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  • 1. LA MUJER PERUANA EN CIFRAS Recopilación Bibliografica con fines docentes Dr. Percy Miranda Paz El Perú está ubicado en la parte central y occidental de América del Sur. Tiene una población femenina de 11’091,981 mujeres, las que representan el 50.3% de la población total que, de acuerdo al Censo Nacional de 1993, es de 22’048,356 personas. El 70% del total de la población femenina (7’852,110) reside en áreas urbanas, como consecuencia del centralismo y de los patrones de migración y urbanización registrados. Un ejemplo de eso es que la ciudad capital concentra el 41% de la población femenina urbana y el 29% de la total. En las áreas rurales, ubicadas sobre todo en territorios de sierra y selva, reside una tercera parte de la población femenina. La distribución por grupos de edad indica que de cada cien mujeres, 36 son niñas menores de 15 años; 21 son mujeres jóvenes de 15 a 24 años; 38 son adultas; y 5 tienen 65 años o más. Es decir el 57% de la población femenina es eminentemente joven. Un patrón similar muestra la población masculina. La estructura de edades varía según la zona de residencia, correspondiendo una mayor presencia de población infantil a las zonas rurales, 44%, y 33% a las urbanas. En 1993, el 20% de la población femenina declara como lengua materna el quechua, el aymara u otra lengua nativa. En las zonas rurales, la proporción de mujeres que no tiene como lengua el castellano asciende a 41%. En la amazonía peruana existen once familias lingüísticas y cincuentaidós grupos étnicos, distribuidos en 1,335 comunidades asentados en casi el total de provincias. Dependiendo del grupo al que pertenecen, el trabajo de la mujer indígena es altamente valorizado en su familia y en su comunidad. Sin embargo, a mayor integración a la sociedad nacional es mayor la pérdida de poder económico de la mujer indígena, de acuerdo al “Informe Nacional sobre la Mujer Rural”, Lima 1994. EDUCACIÓN El analfabetismo es un problema de primer orden para las mujeres del Perú, donde la mayoría de iletrados son mujeres, especialmente en sectores rurales. La tasa de analfabetismo es de 5.6% y, dentro de ésta, la proporción entre géneros es de 3 varones por 7 mujeres analfabetas, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares, realizada en 1998. De los analfabetos que viven en el campo, 62.8% es mujer. El promedio educativo de las mujeres rurales es de 3.1 años de estudios. El 24% de las niñas campesinas de 6 a 14 años no asiste a la escuela, situación que se agrava en las zonas de mayor pobreza y entre las poblaciones indígenas. MATERNIDAD Otro indicador relevante para hacer una mejor evaluación de la situación de las mujeres, es su condición de madres. Según el último censo, el 68.3% (4’835,972) de las mayores de 15 años es madre. En el sector urbano, el 66% tiene esa condición, mientras que en el sector rural alcanza a 76%. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señala que cerca de la tercera parte (31%) de los nacimientos ocurridos en los últimos cinco años no era deseado; es decir, cerca de un millón e niños/as nacieron sin que los padres hubieran querido tenerlos/as (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000). Si se agrega a los nacimientos ocurridos de madres que ya no querían más hijos, a
  • 2. aquellos que hubieran querido ser diferidos, se tendría que el 56% de los nacimientos ocurridos en los últimos cinco años no fue deseado en el momento de su concepción. La tasa de muerte materna es de 18.3% por 100 mil mujeres en edad fértil. Si ésta se expresa en función de los nacimientos se tiene que la estimación es de 185 muertes por 100 mil nacidos vivos, una de las más altas de América Latina y del mundo. Según la Encuesta de Fecundidad 1991-1992, el uso de métodos anticonceptivos modernos está más extendido en el área urbana del país, especialmente en las mujeres con nivel de educación secundaria o más. El DIU es el anticonceptivo más usado, representando el 16.7%; mientras que la esterilización femenina es del orden del 9.6%, la esterilización en los hombres es de 0.1%. En el área rural, solamente, el 15.5% de las mujeres con pareja utiliza métodos anticonceptivos modernos, siendo el DIU, la píldora y la esterilización femenina los más usados, alcanzando entre los tres el 12.2%. En este sector se observa una mayor preferencia por los métodos tradicionales. ADOLESCENTES Uno de los problemas de mayor preocupación en el Perú es la alta tasa de embarazo adolescente. Según el INEI, el 13% de las adolescentes entre 15 y 19 años ya son madres (11%) o están gestando por primera vez (2%). El 41.8% quiso ese hijo/a después. Los mayores porcentajes de adolescentes que son madres o están embarazadas (37%) se presentan entre las mujeres sin educación (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 - ENDES, Lima, 2001). De las adolescentes, el 14% ha utilizado alguna vez algún método anticonceptivo, 10% métodos modernos y el 7.5% los llamados tradicionales. Sin embargo, solo el 8.8% utiliza en la actualidad algún método anticonceptivo, 5.6% uno moderno y 2.9% uno “tradicional” (INEI). De otro lado, la muerte materna, en el grupo de jóvenes entre 15 a 19 años, alcanza una tasa de 362 por cien mil nacimientos (INEI). Del total de estas muertes, el 15% es adolescente y, dentro de éstas, el 20% es por aborto. (Távara, L.) En el Perú, una de cada tres personas es adolescente o joven. Es esencial brindarles la educación sexual necesaria para que tomen conciencia de las consecuencias que implican tener una vida sexual sin protección. TRABAJO Las cifras del Ministerio de Trabajo muestran que el desempleo femenino es mayor al masculino en términos absolutos y porcentuales. En 1996, aproximadamente, ocho millones de personas estaban empleadas en el Perú. De este número, la mujer representó solo el 28% de la fuerza laboral. En cuanto a las categorías ocupacionales, las mujeres están excluidas de las posiciones de patrón (77.8% son varones). En cambio, las mujeres constituyen un porcentaje significativo de practicantes preprofesionales; es decir, personal subempleado (65.7%), trabajadoras familiares no remuneradas (66.7%) en las micro y pequeñas empresas. También, las mujeres son las más representativas en la categoría de trabajadoras de hogar (93.7%). Es significativa la presencia de las mujeres en la actividad comercial (60%), en particular como vendedoras (65%). En el rubro de trabajadores independientes, la mayoría de los profesionales y técnicos es varón (75.4% en 1999). El sueldo de los hombres en 1998 era 71.4% más alto que el de las mujeres, y en 1999, 76.4% más alto. PARTICIPACIÓN POLÍTICA En diciembre del año 2001, se incrementó la cuota mínima de 25 a 30% de participación de hombres y mujeres en las listas de candidatos para el Congreso de la República. Los resultados muestran que
  • 3. los avances normativos son necesarios, pero no son los únicos que deben de ser adoptados por el Estado. Salieron elegidas 22 congresistas mujeres de 120, frente a 98 hombres. ORGANIZACIONES DE SOBREVIVENCIA Para enfrentar la crisis, las mujeres se organizaron y dieron vida a organizaciones de sobrevivencia, y cubrir aspectos básicos como la alimentación y salud. Se estima que a nivel nacional funcionan entre siete y ocho mil comedores autogestionarios, beneficiando con su servicio a más de dos millones de personas. Asimismo, operan alrededor de nueve mil Comités de Vaso de Leche en Lima y entre tres y cuatro mil comités en el resto del país, los cuales son dirigidos por cerca de 100 mil mujeres a nivel nacional. Estas organizaciones si bien en sus inicios tuvieron como objetivo enfrentar la pobreza y dar una solución comunitaria a los efectos de las medidas de ajuste económico, con el tiempo se convirtieron en espacios de entrenamiento para el liderazgo y negociación con distintos niveles: gobierno central, municipalidades, gobierno regional, entre otros. Frente a la situación de desventajas que vive la mujer en el Perú, es que el Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán” asume como misión terminar con las causas estructurales que restringen la ciudadanía y afectan el ejercicio de sus derechos. Flora Tristán es parte del movimiento feminista, que es una de las vertientes del movimiento de mujeres del Perú (las otras dos son el movimiento de mujeres populares y el de las mujeres políticas). Derechos Sexuales y Ciudadanía en Salud Impulsa acciones para que las mujeres se perciban y sean reconocidas, en la agenda nacional, como sujetos de derechos sexuales y reproductivos y de su propia salud. Influye en el diseño de políticas públicas de salud, y monitorea la implementación de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en el país. Impulsa campañas para que las políticas de población incorporen las necesidades y derechos de las mujeres en la esfera de la sexualidad y reproducción, tales como la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE). Realiza acciones de capacitación e impulsa el debate de propuestas de políticas en el campo de la salud pública y de la violencia, desde un enfoque de derechos humanos. Desarrolla investigaciones en el campo de la salud pública, particularmente aquellas que tienen que ver con el ejercicio de los derechos humanos y la equidad de género. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EL EJERCICIO DE NUESTRA CIUDADANÍA Reconocidos como derechos humanos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos (DSR) engloban el derecho de las personas a decidir de manera libre sobre su sexualidad y sobre su vida reproductiva, esferas de indiscutible importancia en la vida cotidiana y sin lo cual difícilmente se puede pensar en una ciudadanía real. Por ello, los DSR garantizan la convivencia y la armonía sexual entre hombres y mujeres, asegurando que la sexualidad y la reproducción se ejerzan con libertad, respetando la dignidad de las personas, permitiéndole al ser humano el disfrute de una sexualidad segura, placentera y con el menor riesgo posible de sufrir complicaciones de salud.
  • 4. De manera puntual, los derechos reproductivos son los derechos de todas las parejas e individuos • A decidir libre y responsablemente el número, espaciamiento e intervalo de sus hijos e hijas, y a disponer de la información, educación y medios para hacerlo; • A alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva; y • A tomar decisiones acerca de su reproducción libre de coacción, discriminación o violencia. Y los derechos sexuales son los derechos de todas las parejas e individuos • A decidir libre y responsablemente sobre todos los aspectos de su sexualidad, incluyendo la protección y promoción de su salud sexual y reproductiva; • A estar libre de coacción, discriminación o violencia en su vida sexual y en todas las decisiones acerca de la sexualidad; • A contar con y demandar igualdad, consentimiento pleno, respeto mutuo, y responsabilidad compartida en las relaciones sexuales. (Tomado de Family Care International. 2000. Sexual and Reproductive Health Briefing Cards. FCI: New York). El Programa de Acción formulado por la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo-CIPD (El Cairo, 1994), así como Plataforma Mundial para la Acción resultante de la Cuarta Conferencia Mundial sobre de la Mujer (Beijing, 1995) consolidan los compromisos políticos asumidos por los estados participantes respecto a los DSR, entre ellos los del estado peruano. En El Cairo se definen los derechos reproductivos como aquellos que “abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes, aprobados por consenso en las Naciones Unidas; se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos, el intervalo entre éstos, a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos” (CPD, 7.3). En Beijing se reafirma la definición brindada, pero incluye ,además, otros aspectos que pueden reconocerse como los contenidos iniciales de los derechos sexuales; señala que “se debe entender que los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y a decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a coacción, a discriminación y violencia”. Agrega que “las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto de la integridad de la persona, exige el respeto y el consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual” (C 96/97). Entre los compromisos que el estado peruano asumió respecto a los DSR están: 1. Que la salud reproductiva esté al alcance de todas las personas lo antes posible, preparando programas de salud reproductiva para atender las necesidades de las mujeres y las adolescentes. 2. Apoyar el principio de la libertad de elección en la planificación de la familia, adoptando medidas para satisfacer las necesidades al respecto de la población lo más antes posible. 3. Proporcionar acceso universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y a servicios de salud reproductiva. 4. La promoción, el suministro y la distribución fiables de preservativos de buena calidad deberían convertirse en elementos integrantes de los servicios de salud reproductiva. 5. Posibilitar el acceso de la mujer a los sistemas de seguridad social en condiciones de igualdad con el hombre durante toda su vida. 6. Eliminar todas las prácticas de discriminación contra la mujer, ayudando a la mujer a establecer y realizar sus derechos, incluidos los relativos a las salud reproductiva y sexual. 7. Intensificar esfuerzos de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual y de otras infecciones del aparato reproductivo. 8. Reducciones significativas de la mortalidad materna para el año 2005: una reducción de la
  • 5. mortalidad materna a la mitad de los niveles de 1990 para el año 2000 y una nueva reducción a la mitad para el año 2015. 9. Reconocer y afrontar las consecuencias que tienen para la salud los abortos peligrosos. En todos los casos las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos. 10. Eliminar los obstáculos jurídicos, normativos y sociales que impiden el suministro de información y servicios de salud reproductiva a los adolescentes. Estos compromisos asumidos por el estado peruano en el año 1994 y 1995 evalúan de manera directa las gestiones de nuestros gobernantes, y de acuerdo a las estadísticas, aún está muy lejos de cumplir con sus compromisos internacionales: • El Perú tiene una de las tasas más altas de muerte materna de América Latina y del mundo. • En el Perú se producen cada año 352 mil abortos clandestinos, cada hora se realizan 40 y cada día 1000 (Delicia Ferrando). • Cerca de un millón de niños/as nacieron sin que sus madres y padres hubieran querido tenerlos/as (ENDES, 2000). • 862 mil mujeres continúa con escasa protección anticonceptiva o está totalmente desamparada frente al riesgo de un embarazo no deseado. • 13% de las jóvenes entre 15 y 19 años ya son madres o están gestando por primera vez. Esta cifra asciende al 25% en zonas rurales y de la selva (ENDES, 2000). • 5,000 personas se encuentran en el estadio final de la infección por el VIH denominada estadio Sida. Desde el inicio de la epidemia en el Perú (1983) ya han fallecido 5,000 hombres, mujeres y niños/as (Vía Libre). Este panorama exige que nuestros políticos y gobernantes consideren que las ciudadanas y ciudadanos necesitamos que nuestros derechos sexuales y reproductivos sean reconocidos y protegidos al más alto nivel y además traducidos en leyes, políticas y programas públicos. Ésta es la importancia del actual proceso de debate constitucional: poder incorporar de manera amplia en la norma de mayor jerarquía, que es la constitución, nuestros DSR, logrando así las garantías necesarias para que se puedan establecer políticas de estado que aseguren la libertad y autonomía personal sobre las decisiones en materia de sexualidad y reproducción. LOS Y LAS ADOLESCENTES Y SU VIDA SEXUAL Y REPRODUCTIVA Uno de los problemas de mayor preocupación en el Perú es la alta tasa de embarazo adolescente, pues el 13% de las adolescentes entre 15 y 19 años ya es madre (11%) o está gestando por primera vez (2%). El 41.8% quiso ese hijo/a después ((Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000- ENDES, 2001). Los mayores porcentajes de adolescentes que son madres o están embarazadas (37%) se presentan entre las mujeres sin educación Entre las causas que determinan el embarazo están el abuso sexual o sexo forzado, uniones tempranas, patrones familiares y culturales y el escaso conocimiento e información en algunas regiones y grupos sociales (Promudeh, Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 2001). De las adolescentes, el 14% ha utilizado alguna vez algún método anticonceptivo, 10% métodos modernos y el 7.5% los llamados tradicionales. Sin embargo, solo el 8.8% utiliza en la actualidad algún método anticonceptivo, 5.6% uno moderno y 2.9% uno “tradicional”. Aquí observamos con preocupación el abandono por parte de las adolescentes de la utilización de métodos anticonceptivos, sobre todo de métodos modernos, los cuales tienen una protección comprobada (ENDES, 2001). De otro lado, la muerte materna, en el grupo de jóvenes entre 15 a 19 años alcanza una tasa de 362 por 100 mil nacimientos (ENDES, 2001). Del total de estas muertes, el 15% son adolescentes y, dentro de estas, el 20% es por aborto (Távara, L.). Otra preocupación es la alta presencia del Sida entre los jóvenes. El 3.18% de casos se da en el grupo
  • 6. de 15 a 19 años (hombres 2.9% y mujeres 0.94%). 17.9% en el grupo entre 20-24 años (hombres 14% y mujeres 3.9%) (Procetss, cifras al 2001). Es importante considerar que debido al largo periodo de evolución de la enfermedad (5 a 10 años), la adquisición de la infección de VIH se produjo durante la etapa adolescente. Otro dato relevante es que el 12.4% de las mujeres adolescentes entre 15 y 19 años no sabe del Sida, y el 28% de ellas no sabe cómo evitarlo. Estas adolescentes se caracterizan por no tener educación (61.4%) y el 28.9% por tener solo educación primaria (ENDES, 2001). En el Perú, uno de cada 20 adolescentes se ve afectado por una enfermedad de transmisión sexual, con lo cual se convierte en un grupo de alto riesgo para contraer el VIH/Sida (Algo más que palabras, Mesa Tripartitita). 50.7% de las mujeres adolescentes entre 15 y 19 años no conoce sobre las ETS. El 91.3% de ellas son sin educación y el 80.3% tiene solo educación secundaria. En el Perú, una de cada tres personas es adolescente o joven. Es esencial brindarles la educación sexual necesaria para que tomen conciencia de las consecuencias que implican tener una vida sexual sin protección. Lo que se busca es darle la información para que ellos/as tomen sus decisiones de una manera responsable respecto a su salud. El Perú a diez años de la Conferencia de Población y Desarrollo Situación y compromisos pendientes Presentación El presente documento es una síntesis del informe elaborado por organizaciones de la sociedad civil sobre el cumplimiento del Estado peruano de los compromisos asumidos al suscribir el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo (CIPD) de El Cairo (1,993). Presentamos los avances, retrocesos y vacíos detectados en estos diez años, en dos ejes de las políticas públicas: la equidad de género y los derechos sexuales y reproductivos. El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán fue una de las organizaciones que participó en la elaboración del Informe y, a través, de esta síntesis, buscamos hacer llegar los resultados de esta evaluación a la clase política, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, colectivos y redes. Esperamos que lo mostrado en este documento se transforme en un llamado a la acción, que comprometa a la sociedad en su conjunto y, de forma especial, a nuestra clase política, de manera que se dicten e implementen las políticas públicas que hagan realidad compromisos aún pendientes, de manera que cumplamos con los estándares de derechos humanos y de equidad de género, según acuerdos internacionales. Es una voluntad que demanda la urgencia necesidad de construir una democracia real. Del Informe 1. Periodos analizados El análisis de las medidas legales y normativas, sectoriales e intersectoriales, se remonta en algunos casos a etapas previas a la CIPD hasta los periodos posteriores, comprendiendo así los gobiernos de 1990-1995 y 1995-2000, con Alberto Fujimori; del 2000 al 2001, con el Gobierno de Transición de Valentín Paniagua; y del 2001 a la fecha, con Alejandro Toledo. Durante el gobierno de 1995-2000, la sociedad civil tuvo un rol muy importante, tanto en la implementación de acciones para propiciar avances en los acuerdos de El Cairo, como en la denuncia de violaciones a los derechos de las mujeres. Perú se encontraba entre los países de avanzada en el tema en la región, incluso, en las negociaciones de Cairo Más Cinco, Beijing Más Cinco y la Sesión Especial de la Infancia.
  • 7. Con el Gobierno de Transición, el sector público tuvo un bajo perfil en el trabajo por los derechos sexuales y reproductivos. Desde el Ministerio de Salud empezaron a apreciarse retrocesos importantes. Con el advenimiento de la democracia, se revela una injerencia poderosa en políticas y programas de los sectores fundamentalistas de la iglesia católica y otras organizaciones, así como de movimientos conservadores. Se ha dejado sentir una disminución en la participación de la sociedad civil organizada, de las mujeres y de la juventud, y ocurrieron importantes retrocesos en las leyes, normas, políticas y programas con relación a los acuerdos de la CIPD en materia de la salud reproductiva, los derechos reproductivos y la equidad de género. 2. Salud reproductiva de los/as adolescentes y jóvenes Por el retroceso en el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, producido en estos dos últimos años, la población joven, adolescente e infantil, se ve especialmente amenazada con el recorte de derechos adquiridos en términos de información, educación, acceso a servicios integrales de salud, participación ciudadana, entre otros. Los avances de los 90s con relación a la salud sexual y reproductiva adolescente están en franca regresión. Entre 1994 y el 2000, los programas reconocían los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes y adoptaban los acuerdos de la CIPD. Con la creación del PROMUDEH, en 1996, se puso especial énfasis en la promoción de los derechos de la mujer y de la juventud, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos. En 1996 se creó, además, el Programa PROJOVEN del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, con apoyo de UNFPA, que incluyó capacitación en salud sexual y reproductiva dentro de la capacitación laboral a jóvenes mujeres y hombres en pobreza. Instancias de la sociedad civil se han preocupado por promover y abogar por los derechos y la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes (Mesa Adolescencia y Juventud-MAJ). A partir del 2001, entre los incumplimientos y vacíos se encuentra el no reconocimiento, de parte del Gobierno, de compromisos del Estado frente a la CIPD o la IV Conferencia Mundial de la Mujer en torno a derechos reproductivos y a la salud reproductiva y al lenguaje de género. En ese año se desactivó el Programa Nacional de Educación Sexual 1996-2000, que incorporaba el lenguaje de la CIPD y contó con la participación de la sociedad civil para su diseño, implementación, seguimiento y evaluación. Tenía un enfoque de habilidades para la vida que significaba un mejor manejo de la sexualidad en el adolescente. En cambio, El Programa de Promoción de la Salud en el Centro Educativo, preparado por el Ministerio de Salud en mayo del 2003, enfatiza el retraso del inicio sexual, la abstinencia, el valor de la fidelidad, sin hacer referencia al uso del condón para la prevención de la ITS/VIH-SIDA o de los métodos anticonceptivos. Es un avance el apoyo a los jóvenes en lo relativo a sus medios de vida y las habilidades para la vida, que el Código Penal sancione como delito agravado la inducción a la prostitución en menores de 18 años y diferencie penas por edad en casos de actos sexuales con menores de 14 años, especialmente si une un vínculo familiar directo o indirecto. Aunque nuestro Código del Niño y del Adolescente protege de la explotación sexual, no hay una política estatal que garantice dicha protección. A través del PROMUDEH se plantearon metas en el 2002 para retener en la escuela a las y los adolescentes que trabajan, adecuar el currículo a su realidad, así como la erradicación de la explotación sexual de niñas y niños para el 2010 y la generación, al 2005, de la normatividad correspondiente. 3. Acceso a servicios de salud reproductiva. Morbilidad y mortalidad materna La mortalidad materna peruana es una de las más altas del mundo: 185 mil por cien mil nacidos vivos. Ello significa que mueren cinco mujeres a diario por esta causa. Mientras en los 90s y hasta mediados del 2001 su abordaje se hacía con un enfoque de la CIPD y los demás marcos internacionales, ahora no sólo se está poniendo el énfasis en la vida y el bienestar del niño y el concebido, incluso por encima de la mujer, sino se están cuestionando las tasas y estimaciones de la mortalidad materna.
  • 8. En la década 1995-2000, la reducción de la mortalidad materna –que en 1996 se estimaba en 256x100n.v.- fue una prioridad política, y se construyeron y equiparon servicios, capacitando a proveedores desde el Estado y las ONG. Sin embargo, la cobertura seguía siendo muy baja, particularmente para las mujeres en exclusión, y la calidad de atención era todavía insuficiente, lo que se traducía en altas tasas de mortalidad materna con relación a la región. A través del Proyecto 2000 del MINSA se trabajó el tema y se amplió la cobertura del parto institucional y de los controles prenatales, pero sin tener en cuenta en las intervenciones las causas estructurales de discriminación a la mujer y la necesidad de implementar servicios de salud con capacidad resolutiva de las emergencias obstétricas. El Plan de Igualdad de Oportunidades 2000-2005 del PROMUDEH tiene como objetivo contribuir a la disminución de la mortalidad y morbilidad materna, con reducción de la tasa de mortalidad materna a 100 x 100 mil nacidos vivos; elevar al 90% la cobertura de control prenatal de gestantes en el área rural; elevar el suministro de suplemento vitamínicos y alimentación complementaria para el 50% de gestantes; y elevar la cobertura del Seguro Materno Infantil de 520,000 a 1’300,00 gestantes por año. Sin embargo, la nueva estructura del MINSA deja de lado lo poco que se había avanzado en el trabajo específico por la salud de la mujer. La capacidad resolutiva de los servicios de salud no ha mejorado lo suficiente. Si bien se ha logrado un incremento en los controles prenatales, ello no ha impactado tanto en el parto institucional debido a la mala calidad de los servicios, que no se distinguen por respetar a las mujeres de las zonas rurales según su cultura y creencias, así como es notoria la incapacidad para resolver emergencias y evitar que las mujeres mueran. El 27% de las mujeres del área rural y el 13% del área urbana no tienen acceso a la atención de personal profesional. En el 2003 se estima en 352 mil el número de abortos inducidos cada año y 16,3% de las muertes maternas registradas se deben al aborto, la segunda causa de muerte materna en el país. De especial preocupación resulta la alta mortalidad materna adolescente por esta causa. En la actualidad, uno de los objetivos estratégicos 2002-2006 es la reducción de morbi-mortalidad infantil, materna y por enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles. Si bien el MINSA manifiesta haber logrado en su gestión disminuir la mortalidad materna, gracias al Seguro Integrado de Seguridad Social, sin embargo la sociedad civil en base a argumentos técnicos cuestiona que pueda hablarse de una reducción significativa. Además, en la actual política de salud, la morbi-mortalidad materna aparece enfocada como un mero problema de desnutrición sin considerar las necesidades propias de las mujeres. 4. Anticonceptivos. Aborto En la actualidad, se acusa un evidente retroceso frente a los avances habidos en la década de los 90s. El Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar durante 1996 a 2000 disponía que en todos los centros de salud se ofreciera la gama de métodos anticonceptivos. En la relación de métodos que deben ser ofrecidos por el Estado, según las Normas de Planificación Familiar, no se encuentran el condón femenino ni la Anticoncepción Oral de Emergencia, pese a que ésta ha sido aceptada por resolución ministerial desde el año 2001. En el periodo 95-99 existieron deficiencias en los suministros de métodos anticonceptivos en los servicios de salud pública debido a recortes en las donaciones con fondos de USAID, a raíz de las denuncias de violaciones en torno a la anticoncepción quirúrgica forzada. A partir del gobierno actual, el abastecimiento de suministros es particularmente insuficiente por razones de orden político sectorial. La nueva estructuración del MINSA hace suponer que programas existentes van a desaparecer por el nuevo enfoque de ciclo de vida. El que se haya normado a nivel local y regional que el concebido debe ser registrado indica que la AOE difícilmente será reconocida por considerársela de manera errónea como abortiva. Se ha retomado en el 2003 el incluir en la Ley General de Salud la Objeción de Conciencia irrestricta , según la cual “Los profesionales de la salud, haciendo uso de su conciencia, podrán abstenerse de cumplir o desarrollar actividades de salud cuando éstas estén en contra de la vida y la dignidad de la persona humana”. De otro lado, en el año 2001 se aprobó el proyecto que modifica el Código Penal del Perú sobre Lesiones al Concebido, dándose penas de privación de la libertad si se comprueba que
  • 9. alguna persona, incluyendo la mujer/madre, ha ocasionado algún daño. Ese mismo año se dio la Ley de Celebración del Día del No Nacido. El MINSA hace gala de una política de salud desfavorable a la planificación familiar y salud reproductiva. No existe medida alguna que prevea evitar las complicaciones por aborto, específicamente. Por el contrario, la mayoría de medidas existentes tienen la intención de reprimir el aborto; así, la práctica se realiza en la clandestinidad y criminaliza a las mujeres que recurren a éste. El aborto está sancionado penalmente en el Perú, según el Código Penal de 1991. Sólo el aborto terapéutico se exime de pena. En el proyecto de Reforma Constitucional se ha incluido la prohibición al aborto, reforzando lo establecido en el Código Penal. Y se ha otorgado ciudadanía y derechos plenos al producto de la fecundación, a pesar de que los derechos se reconocen al concebido (óvulo fecundado anidado en el útero) siempre y cuando nazca vivo. Se han ignorado sistemáticamente las recomendaciones de Naciones Unidas para revisar la legislación punitiva sobre el aborto por su relación con la mortalidad materna, pese a que ha habido tres llamadas de atención para el Estado Peruano. 5. Violencia de género El abordaje de la violencia contra la mujer, particularmente en términos legales, mejoró sensiblemente en la década de los 90s, aunque con menor impulso en la década del 2000. En el periodo 1995-2000 destaca la Ley de Violencia Doméstica, que adjudica a las municipalidades la responsabilidad de crear refugios temporales para las mujeres maltratadas. En el periodo 1995-2000 se aprueba la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las formas de Violencia contra la Mujer (1996). Otras leyes reconocieron la violencia física y psicológica como causal de divorcio. En 1999 se promulgaron leyes que regulaban los delitos contra la libertad sexual en niños, niñas y adolescentes víctimas. Al año siguiente se incluye la violencia sexual como forma de violencia familiar. El tema de la violencia sexual pasa del terreno privado al público, sin embargo, el tratamiento de la violencia de género y violencia contra la mujer sigue reducido a la violencia familiar. En 1998 se creó la primera Comisaría de Mujeres. Para 1999 había ocho ciudades con delegaciones policiales femeninas y secciones especializadas en cinco ciudades más. El Ministerio del Interior vigila que las mujeres policía traten los casos de violencia doméstica. El PROMUDEH en 1997 brindaba el servicio telefónico de la Ayuda Amiga, y en 1999 se instala un servicio de atención a personas afectadas por violencia familiar. Según el MIMDES, hoy el Ministerio da prioridad, entre sus líneas estratégicas, a la lucha contra la violencia familiar y sexual “como una clara muestra de compromiso político por luchar contra toda forma de discriminación y violencia ejercida contra la mujer por cuestiones de género”. A pesar de ello, la violencia contra las mujeres sigue siendo un grave problema de salud pública que impacta la salud y la vida de las mujeres y ante la cual se requiere pasar de los reconocimientos formales o legales a la implementación real de acciones para combatirla y eliminarla. 6. Infecciones de transmisión sexual El Programa contra las Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA (PROCETSS) fue creado en 1996 y tenía un local especial de funcionamiento; no se le otorgaban los recursos que requiere, pero se mantenía. Coordinaba con el Programa Materno PeriNatal para el tamizaje de sífilis congénita; sin embargo, el PROCETTS se ha reestructurado actualmente en el área de Control de Riesgos y Daños en el Componente de VIH/SIDA. En 1997 se empezaron a implementar los Centros de Referencia de Enfermedades de Transmisión Sexual (CERETSS), y se logró el equipamiento de 26 centros. Se trata de establecimientos de salud que cuentan con recursos humanos capacitados y equipamiento para la atención de casos de ITS en la población en general y la atención especializada de Grupos de Elevada Prevalencia con capacidad para efectuar pruebas serológicas y cultivos, pero no cuentan con financiamiento para realizar acciones educativas. Se han dado importantes avances en la adopción de medidas para reducir y tratar las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, pero un tema álgido es el del acceso gratuito al tratamiento.
  • 10. Aunque se acepta el uso del condón en la prevención, la posición del Gobierno consiste en promover la fidelidad y la abstinencia fuera del matrimonio, postergando el inicio sexual en jóvenes. Además, el VIH/SIDA se está desligando de un enfoque amplio de derechos sexuales y tiende a medicalizarse. Las políticas públicas frente al problema se basan sólo en la prevención, ya que el tratamiento antirretroviral dado por el Estado se restringe a mujeres en los tres últimos meses de gestación para evitar la transmisión vertical, ofreciendo lactancia artificial en los seis primeros meses, y tratando a los recién nacidos, siempre que haya insumos. De otro lado, se desconoce la política que seguirá el Ministerio de Educación después de terminado el Programa Nacional de Educación Sexual 1996-2000. Conclusiones. Vigilancia desde la sociedad civil En la actualidad, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se ve limitado en el caso de las mujeres, adolescentes y niñas y de la juventud e infancia en general, especialmente cuando no se acepta la perspectiva transversal de género y de derechos humanos en las políticas y los programas a los que Cairo y Beijing comprometían, y se iguala equidad de género con igualdad de oportunidades. El Estado peruano no ha generado mecanismos efectivos que faciliten la vigilancia del respeto de los derechos humanos y menos con relación a los derechos reproductivos. Cabe destacar el impacto que han tenido las experiencias de advocacy en derechos sexuales y reproductivos y adolescentes, incluyendo vigilancia congresal, actividades de incidencia política y participación en los medios de comunicación de las organizaciones feministas, las que han desarrollado un sistema de monitoreo (1994-2002) a los acuerdos de la CIPD, que se realiza de manera paralela en siete países. Sin embargo, estas acciones se han visto restringidas por la Ley de la Mordaza, impuesta nuevamente por el gobierno norteamericano. El fracaso de muchas estrategias tiene que ver con un contexto nacional e internacional de políticas neoliberales y puritanas que muy pocas veces toman en consideración el derecho de las personas a la salud, a la vez que refuerzan la discriminación por género, y no abordan tampoco específicamente la pobreza de las mujeres. A lo que debe sumarse el rol socializador y político de las iglesias que, en esta última década, han asumido temas morales respecto de la sexualidad, difundiendo mensajes adversos en asuntos de género y salud reproductiva. Estas políticas han puesto en una situación de mayor crisis a los servicios de salud y educación. Constituye un compromiso del Estado, la erradicación del sexismo en la enseñanza y la ampliación de la cobertura del Programa Nacional de Educación Sexual, y replantear la política de educación sexual como una educación para la sexualidad sana y placentera y para la prevención del embarazo adolescente no deseado y las ITS. Asimismo, la reducción de manera drástica de la mortalidad materna, cuyos principales indicadores coloca al Perú como uno de los países con mayores tasas de muertes maternas de América Latina y del mundo. Un tema prioritario emergente para las ONG es el acceso a los servicios de salud en zonas declaradas liberadas por el narcotráfico que se encuentran en abandono sin servicios públicos ni presencia del Estado por razones de seguridad. Para aquéllas es un reto trabajar en esas zonas sin poner en riesgo a las personas del proyecto de intervención. Interesa también la atención a la diversidad cultural y la situación de salud de las comunidades étnicas. Del mismo modo, una preocupación constante de las ONG y de otras instancias de la sociedad civil es la salud sexual y reproductiva de los adolescentes y la lucha contra el SIDA. Los mecanismos de vigilancia constituyen una nueva corriente en el Perú iniciada ya por la sociedad civil, pero aún se haya en revisión por parte del Estado. VIOLENCIA SEXUAL De lo privado a lo público La violencia sexual constituye una de las formas de vulneración de derechos más extrema y afecta mayoritariamente a las mujeres. Su impacto en la vida de quienes son víctimas puede llegar a resultados fatales como el suicidio, homicidio, mortalidad materna y VIH-SIDA. Para aquellas mujeres que no pierden la vida, las repercusiones se expanden a todos los niveles de su desarrollo personal, sobre su salud física, con heridas, embarazo no deseado, aborto, enfermedades de transmisión sexual, lesiones y problemas ginecológicos diversos, incapacidades permanentes, dolor crónico y, en general, vulnerabilidad a enfermedades o problemas de salud graves; sobre su salud mental, incluyendo depresión, miedo, ansiedad, baja autoestima, disfunción sexual, problemas de alimentación, trastorno por estrés traumático y uso y abuso de drogas.
  • 11. Si bien la ocurrencia de la violencia sexual se produce muchas veces dentro del ámbito doméstico o escolar y proviene de alguien del sexo masculino cercano a la víctima, el impacto que tiene sobre la vida de las mujeres trasciende el ámbito familiar privado, ya que involucra a diversos agentes públicos, tales como la policía, las/os prestadoras/es de salud, las/os profesoras/es, las/os operadoras/es de justicia, entre otros. Pese a ello, durante muchos años se ha pretendido abordar el tema como un asunto privado que se soluciona solamente entre las partes involucradas, y se niega que se trata de una violación de derechos humanos, ante la cual deben existir sanciones para el agresor y reparaciones para la víctima y en la que el Estado tiene responsabilidades ineludibles. Registro nacional unificado Es deficiente la información con la que se cuenta en el país sobre las dimensiones de la violencia sexual. Sus fuentes son los casos que llegan a las autoridades y no se cuenta con datos de prevalencia a nivel nacional. Se calcula que sólo el 32% de las denuncias sobre delitos contra la libertad sexual en Lima ingresa al Ministerio Público. Esta falta de datos impide conocer la magnitud y evolución del problema; también dificulta la elaboración de políticas y programas de prevención, atención, capacitación y vigilancia en las distintas zonas del país. Esto constituye un grave problema que impide al Estado mejorar o implementar políticas acordes con las necesidades reales de las mujeres. Por ello, es imprescindible que se brinden los mecanismos legales necesarios para cumplir con uno de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Violencia contre la Mujer 2002 y 2007, el cual textualmente señala el “Establecer un sistema que brinde información cierta, actual y de calidad sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia hacia la mujer”. Y además, cumplir con atender la preocupación manifestada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que en el año 2002 señaló: “Preocupa al Comité que no exista un registro centralizado sobre los delitos sexuales, que no se haya prestado toda la atención necesaria a la violencia sexual y que el incesto no se haya penalizado en forma particular”. El establecimiento de un registro único a nivel nacional sobre los casos de violencia sexual es una necesidad imperativa, pues permitirá conocer las verdaderas dimensiones del problema para darle la prioridad política que demanda. No discriminación por edad Cuando una adolescente mayor de 14 y menor de 18 años sufre una violación sexual, ésta no es tipificada ni sancionada como tal, sino que es prevista bajo la figura atenuada de seducción o estupro y calificada como engaño. La pena para el agresor será de tres años, la misma que cumplirá en libertad, según lo señala el artículo 175 del Código Penal. A la víctima no se le da las mismas garantías de protección legal que a una menor de 14 años, en cuyo caso sí es penada como violación de menor. En este sentido se propone regular y sancionar penalmente la violación sexual de una adolescente mayor de 14 y menor de 18 años con el mismo tipo de sanción que la violación sexual a menores de 14 años, sin exclusión ni discriminación por razón de edad, garantizando los derechos humanos en igualdad de condiciones del conjunto de adolescentes. Datos a tener en consideración · 93% de las víctimas de violencia sexual es mujer y 76% hombres abusados menores de 14 años. (Siles, Abraham. Iindicadores de criminalidad sexual: lo que se puede saber. DEMUS. Lima, 1995). · Una de cada diez mujeres en Lima y Cusco ha sufrido violencia sexual a partir de los 15 años por parte de alguna persona distinta a la pareja. Los principales agresores son los propios varones de la familia, amigos o enamorados. (Güezmes, Ana; Palomino, Nancy, y Ramos, Miguel. Violencia sexual y física contra las mujeres en el Perú. Estudio Multicéntrico de la OMS sobre la violencia de pareja y la salud de las mujeres. Lima. 2002). · Una de cada cinco mujeres en Lima y Cusco reporta abuso sexual en la infancia. El principal agresor sexual de las mujeres antes de los quince años en ambas zonas resulta ser algún familiar masculino (diferente al padre o padrastro). (Guezmes, Ana; Palomino, Nancy, y Ramos, Miguel. Ibid). · 17,600 abortos (5% del total) se producen producto de una violación sexual. (Ferrando, Delicia. El aborto clandestino en el Perú. Hechos y cifras. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Pathfinder International. Lima. 2001).
  • 12. · Según el Ministerio público, entre los casos que han pasado por examen médico-legal durante el año 2000 por delitos contra la libertad sexual, 73% fue mujer y el 94% de los hombres abusadores era menor de 17 años. (Defensoría del Pueblo. Violencia sexual: un problema de seguridad ciudadana. Las voces de las víctimas. Serie de Informes Defensoriales N° 21. Lima, 2000). · La Policía Nacional, en las comisarías de Lima Metropolitana, ha registrado 4,807 denuncias sobre delito contra la libertad sexual en 1997; 4,677 en 1998; 5,762 en 1999, y 6,096 en el 2000. (Centro Flora Tristán. Datos y cifras sobre violencia familiar y violencia sexual del departamento de Lima. Documento de trabajo. Lima, 2002). · Rädda Barnen reportó que de un total de 2,648 casos de violencia sexual registrados en 1997 por las DEMUNAS, 155 corresponden a violaciones y los demás a maltrato sexual. · 60% de agresiones de tipo sexual es cometido por adolescentes de sexo masculinos menores de 18 años. (DESCO. Reporte especial N° 101, febrero. Lima. 2000). COMPROMISOS DEL ESTADO Internacionales “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 7º. “A los efectos de la presente Convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” . Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Artículo 1º. “Los Estado Partes condenan todo tipo de violencia contra la mujeres y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Artículo 7°. “Adoptar medidas específicas preventivas para proteger a las mujeres, los jóvenes y los niños de todo maltrato, abuso sexual, explotación, tráfico y violencia, por ejemplo en la formulación y la aplicación de las leyes y prestar protección jurídica y médica y otro tipo de asistencia”. Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing. Párrafo 107.Q. Nacionales “Nadie debe de ser víctima de violencia moral, psíquica, o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes“. Constitución Política del Estado, art. 2, inc. h). “Fortalecer en todos los niveles educativos la enseñanza de valores éticos, el irrestricto respeto a la dignidad de la persona y de los derechos de la mujer, del niño, adolescente y de la familia, de conformidad con la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales ratificados por el Perú”. Ley 27306 que modifica el texto único ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. Art. 3, inc. Fuentes: . Movimiento Manuela Ramos. Diagnóstico normativo de los derechos sexuales y reproductivos en el Perú. Lima, 2000. . Defensoría del Pueblo. Violencia sexual: un problema de seguridad ciudadana. Las voces de las víctimas. Serie de Informes Defensoriales N° 21. Lima, 2000. . Centro Flora Tristán. Datos y cifras sobre violencia familiar y violencia sexual del departamento de Lima. Documento de trabajo. Lima, 2002. . Güezmes, Ana; Palomino, Nancy, y Ramos, Miguel. Violencia sexual y física contra las mujeres en el Perú. Estudio multicéntrico de la OMS sobre la violencia de pareja y la salud de las mujeres. Lima, 2002. . Ferrando, Delicia. El aborto clandestino en el Perú. Hechos y cifras. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Pathfinder International. Lima, 2001. . DESCO. Reporte especial Nª 101, febrero. Lima, 2000. . CLADEM. Informe alternativo de CLADEM-Perú sobre la aplicación de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Lima, 2002.
  • 13. ADOLESCENTES Y SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS ¿Quiénes son las y los adolescentes? Del total de la población peruana, el 27% (casi la tercera parte) es adolescente entre 10 y 19 años. Para el año 2000 existen, aproximadamente, un millón 332 mil mujeres que son adolescentes entre los 15 a 19 años que representan el 19.4% del total de mujeres en edad fértil (MEF). 973 mil 268 residen en el área urbana y 358 mil 568 en el área rural. La salud de las y los adolescentes y, por consiguiente, las políticas y leyes que se implementan para su cuidado son un tema de gran interés para diversas organizaciones y profesionales vinculados a los derechos sexuales y reproductivos; sin embargo, en la práctica, ellas/os han sido un grupo poblacional relegado y con nula participación en la construcción de políticas públicas. No se considera a las y los adolescentes como ciudadanas y ciudadanos con derechos plenos, se olvida que les corresponde los mismos derechos que a cualquier persona, además de aquellos que se les reconoce de manera especial por condiciones de vulnerabilidad. Así, las y los adolescentes en materia de sexualidad y reproducción tienen derecho al acceso a servicios de salud reproductiva de calidad, a información y educación sexual que les permita tomar decisiones libres sobre su sexualidad y reproducción, lo cual incluye evitar embarazos a edades tempranas y no deseados, no morir por causa de maternidad, tener acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos, estar libres de enfermedades como las de transmisión sexual, el VIH-SIDA, tener relaciones sexuales consentidas y que no pongan en riesgo su dignidad personal, entre otros. En el Perú, las estadísticas sobre salud sexual y reproductiva demuestran los grandes inconvenientes que las y los adolescentes tienen para ejercer estos derechos; por ello, urgen políticas que den prioridad a las necesidades de este grupo poblacional importante. Educación en sexualidad En la actualidad, las y los adolescentes en edad escolar no acceden a una educación sexual que les permita obtener los conocimientos y habilidades necesarias para tomar decisiones informadas respecto a su vida sexual y reproductiva. Numerosas investigaciones han demostrado que la educación e información en sexualidad es primordial para que las y los adolescentes puedan vivir una sexualidad libre de mitos, represiones y falsos temores, que en la mayoría de veces pone en riesgo su salud, y permita establecer relaciones más democráticas entre los sexos. A pesar de las grandes necesidades en esta materia, la educación en sexualidad no es hoy una prioridad política, y las y los adolescentes no encuentran respuestas a sus numerosas interrogantes respecto a su sexualidad. Este problema constituye una preocupación para el Comité para la Eliminación de toda Forma de Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas, que en el año 2003 manifestó expresamente al Estado su preocupación respecto a la insuficiente educación sexual orientada a la población adolescente. Se considera primordial que se brinden los mecanismos legales necesarios para que en todas las escuelas del país se restituyan las acciones del Programa Nacional de Educación Sexual, cuyos contenidos deberán de ser ajustados a los compromisos internacionales en materia de salud y derechos de las y los adolescentes. Acceso a servicios En la actualidad, aún se mantienen barreras legales (además de las sociales y culturales) que impiden a las y los adolescentes acceder a servicios de planificación familiar. Las normas de planificación familiar señalan como uno de los requisitos ser mayor de 16 años para recibir atención en estos servicios y para el suministro de métodos anticonceptivos temporales; no obstante, a partir de los 14 años, según lo establece el artículo 46 del Código Civil, quienes hayan procreado gozarán de derechos tales como el reconocimiento, reclamo o demanda de gastos por embarazo o parto, entre otros. Es decir, pueden ejercer derechos reproductivos referidos a la paternidad/maternidad, pero no los relacionados al control de su fecundidad. Ello refleja una incoherencia entre la legislación y la política que se aplica desde el Ejecutivo. Lo más grave es que las y los adolescentes entre los 12 y 16 años que no tienen hijas/os, pero sí tienen una vida sexual activa, no pueden recibir atención en servicios de anticoncepción, ello por las barreras antes señaladas, por lo que se encuentran expuestas/os a un embarazo de alto riesgo, a contraer ITS / VIH / SIDA -tal como lo demuestran las estadísticas-, de verse frente a un aborto y de morir a causa de ello. Según lo señala el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia (PNAI) 2002-2010, “No se oferta el servicio de planificación familiar para las adolescentes, a pesar de su evidente necesidad... en general, se tiene en la actualidad una visión moralista acerca del ejercicio de la sexualidad por parte de este grupo, no reconociéndose
  • 14. como su derecho, sino más bien considerándolo como un problema, cuando el problema se ubica en la falta de orientación y servicios directamente dirigidos a prevenir todos los riesgos asociados a la sexualidad activa...” y, agregaríamos, sin protección. Resulta prioritario, entonces, modificar y adecuar las normas y políticas nacionales a las necesidades de este grupo poblacional, y eliminar las restricciones para el acceso a servicios de anticoncepción a adolescentes sin ningún tipo de discriminación. Datos a tener en consideración · 13% de las adolescentes entre 15 a 19 años de edad ya es madre (11%), o está gestando por primera vez (2%). El 41.8% de ellas quería ese hija/o, pero después. (INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 (ENDES). Lima.2001). · Los mayores porcentajes de adolescentes que son madres o están embarazadas se presentan entre las mujeres sin educación (37%) y entre aquellas que residen en la selva (26%) y en el área rural (22%). (INEI, ibid). · Dentro de las causas que determinan el embarazo se encuentran: el abuso sexual de la niña o sexo forzado, uniones tempranas y el escaso conocimiento e información en algunas regiones y grupos sociales. (PROMUDEH. Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (DS N° 001-2000-PROMUDEH). Lima. 2000). · Sólo el 8.8% de mujeres adolescentes utiliza algún método anticonceptivo, 5.6% uno moderno y 2.9 uno de los llamados tradicionales. (INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 (ENDES). Lima, 2001). · El 17.9% de casos de SIDA se da en el grupo entre 20-24 años (hombres 14% y mujeres 3.94%), y debido al largo periodo de evolución de la enfermedad (5 a 10 años), es seguro que la adquisición de la infección de VIH se produjo durante la etapa adolescente. (INEI, ibid). · Sólo el 0.9% de mujeres adolescentes usa como método anticonceptivo el condón, el 28.8% de ellas conoce el VIH-SIDA pero no sabe cómo evitarlo. (INEI, ibid). · Uno de cada 20 adolescentes se ve afectado por una ITS, 50.7% de las mujeres entre los 15 y 19 años no conoce sobre las ITS, convirtiéndose en un grupo de alto riesgo para contraer además el VIH-SIDA. (INEI, ibid). · La muerte materna entre los 15 a 19 años alcanza una razón de 362 por 100,000 nacidos vivos, casi el doble de la razón general. (INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 1996. Lima, 1997). Compromisos del Estado Internacionales “...proporcionar a las/os adolescentes un entorno seguro y propicio, que les permita participar en la adopción de decisiones que afectan su salud, adquirir experiencia, tener acceso a la información adecuada, recibir consejos y negociar sobre las cuestiones que afectan su salud. El ejercicio del derecho a la salud de las/os adolescentes depende de una atención respetuosa de la salud de las/os jóvenes que tiene en cuenta la confidencialidad y la vida privada y prevé el establecimiento de servicios adecuados de salud sexual y reproductiva”. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General N° 12, párrafo 23. “Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia”. Convención sobre los Derechos del Niño. 24.2.f. “...eliminar, cuando correspondiera, los obstáculos jurídicos, normativos y sociales que impiden el suministro de información y servicios de salud reproductiva a las/os adolescentes”. Programa de Acción de la CIPD. 7.45. “...promover los derechos de las/os adolescentes a la educación, la información y la asistencia en materia de salud reproductiva y reducir considerablemente el número de embarazos entre las adolescentes”. Programa de Acción de la CIPD. 7.46. Nacionales “La incapacidad de las personas mayores de dieciséis años cesa por matrimonio o por obtener título oficial que les autorice para ejercer una profesión u oficio. La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de éste. Tratándose de mayores de catorce cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo, para realizar solamente los siguientes actos: 1. Reconocer a sus hijas/os. 2. Reclamar o demandar por gastos de embarazo y parto. 3. Demandar y ser parte en los procesos de tenencia y alimentos a favor de sus hijos”. Código Civil del Perú. Art.46. “La población adolescente, en especial aquella que es sexualmente activa, deberá de recibir información completa, orientación y atención preventiva en el área de salud reproductiva, en coordinación con el Programa de Salud Escolar y Adolescente”. Normas del Programa de Planificación familiar. Disposiciones para la atención en los servicios de planificación familiar. 1. Inc. q). Fuentes: INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 (ENDES). Lima, 2001.
  • 15. Távara, L. Ponencia en II Congreso Internacional en el Área Materno Perinatal. Lima, 2001. Información en base al MINSA. PROMUDEH. Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (DS N° 001-2000-PROMUDEH). Lima, 2000. Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010. Lima. 2002. LAS MUJERES Y EL VIH-SIDA En la actualidad no se cuenta con información que grafique de manera real la magnitud de la pandemia en el Perú; además, muchos especialistas afirman que existe un subregistro en las cifras oficiales, y el propio Ministerio de Salud señala que éste sería del orden del 30 y 50%. Lo que sí es real, es que el VIH-SIDA constituye un problema de salud pública en el Perú, y que uno de los grupos más vulnerables y de especial atención son las mujeres. Por ello, en la actualidad se afirma que el VIH-SIDA tiene rostro femenino, joven y pobre, además su patrón de contagio es, predominantemente, heterosexual y monógamo. Las mujeres muestran una mayor vulnerabilidad a las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA, por factores socio-culturales y biológicos. Las inequidades de género, marcadas por la subordinación de las mujeres y por un entorno muchas veces violento en las relaciones sexuales, ponen a la mujer y especialmente a las más jóvenes en mayor riesgo para contraer el VHI-SIDA. Mujeres, acceso gratuito a tratamiento En el Perú, las mujeres constituyen uno de los grupos con menores posibilidades de acceder a los medios económicos necesarios para cubrir prestaciones de salud; aún más, la gran mayoría no puede subvencionar personalmente los gastos para cualquier tratamiento. El costo del tratamiento para controlar la infección por VHI en el Perú es de aproximadamente US$ 300 mensuales. Como es natural, esto lleva a pensar que miles de mujeres se encuentran condenadas a muerte y que sus posibilidades de posponer la aparición de la enfermedad sean nulas. No obstante esta situación, en el Perú no existe una ley o política nacional que incluya la dotación gratuita de medicamentos antirretrovirales, tal como se hace en casi toda América; en Brasil, por ejemplo, el Estado ahorró 677 millones de dólares al brindar acceso universal a tratamientos. Se propone por ello establecer los mecanismos legales que permitan brindar tratamiento gratuito en los servicios públicos a las personas seropositivas o con SIDA, especialmente a las mujeres, debido a su mayor vulnerabilidad social, económica y biológica. Maternidad y VIH-SIDA La situación de las mujeres gestantes con VIH-SIDA es alarmante, pues aquellas que acuden a un servicio de salud público reciben durante las seis semanas anteriores al parto sólo AZT, que logra disminuir el riesgo de transmisión de madre a hijo de un 30% a un 8%, pero que es insuficiente y poco potente para controlar al VIH en la mujer. Otro aspecto importante es que a las mujeres se les suspende todo tipo de tratamiento, una vez que salen de la condición de embarazo, lo cual las hace más resistentes a futuros tratamientos. Se ha demostrado que el uso correcto y sistemático del condón masculino reduce eficazmente la infección del VIH- SIDA; sin embargo, tal como señaló el director ejecutivo del Programa Conjunto de Naciones Unidas para VIH-SIDA (ONUSIDA), “sin métodos de prevención que las mujeres puedan controlar y tener acceso a ellos, no existe la posibilidad de hacer una diferencia real frente al problema”. Ello debido a que el uso del condón masculino se da dentro de una “negociación” entre géneros, en la que la mujer, en la mayoría de casos, se encuentra en situación de desventaja y de subordinación respecto a las decisiones en materia de la sexualidad y de la prevención en particular. Eso coloca a muchas mujeres en una situación de vulnerabilidad frente al virus del VIH-SIDA. Esta situación demanda que, sin desalentar el uso del condón masculino, se dé la normativa que facilite el acceso al condón femenino, acompañada de la obligación de proveerlo de manera gratuita desde los servicios públicos de salud, se regule su importación y se realicen campañas que difundan su efectividad. Esta estrategia ha sido probada en países como Brasil, Bolivia, Sudáfrica, Haití y Zambia.
  • 16. La norma también deberá de considerar las medidas que aseguren campañas con acciones de educación en salud y sexualidad y de prevención, con una perspectiva de género, dirigidas a los grupos más vulnerables, entre ellos las y los adolescentes y jóvenes. Todas estas acciones serán de un gran impacto en la salud y la vida de las mujeres, pues les permitirá tener una mayor protección frente a un posible contagio de VIH-SIDA, lo que, a su vez, disminuirá los casos de infección, y se evitarán embarazos no deseados. DATOS A TENER EN CONSIDERACIÓN . Desde que se detectó el primer caso de VIH-SIDA (1983) hasta la actualidad se estima que perdieron la vida 15,283 personas. (Cabello, Robinson. Situación y respuesta al VIH-SIDA en el Perú. Vía Libre. Lima, 2002). · Para el año 2,000 se calculó que el gasto en atención asumido por el Ministerio de Salud fue de 7.5 millones de dólares, mientras que 40 millones fueron costeados por las personas de manera individual. (Cabello, Robinson, Ibid). · Cifras oficiales reportan que hasta septiembre del 2002, hay 25,739 personas con diagnóstico conocido, de las cuales 13,257 se encuentran en la ultima etapa llamada SIDA. (Cabello, Robinson. Ibid). · Las proyecciones oficiales a 1999 señalan que existen 76,000 personas viviendo con VIH-SIDA, pero estimaciones indican que esta cifra supera las 100,000 personas y un 75% de ellas no sabe que son portadoras. (Cabello, Robinson, Ibid). · El 70% de las personas afectadas tiene entre 20 y 39 años y el mismo porcentaje se encuentra en situación de pobreza a pobreza extrema. El 81% es hombre y el 19% mujer; sin embargo, la evolución de la razón hombre- mujer muestra que se ha acelerado la transmisión en las mujeres. (Cabello, Robinson. Ibid). · En 1986, por cada 10 hombres una mujer estaba infectada; para el año 2001, esta proporción fue de 3 a 1 y el 70% de las mujeres fue contagiada por su única pareja. (Mesa Tripartita de Seguimiento a la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, “Algo más que palabras”. Lima, 2001). · Tan sólo el 4% de las mujeres y 11% de los hombres tienen relaciones sexuales protegidas con condón. (INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 1996 (ENDES). Lima, 1997). · El 24.7% de las mujeres conoce el VIH-SIDA, pero lamentablemente no sabe cómo evitarlo y tan sólo el 33.3% sabe que usando el condón puede evitar el contagio. (INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 (ENDES). Lima, 2001). Compromisos del Estado Internacionales “Exigen que se establezcan programas de prevención y educación para hacer frente a las preocupaciones de salud que guardan relación con el comportamiento, como las enfermedades de transmisión sexual, en particular el VIH- SIDA, y las que afectan de forma adversa a la salud sexual y reproductiva...”. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general N°14. Párrafo 16. “Garantizar la prestación, mediante el sistema de atención primaria de salud, del acceso universal de las parejas y las personas a servicios de prevención... y ampliar la prestación de asesoramiento y servicios de diagnóstico voluntario y confidencial y de tratamiento para las mujeres; garantizar el suministro y la distribución a los servicios sanitarios de preservativos de calidad, así como medicinas para el tratamiento...”. Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing. Párrafo 107.G. “El objetivo es prevenir las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA, reducir su incidencia y proceder a su tratamiento... prestando especial atención a las jóvenes y a las mujeres”. Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional de El Cairo. Párrafo 7.29. Nacionales “Toda persona con VIH-SIDA tiene derecho a la atención médica integral y a la prestación previsional que el caso requiera. Para el cumplimiento de esta disposición se prevé: a) El Estado debe de brindar dichos servicios a través de las instituciones de salud, donde tenga administración, gestión o participación directa e indirecta; y b)Dentro del régimen privado, los derechos de atención médica integral de seguros se harán efectivos cuando se trate de obligaciones contraídas en una relación contractual”. Ley 26626, art. 7. “El Ministerio de Salud gestionará la provisión de recursos presupuestarios para que: a)Las gestantes infectadas por el VIH reciban tratamiento antiviral y lactancia artificial proveídos gratuitamente, en el esquema y por el tiempo recomendado por el Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA (PROCETTS);y b)Todo niño nacido de madre infectada por el VIH, reciba tratamiento antiviral y lactancia artificial proveídos gratuitamente, en el esquema y por el tiempo recomendado por elPROCETSS”. Reglamento de la Ley 26626, Art. 10
  • 17. FUENTES: INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 (ENDES). Lima, 2001. Cabello, Robinson. Situación y respuesta al VIH-SIDA en el Perú. Vía Libre. Lima, 2002. Gómez, Adriana, Ed. Mujeres, vulnerabilidad y VIH-SIDA, un enfoque desde los derechos humanos. RMSLAC. 1998. Mesa Tripartita de Seguimiento a la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Algo más que palabras. Lima, 2001. Ministerio de Salud, ONUSIDA. “Estado de situación: El SIDA en el Perú al año 2000. Lima, 2001. AISDCAP. El condón femenino, desde la etapa de investigación a la comercialización. 1997. ADOLESCENTES Y SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS ¿Quiénes son las y los adolescentes? Del total de la población peruana, el 27% (casi la tercera parte) es adolescente entre 10 y 19 años. Para el año 2000 existen, aproximadamente, un millón 332 mil mujeres que son adolescentes entre los 15 a 19 años que representan el 19.4% del total de mujeres en edad fértil (MEF). 973 mil 268 residen en el área urbana y 358 mil 568 en el área rural. La salud de las y los adolescentes y, por consiguiente, las políticas y leyes que se implementan para su cuidado son un tema de gran interés para diversas organizaciones y profesionales vinculados a los derechos sexuales y reproductivos; sin embargo, en la práctica, ellas/os han sido un grupo poblacional relegado y con nula participación en la construcción de políticas públicas. No se considera a las y los adolescentes como ciudadanas y ciudadanos con derechos plenos, se olvida que les corresponde los mismos derechos que a cualquier persona, además de aquellos que se les reconoce de manera especial por condiciones de vulnerabilidad. Así, las y los adolescentes en materia de sexualidad y reproducción tienen derecho al acceso a servicios de salud reproductiva de calidad, a información y educación sexual que les permita tomar decisiones libres sobre su sexualidad y reproducción, lo cual incluye evitar embarazos a edades tempranas y no deseados, no morir por causa de maternidad, tener acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos, estar libres de enfermedades como las de transmisión sexual, el VIH-SIDA, tener relaciones sexuales consentidas y que no pongan en riesgo su dignidad personal, entre otros. En el Perú, las estadísticas sobre salud sexual y reproductiva demuestran los grandes inconvenientes que las y los adolescentes tienen para ejercer estos derechos; por ello, urgen políticas que den prioridad a las necesidades de este grupo poblacional importante. Educación en sexualidad En la actualidad, las y los adolescentes en edad escolar no acceden a una educación sexual que les permita obtener los conocimientos y habilidades necesarias para tomar decisiones informadas respecto a su vida sexual y reproductiva. Numerosas investigaciones han demostrado que la educación e información en sexualidad es primordial para que las y los adolescentes puedan vivir una sexualidad libre de mitos, represiones y falsos temores, que en la mayoría de veces pone en riesgo su salud, y permita establecer relaciones más democráticas entre los sexos. A pesar de las grandes necesidades en esta materia, la educación en sexualidad no es hoy una prioridad política, y las y los adolescentes no encuentran respuestas a sus numerosas interrogantes respecto a su sexualidad. Este problema constituye una preocupación para el Comité para la Eliminación de toda Forma de Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas, que en el año 2003 manifestó expresamente al Estado su preocupación respecto a la insuficiente educación sexual orientada a la población adolescente. Se considera primordial que se brinden los mecanismos legales necesarios para que en todas las escuelas del país se restituyan las acciones del Programa Nacional de Educación Sexual, cuyos contenidos deberán de ser ajustados a los compromisos internacionales en materia de salud y derechos de las y los adolescentes. Acceso a servicios En la actualidad, aún se mantienen barreras legales (además de las sociales y culturales) que impiden a las y los adolescentes acceder a servicios de planificación familiar. Las normas de planificación familiar señalan como uno de los requisitos ser mayor de 16 años para recibir atención en estos servicios y para el suministro de métodos anticonceptivos temporales; no obstante, a partir de los 14 años, según lo establece el artículo 46 del Código Civil, quienes hayan procreado gozarán de derechos tales como el reconocimiento, reclamo o demanda de gastos por embarazo o parto, entre otros. Es decir, pueden ejercer derechos reproductivos referidos a la
  • 18. paternidad/maternidad, pero no los relacionados al control de su fecundidad. Ello refleja una incoherencia entre la legislación y la política que se aplica desde el Ejecutivo. Lo más grave es que las y los adolescentes entre los 12 y 16 años que no tienen hijas/os, pero sí tienen una vida sexual activa, no pueden recibir atención en servicios de anticoncepción, ello por las barreras antes señaladas, por lo que se encuentran expuestas/os a un embarazo de alto riesgo, a contraer ITS / VIH / SIDA -tal como lo demuestran las estadísticas-, de verse frente a un aborto y de morir a causa de ello. Según lo señala el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia (PNAI) 2002-2010, “No se oferta el servicio de planificación familiar para las adolescentes, a pesar de su evidente necesidad... en general, se tiene en la actualidad una visión moralista acerca del ejercicio de la sexualidad por parte de este grupo, no reconociéndose como su derecho, sino más bien considerándolo como un problema, cuando el problema se ubica en la falta de orientación y servicios directamente dirigidos a prevenir todos los riesgos asociados a la sexualidad activa...” y, agregaríamos, sin protección. Resulta prioritario, entonces, modificar y adecuar las normas y políticas nacionales a las necesidades de este grupo poblacional, y eliminar las restricciones para el acceso a servicios de anticoncepción a adolescentes sin ningún tipo de discriminación. Datos a tener en consideración · 13% de las adolescentes entre 15 a 19 años de edad ya es madre (11%), o está gestando por primera vez (2%). El 41.8% de ellas quería ese hija/o, pero después. (INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 (ENDES). Lima.2001). · Los mayores porcentajes de adolescentes que son madres o están embarazadas se presentan entre las mujeres sin educación (37%) y entre aquellas que residen en la selva (26%) y en el área rural (22%). (INEI, ibid). · Dentro de las causas que determinan el embarazo se encuentran: el abuso sexual de la niña o sexo forzado, uniones tempranas y el escaso conocimiento e información en algunas regiones y grupos sociales. (PROMUDEH. Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (DS N° 001-2000-PROMUDEH). Lima. 2000). · Sólo el 8.8% de mujeres adolescentes utiliza algún método anticonceptivo, 5.6% uno moderno y 2.9 uno de los llamados tradicionales. (INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 (ENDES). Lima, 2001). · El 17.9% de casos de SIDA se da en el grupo entre 20-24 años (hombres 14% y mujeres 3.94%), y debido al largo periodo de evolución de la enfermedad (5 a 10 años), es seguro que la adquisición de la infección de VIH se produjo durante la etapa adolescente. (INEI, ibid). · Sólo el 0.9% de mujeres adolescentes usa como método anticonceptivo el condón, el 28.8% de ellas conoce el VIH-SIDA pero no sabe cómo evitarlo. (INEI, ibid). · Uno de cada 20 adolescentes se ve afectado por una ITS, 50.7% de las mujeres entre los 15 y 19 años no conoce sobre las ITS, convirtiéndose en un grupo de alto riesgo para contraer además el VIH-SIDA. (INEI, ibid). · La muerte materna entre los 15 a 19 años alcanza una razón de 362 por 100,000 nacidos vivos, casi el doble de la razón general. (INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 1996. Lima, 1997). Compromisos del Estado Internacionales “...proporcionar a las/os adolescentes un entorno seguro y propicio, que les permita participar en la adopción de decisiones que afectan su salud, adquirir experiencia, tener acceso a la información adecuada, recibir consejos y negociar sobre las cuestiones que afectan su salud. El ejercicio del derecho a la salud de las/os adolescentes depende de una atención respetuosa de la salud de las/os jóvenes que tiene en cuenta la confidencialidad y la vida privada y prevé el establecimiento de servicios adecuados de salud sexual y reproductiva”. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General N° 12, párrafo 23. “Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia”. Convención sobre los Derechos del Niño. 24.2.f. “...eliminar, cuando correspondiera, los obstáculos jurídicos, normativos y sociales que impiden el suministro de información y servicios de salud reproductiva a las/os adolescentes”. Programa de Acción de la CIPD. 7.45. “...promover los derechos de las/os adolescentes a la educación, la información y la asistencia en materia de salud reproductiva y reducir considerablemente el número de embarazos entre las adolescentes”. Programa de Acción de la CIPD. 7.46. Nacionales “La incapacidad de las personas mayores de dieciséis años cesa por matrimonio o por obtener título oficial que les autorice para ejercer una profesión u oficio. La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de éste. Tratándose de mayores de catorce cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo, para realizar solamente los siguientes actos:
  • 19. 1. Reconocer a sus hijas/os. 2. Reclamar o demandar por gastos de embarazo y parto. 3. Demandar y ser parte en los procesos de tenencia y alimentos a favor de sus hijos”. Código Civil del Perú. Art.46. “La población adolescente, en especial aquella que es sexualmente activa, deberá de recibir información completa, orientación y atención preventiva en el área de salud reproductiva, en coordinación con el Programa de Salud Escolar y Adolescente”. Normas del Programa de Planificación familiar. Disposiciones para la atención en los servicios de planificación familiar. 1. Inc. q). Fuentes: INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 (ENDES). Lima, 2001. Távara, L. Ponencia en II Congreso Internacional en el Área Materno Perinatal. Lima, 2001. Información en base al MINSA. PROMUDEH. Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (DS N° 001-2000-PROMUDEH). Lima, 2000. Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010. Lima. 2002. Hemorragias, infecciones y preeclampsia causan el 85 por ciento de las muertes maternas en el mundo y el 99 por ciento en los países pobres, aseguraron especialistas reunidos en el XVII Congreso Mundial de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO). La hemorragia posparto es responsable de la mitad de todas las muertes maternas en los países en desarrollo, explicaron los especialistas al concluir los trabajos del encuentro este fin de semana en Santiago de Chile. La reunión fue convocada por la FIGO y se realiza cada tres años desde 1954. En esta ocasión reunió a más de ocho mil delegados provenientes de 123 países. Las hemorragias se producen cuando el sangrado del tracto genital es superior a los 500 o 600 mililitros en las primeras 24 horas después del parto, lo que genera anemia e infecciones, explicaron los participantes. Los países más afectados son: Haití, donde mueren 523 madres por cada 100 mil nacidos vivos, con 58 veces más de muertes maternas que en los países desarrollados y Bolivia, con una incidencia 42 veces superior. Perú con 185; El Salvador, con 120, Honduras, con 108; Colombia, con 104,9 y Ecuador con 97. En contraste las naciones que presentan menores índices de mujeres muertas al momento del parto son; Puerto Rico, con 9,1 casos; Chile, con 18,7 y Uruguay, con 28. MÉXICO En México cada año se embarazan más de dos millones de mujeres, de ellas 370 mil carecen de acceso a atención profesional al momento del parto por causas relacionadas con la pobreza. En el año 2001 se registraron en México mil 707 defunciones por muerte materna, esto quiere decir que cerca de cinco mujeres murieron diariamente debido a complicaciones en el embarazo, parto o puerperio, reporta el Comité por una Maternidad sin Riesgos.
  • 20. En América Latina el número de madres que mueren en el parto es 10 veces mayor que en los países desarrollados, lo que se traduce en un promedio de 93 madres fallecidas de cada 100 mil menores nacidos vivios, mientras en Estados Unidos y Canadá mueren sólo nueve, reportaron los especialistas. A nivel mundial cada minuto muere una mujer por un problema relacionado con el parto, lo que se traduce en el deceso de mil 400 madres al día y aproximadamente 600 mil al año, según informes difundidos durante el congreso. Se anunció también una propuesta para crear un fondo de dos millones de dólares para ayudar a las mujeres y recién nacidos y nacidas en todo el mundo. Cerca del 80 por ciento de las muertes maternas a nivel mundial que se producen en el parto podrían ser evitadas si se mejoran los controles de embarazo y las condiciones de acceso a los centros hospitalarios, dijeron los participantes. También se diseñaron programas sobre salud materna destinados a aminorar este problema en los países en desarrollo, orientados tanto al personal de los servicios de salud como a la población en general. El doctor Alfredo Guzmán, representante de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, explicó que los altos índices de mortalidad materna en la región deberían ser atacados con un fuerte compromiso político. POLITICA DE PREVENCIÓN “Reducir la mortalidad de las madres no sólo depende de los tratamientos médicos sino que también de una organización social y de políticas que apliquen los países. La idea es que exista un fondo para que muchas mujeres puedan acceder a programas de salud de forma gratuita”, dijo Guzmán. Los delegados aprobaron la creación del Fondo Global para la Salud de la Mujer, a fin de reducir las altas tasas de muerte materna y neonatal en los países más pobres. La próxima conferencia tendrá lugar en Kuala Lumpur (Malasia), en 2006, y la siguiente se celebrará en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), en 2009 anunció la FIGO. Además de la muerte materna, los expertos que asistieron al congreso analizaron estudios sobre el cáncer de cérvix como enfermedad de transmisión sexual en los países en desarrollo y la reproducción asistida.

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