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Por otra parte, para intentar que la inaplicación del convenio no se haga de formaunilateral, se prevé la obligación de pa...
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B) Otras modificaciones propuestas, en la línea de reforzar la intervención de laautoridad administrativa laboral durante ...
A) De tal manera, por ejemplo, se propone modificar el art. 124 de la Ley 36/2011,justamente dedicado a “Despidos colectiv...
nuevo contexto económico y social, requiriendo, por ejemplo, la modificación de lanormativa sobre empleo. Es importante la...
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Análisis de las enmiendas presentadas por Convergència i Unió al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

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  1. 1. Análisis de las enmiendas presentadas por Convergència i Unió al Proyecto de Leyde medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.Eduardo Rojo Torrecilla.Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UniversidadAutónoma de Barcelona.27 de abril de 2012.Texto publicado en el blog del autor. http://eduardorojoblog.blogspot.com.es/1. Tras el examen de las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario popular enuna anterior entrada del blog, toca ahora realizarlo a las de Convergència i Unió, que elgrupo nacionalista catalán ha publicado en la red. Sigo diciendo que es jurídicamentepreocupante que la ciudadanía tenga que esperar muchos días, hasta su publicación en elBoletín Oficial del Congreso de los Diputados, para conocer el parecer de los gruposparlamentarios, salvo que estos decidan publicar los textos en sus páginas web.Afortunadamente, el BOCD publica hoy viernes todas las enmiendas, en un total de¡527 páginas! y ya pueden ser objeto de estudioCiU “ha fet els deures”, es decir sí ha preparado un amplio número de enmiendas alproyecto deley de medidas urgentes de reforma del mercado laboral (procedente delRealDecreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero), y ha fundamentado de forma detallada lamayor parte de las mismas. Por ello, es fácil seguir el hilo conductor de cuáles son losintereses fundamentales que defiende con sus enmiendas, y también qué grupos socialesinciden más sobre esta fuerza política para incorporar sus propuestas al ámbitoparlamentario, que ya les adelanto que son, obviamente a mi parecer, los sectores de laeconomía social y de las personas con discapacidad. Igualmente, se observa conclaridad como algunas enmiendas (el ejemplo más significativo es el referido a laintervención de la administración laboral en expedientes de regulación de empleo, muyespecialmente en el de suspensión de contratos) han sido redactadas por personas queconocen muy directamente, desde la propia Administración (en más de una ocasiónaparece la referencia a la Dirección General de Relaciones Laborales y de Calidad en elTrabajo) las cuestiones prácticas que afectan a los artículos enmendados (cuestióndistinta, ciertamente, es que se esté o no de acuerdo en cómo pretenden resolver losproblemas prácticos planteados, y si las fórmulas elegidas pueden ser válidas ocomplicarían aún más la resolución). Buena parte de las enmiendas son coherentes conlas presentadas en anteriores proyectos normativos de reformas de la legislación laboral,con la lógica adaptación a los rápidos cambios acaecidos en la normativa desde hacepoco más de un año.A diferencia de las enmiendas presentadas por el grupo popular, no hay numeración enla de CiU en el documento con el que he trabajado para preparar esta entrada, por lo queel seguimiento de mi explicación puede ser algo más difícil para los lectores y lectorasdel blog. Por ello, les pido que acuden a la lectura del texto con calma, si bien enbastantes ocasiones el acceso a la enmienda o enmiendas referenciadas serárelativamente fácil dada la extensión que merece en el documento presentado. De todas
  2. 2. formas, y también para facilitar este seguimiento, realizo el comentario por el mismoorden de las enmiendas, y en este caso CiU sí sigue el orden del RDL 3/2012,afortunadamente.En el BOCD, las enmiendas de CiU son las comprendidas entre losnúmeros 359 y 474.Una última observación: efectúo el comentario, forzosamente subjetivo, de aquellasenmiendas y de sus contenidos que me parecen más relevantes para conocer qué aportaCiU a la posible reforma del PL, por lo que sugiero a los lectores y lectoras del blog quelean atentamente todas las enmiendas para realizar su propia valoración al respecto.2. En la Exposición de motivos CiU pide la incorporación de una referencia expresa alas empresas de economía social y su importancia, dado el valor que les atribuye paraponer en marcha, en situaciones de crisis como las que vivimos, políticas de flexibilidadinterna que apuestan por la “estabilidad, sostenibilidad y calidad en el empleo”,referencia genérica que se concreta después en la mención, que aparece desarrollada enlas enmiendas al texto articulado, a la posibilidad de reconvertir empresas en crisis encooperativas o sociedades laborales, y a la de mantener los empleos afectados si lostrabajadores desean mantener viva la empresa pero “sin tener que asumir deudaconcursal de la empresa que cesa su actividad”, y de ampliar las posibilidades de estasempresas, en concreto ahora las cooperativas, de acogerse a los beneficios previstos enel PL con independencia de que sus socios estén en el régimen de Seguridad Social detrabajadores por cuenta ajena o propia. En las enmiendas del PP encontramos algunareferencia genérica al valor de estas empresas pero en ningún caso medidas concretas deapoyo a las mismas, aunque no cabe descartar que puede llegarse a algunos acuerdos enla materia (el coste económico será determinante para ello, ya que varias enmiendasplantean políticas de subvenciones a las empresas y de bonificaciones en lascotizaciones empresariales a la Seguridad Social que pueden tener, ciertamente, uncoste económico importante).3. Entremos en materia sobre el capítulo I, regulador de “medidas para favorecer laempleabilidad de trabajadores”.A) En el artículo 1 del PL, dedicado a la intermediación laboral, CiU propone cambiarla normativa reguladora de las empresas de trabajo temporal (ETTs) para que puedanformalizar contratos para la formación y el aprendizaje, por entender que de esta formadichas empresas pueden contribuir a “la inserción de estos colectivos menosempleables”. Supongo que la propuesta se refiere a los contratos de puesta adisposición, ampliando de esta manera el abanico de supuestos contractuales a los quepuede acudir una ETT, y de ser así la actuación de estas empresas, y también de lasusuarias, necesitaría de un replanteamiento dada la duración mínima fijada en lanormativa vigente, muy superior a la media de los contratos formalizados en laactualidad. Queda por saber cómo se concretaría y se controlaría la adquisición de losconocimientos a los que se refiere su norma reguladora. Por otra parte, CiU siguecreyendo que las ETTs tienen cabida en las Administraciones Públicas (posibilidad yarecogida, pero no desarrollada, en la reforma laboral de 2010 del gobierno socialista) ypide que se desarrolle esa posibilidad en el plazo de un año desde la entrada en vigor dela nueva ley.B) Al artículo 2, que regula la formación profesional, se presenta una enmienda parareducir la duración mínima del contrato para la formación y el aprendizaje desde el año
  3. 3. actual a los seis meses; otra, para fijar en un máximo del 10 % la duración del períodoformativo en materias no referidas al catálogo nacional de cualificaciones profesionales,e incluir dicha formación en la cuenta de formación que tenga el trabajador; una terceratrata de vincular más estrechamente acreditación de formación y resultados obtenidos;de mayor importancia me parece la propuesta de reducir el período máximo de tiempode trabajo efectivo en esta modalidad contractual, reduciéndolo al 50 % (primer año) y65 % (segundo y tercero) frente al 75 y 85 % vigentes, de tal manera que se amplíe elperíodo formativo (pero sin olvidar que se reducirá el salario si la remuneración seabona en proporción al tiempo de trabajo efectivamente prestado).Hay un intento de limitar el alcance del derecho a la formación del trabajador, que noacabo de entender muy bien qué persigue en términos jurídicos, al incluir dentro de las20 horas anuales retribuidas que permite el art. 23 de la Ley del Estatutode lostrabajadores “las horas de formación que, en los mismos términos, se desarrollen en laempresa, con la excepción de la formación en materia de Prevención de RiesgosLaborales”, si bien creo que esta hipótesis planteada en la enmienda es perfectamenteposible de conseguir en el acuerdo empresario-trabajador. No menos importante en fin,y que llevaría a la posibilidad de impartición de la formación por organizacionesrepresentativas de las pymes, es la posibilidad que plantea CiU de acumularplurianualmente el período reconocido como derecho a la formación, por acuerdo entrelos representantes de los trabajadores y las empresas afectadas, con la autorización de laautoridad administrativa laboral y con posibilidad de cofinanciación por laadministración competente. Sobre esta última enmienda gravita un problema jurídicoindudable cuál es la consideración del derecho a la formación como individual de cadatrabajador, por lo que parece difícilmente conforme a derecho que pueda disponerse delmismo por sujetos colectivos salvo autorización expresa del trabajador afectado. CiUaprovecha este artículo 2 del PL para plantear también la incorporación de las empresasde la economía social en el diseño y planificación del subsistema de formaciónprofesional para el empleo, y de los trabajadores autónomos en su ámbito concreto deactuación. En la misma línea, coherente con propuestas defendidas desde hace bastantetiempo, se pide la territorialización de los fondos destinados a la formación continua,con referencia obligada a la sentencia 95/2002 de 25 de abril, delTribunalConstitucional, hasta el presente no cumplida de forma plena por ningúngobierno del Estado.Una de las propuestas estrella de CiU es la petición de regulación de aquello que escalificado de “contrato de formación en alternancia o dual”, y que a mi parecer ya puededesarrollarse en gran medida con la normativa vigente aunque en la propuesta seargumente que se trata de un contrato “estrictamente para regular los períodos deformación en alternancia”. La propuesta del grupo nacionalista catalán es prudente yaque remite a un desarrollo experimental previo, tras acuerdo organizativo entre elMinisterio de Educación, Cultura y Deporte, el de Empleo y Seguridad Social, y lasComunidades Autónomas con competencias en la materia. Estaríamos en presencia deun estudiante-trabajador (que a efectos de este contrato es trabajador) que combinaperíodos formativos de formación profesional con actividad laboral en una empresa, conuna duración máxima de tres años, no pudiendo ser dicha actividad superior al 65 % delcómputo global de todo el período formativo, con una remuneración mensual del 80 %del IPREM (es decir, 426 euros) y con una bonificación total del 100% de “lascotizaciones a la Seguridad Social” (por tanto parece que la propuesta incluye tanto las
  4. 4. de la empresa como las del trabajador), y una subvención de la formación de demandadurante el último año del contrato.C) No creo que sean del agrado del PP, por el coste económico que implican, laspropuestas de modificación del artículo 3 del PL, que regula las reducciones de cuotasen los contratos para la formación y el aprendizaje, al que ahora se incluyen tambiénmedidas de apoyo para los emprendedores. CiU plantea reducciones del 100 % en lascotizaciones a la Seguridad Social para algunos trabajadores desempleados que seconstituyan como autónomos (beneficiarios de prestaciones por desempleo o cese deactividad menores de 30 años, mujeres hasta 35 y mayores de 45 años), así como otrasreducciones y adaptaciones de tales cuotas cuando se compatibilice un trabajo porcuenta propia y otro por cuenta ajena, o el alta en el RETA sea como autónomocolaborador.D) ¿Qué propone CiU para uno de los artículo más importantes, y más criticadosjurídicamente, del PL, cual es el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo alos emprendedores? Por una parte, reconocer el derecho del trabajador a percibir unaindemnización por finalización de contrato de ocho días de salario, en la misma líneaque algunos contratos de duración determinada del artículo 15 de la LET (¿se aceptaimplícitamente que estamos en presencia de un contrato de duración determinada,aunque se denomine “indefinido”, y que puede extinguirse libremente tras lafinalización del período de prueba de un año?); por otra, prever la obligación depreavisar la finalización con siete días de antelación, y vincular la duración del períodode prueba al desarrollo por parte del empleador “de todas aquellas actuaciones quepermitan una adecuada evaluación del desempeño de la persona contratada”; se planteaademás que la duración de un año del período de prueba esté vigente sólo durante tresaños, justificando este límite ya que “parece razonable que, puesto que la misma seincorpora por la excepcional y grave situación en la que se halla el mercado de trabajo,se contemple su temporalidad”.La argumentación de la enmienda me parece contradictoria en sus propios términos; siel objetivo de la prueba es conocer la “adecuación del trabajador”, y si en lajustificación de la enmienda se explica que el trabajador podrá disponer “de lainformación necesaria que justifique o explique su no superación”, ¿qué sentido tienereconocer explícitamente que el contrato puede extinguirse “sin más requisito” que eldel preaviso”? Sigo insistiendo en la disfunción jurídica de este contrato, que aunqueformalmente se califica de indefinido se acerca más a uno temporal en el que la decisiónde darlo por finalizado a la extinción del período de prueba, o de novarlo por otroindefinido, corresponde al empleador. En este punto me permito recordarla la críticaformulada al Dictamen delConsejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat deCataluña en su análisis de este precepto y la sustitución que realiza del principio deestabilidad en el empleo del trabajador por el de conservación del puesto de trabajo ajuicio del empleador.E) Dentro de este capítulo II del PL, dedicado al “fomento de la contratación indefiniday otras medidas para favorecer la creación de empleo”, CiU aprovecha la oportunidadpara formular propuestas de cambios normativos que afectan a otros supuestoscontractuales y parecen responder a necesidades de específicos sectores productivos(más exactamente de sus organizaciones empresariales y de las empresas afectadas delsector turístico de las Islas Baleares) que no del interés del conjunto de la población
  5. 5. empresarial y trabajadora. Tal es el caso, por ejemplo, del llamado, a mi parecer muyimpropiamente, “contrato de prolongación por alargamiento de temporada de loscontratos fijos discontinuos”, porque no estamos en presencia de un nuevo contratocuando hablamos de trabajadores con contrato indefinido, sino de la posibilidad deampliar la duración del tiempo de trabajo, por concurrir el supuesto de ampliación detemporada, y para ello es posible acudir a la concreción en clausulas del contrato quepermitan tal posibilidad. Por consiguiente, sugiero a los redactores de esta enmienda enconcreto que se replanteen su redacción, que no el alcance de la misma, cuando planteanque en el caso de trabajadores fijos discontinuos “se podrán celebrar contratos deprolongación del tiempo de duración del contrato siempre que la prolongación portiempo sea por tiempo definido y en la mismas condiciones del contrato celebradoinicialmente”, ya que no hay “un nuevo contrato”. Que la argumentación política de laenmienda, afirmando que de esta manera se benefician los trabajadores al prolongarsesu período de contratación (corrijo yo, la duración del tiempo de trabajo de su contrato)y se reducen costes para el erario público, pueda ser válida no implica, ni mucho menos,que lo sea la argumentación jurídica.4. Vayamos ya al capítulo II, dedicado a “Medidas para favorecer la flexibilidad internaen las empresas como alternativa a la destrucción de empleo”.A) La propuesta más importante relativa al tiempo de trabajo (artículo 9 del PL) es larelativa a la ampliación desde el 5 % actual al 10 % de la posibilidad concedida a laempresa de distribuir de manera irregular la jornada de trabajo a lo largo del año,posibilidad que ciertamente estaba ya recogida en el Acuerdo Interconfederalsuscrito el25 de enero entre las organizaciones sindicales y empresariales másrepresentativas.B) Ahora bien, si hay que calificar alguna enmienda de muy importante, por loscambios que implica, de carácter sustantivo y con consecuencias de índole procesal aconcretar en otras enmiendas, es la referida al artículo 13 del PL, es decir a la regulaciónde la suspensión del contrato o reducción de jornada “por causas económicas, técnicas,organizativas o de producción, o derivadas de fuerza mayor”, que procede a modificarel artículo 47 de la LET. No es ajeno a este interés, desde luego, el preocupante dato,conocido el pasado día 20, de un aumento del 47,22 % delnúmero de expedientes deregulación de empleo presentados durante el primer trimestreen Cataluña, con unincremento del 59,41 % de las persona afectadas, que en el caso concreto de los ERESde suspensión ha sido de un incremento del 188,84 y 271,76 % respectivamente, y queel Director General de Relaciones Laborales y de Calidad en el Trabajo, Sr. RamónBonastre, ha vinculado a la crisis económica “i sobretot amb les facilitats que des delpunt de vista administratiu dona la reforma laboral”, previendo que este incremento semantendrá en los próximos meses. Un detalle que puede avalar mi tesis de que laredacción de esta enmienda ha tenido por autores, o como mínimo su aportaciónintelectual, a personas que prestan sus servicios en dicha Dirección General, ya que lapetición de una mayor intervención administrativa para corregir defectos formales sejustifica en la propia enmienda porque “en los ERES tramitados por la DirecciónGeneral de Relaciones Laborales y Calidad en el Trabajo se ha tenido que efectuar esterequerimiento formal, con la anterior normativa, en un 90 % de los ERES presentados”,y también se expone que esas correcciones evitarían sentencias que declararan lanulidad de las actuaciones.
  6. 6. a) En primer lugar, se propone incluir en la comunicación empresarial el mismocontenido que en el caso de la presentación de un ERE de extinción, con mayorconcreción en cuanto a la documentación a aportar “para acreditar la causa y su caráctercoyuntural”, que “cómo mínimo” deberá incluir (previsión no contemplada en el RDL,si bien está pendiente de aprobación el desarrollo reglamentario en esta materia) “lacuentas anuales del último ejercicio y cuentas provisionales a la fecha de presentacióndel expediente, si se invocan causas económicas, y declaraciones del IVA si se alegauna disminución persistente del nivel de ingresos o ventas”.b) Por otra parte, parece que se quiere reforzar el informe preceptivo de la Inspección deTrabajo y Seguridad Social, aunque a mi parecer lo que propone la enmienda ya lopermite la normativa vigente (tesis no compartida por algunos miembros de la ITSScomo puede comprobarse acudiendo a algunas entradas de mi blog), en cuanto que elinforme deberá pronunciarse no sólo sobre cómo se ha desarrollado el período deconsultas y las causas alegadas en el procedimiento, sino también sobre “laproporcionalidad de las mismas con las medidas adoptadas”, algo que a mi parecer esuna clara manifestación de la obligación del inspector de entrar en el fondo de lapropuesta empresarial.c) Que la enmienda está redactada por personas que conocen muy directamente laproblemática de los ERES y que desean una mayor presencia de la Administración en latramitación del procedimiento, ciertamente sin poner en tela de juicio la supresión de laautorización, se refleja claramente en las propuestas de que la autoridad laboral vele porel respeto del procedimiento, pueda formular advertencias o requerimientos a las partes,e incluso pueda suspender el procedimiento mientras no se subsanen aspectos esencialesdel procedimiento que no se hayan respetado a su juicio.Por cierto, sobre el informe de la ITSS, su contenido y su valoración de la forma y delfondo de la propuesta empresarial, habrá que relacionar la enmienda con las“Recomendaciones” que hasta ahora ha formulado la Inspección de Trabajo deCataluñapara la actuación inspectora en un ERE y que están recogidos en un documento fechadoel 27 de marzo, que no es público, al menos hasta donde mi conocimiento alcanza, y delque he tenido conocimiento. En dichas “Recomendaciones” se expone que en todos losERES en que no haya acuerdo “el informe de la ITC debe versar, en todo caso, sobre lascausas que han motivado el expediente”, y en los que haya acuerdo “el informe de laITC debe limitarse a analizar la eventual comisión de fraude, dolo, coacción, abuso uobtención indebida de prestaciones”. Está por ver, igualmente, que impacto tendría laenmienda, en el caso improbable de ser aceptada, en el informe a remitir a la autoridadjudicial cuando haya un conflicto judicial, ya que en estas Recomendaciones queda muyclaro que es el informe de la ITSS incorporado al expediente y puede, en todo caso, “serampliado…, bien a criterio del inspector actuante, bien a petición del juez”, mientrasque en la enmienda de CiU el informe a aportar a la autoridad judicial debería ser elemitido por la autoridad administrativa laboral que ponga fin al expediente.He dicho, y lo repito, que no se cuestiona la supresión de la autorizaciónadministrativa… pero casi, y esta es una razón que me lleva a pensar que va ser bastantedifícil que prospere la enmienda de CiU, salvo modificaciones en forma de transacción.Fíjense que aquello que pide la enmienda es que una vez que haya finalizado el períodode consultas, la autoridad laboral “certifique” su resultado, ya sea “con acuerdo o sinacuerdo”, e incluso habiendo acuerdo la autoridad laboral se atribuiría el poder
  7. 7. (¿control?) de pedir a la parte empresarial, si así lo considera oportuno, que un plazobreve de tres días “complete las deficiencias que pueda presentar dicho acuerdo o paraque aclare aspectos del mismo”. La justificación de la enmienda, que requiere sin dudade un análisis más complejo del que puedo hacer ahora, es que dicha certificación esnecesaria porque en caso contrario “un acuerdo firmado por una minoría derepresentantes podría ser impugnado sólo por la vía del procedimiento de oficio, aunqueno se tratara realmente de un ERE pactado”.Tengo la sensación que la propuesta de CiU puede estar basada en un buenconocimiento de la realidad pero que introduce una carga de complejidadadministrativa, y carga de trabajo, que no facilita la finalización del ERE, aunque quizáscon esta enmienda tan compleja se persiga no sólo potenciar el papel de laAdministración autonómica en la resolución de los ERES sino también su intervenciónen los posibles conflictos que se susciten en sede judicial y, también, limitar al máximoel espacio de intervención dejado a la autoridad judicial para que pueda pronunciarsesobre la validez formal y, muy especialmente, de fondo, del ERE.¿Por qué hago esta afirmación?: cuando la autoridad laboral reciba la comunicación dela decisión empresarial volverá a pedir un informe a la ITSS, supongo que para que sepronuncie sobre su adecuación a derecho, y una vez recibido será la propia autoridadlaboral la que elaborará otro informe, en el que se efectuará, repárese bien en laimportancia de lo que se dice, “una valoración final sobre el fondo y los aspectosformales del expediente”, informe con el que “se dará por concluido el expediente” yque se trata de justificar en la enmienda con la argumentación de que “la inclusión dedicho informe en el expediente facilitará la labor judicial en el supuesto de una demandajurisdiccional” En definitiva, la autoridad laboral no resuelve… pero casi quierehacerlo, y busca las vías para conseguirlo ¿no les parece?C) También son importantes las aportaciones que realiza CiU en forma de enmiendas alartículo 14 del PL, relativo a la regulación del derecho a la negociación colectivacontemplado en el título III de la LET y señaladamente los artículos 82, 84, 85, 86 y 89.a) Con respecto al artículo 82, el objetivo de la enmienda es mantener la posibilidad deun arbitraje unilateral, es decir a propuesta de una sola de las partes de la negociaciónpero sin intervención administrativa, es decir, suprimiendo toda referencia a laComisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u organismo autonómicoequivalente, por lo que la resolución correspondería a un árbitro seleccionado de unalista propuesta por las partes (no tengo claro que pueda haber una lista acordada si nohay acuerdo sobre el acudir al arbitraje) y al que se le confieren ciertos poderes paragraduar la aplicación, en caso de aceptación, de la decisión empresarial.El deseo, claro y manifiesto, de salvar las críticas de inconstitucionalidad manifestadadesde numerosos ámbitos jurídicos (valga por todos citar ahora el conocidomanifiestoque hemos suscrito 55 catedráticos y catedráticas de Derecho del TrabajoySeguridad Social) pretende lograrse por la vía de dar prioridad a aquello que dispongaun convenio colectivo sobre la hipótesis de intervención unilateral, y supongo que elredactor de la enmienda cree que salvaría por esta vía la intervención de un tercero. Noestá mal como técnica jurídica, salvo que deja sin resolver el problema de qué ocurrecuando no se regule nada al respecto en convenio y siga abierta la posibilidad deintervención unilateral.
  8. 8. Por otra parte, para intentar que la inaplicación del convenio no se haga de formaunilateral, se prevé la obligación de pactar en el contenido mínimo del convenio(artículo 85.3) las condiciones de trabajo “que serán de aplicación en caso deinaplicación” (permítanme el fácil juego de palabras). O dicho de otra forma, sepretende que las partes pacten sobre el contenido de aquellas condiciones que deberánaplicarse cuando la dirección empresarial pretenda inaplicar el convenio, con lo que altratarse del contenido mínimo del convenio deberá pactarse expresamente, por lo que sesuprimiría el margen de maniobra empresarial para inaplicar el convenio, algo que nocreo que sea coherente con las propuestas del PP sobre la ampliación de los espacios deflexibilidad interna en la empresa y potenciación de los acuerdos en su seno, y que almismo tiempo parece contradictorio con el hecho de que se mantenga el arbitrajeunilateral (salvo, por buscarle un poco de lógica a la enmienda, que las partes pactenque las condiciones de aplicación serán aquellas que decida el árbitro a partir de lapropuesta empresarial, algo poco lógico, valga otra vez el juego de palabras).b) Por otra parte, CiU reivindica el mantenimiento de la redacción anterior a la reformadel artículo 84.2 de la LET, para permitir que la estructura de la negociación colectivapuede venir determinada por aquello que acuerden las organizaciones empresariales ysindicales en convenios colectivos sectoriales “de ámbito estatal o de ComunidadAutónoma”. Parece que aquí el “carácter nacionalista” ha prevalecido frente al valortotal que puedan considerar algunas personas muy representativas del mundoempresarial que tiene el convenio colectivo de empresa (y que el grupo popular quierepotenciar como he explicado en mi análisis de sus enmiendas), e incluso que el mundoempresarial más cercano a CiU puede haber hecho llegar sus observaciones sobre laimportancia de mantener una estructura común de la negociación por sectores deactividad, dejando que sean los agentes sociales los que decidan la importancia quepuede tener el convenio de empresa, ya que no de otra forma puedo entender lajustificación de esta enmienda cuando se afirma que el objetivo es “limitar la prioridadaplicativa del convenio de empresa por sus posibles efectos perversos en determinadossectores”.c) Con respecto al tan traído y llevado debate sobre la ultraactividad de los convenios,CiU se alinea claramente con la reforma, defendiendo la perdida de vigencia delconvenio una vez que haya transcurrido un año desde su denuncia cuando la vigenciasea igual o inferior a tres años, y de dos años cuando su vigencia sea superior. Es decir,la enmienda reduce incluso el término general de dos años que fija la normativa vigentepara todos los convenios denunciados y con independencia de la vigencia pactada.d) En fin, una enmienda al artículo 87.3 c) de la LET demuestra con toda claridad laimportante incidencia del mundo empresarial de las pequeñas y medianas empresas enlas propuestas de CiU. Mientras que la normativa vigente otorga legitimación paranegociar convenios colectivos de sector a “las asociaciones empresariales de ámbitoestatal que cuenten con el 10 por ciento o más de las empresas o trabajadores en elámbito estatal, así como las asociaciones empresariales de Comunidad Autónoma quecuenten en ésta con un mínimo del 15 por ciento de las empresas o trabajadores”, lapropuesta del grupo nacionalista catalán contempla la reducción de los porcentajes al 5y 10 % respectivamente. En la justificación de la enmienda, que parece redactada poralguien muy directamente afectado por la reforma de 2011 se critica duramente elamplio espacio negociador que tienen las asociaciones empresariales que agrupan apocas empresas pero que incorporan a muchos trabajadores, recordando que el tejido
  9. 9. empresarial de pymes son el 99 % del total empresarial, que estas empresas sondestinatarias de los convenios negociados por las de mayor dimensión cuando se tratade convenios sectoriales; se recuerda también que las grandes empresas tienen su propioconvenio, y se concluye que “en realidad pueden ser las grandes empresas las queimpongan las reglas del juego a través de los convenios de sector” Tras la lectura de estajustificación, ¿alguien puede dudar que el texto está redactado por alguien bien cercanoal mundo empresarial de las pymes?5. Toca ahora abordar el estudio de algunas enmiendas al título IV, que regula “medidaspara favorecer la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral”.A) De especial importancia es la enmienda al artículo 18 del PL, es decir al art. 51 de laLET que regula el despido colectivo por ERE. El deseo de reforzar la seguridad jurídica,entendiendo por tal una mejor y más concreta definición de cuando puede presentarseun ERE, cuál ha de ser su contenido y la relación que ha de guardar con los objetivosperseguidos, queda claramente reflejado en la redacción propuesta.Por ejemplo, para que exista una causa económica, no bastará, tal como dispone lanormativa vigente, “cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situacióneconómica negativa, en casos tales como la existencia de perdidas actuales o previstas,o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderáque la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos”,sino que sería necesario, si prosperara la enmienda, que la empresa argumentara “laintensidad y el impacto de la disminución persistente de ingresos”, y que acreditaradocumentalmente dicha disminución “en relación al período o períodos de referenciacomparativa, y como mínimo en relación a los mismos trimestres del ejercicio anterior”,una redacción en el último apartado de la enmienda que tiene muchas semejanzas conlas enmiendas del PP, por lo que cabe pensar razonablemente que serán aprobadas en latramitación parlamentaria.Además, CiU pide, y aquí ya no creo que el PP acepte sus tesis, que no baste sólo conque la empresa acredite en la memoria que ha de presentar la concurrencia de la cAusa,sino también que deberá justificar que de ello se deduce “la mínima proporcionalidad dela decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado”,siendo importante esta propuesta porque se traslada después a la regulación procesal yse plantea en la propuesta de modificación de los arts. 129.9 y 138.7 que la sentenciadictada en un conflicto sobre el ERE, de extinción o suspensión de contratos, o dereducción de jornada, no sólo deberá valorar la concurrencia de la causa, sino también“la existencia de la mínima proporcionalidad de la misma en relación a la medidaadoptada”. Me sorprende, dicho sea en términos jurídicos, que la propuesta de CiUpermite remitir a una norma reglamentaria (y también a la negociación colectiva,aunque en este caso sí puede ser que la especificación pudiera responder a lascaracterísticas del sector) una mayor concreción de qué deba entenderse por las causasque justifiquen la extinción.Al referirse a las empresas estacionales, las enmiendas proponen que la disminución seacontabilizada “dentro del período de actividad de la empresa”, es decir sobre trimestrede año o años anteriores en los que se trabajó, siendo válida esta propuesta tanto para elsupuesto de ERES (tres trimestres) como en el de inaplicación del convenio colectivo desector o de empresa (dos trimestres).
  10. 10. B) Otras modificaciones propuestas, en la línea de reforzar la intervención de laautoridad administrativa laboral durante la tramitación del expediente sonsustancialmente idénticas a las presentadas para modificar las regulación del ERE desuspensión de contrato o reducción de jornada, por lo que me remito a la explicaciónrealizada con anterioridad. Insisto, en todo caso, en la importancia que pretende asumirla autoridad laboral para que el expediente sea debidamente tramitado y resuelto, tantopor interés de las partes como de la propia administración, y también, no se olvide, paraevitar litigiosidad judicial. El hecho de que sea la propia autoridad laboral la que decidecuáles son los “aspectos esenciales del procedimiento” y que pueda suspender este hastaque sean corregidos los hipotéticos defectos observados, demuestra el papel relevanteque CiU quiere atribuir a la administración laboral…, sin llegar a volver a pedir lacompetencia de autorización de los ERES. Probablemente CiU ha tomado enconsideración el Dictamen del Consejo de Garantía Estatutarias, en el que se manifiestaque no hay vulneración del art. 170.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña porque setrata de una norma en materia laboral cuya modificación es competencia exclusiva de laautoridad estatal.C) Por último, cabe destacar mi entender el deseo manifestado en las enmiendas depotenciar el plan de recolocación externa, que deberá ofrecerse de forma obligatoria alos trabajadores cuando el ERE afecte a más de treinta trabajadores, frente a los más decincuenta previstos en la normativa vigente, e incluyendo también de forma expresa,frente a la negativa de la normativa vigente, a los trabajadores de las empresassometidas a un procedimiento concursal, previendo la enmienda (y de ahí la dificultadde aprobación por el coste económico que puede significar) que la financiación en estesupuesto corresponderá al Fondo de Garantía Salarial. Además, se otorga un papelimportante a la autoridad laboral de vigilancia del cumplimiento de esta obligaciónempresarial “para que pueda ser efectivo y para evitar una posible reclamación judicialposterior”.D) En la extinción del contrato por faltas aún justificadas de asistencia al trabajo, PP yCIU parecen haberse puesto de acuerdo al redactar sus enmiendas, ya que sonsustancialmente idénticas. Junto a una mejora de concreción de las causas que nopodrán computarse a efectos del cálculo del absentismo, con inclusión expresa de lostratamientos médicos de cáncer y de la “enfermedad grave o enfermedad crónica”, seincorpora al artículo 52 d) de la LET la posibilidad de extinguir el contrato porabsentismo por faltas justificadas pero intermitentes que lleguen al 20 % de jornadashábiles en dos meses consecutivos (redacción ya existente con anterioridad y que no hasido modificada) pero siempre y cuando, y aquí viene la importante modificación,además de ese cómputo “el total de faltas de asistencia (del trabajador) en los docemeses anteriores alcance, al menos, el cinco por ciento de las jornadas hábiles”.,manteniéndose sin modificación la referencia al 25 % en cuatro meses discontinuosdentro de un período de doce meses. Por consiguiente, y en una interpretación literal dela norma, parece que el despido por absentismo sólo podrá producirse una vez quepueda computarse un período anual laboral del trabajador.6. El capítulo V del PL versa sobre “modificaciones de la Ley 36/2011,de 10 deoctubre, reguladora de la jurisdicción social”. En la misma línea que en las enmiendas ala regulación de los ERES, se propone ahora adaptar la normativa procesal a loscambios sugeridos en la normativa sustantiva.
  11. 11. A) De tal manera, por ejemplo, se propone modificar el art. 124 de la Ley 36/2011,justamente dedicado a “Despidos colectivos por causas económicas, organizativas,técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor”, configurando, en el apartado 7,una nueva reclamación previa ante la Administración como trámite obligado para lainterposición de la demanda y disponiendo la obligación de la autoridad laboral deadjuntar, con el expediente, “un informe sobre los hechos invocados como justificativosde la decisión empresarial, y en su caso sobre posibles incidencias relevantes delprocedimiento de regulación de empleo”. En la justificación de la enmienda se insiste enalgo que, como ya he dicho, es recurrente en muchas de ellas y que marca una línea detendencia de las propuestas de CiU: fortalecer jurídicamente el papel de la autoridadlaboral y limitar en la medida de lo posible que el conflicto acabe resolviéndose en sedejudicial, y en caso de que así ocurra que el juzgador tenga un margen muy limitado deactuación.B) Como otra manifestación en el mismo sentido, la posible reclamación administraciónprevia también se contempla en la enmienda presentada al art. 138 que versa procesospor “Movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo,suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas,organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.”7. En las enmiendas a la normativa reguladora de la conciliación de la vida familiar ylaboral, CiU propone volver a la redacción anterior a la reforma, con críticas a laposibilidad de que el permiso por maternidad sólo pueda ser disfrutado por uno de loscónyuges basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, así comotambién que desaparezca la referencia a la necesidad de que la reducción de jornadapara el cuidado de un menor o de persona dependiente deba ser “diaria”.8. Una de las cuestiones que ha merecido más críticas por parte de los grupos políticoscon presencia en el Parlamento de Cataluña, a excepción del PP y de Ciudadanos porCataluña, es la falta de respeto del RDL a las competencias autonómicas en materia deempleo, y el Consejo de Garantías Estatutarias ha avalado parte de esas críticas porconsiderar que algunas disposiciones no respetan el art. 170.2 del Estatuto deAutonomía. Las enmiendas de CiU van en la línea de mantener/reforzar talescompetencias, siendo especialmente importante la enmienda a la disposición finalduodécima, para que quede claro que el Servicio Público de Empleo Estatal y lasComunidades Autónomas aplicarán las medidas recogidas en la Estrategia Española deEmpleo “en sus respectivos ámbitos competenciales”, y que aquellas ComunidadesAutónomas que dispongan de planes de empleo propios podrán, bien aplicar lanormativa estatal, bien “desarrollar acciones y medidas de política de empleo distintasde las anteriores a fin de adaptarlas a la realidad de las personas desempleadas y deltejido productivo de su ámbito territorial”. Parece que puede haber acuerdo entre PP yCiU, y así lo ha destacado el diputado nacionalista Sr. Campuzano, pero de poco servirási ello va “acompañado” de la reducción de 250 millones de euros en políticas deempleo para Cataluña en los Presupuestos Generales del Estado, tal como se constató enel Parlament de Catalunya con ocasión de un interesante debate sobre las políticas decohesión social y las finanzas públicas que tuvolugar el pasado miércoles.10. Las restantes enmiendas planteadas por CiU no versan ya sobre el contenido del PLsino que propones añadir nuevos artículos a la norma, presentando enmiendas yapropuestas en anteriores reformas laborales o bien adaptando las ya presentadas al
  12. 12. nuevo contexto económico y social, requiriendo, por ejemplo, la modificación de lanormativa sobre empleo. Es importante la referencia a la petición ya conocida de lagestión y control de las prestaciones derivadas por desempleo por parte de lasautonomías, y la petición expresa de un convenio de colaboración entre la Generalitat yel gobierno del estado para que el primero pueda gestionar el programa de la rentaactiva de inserción, así como también la no fijación de límite de edad para poderacceder a la capitalización de la prestación por desempleo para constituirse comotrabajador autónomo.En el ámbito de la discapacidad, hay un amplísimo número de enmiendas tendentes amejorar la protección de las personas trabajadoras con discapacidad y que demuestran elindudable impacto o influencia de las organizaciones de personas con discapacidadsobre CiU. Van desde la modificación de la LET (arts. 48 y 49) para posibilitar lareserva de puesto de trabajo, o la reincorporación cuando ello sea médicamente posible,de las personas con discapacidad que tienen reconocida una invalidez permanente total,absoluta o gran invalidez, a una radical revisión del Real Decreto 1453/1983 de 11 demayo que regula el empleo selectivo y las medidas de fomento de empleo de lostrabajadores minusválidos, para fomentar también políticas que garanticen lareincorporación de las personas con discapacidad al trabajo y que mejoren losincentivos a su contratación (como por ejemplo que las reducciones en las cotizacionesempresariales a la Seguridad Social en determinadas contrataciones se mantengandurante toda la vida del contrato y no sólo por un período determinado previamenteestablecido). También, la petición de que se mantenga, o más exacto es decir que serecupere, el importe de las ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo encentros especiales de empleo con una subvención del 75 % del salario mínimointerprofesional para cada puesto de trabajo ocupado por una persona con discapacidad.Con todo, la propuesta globalmente más relevante es la petición al gobierno deremisión, en el plazo de un año, de un proyecto de ley “de promoción de la inclusiónlaboral de personas con discapacidad”, al objeto de que se establezca “un nuevo sistemade promoción que ayude en la creación y mantenimiento del empleo de calidad de estaspersonas”.Las organizaciones representativas de la economía social, y más concretamente las queagrupan a las empresas de inserción, también se hacen notar en las enmiendasformuladas a la Ley 44/2007 de 13 de diciembre, reguladora del régimen jurídico detales empresas, proponiéndose (algo que a día de hoy veo ciertamente muy difícil) queel gobierno fije anualmente una cantidad económica dedicada a subvencionar nuevoscontratos y el porcentaje de la subvención sobre el salario percibido por el trabajador.11. Concluyo. Buena, y tranquila lectura de las enmiendas, ya que son del grupoparlamentario con el que el Partido Popular puede coincidir en más planteamientos.¿Cuántas se aprobarán, de forma total o parcial?Continuará…, seguro.

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