Comentario de la compleja sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el expediente de regulación de empleo de TeleMadrid.
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Comentario de la compleja sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el expediente de regulación de empleo de TeleMadrid. Comentario de la compleja sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el expediente de regulación de empleo de TeleMadrid. Document Transcript

  • Comentario de la compleja sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madriden el Expediente de Regulación de Empleo de TeleMadrid.Eduardo Rojo Torrecilla. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Socialde la Universidad Autónoma de Barcelona.11 de abril de 2013.Texto publicado en el blog del autor http://www.eduardorojotorrecilla.es/1. El pasado martes, 9 de abril, el TSJ de Madrid hizo pública la sentencia dictada conocasión de las demandas por impugnación de despidos colectivos interpuestas por laFederación Regional de Servicios UGT-Madrid, Federación de Servicios a la Ciudaníade CC OO, y la Confederación General del Trabajo, contra el Ente Público RadioTelevisión Madrid, Televisión Autonomía Madrid SA y Radio Autonomía Madrid SA.Se trata del conflicto conocido más coloquialmente como “el ERE de Telemadrid”, quesupuso el despido por parte de la empresa de 925 trabajadores. El fallo de la sentenciaes el siguiente: “declaramos no ajustada a derecho la decisión empresarial de extinciónde 925 contratos de trabajo del Ente y sus sociedades, condenando a las partes a estar ypasar por esta declaración”. Recuerdo aquí que a 30 de noviembre de 2012 la plantillatotal era de 1161 trabajadores, de los que 967 pertenecían a Televisión AutonomíaMadrid.Se trata de la sentencia número sesenta de las dictadas por las Salas de lo Social de laAudiencia Nacional y de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justiciaque resuelven demandas interpuestas en materia de expedientes de regulación deempleo de extinción de contratos, hasta donde mi conocimiento alcanza. Todas ellas,menos tres hasta el momento, han sido objeto de comentario en mi blog.La amplísima difusión mediática de este conflicto me permite remitirme a las redessociales para quien desee analizar con detalle su impacto social, y al que también me hereferido en otros comentarios. El propósito de este entrada del blog es más sencillo:apuntar algunos de los contenidos más destacados a mi parecer de esta complejasentencia de 60 páginas, que el magistrado del TSJ de Catalunya y director de la revistaJurisdicción Social, Miquel Ángel Falguera, ha tenido la amabilidad de enviarme; ydigo compleja porque últimamente, y en este caso aún más, los tribunales laboralesestán teniendo que realizar complicados análisis económicos en sus resoluciones parapoder llegar a una conclusión jurídica determinada, tarea de la que están saliendo conbuena puntuación a mi entender.2. La petición de las demandantes fue la declaración de nulidad de los despidos llevadoscabo por el Ente y sus sociedades, y de manera subsidiaria la declaración de que no seajustaron a derecho. En los hechos probados se pasa revista a la naturaleza jurídica delente público RTVM y las dos sociedades, de televisión y radio, a través de las quedesarrolla su actividad, y queda constancia de cómo se financian, mediante lasaportaciones de la Comunidad, la comercialización y venta de productos, y lapublicidad. La decisión empresarial de extinguir los contratos guarda relación 1
  • justamente con la financiación, y más exactamente, por la reducción los ingresoscomerciales y de la aportación pública.En el hecho probado sexto se recoge con claridad la causa objetiva económica de losdespidos, concretada en la insuficiencia presupuestaria, “determinada por la reducciónde los ingresos comerciales, centrados sobre todo en la sociedad de Radio TelevisiónMadrid y de las partidas públicas con la que se financia el Ente, teniendo en cuenta queademás presenta, como gasto asumido, un alto grado de endeudamiento con entidadesfinancieras, a las que ha acudido en los últimos años como consecuencia de superarsistemáticamente, los ingresos con gastos no previstos en el presupuesto”. De los datosrecogidos en la sentencia cabe destacar la reducción de 79 a casi 71 millones de eurosde la aportación pública al presupuesto de 2012 a 2013, y la previsión de ingresos porpublicidad para este año de 15 millones, frente a los 19 de 2012 y más de 22 en 2011.Otro dato especialmente relevante es la deuda que tiene la ahora parte demandada conentidades de crédito, que a 31 de diciembre de 2012 es de más de 261 millones de euros,de los que casi 132 vencen este año. En cuanto a la reducción de costes de personaldurante el período de años anteriores, sólo consta acreditada la reducción de gastos porhaberse reducido la contratación de personal temporal durante los años 2007 a 2011. Lacausa económica alegada por la empresa se sustenta en un estudio realizado por laempresa Deloitte y en cuyas conclusiones, según los hechos probados de la sentencia,“se pone de manifiesto que el modelo empresarial actual no es viable” y como propuesta“se propone reducir los costes asociados a programas que se tienen que reducir en líneacon los contenidos de nuevas parrillas que también se proponen”. La propuesta pasa porla reducción de la producción propia y ampliar la producción externa con un menorcoste, y ello genera lógicamente, siempre según esa tesis, la necesidad de externalizarservicios.Suele haber una cierta opacidad sobre los costes salariales del personal excluido deconvenio, no sólo en este caso que ahora estoy analizando, sino también en buena partede grandes empresas. El interés de la lectura de los hechos probados radica ahorajustamente en que por una vez se puede disponer de esta información siquiera sea deforma agregada, a 31 de diciembre de 2011, para poder compararla con los datossiempre públicos y disponibles de personal acogido a convenio, cuyo montante salarialtotal (gasto de personal) es de 37.434.279,49 de euros. Hay 100 personas excluidas deconvenio cuyo gasto asciende a 4.521.817,67 euros, mientras que el de las 12 personasque forman el comité de dirección asciende a 1.058.223,73 euros. Todo ello suma untotal de 43.014.320,89 euros en concepto de cuantía de gastos de sueldos y salarios.Según la propuesta de la empresa, la externalización de parte de su actividad, mediantela suscripción de acuerdos con diversos proveedores, supondría un ahorro mensual decostes de más de 423.000 euros, si bien consta en el hecho probado octavo que “no seha podido constatar fehacientemente” la tesis defendida por la empresa.3. Con fecha 5 de diciembre se inició la tramitación legal del despido, con lacomunicación de inicio del período de consultas, con la presencia en la reunión, arequerimiento empresarial, de un Notario, “con el objeto de tomar nota de los asistentesy recoger sus manifestaciones”. A partir de la reunión del día 13, y a petición de la parteempresarial, participó en el seguimiento de las negociaciones un miembro de laInspección de Trabajo y Seguridad Social. Dicha posibilidad está expresamentecontemplada en el art. 10.2 del Real Decreto1483/2012: “La autoridad laboral podrárealizar durante el periodo de consultas, a petición de cualquiera de las partes, o por 2
  • propia iniciativa, actuaciones de asistencia. En especial, podrá dirigir a las partespropuestas y recomendaciones sobre las medidas sociales de acompañamiento y, en sucaso, sobre el contenido e implantación del plan de recolocación externa, teniendo encuenta la situación económica de la empresa”.Sigo con los hechos probados, en los que se da debida cuenta de toda la documentaciónaportada por la parte empresarial con ocasión del inicio del expediente, así comotambién de que la se ha ido entregando por ambas partes durante el período deconsultas. Es de especial interés la cuidada relación de todas las propuestas presentadaspor la representación de los trabajadores, que partían de la premisa de que era“desproporcionada” la extinción de contratos del 96 % de la plantilla, y también de que“el cumplimiento del presupuesto se tendría que constatar a finales de 2013”. En cuantoa los criterios de selección del personal afectado por el ERE, consta acreditado que serealizó por las respectivas Direcciones y que no se planteó inicialmente cuáles debíanser las personas afectadas, si bien en general se asumió que deberían extinguirse loscontratos de aquellas personas cuya actividad pasaría a ser desempeñada por unaproductora externa una vez externalizado el servicio. En cuanto a los departamentos oáreas sólo afectadas parcialmente por ese proceso, se acordaron aplicar criterios de“capacidad e idoneidad de gestión”, concretados en la comunicación final empresarial yque pasan por conceder prioridad en el mantenimiento del empleo a quienes aportaran“valor añadido” al ente público, un concepto que lógicamente guardará relación con laimagen que la dirección desea que se tenga de la empresa ante la sociedad, no tomandoen consideración ni el criterio de antigüedad ni el de forma de ingreso. La extinciónafectó a varios miembros de los comités de empresa y a delegados sindicales, y deforma sorprendente, por decirlo de alguna manera ya que parece que quedan claras lasopciones de la empresa al adoptar esta medida, el personal fijo fue el más afectado porel ERE, “resultando menos afectados los (trabajadores) temporales y los cargos de libredesignación”.Por consiguiente, la decisión final se tomó por “--- La imagen que para RTVM eltrabajador pueda suponer. - La especial significación, aquellos trabajadores que, aunquesu imagen no se asocie a RTVM, sea una figura destacada dentro de la comunicacióny/o periodismo. - El valor o desarrollo organizativo de cada uno de los trabajadores. - Elvalor o desarrollo de la gestión de los mismos, teniendo en cuenta criterios deefectividad y calidad.”. Reconozco que hay ser un buen especialista en la materia parasaber cómo aplicar estos criterios, pero sí afirmo desde la perspectiva jurídica que abrenla puerta para, bajo la apariencia de una actuación objetiva, encubrir actuacionesclaramente discriminatorias.4. ¡Bueno, ya hemos llegado a la página 29 de la sentencia, pero todavía quedan porcomentar los contenidos jurídicos más destacados recogidos en los fundamentos dederecho!A) En primer lugar tiene especial importancia delimitar cuál es la naturaleza jurídica delente público demandado, ya que se suscitó discrepancia entre las partes respecto a lamisma, defendiendo las demandantes la aplicación del art. 3.2 de la Ley de contratos delsector público y entendiendo que tenían la consideración de Administración Pública,mientras que las demandadas planteaban su inclusión en el art. 3.1 h), es decir porformar parte del sector público en general y no de las AA PP en particular(“Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que 3 View slide
  • hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general queno tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetospertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen sugestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración,dirección o vigilancia)”, diferencia importante ciertamente por la distintadocumentación que debe aportarse con ocasión de la presentación de un ERE según lodispuesto en el art. 34.3 del RD 1483/2012. La sentencia, después de un estudio de ladoctrina jurisprudencial, acoge la tesis de la parte demandada, poniendo de manifiestoque el conflicto versa sobre una sociedad mercantil, el ente público RTVM, “creadapara satisfacer necesidades de interés general, incluida en el sector público, cuyo objetoes prestar un servicio público de radio y televisión en la Comunidad de Madrid”.B) La sentencia se detiene a continuación sobre la legitimación de un grupo de empresaspara instar un despido colectivo, legitimación que, recuerdo, ha sido aceptada ya por laSala de lo Social de la Audiencia Nacional y también por algún TSJ. El Tribunal deMadrid pasa revista a la jurisprudencia del TS y a las características que se predicancomo necesarias para acreditar la existencia de ese grupo a efectos laborales, tales como“funcionamiento integrado o unitario”, “prestación de trabajo indistinta o común,simultánea o sucesiva, a favor de varios empresarios”, “confusión de plantillas,confusión de patrimonios, apariencia externa de unidad empresarial y unidad dedirección”. La Sala recuerda, y así también lo había hecho la AN, que no hay unareferencia expresa al grupo, ni en la normativa europea ni en la estatal, como sujetonegociador, pero que sí puede ocurrir que la realidad empresarial del grupo acerque aéste a la noción de empresario “de la que se parte tanto en la directiva como en elEstatuto de los trabajadores y en el Reglamento de despidos colectivos”, y que si se danlas notas antes citadas estaremos ante un supuesto claro de grupo de empresas a efectoslaborales, tal como ocurre en el litigio enjuiciado. La sala aporta, además, otroargumento interesante en apoyo de su aceptación del grupo de empresas como sujetoque presenta el ERE, ya que “además de los requisitos jurisprudencialmente exigidos ellegislador ha querido que los Grupos de Empresa puedan ser ámbito de la negociacióncolectiva, lo que en cierta forma facilita también las negociaciones globales en casos decausa económica afectante a todas las empresas del grupo”.C) En el fundamento cuarto se analiza la conformidad a derecho del cumplimiento delos requisitos respecto a la documentación a presentar, ya que la parte demandante alegaincumplimiento del art. 124.9.3ª de la Ley reguladora de la jurisdicciónsocial, y porconsiguiente también incumplimiento del art. 51.2 de la LET, si bien la Sala no secentra sólo en aspectos formales, en los que entenderá la actuación empresarial ajustadaa la normativa, sino que también formula valoraciones sobre los datos económicosaportados por la empresa y que deben ponerse en relación con la falta defundamentación de la causa económica que llevará a la Sala a considerar no ajustado aderecho el ERE.Como digo, la Sala asume que la empresa ha aportado la documentación económica a laque estaba obligada, y que de la misma se deduce que su situación económica esnegativa y que “se prolonga más de los tres meses que se exigen por la norma para tenerpor consolidada dicha situación”, y valora que el nivel de gasto “se ha mantenidosobredimensionado en relación con las aportaciones reales por actividad propia unida alas aportaciones públicas”, sin que quede fehacientemente probado los motivos de ello, 4 View slide
  • y sólo apuntando ahora que “dejaremos para la fundamentación jurídica y valoración dela causa el criterio y la consecuencia jurídica que ello nos merece”.D) Una cuestión que suscitó especial debate en sede judicial fue la argumentación de lasdemandantes sobre la falta de buena fe por parte de la demandada, tanto en lanegociación previa como durante el período propiamente dicho de consultas, de la queme interesa ahora destacar, por su impacto sobre la resolución final, la tesis del abuso dederecho por parte empresarial por considerar que, aunque se acepte la difícil situacióneconómica de la empresa, la decisión de despedir a un 80 % de la plantilla por unareducción del 5 % en las partidas presupuestarias sería desproporcionada, “al no guardaradecuada relación entre las causas y las medidas resultantes”, y esta actuaciónempresarial se consideraba “abusiva y contraria al Convenio 158 de la OIT”.En este punto la Sala realiza un estudio doctrinal de los conceptos jurídicos citados ycuyo cumplimiento se ha puesto en tela de juicio por las demandantes, con obligadamención a los correspondientes preceptos del Código Civil y referencia a cómo han sidointerpretados por la doctrina civilista, echando en falta por mi parte que no se hagamención algunas a las excelentes aportaciones doctrinales de la doctrina iuslaboralistasobre la materia. A partir del estudio y construcción teórica, la Sala no entiendedebidamente acreditado por los demandantes los incumplimientos alegados, y pone demanifiesto que la extremadamente difícil situación que existía durante el procesonegociador hace imposible llegar a la conclusión de incumplimiento, afirmando que“Hemos de convenir que, en situación de conflicto activo, es difícil valorar la existenciade la alegada buena fe tanto en acciones, como en omisiones que están entroncadas en elconflicto mismo y que son la consecuencia de procesos previos, ya largos y de causasanteriores no resueltas, que no han sido tratadas con este criterio ni con ningún otro,salvo la pura oportunidad, antes de que obligadamente las partes implicadas se tuvieranque sentar en una mesa negociadora ,obligadas por la ley, para conseguir un fin queprobablemente nadie quiera”. Nuevamente he de destacar la importancia de las actas delas reuniones, porque su contenido es unos de los argumentos de la Sala para rechazar elpresunto incumplimiento empresarial.No obstante, la lectura del fundamento jurídico quinto es compleja, porque en algúnmomento a mi parecer la Sala reconoce que la actuación empresarial no ha respetado labuena fe, tal como alegan los demandantes, y en concreto con respecto a la contratacióncon empresas externas para realizar una parte importante de su actividad, al haberalegado que “era provisional”. A partir de los datos recogidos en los hechos probadossobre el coste de los servicios, y el hecho acreditado de que la partida que descompensael balance “viene determinada por la cantidad que se arrastra de deuda, 261.389.493millones de euros, de los cuales 131.739.783 vencen este año”, la Sala afirma conrotundidad, y con consecuencia finales en el fallo, que no puede aceptar que la citadacontratación con empresas externas para la prestación de servicios sea provisional,argumentando que “Será provisional con quién, pero no puede serlo el porqué, si semantiene como tesis causal la externalización de los servicios que EPRTM consideróexternalizables en su propuesta de reducción de gasto para obtener el obligadoequilibrio financiero en 2013”.E) Se detiene la sentencia en la alegación de nulidad efectuada por inexistencia dellistado de trabajadores afectados por el ERE, y pasa revista a las obligaciones fijadas en 5
  • la normativa legal y reglamentaria estatal durante el período de consultas, consistentesen aportar los “criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadoresafectados”, recordando la estrecha relación de la normativa interna con la Directivaeuropea de 1998 sobre despidos colectivos y el deber de información impuesto alempresario para posibilitar que el período de consultas se desarrolle de forma eficaz.La Sala recuerda que esa documentación se aportó, y que fue después en lacomunicación final cuando se “redefinen” y se acaban de concretar, siendo los de “laimagen, la especial significación del trabajador, el valor o desarrollo organizativo o degestión que hemos de entender se refieren a cargo de organización o gestión”. La Salaestudia si estos criterios cumplen con los requisitos de idoneidad y suficiencia a los queantes se ha referido, y tomando en consideración la importancia de la decisión en loscorrespondientes ámbitos departamentales de la empresa. La Sala, que parece moverse,y puedo entenderlo perfectamente, con “pies de plomo” en una cuestión en donde secombina el dato jurídico con unas determinadas estrategias empresariales, afirma que nopuede afirmarse que no se haya cumplido por la empresa con los requisitos formales, yque “no cabe concluir” (vuelvo a insistir en la prudencia de la Sala al tener que adoptaruna decisión) “que estos criterios resulten, a priori, discriminatorios por alguna de lascausas previstas en el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores y la decisión de laempresa, adoptada al amparo de estos criterios, resulta ajustada a derecho”.Y sin embargo, no es esa conclusión la que creo que pueda deducirse de las propiapalabras de la sentencia poco antes, cuando afirma con toda claridad, y tiene toda larazón ya que el debate planteado en sede jurídica debe resolverse con arreglo a derechopero la cuestión debatida es mucho más que un mero conflicto jurídico ya que gira sobreun cambio sustancial en la gestión y estructura organizativa de la empresa, que losargumentos utilizados por la empresa para seleccionar a los trabajadores afectados nosólo (y yo diría que bastante poco) guardan relación con la justificación objetiva de laextinción del puesto de trabajo del trabajador afectado, sino mucho más con ese cambiode modelo que defiende la empresa y que apoya a efectos económicos y jurídicos en losInformes elaborados por Deloitte.Y fíjense si es claro lo que dice la sentencia cuando argumenta que el auténticoelemento causal es el cambio de modelo y no cómo afecta la decisión a un determinadopuesto de trabajo, que ello, me parece, no va en la misma línea de la conclusiónexpuesta poco más adelante en la sentencia, y que sin duda será uno de los argumentosque las partes demandantes utilizarán en el Recurso de Casación que ya ha sidoanunciado (y que también será interpuesto por la empresa). Conviene leer con atencióneste párrafo: “3.- Se dice literalmente que el criterio de extinción de los contratos estávinculado no a la “causa”, sino a la capacidad e idoneidad de gestión y mantenimientode la estructura organizativa. Incidimos en este argumento causal porque son estos doselementos la “capacidad e idoneidad de la gestión” y “el mantenimiento de unaestructura organizativa, los que entendemos vienen a distorsionar el cumplimiento delrequisito causal justificativo del despido, e inciden en el requisito de elección detrabajadores que estamos examinando, y ello, porque se trata de dos elementos que noinciden en el contrato, y por lo tanto en la causa económica que examinamos, inciden enla gestión, organización y dirección del Ente”.F) De menor importancia a mi parecer, pero desde luego hay que agradecer el esfuerzode la Sala por ir analizando punto por punto todas las alegaciones de las partes 6
  • demandantes, es el análisis de la falta de suscripción de un convenio especial con laSeguridad Social, que en ningún caso se recoge como causa de nulidad del ERE y quesólo se puede cumplir cuando se conoce la relación de personal afectado; o sobre el nocumplimiento de la regla de prioridad de permanencia del personal laboral fijo, ya quedicha regla va referida al personal afectado por un ERE en las AdministracionesPúblicas, y la Sala ha entendido que la normativa aplicable al ente RTVM es la delsector público; en cuanto a la recolocación externa, la Sala concluye, a partir de loshechos probados, que sí se ha presentado y que se ha ido ajustando durante el procesonegociador, y que además su incumplimiento no se incluye entre las causas de nulidaddel ERE.Sobre los costes salariales, que la empresa considera una parte fundamental de su plande reducción de gastos para conseguir la estabilidad presupuestaria a la que estáobligada por imperativo legal, la Sala no cuestiona que sean elevados pero centra suatención en la recurrente argumentación de las partes demandantes sobre la inexistenciade una situación presupuestaria sobrevenida (requerida por la normativa) y que aquelloque ocurre realmente es “una insuficiencia presupuestaria estructural que se ha venidocubriendo con aportaciones extraordinarias” en años anteriores, y a partir de todos losdatos económicos disponibles concluye que esa tesis “resulta plenamente acreditada”,algo que tendrá una incidencia indudable sobre la resolución adoptada por la Sala.En fin, sobre algunas alegaciones sobre una sucesión empresarial expuesta por la CGTque se produciría con ocasión de la contratación a proveedores externos que heanalizado con anterioridad, la Sala procede a un estudio teórico muy interesante de lanormativa comunitaria y estatal sobre transmisión de empresas, para concluir que no haexistido cambio de titularidad de la empresa, “ya que ese cambio de titularidad nopodría realizarse a través de los contratos o acuerdos (con proveedores)..”, y en cuantoal elemento objetivo la Sala argumenta, con buen criterio a mi parecer que tampocoexiste, “porque según se desprende del relato de hechos probados, se ha transferido laproducción de noticias la recepción de señales, la realización de programas y buenaparte de su soporte material, pero en todo caso, lo que no se ha transferido es unaorganización, un conjunto de medios organizados a un fin y este es el factor objetivonecesario para la aplicación de la Directiva y del art. 44 del E.T”.G) ¡Ya llega! Hemos de esperar a la página 54 para poder leer, y analizar, como abordarla sentencia el fundamento de la causa económica alegada por la empresa, una vezdesestimada todas las argumentaciones de las partes demandantes sobre la declaraciónde nulidad de la decisión empresarial. Veámoslo, pues, con detalle.¿Fundamentación de empresa para extinguir 925 contratos? No se trata de ladisminución persistente de ingresos ordinarios o ventas, sino de la obligación decumplir con el requisito al que está legalmente obligada la empresa de “estabilidadpresupuestaria y sostenibilidad financiera”, vinculado a la “reducción real delpresupuesto” de RTVM al que antes ya me he referido, centrado tanto en la disminuciónde la aportación de la Comunidad madrileña como de la reducción de ingresosderivados de la publicidad, o más exactamente con respecto al primer punto, el quepuede ya constatarse, se trata de una reducción del 5 % de las aportaciones públicaspero que inmediatamente se añade que “en cálculos no concretados, y que recogemoscomo alegación, suponen aproximadamente un 10 % menos de lo otorgado en el año2012”. 7
  • La parte empresarial realiza la interpretación de la reforma laboral que más se ajusta asus intereses y defiende a efectos de poder presentar el ERE que solo requiera acreditar“la antedicha reducción presupuestaria”; es decir, se trataría de acudir a la interpretaciónde la norma que resulta más coherente con la reforma laboral que ha revisado, se afirma,“la definición de las causas para tratar de proporcionar una mayor seguridad a la hora deadoptar las decisiones extintivas y superar las interpretación restrictivas dadas por lajurisprudencia, tras la reforma de 2010”.La necesidad, únicamente, de justificar la antedicha reducción presupuestariaconvertiría a mi parecer a la decisión de la empresa en conforme a derecho basada en undato objetivo recogido en una norma presupuestaria y sin posibilidad alguna deintervención interpretativa por parte de la autoridad judicial, algo que muyprobablemente es lo que pretendió nuestro legislador como ya he explicado ennumerosas ocasiones en este blog al efectuar un análisis crítico de la reforma laboral, ysegún la empresa bastaría con ajustarse al artículo 4.4 del RD 1483/2012 para darcumplimiento a las obligaciones del fondo (“Cuando la situación económica negativaalegada consista en la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas, elempresario deberá aportar, además de la documentación prevista en el apartado 2, ladocumentación fiscal o contable acreditativa de la disminución persistente del nivel deingresos ordinarios o ventas durante, al menos, los tres trimestres consecutivosinmediatamente anteriores a la fecha de la comunicación de inicio del procedimiento dedespido colectivo, así como la documentación fiscal o contable acreditativa de losingresos ordinarios o ventas registrados en los mismos trimestres del añoinmediatamente anterior”).La Sala no acepta esta tesis, aunque lo haga con la prudente afirmación de que “se hande matizar” las alegaciones de la empresa, y sienta una interesante doctrina que a buenseguro será tomada en consideración por las representaciones empresariales y de lostrabajadores en otros ERES presentados en empresas del sector público, y lo hace apartir de una pregunta cuya respuesta va a condicionar sin duda la decisión final, estoes, determinar “si de cualquier situación negativa se puede derivar o, por sí misma,justifica los despidos, o bien, se tienen que valorar, además de hechos propiamentedichos, otras situaciones”.Previamente a la formulación de esa pregunta , la Sala ha dejado constancia de variosdatos, obtenidos a partir de los hechos probados, que contribuirán a dar una respuestaafirmativa a la pregunta desde la óptica de la protección de los derechos de lostrabajadores: que el ente RTVM no sólo se mantiene por las aportacionespresupuestarias; que la reducción del 5 o 10 % del presupuesto para este año “nojustifica la situación de desequilibrio financiero que presentan las cuentas de laEntidad”; o que la empresa no ha sido eficaz en la gestión de los ingresos externos a lasaportaciones públicas.La Sala reconoce que la situación económica de la empresa es negativa (algo tampococuestionado por las representaciones de los trabajadores, habiendo hecho propuestasalgún sindicato, tal como se recoge en hechos probados, de la reducción de plantilla, sibien en un número sensiblemente inferior y con utilización de las vías de accesovoluntario, y no forzado, a dicha extinción), pero que ésta “por sí misma” no basta parajustificar la extinción de un número tan elevado de contratos (925) sobre el total de la 8
  • plantilla de la empresa (1.161). La Sala entiende que debe haber un “plus”, que yocalificaría como respeto al principio de proporcionalidad e idoneidad de la decisión quese adopte, y que justifique que dicha situación, que recuerda muy acertadamente la Salaque “no es nueva” y que “no puede actuar de forma abstracta”, actúe sobre la plantillade la empresa “creando la necesidad de reducir los números de puestos de trabajopropuestos o provocando un ceses total de la actividad, y que las medidas extintivasrespondan a esa necesidad”.La Sala sigue los tres pasos que ya han devenido clásicos en las resoluciones judicialespara determinar la consistencia jurídica del despido, y hago hincapié en lo de “jurídica”porque la Sala, que es perfectamente consciente de la importancia social de la decisiónque adopte, pone de manifiesto la existencia de criterios de todo tipo en la decisiónempresarial y en las argumentaciones sindicales, pero que aquello que puede hacer laSala sólo es jurídico, en cuanto que muchos de ellos, y señaladamente por parteempresarial, se han presentado a “una convalidación judicial que sólo puede y debetener en cuenta criterios jurídicos”.En primer lugar, analizar si queda debidamente acreditada la existencia de una situacióneconómica negativa, y nuevamente reitera la Sala que aquello que ha quedado probadoes “una situación económica de pérdidas”, algo tampoco cuestionado por losdemandantes, pero que no equivale mecánicamente a “situación económica negativa”,porque aquello que pretende la empresa, bajo la apariencia de dar cumplimiento alprincipio de estabilidad presupuestaria, es proceder a una amplia reestructuraciónempresarial que incluye un fuerte proceso de externalización de actividades productivas.Coincido con la Sala en que se trata de una estrategia empresarial cuya viabilidad ointerés puede y debatirse en el ámbito organizativo y con la representación del personal,y que la reducción del presupuesto público para 2013 le lleva a ir en esa dirección, y laSala, que es consciente de que entra en un terreno resbaladizo donde prevalece elmundo económico y el jurídico queda muy diluido, entiende que esa decisiónempresarial puede ser factible, esto es que no cuestiona que se desee realizar unarevisión general de toda la contabilidad y cambiar el sistema de producción, peroinmediatamente añade, en su papel de guardiana del ordenamiento jurídico, que “esto,que cómo decimos, se puede aceptar como planteamiento estratégico y decisiónempresarial, no constituye una causa de extinción de despido colectivo para así eludirlas consecuencias legales que de dicha decisión se derivan”. La Sala refuerza su tesissobre la no equivalencia entre situación de pérdidas y situación económica negativa,poniendo de manifiesto los distintos interrogantes que se han suscitado en el acto deljuicio, y en la documentación aportada, sobre la justificación de ingresos que noproceden de los presupuestos públicos.El segundo requisito a respetar es determinar qué existe un indudable efecto de lasituación económica sobre los concretos contratos de trabajo que se van a extinguir, esdecir demostrar que puede justificar la necesidad de amortización de determinadospuestos de trabajo. Aquí la Sala no formula consideraciones y se remite a lasvaloraciones de cada parte, en el bien entendido que cabe recordar como antes ya habíaformulado críticas a los criterios de selección y a su utilización no desde la lógicajurídica de relación entre la decisión empresarial y el concreto puesto de trabajo aextinguir sino desde un planteamiento puramente económico y vinculado a lareestructuración de la gestión y organización de la empresa, desvinculados pues de lanecesidad de justificarlos para cada extinción individualmente considerada, que las 9
  • medidas adoptadas sean proporcionalmente adecuadas, con criterio de ponderación, a lanecesidad de corregir la situación económica negativa.Último, y no menos importante, es el tercer criterio, la necesaria proporcionalidad yponderación entre la medida adoptada y la necesidad alegada por la empresa paracambiar su situación económica negativa. Pues bien, no de está de más reseñar que unprimer argumento de la Sala para afirmar que la decisión empresarial no respeta esaproporcionalidad y ponderación es el hecho de que la gran mayoría del personalafectado estaba sometido a convenio, mientras que es muchísimo menor el afectado quese encontraba excluido de su aplicación, afirmando que a partir de este dato, de esa“premisa”, “puede llegarse a la conclusión de que el recurso al despido masivo no estájustificado porque la causa no está bien ponderada y el resultado no es razonable a lacausa económica alegada”. No hay correspondencia entre la entidad de las causaseconómicas y el número de extinciones planteados, algo que implica “no causalizar las(extinciones) que resulten desproporcionadas”. Por consiguiente, sí que tiene que habercausa para extinguir uno o muchos contratos, y no basta para justificar la decisión conque se argumente que se trata de una medida racional de la empresa para corregir unasituación económica negativa (o de pérdidas), es decir para corregir “una determinadapatología empresarial”. No hay relación, según la Sala, entre los objetivos perseguidospor la empresa y la medida adoptada.Por fin, la Sala concluye que la idoneidad de la medida no se observa cuando unareducción de un presupuesto público, “que es insuficiente y congénito a un serviciopúblico”, entre un 5 y 10 % lleva a una decisión de tal calado e importancia como laque se adoptó en su momento por la empresa. Observación-afirmación que tiene másimportancia de la que pueda parecer por ser despachada en cuatro líneas, ya quecuestiona con claridad que la estabilidad presupuestaria puede ser siempre, y sin ningúncondicionamiento, una razón que justifique las extinciones contractuales.Buena lectura de esta compleja sentencia. 10