Comentario del Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat10/2012, de 22 de agosto, sobre la ley de m...
presupuestaria y de fomento de la competitividad”, en los que se efectúan duras críticasa la normativa estatal por ir much...
constitucional ha sido más bien bastante escueta y sin aportar una amplia argumentaciónpara defender la tesis acogida”.3. ...
Esta reforma de la regulación, ya existente en el RDL 3/2012 y ampliada con la Ley3/2012 afecta, reconoce el Dictamen, “a ...
convenio colectivo de empresa limita claramente el derecho fundamental de libertadsindical.Tal como se expone en el escrit...
gusto, por sus conocimientos, los miembros del CGE, al analizar el marcoconstitucional del derecho a la tutela judicial ef...
que pretende cambiar la reforma laboral a mi parecer), y se apoya igualmente en lasposibilidades de impugnación de la deci...
Dicha regulación no existía con anterioridad y el CGE recuerda que la jurisprudenciaordinaria había sido mayoritariamente ...
principios recogidos en el mismo. No obstante, el CGE apunta, con buen criterio a mientender, que este concepto necesita d...
estamos más en presencia de una mala técnica legislativa que de una incorrecciónjurídica y que no vulnera el principio con...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Comentario del Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat 10/2012, de 22 de agosto, sobre la Ley 3/2012 de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

1,066 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,066
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
501
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Comentario del Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat 10/2012, de 22 de agosto, sobre la Ley 3/2012 de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

  1. 1. Comentario del Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat10/2012, de 22 de agosto, sobre la ley de medidas urgentes para la reforma delmercado laboral.Eduardo Rojo Torrecilla.Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UniversidadAutónoma de Barcelona.31 de agosto de 2012.Texto publicado en el blog del autor. http://www.eduardorojotorrecilla.es/1. El objeto de esta entrada del blog es formular algunas consideraciones sobre elDictamen10/2012, de 22 de agosto, del Consejo de Garantías Estatutarias delaGeneralitat de Catalunya, sobre la Ley 3/2012 de 6 de julio, de medidasurgentes parala reforma del mercado laboral, elaborado a solicitud de más de una décima parte dediputados del Parlament, pertenecientes al grupo socialista como paso previo a lainterposición de un recurso de inconstitucionalidad. El texto, del que ha sido ponente elpresidente del CGE, Eliseo Aja, tiene 31 páginas y de momento sólo está publicado encatalán y la nota de síntesis en castellano, previéndose la publicación en castellano deltexto íntegro del Dictamen en próximas fechas.En esta ocasión, y a diferencia de lo que ocurrió con ocasión de la publicación delDictamen5/2012, no ha habido declaraciones inmediatas de los solicitantes, con todaseguridad porque la conclusión única del texto, adoptada por unanimidad dice losiguiente (traduzco del catalán): “El apartado tres del artículo 14, que modifica elartículo 84.2 ET; el apartado 3 del artículo 18, que modifica el artículo 51 ET; y ladisposición adicional segunda, que añade una disposición adicional vigésima al ET, dela Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma laboral, no soncontrarios a la Constitución”. Y sin embargo, ya lo adelanto, una parte del contenido delDictamen sí hubiera podido merecer comentarios elogiosos por parte de aquellos quemantuvieron la no conformidad a derecho de algunos apartados de la reforma.El Dictamen, al menos hasta donde mi conocimiento alcanza, ha merecido muy pocaatención por los medios de comunicación, con titulares totalmente incorrectos como elde la noticia publicada en El País del día 25 de agosto, en el que se decía que el Consejode Garantías “avala los despidos en el sector público”. Y digo incorrecto porque elCGE se pronuncia sobre la conformidad a la Constitución y/o al Estatuto de Autonomíade una norma, pero nunca “avala” la decisión que puedan adoptar las empresas o lasAdministraciones Públicas al amparo de lo regulado en la misma.Supongo que otra razón para esta escasa atención ha sido su publicación en el mesvacacional por excelencia, y que se haya publicado entre otros dos importantesDictámenes que han cuestionado la conformidad de varias normas adoptadas por elEstado en materia de función pública, los Dictámenes números 9 y 11/2012 de 2 y 22 deagosto, respectivamente, sobre “Jornada general de trabajo en el sector público” y “RealDecreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar laestabilidad 1
  2. 2. presupuestaria y de fomento de la competitividad”, en los que se efectúan duras críticasa la normativa estatal por ir mucho más allá de lo que debe entenderse por “bases” ydejar reducida en varias ocasiones las competencias autonómicas en materia deAdministración Pública a la mínima expresión.También es muy posible que, dada la rapidez con que las noticias dejan de serlo, ya nointerese a los medios de comunicación el desarrollo y aplicación de la reforma laboral,salvo obviamente cuando hay un titular de impacto como por ejemplo los expedientesde regulación de empleo de la Corporación Valencia de Radio y Televisión o el delAyuntamiento de Jerez. Pero el impacto es indudable, aunque sea silencioso, y se estáconcretando en incremento de ERES y de modificaciones sustanciales de condicionesde trabajo que están llevando en bastantes ocasiones a reducciones salariales.El impacto en el empleo está siendo negativo, y ello es reconocido también pordirigentes del Partido Popular, aunque se defienden recordando que ya anunciaron quela creación de empleo se produciría a medio plazo y en combinación con otras reformaseconómicas puestas en marcha. Además, una determinada concepción del empleo y delvalor que conceden a lo público se refleja muy bien en las palabras que ladiputadaCarmen Álvarez-Arenas pronunció el pasado martes en la reunión de laDiputación Permanente del Congreso (la conocida como reunión de los “no” por lanegativa del grupo popular a todas las peticiones de comparecencia de miembros delgobierno), y que transcribo textualmente: “Pues, efectivamente, el saldo neto esnegativo, pero se han creado 25.000 puestos de trabajo, según la última EPA, en elsector privado y se han perdido 41.000 en el sector público. Señorías, es que estábamosen unas circunstancias en las que había que dar la vuelta a la situación en la que seencontraba España. Todos estábamos de acuerdo en todas partes con el comentario deque el sector público estaba sobredimensionado. Lo que hay que hacer es sentar lasbases para que eso pueda ir reconduciéndose hacia aquellos que verdaderamente activanla economía y crean empleo, pero no un empleo ficticio a través de planes E, sino unempleo en el sector privado y un empleo de calidad. Esos datos están en la EPA yentiendo que a ustedes no les interese resaltarlos, pero están ahí” (página 34).2. Regreso al Dictamen. Cabe recordar que el CGE ya se pronunció el pasado 3 de abril,en su Dictamen 5/2012, sobre la constitucionalidad y estatutariedad dediferentespreceptos de la reforma laboral en su versión originaria, esto es elRealDecreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero, a petición de diputados del PSC, ERC, ICV-EUiA, y de ahí que se remita al mismo en varios de los apartados del Dictamen 10/2012y que concentre su atención en aquellas cuestiones planteadas en la solicitud que nofueron ya abordadas en el anterior Dictamen. Por ello, también remito, por mi parte,tanto a la lectura del Dictamen 5/2012 como al comentario que efectué en elblog el 8 deabril, del que ahora sólo recuerdo lo siguiente: “El Dictamen tiene 105 páginas enversión catalana y 110 en versión castellana, y es de una indudable complejidad jurídicaya que trata de forma más o menos detallada todas las cuestiones planteadas por losgrupos parlamentarios. Y digo que el detalle es mayor o menor según que ámbito delRDL es el objeto de atención ya que el CGE se ha detenido con mucha mayor atenciónen todos aquellos artículos, o más concretamente algunos epígrafes o apartados de losmismos, que tienen especial relevancia desde la perspectiva constitucional de posiblevulneración de derechos reconocidos en nuestra Carta Magna, y también en el EAC,mientras que su respuesta a otros preceptos no tan relevantes desde dicha perspectiva 2
  3. 3. constitucional ha sido más bien bastante escueta y sin aportar una amplia argumentaciónpara defender la tesis acogida”.3. El fundamento jurídico primero aborda el objeto del Dictamen, recuerda su texto yaemitido sobre el RDL 3/2012, norma de la que afirma que “significó una importantemodificación, tanto cuantitativa como cualitativa, del texto refundido de la Ley delEstatuto de los trabajadores”, así como también de otras leyes sustantivas y procesales,para poner después de manifiesto que la conversión del RDL en Ley, con lasmodificaciones incorporadas en el trámite parlamentario, “no ha provocado unadiferencia importante en sus objetivos principales ni en la redacción de sus preceptos”,si bien algún precepto modificado sí ha de merecer la atención del CGE porque esobjeto de la solicitud de Dictamen.En una entrada anterior del blog publique el texto íntegro de la solicitud presentada porlos diputados del grupo socialista, y a dicha entrada remito a las personas interesadas enconocer el contenido exacto de la petición. El CGE entiende que la petición formuladasobre el contenido del artículo 12.1 y 14.1 de la Ley3/2012 (inaplicación del conveniocolectivo por decisión de la empresa que puede llevar, en caso de desacuerdo con laparte trabajadora, a una intervención de un tercero a solicitud de una sola de las partes)ya fue resuelta en el Dictamen 5/2012, dado que las modificaciones incorporadas entrámite parlamentario no alteran la fundamentación ni la conclusión adoptada entonces,y por consiguiente, afirma el CGE, “nos remitimos a la declaración deinconstitucionalidad que concluimos en base a los fundamentos jurídicoscorrespondientes (FJ 4 y 6)”.Igualmente, el CGE argumenta que no ha habido cambios que fundamenten un nuevoanálisis de la disposición adicional tercera (que impide aplicar expedientes deregulación de empleo de suspensión de contratos o de reducción de jornada en el sectorpúblico, salvo en aquellas entidades “que se financien mayoritariamente comocontrapartida de operaciones realizadas en el mercado”), por lo que también se remite ala “declaración de constitucionalidad” efectuada, constitucionalidad basada en que lanorma “se integra dentro del ámbito de decisión del legislador, en este caso respecto delpersonal laboral de las administraciones públicas”.4. Tres van a ser los preceptos examinados por el CGE, y a cada uno de ellos se dedicanlos fundamentos jurídicos segundo, tercero y cuarto. En primer lugar, se analiza laposible no conformidad al marco constitucional de la prioridad aplicativa máxima delconvenio de empresa recogida en el artículo 14.tres de la Ley 3/2012 que modifica elartículo 84.2 de la LET. Dicha prioridad se extiende también a los convenios colectivospara un grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por “razonesorganizativas o productivas y nominativamente identificadas”, y en síntesis significa losiguiente: la prioridad del convenio de empresa sobre los sectoriales en un ampliolistado de materias, la imposibilidad de las organizaciones sindicales y empresarialesmás representativas que pueden negociar convenios y acuerdos para ordenar laestructura de la negociación, de disponer de esta prioridad aplicativa (la norma, es pues,de derecho necesario absoluto, inmodificable por voluntad de las partes), y laposibilidad – incorporada en la tramitación parlamentaria- de que ese convenio deempresa se negocie “en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos deámbito superior”. 3
  4. 4. Esta reforma de la regulación, ya existente en el RDL 3/2012 y ampliada con la Ley3/2012 afecta, reconoce el Dictamen, “a un aspecto relevante de la negociacióncolectiva”, recordando que la potenciación del convenio de empresa ya estaba previstapor el RDL 10/2011 de 26 de agosto (remito a las personas interesadas a la lectura de mientrada sobre esta norma) si bien la misma “condicionaba entonces la prioridad delconvenio de empresa al hecho de que los convenios de ámbitos más generales noestablecieran lo contrario”. De acuerdo a la solicitud formulada, el dictamen analiza laadecuación del precepto al derecho constitucional a la negociación colectiva del artículo37.1 de la Constitución (contenido fundamental, no se olvide, del derecho fundamentalde libertad sindical recogido en el artículo 28.1 CE, tal como ha reiterado el TribunalConstitucional en numerosas sentencias desde 1984).El Dictamen pasa revista a la regulación legal de los sujetos legitimados para negociarrecogida en el artículo 87 de la LET y sitúa a todos los convenios en el ámbito deprotección del art. 37.1 CE. A continuación manifiesta, de acuerdo con la doctrina delTC, y tal como ya he apuntado con anterioridad, que este derecho forma parte delcontenido esencial del de libertad sindical, pero a continuación acude a una muy lejanasentencia del TC, número 118/1983 de 13 de diciembre (anterior, por cierto, a laconsolidación de la doctrina del TC sobre la importancia que adquiere el ejercicio delderecho de negociación colectiva como plasmación concreta del de libertad sindical)que se refiere al “amplio reconocimiento de los titulares de los derechos colectivoslaborales”; se apoya en el Convenio número 135 de la OIT, relativo a la protección yfacilidades quedeben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa, ya la amplitud con que el artículo regula quienes pueden ser representantes de lostrabajadores, designados por las organizaciones sindicales o por los propios trabajadoresde la empresa, (por cierto, el artículo 5, no citado ni utilizado en el Dictamen, enfatizaque “Cuando en una misma empresa existan representantes sindicales y representanteselectos, habrán de adoptarse medidas apropiadas, si fuese necesario, para garantizar quela existencia de representantes electos no se utilice en menoscabo de la posición de lossindicatos interesados o de sus representantes y para fomentar la colaboración en todoasunto pertinente entre los representantes electos y los sindicatos interesados y susrepresentantes” , lo que es una clara manifestación de la prevalencia que la OIT otorga ala representación sindical); en fin, concluye, en un breve párrafo de siete líneas, que elcambio producido en el marco normativo por la regulación de la prioridad aplicativa delconvenio de empresa no puede llevar a sostener que vulnere el derecho a la negociacióncolectiva, “ya que no impide las facultades de negociación colectiva que la Constituciónatribuye a las representaciones sindicales, ni tampoco afecta al carácter vinculante delos convenios”.Frente a este razonamiento muy formalista del CGE cabe decir que a mi parecer sí selimita el derecho de negociación colectiva de los sindicatos desde su encaje con el delibertad sindical, y que la no vulneración formal de la fuerza vinculante de losconvenios puede ser cierta pero dicha fuerza queda muy debilitada en la práctica por laposibilidad que otorga la ley de modificar la estructura de la negociación y separarse delconvenio sectorial vigente para pactar uno de empresa (por no hablar, aunqueciertamente esta no es una cuestión que debía ser abordada por el Dictamen en estepunto, de la pérdida del carácter vinculante cuando haya una decisión unilateral delempleador que puede acabar en un texto impuesto por un tercero ajeno a las partes). Laimposibilidad de disponer por los agentes sociales de la prioridad aplicativa del 4
  5. 5. convenio colectivo de empresa limita claramente el derecho fundamental de libertadsindical.Tal como se expone en el escrito presentado por UGT y CC OO en el que se pedíalainterposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el RDL 3/2012, peticiónque ha sido reiterada tras la entrada en vigor de la Ley 3/2012, “en la medida en queesta prioridad aplicativa se declara como indisponible por los acuerdosinterprofesionales o por los convenios o acuerdos colectivos sectoriales de ámbitoestatal o autonómico, la decisión condiciona uno de los elementos más relevantes detodo sistema negocial, cual es el relativo a su estructura; esto es, a la determinación delos niveles donde se negocia, cuya general ordenación queda ahora clausurada a laautonomía negocial”. En efecto, y sigo con la argumentación de dicho escrito, “Laconexión entre la prohibición establecida en el último párrafo del art. 84.2 ET y lalibertad sindical es manifiesta e irrebatible. En la medida en que los acuerdosinterprofesionales o los convenios y acuerdos sectoriales solamente pueden serpactados, en representación de los trabajadores, por organizaciones sindicales, laimposibilidad de que a través de esta vía se pueda disponer de la regla que confiere unapreferencia de paso absoluta al convenio colectivo constituye una violación del art. 28.1CE; esto es, vulnera de manera frontal la libertad sindical. En otras palabras, laprivación a los sindicatos más representativos y representativos de sector de la facultadde negociar de manera plena con los agentes económicos la estructura contractual,fijando en qué niveles puede o no abrirse el trato contractual y definiendo las reglas parasustancias los eventuales conflictos de concurrencia constituye un grave impedimento uobstáculo para el ejercicio de la acción sindical que, al estar privado de fundamentoconstitucional, ha de calificarse como contrario a la libertad sindical y, por lo mismo,anularse”.5. El Dictamen se detiene en el fundamento jurídico tercero en la nueva regulación deldespido colectivo prevista en el artículo 18.3 de la Ley 3/2012 y que da nueva redacciónal artículo 51 de la LET. Se recuerda que el CGE ya se pronunció sobre la supresión dela autorización administrativa laboral, desde la perspectiva competencial de laGeneralitat en materia de relaciones laborales (artículo 170.2 del EAC), que a su juiciono vulnera competencias autonómicas por haberse dictado al amparo del títulocompetencial exclusivo del Estado en materia de legislación laboral, por lo que dichasupresión “es también una decisión del legislador que no comporta vulneración de lascompetencias autonómicas de la Generalitat”.En concreto, y a partir de la solicitud, analiza si se vulnera el artículo 35 CE sobre elderecho al trabajo y el art. 24 sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que losdiputados socialistas solicitantes del Dictamen cuestionaban que la reforma laboralcontemple “una causa justa para la extinción del contrato” y que pueda recurrirse contrala decisión empresarial si no se conocen los argumentos que han llevado a la empresa aadoptar la decisión extintiva. Por ello, el Dictamen analiza en primer término si ladelimitación de las causas objetivas del despido colectivo, en la redacción dada por lareforma laboral (de la que ha desaparecido, recuerdo yo ahora, al menos formalmente, lavinculación entre la decisión empresarial y su razonabilidad y proporcionalidad paraobtener el resultado perseguido) “es respetuosa con el derecho al trabajo garantizado porel artículo 35 CE”. El análisis que realiza en este punto el Dictamen es mucho másdetallado que en el anterior, y presumo que probablemente es así por encontrarse más a 5
  6. 6. gusto, por sus conocimientos, los miembros del CGE, al analizar el marcoconstitucional del derecho a la tutela judicial efectiva.El Dictamen efectúa, en primer término, un breve repaso en la historia de la normativalaboral española sobre el concepto de despido por circunstancias económicas negativas,antes de centrar su atención en el actual artículo 51 de la LET, para concluir que sí sedefinen la causas y que por ello no hay vulneración del art. 35 CE, no sin antes poner demanifiesto, y estos es lo que hay que destacar, que cualquiera que sea la fórmula legalque el legislador utilice para caracterizar las causas objetivas, “lo más relevante es elnexo causal entre los supuestos de hecho definidos y los despidos que se llevan aefecto”, y que, aún más importante a mi entender, la justificación del despido “requiereel examen del eslabón que une la situación de la empresa con la dimensión del despidocolectivo”, remitiendo una mayor concreción de esta importante tesis al análisis de laposible vulneración del art. 24 CE.El Dictamen se interroga sobre la realidad de la afirmación contenida en la solicitud delos diputados socialistas sobre los límites que la nueva normativa pone a las autoridadesjudiciales para conocer de forma completa la situación económica de la empresa quejustifica, a su juicio, los despidos, límites que aparecen tanto en el texto articulado comoen el preámbulo de ley. Sobre mi valoración de dicho preámbulo, que no ha sufridoalteración de fondo con respecto al del RDL 3/2012, remito a mi primer análisis de lareforma laboral. Baste recordar ahora que “con un lenguaje que dista mucho a miparecer de lo que deber ser un análisis jurídico, en el preámbulo de la norma se críticaque los tribunales, con arreglo a la normativa anterior, “ realizasen, en numerosasocasiones, juicios de oportunidad relativos a la gestión de la empresa” y se afirma conarrogancia no exenta de un punto de excesiva ilusión sobre la claridad de la norma que“Ahora queda claro que el control judicial de estos despidos debe ceñirse a unavaloración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas”.Una de cal y otra de arena. Sorprendentemente a mi parecer, el CGE cree que ladesaparición de la referencia a la razonabilidad de la causa no es contraria a derecho,más exactamente del art. 24 CE, ya que “constituye una opción legítima del legislador elhecho de acotar con una mayor precisión y certeza de la delimitación de esta causa”;pero, la preocupación que genera esta tesis del CGE se corregirá por la siguienteafirmación de que la supresión “no reduce el margen de apreciación de la causa, ya queel juez puede ejercer su función constitucional plenamente” y remite, como en lasbuenas novelas y series televisivas de intriga, a lo que dirá más adelante.El CGE sí cree, y comparto su parecer, que del preámbulo parece deducirse (yo no lodeduzco, lo afirmo) la supresión de la obligada (¿para quién) conexión entre la causaeconómica y la real dimensión del despido, es decir una actuación empresarial acordetanto al principio de razonabilidad como de proporcionalidad, pero rechaza que estatesis puede llevarse a efecto por la falta de valor normativo de los preámbulos, aunque síinterpretativo tal como ha reconocido el TC. El Dictamen realiza una interpretación dela norma enjuiciada, art. 51 LET, “muy constitucional” en cuanto que recuerda que lasresoluciones judiciales deben ser motivadas (art. 117.3 CE) y que para poder motivarlasel juzgador debe tener conocimiento de todos los datos que permiten resolverjurídicamente el conflicto. Se apoya en la jurisprudencia anterior a la reforma de lasSalas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo del TS sobre la necesidad deprueba e identificación por parte de la empresa de las causas del despido (justamente lo 6
  7. 7. que pretende cambiar la reforma laboral a mi parecer), y se apoya igualmente en lasposibilidades de impugnación de la decisión extintiva que permite el art. 124(modificado) de la Ley 36/2011 de 10 de octubre (modificada), reguladora delajurisdicción social, con mención expresa, e importante, a la declaración de nulidad deldespido por “no acreditar la causa legal alegada”.Recuérdese, incidentalmente, la preocupación que esa causa de nulidad levantó enámbitos empresariales, y el intento de Convergència i Unió de “aguar” los efectos de ladecisión empresarial de rechazo de los despidos por la vía de reconocer sólo suimprocedencia y no su nulidad, tesis rechazada en el Senado ante la falta de acuerdo conel grupo popular.En conclusión, el Dictamen rechaza que la norma vulnere el art. 24 CE….. siempre ycuando que se interprete, o al menos así me lo parece, de la manera que justamente nodesea el legislador (tesis de dicho legislador también rechazada en la gran mayoría delas sentencias dictadas hasta la fecha por los Tribunales Superiores de Justicia y laAudiencia Nacional, con la única excepción de una sentencia del TSJ de Galicia, a lasque he dedicado especial atención en otraentrada del blog): es decir, relacionando lasituación de la empresa con el efecto que produce el despido, y afirmando de formacategórica, e intuyo que esta tesis será utilizada en buena parte de los litigios que sesusciten en la comunidad autónoma catalana, que la nueva regulación “no interfiere enla función del juez que en ejercicio de su potestad jurisdiccional, ha de hacer efectivo elderecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en este caso del trabajadordespedido”.Por tanto, el juzgador ha de continuar examinando, con criterios de razonabilidad yproporcionalidad, “la relación entre la situación económica esgrimida y la dimensión deldespido colectivo”, defendiendo la interpretación de la norma más acorde a la CE(supongo que el CGE se refiere al pleno ejercicio de sus derechos) y concluyendo deforma tajante que la vulneración alegada del art. 24.1 CE no se produce porque el juez,cuando dicta una resolución sobre despidos colectivos basada en una causa objetiva, “hade verificar la concurrencia de los supuestos de hecho, así como también la conexiónentre estos y su incidencia en el despido”.Insisto, poco podían pensar los redactores, y los ideólogos, de la reforma laboral que lostribunales y ahora el CGE iban a dar la vuelta a sus tesis como si se tratara de uncalcetín; eso sí, y además para preocupación de los antes citados, con sólidosargumentos jurídicos de corte constitucional y legal. En cualquier caso, habrá queesperar a las sentencias del Tribunal Supremo y, en su caso, del TribunalConstitucional.6. El fundamento jurídico cuarto está dedicado a estudiar la posible vulneración de laCE, señaladamente del art. 14, por la nueva regulación incorporada a la reforma,primero por el RDL 3/2012 y mantenida después, con ligeros cambios respecto aprioridades de permanencia en caso de despidos pero sin ninguna modificación respectoa la posibilidad de extinción, que permite aplicar despidos colectivos y despidosobjetivos en las Administraciones Públicas, o más exactamente en todo aquello que seasector público, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 7
  8. 8. Dicha regulación no existía con anterioridad y el CGE recuerda que la jurisprudenciaordinaria había sido mayoritariamente reticente a la aceptación de estas causas parajustificar despidos entre el personal laboral de la Administración. En efecto, así era almenos hasta la entrada en vigor de la reforma, y el escrito de CC OO y UGT al que hehecho referencia con anterioridad efectúa una buena síntesis de la doctrina judicial,poniendo de manifiesto que “En todos los casos, se desprenden con nitidez dos clavespara entender las facultades de reestructuración de plantillas de las AAPP en caso desituaciones críticas o por motivos organizativos: a) La extinción, además de estarsuficientemente acreditada, debe entenderse en sentido “rigurosamente restrictivo en suaplicación”, pues no puede valorarse con una rasero idéntico a la empresa privada que alempleador público, en la medida en que éste está vinculado de forma directa a otrosintereses sociales, públicos y generales. b) En todo caso, la exigencia de conformarformalmente la voluntad de la Administración Pública precisa, a diferencia de laempresarial privada, el respeto de un procedimiento específico al efecto, que son losprevistos y ya referidos, bien para la modificación de puestos en el artículo 15. d)LRFP, bien para la reorganización de plantillas –artículo 69.1 EBEP-“.Aquello sobre lo que ahora debe pronunciarse, y así lo hace el Dictamen en sentidocontrario a la argumentación de los recurrentes, es sobre la diferencia de trato entrefuncionarios públicos y empleados públicos (a los primeros no les es de aplicación lanormativa ahora cuestionada); la inseguridad jurídica contraria al artículo 9.3 de la CEdel concepto “insuficiencia presupuestaria sobrevenida” (ya adelanto que estainseguridad va a quedar solventada, sin debatir ahora sobre la conformidad a derecho desu contenido, por el futuro Real Decreto de desarrollo de la reforma laboral en materiade ERES) ; en fin, la inexistencia de definición de aquello que deba entenderse por“causas productivas”.A) Sobre la presunta vulneración del principio de igualdad del art. 14 CE, el CGE laniega y acude para defender su tesis a la regulación del Estatuto Básico delEmpleadoPúblico, que diferencia a quienes trabajan para la Administración segúntengan una relación estatutaria o un contrato de trabajo, aún cuando las relacioneslaborales que afectan a ambos colectivos cada vez tienen más puntos en común, ytambién a la doctrina del TC con la obligada cita de la Sentencia 99/1987 de 11 dejunio, en la que el Alto Tribunal validó la diferente regulación de los dos colectivosporque así lo permite la Constitución en sus artículos 35.2 y 103.3, por lo que “si ladistinción entre ambos regímenes es una opción constitucionalmente lícita dellegislador, también lo será la diferencia en los elementos configuradores de los mismos,no justificándose por ello la sospecha de arbitrariedad”. Conviene recordar que antes dedicha sentencia el TC ya se había manifestado en ese sentido en diversos autos,destacando a mi parecer el número 42/1986 de 14 de mayo, en el que el TC afirma queno posee competencia alguna para determinar si una relación se encuadra dentro delDerecho Laboral o Administrativo, y que la diferencia entre contratos administrativos ylaborales no puede considerarse contraria al artículo 14 CE ni que produzcadiscriminación alguna, pues “se trata de hecho de características diversas, a las que eslegítimo constitucionalmente que el legislador aplique consecuencias jurídicastambién”.B) Sobre la inseguridad jurídica del concepto de “insuficiencia presupuestariasobrevenida”, el Dictamen responde que estamos en presencia de un cambio legislativoque puede agradar más o menos ciertamente, pero que no afecta al art. 9.3 CE y a los 8
  9. 9. principios recogidos en el mismo. No obstante, el CGE apunta, con buen criterio a mientender, que este concepto necesita de desarrollo reglamentario que concrete “elvolumen de la insuficiencia y el período de tiempo en el que se aprecia, entre otros”,aunque no pierda la oportunidad para manifestar, a modo de obiter dicta procesal que“podemos entender que restricción presupuestaria sobrevenida equivale al agotamiento,antes de lo previsto, de las partidas presupuestarias destinadas a un servicio o actividadde la Administración y funciona como presupuesto de hecho para actuar la previsiónlegal”.Como he indicado con anterioridad, ya existe un proyecto de Real Decreto quedesarrollala regulación de la LET en materia de ERES, y es de prever que sea aprobadodurante el mes de septiembre. Con respecto a qué deba entenderse por insuficienciapresupuestaria sobrevenida, me permito reproducir por su indudable interés el artículo35.2 del proyecto, y llamo la atención de los lectores y lectoras del texto sobre ladeliberada voluntad de ejecutivo de dejar abierta la puerta jurídica a la inclusión deotros supuestos, ya que no puede entenderse de otra forma las expresiones “al menos, yentre otros”.“2. A efectos de las causas del despido colectivo del personal laboral en lasAdministraciones Públicas se entenderá que concurren causas económicas cuando seproduzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida ypersistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. A estosefectos, se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria, al menos y entre otros, enlos siguientes casos:a) Cuando las subvenciones nominativas del Departamento, Consejería, Entidad Local,ente u organismo hayan disminuido, al menos un 10 % con respecto al ejercicioanterior.b) Cuando las trasferencias de capital correspondientes a las entidades citadas en la letraa) hayan disminuido al menos un 10 % con respecto al ejercicio anterior.c) Cuando la aportación presupuestaria al convenio o al contrato programa que tuvieraconcertado el ente, organismo o entidad de que se trate haya disminuido, al menos, un10 % con respecto al ejercicio anterior.d) Cuando se haya adoptado un acuerdo de no disponibilidad que afecte alDepartamento, Consejería, Entidad Local, ente u organismo de que se trate.Se entenderá que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros,en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público oactividad de interés general de que se trate.Se entenderá que concurren causas organizativas cuando se produzcan cambios, entreotros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al serviciopúblico o actividad de interés general”.C) Por último, y respondiendo a la crítica de la inexistencia del concepto de causasproductivas, aún cuando se acepta por el legislador que pueden ser consideradas paradespidos colectivos, el Dictamen reconoce que dicha definición no existe, pero que 9
  10. 10. estamos más en presencia de una mala técnica legislativa que de una incorrecciónjurídica y que no vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica, que quedasalvado para el CGE mediante una interpretación integradora de la nueva disposiciónvigésima de la LET con el art. 51 del mismo texto legal, de tal manera que, donde eneste precepto se habla de empresa, bastará con sustituir esta palabra por la expresión“ente, organismo o entidad” del sector público, que son los términos utilizados en ladisposición adicional.6. Concluyo reiterando que la lectura del Dictamen 10/2012 debe hacerse teniendopresente que el CGE ya se pronunció el mes de abril sobre la reforma laboral (versiónRDL 3/2012) y que gran parte de su contenido sigue siendo plenamente válido. Y conrespecto a mi comentario, pido también que se tenga en consideración el efectuadosobre el Dictamen 5/2012 y al que me remito también para quien desee profundizar enel estudio. En cualquier caso, buena lectura de todos los Dictámenes y comentarios. 10

×