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  • 1. Este último, denominado Servicios Ambientales La Choya, se ubicará en el desierto de Altar, específicamente en el predio Rancho Cinegético Vietnam, ubicado a 54 kilómetros de Sonoyta, cabecera municipal del municipio Plutarco Elías Calles. El proyecto con el cual se pretende confinar la basura tóxica producida por las industrias de la región noroeste como Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, es rechazado por la pequeña comunidad fronteriza de Sonoyta, que con aproximadamente 12 mil habitantes apenas es señalada en los mapas. La construcción del sitio quedará a 40 kilómetros de la frontera norte y cerca de la reserva de la biosfera El Pinacate, Puerto Peñasco y la tierra sagrada de las tribus tohono o’odham que habitan en ambos lados de la línea fronteriza. Según expresan grupos de ciudadanos en Sonora, esto ―estaría violando el acuerdo de paz firmado entre México y Estados Unidos, el cual señala que un confinamiento de estas características no debe ser instalado a menos de 100 kilómetros de la frontera, incluyendo territorio marítimo‖. Ante esto, las autoridades mexicanas aseguran que se notificó del proyecto al gobierno estadounidense por quedar en cercanía con la frontera de Arizona y se manejó dentro del programa Frontera 2012 — acuerdo binacional a 10 años en temas ambientales para la región fronteriza México-Estados Unidos. No obstante, debido a la falta de información sobre los impactos ambientales y a la salud de las personas que podría causar este cementerio de residuos tóxicos, la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos (EPA) decidió ordenar un estudio independiente en materia de impacto ambiental, aceptó Alfonso Flores Ramírez, director de materiales y residuos peligrosos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ese estudio encargado por la EPA a Booz Allen Hamilton, Inc., fue enviado junto con una carta a Flores Ramírez, en la que se indica una insuficiencia de información sobre los impactos que tendría el proyecto en Estados Unidos, especialmente en lo que se refiere a impactos en mantos acuíferos y aguas superficiales, riesgos potenciales al aire, mitigación de los impactos en aves y una consulta directa con la tribu tohono o’odham, para dar paso a sus preocupaciones. La Semarnat expresó que de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) se señala un pozo de abastecimiento de agua a 11 kilómetros en línea recta, en la comunidad Costa Rica, pero no se realizó una excavación exploratoria para identificar la presencia de agua en el sitio porque la legislación mexicana no contempla ninguna metodología para determinar la existencia de acuíferos en el lugar del proyecto. En cuanto a la calidad del aire, la institución señaló que las operaciones que podrían generar emisiones a la atmósfera serían las de estabilización, pero debido a su naturaleza esas operaciones no son consideradas una fuente importante de contaminación. Sobre la posibilidad de una audiencia pública para que los residentes de Sonoyta expresen ante las autoridades su rechazo al proyecto, el funcionario federal comentó que ésta se contempla en el periodo de autorización en materia de impacto y riesgo ambiental, el cual ya concluyó. En entrevista con Teorema Ambiental, Alfonso Flores agregó que ―las cuestiones culturales y sociopolíticas no están contempladas en las normas de la Semarnat, pues son específicamente de carácter técnico ambiental‖.
  • 2. En una carta dirigida al gobernador del estado de Sonora, Eduardo Bours Castelo, la asociación civil Ciudadanos Comprometidos con Sonoyta, AC, acusa a las autoridades de llevar el proceso de dicho confinamiento con omisiones y de manera viciada en cuanto al acceso de información. Señalan que omitieron investigar a los apoderados y accionistas de la empresa Centro de Gestión Integral de Residuos, SA de CV (Cegir). Según sus propias averiguaciones, uno de los accionistas de dicha empresa de nombre George Adams es socio de la compañía Adams Steel (dedicada al reciclaje de desechos industriales) y enfrenta una demanda por las autoridades ambientales de Estados Unidos por hacer mal manejo de sus empresas de reciclaje; una de ellas ubicadas en Anaheim, California. Esta persona también tiene antecedentes de mal manejo de desperdicios industriales en México. ―George Adams depositaba chatarra contaminada principalmente con plomo en las faldas del cerro El Centinela en Mexicali, Baja California‖. Más aún, el representante del proyecto ―La Joya‖ es César Augusto Sandoval González, un auditor y perito ambiental avalado por la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California, quien también se desempeñó como subdelegado estatal de la Profepa hasta abril de 1996. Aprobación de impactos ambientales El proyecto del nuevo confinamiento ya fue aprobado por la Dirección de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat. El delegado de Semarnat en Sonora, John Swanson Moreno, declaró en un medio nacional que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Cegir — que está al frente del confinamiento— fue aprobado por cumplir con 17 de los 18 requisitos necesarios además de que la empresa concesionaria dio prioridad a la calidad técnica del proyecto respetando el territorio sagrado de los indígenas tohono o’odham. Cegir pretende dar servicio de confinamiento de residuos peligrosos a las industrias de la región noroeste del país; ―beneficio que aumentaría la competitividad de las industrias al tener lugares más cercanos para lograr el manejo ambiental de sus residuos; de manera que minimizarían los costos de transporte, manejo y riesgo de trasladarlos a largas distancias‖, indicó Alfonso Flores. A pesar de contar con la aprobación de parte de la Semarnat, el desarrollo del proyecto está detenido debido a que el municipio Plutarco Elías Calles no ha otorgado la licencia de cambio de uso de suelo. El presidente municipal de Sonoyta, Raúl Contreras, no ha accedido a otorgar el cambio de uso de suelo por considerar que ―estos proyectos peligrosos por sus efectos ambientales y contra la salud, deben ser sometidos a la voluntad popular y no se pueden hacer a espaldas de la comunidad... La pasada administración del ayuntamiento negó el permiso de uso de suelo. Y yo no pienso abrir el caso, lo considero cosa juzgada‖, declaró ante el órgano informativo Tierramerica. La manifestación de impacto ambiental presentada por la empresa Cegir, afirma que el sitio recibirá sólo los residuos tóxicos producidos en Sonora, y procedentes de distintas partes del país como lo establece la Norma Oficial Mexicana (NOM–052-Semarnat-1993). En opinión de Rosa María Oleary Franco, coordinadora del grupo Ciudadanos por el Cambio Democrático en Sonora, ―la pretensión de este confinamiento es traer la basura de Estados Unidos‖.
  • 3. Oleary Franco es una activista con larga experiencia en disputas con empresas del ramo de los residuos peligrosos. Hace más de una década que inició una campaña contra el confinamiento Citrar, ubicado a las afueras de Hermosillo, cuando la empresa española Técnicas Medioambientales de México, SA de CV (Tecmed), incurrió en un inadecuado manejo de las sustancias peligrosas que derivó en el abandono en el sitio de más de 300 mil toneladas de residuos tóxicos. Hoy en día, refirió la activista, el confinamiento Citrar se encuentra en las mismas condiciones que hace 10 años: ―A la intemperie, descubierto, volando los tóxicos y contaminando las aguas subterráneas.‖ El sitio, que cerró sus puertas en 1998 al negársele la renovación de su licencia por mal manejo de los residuos, no ha sido remediado en su totalidad, pues de las 300 mil toneladas de desechos que se encontraban en el lugar, solamente fueron retiradas 2,500 toneladas de tóxicos. ―Citrar está afectando directamente a seis colonias del sur, pero indirectamente afecta a toda la ciudad. A 10 años de que se abandonó, el cáncer en Hermosillo ocupa uno de los primeros lugares en la República, pero las autoridades de Salud dicen que no se puede vincular directamente este problema al confinamiento‖, dijo la sonorense. Alfonso Flores detalló que el confinamiento Citrar está en la fase final de remediación en la que se espera el cierre definitivo de la obra, pues ya se han retirado todos los residuos de la macrocelda que quedó abierta. Y recalcó que la idea de que se confinarán residuos peligrosos provenientes de Estados Unidos, ―es un error infundado que han propagado las organizaciones no gubernamentales, dado que la ley de residuos prohíbe la importación de residuos peligrosos con fines de confinamiento‖. Por su parte, Eduardo Bours Castelo estimó que el nuevo confinamiento de residuos peligrosos, Cegir, debe ser instalado y operado con la seguridad de que ―el estado se compromete a cuidar que el centro opere apegado a las reglamentaciones nacionales e internacionales‖. A su vez, John Swanson consideró que las empresas del estado generan cada día más de 400 toneladas de residuos peligrosos que se trasladan para su tratamiento al confinamiento de Mina, Nuevo León, ―lo cual representa un fuerte gasto y su transportación un verdadero peligro‖. Pero la ciudadanía asegura que el municipio de Sonoyta no es productor de grandes cantidades de desechos tóxicos, por lo que no necesitan de la instalación de un confinamiento. La preocupación ciudadana La inminente construcción del confinamiento en Sonora mantiene preocupados a los habitantes de Sonoyta por el temor de que su instalación afecte la ecología del lugar y la salud de quienes habitan cerca. Los líderes de la tribu tohono o’odham, mediante un manifiesto, declararon estar en contra de la instalación del vertedero de residuos tóxicos porque representa una posible amenaza a su forma de vida debido al almacenamiento de residuos peligrosos en sus territorios sagrados y cercano a sus centros ceremoniales.
  • 4. El Gran Desierto de Altar, sitio elegido por los inversionistas de Cegir, es el ecosistema más preciado para los sonorenses. ―El desierto es un sistema sumamente rico en biodiversidad, en el que habitan al menos dos especies protegidas como la víbora de cascabel y la lagartija Callisaurus draconoides‖, aseguró Sandra Martínez, coordinadora ejecutiva de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente. Recordó también que este desierto ha sido el hogar de los tohono o’odham o pápagos, grupo indígena binacional que habita en su mayoría al sur de Arizona. La población actual de esta tribu es de 385 habitantes distribuidos en el desierto de Altar, y los municipios de Caborca, Plutarco Elías Calles y Saric, con descendientes en las ciudades de Puerto Peñasco y Sonoyta. Aunque muchos de los recursos que necesitan los obtienen fuera del desierto, el agua, los sitios sagrados y ceremoniales son indispensables para su sobrevivencia, expresó Sandra Martínez. Otro aspecto que preocupa a los habitantes, es la infraestructura carretera del desierto, pues a pesar de ser la única vía que une a México con la península de Baja California, es más bien un camino vecinal (dos carriles) en pésimas condiciones que resulta la más accidentada de Sonora. ―Los habitantes de Elías Calles reportan cuatro accidentes por semana, lo que aumentaría el riesgo por el paso de los residuos transportados‖, informó la coordinadora de la Red Fronteriza. Ante la divergencia de posturas, Alfonso Flores recalcó que ―la nueva Ley de Residuos habla sobre la responsabilidad que todos tenemos en la generación de residuos, por lo que estar en contra de la construcción de estos sitios es oponerse al propio mandato de la ley de crear una infraestructura para el manejo de residuos peligrosos del país‖. Rosa María Oleary consideró que ―se debe tener un lugar en cada estado, como en cada país, para guardar nuestros desechos‖, pero puntualizó que ―se debe ver a la basura como un problema de seguridad nacional no como un sucio y jugoso negocio‖.