con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año y conprórroga anual salvo denuncia expresa de una de las partes, versa sobre las relaciones de 6
  • 7. colaboración y coordinación entre el SPEE y la CC AA en materia de suministro deinformación, y tiene por finalidad facilitar que ambas administraciones tengan unadecuado conocimiento del mercado de trabajo y que puedan acceder, mediante laadecuada coordinación, “al registro y tratamiento de la información derivada de lasactuaciones relativas a las funciones de intermediación en el mercado de trabajo”. Lacláusula sexta es la más importante del convenio a mi parecer, ya que regula cuál es lainformación de la que deberán disponer ambas administraciones; o dicho de otra forma,que pueda garantizarse para ambas, entre otros datos, la consulta informática sobre lainscripción como demandante de empleo, el mutuo acceso a las consultas de empleo yde prestaciones, y “los traslados de los beneficiarios dentro y fuera del ámbito territorialde la Comunidad”.7. Una vez realizada una explicación sumaria de los traspasos a la autonomía vasca enmateria de empleo y relaciones laborales desde la creación (legal) del Servicio vasco deEmpleo, ya procede examinar las líneas maestras de la Ley 3/2011. En su preámbulo sejustifica el cambio de su naturaleza jurídica porque todas las restantes CC AA “sinexcepción, han adoptado que la personificación de sus servicios públicos de empleo seael organismo autónomo”, y también se apoya sobre el RD 1441/2010 de 5 de noviembreporque el núcleo funcional contingente de cualquier SPE, y en especial el que secontiene en dicha norma, “tiene su encaje natural y jurídico como organismo autónomo,y, en consecuencia, con sujeción total al derecho público y sus controles”.A) Además de las referencias obligadas a la naturaleza jurídica, en el preámbulo de laLey 3/2011 encontramos las líneas maestras del nuevo SPE, desarrolladas en el textoarticulado. Obligadas son las referencias al marco jurídico de la UE y a la ConstituciónEspañola, así como al Estatuto de Autonomía. De especial interés son las referenciasconcretas a la puesta en marcha de planes institucionales de empleo, y la manifestaciónde que con la nueva ley “se establece un modelo de coordinación, cooperación ycolaboración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo con las diputaciones forales yentidades locales que desarrollen acciones en materia de políticas activas de empleo”,con el objetivo declarado de “evitar duplicidades y garantizar un sistema eficiente,global y conjunto”. También creo importante destacar, aunque la referencia ya seencuentra en el texto articulado (artículo 4) la relevancia que la norma confiere a lapotenciación de la colaboración y participación de los agentes sociales y económicos“en los ámbitos del empleo, de la formación profesional, la orientación, laintermediación laboral y la inserción laboral”, en el bien entendido que el SPE podráformalizar acuerdos con toda persona jurídica que también tenga intereses y objetivosen los ámbitos citados.B) El capítulo I regula la naturaleza, fines, funciones y extinción del SVE. Una vez yarealizada la referencia a la primera, cabe destacar algunos de sus fines y funciones.Entre los primeros se incluyen los de contribuir al desarrollo del derecho al empleoestable y de calidad, combinar adecuadamente las necesidades de flexibilidad yseguridad de empresas y trabajadores, y favorecer la cohesión social y territorial. Paraconseguirlos la actuación del SPE deberá adaptarse a la realidad territorial en la queopera, señaladamente en los ámbitos locales, buscar la plena eficacia y eficiencia en sufuncionamiento, y mantener un diálogo permanente con los agentes sociales. En todassus actuaciones, a fin y efecto de facilitar su relación con las personas usuarias, se haráun uso permanente de las tecnologías de la información y comunicación. 7
  • 8. Buena parte de las funciones (¡25 letras del alfabeto¡) son semejantes a las enunciadas alreferirme a la Ley 2/2009. Del amplísimo elenco recogido en el artículo 3, sólo deseoahora destacar algunas de ellas: la gestión de los programas de empleo, formación parael empleo, autoempleo y creación de empresas; la gestión de la intermediación laboral yla autorización de las agencias de colocación que deseen operar en el ámbitoautonómico; la puesta en marcha de programas dirigidos a colectivos con especialesdificultades de acceso o permanencia en el mercado de trabajo; el ejercicio de lapotestad sancionadora en materias relativas al empleo y desempleo, “en los términosestablecidos en su legislación específica” (cabe recordar que las prestaciones pordesempleo se incluyen en el ámbito de las competencias estatales); la coparticipación enlos planes formativos de los entes locales; en fin, la tramitación, de acuerdo a loestablecido en su normativa específica, de las prestaciones económicas de garantía deingresos.C) El capítulo II regula los órganos del gobierno del SPE, que son la presidencia(ostentada por la persona titular del departamento competente en materia de empleo), elConsejo de Administración y la Dirección General (ocupada por la persona nombradapor el Consejo de Gobierno, a propuesta del responsable del departamento, que será laresponsable de la dirección ordinaria del SPE y por consiguiente la de “ejecutar y hacercumplir los acuerdos del Consejo de Administración”.Sin duda, el Consejo de Administración se erige como el órgano superior de gobiernodel SPE ya que tiene asignadas entre sus funciones la de “elaborar los criterios deactuación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo” y aprobar los planes generales yprogramas de actividades del organismos, y así se reconoce de forma expresa en elartículo 7. Su composición es tripartita, con cinco miembros por parte de cada uno delos grupos que participan en su seno, la administración autonómica, las organizacionesempresariales y las organizaciones sindicales más representativas del País Vasco. Susdecisiones se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes, si bien en todocaso deberá incluir el voto favorable de los sujetos representantes de la Administración.En supuestos excepcionales, como puede ser una situación de bloqueo permanente en latoma de decisiones y la necesidad de adoptar una decisión que no admita demora, la leyadmite de forma expresa, y repito que excepcional, la aprobación del acuerdoúnicamente con el voto favorable de los miembros representantes de la Administración(dicho sea incidentalmente, el uso de esta posibilidad significaría una fractura deldiálogo social y concertación que ha de inspirar la actuación de los organismostripartitos).D) Por fin, el capítulo III regula el régimen jurídico del personal del SPE y los recursoseconómicos de los que puede disponer, y el capítulo IV trata sobre el régimen jurídico,remitiéndose a la Ley de principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.En las disposiciones adicionales, además de la extinción del ente público yareferenciada con anterioridad, cabe destacar la regulación del control parlamentario delorganismo, debiendo comparecer anualmente la persona directora ante la Comisión dePolíticas Sociales, Trabajo e Igualdad del Parlamento Vasco para dar cuenta de lasactividades.Buena lectura de la Ley 3/2011. 8