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ACCION POPULAR PARAMOS MUNICIPIO DE TASCO
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ACCION POPULAR PARAMOS MUNICIPIO DE TASCO

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  • 1. REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA DE VITERBOSanta Rosa de Viterbo, dieciocho (18) de julio de dos mil doce (2012). Radicación: 156933331702-2012-00067-00. Demandante: Mauricio Reyes Rodríguez y Pedro Abel Castañeda Rincón. Demandado: Municipio de Tasco. Referencia: Acción de Cumplimiento. ANTECEDENTES LA ACCIÓN Procede el Despacho a proferir sentencia de primera instancia dentrode la acción de cumplimiento instaurada por los señores Mauricio ReyesRodríguez y Pedro Abel Castañeda Rincón contra el Municipio de Tasco. PRETENSIONES Los señores Mauricio Reyes Rodríguez y Pedro Abel CastañedaRincón, en ejercicio de la acción de cumplimiento consagrada en el artículo 87 dela Constitución Política, solicitan que el Alcalde del Municipio de Tasco cumpla demanera inmediata lo ordenado en las Resoluciones números 308 de 2010, 135,01005, 01319, 02032, 02058, 02059, 02752 y 03430 de 2011, expedidas por elInstituto Colombiano de Geología y Minería, (ver folio 2) HECHOS Como fundamento táctico de la acción, los demandantes enunciaronen resumen, los siguientes: (ver folios 1, y 2) Que a pesar que de conformidad con el Instituto Alexander VonHumboldt en el páramo de Tasco, reserva natural de la humanidad estarotundamente prohibida la minería ilegal, tal actividad se ha venido realizando desdehace aproximadamente 11 años, de manera ilegal atentando gravemente contra elecosistema. Que por medio de las Resoluciones números 308 de 2010, 135, 01005,01319, 02032, 02058, 02059, 02752 y 03430 de 2011, el Servicio Geológico -anteriormente INGEOMINAS- rechazó y ordenó el archivo de las solicitudes deconcesión de títulos mineros y el cierre definitivo de las minas ubicadas en el paramode Tasco y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá mediante lasResoluciones Nos. 0384 y 992, dispuso la restauración del paisaje afectado.
  • 2. amparar ei aerecno runaameniai o e peucion y conmino ai Hicaiue murnupui peí/a i / u een el término de 48 horas contestará la solicitud radicada el 2 de enero del año encurso. Que el 7 de marzo de 2012, el Alcaide Municipal informó que tardaría60 días para cumplir los actos administrativos proferidos por INGEOMINAS, sinembargo a la fecha el ente demandado ha incumplido la orden impartida por esaentidad. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El Municipio de Tasco, dio respuesta al libelo oponiéndose a losolicitado de la siguiente (ver folios 97 a 99) Manifestó que era la administración anterior la que tenía la obligaciónde cumplir lo dispuesto en las Resoluciones números 001319, 0135, 002058,001005, 003430 y 002752, proferidas por el Instituto Colombiano de Geología yMinería, toda vez que fueron comunicadas y radicadas en el año 2011. Que la Alcaldía Municipal contestó el derecho de petición presentadopor los demandantes dentro de los términos legales y según lo ordenado en laprovidencia del 28 de febrero de 2012, proferida por el Juzgado PromiscuoMunicipal de Tasco que resolvió amparar el derecho fundamental de petición delos accionantes ordenando que en el término de 48 horas se diera respuesta a lasolicitud radicada por ellos. Que el Municipio no ha desatendido ninguna orden judicial porque,una vez tuvo conocimiento de la solicitud, asumió su compromiso y procedió asellar las bocaminas tal como lo ordenó INGEOMINAS. Que no era posible cerrar de manera inmediata las minas de carbón,toda vez que se encontraba en curso la actuación administrativa necesaria paradar cabal cumplimiento a lo señalado en las aludidas Resoluciones. Que a pesar que la administración le manifestó a los demandantesque en el término de 60 días haría efectivas las ordenes impartidas en lasResoluciones proferidas por INGEOMINAS, los señores José Mauricio ReyesRodríguez y Pedro Abel Castañeda Rincón, presentaron incidente de desacatoante el Juzgado Promiscuo Municipal de Tasco, por considerar que la respuestadada por el alcalde municipal era vaga y evasiva, solicitud que fue resueltanegativamente por ese despacho en providencia del 18 de mayo de 2012. Por último, propuso como excepción ¡a que denominó "cumplimientode la acción" señalando que tal como se demuestra en las pruebas allegadas por la
  • 3. Demandante: José Mauricio Reyes y otro. Demandado: Municipio de Tasco.administración municipal, ésta cumplió con lo ordenado por el INGEOMINAS en lasResoluciones Números 001319, 0135, 002059, 002058, 001005, 003430 y 002752,motivo por el cual este medio exceptivo tiene vocación de prosperidad, (ver folio 129y 130) ACERVO PROBATORIO Del material probatorio que obra dentro del expediente se destacanlos siguientes documentos: Derecho de petición presentado por los demandantes ante elAlcalde Municipal y respuesta dada por la administración a la solicitud presentada,(ver folios 4 a 7, 220 y 221) Resoluciones números 308 del 15 de septiembre de 2010,01005 del 17 de mayo, 01319 del 3 de junio, 0135 del 18 de junio, 02032, 02058 y02059 del 26 de julio, 02752 del 24 de agosto y 03430 del 29 de septiembre del2011. (ver folios 13 a 57, 80 a 87) Constancia de notificación y ejecutoria de las resolucionesprecitadas expedida por la Agencia Nacional Minera, (ver folios 131 a 132, 358 y359) Fallo del 28 de febrero y auto del 18 de mayo de 2012,proferidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tasco, mediante los cuales seresuelve la acción de tutela y el incidente de desacato promovido por losaccionantes contra el ente demandado, (ver folios 210 a 218) Actas de cierre de explotaciones mineras suscritas por elAlcalde del Municipio de Tasco, (ver folios 226 a 238) Informe del Personero Municipal, mediante el cual allega lasactuaciones adelantadas por el ente municipal para dar cumplimiento a lodispuesto en las Resoluciones emitidas por el INGEOMINAS. (ver folios 240 a357) II. CONSIDERACIONES COMPETENCIA El Despacho es competente para conocer de este proceso por ellugar de domicilio del demandante. PROBLEMA JURÍDICO La controversia surgida entre las partes conlleva al Despacho aestablecer si el Alcalde del Municipio de Tasco, ha sido renuente en darcumplimiento a lo ordenado en las Resoluciones Números 308 de 2010, 135,01005, 01319, 02032, 02058, 02059, 02752 y 03430 de 2011, proferidas por elInstituto Colombiano de Geología y Minería "INGEOMINAS". Para llegar a una conclusión respecto del posible incumplimiento porparte del Alcaide del Municipio de Tasco a lo dispuesto en las resoluciones
  • 4. Demandante: José Mauricio Reyes y otro. Demandado: Municipio de Tasco.precitadas, se realizará el siguiente estudio, i) Generalidades de la acción decumplimiento; ii) Requisitos para que proceda la acción de cumplimiento; iii)Derecho de petición para constituir renuencia; iv)Caso concreto.- i) Generalidades de la acción de cumplimiento. Según lo establecido en el artículo 87 de la Constitución Política,toda persona tiene derecho a acudir a la autoridad judicial para hacer efectivo elcumplimiento de una ley o un acto administrativo, y procede contra toda acción uomisión de la entidad u organismo competente que tiene que acatar el deber legalo administrativo incumplido, en caso de prosperar la acción la sentencia ordenaráa la autoridad renuente a dar cumplimiento del deber jurídico omitido. La Ley 393 del 29 de julio de 1997, que desarrolla el artículo 87 de laConstitución Política consagra en su artículo 1° que toda persona podrá acudirante la jurisdicción contenciosa, para hacer efectivo el cumplimiento de normasaplicables con fuerza de ley o actos administrativos, acción u omisión de laautoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir suincumplimiento, y contra los particulares, bajo los mismos supuestos, cuandoactúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas. Motivo por el cual es indispensable que el acto administrativoinvocado como incumplido debe contener una orden en concreto dirigida a unaautoridad en particular, pues no puede ser de carácter general, ya que cuando setrata del cumplimiento de actos administrativos de contenido particular y concreto,el deber omitido debe ser tan preciso, que se pueda asimilar a un título ejecutivo afavor del solicitante, es decir, que el acto debe contener una obligación expresa,clara y exigible que haga posible el mandamiento de su cumplimiento. ii) Requisitos para que proceda la acción de cumplimiento. La Ley 393 del 29 de julio de 1997, señala que la acción decumplimiento es un mecanismo de defensa subsidiaria o residual más noalternativo, y procede ante la falta de existencia de otra acción judicial parasolicitar el cumplimiento de la acción o deber omitido por la autoridad pública,salvo que de no instaurarse se presente un perjuicio inminente o grave para lapersona que la solicita. La normativa precitada señala, entre otros, como requisitoindispensable para la procedencia de la acción la prueba de la renuencia de laAutoridad incumplida, motivo por el cual el demandante debe acreditar que laAdministración se ratifica explícitamente en no cumplir la acción o deber omitido ocuando pasados más de diez días de que el accionante ha presentado elrequerimiento ante la entidad competente ésta no responde a la solicitud radicada. Sobre los requisitos indispensables para que proceda la acción decumplimiento el Consejo de Estado ha reiterado en varias oportunidades lo 1siguiente : "a) Que el deber jurídico que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. o 1 ). Esta exigencia impone que las obligaciones reclamadas sean incontrovertibles1 o Sección Quinta, del Consejo de Estado, providencia del primero (1 ) de noviembre del dos siete (2007),Radicación número: 08001-23-31 -000-2006-00905-01 (ACU), Consejera ponente: doctora María NohemíHernández Pinzón.
  • 5. Demandante: José Mauricio Reyes y otro. Demandado: Municipio de Tasco e incuestionables, de forma tal que no exista duda sobre su existencia, contenido y alcance, quedando excluida de la finalidad de esta acción ¡a declaración de derechos que estén en discusión, pues para tal efecto existen las acciones contenciosas. b) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, frente o a los cuales se reclama su cumplimiento (Arts. 5° y 6 ). c) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber antes de instaurar la demanda, ocurrida ya sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente o incumplimiento (Art. 8 ). d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico contenido en un acto administrativo, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia ésta que hace improcedente la acción, así como también conduce a ése estado el pretender el cumplimiento de normas con fuerza material de ley que establezcan gastos a la administración y la protección de derechos que puedan ser garantizados a través o de la acción de tutela (Art. 9 ). De la jurisprudencia en cita, es claro que la renuencia de la acción oel deber legal omitido por la autoridad administrativa se constituye en un requisitofundamental para que la acción prospere, no obstante, pese a que la Ley 393 del29 de julio de 1997, no señala como debe efectuarse la reclamación, es lógicoinferir que no está sometida a formalidades especiales. Sin embargo, del objetivomismo de la reclamación, que no es otro que exigir el cumplimiento de una norma,es posible concluir que la solicitud debe contener i) la petición de cumplimiento deuna norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo, ii) elseñalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y iii) la 2explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento . En ese orden de ideas, es claro que al constituirse la renuenciacomo un presupuesto de la acción de cumplimiento, se hace necesario proceder asu análisis para establecer si tal requisito se acreditó en el proceso de lareferencia con el fin de tomar una decisión de fondo. iii) Derecho de petición para constituir renuencia. El Consejo de Estado en reiteradas oportunidades ha manifestado o que si bien cierto la renuencia de que trata el artículo 8 de la Ley 393 del 29 dejulio de 1997, es sustancial mente diferente del derecho de petición, toda vez que éste es se constituye en una institución jurídica autónoma, también lo es, que esto no excluye la posibilidad de constituir en renuencia al futuro demandado a través del ejercicio del derecho de petición, siempre que se observen los requisitos señalados para constituir la renuencia. 3 Sobre el particular esta alta Corporación ha precisado : "De tal manera que la conducta del accionante consistente en exigir previamente a las entidades demandadas el cumplimiento de las normas, no puede considerarse como una actividad que no conlleve a la renuencia de quien ha sido requerido a2 Sección Tercera, del Consejo de Estado, providencia del veinticuatro (24) de junio del dos mil cuatro (2004),Radicación número: 44001-23-31-000-2003-0724-01 (ACU), Consejero Ponente: doctor Darío Gómez Pinilla.3 Sección Quinta, del Consejo de Estado, providencia del veintinueve (29) de julio del dos mil cuatro (2004),Radicación número: 52001-23-31-000-2004-0748-01 (ACU), Consejera Ponente: doctora María NohemiHernández Pinzón.
  • 6. Expediente:lüoyj JJJI iu¿ zuttz uuub/ uu. Demandante: José Mauricio Reyes y otro. Demandado: Municipio de Tasco. través del ejercicio del derecho fundamental de petición, esto es, el derecho de todo administrado de elevar solicitudes a la administración, puesto que en el caso concreto, del contenido de las diversas solicitudes obrantes en el proceso se desprende que la parte adora encaminó sus peticiones a la protección de intereses basados en normas legales las cuales posteriormente invocó en el libelo introductorio de la acción de cumplimiento como incumplidas por parte de las entidades demandadas. "Dentro de este orden de ideas, se tiene que la apreciación del a quo desconoció tanto las pruebas incorporadas en el expediente, como los alcances propios del derecho de petición, pues si bien no todo derecho de petición necesariamente implica el requerimiento del cumplimiento de normas, no es menos cierto que es en el ejercicio del derecho de petición que el actor debe requerir a la administración el cumplimiento de normas o actos administrativos para efectos de la constitución de la renuencia, pues lo que realmente interesa es la identidad del contenido normativo solicitado a la administración con el presentado en la demanda así como también, la identidad entre la autoridad ante quien se eleva la solicitud y aquella contra la cual se dirige la acción de cumplimiento, condiciones que, como ya se A anotó, se cumplieron en el sub lite. Así las cosas, es claro que a través del ejercicio del derecho depetición el demandante puede requerir a la administración el cumplimiento de lasnormas o de los actos administrativos de los cuales pretende acreditar la renunciade la entidad pública, siempre y cuando exista identidad de la autoridad contra lacual se dirige y la normatividad invocada tanto en la solicitud como en la demanda iv) Caso concreto.- En el sub examine, se observa que lo pretendido mediante la acciónde la referencia es lograr el cumplimiento de las Resoluciones Nos. 308 de 2010,135, 01005, 01319, 02032, 02058, 02059, 02752 y 03430 de 2011, proferidas porel Instituto Colombiano de Geología y Minería "INGEOMINAS", mediante lascuales ordenó oficiar al Alcalde Municipal para que cierre las explotacionesmineras adelantadas en el Páramo de Tasco, toda vez que en su parecer el hechode no acatar el contenido de dichos actos administrativos pone en peligro elecosistema y el paisaje de este municipio. Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia esnecesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento presentada por losseñores José Mauricio Reyes Rodríguez y Pedro Abel Castañeda Rincón como larespuesta dada por el Alcalde Municipal de Tasco destinatario del deber omitido,puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado y lasegunda circunscribe la competencia del juez constitucional en la acción decumplimiento para analizar única y exclusivamente las normas o actosadministrativos que el demandado es renuente a cumplir. Se procede, entonces a estudiar si los demandantes constituyeron larenuencia de la entidad demandada. Obra a folios 4 a 7 del expediente el derecho de petición presentadopor los demandantes junto con otras personas, al señor Jhon Fredy CristanchoBerdugo, Alcalde Municipal de Tasco, mediante el cual solicitaron "Darle estrictocumplimiento a las Resoluciones tanto de CORPOBOYACÁ como de INGEOMINAS hoySERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, consistentes en cerrar en forma definitiva la mineríailegal y altamente destructiva de nuestro páramo y la restauración paisajística gravementeafectada." (Negrillas fuera del texto)4 Consejo de Estado. Sección Quinta. Exp. ACU-2749. Sentencia de octubre 30 de 2003.
  • 7. Demandante: José Mauricio Reyes y otro. Demandado: Municipio de Tasco. Que en sentir de los accionantes el cierre definitivo de las"bocaminas" obedece a que el Instituto Colombiano de Geología y Minería"INGEOMINAS", mediante las Resoluciones Números 0135, 001319, 001005,002032, 002058, 002059, 002752 y 003430, rechazó las solicitudes delegalización de minería tradicional para la extracción de carbón en el Municipio de Tasco, motivo por el cual se ordenó al Alcalde del ente territorial a cerrar lasexplotaciones adelantadas por los solicitantes de los títulos mineros que fueronnegados. Que revisados los actos administrativos precitados se encuentra queel Instituto Colombiano de Geología y Minería "INGEOMINAS", ordenó de maneraclara y expresa en las Resoluciones Nos. 01005, 01319, 02032, 02058, 02059,02752 y 03430 de 2011, oficiar al Alcalde del Municipio de Tasco, una vezquedaran ejecutoriadas a cerrar las explotaciones mineras de acuerdo a lopreceptuado en el artículo 13 del Decreto 2715 del 2010, que señala: (ver folios19,41, 44, 45, 56 vuelto, 82, 86, 87, 162 vuelto) "Articulo 13. Procedimiento ante el rechazo: Rechazada la solicitud por parte de la Autoridad Minera se le informará al Alcalde Municipal para que proceda al cierre de las explotaciones mineras, y a las demás autoridades para lo de su competencia." Que en las Resoluciones Nos. 308 del 15 de septiembre de 2010confirmada por la 135 del 8 de junio de 2011, la autoridad minera dispusooficiar al representante legal del Municipio demandando para que de conformidadcon el artículo 309 de la Ley 685 de 2001, adelantara el desalojo y lasuspensión de los trabajos y obras mineras realizadas por los señoresFredy Mojica, Oscar Orozco, Pablo Abril Chaparro y Senén Mojica, en el áreaconcedida a los titulares del contrato de concesión No. FIM-102, y por últimodiera cumplimiento a lo señalado en el artículo 306 ibídem respecto a losseñores Rubén Mejía y Julio Martínez, (ver folio 26 y 27) Se observa a folios 220 y 221 del plenario la respuesta dada por elAlcalde del Municipio al derecho de petición radicado entre otros, por los señoresJosé Mauricio Reyes Rodríguez y Pedro Abel Castañeda Rincón, en lossiguientes términos: "SEGUNDO: Es de su compresión, que mi administración comenzó a desarrollarse o a partir del 1 de enero de 2012, que buscando en los archivos de este despacho Municipal no se encuentra notificación alguna de las resoluciones No. 00319, 0135, 002059, 002058, 00202, 001005, 003430 y 002752 emanadas por INGEOMINAS... CUARTO: Que una vez habiéndose enterado este despacho por el escrito presentado por ustedes, es el deber de esta administración apersonarse del caso, donde se harán las investigaciones necesarias y se aplicará lo señalado por las autoridades conforme a lo ordenado." (Negritas y subrayas del Despacho) Se encuentra a folios 131, 132, 358 y 359 del expedientecertificación emitida por la Agencia Nacional Minera en la que señala la fecha deconstancia de notificación y ejecutoria de las Resoluciones Números 308 del 15de septiembre de 2010, 001005 del 17 de mayo, 135 del 8 de junio, 001319 del 3de junio, 002032, 002058, 002059 del 26 de julio, 002752 del 24 de septiembre,003430 del 29 de septiembre de 2011, junto con la comunicación de los actosadministrativos al Alcalde del Municipio de Tasco. Obra a folios 227 a 238 del expediente constancia de las diligenciasadelantadas por el Representante legal del municipio para dar cumplimiento a las
  • 8. Demandante: José Mauricio Reyes y otro. Demandado: Municipio de Tasco.Resoluciones emitidas por el INGEOMINAS, entre las cuales se encuentran lassiguientes actas de cierre: Mina del señor José Aldemar Gómez - Resolución No.001005 (ver folios 227 y 228) Mina del señor Yhon Alexander Cotamo Romero ResoluciónNo. 002058 (ver folios 229 y 230) Mina de la señora Olga María Cely Pasachoa - ResoluciónNo. 002059 (ver folios 231 y 232) Mina de los señores Pablo Emilio Abril Chaparro, FredyGuillermo Mojica Abril y José Oscar Orozco - Resolución No. 002752 (ver folios233 y 234) Mina del señor Rubén Darío Giraldo Flórez - Resolución No.002032 (ver folios 235 y 236) Del material probatorio anteriormente relacionado, se observa que elAlcalde del municipio de Tasco dio cumplimiento a lo dispuesto en lasResoluciones Números 01005, 01319, 02032, 02058, 02059, 02752 y 03430 de2011, proferidas por el INGEOMINAS como quiera que ordenó al Alcalde delMunicipio de Tasco de manera clara, expresa y concisa, cerrar las explotacionesmineras, circunstancia que demuestra sin lugar a dudas que en principio cumpliócon el deber jurídico de acatar lo dispuesto por la autoridad, al ser un mandatoimperativo e inobjetable, radicado en cabeza del representante legal del enteterritorial. Sin embargo lo anterior, no se encuentra acreditado dentro delplenario que el Alcalde municipal hubiese sellado las explotaciones que fueron rechazadas en los actos administrativos Nos 01319 del 3 de junio y 003430 del 29 de septiembre de 2011 concernientes a la señora Blanca Odilia Serrano Acero y el señor Eduardo Antonio Pasachoa Silva, respectivamente, motivo por el cual, dado que no se vislumbra actividad por parte del representante del ente municipal tendiente a dar cumplimiento a dichos actos administrativos, es claro que la acción de cumplimiento procede frente a dichas resoluciones, máxime si se tiene en cuenta que los demandantes no poseen otro mecanismo de defensajudicial para que se ejecute la orden impartida y que "la resistencia arbitraria de la autoridad a cumplir con la ley o con el acto administrativo" se constituye en "un presupuesto de la acción, es decir, determinante para tomar una 5 decisión de fondo" (Negritas del Despacho, ver folios 40, 41, 54 y 56) En consecuencia, se conminará al Representante Legal del Municipio ode Tasco, para que cumpla lo dispuesto en el numeral 3 de las Resoluciones Nos.001319 del 3 de junio y 003430 del 29 de septiembre de 2011, que establece elcierre de las explotaciones mineras adelantadas por la señora Blanca OdiliaSerrano Acero y el señor Eduardo Antonio Pasachoa Silva, respectivamente, deconformidad con lo señalado en el artículo 13 del Decreto 2715 de 2010, toda vezque la orden allí consignada es clara, expresa y concisa y mal puede el Alcaldeabstenerse de dar cumplimiento a lo allí resuelto, (ver folios 41 y 56 vuelto)5 Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, Providencia del doce (12) de octubre de dos mil once(2011), Radicado Número 15933133001-2011-0233-01. Magistrada Ponente: doctora Clara Elisa CifuentesOrtiz
  • 9. Demandante: José Mauricio Reyes y otro. Demandado: Municipio de Tasco. Finalmente, respecto del cumplimiento de las Resoluciones Nos.0308 del 15 de septiembre de 2010, confirmada por la 135 del 8 de junio de2011, el Despacho considera que en tales actos administrativos los demandantesno acreditaron el requisito de renuencia por parte de la administración municipalpor lo siguiente: El INGEOMINAS, en los actos precitados a diferencia de lo resueltoen las Resoluciones Nos. 01005, 01319, 02032, 02058, 02059, 02752 y 03430 de2011, - que ordenaron el cierre de las explotaciones mineras - resolvió unasolicitud de amparo administrativo de manera parcial a favor de la empresaSanoha Ltda, titular del contrato de concesión No. FIM 102, y dispuso en la parteresolutiva de la Resolución No. 0308 del 15 de septiembre de 2010, confirmadapor la 135 del 8 de junio de 2011, oficiar al Representante Legal del Municipiodemandando para que de conformidad con el artículo 309 de la Ley 685 de 2001,adelantara el desalojo y la suspensión de los trabajos y obras mineras realizadaspor los perturbadores a la empresa solicitante, y por último dar cumplimiento a loseñalado en el artículo 306 ibídem, respecto a los señores Rubén Mejía y JulioMartínez. De conformidad con lo anterior, es claro que los demandantes noacreditaron la renuencia por parte del Alcalde Municipal sobre lasResoluciones Nos 0308 del 15 de septiembre de 2010, confirmada por la 135del 8 de junio de 2011, porque si bien es cierto, elevaron derecho de peticiónante la entidad demandada, dentro del cual se incluyó la Resolución No. 135,también lo es, que se solicitó de manera general que el municipio demandadocerrara en forma definitiva la minería ilegal, sin especificar que estos dos últimosactos administrativos no ordenaron el sellamiento sino que resolvieron unamparo administrativo e instaron al alcalde municipal para que procedieraen virtud de los artículos 306 y 309 de la Ley 685 de 2001, que señalan: "ARTÍCULO 306. MINERÍA SIN TÍTULO. Los alcaldes procederán a suspender, en cualquier tiempo, de oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la explotación de minerales sin título inscrito en el Registro Minero Nacional. Esta suspensión será indefinida y no se revocará sino cuando los explotadores presenten dicho título. La omisión por el alcalde de esta medida, después de recibido el aviso o queja, lo hará acreedor a sanción disciplinaría por falta grave. ARTÍCULO 309. RECONOCIMIENTO DEL ÁREA Y DESALOJO. Recibida la solicitud, el alcalde fijará fecha y hora para verificar sobre el terreno los hechos y si han tenido ocurrencia dentro de los linderos del título del beneficiario. La fijación de dicha fecha se notificará personal y previamente al autor de los hechos si este fuere conocido. En la diligencia sólo será admisible su defensa si presenta un título minero vigente e inscrito. La fijación del día y hora para la diligencia se hará dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes al recibo de la querella y se practicará dentro de los veinte (20) días siguientes." En consecuencia, dado que la orden contenida en estos actosadministrativos se encuentra supeditada a unos trámites previos, es decir nocontiene una orden expresa, mal puede contabilizarse término alguno en contradel Municipio demandado y mucho menos silencio, para constituir la renuencia,sobre lo dispuesto en dichas en dichas Resoluciones, las cuales se refierenexpresamente al cumplimiento de los artículos señalados, motivo por el cual no seencuentra acreditado el requisito de procedibilidad respecto de estos actosadministrativos, circunstancia que impide realizar un pronunciamiento de fondosobre el cumplimiento de la Resolución No. 0308 del 15 de septiembre de 2010confirmada por la 135 del 8 de junio de 2011.
  • 10. tzxpeoieme: IOOVJ JJ JI ÍU¿ ¿un¿ uuut>í un. Demandante: José Mauricio Reyes y otro. Demandado: Municipio de Tasco. Ahora bien, se observa folios 393 y 394 del expediente, que losseñores Mauricio Reyes Rodríguez y Pedro Abel Castañeda Rincón, para probarel incumplimiento de las órdenes impartidas por el INGEOMINAS por parte delAlcalde del Municipio de Tasco, en las Resoluciones que hoy son objeto dedemanda, allegaron al plenario un CD que contiene 10 videos, en los que si biense muestran imágenes audiovisuales de 10 minas de las cuales presuntamentealgunas de ellas fueron cerradas por la administración municipal y otras en lasque se observa que posiblemente están en funcionamiento, toda vez que seencuentra mineral en las "tolvas", debe precisarse que el Despacho se abstendráde dar valor probatorio al CD que contiene los videos mencionados, toda vez queen las tomas fílmicas no se identificaron plenamente los explotadorestradicionales carentes del título minero, ni se mencionaron las resolucionesen las que se ordenó el cierre de las minas, motivo por el cual a pesar de quedichas grabaciones son consideradas pruebas documentales mixtas , estas no setendrán en cuenta se repite, porque no se identificaron de manera clarafehaciente y certera las "bocaminas" filmadas, ni se mencionaron las personasque realizan o realizaron al explotación tradicional de carbón en la zona depáramo, ni las Resoluciones que ordenaron el cierre de las mismas, sin dejar delado que éstas carecen de la aceptación expresa de la parte contra quien sepretende hacer valer tal como lo señala el artículo 269 del C.P.C., circunstanciaque conlleva a que dichos medios magnéticos carezcan de valor probatorio dentrodel proceso de la referencia. No habiéndose comprobado uso indebido o arbitrario de losinstrumentos procesales no hay lugar a condena en costas. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Administrativo deDescongestión, Circuito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, administrando justiciaen nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE PRIMERO.- DECLÁRASE que el Municipio de Tasco - Boyacá, ha oincumplido lo dispuesto en el numeral 3 de las Resoluciones Nos. 001319 del 3de junio y 003430 del 29 de septiembre de 2011, que señalan respectivamente:(ver folios 41 y 56 vuelto) "TERCERO.- Una vez ejecutoriada y en firme la presente Resolución, oficiar a través del Grupo de Información y Atención al Minero, al Alcalde Municipal del Municipio de Tasco departamento de Boyacá para que proceda al cierre de las explotaciones mineras." "TERCERO.- Una vez ejecutoriada y en firme la presente Resolución, oficiar a través del Grupo de Información y Atención al Minero, al Alcalde Municipal del Municipio de Tasco departamento de Boyacá para que proceda al cierre de las explotaciones mineras de acuerdo a lo señalado en el artículo 13 del Decreto 2715 de 2010." SEGUNDO.- ORDÉNASE al Municipio de Tasco - Boyacá, si aún nolo ha hecho que en el término de cinco (5) días a partir de la ejecutoría de lapresente providencia, cierre las explotaciones mineras cuyas solicitudes elevaron6 Sección Quinta del Consejo de Estado, providencia del tres (3) de julio del dos mil nueve (2009), RadicaciónNúmero: 17001-23-31-000-2007-00364-02. Consejero Ponente: doctor Mauricio Torres Cuervo.
  • 11. nxpeaieme: o o y o J O O Í I U ¿ VWU/ UU. Demandante: José Mauricio Reyes y otro. Demandado: Municipio de Tasco.la señora Blanca Odilia Serrano Acero y el señor Eduardo Antonio Pasachoa Silva,y que fueron negadas en las Resoluciones Números 01319 del 3 de junio y003430 del 29 de septiembre de 2011, respectivamente. TERCERO.- No se ordenarán las investigaciones de que trata el onumeral 6 del artículo 21 de la Ley 393 del 29 de julio de 1997, dado que no seencuentra que la conducta del Alcalde del Municipio de Tasco así lo amerite. CUARTO.- Se niegan las demás pretensiones de la demanda. QUINTO.- Sin condena en costas. SEXTO.- Sobre las pretensiones de la demanda que fueron negadasen la presente providencia se advierte a los accionantes que no podrán instaurar onueva acción con la misma finalidad tal como lo señala el numeral 7 de la ley 393del 29 de julio de 1997. SÉPTIMO.- Notifíquese esta sentencia como lo ordena el artículo 22de la Ley 393 del 29 de julio de 1997. COPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASEmppf

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