Diario: La Nación
ARTICULO 1:
Es un artículo sobre la corrupción de policías, un tema que dificulta la obtención de
fuentes que vayan on-the-record. No es un artículo, entonces, muy creíble digamos, pero
sí advierte sobre la situación y da un punto de partida. Se podría investigar más y tratar de
conseguir a alguien que hable con nombre y apellido, está un poco light en fuentes.
Por ejemplo, no dice quiénes son los policías, pero sí de qué comisaría son. Está bien,
pero tal vez concentrarse en un caso y nombrarlo le da al lector más credibilidad. Igual
hace en otros casos referencia a ‘brigadas policiales’ o ‘según fuentes judiciales’. Tiende
a ser muy general y poco afirmativo: ‘según cifras oficiales’, ¿de qué cifras habla?,
¿quién las obtuvo? Generaliza y esto le quita validez.
Presenta una fuente documental proporcionada por el mismo diario, ‘Según la estadística
obtenida por LA NACION entre el 1° de enero y el 13 de este mes’. Esto clarifica el
origen de los datos, pero no sabemos de qué estadística habla. En qué se basa La Nación
para saber que hay 120 sumarios. No hay verificación por parte de la policía, pero dentro
de todo lo respalda el diario mismo, es su propia fuente se podría decir.
Lo mismo sucede más abajo ‘LA NACION pudo saber que hasta agosto se habían
iniciado 242 investigaciones’. No queda claro si usa una fuente anónima o cómo La
Nación pudo saber este dato. ¿De dónde saca el periodista está información? No resulta
fiable y ciertamente no está verificada.
Hay una cita de una fuente anónima, que no aporta mucho, porque lo que dice no tiene
mucho sentido si no sabemos quién lo dice. Sí sabemos que esta fuente habla
directamente con el diario.
Cita también a un vocero de la Policía Federal. Los voceros representan la idea de toda
una organización, pero suelen ser muy conservadores y tienen un discurso armado. Antes
que nada está bien, pero no logra hablar con alguien de adentro de la policía.
Casi al final del artículo recrea un supuesto de que alguien le dijo algo a alguien y está
confirmado por tres fuentes, pero estas tres fuentes se reservan el nombre. El tema queda
muy por el aire, porque nadie confirma su identidad. Pero está bien manejado en cierto
modo porque consulta tres fuentes, estas no develan su nombre, pero son 3 y no una, las
que confirman el hecho. (*ver más abajo)
Es característico de La Nación que aclara cuándo es que el diario entrevistó o habló con
esa persona y para estos casos ponen, por ejemplo: ‘dijo a La Nación’. Da más
credibilidad y el lector sabe que estuvieron en contacto directo con el entrevistado.
NOTICIA TEXTUAL:
Sospechas de corrupción
En lo que va del año fue sumariado un policía federal por día
Entre ellos hay acusados de secuestrar, fraguar procedimientos y encubrir a delincuentes

Gabriel Di Nicola
LA NACION
Debajo del debate sobre la inseguridad y las medidas necesarias para poder combatirla con
eficacia subyace la histórica sospecha de que no pocos policías, en lugar de trabajar contra el
delito, se nutren de él en beneficio propio.
En lo que va del año, según cifras oficiales, la Policía Federal abrió 120 sumarios contra oficiales
y suboficiales de la fuerza, tanto por cuestiones disciplinarias como, lisa y llanamente, por
sospechas de corrupción o de participación criminal.
Entre ellos está el caso de tres policías (dos de la comisaría 44a. y uno de la 35a.) acusados de
integrar, junto con barrabravas de Vélez Sarsfield, una banda dedicada a los secuestros
extorsivos. De años anteriores hay abiertos más sumarios por sospechas de toda índole, como
ser enriquecimiento ilícito, encubrimiento de robo, venta de drogas o prostitución, y hasta la
propia comisión de esos delitos violentos.
En la fuerza, que cuenta con casi 40.000 efectivos, los sumarios pueden concluir con la
exoneración o el paso a retiro, en los casos en que se comprueben las irregularidades, o con
absoluciones. Nunca dejan de ser una marca en los legajos.
Muchas veces, los procedimientos administrativos dentro de la policía se prolongan incluso más
allá de las resoluciones de la Justicia y hasta se resuelven con independencia de criterio: una
absolución en la justicia penal no garantiza idéntica resolución del sumario administrativo. Ante
tal panorama, y aunque legalmente nada les impediría recuperar sus cargos, muchos eligen la
vía rápida y buscan trabajo en la actividad privada, si es que ya no lo tenían (algo que no está
permitido).
Uno por día
Según la estadística obtenida por LA NACION, entre el 1° de enero y el 13 de este mes el
Departamento de Investigaciones de la Policía Federal inició 120 sumarios. En promedio, más de
un uniformado por día es investigado por la propia fuerza por presuntas causas, sean
irregularidades administrativas o acusaciones sobre su participación en delitos graves.
Aunque el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos no informó cuántos policías
fueron sumariados en 2008, LA NACION pudo saber que hasta agosto se habían iniciado 242
investigaciones.
Como se dijo, el último caso resonante ocurrió el 10 de marzo, cuando dos policías de la
comisaría 44a. fueron detenidos acusados de integrar una banda de secuestradores junto con
\"barras\" de Vélez. Por ese caso, el subinspector Enrique Zabala lleva casi 40 días prófugo,
mientras que el suboficial Héctor Miño fue procesado con prisión preventiva por el juez Marcelo
Martínez De Giorgi.
También hay brigadas policiales que tienen causas judiciales en su contra por su presunta
responsabilidad en el armado de operativos \"truchos\" o por \"liberar zonas\" para permitir la
comisión de hechos ilícitos.
\"Si la Policía Federal hace la vista gorda para permitir la venta ilegal callejera, no tengo dudas de
que también, en algunos casos, deja que se cometan otros delitos, como las salideras

bancarias\", afirmó a LA NACION un fiscal de instrucción porteño, que pidió que su nombre fuera
mantenido en reserva.
En la actualidad, según fuentes judiciales, se investiga a los ex jefes de la seccional 42a., el
comisario Héctor Hugo Lucca, y el subcomisario Fabián Güidali, acusados de haber dado
protección a una red de prostíbulos en Mataderos. El juez federal Norberto Oyarbide los había
indagado, pero ahora la causa pasó al fuero ordinario.
\"El comisario Lucca está en funciones, pero no está designado en ninguna comisaría hasta que
la Justicia defina su situación. Además de la causa judicial, Asuntos Internos, que funciona con
mucha rigurosidad, tiene un expediente abierto por su caso\", dijo a LA NACION un vocero de la
Policía Federal.
Acusaciones y absoluciones
Hace unos años, un funcionario nacional le pidió a un recién designado jefe en la Federal
\"rigurosidad y control\" sobre los uniformados para evitar delitos y corrupción. Le respondió:
\"Vamos a ir a fondo, pero sepa que su intención es meterse con la caja negra, que existe\".
En tal diálogo, confirmado a LA NACION por tres fuentes que pidieron reserva de su identidad, el
jefe policial se refería a negocios oscuros, tales como la protección de prostíbulos y
desarmaderos y la venta callejera ilegal. *
Durante la gestión del ex fiscal Norberto Quantín como secretario de Seguridad Interior del ex
presidente Néstor Kirchner fue echado el comisario general Roberto Giacomino, jefe de la
Federal, por irregularidades en contratos millonarios, por lo cual está hoy procesado. También
entonces echaron a otros oficiales jefes por haber cobrado viáticos por \"custodiar\" a Quantín en
viajes que nunca se hicieron.
\"Es indispensable para mejorar la fuerza, que Asuntos Internos esté en manos de civiles con
intachables carreras. Si no, nunca habrá un cambio para mejor\", dijo Quantín.
Hace nueve años, se creó la Comisión Investigadora de Procedimientos Policiales Fraguados,
que, según fuentes judiciales, develó la existencia de más de 100 casos de analfabetos,
mendigos, inmigrantes ilegales, desocupados y personas con retrasos mentales que habían sido
detenidos injustamente y sin pruebas. Algunas de esas causas llegaron a juicio, en los que los
policías acusados fueron absueltos.
El abogado Marcelo Rocchetti defendió a una brigada de la Federal que fue a juicio por tres de
esos casos. \"Fueron absueltos, y estoy seguro de que otros de mis defendidos que pronto irán a
juicio por lo mismo también serán absueltos\", dijo.
Rocchetti defiende a Giacomino y a otros jefes investigados por malversación de fondos y
enriquecimiento ilícito. Sin nombrarlo, culpó a Quantín. \"La mayoría de las causas contra mis
defendidos, estoy convencido, se iniciaron por cuestiones ideológicas. Pero lo más grave es que
fueron hechas por obsecuentes que se apoderaron de una ideología ajena y que efectuaron las
denuncias [contra los policías] para quedar bien con el poder de turno\", dijo Rocchetti a LA
NACION.
Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1120214

ARTICULO 2
En la noticia de la tragedia ocurrida en Brasil cuando un ómnibus desbarrancó, el diario
LA NACIÓN de Argentina, utiliza 3 fuentes aparentes: la fuente principal es el cónsul
argentino en el estado de Santa Catarina, Alberto Coto; en segundo lugar utilizan “fuentes
policiales” de Brasil y un tercer tipo de fuente que catalogan como “fuentes” en plural.
La única fuente que es “revelada” es la del cónsul, porque no queda claro qué fuentes
policiales “de ese país” se consultaron ni tampoco si cuando habla de “las fuentes” hace
referencia a las ya mencionadas o a otras.
Esto da a entender que la noticia está basada, en su mayoría, en el testimonio del cónsul
argentino. Parece poco serio, a pesar de que se trate de una noticia internacional, basarse
en una misma fuente de información.
Hubiese sido recomendable citar el testimonio de alguna persona que vio el accidente o
el de alguno de los que viajaban en el ómnibus. En caso de no conseguirlo, estaba bien
con citar el testimonio de algún familiar cercano, por ejemplo.
Algunos datos podrían haber sido consultados a la empresa (como el número de
pasajeros etc.) para corroborar, pero no parece que lo hayan hecho.
NOTICIA TEXTUAL:
Tragedia en Brasil: mueren jubiladas argentinas al desbarrancar
un ómnibus
Al menos siete fallecieron, 15 personas permanecen hospitalizadas y dos de ellas de
gravedad; los familiares viajan al lugar de la tragedia
Al menos siete turistas argentinas murieron luego que un ómnibus, que unía Camboriú con
Misiones, desbarrancara en un paraje ubicado a 60 kilómetros de Florianópolis, informó
a lanacion.com el cónsul argentino en el estado de Santa Catarina, Alberto Coto.
De los 35 pasajeros que viajaban en el vehículo accidentado, esta tarde 13 habían sido dados de
alta y 15 permanecían hospitalizados, dos de ellos de gravedad.
Pese a que fuentes policiales de ese país habían asegurado que 13 personas fallecieron en el
accidente, pasadas las 14 Coto indicó sólo existen siete víctimas fatales confirmadas.
El accidente ocurrió ayer, pocas horas antes de la medianoche, en la ruta BR-282 a unos 60
kilómetros de Florianópolis, donde, por causas que aún se investigan, el chofer del vehículo
perdió el control y el micro volcó en una barranca de cerca de 100 metros.
La lista oficial de la empresa de viajes a cargo del servicio indicó que 35 personas viajaban en el
ómnibus, en su mayoría mujeres mayores.
En diálogo con este medio, Coto relató que los familiares de las víctimas del fatal accidente
\"viajaron a la zona en un avión puesto a disposición por el gobierno de Misiones\".

En tanto, el diplomático aseguró que \"ocho de los pasajeros heridos ya fueron dados de alta y
fueron trasladados a un hotel de la zona acondicionado por las autoridades del estado de Santa
Catarina\".
Jubiladas. Las víctimas del accidente eran jubiladas de la administración pública de Misiones
que viajaron a Camboriú, en el vecino país, para un encuentro internacional. La delegación había
partido de la capital misionera el pasado 13 de este mes, con destino a la ciudad balnearia
brasileña.
Según las fuentes, el chofer del ómnibus perdió el control del vehículo en una curva y
desbarrancó en una zona con abundante vegetación, lo que dificultó las tareas de rescate.
Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1120288&pid=6273120&toi=6479
ARTICULO 3:
En todo el artículo se hace referencia a unos diputados que no sabemos quiénes son,
quiénes denunciaron. Al principio aclara que son de la oposición pero después habla muy
en general de ellos, lo que no se termina de entender si son todos, algunos.
Las fuentes testimoniales en este artículo son bastante más específicas. Denotan cargo y
qué hacen o hicieron. No hay verificación en cuanto a datos de Anses, pero el diario se
respalda y lo advierte en el mismo artículo, alegando que no tuvo respuesta de la
organización. Está bien que lo aclaren, pero le quita al artículo la perspectiva de Anses.
‘Según estimaciones basadas en los informes que se emitían quincenalmente hasta
octubre último…’ Fuente documental que no específica de qué informes se hablan. ¿Son
de Anses? Esta mal planteada, se pierde el hilo de lo que se estaba diciendo y no aporta
significativamente.
‘El economista de la central CTA’. No específica qué economista, porque igual no es
relevante su nombre. Está bien utilizada la fuente ya que aclara la profesión y a qué
organización pertenece que es lo que interesa.
‘Un grupo de entidades sindicales y de jubilados’. Acá no clarifica, pero lo hace más
abajo y está bien porque sino es muy denso, porque son siglas largas.
En general la noticia está bien. Tiene fuentes testimoniales de una diputada, un
economista y fuentes documentales, de las que no se sabe claramente el origen, pero las
tiene.
NOTICIA TEXTUAL:
La crisis / Reclamos de diputados que aprobaron el traspaso a la Anses
Siguen sin control los fondos jubilatorios reestatizados
No se pusieron aún en marcha los mecanismos prometidos en la ley que dispuso el fin de
las AFJP

Silvia Stang
LA NACION
Cinco meses después de la eliminación del sistema jubilatorio de capitalización, los fondos que
fueron traspasados al Estado siguen siendo gestionados por la Administración Nacional de la
Seguridad Social (Anses) sin que se apliquen los controles previstos en la misma ley, según
denunciaron diputados de la oposición. Se trata de una masa de recursos que superaría los $
100.000 millones, según estimaciones basadas en los informes que se emitían quincenalmente
hasta octubre último: a partir de la estatización del sistema también se abandonó la difusión de
datos.
La semana pasada, tres diputados que defendieron la anulación de las AFJP y que ahora
reclaman transparencia al Estado presentaron en el Congreso un proyecto de resolución para
que se integre la demorada comisión bicameral que debería estar haciendo un seguimiento de
las inversiones del fondo de \"garantía del sistema de reparto\". Ese grupo debe integrarse con
seis diputados y seis senadores.
A la caja en cuestión, que está bajo la responsabilidad directa del director de la Anses, Amado
Boudou, se transfirieron los ahorros acumulados en las cuentas de quienes habían elegido una
AFJP. El fondo también se alimenta del excedente que se genera entre la recaudación del
sistema y sus pagos mensuales.
\"Usar los recursos sin control les da letra a los defensores del sistema privado en contra del de
reparto\", se quejó la diputada María América González (Solidaridad e Igualdad), autora del
proyecto de resolución, que también firman Claudio Lozano (Proyecto Sur) y Eduardo Macaluse
(Solidaridad e Igualdad). González recordó que entre los fondos traspasados están los
provenientes de aportes voluntarios que hicieron algunos afiliados, ya que pese a los meses
transcurridos la Anses no definió qué ocurrirá con esos recursos.
Además de la iniciativa de resolución, los diputados les pidieron a Eduardo Fellner y a Julio
Cobos, como presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente, que
\"arbitren las medidas necesarias para constituir la comisión bicameral\". Según González, \"resulta
ofensivo para la República y para la democracia tener que llegar a redactar un proyecto de
resolución para que las autoridades del Poder Legislativo cumplan lo que dice la ley\".
A mediados de febrero pasado, los diputados le habían reclamado a Boudou, con una carta de
intimación, que dispusiera la integración del consejo multisectorial que debe monitorear el uso de
los recursos y que, al igual que la comisión bicameral, fue creado por la reforma votada en
noviembre del año pasado. De ese consejo deben formar parte entidades empresariales,
sindicales y dependencias del Gobierno. La respuesta de la Anses señala que la Unión Industrial
Argentina (UIA), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), la CGT, el Organo Consultivo
de Jubilados y Pensionados y la Cámara de Diputados respondieron a la invitación. En el caso de
la UIA, la respuesta fue que se propondrá una designación una vez que funcione la bicameral.
Sin embargo, la nota de la Anses aclara que la designación formal de los integrantes del grupo
está en trámite, ya que esa tarea le fue asignada por la ley 26.425 al Poder Ejecutivo. Es decir:
las entidades proponen y la presidenta de la Nación decide quiénes controlarán.
Según Lozano, que califica como \"ilegal\" la asignación de fondos sin control, ese consejo de
entidades nació como propuesta de funcionarios y legisladores oficialistas durante el breve

debate que tuvo el proyecto en el Congreso. \"No se integran ni siquiera los organismos que ellos
propusieron\", sostuvo en referencia al oficialismo, al que cree responsable de las omisiones,
dada su posición de fuerza en el Congreso.
El diputado estimó que el Gobierno hizo ya anuncios que comprometen el uso de $ 32.000
millones del sistema en planes de préstamos, aunque por ahora se licitó entre los bancos una
cifra muy inferior. Si se suman anuncios de obras públicas para este año y la suscripción de
deuda, el economista de la central obrera CTA calculó en un trabajo que ya se pensó un destino
para $ 82.000 millones.
LA NACION intentó varias veces, desde la estatización del sistema, acceder a datos del fondo.
Pero no hubo respuesta, igual que ante la consulta a la Anses para esta nota.
Aunque las proyecciones podrían ser revisadas, se calcula que este año el sistema de la
seguridad social tendría un excedente de $ 18.000 que iría al fondo de garantía como diferencia
entre la recaudación y los gastos que asume. Es un saldo que muchos se resisten a calificar de
\"superávit\", dado que hay más de 231.000 juicios de jubilados pendientes, muchos de ellos en
reclamo de la aplicación del fallo Badaro, en el que la Corte ordenó que desde 2002 los haberes
deben subir a la par de la evolución de los salarios.
Reclamo por la movilidad
La ley de movilidad jubilatoria puesta en marcha en marzo último no previó ninguna corrección
del valor de muchos haberes jubilatorios que, si se sigue el criterio dispuesto por los jueces
supremos, recibieron ajustes insuficientes en los últimos años. Esa es una de las razones que
motivaron a un grupo de entidades sindicales y de jubilados a presentar en la Justicia un pedido
de declaración de inconstitucionalidad de esa norma. La demanda fue alentada también por los
diputados González y Lozano.
Además de la falta de retroactividad, se cuestiona que la fórmula de cálculo de la movilidad no
siga directamente la evolución de los salarios (en rigor, la combina con otras variables). También
se reclama por la forma en que se actualiza el valor histórico de los sueldos de los últimos 120
meses con aportes antes del retiro, que son considerados para calcular el haber de inicio de una
jubilación. Y se sostiene que el haber mínimo debería equivaler al 82% del salario mínimo, vital y
móvil (actualmente es el 61%).
La acción fue presentada por la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y
Pensionados de la República Argentina, la Federación Nacional de Trabajadores Jubilados y
Pensionados de la CTA, la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos y la
Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina.
Tiempo atrás, la diputada González había presentado un proyecto para reclamar la
publicidad de los datos de la evolución de las variables que utiliza la Anses para el
cálculo de la movilidad, lo que no ocurrió.
Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1120145
Revista Semanal: Búsqueda

ARTICULO 1:
“El gobierno sube tope de emisión de deuda para financiar déficit; excedió el máximo
legal en 2008” (Búsqueda, 16 de abril. Portada).
La nota se basa en fuentes testimoniales, estas podrían ser de gran valor si se identificara
su cargo pues todas son fuentes oficiales, pero pierden mucha validez al quedar en el
anonimato. Dice: fuentes parlamentarias, asesores de Economía, algunos senadores y
fuentes oficiales. En cambio cuando pone nombre a esas fuentes los argumentos ganan
mucha fuerza, sobre todo porque son fuentes de alta jerarquía. Por ejemplo: “había
informado (…) el subsecretario de Economía, Andrés Masoller. Otro ejemplo y el más
llamativo incluso es el del ministro de Economía, Álvaro Garcia. Este aparece citado
recién al final de la nota, parece una fuente muy sólida que queda desaprovechada.
Por último, la nota utiliza también una fuente documental, dice: “según surge de datos
preliminares del Banco Central”, a pesar de ser una fuente calificada, la cita queda un
tantio desvalorizada pues no indica con precisión qué datos son, de cuándo, etc.