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Entrevista revista el mundo del abogado con alfonso flores padilla (alfonso flores, juez de distrito en el juzgado tercero de distrito del centro auxiliar de la primera región)
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Entrevista revista el mundo del abogado con alfonso flores padilla (alfonso flores, juez de distrito en el juzgado tercero de distrito del centro auxiliar de la primera región)

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  • 1. Alfonso Flores Padilla1 julio 2011Claroscuros en la extinción de dominioLorena de la Canal RiosecoLa figura de la extinción de dominio tiene como objeto la privación, en formadefinitiva, de los bienes vinculados con los delitos de delincuencia organizada, delitoscontra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Alfonso Flores, juezde distrito en el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región—y único juez encargado de interpretar la Ley Federal de Extinción de Dominio enMéxico—, nos habla de las bondades que percibe en esta innovadora legislación y delas reformas que, en su opinión, deben hacérsele.¿La Ley de Extinción de Dominio cumple con su objeto de reglamentar la fracciónII del artículo 22 de nuestra Constitución?Considero que, como ocurre con cualquier figura jurídica novedosa, de manera genéricala ley reglamentó lo suficiente la fracción en cita para así permitir echar a andar laextinción de dominio; sin embargo, al ser una acción técnica y compleja, de naturalezaciertamente civil pero basada en cuestiones penales e incluso con maticesadministrativos, creo que la ley se quedó corta al no haber abarcado mayores elementosde referencia y apoyo para regular en específico la fracción II del artículo 22constitucional. En mi caso, como juzgador, de manera reiterada me veo en la necesidadde acudir a otras fuentes del Derecho y a otras herramientas jurisdiccionales adicionalespara poder resolver determinado tema que no está contemplado en la ley; inclusoapoyándome en el Derecho comparado.En otras palabras, creo que la ley actual, al momento de entrar en vigor —hace casi tresaños—, no necesitaba mayor reglamentación para poner en marcha la extinción dedominio; sin embargo, la intención del legislador en relación con esta figura, que esprecisamente privar de recursos económicos a la delincuencia organizada, aún no se halogrado de manera eficiente debido, entre otras circunstancias, a una necesidad de
  • 2. mayor regulación en lo particular.¿Qué mejora podría hacerse para satisfacer dicho objeto?Creo que la experiencia que se ha acumulado en la materia hasta hoy permite concluirsin lugar a dudas que la ley en comento debe reformarse y adicionarse para tenermayores elementos de regulación y para que no sean los órganos jurisdiccionales losque constantemente tengan que interpretar y subsanar las lagunas que han surgido en laaplicación de la Ley Federal de Extinción de Dominio. Con lo anterior no pretendo decirque la ley debería reglamentar todo tipo de actuaciones o supuestos y que el PoderJudicial de la Federación no tuviera que interpretar la ley de mérito, pero en este caso enparticular creo que el legislador se ha quedado un poco corto en el tema, a pesar de queya se cuenta con las referencias y los antecedentes suficientes para que la extinción dedominio sea una herramienta verdaderamente útil y eficaz en la lucha que libra elEstado mexicano contra la delincuencia.Desde mi punto de vista, mientras nosotros estamos aquí analizando si la ley resulta losuficientemente reglamentaria para efectos del artículo 22, fracción II, de laConstitución, las organizaciones criminales le llevan un paso adelante al gobiernomexicano; por lo tanto, creo que las mejoras a la legislación aplicable para que éstacumpla con su objeto deben encaminarse a hacer del procedimiento de extinción dedominio uno más expedito, contundente, práctico, pero sobre todo, a analizardebidamente la carga probatoria con la que tiene que enfrentarse el Ministerio Público,pues no olvidemos que es el Ministerio Público de la Federación el que ejerce la acciónde extinción de dominio, la cual, como precisé antes, es de naturaleza civil en referenciacon otras materias; sin embargo, es sabido que el representante social por antonomasiasiempre se ha especializado en Derecho penal y con la legislación actual se obligó a“litigar” a la Procuraduría General de la República en una materia a la quehistóricamente ha sido ajena, incluso llegando a presentar constantemente juicios deamparo.La extinción de dominio aplica para los delitos de delincuencia organizada, delitoscontra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. ¿Por quésolamente estos delitos?Creo que es una pregunta que no me corresponde contestar. Más bien le toca hacerlo alos otros poderes de la Unión, que deben tener la respuesta correcta. Sin embargo,imagino que se debe a que son los delitos que más lastiman a la sociedad hoy en día.¿Cuál considera usted que es la razón por la cual el legislador omitió delitos comoel “lavado de dinero” o la “piratería” en la tipificación?Desconozco las razones que tuvo el legislador, pero desde mi punto de vista, por lo quehace al ilícito de “lavado de dinero”, estoy convencido de que se debió citar de maneraliteral en el precepto constitucional, pues conforme al objeto de esta ley, que esdisminuir los recursos económicos con los que cuenta la delincuencia, la inclusión deeste delito hubiera permitido un mayor rango de acción por parte de la ProcuraduríaGeneral de la República para combatir a las organizaciones criminales. Muchos de losdelitos que se comenten, que no son necesariamente los que se citan en la Constituciónpara efectos de la extinción de dominio, tienen como propósito obtener recursos
  • 3. económicos. Por eso, si se hubiera incluido el delito de lavado de dinero, creo que elradio de acción sería mayor para que la Procuraduría pueda privar de recursos a lasorganizaciones delictivas, independientemente del delito que les permitió allegarserecursos.Por lo que se refiere al delito de piratería, creo que en nuestro país no se le ha dado latrascendencia que reviste en el ámbito internacional; además, la situación económica deMéxico no da pauta para que todos los bienes relacionados con el delito de pirateríadeban ser materia de extinción de dominio.Al margen de lo anterior, debo decir que al estar contemplado en la Constitución eldelito de delincuencia organizada, puede aplicarse a todos los delitos, incluidos ellavado de dinero y la piratería.En su opinión, ¿cuál es el bien jurídico que el Estado busca salvaguardar con estaley?La propiedad, pero específicamente la que se ha obtenido de manera lícita. Su fin esprivar a las personas del dominio de los bienes que tienen un origen ilícito o que estánrelacionados con alguno de los delitos mencionados.¿Coincide con la opinión del ministro Mayagoitia en el sentido de que ésta es unafigura de poco uso?En el momento en que el señor ministro emitió esa opinión, efectivamente era unafigura de poco uso, ya que sólo se habían presentado tres demandas, una de las cuales sehabía tenido por no interpuesta, por lo que sólo dos estaban en trámite; incluso, una yase había resuelto. En la actualidad hay más de 20 juicios federales en trámite y apenasestamos a la mitad del año. Desde mi punto de vista es una figura que cada vez adquieremás uso. Quiero aclarar que estas cifras se relacionan con juicios federales de extinciónde dominio, pero tengo conocimiento de que en el Distrito Federal hay muchos másasuntos que se ventilan en el ámbito local, de los cuales me corresponde conocer en víade amparo indirecto, por ser el juzgado de distrito a mi cargo el único especializado enextinción de dominio.¿Cuáles son las fallas que dificultan la aplicación de la Ley de Extinción deDominio?En comparación con legislaciones de otros países, creo que en esta ley hay preceptosque protegieron la propiedad más allá de lo necesario. Si bien es cierto que lalegislación actual señala que bastará con que se compruebe el cuerpo del delito para queproceda la extinción de dominio, también es verdad que la procedencia de esta acciónestá sujeta y relacionada de manera directa con la situación jurídica de un delincuente,cuando en la especie, única y exclusivamente debió vincularse con delitos. Imagínenseque un delincuente está prófugo y que al final del día es sentenciado. Entonces, a pesarde que existan elementos suficientes que demuestren que efectivamente se cometió eldelito, los bienes relacionados con dicho delito difícilmente podrán ser materia deextinción de dominio por la situación jurídica en que se encuentra el delincuente.¿De qué manera el juzgado especial garantiza un debido respeto a la garantía de
  • 4. audiencia de los afectados?Además de lo que señala el artículo 22 de la Ley Federal de Extinción de Dominio,cuando recibimos una demanda no se llama sólo a las partes que se mencionan en ésta,sino que se realiza un estudio integral de todas las constancias, precisamente paraverificar que no exista alguna otra persona que pudiera considerarse tercera afectada. Deser así, si se conoce su domicilio, se ordena su emplazamiento; en caso contrario, seinvestiga el domicilio y se ordena la notificación en edictos y en la página web de laProcuraduría General de la República.En algunos casos, a pesar de que la ley señala que la audiencia en el procedimiento deextinción de dominio no podrá diferirse, si alguna de las partes aún no ha sidoemplazada, se ordena prorrogar la audiencia en estricto respeto al artículo 14constitucional, con el fin de salvaguardar la garantía de audiencia.¿Sobre quién recae la carga de la prueba en un proceso de extinción de dominio?Por regla general, sobre el Ministerio Público de la Federación.¿Mediante qué proceso se determina el destino de los recursos obtenidos al amparode esta ley?El proceso se encuentra establecido en la ley, la cual señala en términos generales quelos recursos se destinarán, por orden de prelación, a la reparación del daño causado a lavíctima u ofendido de los delitos por los que se siguió en juicio y a las reclamacionesprocedentes de créditos garantizados. El remanente será depositado por el Servicio deAdministración y Enajenación de Bienes en un fideicomiso público no consideradoentidad paraestatal, cuya operación la coordinará la Procuraduría General de laRepública.¿Considera que esa asignación es apropiada?Creo que el destino de esos recursos es apropiado, pues independientemente de queexisten otras vías para el apoyo de víctimas u ofendidos, por primera vez, de maneraespecífica, se establece un apoyo concreto y efectivo a estas personas en el ámbitoeconómico y se garantiza que se les repare el daño que se les infligió.¿Qué opina de la constante necesidad de remitirse a códigos de procedimientos dedistintas materias así como a las otras leyes especiales, en apoyo de la Ley deExtinción de Dominio?Como dije antes, para echar a andar la extinción de dominio la ley cumplió con suobjetivo. Por eso, creo que el legislador previó diversa normatividad de manerasupletoria para subsanar cualquier posible omisión; sin embargo, considero que en laactualidad la experiencia adquirida orilla a que cuestiones adjetivas y sustantivas de laextinción de dominio deban contemplarse directamente en la ley, sin necesidad deacudir a legislación supletoria que en muchos casos no ha resultado del todo aplicable aesta nueva figura jurídica.¿Qué nos puede decir acerca de la supuesta inconstitucionalidad de ejercer la
  • 5. extinción de dominio, aun cuando no se haya determinado la responsabilidad penalen dicho proceso?Desde mi punto de vista, al ser el procedimiento de extinción de dominio jurisdiccionaly autónomo en relación con el procedimiento penal, cuya acción es de carácter real, decontenido patrimonial y procede sobre cualquier bien, con independencia de quien lotenga en su poder o lo haya adquirido, la inconstitucionalidad a la que usted hacereferencia será un tema sujeto a debate, pues en la extinción de dominio todavía faltamucho por resolverse.A pesar de su independencia en relación con el proceso penal, ¿qué sucede cuandose determina la falta de los elementos probatorios necesarios?La Ley Federal de Extinción de Dominio establece que cuando el juez de la causa penalrespectiva determine la inexistencia de alguno de los elementos del cuerpo del delito, enlos casos previstos en el artículo 7 de dicha ley, el magistrado que conozca delprocedimiento de extinción de dominio deberá ordenar la devolución de los bienesmateria de la controversia, si fuera posible, o su valor, a su legítimo propietario oposeedor, junto con los intereses y los rendimientos accesorios que se hayan producidodurante el tiempo en que hubieran sido administrados por el Servicio de Administracióny Enajenación de Bienes.¿Cree que son necesarios el embargo y el aseguramiento de bienes como medidascautelares en casos de extinción de dominio?Pienso que esas medidas precautorias sí son necesarias, toda vez que permiten preservarlos bienes que serán materia del procedimiento de extinción de dominio y evitan queéstos puedan ser vendidos, donados, destruidos, etcétera, lo que inclusive podría dejarsin materia al juicio correspondiente.Datos curricularesAlfonso Javier Flores Padilla es licenciado en Derecho por la Universidad NacionalAutónoma de México y maestro en Derecho fiscal por el Colegio Superior de CienciasJurídicas de la Universidad Humanitas. Además, cuenta con la especialidad en Derechocomercial internacional por la Universidad Panamericana.En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como secretario en el TercerTribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; secretario, en elPrimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; secretariotécnico, en la ponencia del consejero Miguel A. Quirós Pérez; secretario técnico, en laSecretaría Técnica de la Comisión de Administración, y juez tercero de distrito delCentro Auxiliar de la Primera Región. Desde octubre de 2009 ocupa el cargo de juez dedistrito en el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región.